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La hora de la reforma
La obra de Soledad
Está llegando la hora de la reforma. Tras un siglo de debates, fue finalmente el gobierno de Eduardo Frei –quien paradójicamente es un ingeniero y no un abogado–, el que logró obtener el consenso necesario para practicar reformas profundas al Poder Judicial.
Probablemente los efectos de las modificaciones se sentirán realmente sólo en un par de generaciones más. Aún está por verse si el uso y la tradición no le doblarán la mano a los cambios que prevé la ley. Ciertamente, en el futuro habrá que pulir imperfecciones. Pero nadie puede negar que la reforma es lo más cerca que se ha llegado de una verdadera modernización de este poder del Estado, que, ahora sí, dispondrá de herramientas suficientes para desempeñarse como tal.
Importante parte del proceso es el recambio en la Corte Suprema. Como dijo el ministro Osvaldo FaúndezFaúndez, Osvaldo con voz quejumbrosa, el día que el máximo tribunal decidió traspasar a la justicia ordinaria el llamado caso de la Operación Albania: Esta es otra Corte Suprema.
Los factores que contribuyeron a que esto fuera posible son muchos, pero pueden mencionarse al menos tres:
Primero, la personalidad de la ministra de Justicia Soledad Alvear. La abogada, militante decé, llegó a la cartera sin que nadie apostara mucho por ella. Los ministros de la Corte Suprema y muchos dirigentes de la Concertación la recibieron con reservas porque era mujer, una abogada civilista con escasa presencia como litigadora en los pasillos de la corte, reconocible sobre todo por ser la esposa de un político importante.
Su nombramiento fue interpretado por algunos como reflejo de la poca importancia que Frei le otorgaba al Ministerio de Justicia, pues el nuevo mandatario no estaba empeñado en hacer de los derechos humanos un tema central de su gobierno, ni tenía la intención de enfrentarse con ese poder del Estado.
Sin embargo, a poco andar se demostró que Soledad Alvear no había llegado a las oficinas de calle Morandé sólo para dedicarse a firmar oficios y dedicar el resto de su tiempo al bordado.
Bien asesorada por académicos que venían estudiando el tema de la reforma judicial desde hacía tiempo, tomó la decisión de convertirse en impulsora del cambio. A los antiguos temas de discusión, agregó otros emergentes y de amplia aceptación, como la violencia intrafamilar y la protección de los menores.
Ella logró lo que no se pensaba que un gobierno de la Concertación podría hacer. Sus herramientas no fueron el duro enfrentamiento, ni el debate estéril. Su labor con los ministros de la Corte Suprema fue más bien una campaña de seducción, incorporándolos, entre otras movidas, a los ritos del poder.
Las simples invitaciones, por ejemplo, al presidente de la Corte –en sus comienzos, Marcos Aburto– a participar junto al resto de las autoridades de la Nación en una ceremonia oficial cualquiera o a viajar en la comitiva presidencial en algunas de la tantas giras de Frei, hicieron por ella lo que la fuerza de la razón no hizo por Cumplido.
Al asumir su puesto, ella dijo que haría la reforma con la Corte Suprema y no contra ella. El nuevo contingente de siete integrantes designados por Aylwin y la cooptación de otros nombrados por Pinochet –como Roberto Dávila y Hernán Alvarez– aportaron lo suyo.
El segundo elemento, sin el cual el primero no habría sido posible, fue el respaldo del diario El Mercurio. Como se ha señalado ya en estas páginas, lo que el influyente matutino ha dicho sobre el Poder Judicial ha influido en todas las épocas en el destino de ese poder del Estado. Soy de los periodistas que recuerda que en los tribunales había magistrados para quienes diarios como La Epoca, simplemente no existían; sólo contaba El Mercurio, y lo que éste dijera o dejara de decir, era para ellos esencial.
El matutino, hay que reconocerlo, impulsaba algunos cambios ya desde el régimen militar, pero se trataba de reformas mínimas, que no tocaban la cabeza de este poder del Estado: la Corte Suprema. Ésta, en efecto, fue siempre defendida por el diario, en consonancia con las antiguas autoridades del régimen militar, con el argumento, frente a los ataques opositores, del necesario respeto a su independencia y autonomía, postura que mantuvo incluso durante la acusación constitucional contra Hernán Cereceda Bravo.
El cambio se produjo tras el secuestro de Cristián Edwards, que puso a su padre, el influyente dueño del periódico, en las manos del Poder Judicial real. Buen conocedor de otros sistemas, como el estadounidense, Agustín Edwards se sumó sin reservas a las voces que se alzaban clamando por la reforma. Y como consecuencia del plagio, creó la Fundación Paz Ciudadana, conducida por una mujer, Pía Figueroa. El énfasis principal fue producir las reformas necesarias para asegurar el castigo de los delitos, detener la criminalidad y, en resumen, favorecer un clima de tranquilidad ciudadana que permita el libre desarrollo económico. El aumento de las penas y las limitaciones al otorgamiento de la libertad provisional, por ejemplo, han sido temas centrales para esta organización.
En otro extremo aparece operando un elemento que permitió aunar voluntades: grupos de académicos concentrados en el Centro de Promoción Universitaria y en la Universidad Diego Portales, que promovían cambios para asegurar el respeto a los derechos de los procesados, impotentes frente al poder inquisitivo del sistema judicial chileno; y dotar a la Corte Suprema de los hombres y facultades necesarias para que se comportara como un verdadero poder del Estado, capaz de controlar los excesos del Ejecutivo y de garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Uno y otro objetivo confluían en la necesidad de hacer unos mismos cambios. La Fundación atrajo a los especialistas de la Diego Portales. Soledad Alvear integró a la Fundación y al CPU como parte de sus organismos asesores.
Fue así como se produjo el consenso.
En 1997, el año en que la ministra logró la aprobación de la mayoría de las reformas planteadas por el Ejecutivo, El Mercurioescribió un editorial que puede calificarse de revolucionario, porque llamaba a derribar la vieja institucionalidad judicial:
La profunda desadaptación del sistema judicial a las características actuales de la sociedad chilena parece estar haciéndose evidente a un grado quizás incómodo, pero que no se puede soslayar. La sorprendente estabilidad institucional que esta potestad normativa exhibe a lo largo de la historia dejó hace mucho tiempo de ser un rasgo positivo que, en general, aquélla representa para las organizaciones. Por el contrario, y no obstante las causas y responsabilidades históricas que explican este fenómeno, la inercia y retraimiento en que se ha sumido la judicatura arriesgan el peligro de acentuar las disfunciones del Estado. Hace más de un siglo que Andrés Bello advertía sobre este riesgo, e indicaba que respecto de los tribunales urgía, ‘usar el hacha’ a fin de adecuarlos funcional e institucionalmente a la marcha de la sociedad.
(…) El retraimiento corporativo, la obsesión porque sus deficiencias sólo se deben a un problema de recursos y el pretexto de que la solución de su crisis es una responsabilidad ajena sólo contribuyen a que la metáfora de Bello cobre urgente actualidad 1.
