|
|
PARTE I
EL MARCO POLÍTICO Y ECONÓMICO
CAPITULO III
LA RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA Y SUS LIMITES
1. Malas Influencias
Parece haber habido una suerte de esquema inducido desde afuera para regir el paso de las criminosas dictaduras latinoamericanas de los años 70 y comienzo de los 80, a una suerte de democracia limitada, y eventualmente castrada. Se trata de una influencia externa que parecen prolongar algunos males de la dictadura. Es lo que he dado en llamar, en otras publicaciones, "El Modelo Latinoamericano de Transición de la Dictadura a la Democracia Dependiente o Condicionada".
Celosamente vigiladas e inducidas por las administraciones norteamericanas de los años 80 y comienzos de los 90 algunas de esos países sometidos a dictaduras militares han estado virando desde entonces hacia una cierta especie de democracia, conforme a un patrón en alguna clara medida diseñado e impuesto desde la potencia hegemónica, que permite a veces sólo una restringida participación popular.
Los aspectos esenciales de este esquema parecen ser, por un lado, en los años 80, un compromiso rígido e insoslayable de estas democracias condicionadas o dependientes de pagar los servicios financieros de la deuda externa, lo cual supone "ayuda" financiera externa para pagar esos intereses, con la inmediata consecuencia de un aumento casi descontrolado de esa misma deuda externa cuyo capital resulta así difícilmente pagable; lo cual no parece importar mucho, si se cumple con los intereses de dicha deuda. Alcanzado ese objetivo, en la década siguiente una no menos rígida incorporación al orbe "globalizado", pero con globalización hegemónica, claro está, es decir sometimiento implacable e incondicionado a la ideología del mercado, con las consecuencias conocidas, especialmente el empobrecimiento popular y las altas tasas de desocupación, y también, muy especialmente, las trampas bien conocidas a través de las cuales la apertura de los mercados es universal e irrestricta para los países periféricos, pero solo selectiva restrictiva y en muchos casos fingida , para los países centrales, como luego se verá.
Simultanea y combinadamente, la introducción de un discurso e ideología privatizadora, creando la mutua implicancia entre la enorme deuda externa y la necesidad de privatizar las empresas públicas. Un modo, se postula, de lograr "eficiencia" y de paso de poder pagar la deuda externa, pero no el capital de ella, de inverosímil cancelación, sino meramente los servicios de la deuda externa. Esta argucia conceptual tuvo en la Argentina cuño normativo a través del decreto 1842/87, pieza de legislación de singular y simbólica importancia, que comentaremos después.
Por otro lado, complementariamente, la intangibilidad del poder militar, que queda preservado como guardián del limitado experimento democrático. Es el segundo de aquellos elementos del esquema transicional. De él deriva una política militar que no se atreve a enfrentar los problemas cruciales y se resiste a transformar las fuerzas armadas -frecuentemente el instrumento despótico del statu quo local y de sus protectores y mentores imperialistas- en un genuino recurso estatal del gobierno civil.
Este inmovilismo respecto del establecimiento militar explica los sacrificios ridículos hechos en la Argentina, el Brasil y el Uruguay para proteger a los funcionarios militares de acusaciones altamente plausibles de homicidio, tortura, secuestro y robo, a través de una legislación impúdicamente dirigida a inmunizarlos contra imputaciones penales: amnistías, prescripción de sesenta días para crímenes contra la humanidad - cuando en el código penal el menor término, para los delitos apenas castigados con mera inhabilitación temporal es de un año - la imposibilidad de acusar a quienes se considera a priori como actuando bajo obediencia debida, ignominiosos indultos o perdones a aquellos condenados o no alcanzados por las anteriores claudicaciones jurídicas, etc. En este camino, la cuestión de los derechos humanos, como lo he referido en otro lugar(1), se inmola en el altar del poder militar, el cual, después de estos ludibrios, surge doblemente reforzado.
Excluidos estos dos aspectos y cuestiones dominantes -la imposición del esquema neoliberal y el poder militar- cuyas respuestas han sido adoptadas como condiciones a priori del experimento transicional, la participación pública queda reducida áreas menores de la política, lo cual parece a muchos, con razón tal vez, una suerte de ejercicio gratuito, o tal vez onanista, de la "politique politicienne", o política politiquera, y no, como debiera ser, el instrumento para superar los males de la dependencia y el subdesarrollo. Así, el interés público y la participación colectiva disminuyen rápidamente, luego de advertir que la política aparece como un juego -que sólo, por lo demás, juega la clase política- para cambiar (aspectos menores de la realidad) a fin de que nada (realmente importante) cambie de verdad. De la frustración de este modelo de transición los otros países del tercer mundo debieran aprender lo que debe ser evitado cuando se agotan o son expulsadas las dictaduras, aunque es improbable que se les permita experimentarlo.
2. Economía y derechos Humanos
Las consecuencias de aquellas dos graves limitaciones son manifiestas.
De la primera deriva la peculiar dirección económica de estos gobiernos. Forzados a pagar los intereses de la deuda externa sin que se les permitan discutir la legitimidad de la misma, para lo cual revelan, por lo demás, muy poca vocación, deben aumentar el endeudamiento externo para obtener dinero de los banqueros internacionales a fin de... pagar a los banqueros internacionales.
Las importaciones crecientes, consecuencia de una apertura dogmática pero en la verdad selectiva del comercio exterior, tienden siempre a exceder los esfuerzos por exportar más y más.
En este marco hay siempre una trágica postergación de lo que cabria llamar, la deuda social: las necesidades populares básicas, la salud pública, la alimentación, las obras sanitarias en los sectores más desposeídos, las obras públicas, la educación, la infraestructura del desarrollo, etc.
Concurrentemente, el Fondo Monetario Internacional es aceptado mansamente como parte de una suerte de gobierno de facto mundial. De hecho impone calificaciones y establece condiciones cuyo cumplimiento se le presenta a la opinión pública como decisivo, veta las inversiones de interés colectivo a título de contribuyentes al déficit fiscal, dirige en fin la economía conforme a criterios que obviamente no son los del bien común nacional ni nada próximo a éste, y se presenta como brazo ejecutor de los acreedores externos y sus exigencias. Lo cual supone siempre ahogo financiero para todo lo que no sea reciclaje financiero. Y esto importa nuevos estadios de empobrecimiento colectivo, y la desocupación que acompaña sistemáticamente a estos alineamientos compulsivos en la "modernización", la "productividad" y la "globalización", aspectos diversos del frecuentemente denunciado, capitalismo "salvaje", con las restricciones consecuentes de los derechos humanos con base económica.
James Morgan es un corresponsal del servicio mundial de la BBC. Escribió en el FINANCIAL TIMES un artículo con un título sin disimulos: "La Caída del Bloque Soviético ha permitido al FMI y a las G7 regir el mundo y crear una nueva edad imperial". Escribía que la construcción del nuevo sistema global es orquestado por el Grupo de los Siete, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Convenio General de Tarifas y Comercio (GATT), constituyendo "un sistema de régimen indirecto que incluye la integración de los líderes de los países en desarrollo en la red de una nueva clase dirigente".
Obviamente esto implica que los elementos del Tercer Mundo incorporados a este Club del Poder Mundial debían y deben legitimar con su presencia unas desigualdades alarmantes y unas discriminaciones graves para el bienestar colectivo de sus países. Porque no se le escapaba a Morgan la hipocresía de las naciones ricas en el reclamo de mercados abiertos al Tercer Mundo "mientras cierran los suyos".
Como añade Chomsky, se podría haber agregado que el propio Banco Mundial refiere que las medidas proteccionistas de las naciones industrializadas reducen la renta nacional de los países del Sud en cerca del doble del monto proporcionado por la ayuda oficial, mayormente a través de la promoción de las exportaciones, especialmente a los sectores más ricos, los menos necesitados pero más consumistas, de los países subdesarrollados (o "en desarrollo", como quiere el eufemismo tecnocrático).
O podría, insiste el profesor del MIT, haber recordado que la UNTAD estima que las barreras no tarifarais (NTB) de los países industrializados reduce las exportaciones del Tercer Mundo en las categorías afectadas (textiles, acero, productos del mar, alimentos animales y productos agrícolas) en miles de millones de dólares anuales de pérdidas. O, de nuevo, al Banco Mundial en su estimación conforme a la cual el 31 por ciento de las manufacturas del Sur están sujetas a barreras no tarifarais contra el 18 por ciento de las del mundo desarrollado. O el informe de 1992 del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, señalando el creciente abismo entre ricos y pobres, que luego llegaría al 83 por ciento de la riqueza mundial en los mil millones más ricos y el 1.4 por ciento para los mil millones más pobres; un abismo que se había duplicado con relación a 1960 y que era atribuido a las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. A lo que ese informe de Naciones Unidas agregaba que el proteccionismo de 20 de los 24 países industrializados era más grande entonces que una década atrás, incluidos los Estados Unidos que celebraban la "revolución" de Reagan duplicando la proporción de importaciones sujetas a medidas restrictivas.
Antes hemos puesto entre comillas las palabras ayuda financiera. Está justificado. Véase el resultados de décadas de prestar dinero, los ricos a los pobres, "para el desarrollo", según decía el ECONOMIST. Es, simplemente, que los países pobres han terminado haciendo una transferencia de 21.000 millones al cofre de los ricos(21).
Es una trágica ironía que el esquema de transición de la dictadura militar, es decir de un gobierno de facto, a la democracia, implique este sometimiento definitivo y total al gobierno de facto del mundo, que por encima de los gobiernos elegidos establece ese "régimen indirecto" de dominación macroeconómica, que mencionaba Morgan.
3. La Deuda Externa y Carlos Calvo
Tiene sentido mirar hacia atrás para percibir en todo su dramatismo las claudicaciones y complacencias en que se ha incurrido en estos años en materia de deuda externa, para apreciar el retroceso que hemos sufrido.
La lectura en "THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS" (22) de una crónica sobre "The Cambridge History of Latin América", en cinco volúmenes, dirigida por Leslie Bethell, me permitió dar con este sorprendente párrafo:
"El mundo en conjunto estaba menos preocupado con la voz autentica de los poetas latinoamericanos que con el tono estridente de sus abogados . Los abogados latinoamericanos heredaron la tradición legalista constitucional elaborada por los teólogos y juristas de los siglos XVI y XVII. De diferentes modos estos abogados desafiaron la preponderancia política y económica de los intereses extranjeros, particularmente aquéllos de los Estados Unidos. En 1895, el Secretario de Estado Richard Olney se había jactado de que Estados Unidos era prácticamente 'soberano en el continente' una pretensión que Gran Bretaña vino a admitir en la práctica si no en teoría; los Estados europeos sostenían que podían usar la fuerza e intervenir - como en Nicaragua- para cobrar sus deudas y proteger a sus nacionales contra regímenes inestables y corruptos, usando y abusando de la doctrina de la extraterritorialidad. Entre 1868 y 1896 el abogado argentino Carlos Calvo desarrolló y defendió una versión extrema de la soberanía nacional: los intereses extranjeros y las inversiones foráneas deben estar incondicionalmente sujetas a las leyes nacionales, con prescindencia de las nociones europeas sobre la sacralidad de los contratos. Los Estados deben actuar en función de sus intereses tal como los perciben, aun si esto apareja el desconocimiento unilateral de las deudas. La doctrina Calvo vino a resultar el grito de batalla de los nacionalistas latinoamericanos. 'Era, apunta Robert Freeman Smith, el clásico debate entre deudores y acreedores, los desarrollados y los subdesarrollados, los débiles y los fuertes".
Se trata de un párrafo que sugiere varias observaciones. En primer lugar, la actualidad formidable de Carlos Calvo; para no pocos, la amenazante actualidad de Carlos Calvo. Este tiempo está dominado por la cuestión de la deuda externa, las escandalosas intervenciones de los Estados centrales en favor de los acreedores y la no menos escandalosa tolerancia de los gobernantes periféricos en su admisión cómplice de esa intervención. Parece significativo que los intelectuales del Norte acreedor deban detenerse en el gran luchador de la resistencia a la intervención de los Estados en las reclamaciones jurídicas de sus súbditos, una resistencia que sin embargo ha sido y esta siendo ignorada en la etapa de América latina en que era y es sin duda más necesaria.
En segundo lugar, la respetuosa mención de la tradición jurídica ibérica, argentina e iberoamericana, heredera de la gran Escuela Española de Derecho Natural de los siglos XVI y siguientes. La lucha de nuestros juristas contra la prepotencia de los países centrales constituye el honor histórico de la profesión jurídica en la región, tradición y honor sobre los cuales poco se suele enseñar en estos días en las Facultades de Derecho y poco se escribe, no sólo en los diarios, muchas veces paralizados por el reflejo privatizante, por el vaciamiento del bien público en la vida pública, sino aun en las revistas especializadas.
