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09nov17
Prisión eludible con fianza de 150.000 euros para Forcadell tras desmarcarse de la DUI
El juez del Supremo Pablo Llarena ha fijado una fianza de 150.000 euros a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para que pueda evitar su ingreso en prisión. La decisión del magistrado rebaja la petición de la Fiscalía, que era de prisión incondicional para ella y para los diputados Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó por facilitar con sus votos el proceso independentista. Pero no ha sido tan benévola como se esperaba después de las declaraciones de los investigados que han deparado alguna que otra sorpresa. De hecho, puede afirmarse que este jueves se ha producido en el Tribunal Supremo una profunda fractura en el frente soberanista.
Para los diputados Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet el juez ha acordado fianzas de 25.000 euros y les ha dado una semana de plazo para abonarlas. Una vez que las hayan depositado, tendrán que cumplir medidas cautelares como la prohibición de salir del territorio nacional. Además, se les retirará el pasaporte y tendrán comparecencias semanales en el Juzgado. En el caso del sexto imputado en la causa por rebelión, sedición y malversación, Joan Josep Nuet, que votó en contra de la independencia, queda en libertad provisional sin ninguna medida cautelar.
Todos los miembros de la Mesa, empezando por Forcadell que ha sido la primera en declarar, han acatado la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Lo significativo de su interrogatorio ha sido, además, que han respondido a las preguntas de la Fiscalía, en contra de lo que hicieron los miembros del Govern que están en prisión por orden de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que solo contestaron a sus abogados. Forcadell ha dado la campanada al girar 180º y romperle el discurso a Carles Puigdemont. Además de desmarcarse de la estrategia soberanista y aceptar la autoridad del Tribunal Supremo, ha defendido que la votación por la independencia de Cataluña aprobada el pasado 27 de septiembre era algo meramente "declarativo y simbólico" y que, por si hubiera alguna duda, "no tiene ningún tipo de efectos jurídicos".
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Forcadell ha sostenido que siempre permitió el debate sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido, con el fin de preservar el derecho a la actividad parlamentaria y que se desarrollara con total libertad. Asimismo ha afirmado que evitar un debate parlamentario habría sido un incumplimiento de la legalidad aplicable a la Mesa del Parlament, de la legalidad internacional y de los principios del Estado Democrático. También ha defendido que el Tribunal Constitucional no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que en todo caso lo debe hacer a posteriori.
En relación con la violencia que se supone al delito de rebelión, Forcadell ha explicado que siempre ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos y que "la vía pacífica es la única posible para hacer realidad los proyectos políticos".
Esta declaración, que en sus conceptos básicos ha sido secundada por el resto de los miembros de la Mesa, se ajusta a un perfil muy distinto del que estamos acostumbrados a ver en los momentos clave del proceso independentista. Baste recordar que el 21 de octubre, a las pocas horas de anunciar Mariano Rajoy que un Consejo de Ministros extraordinario había aprobado intervenir la autonomía catalana mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, leyó un comunicado calificando la medida de "golpe de Estado de facto" contra el Parlament "con mayor legitimidad de la historia reciente de Cataluña". Y advirtió de que en ningún caso la acción del Gobierno central, que entonces aún debía sancionar el Senado -lo que se produjo el 27 de octubre- comportaría un "paso atrás" ni de la Cámara catalana ni de las instituciones autonómicas, que llamó a defender.
La mutación de Forcadell puede interpretarse como fruto del miedo a acabar en Alcalá Meco con las dos exconsejeras que han sido ingresadas en esa prisión. Después de todo, la presidenta del Parlament es la que se encontraba en una situación más comprometida por su cargo, porque ha sido una de las líderes del independentismo que más se ha significado no solo en la actuación política sino también en la agitación ciudadana, y porque sobre ella se acumulan las querellas. Este miércoles el Tribunal Constitucional la denunció por cuarta vez por desobediencia reiterada a sus resoluciones. El pasado viernes, el juez Llarena reclamó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el procedimiento en el que se la investiga, junto con los otros miembros de la Mesa, por desobediencia y prevaricación.
De todas formas no parece que su rectificación haya sido suficiente para convencer a los fiscales del Supremo presentes en la vista -Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno- que han basado su argumentación a la hora de pedir la prisión incondicional en el riesgo de que los diputados vuelvan a delinquir. Y eso que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, siempre tan locuaz, apuntó esta semana que las medidas cautelares que la Fiscalía pediría contra los investigados por el Supremo dependerían de su declaración. Respecto a la prisión provisional para los exconsellers del Govern, sugirió que si hubieran acatado la Constitución y el 155 "a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado".
Al final, el juez ha optado por la prisión con fianza porque atribuye a Forcadell "una actuación principal" en el proceso independentista, tanto "por su intervención medular" en él como "por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido". El magistrado recuerda que ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, "desde cuyo mandato perfiló, asumió, y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva cuya instrumentación se analiza". "Una actuación esencial, que vino seguida por su presidencia del Parlament de Catalunya, en la que se perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia, y que aportó el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba", añade.
El magistrado Llanera no ha sido tan duro como la jueza Lamela pero tampoco tan blando como algunos hubieran deseado, tras la repercusión mediática que el discurso victimista del independentismo, cebado desde Bruselas por Carles Puigdemont, está teniendo en los medios internacionales. Otra consecuencia no deseada de su ingreso en prisión que se ha estado barajando en las últimas horas es el reagrupamiento de los partidos que defienden la independencia en una candidatura única de cara a las elecciones del 21 de diciembre. Hasta ahora, eso no ha sido posible por la resistencia de ERC, que tiene grandes expectativas de ser la fuerza ganadora. Pero con Forcadell en prisión, no cabe duda de que esa negativa a la lista unitaria empezaría a resquebrajarse.
Unas significativas declaraciones realizadas este mismo jueves por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, habían contribuido a diseñar ese escenario más favorable a los intereses de los investigados. Zoido ha defendido la independencia de los jueces a la hora de decidir, pero ha añadido que el juez Llarena debe tener en cuenta "primero la ley" y posteriormente el "contexto" y los hechos que influyen "en el entorno". Se trata de la primera y más clara alusión de un miembro del Ejecutivo a los problemas que está generando el encarcelamiento de buena parte del Govern.
[Fuente: República de las ideas, Madrid, 09nov17]
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