Un tercer factor muy importante –en el que confluyeron las voluntades del Ejecutivo, Paz Ciudadana y los fondos estadounidenses que patrocinaban los proyectos del CPU– fueron los requerimientos de los inversionistas extranjeros. La Corte Suprema, así como estaba a comienzos de los ´90, era incapaz de otorgar certidumbre jurídica a nadie, pues sus fallos variaban de sala a sala, de ministro a ministro. Incluso un mismo magistrado podía opinar un día A y al siguiente B, sin expresión de fundamento. Además, el Poder Judicial como tal era incapaz, salvo excepciones, de analizar y resolver con alguna solvencia los conflictos económicos que se ponían en su conocimiento.
Los grandes conglomerados favorecieron la vía del arbitraje (jueces pagados por las partes), pero, por más que renunciaran de antemano, como ocurrió en muchos casos, a recurrir a la Corte Suprema en última instancia, necesitaban de la opinión del tribunal superior de Chile.
Los empresarios hicieron en verdad por los cambios lo que no lograron hacer años de crítica por la actitud del Poder Judicial frente al tema de los derechos humanos.
Al fondo del escenario aparecían los ciudadanos, quejándose de la falta de atención y de la incomprensión de la Justicia por sus problemas; por algo en cada encuesta de opinión ubicaban al Poder Judicial como la menos respetada de las instituciones públicas.
La sospecha de la corrupción en el máximo tribunal terminó por convencer a los más recalcitrantes opositores de la reforma. Entre ellos, antiguos partidarios del régimen militar que veían como los jueces suyos se acomodaban a las nuevas circunstancias, traicionando lealtades que se creían eternas.
Por lo demás, los tribunales habían ya decretado amnistías o traspasado a la justicia militar la mayor parte de los juicios por los derechos humanos y Frei no parecía interesado en modificar esa realidad.
En resumen: Soledad Alvear logró así, desde el inicio de la nueva administración, que se terminara la tramitación de proyectos iniciados bajo el gobierno de Patricio Aylwin; patrocinó y consiguió la aprobación de otros que ella había resucitado, y produjo el milagro que parecía un sueño imposible a comienzos de los ’90: la reforma del proceso penal, que dejará de ser escrito para transformarse, como en todos los países modernos, en oral, y la creación del Ministerio Público, que separará la función del investigador de la de quien juzga.
Hacia 1998, la secretaria de Estado había conseguido la aprobación para limitar el recurso de queja y favorecer el de casación; crear un departamento de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, una Comisión de Control Etico en la Corte Suprema para recibir denuncias e iniciar procesos administrativos; transformar las corporaciones de asistencia judicial en Defensoría Pública; crear los tribunales de familia, y modernizar el sistema penitenciario.
La ministra consiguió también una profunda reforma de la Corte Suprema (acicateada en especial por el caso Jordán): se aumentó el número de sus integrantes, se permitió el ingreso de abogados externos al cargo de ministro, se especializaron las salas, y lo que tal vez es más importante, un recambio casi total de sus miembros. Se abandonó una disposición transitoria de la Constitución y se puso como límite para ejercer la función, la edad de 75 años.
El proceso no ha sido fácil.
El gobierno de Frei ha enfrentado, en el ámbito de la Justicia, por lo menos cuatro desafíos importantes, que siembran dudas sobre la real efectividad de las reformas conquistadas: La acusación contra Servando Jordán; la actuación del aparato judicial en el caso de Colonia Dignidad; la pervivencia de algunas viejas prácticas viciadas, y notorias deficiencias en el sistema de nombramientos.
Jordán, presidente
Recuerdo el día en que se hizo el sorteo de la sala que atendería las apelaciones a la sentencia en el caso Letelier. Servando Jordán estaba de presidente subrogante y quiso hacer un gesto de transparencia, aceptando la petición de los querellantes para que el sorteo fuera público. Los abogados de las partes y los periodistas nos congregamos en el amplio despacho del presidente. El secretario de la Corte, Carlos Meneses puso unos papelitos con los números de las salas (de la primera a la cuarta) en una bolsita de terciopelo rojo, como las que se usan para las colectas.
Se había decidido que la sala escogida estaría compuesta sólo por ministros titulares.
El azar definiría. Los dos primeros números se fueron al agua. Fabiola LetelierLetelier, Fabiola, la escogida para sacar el tercero, metió la mano a la bolsita y tomó un papelito. Carlos Meneses leyó en voz alta: la cuarta sala. Desconozco los pensamientos que pasaron por la cabeza de Jordán, pero recuerdo con nitidez la cara que puso. Estaba pálido, descompuesto. La Cuarta Sala era la suya y, por añadidura, la presidía. No tenía escapatoria. Tarde o temprano tendría que participar en esa decisión y tal vez presentía que eso, para bien o para mal, iba a cambiar su futuro.
En 1995 llegó su hora. En la intimidad de su conciencia están registradas las presiones que debe haber recibido. En el juicio por el asesinato de Letelier optó por condenar. Cuando se conoció el fallo, un alto oficial del Ejército habló de traición, apuntando a Jordán.
Pero, aunque se ganó enemigos en el bando que antes lo apoyaba, el gesto le permitió acercarse a los políticos de la Concertación, y cuando finalmente Contreras y su subalterno, el brigadier Pedro Espinoza fueron recluidos en el penal de Punta Peuco, se sintió seguro. Se acercaba 1996, Marcos Aburto dejaría la presidencia y Jordán planeaba reemplazarlo. Sabía de las reservas que algunos de sus camaradas tenían en su contra. Tendría que hacer campaña. Pero si sus colegas respetaban la tradición, lo nombrarían a él.
Necesitaba vencer vetos que todavía pesaban sobre su persona, por sus antecedentes personales y porque, después de todo, había llegado a la Corte gracias al nombramiento de Augusto Pinochet. Gracias al fallo, sin embargo, encontró un aliado en el ex ministro del Interior Enrique Krauss. Por otra parte, su amigo, el ministro Luis Correa Bulo, lo promovió entre los políticos de la Concertación y en el interior de la Corte. El mensaje era que Jordán, un incomprendido de su tiempo, era la mejor opción. Los otros candidatos eran malos oponentes: Enrique Zurita y Osvaldo Faúndez, quienes, aparte de ser menos antiguos, eran pinochetistas y antirreformistas.
Jordán había condenado a Contreras y sería un partidario de las reformas, eran parte de los argumentos a su favor.
También lo respaldaba la tradición. Si los ministros, independientemente de sus creencias políticas, seguían apoyando al más antiguo para la presidencia, aseguraban la rotación y su lugar en la lista para ocupar algún día ese puesto.
Entre los abogados, algunas firmas influyentes lo patrocinaron. Entre ellos, Darío Calderón, el dueño de la cadena de multitiendas Hites, que organizó comidas para difundir el mismo slogan: Jordán es el mejor posible.