Finalmente, la deformación y perturbación cultural de considerar "extrema" la versión de la soberanía nacional propuesta por Calvo. Este nunca se sirvió de otros conceptos que los habituales y conocidos. Muy simplemente, nada sorprendente, dice en la edición definitiva de su "Tratado":
"A nuestros ojos, el carácter esencial de la soberanía de un Estado no reposa sobre su mayor o menor dependencia de otro, sino sobre la facultad que tiene de darse una Constitución, los de establecer sus leyes, etc., sin la intervención de una nación extranjera."(23)
Lo que ocurre es que quiso aplicar en los países periféricos lo que tenía curso legal en los países centrales. Y esto pareció - todavía aparece- como insólito y desconcertante. Lo que era clara aplicación de la soberanía nacional para Francia o Inglaterra, les parece a norteamericanos y europeos como una grosera anomalía, una grotesca exageración cuando se invoca en favor de Nicaragua o Panamá . La mentalidad colonialista no tolera que los pequeños países asuman como propios los conceptos supuestamente universales frutos de la cultura occidental. Les resulta una extrapolación insoportable. Desde esta perspectiva deformada aparece como "nacionalismo" latinoamericano lo que no es más que respuesta defensiva a la expansión permanente y tenaz de los países del Norte capitalista, a su super nacionalismo, particularmente el de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, es interesante observar cómo a esa misma actitud colonial no le sorprende ni escandaliza la histórica aberración que suponen relaciones como la habida entre los Estados Unidos y sus vecinos. Claro está, ¿cómo no va a incomodar que Calvo viera en la soberanía "la facultad que tiene (un estado) de darse una constitución, la de establecer sus leyes, etc., sin la intervención de una nación extranjera"?. ¿Cómo no iba a parecer "extrema" su concepción de la soberanía? Es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido con Cuba desde el comienzo mismo. En 1826 el Secretario de Estado Henry Clay impidió que el Libertador Simón Bolívar llevara la guerra de independencia a la isla. La independencia respecto de España - no respecto de los Estados Unidos- vino, como se sabe, hace sólo un siglo, en 1898, pero no fue una real independencia, como también se sabe. Recuérdese lo que ocurrió con la primer constitución cubana. No fue, como quería razonablemente Calvo, el fruto de la facultad de darse normas sin la intervención de un estado extranjero. Más bien, todo lo contrario. Recuérdese lo que fue la Enmienda Platt. Fue una mutilación a la primera constitución cubana. Pero no introducida por el poder constituyente cubano o el poder reformador de la constitución del país. No, la enmienda a la constitución cubana fue impuesta por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Elihu Root, pero lleva el nombre del senador Orville H. Platt, de Connecticut, presidente del comité del senado para las relaciones con Cuba. Temerosos de una acción directa sobre la isla, por la fuerte resistencia que ofrecería el pueblo cubano - igual que tres cuartos de siglo después -, los norteamericanos eligieron un camino de presión indirecta. En 1901 a través de una cláusula adicional a la Army Appropiation Act, una suerte de ley de adjudicación de fondos presupuestarios al ejército. Consistía en requerir de la clase política cubana introducir en la constitución ciertas restricciones enumeradas en esa ley. Precisamente estas: 1) no permitir que otra potencia pudiera ejercer ningún tipo de control sobre la isla; 2) no incurrir el Estado cubano en un endeudamiento demasiado grande, bajo la amenaza de una intervención, obviamente de los Estados Unidos; 3) aceptar la venta o alquiler de lugares en la isla para establecimientos navales y carboníferos de los Estados Unidos; 4) Libre facultad de los Estados Unidos para intervenir en la isla con el objeto preservar el orden y mantener la independencia.
Esta última cláusula era particularmente odiosa para el pueblo cubano. Después del retiro de las tropas norteamericanas en mayo 1202, la Enmienda Platt fue incorporada al tratado de 1903. Fue usada como excusa para las intervenciones de 1906-1909, y de 1917-1923, esta última durante los años presidenciales de Woodrow Wilson, supuesto idealista en la política exterior respecto de Europa pero implacable intervencionista en Méjico, el Caribe y América Central. La enmienda sirvió en muchas otras ocasiones para vehiculizar el ejercicio de presión sobre la política interna de Cuba. Recién en 1934, como parte de la "Política del Buen Vecino" del Presidente Franklin Delano Roosevelt - interpretada festivamente por los nacionalistas mejicanos como "Ellos son los vecinos y nosotros somos los buenos"- el tratado firmado el 29 de mayo acabó con esas disposiciones opresivas y groseramente colonialistas.
Volvamos a la deuda externa. Curiosamente, Calvo cita con justificado beneplácito una decisión del gobierno de Washington de 1868, según la cual se formó una comisión para examinar las reclamaciones pecuniarias formuladas por ciudadanos norteamericanos y extranjeros en razón de pérdidas o actos de desapropiación sufridos durante la guerra civil, por hechos obrados por las autoridades federales. Esta comisión era soberana, es decir que sus decisiones no eran susceptibles de apelación, pero debían sujetarse a una regla rígida: no solamente no debían admitir ninguna intervención diplomática en favor de los reclamantes extranjeros sino que, además, el sólo hecho de esa intervención diplomática obligaba ipso facto a rechazar sin más análisis el reclamo en cuestión. Es fácil imaginar el escándalo internacional que se hubiera desatado si en un examen pormenorizado de cada una de las obligaciones externas un país latinoamericano hubiera obrado del mismo modo. Porque en este contexto, debe recordarse que las obligaciones inherentes a la llamada deuda externa no son otra cosa que diversas obligaciones creadas supuestamente en favor de un acreedor privado -un banco generalmente- lo cual de ningún modo autoriza la intervención de gobiernos y diplomáticos extranjeros. Sin embargo, hemos visto en estos años a funcionarios que van desde jefes de Estado a embajadores, pasando por toda suerte de secretarios y ministros, participar de la gestión de cobro de los intereses de la deuda externa, como si ésta fuera una obligación entre Estados, beneficiándose asi los acreedores-con cómplice aquiescencia de los Estados supuestamente deudores- con un formidable respaldo estatal de las grandes potencias. Es como si el Dux de Venecia se hubiera puesto entera y entusiastamente del lado del implacable Shylock.
La grave ausencia de Sampay
Estaba bajo la impresión de aquel párrafo que traduje al principio, cuando fui invitado a participar, en la honrosa compañía de los hermanos Felipe y Alberto González Arzac de un homenajea Arturo Sampav en Radio Nacional.(3). No pude, obviamente, evitar la asociación de Carlos Calvo con quien fue nuestro eminente amigo. Me pareció ineludible porque Sampay, que fue un excepcional jurista, tal vez el mayor de la Argentina en el campo del derecho público generosidad. Y por efecto de esta virtud estaba siempre inclinado a destacar los valores ajenos. Como todo espíritu realmente grande practicaba el ejercicio de la admiración. Y por eso se empeñaba en exaltar esa tradición jurídica argentina protectora de lo que el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, que Sampay presidió, ha dado en llamar con acierto el desarrollo autónomo, concepto del cual Carlos Calvo fue, sin duda, el fundador.
En el notable discurso con que Sampay me ofreció el primer premio "General Enrique Mosconi"(4), por mi actividad jurisdiccional desplegada en el proceso SWIFT-DELTEC", puso de resalto los grandes hitos de esa tradición: Bernardo de Irigoyen, Nicolás Matienzo, Carlos Saavedra Lamas, Benito Nazar Anchorena. Esto ocurrió en 1972. Tres lustros después aquellas referencias históricas resultan aun más pertinentes, como más lamentable y públicamente dolorosa la ausencia de Sampay. Más que antes, acaso, nos es hoy necesario el maestro. Porque en esta penúltima d‚cada del siglo todos los principios de convivencia jurídica han sufrido gravísimo ocaso: el principio de no intervención pisoteado en Nicaragua, a pesar de la valiosa sentencia de la Corte internacional de Justicia de La Haya condenando a los Estados Unidos; el principio de la igualdad jurídica de los Estados, hecho irrisión en Panamá ; la violencia unilateral de los poderosos -transformada en regla universal de acción, como en la ocupación de Granada; la respuesta a la violencia extraestatal o criptoestatal mediante la violencia abiertamente estatal, en el bombardeo de Tripoli y de Túnez, o el hundimiento del buque de Greenpeace en Nueva Zelandia por terroristas estatales franceses. Y, finalmente, el escándalo de la deuda externa.
Con razón, el articulista de "The New York Review of Books" relaciona a los juristas latinoamericanos con este asunto. Era de ellos de quienes debía venir la luz. La presencia de Sampay hubiera sido inapreciable.
La Experiencia Vivida
Había en Carlos Calvo una experiencia vivida que fecundaba la labor teórica. La militancia intelectual contra los poderosos de su tiempo no era simple postura intelectual sino praxis experimentada muy profundamente. Para Calvo su contratación por el gobierno paraguayo para reclamar contra los ingleses, fue una experiencia marcante. Conviene tal vez recordarle al lector las circunstancias.
Un tal Canstatt, uruguayo que a veces sacaba a relucir un pasaporte británico, resultó comprometido en una conspiración -tal vez instigada por la potencia hegemónica de la época- para matar al presidente López, en la segunda mitad de la década de los años '50 del siglo XIX. Al ser preso, el cónsul británico exigió su libertad por la sola razón de su condición de súbdito de la Reina Victoria. Aunque con gran condescendencia el gobierno de Asunción se prestó a discutir el asunto, nunca admitió la torpe pretensión que implicaba sujetar el ejercicio del poder jurisdiccional, la acción de sus tribunales, clara emanación de la soberanía, a una reclamación diplomática. El cónsul Henderson no sólo no desistió de su peregrina exigencia sino que, como protesta, abandonó el Paraguay rompiendo las relaciones bilaterales.
En 1959, el hijo del presidente López, el general Francisco Solano López, se disponía retornar de Buenos Aires a Asunción luego de haber mediado entre los gobiernos de la Confederación (Urquiza) y del Estado independiente de Buenos Aires (Mitre). Al salir de la rada el buque paraguayo que lo transportaba, fue interceptado por los navíos ingleses que lo obligaron a volver a puerto. Interpelado Sir Stephen Lushington, el comandante de la flota británica en el Plata, alegó como razón de su agresión el rechazo de los paraguayos al requerimiento de poner en libertad al presunto conspirador Canstatt.
El gobierno de Asunción contrató entonces a Carlos Calvo y lo envió a Londres como ministro en misión especial en busca de reparación. Una vez en su destino, no consiguió ser recibido por Lord Russell, el abuelo de Bertrand Russell, entonces primer ministro de la reina Victoria. Apenas pudo hablar con un subsecretario del Foreign Office y sólo para oír que el gobierno imperial se rehusaba a toda negociación mientras el Paraguay no aceptara la exigencia del cónsul Henderson. A partir de este momento empieza una titánica -más bien una davídica- tarea de Calvo haciendo converger sobre el gobierno de Londres las opiniones y las convicciones de los grandes juristas y de los mas eminentes hombres públicos de la poca -tanto de las islas como el continente-, un inmenso esfuerzo de presión intelectual, de prestigio y respetabilidad internacionales, que terminó dando sus frutos. En 1962 se firmó en Asunción, en la sede del gobierno ofendido, un tratado en el cual la altiva Albión afirmaba no haber querido arrogarse el derecho a intervenir en la jurisdicción del Paraguay y que Lushington había obrado bajo su exclusiva responsabilidad, siendo sus actos extra¤os al gobierno de S.M. británica. Después de esto, Calvo se quedó en Europa y en la décadas siguientes se convirtió en uno de los internacionalistas más eminentes del siglo XIX, miembro fundador del Instituto de Derecho Internacional y correspondiente del Academia de Ciencias Morales y Políticas del Instituto de Francia.
Tanto por su contratación como diplomático jurista por una nación hermana como por su vocación intelectual integradora, Carlos Calvo fue un hombre de la América antes española, como le gustaba decir a Alberdi. Nuestro subcontinente era entonces -transcurrían entonces las largas décadas del imperio de la reina Victoria- el único tercer mundo visible. Calvo, estaría hoy convencido, además, de la procedencia no sólo de la integración iberoamericana sino también de la incorporación de nuestros países a lo que fue el orden mayor del movimiento de los países no alineados, torpemente abandonado en los años internacionalmente luctuosos de la gestión del Ministro Di Tella en el gobierno del señor Menem en la Argentina; y hoy al esfuerzo internacional por reducir la dependencia a un centro hegemónico sin freno y, como algunos emperadores romano, de legibus solutus, liberados de las normas, fuera del derecho, más aun, ofensor habitual del derecho de gentes, promitente y ejecutor de guerras internacionales contra la decisión mayoritaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, protector implícito de genocidios como el de Timor Oriental durante décadas, entre otros.
De hecho, en una etapa en que se agudizaba, según designio imperial, la balcanización de la América antes española y se iban acusando y haciendo irreversibles las diferencias nacionales de la Patria Grande, Calvo hizo caso omiso de esas diferencias y produjo libros totalizadores: "Colección Histórica y Completa de los Tratados, Convenciones, Capitulaciones, Armisticios, Cuestiones de Límites y Otros Aspectos Diplomáticos de todos los Estados comprendidos entre el Golfo de Méjico y el Cabo de Hornos, desde el año 1493 hasta nuestros Días" (1862, 11 volúmenes); "Anales de la Revolución de la América latina desde 1808 hasta el Reconocimiento por los estados europeos de la Independencia de ese vasto Continente" (1864/1867, 5 volúmenes; y "Una Página de Derecho Internacional, o la América del Sud ante la ciencia del derecho de Gentes moderno" (1862).
