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01jun16
El juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán y a seis consejeros por prevaricación
El juez ha procesado a los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros de tras concluir la pieza "política" de los ERE relativa al procedimiento empleado por la Junta para pagar ayudas a empresas. En un auto notificado este miércoles, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, considera que ambos expresidentes socialistas habrían cometido un delito de prevaricación administrativa, que no incluye penas de prisión, aunque a Griñán también le imputa malversación.
El juez considera que hubo suficientes informes previos alertando de la situación y que por tanto "no era posible desconocer" el reparto arbitrario de fondos en la Consejería de Empleo que estaba poniendo en riesgo "el erario de la Junta de Andalucía". Y es que el fraude ascendería a no menos de 854 millones de euros. Es por ello que el juez atribuye a Griñán y a otros 17 altos cargos de la Junta de Andalucía "un delito continuado" de malversación de caudales públicos, además del de prevaricación. Aduce que se trata de personas que desde 2005 conocían los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían que por parte del director general de Trabajo se estaban "otorgando ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo". Según el anterior Código Penal, por el que se instruye este procedimiento, Griñán se expone a una pena de prisión prevista es de 4 a 8 años de privación de libertad.
Para el juez "quien decidió proseguir con la praxis instaurada (a pesar de los informes que alertaban sobre lo que estaba ocurriendo) lo hizo asumiendo todas sus consecuencias", es decir, sabiendo que los fondos públicos eran puestos "en manos de persona no autorizada para disponer de ellos (el director General de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero), que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos". Guerrero, pese a no ser competente para ello hasta una disposición dictada en marzo de 2010, se valió de un "sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años".
Los dos expresidentes de la Junta de Andalucía han pedido su baja voluntaria como militantes del PSOE nada más conocer el auto de procedimiento abreviado contra ellos. Ambos se adelantan así a la decisión del partido, cuyo Código Ético establece que los militantes a los que se les abra juicio oral por un delito relacionado con la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia. Chaves y Griñán abandonaron la vida política hace un año tras su imputación en el alto tribunal, y ahora afrontan un futuro judicial que ensombrece sus respectivas carreras políticas. El problema es más grave para el PSOE andaluz ya que el auto desmonta, en vísperas de que se abra la campaña electoral para el 26-L, el discurso oficial de que el fraude se reducía a "cuatro golfos" y que los principales responsables de la Junta nunca actuaron al no tener conocimiento de lo que ocurría.
En concreto, el juez encausa por un delito continuado de prevaricación al expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Alvarez, junto a otros cinco altos cargos, al considerar acreditado que estas personas disponían "ilegalmente, y con conocimiento de ello, de fondos públicos". Les responsabiliza además de "haber instaurado y mantenido un sistema para la concesión de ayudas y subvenciones contrario a derecho, así como para dotar de fondos al mismo de manera irregular". El auto recuerda que el delito de prevaricación no conlleva penas de cárcel pero sí la inhabilitación para empleo o cargo público durante 7, 10 o más de 10 años.
Además, el juez estima que hay indicios suficientes para imputar un delito continuado de prevaricación en concurso medial (como paso necesario para cometer otro delito) con un delito continuado de malversación de caudales públicos a José Antonio Griñán, a los exconsejeros regionales Jose Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano y Carmen Martínez Aguayo, así como de 12 exaltos cargos de la administración andaluza.
Otros procesados por prevaricación y malversación son los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas Alcón; el exviceconsejero de Innovación Jesús MĒ. Rodríguez Román; tres directores generales de Trabajo (Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez), un secretario general de Empleo, Juan Francisco Sánchez García; dos secretarios generales técnicos de Empleo (Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo); un Interventor General de la Junta, Manuel Gómez Martínez; y tres directores de la Agencia IFA/IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso, y Antonio Valverde Ramos.
Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, es la primera que se concluye dentro del caso de los ERE, y en ella el juez deja fuera de los acusados inicialmente a 24 ex altos cargos, entre ellos los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio así como el presidente de Unicaja, Braulio Medel.El juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán y a seis exconsejeros de la Junta
En un auto dictado el 17 de noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó formar la pieza separada del denominado procedimiento específico contra un total de 52 personas, aunque el ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía falleció durante la instrucción de la pieza. De este modo, la magistrada incoó diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación", por hechos relativos a la participación "activa y consciente" de todos ellos en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico "en todas sus variantes, con las importantes consecuencias que se derivan de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta en el seno del Control financiero permanente del IFA/IDEA".
[Fuente: Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 01jun16]
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