La contienda se presagiaba difícil. Los ministros de la Corte sabían que Jordán no era la persona indicada para asumir el cargo. Para algunos que lo conocían bien, reformistas o no, escogerlo significaba pasar por alto demasiadas circunstancias. Su figura arriesgaría el decoro que debe exigírsele al presidente del máximo tribunal. Los ponía en cuestionamiento a todos. Marcos Libedinsky, Hernán Alvarez y Mario Garrido se oponían con firmeza.
Para otros, no quedaba más que cerrar los ojos y votar por él. Un Zurita o un Faúndez entorpecería el proceso de cambios en el sistema judicial, ya por demasiado tiempo postergado. Con un poco de presión, Jordán sabría comportarse.
Sólo unos pocos, como Correa Bulo, lo apoyaron con sincero entusiasmo y devoción.
Llegó el día de la votación. Por primera vez, en vez de expresar su voluntad a mano alzada, los magistrados concordaron en realizar la votación con un sistema de cédula para garantizar el secreto de su pronunciamiento.
El primer resultado fue: Zurita, ocho votos; Jordán, siete; Faúndez, uno. Ganaba Zurita, pero sin la mayoría más uno que necesitaba. En segunda vuelta, el voto de Faúndez se sumó a Jordán y alguien de los que respaldaba a Zurita cambió de opinión. El nuevo resultado fue: Jordán, nueve; Zurita, siete.
La división y la amplia resistencia a Jordán en esta elección fue la prueba de que los propios ministros de la Suprema, aunque callaran, conocían mejor su comportamiento que lo que el más informado de los abogados pudiera presumir.
Para algunos de fuera de la Corte, la elección de Jordán, en enero de 1996, fue la constatación más dramática de la degradación del Poder Judicial. Jordán conduciría la institución designada para hacer justicia, pese a la certeza que tenían algunos de sus pares y funcionarios de los dos gobiernos de la Concertación de que el magistrado llevaba una vida personal y como magistrado absolutamente impropia 2. En un gesto absolutamente insólito, el presidente del Colegio de Abogados, Sergio UrrejolaUrrejola, Sergio, comentó que era lamentable el resultado de la elección.
A Jordán nada parecía importarle. Asumió su nuevo cargo y se convirtió en un hombre nuevo; llegaba temprano; se iba tarde; moderó su comportamiento, especialmente en el consumo del alcohol. Y comenzó una campaña agresiva en defensa de su ministerio.
Al parecer no se daba cuenta de lo débil que era su posición.
Después de inaugurar el año judicial, en marzo de 1997, El Mercurio publicó un artículo criticando su mensaje. El matutino recordaba que un año antes por nueve votos contra ocho, la Corte Suprema había respaldado un paquete de reformas enviados por Soledad Alvear al Congreso, y que Jordán no se había referido a ello en su discurso. Tampoco había recordado las presiones ejercidas en contra de algunos jueces, como Alfredo Pfeiffer, por la investigación del asesinato del senador Jaime Guzmán ; o Roberto Contreras, en el caso del presunto tráfico de drogas; o los ministros que amnistiaron el caso Soria, con la consecuente presentación de una acusación constitucional en su contra.
El Mercurio citaba la opinión de un militar, el auditor general del Ejército, Fernando Torres lamentado las omisiones y afirmando que las presiones, especialmente de sectores políticos, fueron constantes en 1996 3.
El 8 de marzo apareció en las páginas del matutino una carta aclaratoria de Servando Jordán, protestando por la forma en que se había tratado su mensaje. Era una larga comunicación, excesiva por su insistencia en aclarar una cita suya, irrelevante dentro del contexto. Veía mala fe en la forma en que se había tomado la frase en que sostenía que los magistrados no son seres impregnados de santidad que administran justicia, en la soledad de las alturas 4.
Un mes después, el 9 de abril, Jordán volvió a escribir al diario. Se quejaba por detalles, imprecisiones que, a su modo de ver, contenía un artículo. Tratándose de El Mercurio, se fijaba hasta en los signos de puntuación.
Dentro del tribunal, Jordán se sentía más cómodo. En marzo de 1997, por 16 votos contra uno, sus pares lo eligieron para integrar el Tribunal Constitucional. Lo interpretó como una señal de respaldo. Y lo apreció, además, porque le permitía aumentar significativamente sus ingresos.
Algunas crónicas periodísticas aparecidas a mediados del año, en que se abundaba sobre sus ingresos y sus propiedades, no lo inquietaron mayormente.
Sus verdaderos problemas comenzaron con el proceso por lavado de dinero iniciado por el CDE en contra de Mario Silva Leiva. El juicio se extendió más tarde, como se sabe, a dos actuarios que habían otorgado la libertad a la procesada por falsificación de pasaporte en la misma causa, Rita Romero, y al fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marcial García Pica. Este había intentado intervenir en favor de la libertad de uno de los encausados, por encargo del Cabro Carrera.
Olvidándose de que el mundo lo observaba y en un acto temerario dictado por un exceso de confianza en sí mismo, Jordán absolvió públicamente al fiscal y a los funcionarios, interrogó a éstos irregularmente, pasando por sobre la jueza que tramitaba el proceso, y demostró conocer los antecedentes de un sumario que se suponía secreto.
No se había dado cuenta el ministro que 1997 era un año de críticas al Poder Judicial y a la Corte Suprema, y que éstas provenían de un sector antes ajeno a ellas: la Derecha.
En medio de la crisis se fue de vacaciones. Los ministros Luis Correa y Eleodoro Ortiz fueron a su casa en el Melocotón para convencerlo de que reasumiera, pues la UDI estaba planteando que siguiera vacacionando hasta que el caso del Cabro Carrera se aclarara completamente.
En una discreta mesa del bar del Hotel Carrera, su eterno enemigo, el ex ministro Hernán Cereceda Bravo, se reunía con el auditor Torres para conversar sobre el tema.
El gobierno tomó una posición pública distante del problema, pero encargó al ministro del Interior, Carlos Figueroa que gestionara su renuncia antes de que la sangre llegara al río. No tuvo éxito.
La ministra Soledad Alvear fue recibida por un pleno del más alto tribunal, convocado especialmente a petición del Presidente Frei para tratar la crisis por la que estaba atravesando ese poder del Estado. Los magistrados oyeron a la ministra con el recogimiento de alumnos bien portados, atentos a las palabras de la profesora jefe.
Al terminar la sesión, dieciséis de los diecisiete ministros firmaron una declaración acogiendo buena parte de sus propuestas, pero exponiendo que muchas de las quejas resultan injustas, porque existen deficiencias evidentes, recargos excesivos de causas, insuficiente número de tribunales, falta de personal y bajos recursos presupuestarios. Parecía la postura simple de años anteriores: necesitamos más recursos, más tribunales.
La Corte acogió la idea de crear una Comisión de Control Etico, aunque en el futuro debería decidir si extender sus facultades hacia la supervisión de los propios ministros de la Corte Suprema, y emitió instrucciones para que se terminara con los alegatos de pasillo en todos los niveles. Por supuesto, también debería colaborar el Colegio de Abogados con instrucciones a sus asociados para que se abstuvieran de pedir audiencias destinadas a argumentar en favor de sus clientes.