Tiene, pues, clara pertinencia recordar hoy, a propósito de la deuda externa como condicionante de los infortunios contemporáneos, la vocación iberoamericana de Calvo. Porque una de las grandes claudicaciones que los pueblos han sufrido de sus gobernantes ha sido la de no atreverse a unir fuerzas y enfrentar juntamente la presión de los acreedores externos. Unirse en un CARTEL o CLUB de deudores, a imagen y semejanza de lo que hacen los acreedores con el apoyo adicional del FMI y de los grandes Estados capitalistas, hubiera sido emparejar fuerzas y esto no era precisamente lo querido por los dominadores externos ni lo que se les permitía desear a nuestros pobres, patéticos gobernantes de los años 80 y 90. Estos han sido y son titulares, como, ésta vez con verdad, dice el cliché periodístico: titulares, portadores de un título, meros tenedores formales de un poder que les está permitido ejercer en los niveles subalternos de la "politique politicienne", de la pequeña lucha por el poder entre aspirantes a cargos, beneficios, ventajas, entre caudillejos y logreros electorales, pero de ningún modo en las grandes instancias de las que depende el bien colectivo, como ésta de la deuda externa.
Hacia 1984 y 1985, la Argentina, el Brasil y Méjico unidos pudieron haber puesto en vilo al sistema financiero internacional y pudieron haber usado el formidable poder de sus deudas dudosamente exigibles para imponer de una buena vez un nuevo orden económico internacional que en esos años no terminaba de salir del ámbito de la retórica burocrática, y que de haber salido no hubiera estado lejos de las expectativas del Wall Street Journal.
Pero, por si esto fuera poco, hemos tenido que soportar en los años 80 el espectáculo entristecedor de aquellas reiteradas proclamaciones en el sentido de que tal o cual reunión para considerar el endeudamiento externo, de ningún modo implicaba formar aquellos cartel o club recién mentados: no fuera que los dominadores externos pudieran interpretar esos inocuos actos rituales de turismo oficial y diplomático como genuina defensa del interés colectivo. No sólo era preciso, parecía, reconocer a través del pago de los servicios financieros una deuda con fuerte presunción de ilicitud o inexigibilidad; también los gobiernos claudicantes se sentían obligados a convencer a los acreedores y a sus protectores de que no íbamos a ser defendidos del mismo modo, con la misma fuerza plural, con la misma solidaridad, con que ellos tutelaban sus créditos meramente presuntos. La tragedia de la deuda externa también, desde esta perspectiva, significó un grave retroceso en la integración latinoamericana real y no retórica.
La Deuda, asunto Jurídico
Durante todos estos años ha habido -salvo algunas excepciones- una marginación sugestiva de lo jurídico en el tratamiento y discusión de la deuda externa. Sugestivo sin duda porque el tema de la deuda es, por definición, materia jurídica. La relación entre deudor y acreedor, la exigibilidad o la falta de exigibilidad de lo que se pretende adeudado, la legitimidad de los medios para compeler al deudor al pago de la obligación, son todos puntos excluyentemente jurídicos.
Excepto alguna referencia oratoria, en la Argentina del candidato presidencial victorioso en 1983, rápidamente silenciadas y contradichas en 1984 por el ministro Bernardo Grinspun que empezó a pagar el servicio de la deuda suprimiendo de cuajo todo el decisivo hemisferio de la legitimidad-, ha habido una sistemática exclusión de la consideración jurídica. Ello corresponde claramente a la, no por disimulada menos evidente, vocación pagadora -rígidamente pagadora- de la deuda externa, que es uno de los rasgos definitorios del modelo de democracia dependiente o condicionada practicado en esta década en la Argentina, el Brasil y el Uruguay para la transición desde las dictaduras militares.
Esa consideración jurídica era esencial, como se dijo, y debió desplegarse por lo menos en tres direcciones.
La primera concierne a los países que contrajeron la deuda pública o convirtieron perversamente en pública la deuda privada durante el imperio de esas dictaduras militares. El Estado es una persona jurídica; como tal, sólo puede y debe responder por los actos y hechos obrados por sus órganos legítimos de dirección y administración. Durante las dictaduras, fruto de los habituales golpes de Estado, estos órganos son violenta e ilegítimamente ocupados por un usurpador que no tiene otro título para gobernar que uno de naturaleza delictual. Para los argentinos esto es ahora jurídicamente indiscutible luego de la valiosa sentencia de la Cámara Federal de la Capital relativo al procesamiento por el delito de rebeldía de los responsables de la dictadura de 1976/83.
Ahora bien, si los órganos de dirección y administración de la persona jurídica del Estado no son los legítimos sino que están ocupados por unos violentos reemplazantes coactivos y delictuales, está claro que éstos no pueden obrar de un modo que comprometa la responsabilidad y el patrimonio de la referida persona jurídica objeto de la usurpación delictual. Asumir como propias las obligaciones contraídas por los ocupantes delictuales del poder estatal no es en modo alguna una obligación emergente de la continuidad del Estado -porque precisamente el delito de rebelión consumado exitosamente, implica una clarísima interrupción de esa continuidad- sino un regalo, un don gratuito que se hace a los acreedores. Haberlo asumido así, no sólo es un inmenso daño económico, con atroces repercusiones sociales, como ya se ha visto, sino un estímulo a la alegre cooperación del "big business" financiero internacional con los militares que no cejaron es sus afanes golpistas, vividos en la Argentina, en el Uruguay y en el Brasil en los años 80, y por la humillada debilidad de los gobernantes civiles frente a la renovada presión castrense, visible en el proceso constituyente del Brasil, en la sanción de la ley de impunidad en las cámaras legislativas uruguayas y en las inverecundias del "punto final" y la "obediencia debida" que se otorgó a los militares bajo los efectos de los sucesos de Semana Santa de 1987.
Aunque no mediara dictadura militar, una segunda dirección se irradia en el sentido de la inmoralidad del conjunto de las obligaciones conocido como deuda externa. El propio presidente electo de 1983, en marzo de 1984, cuando parecía operar todavía bajo el estado de gracia, reconocía a la televisión italiana que la deuda había sido contraída perversamente, no para estimular sino para frustrar el desarrollo del país. Después de cuatro meses en el ejercicio de la jefatura administrativa de la Nación, contaba entonces con toda la información técnica de los departamentos pertinentes del Poder Ejecutivo y era razonable que aquélla fuera la conclusión luego del examen del asunto desde una perspectiva que suponía el mejor conocimiento posible de todos los aspectos implicados. Por lo demás, esa convicción presidencial era claramente coincidente con los dictados del sentido común: ¿cómo no va a ser ilícita la causa de una obligación contraída por un deudor que no tenía capacidad objetiva, no ya para devolver el capital, sino para doblar los intereses sin detrimento de su subsistencia o sin renovado endeudamiento? ¿Cómo no inferir que hay colusión dolosa entre deudor fraudulento y acreedor fraudulento cuando el prestamista, de ordinario tan restrictivo, tan prudente y medroso, se lanza a prestar sumas ingentes a quien verosímilmente no tiene ingresos que permitan la devolución del préstamo y el sólo pago de los intereses compromete seriamente su existencia? La desproporción entre el monto de la deuda y la incapacidad de pago del deudor es el mejor y más elocuente elemento probatorio de la falta de seriedad - es decir de veracidad, de autenticidad, de legitimidad en suma - en la concertación de esas obligaciones descomunales y absurdas. Surgía así la aplicación del principio general del derecho que en la Argentina está ínsito en el articulo 504 del código civil, reflejo de la disposición paralela del Código Napoleón, según el cual son inexistentes las obligaciones que reconocen una causa ilícita.
Shylock, Campeón de la Sacralidad de los Contratos
El tercer radio tiene este otro sentido. Aun si las obligaciones externas no hubieran sido contraídas por quien no podía obligar al Estado nacional, aun si las obligaciones no fueran causalmente fraudulentas como se infiere de la desproporción entre lo prestado y la capacidad de devolución, aun así correspondería otra decisiva impugnación. Se trata de la prioridad ontológica y axiológica de la persona del deudor, su subsistencia y desarrollo, sobre las consecuencias de sus propios actos, incluso aquellos que hacen emerger el principio pacta sunt servanda, es decir el compromiso de cumplir los contratos. es curioso que los anglosajones, que frecuentemente en estos temas, se llenan la boca con the sanctity of contracts, la sacralidad de los contratos, como ocurre en el párrafo de The New York Review of Books, traducido al principio de la unidad temática Nor. 4, no adviertan que un gran monumento de la literatura anglosajona y universal, THE MERCHANT OF VENICE, la comedia shakespeareana, es el documento que reduce al absurdo y pone en ridículo esa sacralidad cuando se la invoca y se la quiere hacer prevalecer sobre la integridad de la persona humana. Como el lector recuerda, el abusivo Shylock consigue que el préstamo del deudor sea asegurado con una libra de carne humana. Portia, una juez prudente, detiene la brutal pulsión de la avaricia: se podría ejecutar la garantía si ni una sola gota de sangre de más, si ni un punto más que una libra de carne se puede sacar del cuerpo del garante. Sorprende cómo no advierten los anglosajones - y con ellos sus mimé‚ticos colonizados, los vernáculos entusiastas del pago implacable de la deuda externa-, que la trama del El Mercader de Venecia guarda rigurosa analogía con el endeudamiento del tercer mundo: en ambos casos se trata de la pugna entre la subsistencia de las personas humanas en niveles de vida tolerables y el cumplimiento rígido de un contrato contraído en abuso del derecho. La pugna obviamente debe resolverse, como la hace Shakespeare concluir en el caso del malvado Shylock, desplazando la pretensión del acreedor, que abusivamente no se interesa por la prevalencia y subsistencia de la condición humana en el deudor o en su garante.
4. La Deuda Externa, Carlos Calvo y Luis María Drago
Recordar a Carlos Calvo y a Luis María Drago, en forma conjunta, en este contexto, no es un ejercicio de vanidad erudita.
El bienestar general de los pueblos y aun los aspectos económicos de los derechos humanos, o los que son condicionados por la macro economía, están de tal modo influidos por el asunto de la deuda externa, que conviene insistir sobre estos grandes compatriotas que en otra época enfrentaron un desafío análogo y lo resolvieron audazmente.
Este recurso a la historia pretende mostrar que había, con otros hombres, con otros temperamentos e imaginación políticas, con otra profundidad de cultura jurídica, la posibilidad de otra forma, otro estilo, otra garra, otro nivel de grandeza, para atacar el problema.
Tres años antes de morir, en el ocaso de su vida, a lo largo de 1903, Carlos Calvo prestó una contribución específica en el asunto de la deuda externa. Producida la agresión británico-germana contra Venezuela por el incumplimiento del pago de los servicios de obligaciones externas, el ministro de relaciones exteriores de la Argentina, expuso el 29 de diciembre de 1902 la doctrina que hoy lleva su nombre, la Doctrina Drago, declarando inadmisible en la América ibérica el cobro compulsivo de la deuda pública.
Calvo era en ese tiempo el jefe de la misión de nuestro país ante el gobierno de Francia. Tradujo la nota de Drago y la hizo circular entre los internacionalistas más eminentes de la Europa de entonces, requiriéndoles el apoyo intelectual necesario a la consolidación de lo que es hoy uno de elementos más honrosos de la tradición jurídica e internacional de los argentinos.
Repetía al final de su carrera - de la que como San Pablo podía decirse Calvo boum certamen certavi, he peleado la buena pelea- lo que había hecho al llegar a Londres por primera vez a comienzos de los años 60 del siglo pasado. Ahora contando con el enorme respeto de sus congéneres de las universidades europeas y sobre todo con el de sus antiguos colegas del Instituto de Derecho Internacional. Los destinatarios de la carta circular eran Fréderic Passy, miembro de Instituto y Presidente de la Sociedad francesa para el Arbitraje entre las Naciones; F. Moynier, presidente de la Cruz Roja y miembro honorario del nombrado Instituto de Derecho Internacional; J. Westlake, consejero real, profesor en Cambridge y miembro del Instituto de derecho Internacional; L.V. Bar, "consejero íntimo", profesor de la universidad de Göttingen y miembro del Instituto de derecho Internacional; Manuel Torres Campos, miembro del Instituto de Derecho Internacional, delegado de España a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y profesor en Granada; Feraud-Giraud, miembro honorario del Instituto de derecho Internacional y presidente honorario de la Corte de Casación de Francia; André Weiss, miembro del Instituto de Derecho Internacional y profesor de la Sorbona; J.E. Holland, consejero real, profesor en Oxford y miembro del Instituto de derecho Internacional; K. Olivecrona, asociado extranjero al Instituto de Francia, miembro honorario de la Corte Suprema de Suecia y miembro honorario del Instituto de Derecho Internacional; F.M. Asser, consejero de Estado, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y miembro del Instituto de Derecho Internacional; Francis Charmes, miembro del Instituto de Francia; y finalmente Pasquale Fiore, profesor de la universidad de Nápoles y también miembro del Instituto de Derecho Internacional.
Aunque ministro plenipotenciario ante el Quai d' Orsay, Calvo se dirigió a sus colegas invocando su condición -sin duda mucho más prestigiosa que la de funcionario público- de miembro asociado del Instituto de Francia y de miembro fundador del Instituto de derecho Internacional. Escribió en su papel personal de cartas con la indicación de su domicilio en el número 87 de la Avenida Kléber. La mayoría de las respuestas se encabezaron con la expresión "Monsieur et eminent collegue" o "Monsieur et cher Confrere" lo cual destacaba su eminencia individual antes que su función burocrática. Como ocurre no frecuentemente, el hombre elevaba con su prestigio el cargo diplomático; no al revés, según es usual.
Al acercarse al final de su vida Calvo se proponía una vasta operación de influencia intelectual, de autoridad moral, de fuerza y efecto de los principios. Un cometido no fácil también éste, porque como se infiere de la respuesta algo reticente del profesor Westlake, el punto planteado por Drago -una derivación de la doctrina Calvo, en realidad- distaba de ser un lugar común para los europeos. Más bien lesionaba intereses económicos evidentes y suscitaba algunas reservas. En general, empero, las respuestas fueron altamente satisfactorias y coincidentes con la posición argentina. Sin embargo, más que esta conformidad mayoritaria, lo más profundamente fructuoso, acaso, de la operación emprendida por Calvo, fueron dos largas respuestas, equivalentes a sendas monografías, las de Féraud-Giraud y la de Pasquale Fiori, que de algún modo servían para compensar la brevedad y la falta de elaboración doctrinaria de la nota del ministro Drago. Las dos constituyen importantes sustentáculos intelectuales de la postura argentina, formulados por quienes sólo tenían un interés puramente académico en la cuestión, junto a una alta autoridad jurídica y universitaria.
La Doctrina Drago presenta hoy una excepcional significación frente a los problemas del endeudamiento externo. Se dirá - creo que con superficialidad- que en 1902 lo que la provocaba era un cobro compulsivo a través de la violencia militar, una recaudación armada de los servicios financieros impagos, y que ahora no hay tal. Es una imperfecta observación en realidad, porque lo que ataca la Doctrina Drago es la presión ejercida contra un Estado soberano por causa de la falta de pago de la deuda. La acción militar, el bloqueo, el bombardeo de puertos, la ocupación territorial, sólo son especies del género que es la presión, la interferencia, la injerencia.
Está claro que la Doctrina Drago condena cualquier presión. Así surge del texto de la nota del 29 de diciembre de 1902. En ella Drago le encomendaba a García Merou que tratara de obtener de los norteamericanos la consagración del principio según el cual no debe haber expansión territorial ni presión ejercida sobre los pueblos del continente por el solo hecho de una desdichada situación financiera que obliga a una de las partes a diferir el cumplimiento de sus obligaciones".
Por otra parte, gracias a Calvo, la posición argentina es robustecida por la opinión del profesor Pasquale Fiore quien afirmaba literalmente: "Si se debe considerar la ingerencia como un atentado a los derechos de la soberanía interna, aun con el objeto de proteger los intereses de los nacionales, con mayor razón se debe considerar ilegítima la intervención." Enlazaba Fiore en esta afirmación la doctrina Calvo con la nueva doctrina argentina de Luis María Drago.
Así pues la mera ingerencia de un estado extranjero en punto al pago de la deuda externa de otro Estado resulta inaceptable. No tiene entonces legitimidad que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, o el ministro de Finanzas de Finanzas de Francia, hagan de la deuda externa argentina un tema de las relaciones bilaterales con la Argentina, cuando de lo que se trata es del cobro de los servicios supuestamente debidos a los prestamistas de una y otra nacionalidad. Es una interferencia en una relación que empieza y acaba entre el Estado presuntamente deudor y el prestamista presuntamente acreedor. Esa relación no puede alterarse con la indebida y desequilibrante presencia de un tercer término, otro Estado soberano, para el cual aquel vínculo crediticio debe ser rigurosa res inter alios acta, cosa obrada entre otros.
Por otra parte, tanto Drago como Féraud-Giraud y Pasquale Fiore, destacan algo que en la Argentina y en los otros pases del continente se ha estado eludiendo interesadamente. Y es la peculiarísima entidad jurídica del presunto deudor. El Estado nacional en virtud de su fin, el bien público o bien común, tiene un rango superior al de cualquier otra persona en el ámbito de la sociedad humana. esta superioridad deriva, como acaba de decirse, de la índole de su finalidad, que está constituida por el bien más alto, el bien supremo, el que desplaza y subordina a todos los otros bienes en la comunidad. El servicio del público, el servicio a la totalidad de los ciudadanos, al común de la población, no es equiparable, pues, a ningún fin particular por respetable que parezca, mucho menos aun a los lucros privados de las sociedades comerciales prestamistas, es decir los bancos.
Dicho de otro modo, en la deuda pública hay una esencial desnivel. Acreedor y deudor no están en el mismo plano, no tienen la misma entidad ni las mismas potestades. De aquí deriva algo que se ha tratado de disimular todos estos años. El Estado es una entidad soberana, y una de las condiciones propias de toda soberanía reside en que ningún procedimiento ejecutorio puede ser iniciado ni cumplido contra ella, porque éstos comprometerían su existencia misma y harían desaparecer la independencia y la acción del gobierno respectivo, como bien decía la nota firmada por Drago.
En la Argentina de nuestros días se ha estado obrando -sobre todo en los años 80- como si en cualquier momento pudiéramos haber sido ejecutados, como si estuviéramos al borde de un colapso al que nos empuja un imaginario ujier internacional. Se ha sacrificado toda la perspectiva del desarrollo económico autónomo, toda la independencia y la acción de gobierno, todos los contenidos económicos del bien común, todos los contenidos económicos de los derechos humanos, a un dogma que el presidente de la Cámara de Diputados entre 1984 y 1987, característico vocero del régimen transicional, expresó alguna vez con una desenvuelta y agresiva perentoriedad, que difícilmente hubieran osado emplear los abogados de los acreedores: la deuda se paga sí o sí.
En virtud de su condición de soberano, el Estado tiene la "facultad de elegir el modo y el tiempo de efectuar el pago", como dice textualmente Drago, y debió ser recordado con ahínco en estos tiempos. Esta conclusión decisiva, que forma parte de una doctrina internacional que confiere orgullo a la Argentina, y cuyos gobernantes tienen el deber de mantener y acrecentar, ha sido marginada por los gobernantes transicionales, a causa de una compulsión pagadora, rasgo inherente al modelo o esquema de transición que se aceptó mansamente. Si no fuera por eso, la tal compulsión pagadora sugiere a veces dudas acerca de quienes son realmente sus representados, si el pueblo víctima de esa premura de quienes son sus representados en obrar, o los mismos acreedores a los que curiosamente se les ha ahorrado todo esfuerzo en el cobro.
Esta conclusión decisiva recibió apoyo adicional de Féraud-Giraud. Este recordaba que en la mayoría de los Estados, las acciones de los habitantes contra sus gobiernos están sometidas a reglas excepcionales y restrictivas que tienen por objeto no trabar la marcha de los servicios públicos, preguntándose enseguida "¿Cómo sería posible, aceptando en principio la justicia de esta excepción, no aplicarla a las personas que ligan voluntariamente sus intereses a las eventualidades a correr por un gobierno extranjero y permitirles trabar la acción pública de ese gobierno por la proyección de intereses privados?". Pasquale Fiori afirma algo que parece escrito para estos tiempos en que se ha declinado alegremente el poder soberano y se tolera, como si nada, el "monitoreo" de las economías de los Estados dependientes por el Fondo Monetario Internacional, esa superestructura que se arroga una suerte de super soberanía, como dice Chomsky un gobierno de facto del mundo, y aun con menos razón -cuesta abajo en la rodada de la abdicación de la soberanía -la ingerencia de embajadores extranjeros... hasta en la liquidación de un banco privado local, sociedad anónima argentina. Dice así Fiore: "Considero la ingerencia de un gobierno en la administración pública de un estado extranjero como un atentado al derecho de soberanía interna, y reconozco pues como ilegítima toda acción de un gobierno que, con el objeto de proteger los intereses de los particulares tendiera a establecer un control, en cualquier forma que fuere, sobre los actos de administración de un Estado extranjero".
Drago subraya otro aspecto, sobre el que abundan algunos de los juristas requeridos por Calvo y que tiene pertinencia ahora en nuestros días. El prestamista es, por definición, un calculador de riesgo, alguien que mide, por rigurosa imposición de su comercio, también vetusta pero más temible y exitosa que la emblemáticamente más antigua, las eventuales dificultades para recobrar el principal y los intereses. Para ello evalúa los recursos del deudor, los compromisos adquiridos por éste con otros prestamistas y todas las circunstancias complementarias que permiten pesar y graduar las condiciones de los préstamos futuros. Entre éstas circunstancias está la de tratarse, en el caso de los Estados, de un deudor inejecutable, de un sujeto de derecho con cualidad de soberano, al que no se podrían aplicar presiones de modo alguno. Como escribe Laurent, citado por Féraud-Giraud en su respuesta a Calvo: "Los que tratan con un Estado extranjero se someten a las lentitudes administrativas y, si tienen lugar, a las dificultades financiera de los Estados con el que tratan".
Estas consideraciones son dignas de recordar porque, como se sabe, uno de los ángulos de la cuestionable legitimidad de la deuda contraída durante la dictadura militar surge de la increíble y sospechosa imprudencia, aparente imprudencia tal vez, con que han actuado los banqueros o prestamistas, lo cual sugiere una colusión dolosa entre tomadores y prestamistas. Finalmente, hay otro punto de excepcional relieve práctico para la cuestión de la deuda externa, tal cual se plantea en la Argentina transicional. Aparece en la respuesta del citado Féraud-Giraud y es una cita del profesor Frantz Despagnet, a quien mencionaba en el contexto de la inejecutabilidad de las obligaciones contraídas por los Estados soberanos:"El Estado deudor se reserva siempre, en tales casos, en virtud de su derecho de conservación y de los principios que rigen su derecho público, un beneficio de competencia en el sentido romano de la expresión, es decir la facultad de no pagar sino en la medida en que su situación financiera lo permitan hacerlo".
Un inteligente jurista, el Dr. Pedro F. Soria Ojeda lo propuso en los años 80 sin obtener, obviamente, ningún eco en el medio oficial. El beneficio de competencia, supuesta la legitimidad de una parte de la deuda externa, era de rigurosa procedencia en nuestro caso, desde que es el medio jurídico que mejor vehiculiza la prioridad ontológica y axiológica del deudor sobre sus compromisos, la prioridad del principio de la intangibilidad de la persona humana sobre el subordinado principio pacta sunt servanda, esto es la obligación de cumplir lo pactado.
El beneficio de competencia es parte del derecho argentino. Esta incluido en nuestro código civil. Le está dedicado el capitulo IX de la sección I, del libro II, de este cuerpo normativo, que lo define como aquel que se concede a ciertos deudores, para no obligárseles a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna. Que se haya ignorado también lo relativo a este beneficio muestra hasta qué‚ punto los gobernantes de esta etapa transicional se han sentido rígida, obsesivamente atados a esa compulsión pagadora, elemento clave del esquema de tránsito de la dictadura militar a la democracia limitada o condicionada.
5. Una caracterización del Crecimiento sin Justicia
En 1997 los superiores jesuitas reunidos en Méjico, produjeron este documento que refleja el estado de la cuestión hacia el fin de siglo. Se trata de aseveraciones, desde luego, estrictamente aplicables a la situación argentina. Lo difundió entre nosotros la revista REALIDAD ECONOMICA, en su número de abril y mayo de 1997.
Tiene elocuencia porque describe los fenómenos socio-económicos desde una perspectiva lejana de lo político y de lo ideológico, con una suerte de visión, a la vez ingenua y desprejuiciada. Es interesante observar como aquí también privatizaciones y deuda externa aparece como elementos del cuadro desolador de la economía latinoamericana, condicionante de gravísima penuria colectiva.
"Nosotros, Superiores Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe, dice el documento, respondiendo a la llamada de la 34 Congregación General a profundizar en nuestra misión del servicio de la fe y la promoción de la justicia, queremos compartir con todos aquellos que participan de la misión apostólica de la Compañía de Jesús en nuestro continente y con todas las personas preocupadas y comprometidas con la suerte de nuestro pueblo, especialmente con los más pobres, algunas reflexiones sobre el neoliberalismo y sus efectos en nuestros países.
"Nos resistimos a aceptar tranquilamente que las medidas económicas aplicadas durante los últimos años en todos los países de América Latina y el Caribe sean la única manera posible de orientar la economía y que el empobrecimiento de millones de latinoamericanos sean el costo irremediable de un futuro crecimiento.
"Detrás de estas medidas económicas subyace una cultura, una concepción de la persona humana y una estrategia política que es necesario discernir, teniendo ante los ojos los modelos de la sociedad a la que aspiramos y por la cual trabajamos, unidos a tantos hombres y mujeres que son movidos por la esperanza de vivir y dejar a las generaciones futuras una sociedad más humana y más justa.
"Las consideraciones que presentamos no pretenden ser un análisis científico de una asunto complejo que debe ser estudiado desde muchas disciplinas. Exponemos solamente los criterios más importantes que mueven al neoliberalismo y describimos algunas lineas fundamentales del tipo de sociedad que anhelamos. Al compartir estas reflexiones nos mueve ante todo una preocupación de orden ético y religioso.