La ministra se quejó más tarde por la respuesta claramente insuficiente del máximo tribunal y dijo que insistiría en propuestas desechadas por éste.
Finalmente, las quejas del CDE en contra de Jordán, por sus intervenciones en el caso del cabro Carrera, desembocaron en una acusación constitucional patrocinada por el diputado de la UDI, Carlos BombalBombal, Carlos.
Jordán reaccionó de mala manera: replicó con una amenaza encubierta de hacer públicos antecedentes que decía tener en contra del diputado. En la discusión posterior, resurgieron las dudas sobre su actuación en el caso de la liberación del narcotraficante Luis Correa Ramírez y el libelo llegó finalmente al Congreso, asumiendo Jordán personalmente su defensa.
Sus argumentos ante la Cámara fueron, entre otros, que al pedir datos sobre los procesos de Mario Silva Leiva actuó de acuerdo con sus facultades y que no podía juzgárselo por su fallo en la causa del colombiano Luis Correra Ramírez, pues el Parlamento no tiene atribuciones para revisar las resoluciones judiciales. Como en el caso de Hernán Cereceda Bravo uno de los ex abogados de Colonia Dignidad, Fidel Reyes en este caso, lo ayudó con la defensa.
En su comparecencia como testigo, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski reveló que la agencia para el control de estupefacientes de Estados Unidos (la DEA) le había manifestado su preocupación por la conducta de Jordán en relación con el narcotráfico, pero que el CDE no había podido verificar la información aportada por esa agencia.
El ministro Osvaldo Faúndez que había sido su competidor en las elecciones a la presidencia, defendió a Jordán con un golpe bajo. Dijo que si se le iba a juzgar por su conducta en el caso del narcotraficante colombiano, debía enjuiciarse también al Presidente de la República, quien otorgó el indulto a otro procesado en el mismo caso, el contador Luis Vargas Parga.
No se han olvidado las largas semanas que llevó el debate, ni el empate que finalmente se produjo, con lo que la acusación se consideró rechazada. Tampoco se ha olvidado la abstención del entonces diputado y presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona que definió el resultado. Fundamentó su voto diciendo que la acusación era simplemente una revancha que se tomaba la Derecha contra Jordán por haber éste contribuido a condenar al general Manuel Contreras.
Jordán se salvó, pero quedó agotado. En vez de acoger la sugerencia de renunciar, que le habían dado funcionarios del gobierno y más de algún amigo, se desgastó en su autodefensa.
Quedó seriamente resentido. La demostración más evidente fue la querella que interpuso contra los periodistas Rafael Gumucio y Paula Coddou, por algunos textos humorísticos aparecidos en un artículo de corte más bien frívolo en la revista Cosas. Pidió la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. Otro tanto hizo, más recientemente, contra los periodistas José Ale y Fernando Paulsen director de La Tercera hasta fines de 1998. Jordán ha reaccionado como un león herido, descargando sobre la prensa todas sus furias acumuladas.
En la intimidad de la Corte, las emprendió contra los ministros que no lo apoyaron o que simplemente tomaron distancia durante la acusación constitucional.
Al parecer, ya no le importa lo que pueda decirse u ocurrir. Ha vuelto a reincidir en algunas de sus antiguas malas prácticas: llegar tarde, desaparecer de cuando en cuando... No apoya la idea de que la Comisión de Control Etico supervise también a la Corte Suprema. En esto lo acompaña su amigo, Luis Correa, quien se ubicó, hasta antes de su enfermedad, en una posición lejana a las propuestas de reforma que impulsaba al comenzar los ’90.
Es un hecho notorio, que el peso de ambos en la Corte Suprema es cada vez menor.
La fuerza de la costumbre
La Corte Suprema chilena es hoy mucho más diversa de lo que fue en el pasado. La renovación del más alto tribunal ha traído magistrados de distintas opiniones políticas y profesión de credos.
Históricamente los nombramientos de ministros de la Corte Suprema se hicieron con criterio político. Durante los gobiernos democráticos, las principales tendencias se alternaban para cubrir las vacancias. Si se escogía a uno de izquierda, en el caso siguiente le tocaba a uno de derecha. Si el nombrado era católico, venía luego uno masón.
Bajo el gobierno militar, como corresponde a un sistema unipartidario, el criterio se restringió rigurosamente a la elección sólo de personas que se estimaban incondicionales.
Durante Aylwin, el Presidente trató de promover a los jueces meritorios que habían estado postergados y que se caracterizaron por fallos favorables a los derechos humanos.
Mérito y apoyo a las reformas, fue el criterio de Frei. Pero surgió un hecho nuevo: la intervención del Senado en las designaciones. Fue el producto de la cruzada de Soledad Alvear por obtener las reformas a la Corte Suprema, empeño en el cual tuvo que aceptar una propuesta de Renovación Nacional que incorporaba al Senado en la ratificación de las propuestas del Ejecutivo.
El quorum que se negoció –dos tercios– le dio a la Cámara Alta virtualmente el poder de veto sobre las decisiones del Presidente.
El nuevo sistema de designaciones funcionó bien en los primeros casos, cuando las propuestas del Presidente comprendían dos nombres, lo que permitía acudir al cómodo cuoteo: uno para la Derecha, otro para la Concertación. Pero tropezó con dificultades cuando se trató de cubrir una sola vacante. Hasta ahí no más llegó el consenso. El Senado no dio el pase para ratificar el nombramiento de Milton Juica, a quien la Derecha no le perdona haber tratado de implicar al ex director de Carabineros y hoy senador Rodolfo Stange en la investigación sobre el caso degollados.
Ahora habrá que reformar la reforma, opina el ex ministro de Justicia, Francisco Cumplido. Cuando se establece que hay que llegar a acuerdo en la designación de ministros (con los dos tercios del Senado), es inevitable que se haga una valoración política de los magistrados 5.
En la base del Poder Judicial, una respetada jueza, Dobra Luksic, afirma que los jueces no estaban de acuerdo con la participación del Senado. El caso Juica hizo más patente algo que nosotros habíamos advertido: se corre el riesgo de que los jueces pierdan su independencia; que no se atrevan a tomar decisiones que puedan comprometer instituciones o personajes de cierta connotación, porque están mutilándose. Fue una triste experiencia la del ministro Juica y a nosotros nos pareció que el sistema había fracasado, aunque se reivindicó con los nombramientos de los ministros Domingo Yurac Soto y Rafael Huerta. 6.
La pregunta que muchos se hacen ahora es qué pasará en el futuro. Los ministros que se atrevan a procesar a alguna autoridad del Estado tendrán que pagar con la postergación.
Los funcionarios medios, los que no quiebran huevos, tendrán más posibilidades de ascender que los díscolos e irreverentes como Carlos Cerda Fernández.