"Estamos convencidos de que los comportamientos económicos y políticos a los que nos referimos reflejan, en el ámbito de lo público, las limitaciones y contravalores de una cultura que se funda sobre una determinada concepción de la persona y de la sociedad humana ajena al ideal cristiano.
"En el umbral del siglo XXI, las comunicaciones nos unen estrechamente, la tecnología abre para nosotros nuevas posibilidades de conocimiento y creatividad y los mercados penetran en todos los espacios sociales. En contraste con la década pasada, la economía de la mayoría de nuestros países ha vuelto a crecer.
"Este crecimiento material, que podría abrir esperanzas para todos, deja sin embargo a multitudes en la pobreza, sin posibilidad de participar en la construcción de un destino común; amenaza la identidad cultural de nuestros pueblos y destruye los recursos naturales. Se calcula que en América Latina y el Caribe hay por lo menos 180 millones de personas que viven en la pobreza y 80 millones que sobreviven en la miseria.
"Las dinámicas económicas que producen estos efectos perversos tienden a convertirse en ideologías que absolutizan determinados conceptos como el del mercado, por ejemplo, que de instrumento útil y necesario para elevar y mejorar la oferta y reducir los precios, pasa a ser el medio, el método y aun el fin que rige las relaciones entre los seres humanos.
"Para lograr esto se difunde en el continente la aplicación de medidas conocidas como 'neoliberales'.
"Sus características más notorias son las siguientes:
"- Estas medidas consideran el crecimiento económico (y no la plenitud de todos los seres humanos en armonía con la creación) como la razón de ser de la economía.
"- Restringen la intervención del Estado, despojándolo de su responsabilidad de asegurar los bienes mínimos que todo ciudadano se merece en cuanto persona.
"- Eliminan los programas de creación de oportunidades para todos, sustituyéndolos por apoyos eventuales a grupos determinados.
"- Privatizan las empresas públicas con el criterio de que el Estado es casi siempre un mal administrador.
"- Abren sin restricciones las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros, dejando al mismo tiempo sin la debida protección a los productores más pequeños y débiles.
"- No aplican el adecuado tratamiento al problema de la deuda externa, cuyo pago obliga a recortar drásticamente la inversión social.
"- Reducen la complejidad de la gestión de la hacienda pública a las tareas de ajustes de variables macroeconómicas tales como equilibrar el presupuesto fiscal, reducir la inflación y estabilizar la balanza de pagos, pretendiendo que con ello se asegura el bien común, pero sin atender los nuevos problemas de la población que emergen de tales ajustes y han de ser atendidos simultáneamente por el Estado.
"- Suponen que estos ajustes producen un crecimiento que, al llegar a ser voluminoso, eleva los niveles de ingreso y resuelven como por rebalse la situación de los más desfavorecidos.
"- Para promover la inversión privada, eliminan los obstáculos que podrían significar las legislaciones que protegen a los trabajadores.
"- Liberan a grupos poderosos de cargas impositivas y de las obligaciones con el medio ambiente y los protegen para acelerar el proceso de industrialización, provocando así una concentración todavía mayor de la riqueza y del poder económico.
"- Ponen la actividad política al servicio de este tipo de economía denominada `libre', cayendo muchas veces en la paradoja de quitar, por una parte, toda traba al ejercicio del libre mercado, mientras imponen, por otra, controles políticos sociales a la libre contratación de mano de obra.
"- Debemos reconocer que estas medidas de ajuste han dado resultados innegables: los mecanismos de mercado han contribuido a elevar la oferta de bienes de mejor calidad y precios; se ha logrado reducir la inflación en todo el continente; se ha liberado a los gobiernos de tareas que no les competen, para que puedan dedicarse mejor, si quieren, al bien común; se ha generalizado una conciencia de austeridad fiscal que permite utilizar mejor los recursos públicos y se han estrechado las relaciones comerciales entre nuestras naciones.
"- No obstante, estos elementos positivos resultan insuficientes para compensar los inmensos desequilibrios y perturbaciones que causan el neoliberalismo y se manifiestan en la multiplicación de masas urbanas sin trabajo o de grupos humanos que subsisten en empleos inestables y poco productivos; las quiebras de miles de pequeñas y medianas empresas; la destrucción y desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas; la expansión del narcotráfico, principalmente en aquellos sectores rurales cuyos productos tradicionales quedan fuera de la competencia; la desaparición de la seguridad alimentaria; el aumento de la criminalidad, ocasionada no pocas veces por el hambre; la desestabilización de las economías nacionales a consecuencia de los flujos libres de la especulación internacional; los desajustes de las comunidades locales a consecuencia de los proyectos de las multinacionales que prescinden de los pobladores.
"Como consecuencia de todo ello, al lado de un crecimiento económico moderado, vemos cómo aumenta en casi todos nuestros países el malestar social en forma de protestas ciudadanas y huelgas; cómo vuelve a tomar fuerza en algunas regiones la lucha armada que nada soluciona, y cómo aumenta, en fin, el rechazo general a esta forma de orientar el proceso económico que, lejos de proteger el bien común, potencia las causas tradicionales de descontento popular: la desigualdad, la miseria, y la corrupción.
"La lógica del sistema económico llamado neoliberal esconde toda una concepción del ser humano que reduce la grandeza del hombre y de la mujer a la capacidad de generar ingresos monetarios; exacerba el egoísmo y el ansia de ganar y poseer; induce fácilmente a atentar contra la integridad de la creación y, en muchos casos, desata la codicia, la corrupción y la violencia. Al generalizarse entre los grupos sociales, destruye radicalmente la comunidad.
"Se impone así un orden de valores que establece el primado de la libertad individual como medio para poder acceder a todo tipo de satisfacciones y placeres considerados legítimos irrestrictamente, como la droga y el erotismo. Esta libertad, que rechaza cualquier interferencia del Estado en la iniciativa privada, se opone a los planes sociales, desconoce la virtud de solidaridad y acepta únicamente las leyes del mercado.
"A través del proceso de globalización de la economía, esta manera de comprender a la persona humana penetra en nuestros países, transmitiendo contenidos simbólicos con gran capacidad de seducción. Gracias al dominio sobre los medios de comunicación, rompen las raíces de la identidad de las culturas locales que no cuentan con poder suficiente para comunicar sus propios mensajes.
"Con frecuencia, los dirigentes de nuestras sociedades, aliados a estos movimientos de globalización e imbuídos de la aceptación indiscriminada de las razones del mercado, viven como extranjeros en sus propios países. Sin dialogar con el pueblo, lo consideran un obstáculo y un peligro para sus intereses y no como un hermano, compañero o socio.
"Por lo general, esta concepción considera normal el que nazcan o mueran en la miseria millones de hombres y mujeres de nuestro continente, incapaces de generar ingresos para poder adquirir una calidad de vida más humana. Por eso también los gobiernos y las sociedades no experimentan el escándalo del hambre y la desesperanza que padecen multitudes de personas, ni reaccionan frente a la incertidumbre y perplejidad que sienten nuestros pueblos frente a quienes usan, sin pensar en los demás, los recursos de la sociedad y de la naturaleza.
6. Privatizaciones y Desguace del Patrimonio Colectivo
Observa con sagacidad Hector Valle, el economista director de Fides, que la deuda externa se ha mostrado muy funcional con respecto a la implantación de un régimen de política económica como el que tenemos ahora y que hubiera resultado imposible el proceso de privatizaciones de no actuar la deuda externa como poderoso elemento de coacción (24)
Me parece que existe una muy precisa corroboración de ese aserto en una pequeña investigación que se puede practicar sobre la fase final del gobierno de 1983-1988.
Privatizaciones y desguace del patrimonio colectivo.
Uno de los rasgos de esta ideología neoliberal es el dogma de las privatizaciones, como lo han expresado los Superiores Jesuitas. Las privatizaciones como imperativo absoluto, sin discusión, sin reflexión, sin discriminaciones, sin discernimiento acerca de qué bienes colectivos conviene -por su peculiar índole, por su peculiar funcionamiento, por el peculiar ámbito de la economía en que se encuentra- transferir a la actividad privada. Privatizaciones, sin más, a cualquier precio, de cualquier modo, cualesquiera sean las consecuencias, cualesquiera sean los efectos y costos sociales, y su impacto sobre el bien común.
Los Precedentes Inmediatos del desguace.
Rastrear los orígenes del desguace (25) inferido en estos años al Estado nacional impone un examen que exige ir muy atrás en la historia contemporánea de la Argentina. Quien se concentra, en cambio, en la etapa más reciente advierte un punto de inflexión ocurrido hacia 1987.
Ya marzo de 1984 el ministro de Economía, se adelanto a pagar una cuota de intereses de la deuda externa, con aparatoso, y no menos sospechoso auxilio, instrumentado por su similar mejicano. Se convalidaba así de hecho la existencia y legitimidad de esos supuestos compromisos internacionales, en su mayor parte adquiridos irregularmente por la dictadura militar. Se renunciaba de tal modo a un estudio crítico de esa deuda, tan necesitada de una cuidadosa verificación de créditos. También se declinaba el cuestionamiento básico de la capacidad jurídica de los usurpadores del poder público para contraerla, lo cual tiene ingentes consecuencias para el futuro democrático del país.
Fue, sin embargo, hacia el segundo semestre de 1987 cuando el gobierno radical optó resueltamente por el rumbo económico que aquella fatídica decisión prefiguraba. En e Nro.80 de REALIDAD ECONOMICA, correspondiente al primer bimestre de 1988, Alfredo Eric Calcagno anticipaba el futuro de este modo: "La intención de vender una parte de las acciones de Aerolíneas Argentinas a SAS es un acto político y económico de trascendencia, no solo por lo que significaba en sí, sino porque podría ser el ejemplo a aplicar en todo el sector público rentable (o en ciertas actividades específicas dentro de las empresas públicas)." Las soluciones que se proponen para Aerolíneas, como las que se plantearan en el futuro para otras empresas del Estado y las que se practican con la deuda externa son coherentes con el modelo neoliberal...La disyuntiva que se plantea en el caso de Aerolíneas Argentinas no es de forma ni de oportunidad sino de fondo y se refiere al proyecto nacional deseado. Solo el pueblo argentino debe determinar el modelo económico global en que vivir. Mientras tanto no sería legítimo adoptar subrepticiamente el modelo liberal y embarcarse en una política de enajenación del patrimonio nacional." (26)
Lúcidamente advertía Calcagno que se estaba abriendo el camino a la ruinosa privatización de la línea aérea, ocurrida unos años más tarde, y como bien se sabe, uno de los actos más sospechosamente indecentes de la etapa Menem, y en todo caso una privatización, aunque ya lejana en el tiempo, no por eso menos destructiva, deplorable y digna de ser minuciosamente investigada.
Ese punto de inflexión no podía sino exteriorizarse en el campo petrolero. En el número siguiente de esa revista, Edgardo Murguía, en una nota titulada "Lapeña, Terragno y la Realidad Energética Argentina", señalaba las discrepancias que determinaron el 1ro. de marzo de l988 la renuncia del Ing. Lapeña, Secretario de Energía, con el ministro de Obras y Servicios Públicos, y se interrogaba así: "Por qué causa insiste en aplicar el ministro Terragno la entrega de nuevas áreas o yacimientos de YPF en explotación, en el marco del plan Olivos II, siguiendo lo realizado por Martínez de Hoz, sin que se justifique por razón económica alguna?..¿Cómo es posible que se utilice un argumento tan elemental como el de indicar que YPF no tiene recursos para invertir en la explotación de sus yacimientos pero tiene dinero para pagar las contrataciones a un precio mayor?." (27)
No sorprende así que en el Nro.82 de idéntica publicación bajo el titulo:"El Pragmatismo y la Pérdida de la Identidad Económica Nacional", Mario E. Burkun escribiera:"...el Estado regulador se encuentra atacado desde el exterior por el discurso ideológico privatizador, en boga dentro de la conciencia social de la crisis, y desde lo interno por la inescrupulosidad y escepticismo de los propios responsables de la toma de decisiones en la política económica...la incidencia de la apertura y de las privatizaciones dejará una impronta de largo plazo en la forma de acumulación del capital en nuestra sociedad, muy difícil de transformar, incluso con un cambio de timón en la política económica" (28)
7. El Increíble Decreto 1842/87
En ese contexto, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Argentina en el gobierno nacido en diciembre de 1983, y actual ministro coordinador en el gobierno de la Rúa, Rodolfo Terragno, produjo uno de los actos más drásticos y mas notables en el en el camino de lo que algunos han dado en llamar el desguace del sector público. Es un notable precedente, anuncio y de algún modo elemento preparador de la furiosa ola privatizadora que barrería el sector público en los años 90 durante la administración del Presidente Menem. Se trata del decreto que con el número del epígrafe se presentó como "Desmonopolización de Servicios Públicos Prestados por Empresas Estatales", con la firma de su autor, el ministro Rodolfo Terragno, quien lo había propuesto al Poder Ejecutivo, y la del presidente Alfonsín y el ministro Sourrouille. Lleva fecha del 19 de noviembre de 1987 (29). Sus motivaciones no son otras que las derivadas de ese discurso ideológico privatizador, recién mentado, expresadas con el ufano dogmatismo y la retahíla de clichés y lugares comunes que los "entertainers" de la televisión, los sedicentes comunicadores de la industria del entretenimiento, habían ido imponiendo machaconamente a la conciencia colectiva en los años antecedentes.
A propósito de los entertainers de televisión, tiene sentido evocar aquí un debate en el que el asunto de los derechos humanos se entrelazó con el de los condicionamientos económicos del bienestar colectivo. Por esos años se discutía en la Cámara de Diputados de la Nación la ley de Obediencia Debida, una de las claudicaciones del mismo gobierno frente al poder militar. El diputado democratacristiano, Carlos Auyero, luego de describir el vaciamiento, dispendio y malversación de las energías colectivas democráticas que había implicado la cancelación, por el gobierno, de la movilización popular para ahogar el conato golpista de la Semana Santa de 1987, decía en el recinto:
"Lo único que a veces estamos defendiendo es la rutina democrática, muy importante por cierto...pero -¡cuidado con no quedarnos solo con las rutinas formales!- Yo mismo vi la gente que estuvo en la puerta 8 de Campo de Mayo defendiendo la libertad y la democracia: provenían de barrios carenciados. Ante la ejemplaridad de ese pueblo gritando por la libertad - que quizás es el único bien que le va quedando- tengamos cuidado, pues corremos el riesgo de que se vuelque a la desesperanza y a la incredulidad. Por ello es que tengo la firme convicción de que en la política argentina debemos marcar trazos gruesos que incorporen a la democracia que vivimos los necesarios elementos transformadores, pues con mera rutina formal corremos el riesgo de que se llegue al cansancio de una rutina democrática que no da solución a los problemas de fondo del país. Me preocupa que el Secretario Brodershon hace poco haya dicho en los Estados Unidos a banqueros que lamentaba que ellos no votaran, porque así habría un mayor apoyo para la acción de gobierno. Deploro que haya funcionarios del gobierno que rindan tal pleitesía, del mismo modo que periodistas como Neustadt y Grondona exalten las privatizaciones como una forma de liquidar el eje central que custodia que el país no sea dependiente (Aplausos). Alguien me dirá que he perdido la oportunidad de ir al programa "Tiempo Nuevo": no me interesa ni me importa, y además casi nunca me han invitado. No alcanzo a comprender que con sonrisas estos hombres justifiquen ahora la obediencia debida, amnistías, las privatizaciones y las pretendidas políticas de independencia. Debemos tener presente que lo hacen desde un canal del Estado. Yo defendería la libertad de Neustadt y Grondona a decir lo que quieran donde quieran, pero lo que se me ocurre impensable es que les brindemos el canal estatal para que lo hagan, pues están volcando sobre la sociedad mensajes debilitadores".
Dicho sea incidentalmente, el Dr. Carlos Auyero murió en 1997 en un canal de televisión, sosteniendo las mismas ideas que expuso en el debate de 1986, cuando el periodista mentado en segundo término se había separado del primero de ellos, creando otro programa, del que participaba Auyero, orientado a un sector un poco menos basto del mercado mediático, con un rumbo, si no progresista, al menos neutro, que suponía no seguir insistiendo en "el discurso ideológico privatizador", según la caracterización de Mario E. Burkun.
Volviendo al decreto irrisoriamente "desmonopolizador", uno de los considerandos, exhibe una nítida fuerza sugestiva del trasfondo con que había sido concebido ese audaz plan privatizador. Vease:
"Que el régimen de capitalización de la deuda externa ofrece una valiosa herramienta para la canalización de nuevas inversiones en el sector de los servicios y bienes destinados al público".
Como se aprecia con facilidad, se intentaba introducir en el vasto campo del sector público a unos proveedores y productores de bienes y servicios que podían solo aportar como "nuevas inversiones" la capitalización de la deuda pública externa. En otros términos, meros títulos, nada nuevos en lo substancial, que de un modo u otro pagaría el Estado argentino, so pretexto de una deuda cuya existencia y legitimidad desde 1984 se había estado impidiendo discutir y verificar. Se podría así privatizar con clara inexistencia de otras "nuevas inversiones" que no fueran los propios recursos nacionales bajo la forma de deuda capitalizada.
Por lo demás, interesa observar, ya en noviembre de 1987, la mutua implicancia que se intentaba crear entre deuda externa y privatizaciones, motivandose recíprocamente. Porque debemos mucho, debemos privatizar; privaticemos nomás, que la deuda externa paga.
El régimen abarcaba todas las empresas y entes públicos que a la época correspondían al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, es decir prácticamente casi todo el sector público de la economía lo cual indica la importancia singular de este plan que en los hechos significaba la intención de transformar por decreto lo substancial de la economía pública.
Privatizaciones "por Arrebato" (30)
El artículo 4to constituye la norma crucial del curioso decreto. Por su virtud el Estado transfiere a los particulares la iniciativa de las privatizaciones. Tanto la selección de los servicios a privatizar, como el tiempo y el orden en que hacerlo, como la naturaleza jurídica del vínculo que uniría al nuevo prestador o proveedor con el Estado y con los usuarios, como asimismo el ritmo y las precisas modalidades operativas de esta irrupción privada, en tropel, sobre la economía pública, quedaba totalmente librado a los aleatorios, y no pocas veces abusivos, impulsos lucrosos de los particulares interesados.
Esto así, sin otra cosa, desde la vereda del bien común, que la pasividad de la autoridad, cuyo rol, como se verá, era meramente receptivo y ceñido a condiciones extremadamente difíciles en cuanto a poder objetar o responder.
Les bastaba a los particulares proponer lo que se les ocurriera y sobre lo que se les ocurriera y cuando se les ocurriera, para poner en acción unos mecanismos de insólita dificultad para el Estado.
Ante la amplia facultad de los particulares, para elegir ad libitum y para notificar su intención de hacerse cargo de un servicio público o de una provisión de bienes hasta el momento realizada por un ente público, v‚ase lo poco? que le cabía a la autoridad estatal: "Si dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación por parte de un interesado, la Secretaría correspondiente no se opusiera, con expresión de fundamentos, el interesado quedara autorizado de pleno derecho, sin necesidad de acto alguno de autoridad competente, a producir o proveer los bienes o prestar los servicios sobre los cuales haya versado la notificación".
Notable indefensión en la que se proponía colocar al Estado nacional. Conocidas las debilidades de una administración, erosionada por gobernantes deslumbrados por la actividad privada y con funcionarios frecuentemente escépticos sobre el rol del poder público en los aspectos económicos del bien común, unos y otros duramente acorralados por el catecismo anti-estatal del circo mediático, unos y otros víctimas del mensaje debilitador del discurso ideológico privatizador, que invocaban Auyero y Burkun, parece claramente imprudente se le exigiera oponerse, con expresión de fundamentos, lo cual incluye dictámenes y estudios técnicos, en solo 30 días. En ese lapso, en efecto, debían realizarse los estudios técnicos, obtenerse los dictámenes de los órganos permanentes de asesoramiento, según lo reclama la ley de procedimientos administrativos, y luego dictar un acto de oposición que tuviera una convincente razonabilidad capaz de persuadir al juez contencioso-administrativo al que previsiblemente recurriría el postulante privatizador. Nótese que a éste se le ha concedido todo el tiempo que le pareció útil y conveniente para articular su proyecto, y para urdir toda la parafernalia tecnocrática, con estudios de consultorías, análisis y cálculos. Mientras que al Estado, para oponerse con eficacia y rigor, se lo encierra en mezquinos 30 días de actividad de una administración frecuentemente desarmada y trabajada desde adentro por ocultas complacencias, y acaso, no excepcionalmente, por aliados internos de aquel postulante, sobre todo en estos tiempos tan decididamente "desmonopolizadores" al uso monopólico.
Notable e insólita indefensión, sin duda alguna, porque cuando el Estado es demandado ante los tribunales el código procesal le concede 60 días para contestar las demandas, a diferencia de los particulares que tienen solo 15 días. Por complejo que sea un litigio es siempre incomparablemente más simple que la entera cuestión de la transferencia de un servicio público. Pretender que el Estado pueda oponerse con dictámenes, estudios y fundamentos a un proyecto privatizador en la mitad del tiempo que tiene para contestar las demandas judiciales, es algo que suscita la más grande perplejidad, para decirlo con benignidad.
8. La Falta de Licitación Pública
Este plan privatizador incluía la incorporación de los particulares a las redes troncales de los servicios públicos, lo cual comprendía la electricidad, la telefonía, todas las comunicaciones, redes viales y ferroviarias, los sistemas de radio y televisión a la sazón en medida considerable en manos estatales. Lo que excluía, muy asombrosamente, era el recaudo mínimo de moralidad y de claridad administrativa que importa la licitación pública.
En estos casos, no el proyecto privatizador, sino su síntesis, debía ser publicada por cinco días en un diario de amplia circulación a nivel nacional, concepto este último dudoso dado el escasísimo número de personas que leen diarios de Buenos Aires en muchas zonas del interior susceptibles de ser hondamente afectadas por la propuesta. La publicación en diarios locales se preveía sólo para los proyectos limitados a una provincia o localidad. Pero más increíble que esto es lo dispuesto por el articulo 5to. Solo en los casos de incorporación de la empresas privada a redes troncales u otros servicios prestados por empresas o sociedades de estado, permite que estas entidades, u otro particular, puedan manifestar oposición. Adviertanse dos cosas muy graves. En primer lugar que la posibilidad de oponerse a otras personas privadas se otorga sólo en los casos de incorporación a servicios troncales o coordinación con servicios preexistentes. Si no hay redes troncales de por medio o coordinación con otros servicios, los particulares, entre ellos otras empresas privadas potencialmente competidoras, no tienen ni la posibilidad de enterarse y menos aun la de oponerse al plan privatizador, ya que el requisito de la publicidad por cinco días de esa síntesis del proyecto esta confinada, como se dijo, solo a los casos de incorporación en redes troncales o coordinación de servicios. Lo segundo es que en ningún caso estas personas privadas pueden competir o concurrir con propuestas alternativas, o con precios inferiores en iguales condiciones de prestación o previsión. Porque oponerse -lo cual cabe sólo en esos supuestos troncales o de coordinación entre servicios - no es ni competir ni concurrir. Dicho más brevemente, este régimen de transferencia de los servicios públicos y empresas estatales pretendía realizarse con la entera y cabal desaparición de la licitación pública: no sólo arrebato de los bienes públicos sino arrebato con alto grado de clandestinidad, o por lo menos invisibilidad o turbiedad, y obviamente con clara tendencia a la creación de monopolios privados.
Curioso neoliberalismo éste que, cuando se trata de desguazar el sector público de la economía se olvida de la libre competencia, ínsita en la noción de licitación pública. No menos singular es que uno de los considerandos culpe a los monopolios estatales de la gravísima situación que se quería corregir. De lo cual se impone colegir algo que surge del espíritu de éste esperpéntico régimen privatizador y de las convicciones neoliberales que lo nutren: la conducta monopólica sólo es condenable cuando es ejercida por el Estado, no por las concentraciones de poder económico privado.
Desde luego que todo esto se amplificaría notablemente en el gobierno de Carlos Saúl Menem, pero estaba potencialmente ya en la administración radical.
Sería injusto, sin embargo, no reconocer que a la amplificación aludida se le sumaba en el menemismo, algo que no estaba, al menos a ese grado, en el gobierno precedente y, es de esperar, en el que le sigue: una vocación, aparentemente entrañable, tal vez compulsiva, por la falta de diafanidad, una inclinación hacia las fronteras de la ilicitud que han denunciado un ex ministro del Interior y un ex ministro de Economía del mismo gobierno, con la fuerza de convicción emergente de las posiciones que ambos ex ministros han tenido en el centro del poder con cuya corrupción han tenido trato y convivencia. La consiguiente carencia de seguridad jurídica, junto a la manipulación notoria de un sector de la justicia federal de la Capital, es algo sin precedentes que agravó notoriamente la situación social en la Argentina de los años 90.
Pero queda también muy en claro que este antecedente, como otros, constituyen, de hecho, a ese proyecto privatizador, y importa ahora subrayarlo, en el anuncio de una versión social-demócrata del neoliberalismo, en una "gauche imaginaire" (31), como denuncian respecto del gobierno socialista de Jospin dos periodistas, uno de Le Monde, y el otro de Liberation, en un libro reciente con ese título. Esto último, el neoliberalismo es lo principal; la social-democracia es lo accesorio, un débil edulcorante, una vana cosmética, cuando no un enmascaramiento. Y no es bueno que nadie pueda llamarse a engaño sobre el particular. Sobre todo porque el control, examen y revisión de las privatizaciones debería ser uno de los aspectos centrales del nuevo gobierno nacional iniciado a fines de 1999. No podrán evitar los gobernantes ese reclamo colectivo, me parece, ni con esfuerzos de armonías partidocráticas ni con afanes de adaptación ideológica imaginados como precio por el acceso al poder. Porque inevitablemente en el plano de los servicios públicos se interseca la solidaridad social, rigurosa exigencia de este tiempo, motor del desarrollo humano, con la economía, la modernización y la eficiencia.