Cuando el nombramiento recae en la mano de la discreción de las autoridades del Estado es inevitable el juego de las negociaciones políticas. También participan, a espaldas de los ciudadanos, otros sectores de influencia. Un grupo de abogados católicos, por ejemplo, se quejó ante la ministra Alvear porque había mucho masón entre los nuevos escogidos. Según ellos, la aspiración masónica es apoderarse de la judicatura. Consideran parte de este grupo a los ministros José Benquis, Alvarez , Ortiz y Carrasco. A Roberto Dávila, electo con su apoyo, lo tienen en la mira.
En países como Estados Unidos, son simplemente los ciudadanos los que deciden votando por sus jueces en elecciones directas. Otros tienen organismos como el fenecido Consejo Superior de la Magistratura que está conformado por representantes de las principales instituciones del Estado y reparte en mayor número de cabezas esta decisión.
Más allá de las comparaciones posibles, es evidente que el sistema chileno no ha llegado a su perfección en este campo.
Como quiera que sea, los nuevos ministros y las reformas aprobadas bajo el gobierno de Eduardo Frei dan esperanzas de un Poder Judicial mejor, más asequible, humano, valiente y decidido que en el pasado. Un verdadero Poder del Estado.
La sola calidad humana, ética y académica de sus nuevos integrantes marca una gran diferencia con el pasado.
Los ministros que dieron el respaldo a Roberto Dávila electo como nuevo presidente el 5 de enero de 1998, rompieron por primera vez la costumbre de nombrar al más viejo.
Dávila se comprometió ante sus electores (ocho, en contra de cinco que votaron por el más antiguo, Osvaldo Faúndez) a apoyar las reformas al Poder Judicial. Su base se siente ajena a la vieja corte y no está dispuesta a ponerse el sayo por actos que no cometieron. Especialmente, en los casos de los derechos humanos.
La nueva Corte está preocupada de mejorar la imagen pública y se han establecido normas de control ético bastante severas hacia el interior. Están pasando la escoba. Pero, al mismo tiempo, están decididos a defenderse de las críticas infundadas. El que dispare a la bandada se arriesga a sufrir acciones penales.
Están discutiendo cuál va a ser el papel y atribuciones del Consejo de Control Etico. ¿Tendrá facultades disciplinarias? Si sus integrantes son ministros de la Corte Suprema, ¿podrán fiscalizar a sus pares? Algunos procuran que sean llamados a integrarlo ex ministros de gran prestigio, pero todavía (al momento de finalizar este capítulo) no hay acuerdo.
Las reformas traen esperanza, pero la cultura no cambia de un día para otro. Aún el peso de prácticas históricas amenaza con torcer el espíritu de las leyes.
Ocurrió, por ejemplo, con el caso de una simple norma aprobada durante el gobierno de Patricio Aylwin que disponía que la relación de los recursos y apelaciones interpuestos ante las cortes de Apelaciones y la Corte Suprema serían públicas. Es decir, que en el momento en que el relator narrara los hechos a los magistrados, los abogados de las partes podrían estar presentes y hacer sus comentarios. El público también podría entrar.
Ha sucedido en la práctica, sin embargo, que por la fuerza de la costumbre, cada vez que un abogado pide la relación pública, los magistrados solicitan al relator que primero haga una exposición privada y luego la pública. Eso sin contar el hecho de que las peticiones de los profesionales exigiendo este derecho no son siempre bien recibidas y algunos se abstienen de formularla para no arriesgar un resultado desfavorable a su cliente.
Algo similar ha sucedido con la modificación al recurso de queja. A la Corte Suprema le ha costado entender que éste quedó como un recurso extraordinario, destinado a corregir los abusos que puedan cometer sus subalternos y que, en caso de aprobarse, deriva lógicamente en una sanción contra el recurrido. Es cierto que han aumentado los números de casaciones acogidas –el recurso propio de la Corte Suprema–, pero no han disminuido los de queja, ni el uso que se les da para modificar resoluciones judiciales antes que para sancionar un abuso.
Un tercer caso es el horario de funcionamiento. La Corte Suprema aceptó extender el horario de los tribunales inferiores, pero sigue oponiéndose a aumentar las horas de trabajo en el segundo piso del Palacio de Tribunales.
Teóricamente, el tiempo libre lo ocupan los magistrados en estudiar los asuntos que tienen bajo su conocimiento, pero el hecho es que muchos lo destinan a dar clases en las universidades y es discutible si un magistrado del más alto tribunal de la nación deba estar corriendo a las aulas dos o tres veces por semana y corrigiendo pruebas en sus horas libres.
En su favor hay que decir que, al menos, determinaron que una sala debe trabajar de turno en febrero, como ya ocurría en el resto del Poder Judicial.
El sistema de calificaciones (con notas de 1 a 7) tampoco ha resultado de la manera que esperaban los propios magistrados que impulsaron el sistema. No pocos se han sentido agraviados por calificaciones que, aunque siguen un patrón teóricamente objetivo, todavía permiten la arbitrariedad. Un superior poco ético aún puede usar la herramienta para estropear evaluaciones de magistrados que no sean de su agrado. O, más comúnmente, uno que desconozca la trayectoria de sus subalternos.
Nueva Corte, viejas prácticas
Una demostración de que las reformas por sí solas no resuelven los problemas y que mucho depende de la calidad de los magistrados, es lo ocurrido con el ministro Germán Valenzuela Erazo mientras se tramitaba la acusación contra Jordán.
Este es el caso.
Valenzuela se casó con Darioleta Gutiérrez Mora en 1964, bajo el régimen de separación de bienes, cuando ella tenía 25 años y él ya andaba por los 50. Tiempo después, el matrimonio se separó y, aunque nunca se anuló, vivían aparte.
Poco antes de morir, Tita Gutiérrez, que ya nada quería saber de su ex marido, donó todos sus bienes a la Asociación de Padres de Espásticos (Aspec). Conocía los efectos del mal por un matrimonio amigo que tenía una hija que lo sufría. Ella misma, por años, participó en las actividades de la organización, a la que prometió construir una sede, con la única condición de que la entidad le pusiera el nombre de su madre.
Cuando Darioleta, aquejada por una enfermedad al corazón, supo que su momento de morir estaba cerca, redactó el testamento. Si no lo hacía, sus bienes irían a dar a manos de su esposo. En el documento, donó a la Aspec sus dos casas en Temuco, un departamento en la calle San Martín en Santiago, el departamento en que vivía sola, acompañada por su empleada, y sus ahorros en dos bancos.
La mujer no tenía obligación de consultar a su esposo pues los bienes le pertenecían por ley y no había hijos a quienes dejar la herencia.
En el testamento ella pidió ser sepultada en el Parque del Recuerdo junto a dos espásticos que no tuvieran recursos para pagar una sepultura. Además, dejó establecido que a su esposo sólo se le devolvieran los únicos tres bienes que él le regaló cuando vivían juntos: un ventilador, un collar y un florero.
Valenzuela, al enterarse del testamento, interpuso una demanda en el 30° Juzgado Civil reclamando la posesión efectiva, antes de que la Aspec pudiera hacerlo válido. El tribunal le dio la razón en tiempo récord.