9. Empobrecimiento y Retroceso
Lo dicho por los superiores jesuitas tiene curiosa confirmación en las páginas de un diario que ciertamente no podría ser acusado de complaciente con los reclamos populares latinoamericanos. Se trata de una perspectiva y de una actitud bien diferente, pero el dato del retroceso y del empobrecimiento es el mismo.
El día 20 de julio de 1997 en la parte editorial del NEW YORK TIMES, en el EDITORIAL NOTEBOOK, hay una nota de sugestiva ironía con el título de "El Mundo resucita al Che pero la Izquierda Latina prefiere a Helmuth Kohl". La firma Tina Rosenberg. Dice que treinta años después de su asesinato en las montañas bolivianas Ernesto Guevara ha capturado la imaginación pública de una manera que él nunca intentó. Y que tres biografías y varios films sobre el Che aparecerían ese año. El icono del Che con barba y boina domina discos compactos, cervezas, relojes Swatch, skis, vestidos de diseñadores y una multitud de otros productos no tradicionalmente asociados al Comunismo internacional. Unos cientistas, dice, han ahora encontrado su cuerpo, entre siete esqueletos en un pozo, en Bolivia, y lo han llevado a Cuba.
En Europa y en los Estados Unidos, agrega, Rosenberg, la imagen del Che debe su atracción comercial a la ausencia de contenido político. Los "yuppies" que nunca hubieran usado la imagen del Che sobre su remera cuando esto hubiera podido ser tomado en serio, lo encuentran ahora irónico y "kitsch". La autora cree que la política del Che se ha ido hace mucho. Los antiguos revolucionarios izquierdistas, añade con un tono burlón, están ahora más cerca del capitalismo a la europea que de cualquier cosa que el Che hubiera predicado.
"En Colombia, Venezuela, Guatemala y El Salvador, para nombrar unos pocos países, la guerrilla -dice- han bajado de la montaña para fundar partidos políticos reformistas, algunos de los cuales no son distinguibles de la competencia. Los Sandinistas en Nicaragua participaron en la elección del último año con una plataforma de libre mercado. En la Argentina y el Uruguay, los sobrevivientes de los grupos de guerrillas diezmados por los escuadrones de la muerte sustentan ahora movimientos políticos social-demócratas. Todos estos grupos propugnan lo que Jorge Castañeda, un politólogo mejicano, llama 'capitalismo renano' - el Estado de bienestar, los fuertes sindicatos obreros y la alta carga impositiva de la Alemania de hoy."
Y agrega luego: "Desde los años 90 tanto izquierda como derecha en América Latina han convergido hacia un objetivo que los revolucionarios otrora descalificaban despectivamente como democracia burguesa".
Enseguida viene este párrafo final que justifica tal vez, a manera de antecedente, las transcripciones anteriores, de otro modo algo gratuitas: "Ese objetivo no esta todavía a la vista. Mientras las soluciones de la izquierda han cambiado, medidos de muchas maneras los problemas son hoy peores hoy día que cuando el Che Guevara murió. Aunque los pobres forman un porcentaje menor de la población de la América Latina, hay 50 millones más latinoamericanos viviendo en la pobreza que en 1965. El salario mínimo de Méjico, ganado por 17 millones de personas, compra una cuarta parte de lo que compraba 20 años antes. Todo lo que los europeos occidentales gozan -un salario apto para vivir, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, escuelas y hospitales- parece tan fantástico para la mayoría de los latinoamericanos como la revolución que alguna vez soñó el Che".
Más allá del ejercicio de estilo periodístico, más allá del titeo a la izquierda latinoamericana, el artículo editorial del New York Times tiene importancia, no por esas supuestas gracias formales, sino por lo que certifica en términos de empobrecimiento global y globalizado. Cambian las tendencias, las interpretaciones politológicas, el sentido de las iconografías políticas, pero el fenómeno está allí: los pobres cada vez son más y cada vez mucho más pobres. Y esto así en un marco global de crecimiento de la economía.
Aclarémoslo, crecimiento formal, aritmético o virtual, ya que no hay crecimiento real sino cuando la población en su conjunto crece.
En septiembre de 1997, la UNTAD, el principal órgano de la Asamblea de las Naciones Unidas en materia de comercio y desarrollo, produjo un informe según el cual la economía mundial sigue creciendo pero en forma muy lenta, por debajo de los niveles de la década de 1980. Agrega que las diferencias entre los países desarrollados y los subdesarrollados -eufemística y mentirosamente llamados "en desarrollo"- va en continuo aumento. En 1965, el 20 por ciento más rico de la población mundial tenía treinta veces más que el 20 por ciento más pobre. En 1990, esa diferencia se duplicó: ahora los ricos tienen 60 veces más que los pobres. A resultas de lo cual, el 20 por ciento más rico se queda con un poco más del 80 por ciento de los ingresos mundiales.
Señala también un "vaciado" de la clase media en la distribución de los ingresos en muchos países, tanto desarrollados como subdesarrollados. La clase media ha declinado en general su participación en el ingreso en favor de los sectores más ricos. El ingreso que consigue hoy la clase media es 21.1 por ciento más bajo que el de 1974. En la Argentina, según datos del INDEC, el 10 por ciento más rico pasó de poseer el 28.2 del total en 1974 al 37.1 por ciento en mayo de 1997. De ese modo, la clase media baja perdió la quinta parte de lo que recibía.
Otros rasgos de la economía mundial son éstos. El sector financiero ha ido ganando terreno sobre la industria y los rentistas superan a los inversores reales. Negociar los servicios de la deuda externa de los países en desarrollo resulta frecuentemente más provechoso que crear riqueza con inversión nueva. Asimismo, la parte de ingreso que se adjudica el capital ha aumentado en relación a la que remunera el trabajo. En cuatro de cada cinco países subdesarrollados, el salario industrial es considerablemente inferior al que existía a comienzo de los años ochenta. También destacaba que se iban extendiendo la inseguridad laboral y de ingresos. En muchos países, tanto desarrollados como subdesarrollados , la reestructuración de los negocios, la reducción del personal y el aumento global del desempleo han conducido a una caída considerable y generalizada del nivel de los salarios.
Coincidentes, y agravantes, fueron las observaciones de la CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina, órgano de las Naciones Unidas, en su "Panorama Social de América Latina 1997", según el cual la distribución del ingreso no ha mejorado en ninguno de los países, se ha incrementado la pobreza, creció la precariedad y la inseguridad laborales, se elevó el desempleo, y la mala distribución de los ingresos se mantiene y en algunos casos empeora. Todo lo cual le induce a afirmar que "la región es considerada en ámbito mundial como una de las más rezagadas en términos de equidad".
La caricatura de la izquierda latinoamericana, que hacía el regocijo de Tina Rosemberg, parece una referencia a lo que luego se conocería como "Consenso de Buenos Aires", una intención meritoria, pero tibia y poco convincente, de atenuar los rigores del neoliberalismo imperante, elaborada por el mentado Jorge Castañeda y Roberto Mangabeira Unger. El propósito ha recibido críticas fundadas del chileno José‚ Cademartori y del argentino y Julio C. Gambina, en el número 155 de REALIDAD ECONÓMICA (abril-mayo, 1998). Tiene sentido referir al lector a esas páginas clarificadoras.
10. Policías privadas, Derechos Humanos y la Muerte de José Luis Cabezas
El homicidio en enero de 1997 del fotógrafo José Luis Cabezas terminó por llamar la atención sobre los riesgos que las policías privadas, al menos algunas de ellas, suponen para los derechos humanos de la población.
Dos años antes de ese hecho perverso, con el título de "Policía y Privatización: Las Policías Privadas como menoscabo a la soberanía estatal", un joven profesor de derecho penal, Martín Lozada (32), publicó un trabajo en el que subrayaba las implicancias de la privatización de las actividades policiales.
Luego de recordar que el Estado, a través del formidable poder de legitimación que implica el orden jurídico, ha gozado siempre de la facultad de reclamar para sí el monopolio de la violencia física legítima, advertía sin embargo que "la complejidad misma de la sociedad contemporánea y los acelerados cambios en la producción de bienes y servicios, así como el progresivo aumento en el tráfico de personas y la mercantilización de los valores, hacen que de un tiempo a esta parte las técnicas de control social se despliegan hacia sectores cada vez más amplios de la población" Y ocurre así que "la función tradicional del aparato policial - en cuanto circunscripta a unos comportamientos concretos y a unas formas específicas de reacción- cubre sólo muy parcialmente las nacientes y cada vez más peligrosamente acrecentadas demandas y necesidades de control".
Agregaba que dentro del "capitalismo corporativo" se produce la introducción de nuevos intereses cuya protección y conservación requieren de otras técnicas, diferentes o al menos adicionales, de aquellas tradicionalmente empleadas por las fuerzas del Estado. Nuevas formas de ataque a través de medios informáticos, tarjetas de crédito, espionaje industrial; así como el auge de centros comerciales, restaurantes, discotecas y reas residenciales, hacen que la noción de orden público con la que opera la policía tradicional detente cierta neutralidad que resulta ciertamente ineficaz para el empresario que intenta proteger de una manera no neutral estas nuevas modalidades de la propiedad privada. Será el resguardo de ésta, entonces, el argumento pretendidamente legitimador a través del cual se justifique la intervención de la policía privada, en tanto derecho del propietario a disponer los medios adecuados para su protección y conservación . Un criterio de distinción entre control público y privado puede fundarse, por un lado, en quien promueve y presta el servicio; y por otro, en el tipo de tareas que estos específicamente desarrollan. Los medios privados de control social provienen generalmente de corporaciones e intereses no públicos que operan en ámbitos restringidos y ajenos a la escala masiva de las entidades gubernamentales.
Estas burocracias privadas, añade Lozada, entre las que cabe contar aquellas que trabajan en el interior de las agencias de crédito y compañías aseguradoras, suelen disponer de crecientes bases de datos y apoyo tecnológico de multinacionales extranjeras, circunstancia que las convierte en poderes de hecho que deben ser medidos según el número de personal de que disponen, pero también, de acuerdo a la energía no humana (sistemas informáticos y alta tecnología) con la que llevan adelante sus funciones.
Valiéndose a veces -continua- de la simbología de la policía pública, a través de la utilización de uniformes u otros distintivos típicos del poder público, su actividad se desarrolla en el sentido de la satisfacción de los intereses del consumidor de estos servicios, y de quien los ha instituido. Ven generalmente en ellos un mecanismo maleable, intérprete dúctil de una preocupante pseudo-legalidad privada. También responde a requerimientos económicos, y por eso adaptable a las necesidades concretas, y a la posibilidad de disponer de ellos part-time, tan sólo en períodos determinados, según necesidades coyunturales.
Las funciones generalmente desempeñadas por la seguridad privada, agrega, van desde la expulsión de inmigrantes al cobro de deudores morosos, vigilancia en el interior de las empresas, áreas públicas anexas (asumidas, de hecho, como privadas) así como la custodia de la propiedad privada sujeta al acceso público (centros comerciales, parques de diversiones, etc.), investigación de historias personales, transporte de caudales, y toda la gama de la "seguridad" personal, familiar, o de ámbito residencial. Lo cual va, desde el tradicional guardaespaldas hasta -anunciaba entonces, en agosto de 1995, el joven profesor de derecho penal-
"UN CIERTO ACTIVISMO DE POTENCIAL AGRESION CAPAZ DE ATACAR A FOTOGRAFOS O PERIODISTAS QUE SUPUESTAMENTE AMENAZAN LA INTIMIDAD DISCRECIONAL DE LOS PODEROSOS". Estas palabras parecían adquirir una resonancia trágica en 1997 a medida que se perfilaban las responsabilidades criminales en el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas.
Todo esto permite observar, decía, cómo la "seguridad", transformada en servicio sujeto a la oferta y a la demanda, adquiere notables dimensiones de la mano de las campañas, masivas y mediáticas, destinadas a enfatizar la ineficacia de la policía tradicional y, consecuentemente, la inoperancia de la administración de justicia en su conjunto.
En sociedades donde se estimulan desproporcionadamente la compra y venta de bienes y servicios, no resulta extraño que las demandas de seguridad y control aumenten respondiendo ingenuamente a la idea según la cual, comprando guardias y horas de control, le seguirán como consecuencia necesaria menos comportamientos potencialmente peligrosos. Esta circunstancia, nos coloca, por lo demás, dice, frente a la posibilidad ominosa de estar en el inicio mismo de un período en el que la justicia de clase (grandes empresas oligopólicas, propietarios acumulativos) no sea ya un fenómeno disimulado, y contrarrestado por las garantías jurídico-penales, sino una realidad abierta, deliberada explícita.
Los riesgos que estos mecanismos de coerción privada suponen no son pocos, según Martín Lozada. Traen aparejados un control más intrusivo en la vida de los ciudadanos a través de medios tecnológicamente avanzados sin necesidad alguna de autorización judicial, afectando, claro está, los derechos subjetivos de los particulares.
Esta alteración, además de su dudosa constitucionalidad, escapa, cree este autor, a cualquier trámite desarrollado en el marco de un proceso legal y elude, consiguientemente, todas las garantías que rodean al CUANDO y COMO de la intervención policial, así como la posibilidad defensa y recurso de los administrados. A lo dicho se le suma la eventual posibilidad de que estos grupos -dotados de una poderosa infraestructura informativa, humana e instrumental- produzcan técnicas delictivas, nuevas y tecnológicamente elaboradas, que degraden aun más su difuso rol como resguardo de la seguridad y propiedad concentrada.