Cuando estos hechos aparecieron publicados en La Epoca y en El Mercurio, Germán Valenzuela Erazo respondió amenazando con presentar querellas por injurias. Se defendió diciendo que tras el fallecimiento de su esposa, dos hermanas de ella y el magistrado solicitaron la posesión efectiva en su calidad de herederos legítimos, y que posteriormente fueron demandados por la Aspec en virtud de un testamento al que no le reconoce validez legal.
En sus cartas a los medios, Valenzuela acusó a la institución de haber conseguido un testamento de una persona absolutamente inhabilitada para testar, muy gravemente enferma, cada día acercándose a la muerte: cada día recibía menos oxígeno; y además, por este motivo, sus facultades intelectuales no estaban sanas. Motivos de salud y de ética, repugnan cualquier testamento en esa situación angustiosa.
Las conclusiones médicas del magistrado son, no obstante, bastante dudosas pues su esposa sufría del corazón, no de la cabeza y, al morir, estaba todavía bastante joven.
Que vivían separados, dice Valenzuela, era sólo obra de las circunstancias, pues mi señora poseía un departamento nuevo, confortable, con un dormitorio en suite y walking-closet, con una hermosa vista panorámica a la cordillera que no había sido posible arrendar cuando vivían juntos.
Mi señora estaba muy grave y desahuciada, apenas recibía oxígeno, se encontraba muy alterada y presentía su muerte. Me manifestó su deseo de que nos fuéramos a vivir a dicho departamento. Yo le acepté, pero no se hizo un traslado total, tanto porque yo sabía que su muerte se aproximaba, como porque yo tenía y tengo en nuestra casa mi biblioteca con todas las obras jurídicas que uso para apoyar el estudio de proceso 7.
Flor de marido es alguien que admite que su mujer se vaya a vivir sola porque sabía que su muerte se aproximaba. La explicación no puede ser peor como excusa.
Cuando terminamos este libro, la Aspec todavía estaba luchando por lograr que se cumpliera la voluntad de Darioleta Gutiérrez Mora.
Germán Valenzuela Erazo tuvo que abandonar la Corte Suprema al cumplir 75 años de edad. Su comentario sobre las reformas que originaron su salida del máximo tribunal, aspiraba a quedar como sentencia lapidaria: El gobierno se tomó el Poder Judicial.
Los pobres y los poderosos
Un hecho que no parece concordar con la idea de que las cosas han cambiado en el Poder Judicial es el aciago caso de Colonia Dignidad.
En descargo de la responsabilidad de la judicatura, hay que decir que la Colonia ha demostrado ser históricamente más poderosa no sólo que los tribunales, sino que el propio Ejecutivo.
El Gobierno de Patricio Aylwin consiguió, después de mucho batallar, anular la personalidad jurídica de la llamada Corporación Benefactora Dignidad. Pero las cosas se dieron de tal modo, que la entidad cambió su razón social –hoy se llama Villa Baviera–, y traspasó todos sus bienes a diversas sociedades anónimas. Y las cosas siguieron exactamente iguales, como si nada hubiera pasado.
Las investigaciones realizadas por diversos órganos administrativos del gobierno dieron lugar a decenas de procesos que poco avanzaron, hasta que bajo el gobierno de Eduardo Frei por el delito de abusos deshonestos contra menores, se logró romper, en parte, la barrera de defensa política que había generado a su alrededor la Colonia y dictar, por primera vez, una orden de aprehensión contra Paul Schaffer el jefe indiscutido de la Colonia.
La orden, sin embargo, no se cumplió en la forma como suelen ejecutarse cuando se trata, por ejemplo, de poblaciones populares, con allanamiento inmediato, destrozo de bienes y arrestos masivos.
Aunque los tribunales y aun los organismos encargados del caso disponían de las herramientas para hacerlo del modo más enérgico, enfrentarse al poder de la Colonia y su líder hacían temer una catástrofe mayor, con toda suerte de acusaciones contra el Estado por violaciones de derechos del inculpado y sus seguidores. Se optó por el camino más largo, actuar con guante blando. Allanamientos avisados con anticipación, restricción del uso de la fuerza pública al mínimo necesario.
Como resultado, el ex conscripto nazi sigue prófugo.
El ministro en visita Hernán González García Hernán mantiene la investigación de trece procesos vinculados entre sí, por delitos como sustracción, secuestro y abusos deshonestos de menores, ejercicio ilegal de profesión, negativa a la entrega de menores y atentado contra la autoridad, destrucción de parte de vehículo fiscal, usurpación de nombre y obstrucción a la justicia y negligencia médica. Además de Schäffer, se encuentran procesados varios de sus colaboradores.
No es todo. En los tribunales que dependen de la Corte de Apelaciones de Talca existen 27 juicios sobre anomalías tributarias, y una querella por la desaparición de 38 personas que, en los primeros años del régimen militar, habrían sido conducidas hasta los terrenos de la Colonia. En Santiago, diversos procesos por fraude tributario y falsificación y otorgamiento irregular de contratos se tramitan en diferentes juzgados del crimen.
Los hechos son abrumadores: a más de dos años de haberse dictado, todavía está sin cumplirse la orden de detención emitida contra el líder de la entidad germana.
Los ejemplos de arbitrariedades judiciales relacionados con el caso Dignidad son innumerables. En 1997, por ejemplo, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por el brazo derecho de Schäffer, el doctor Hartmut Hopp (que en realidad nunca ha probado tener los títulos para ejercer la profesión) y su esposa Dorotea Wittham, en contra del juez de Parral Jorge Norambuena.
La Sala, presidida por el hoy jubilado Lionel Beraud, anuló la orden de detención contra el matrimonio, dictada después de que ambos viajaron a Mendoza con uno de los niños de la Colonia, Michael, adoptado por ellos. La madre biológica del menor había solicitado al juez Norambuena que dictara una medida de protección de la integridad física y síquica del niño.
Lionel Beraud, acosado por la prensa, dijo que Hopp adoptó legítimamente al menor y que la mamá biológica no tiene ningún derecho sobre él. Lo perdió.
La sala no consideró el contexto de abusos deshonestos y estilo de vida de campo de concentración en que han sido educados los menores en la Colonia, incluyendo al propio Hopp, que se crió al lado de su líder. Cuando la Corte acogió el amparo, Hopp estaba procesado como encubridor de los abusos deshonestos de Schäfer, pero eso es otra cosa, dijo Beraud.
Hay que recordar que durante la acusación constitucional que le afectó en 1992, Lionel Beraud fue representado por uno de los abogados más estables de la Colonia, Fernando Saenger.
Al acoger el amparo, el máximo tribunal acordó llamar severamente la atención al juez Jorge Norambuena por haber dictado la orden de aprehensión contra Hopp. Ya antes lo habían castigado por hablar mucho con la prensa.
Las madres de los menores abusados son pobres y poco han conseguido para reparar el daño causado a sus hijos, pese a los empeños fuera de lo común del ministro González GarcíaGonzález García y del juez Norambuena.
Esas madres sufren una suerte parecida a la que viven los pobres en los tribunales de la periferia capitalina. Allende los límites del centro de la capital, en Pudahuel, por ejemplo, donde los actuarios son los jueces y los aspirantes a abogados de las Corporaciones de Asistencia Judicial, los defensores. Donde los edificios han sido remodelados, pero no las actitudes de sus funcionarios.
En esa zona de la periferia capitalina la vida y los bienes tienen un precio inferior al valor que les dan los tribunales del centro, acostumbrados a tratar con litigantes de ingresos importantes.
Hasta ahora, quien no tiene recursos para pagar a un abogado debe recurrir a las Corporaciones de Asistencia Judicial. Si ni querellante ni querellado tienen dinero –como suele ocurrir– el que llega primero gana defensa. El otro tiene que esperar que se le designe uno de los abogados de turno.
Los abogados de las Corporaciones son los estudiantes de Derecho que tienen la obligación de hacer práctica y otorgar servicios gratis por seis meses. Los abogados del turno, son los recién egresados que están en una lista para prestar el servicio por un mes.
En los tribunales de población, sólo los abogados con título reciben un trato deferente. Los practicantes tienen que esperar a veces los seis meses que tienen en su poder una causa para obtener apenas una resolución (que, por cierto, no será la definitiva). Sus clientes pobres o sus familiares se presentan a veces para ver cómo marchan sus causas. Esperan, esperan. Si tienen suerte, un oficial les extiende los libros para que lean las resoluciones, cuyo lenguaje ellos de todas maneras no entienden.
Los aspirantes a abogados tienen que defender hasta 90 causas simultáneamente en su paso por las corporaciones. La mayor parte del tiempo la gastan pidiendo las libertades provisionales de los encausados por delitos comunes, que viven años en las cárceles antes de que los tribunales resuelvan sus casos. Los visitan en la Penitenciaría en cuartos pequeños, húmedos y fríos, color de nada, semejantes a cualquier celda.
¿De qué influencia pueden echar mano en defensa de los pobres? Para ellos y sus clientes no hay alegato de pasillo. A veces una cajetilla de cigarros sirve para movilizar la voluntad de un actuario que, si no está motivado, puede botar sus escritos a la basura o simplemente responder que se le olvidó proveerlo.
Mi madre, María Angélica Acuña quien abandonó una vida de profesora básica para estudiar Derecho, asumió en 1997, durante su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, la defensa en los tribunales de Pudahuel, del caso de Guillermo Hernández 8. Hernández había sido el cuidador de un predio por 15 años. Vivía en una casita de madera, que fue ampliando en la medida de sus posibilidades. De un día para otro, el terreno se vendió y el nuevo dueño lo notificó del término del contrato. Como Hernández se demoraba en marcharse, el propietario presentó una demanda; el tribunal aprobó una orden de desalojo y el dueño concurrió a notificarla en persona, acompañado por un receptor judicial. Auxiliados por una retroexcavadora, simplemente destruyeron los tres dormitorios, el living, el baño y la cocina, y todas las pertenencias de Hernández para obligarlo a marcharse.
La abogada presentó una querella por daños, pues el desalojo no autoriza a destruir bienes muebles. El caso ha pasado de un aspirante a otro y ha cumplido dos años en los tribunales, sin que todavía se dicte un auto de procesamiento en contra de los infractores.
En el mismo tribunal, Juana Mardones busca la reparación por las lesiones que le provocó un carabinero. La mujer estaba parada en una esquina de su población, junto a otros vecinos, cuando alguien del grupo le gritó tiro loco al policía que pasaba frente a ellos. El carabinero, que también era un vecino del sector, sacó su pistola y disparó. Juana sufrió lesiones graves en una mano. El proceso se demoró tres años antes de que se dictara un auto de procesamiento contra el autor. El policía está prófugo.
Rosa Espinoza ha recurrido a los mismos tribunales porque su hijo de siete años fue atropellado y muerto por un chofer de micro en 1992. La sentencia definitiva tuvo que esperarla hasta 1997.
El chofer fue condenado y se estableció que debía pagar un millón de pesos a la mujer, por la pérdida de su hijo. El ministro de la Corte Suprema Lionel Beraud obtuvo 40 millones del fisco por la operación errónea de su cadera. Rosa, sin embargo, no ha recibido la insignificante indemnización, pues el chofer no tiene bienes con qué pagarle.
Patricia Inostroza en otra causa, se querelló contra el autor de la violación de su hija. El tribunal condenó al autor y ordenó el pago de un millón 800 mil pesos, de los cuales el ofensor no ha podido responder.
El juez, en ese mundo, es una figura inaccesible. Como un notario, invisible en su despacho, firma papeles todo el día. Atiborrado de expedientes, le es físicamente imposible resolver por sí mismo todos los juicios que llegan a su tribunal. La justicia de los pobres está, de verdad, en manos de esos funcionarios no letrados –los actuarios, los oficiales– no menos ignorantes que quienes llegan a sus mesones pidiendo auxilio.
Idea de la Justicia
En las aulas de las escuelas de Leyes, los alumnos estudian a Hans Kensel. El teórico dice que el Derecho es el ordenamiento de la conducta humana. El comportamiento recíproco de los hombres en la sociedad, afirma, es lo que hace surgir la norma que los obliga a pagar sus deudas y a abstenerse de matar.
La autoridad jurídica exige una determinada conducta humana sólo porque –con razón o sin ella– la considera valiosa para la comunidad jurídica de los hombres, explica.
Los estudiantes, entonces, aprenden lo mismo que parece sentido común en las calles: Que lo justo es lo deseado por la mayoría, e injusto lo que se opone a esa voluntad.
Los Estados democráticos modernos han llegado al convencimiento de que, además, existen derechos fundamentales del hombre que no pueden ser cuestionados. Las naciones que adscriben a tales principios –Chile, entre ellos– se han declarado obligadas a respetarlos. Así, los tribunales de justicia tienen tanto la obligación de sancionar los delitos, como la responsabilidad de defender la vida, la integridad física, la libre expresión de ideas y todos los demás derechos reconocidos a sus ciudadanos.
Qué lejanos han estado nuestros tribunales, en especial durante las últimas dos décadas, de tales conceptos.
En otros tiempos, en las monarquías, la legitimidad del sistema judicial estaba dada por la adecuación del pronunciamiento del juez a la voluntad del Rey, quien reunía a un mismo tiempo las funciones ejecutiva, legislativa y judicial.
Como contrapartida, durante la Ilustración francesa surgió la doctrina que separó los tres poderes del Estado, pero, para el juez, en un primer momento, sólo se cambió la figura del Rey por la letra de la ley. Montesquieu lo definía así: Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes (…) De los tres poderes de que hemos hablado, el de juzgar es, en cierto modo, nulo.
Esa es, al parecer, la concepción que dominó en el sistema chileno hasta hoy. En un país situado en el extremo sur del mundo, arrinconado entre la cordillera y el mar, ha habido un Poder Judicial nulo, cuando la mayoría de las sociedades civilizadas le han dado ya una nueva significación a la judicatura.
La explicación que han dado los tribunales sobre su proceder durante el gobierno militar tuvo su fundamento en esta doctrina. Sólo aplicamos la ley.
Según el abogado y profesor Jorge Correa Sutil, ex secretario ejecutivo de la Comisión Verdad y Reconciliación, en las actitudes de nuestro poder judicial ha imperado una cultura explítica y otra implícita. Una cosa es lo que se ha dicho y otra, lo que se ha hecho. Se ha dicho que se respetaba la ley, cuando lo que se hacía en realidad era resolver según lo que se consideraba bueno, conveniente. Bajo el gobierno militar, lo bueno no era responder al clamor de las víctimas, sino adecuarse a la voluntad del Poder político, aunque fuera ejercido por el poder de las armas.
El nuevo presidente del tribunal, Roberto Dávila, hizo un reconocimiento explícito de este modelo de comportamiento en una conferencia con corresponsales extranjeros en 1998. Cuando le preguntaron por la sumisión del máximo tribunal a la voluntad de las autoridades militares, Dávila dijo con meridiana claridad:
A la Corte Suprema no le quedaba, en ese momento, otro camino que esa posición. Si la Corte Suprema, conociendo a los ministros de ese entonces, hubieran adoptado otra forma de actuar, me atrevería a pensar que la Corte Suprema habría sido clausurada. Ergo, se impuso la obediencia.
El propio caso de Dávila es una prueba viviente de que, en nuevas condiciones, las opiniones de los jueces cambian. Antes de 1990, él estuvo por aplicar la ley de Amnistía; al asumir como presidente en 1998, declaró que ahora pensaba distinto.
Entonces, ¿hicieron justicia los magistrados bajo el gobierno militar o se adecuaron a las condiciones del poder imperante? Del mismo modo cabe preguntarse por los motivos que tiene un magistrado determinado para doblegarse a la presión de un empresario o político poderoso, o a sus propios sentimientos de amistad en favor de una parte en un juicio.
En el futuro, nada asegura que los cambios en las estructuras impidan que algunos magistrados sigan moviéndose guiados por los intereses de los poderes involucrados en la definición de sus destinos. Ni que el Poder político se sienta tentado de imponer sus opiniones.
Un caso ilustrativo es –y no podía no serlo– el de Augusto Pinochet. Al comienzo de los gobiernos de Aylwin y Frei el predicamento fue no empujar los juicios que lo pudieran involucrar. Frei fue incluso explícito y pidió al Consejo de Defensa del Estado que diera por cerrado el expediente relacionado con el sonado caso de los cheques del hijo mayor del general. Razones de Estado, declaró sin ambigüedad. Cuando, en cambio, estalló el conflicto por el arresto en Londres y la petición española de extradición, la postura es exactamente la contraria. Ahora se trata de dar seguridades al mundo de que el General puede ser juzgado en Chile.
Podemos aceptar que en una democracia la opinión del Presidente y del Parlamento representan la voluntad soberana, pues han sido elegidos democráticamente, y que al seguir sus deseos los jueces no hacen otra cosa que atender el clamor de las mayorías. Pero a mayor concentración y secreto en las decisiones que tienen que ver con la judicatura, mayor posibilidad de arbitrariedad, de que los escogidos para llenar vacantes o ascender se sientan obligados a retribuir los favores de los demás poderes, sin una justificación racional.
El éxito de las reformas al Poder Judicial dependerá entonces, en gran medida, de la personalidad del juez. Desde el más encumbrado al más humilde.
El derecho moderno reconoce que el legislador es incapaz de predefinir todos los posibles conflictos jurídicos. La función del juez es hoy en día inevitablemente volutiva. Su poder radica precisamente en la facultad de interpretar la Constitución y las leyes, con el fin de hacer justicia. Es ese poder el que, férreamente asido por los magistrados en países como España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos –y varios latinoamericanos que han dejado atrás la herencia colonial–, ha permitido a muchos pueblos enfrentar, sin disgregarse, el cáncer de la corrupción, aunque éste haya amenazado con hacer caer, a un mismo tiempo, a los poderes Legislativo y Ejecutivo.
En un sistema democrático (aquél en que las decisiones públicas son tomadas por el pueblo, en que la determinación de lo que resulta deseable para el pueblo sólo puede ser lícitamente tomado por este mismo y en que los gobernantes son libremente elegidos por los ciudadanos en forma periódica) el juez es aquél que conoce y resuelve los conflictos sociales.
El fallecido ministro José Cánovas decía en sus memorias que al administrar justicia, los jueces son los llamados a velar por la vigencia del derecho, poniendo el límite exacto al ejercicio del poder por parte de las autoridades (…) Vale decir, imponerles el llamado ‘principio de Legalidad’, que no puede ser otro que el determinado por la voluntad soberana.
Hay magistrados que entienden que para cumplir su función deben aislarse del mundo. Desprecian la opinión de los legos que los rodean y se sienten seguros en su escrupuloso conocimiento de la formalidad judicial. Se consideran puros e independientes. Sin embargo, según el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda Fernández, en su obra Iuris Dictio, no hay nada peor que el juez que cree estar por encima de los ciudadanos. No se mezcla, ni se ensucia: ‘allá ellos... el lumpen...’. Para hacer justicia no se necesita recluir al magistrado en una torre de marfil. Precisamente –afirma– entre los males que aquejan al juez actual está la tendencia al aislamiento social.
Concuerdo plenamente con esta afirmación suya:
No es juez el que da las espaldas al clamor social concerniente a la justicia. Tampoco lo es el que se jacta de estar por sobre lo que la población le demanda. Menos aún quien, consciente de la falta de asentimiento ciudadano de su labor, se oculta o ampara en el poder del solo imperio.
El juez moderno, democrático, –dice Cerda– debe estar inserto en la comunidad histórica. Y agrega:
El juez es un calibrador del sentido jurídico de su época. (...) La justicia chilena debe ofrendarse sin restricciones a la crítica de la opinión pública. Y sus jueces, disponerse a la refrendación de su desempeño por parte de la comunidad.
Esa idea ha sido una de las motivaciones profundas de este libro.
Ya en 1966, el magistrado Rubén Galecio escribía sobre el juez en la crisis diciendo que el magistrado debe estar compenetrado del devenir social de su época, pero alerta para mantener su independencia. Ni en la torre de marfil, incontaminado, ni arribista en la competencia por el prestigio social.
Una cierta apostura, cultura y carácter se hacen necesarios en el magistrado moderno, pues debe enfrentar el juicio de la sociedad y el propio.
Si el concepto de juez es una idea-símbolo, también es una idea-fuerza, es un motor de la paz social en la lucha contra la arbitrariedad, la delincuencia y el abuso. Si la sociedad actual aprovecha esta fuerza, encausándola con inteligencia y buen sentido, ella puede contribuir caudalosamente a lo que es más imprescindible para una Democracia: la fe del pueblo en el Derecho 9.