Y remata su estudio con un párrafo que titula "Abdicación de la Soberanía y Sacralización de la Propiedad", y en el que enfatiza el proceso por el cual el Estado aparece consintiendo la transferencia hacia sectores privados de lo que hasta hoy ha venido constituyendo su poder monopólico: la utilización de la fuerza y la coerción.
Esta transferencia es sólo una más en el marco de servicios y funciones que el Estado contemporáneo abdica bajo el pretexto de su impotencia, ineficacia y de su sempiterna "crisis fiscal". En lo que atañe al ámbito penal, también este cambio de estrategia en el poder de control se prolonga en la proyectada privatización de la justicia y la ya practicada privatización de las prisiones. Se trata, por lo tanto, de un eslabón más de aquella cadena de soluciones que pretende dar respuesta a la coyuntura por la que el Estado reformula su rol y readministra sus poderes en el actual período de crisis.
Esta redefinición conlleva modificaciones tanto en la tutela de los bienes que se intentan proteger, como en la ratificación de cuales son los intereses jurídicos a los que se le otorga mayor relevancia. Se trata, pues, de un doble proceso, consistente en elaborar nuevas técnicas de persuadir e intimidar, y simultáneamente, en determinar más categóricamente que no hay bienes jurídicos más trascendentes que aquellos que atañen a la propiedad concentrada de los sectores superiores de la sociedad.
La perdida "consentida" de soberanía estatal a la que se refiere, supone el surgimiento de riesgos para las garantías jurídico-penales de los particulares, logro no despreciable del derecho liberal burgués. Pueden sintetizarse en la falta de control jurisdiccional de que gozan estos modernos agentes privados de seguridad, su improvisación en materia reglamentaria y de actuación en detrimento de la libertad e intimidad de los ciudadanos, y en la inversión del principio de legalidad. Su multiplicación operativa es, además, aceleradísima , lo que agrava aún más el riesgo de su impunidad y su eventual constitución en poder para-policial y meta-legal.
Por último, concluye, no resulta difícil percibir que también implica la reformulación novedosa de un sector social, que agrega ahora a la calidad de propietario acumulativo ésta otra de titular de su propia policía y dispositivo de control. Corresponde a un nuevo tiempo caracterizado por la mercantilización del valor seguridad, su reducción a las implacables leyes de oferta y demanda, y su transformación, de monopolio estatal en oligopolio privados. Todo lo cual lleva implícita la capacidad del propietario acumulativo en esta etapa de capitalismo corporativo para colocarse por encima y a salvo de la legitimidad democrática tradicional.
11. Seguridad Incluyente y Polarización Social
El Obispo de San Isidro, Mons. Jorge Casaretto, llamó la atención, en un notable artículo publicado en Clarín, el 2 de marzo de 1998, sobre la necesidad de advertir que los problemas de seguridad no pueden plantearse aislados del fuerte proceso de polarización social que deja "afuera" de la sociedad y de su seguridad a un número muy importante de personas de lo sectores marginalizados del país.
"El proceso es complejo, dice Mons. Casaretto. "Corremos el peligro de estructurar un sistema de seguridad para incluidos. Es decir, los que comemos, nos vestimos, estudiamos y trabajamos. Podemos correr el riesgo de montar una seguridad 'contra' aquellos a quienes nosotros, como cuerpo social, estamos condenando a la marginación y la exclusión. Como argentinos, deberíamos sentir dolor no sólo cuando muere alguien en un asalto sino también cuando muere alguien en un acto de represión, aunque sea en sí mismo legítimo. Porque a ese agresor, al no posibilitarle educación y trabajo, como sociedad LO HEMOS IDO ACOMPAÑANDO A LA VIDA DEL VICIO, DEL ROBO Y DEL CRIMEN. Somos nosotros mismos, los que nos quejamos de la falta de seguridad, los que provocamos esta especie de autodestrucción al fomentar un sistema social injusto que produce la delincuencia".
Dice luego: "...para servir al bien, a la vida y a la verdad, pesa sobre nosotros el deber de romper este trágico círculo de inclusión - exclusión que hace que algunos nos sintamos 'adentro' y otros 'afuera' de la sociedad. Si no entendemos esto, sólo trabajaremos por una seguridad que sea sinónimo de REPRESION. Y esto a la corta o a la larga, se traduce en un círculo de polarización social que no lograr sino aumentar el crimen, el robo y la inseguridad".
Las policías privadas, como otras fórmulas simplistas de seguridad "inmediata y directa" no son sino manifestación de esa polarización social y de esa estrecha e ineficiente manera de enfocar el problema de la seguridad colectiva, con riesgo para los derechos humanos de unos y de otros.
12. Las Nuevas Formas de Esclavitud
El empobrecimiento colectivo, la marginalización y la exclusión sociales no son le son ajenas a otra violación sistemática de los derechos humanos que es la trata de personas con fines de prostitución. El episodio relativo al establecimiento de proxenetismo denominado Spartacus fue ocasión para recordar a un gran escritor argentino de la primera mitad del siglo (1).
Pocos saben que la primera obra impresa de Manuel Gálvez fue su tesis doctoral de 1905. El tema anunciaba las preocupaciones sociales, y de justicia social concretamente, que luego se reflejaría en sus novelas, desde "La Maestra Normal", de 1914, hasta "Nacha Regules", de 1917.
El título de la tesis era La Trata de Blancas. La editó la imprenta de José Tragant, de la calle Belgrano 472, de Buenos Aires.
El librito revela ya los arrestos literarios de su autor. Tiene mucha información europea sobre la materia, una circunstanciada referencia a la Conferencia de París de 1902, en la que se consolidada la posición abolicionista, de la que Gálvez naturalmente participaba, y ofrecía un proyecto de ley para la legislación argentina.
El asunto tenía entonces, como ahora, interés superior. Cuatro año antes la JEWISH ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF GIRLS AND WOMEN, con sede en Londres, había prestado atención al grave problema de Buenos Aires, que era en realidad el de América del Sud. Comisionó al rabino de Buenos Aires, Henry Joseph, para que atacara y denunciara la presencia, en la vida religiosa y comunitaria, de una entidad siniestra. Se trataba de la mafia judeo-polaca ZWI MIGDAL que había llenado los prostíbulos de la región con jóvenes de ese origen, extraídas con engaño de los ghettos más indigentes y marginalizados de Europa Oriental.
Finalmente, los neoesclavistas, fueron alcanzados por la acción de un policía excepcional, el comisario Julio L. Alsogaray y por un juez de instrucción de pareja calidad, el doctor Manuel Rodríguez Ocampo. El primero escribió en 1933 un libro, esencial hoy para la historia social argentina, "Trilogía de la Trata de Blancas", que se impone reeditar (33).
En los años 50 la Argentina aprobó el convenio sobre trata de personas y explotación de la prostitución, elaborado por las Naciones Unidas como parte de su lucha contra las nuevas formas de esclavitud.
Por efecto de este acto internacional la Argentina se comprometió a reprimir a quienes mantuvieren casas de prostitución, las administraren, o a sabiendas las sostuvieran o participaran en su financiación, y a quienes tomaran a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena. También se comprometió a derogar y a abolir toda norma relativa a reglamentación de la prostitución, lo cual suponía abandonar definitivamente el área del "reglamentarismo" y confirmar la inserción en el "abolicionismo".
Estas disposiciones nunca tuvieron implementación eficaz. Por lo demás, en el plano de la ejecución concreta los prostíbulos nunca desaparecieron del todo. Desde hace algunas décadas ha habido una fecunda floración de formas apenas disimuladas de prostitución y lenocinio. En los últimos años ese disimulo ha desaparecido. En algunos diarios, una sección publicitaria dedicada eufemísticamente a "servicios para el hombre y la mujer", proclaman a lo largo de trescientos sesenta y cinco días del año varios cientos de propuestas diarias de prostitución. Es una eclosión desmadrada del "marketing" prostibulario, a veces bajo formas pintorescas, las más veces verdaderamente esperpénticas, siempre definitivamente proxenetas.
El asunto es claro en si mismo. No tiene sentido abundar sobre estos diarios moralistas en la pagina editorial y rápidamente trasvestidos de proxenetas en las paginas de publicidad.
Lo hacen con una explicitez en la que solo falta las luces fulgurantes de los burdeles de La Habana en la época en que Cuba era sub-administrada por Fulgencio Batista por cuenta y orden de la potencia hegemónica del hemisferio.
Cada una de esas propuestas publicitarias suponen indicios vehementes de la presunta infracción a la ley que aprobó el Convenio de Naciones Unidas. No sólo no se investigan ni se obstaculizan sino que se protegen cuidadosamente, como parece obvio en el asunto Spartacus.
El caso afecta a un magistrado federal, del sector cuyos nombres se escriben, según el anterior ministro de economía, Domingo Cavallo, en servilletas de papel durante las tenidas áulicas. Lo envuelve no solo como usuario, sino tal vez, asimismo, como copropietario
El tránsito de un comisario como Alsogaray y un juez de instrucción como Rodríguez Ocampo, hasta esta policía y a estos jueces, predica sin duda una considerable degradación de la vida colectiva de los argentinos.
Los episodios recientes han producido en el circo mediático gran excitación, falsos pudores y moralidad barata: "La vrai morale se moque de la morale", decía Pascal. Esto atañe, sobre todo, al medio que los españoles con rigor conceptual llaman "caja boba". Ella se dirige por imposición del marcado a la curiosidad morbosa de un público que, en cuanto televidente, reduce su capacidad crítica a niveles próximos a la debilidad mental (34). La "caja boba", que en muchos casos también contribuye a la burdelización colectiva, está bien dispuesta a denunciarla - como si le fuera extraña- cada vez que le permita mejorar su tasa de popularidad o "rating".
Sería lamentable confundir estos hechos con el núcleo del problema profundo que emerge circunstancialmente del caso Spartacus. Los árboles frondosos de la exultación mediática no debieran ocultar el bosque compacto del gravísimo asunto que está en juego. Es el de la trata (35)de personas con fines de prostitución, en que la Nación Argentina tiene comprometida su responsabilidad internacional al haber subscripto el Convenio de Naciones Unidas.
13. La Cara Lucrosa y la Cara Humana de la Globalización
Debe también destacarse que la globalización económica supone una suerte de solidaridad universal respecto de violaciones de los derechos humanos en algunas áreas críticas del mundo.
Junto con un notorio descuido sobre las nuevas formas de esclavitud, el trabajo de menores, y condiciones de trabajo que hubieran producido vergüenza e indignación en la Europa de fines del siglo XIX, en los llamados mercados emergentes hay hoy unos vasos comunicantes del mal, una suerte de comunión de los non santos, en forma de opresión laboral. Es un efecto de la globalización, entendida como se entiende de hecho, es decir acompañada de una extrema devaluación del cuidado y vigilancia de esa parte de los derechos humanos que concierne al trabajo humano. La Oficina Internacional del Trabajo y otros órganos de Naciones Unidas est n deliberadamente puestos en una situación de falta de recursos, y colocados ante la opinión pública en una posición de antiguallas burocráticas a las que no es "serio", ni "realista" ni "eficiente" prestarles atención.
El periodista norteamericano Ted C. Fishman se coloca en el lugar de un ciudadano de su país que quiere no ser un peso para sus hijos en el futuro y desea darles una buena educación. Ahorra en uno de los innúmeros Fondos Mutuales, todos los cuales tienen acciones de compañías que explotan las condiciones ventajosas del Tercer Mundo. Se pregunta así:
"Soy consciente de las practicas laborales o ambientales de mis compañías? ¨Soy consciente de las condiciones sociales de cada país? ¨ El modelo de desarrollo está funcionando en esos lugares? ¨ Me preocupo por los progresos que se están haciendo? En una palabra, no. Es demasiado trabajo imaginar cómo los Fondos Mutuales en que he invertido, usan mi dinero; una rápida mirada a los informes anuales muestra que poseo una parte de cerca de 1.000 compañías extranjeras en una docena de países. Se sí que tengo acciones en uno de los casi quince Fondos Mutuales que tienen a su vez una porción importante en Daewoo y en Samsung. Ambas compañías, entre las más grandes del mundo, hacen o venden cualquier cosa desde semiconductores a madera y seguros. Otros grandes conglomerados coreanos, llamados CHAEBOLS, están bien representados también. Está bien. Los CHAEBOLS controlan una parte enorme de la economía de Corea, con bancos, gobierno, y corporaciones combinadas tan inextricablemente que los ajenos tienen poca posibilidad de saber cómo las influencias y las inversiones se interconectan. Para los Fondos, la mejor apuesta es comprar todo los conglomerados y bancos a la redonda, y de este modo conseguir una parte de casi todo lo que Corea está haciendo. Como inversor, pues, me hago socio de las treinta familias que controlan la economía de Corea. Esas familias están muy próximas a los ex dictadores de Corea, y nuestros lucros colectivos derivan históricamente de un flujo constante de dinero del gobierno (atraído por coimas de centenas de millones), discriminación económica contra competidores, y una policía estatal que ha apaleado a los trabajadores coreanos y puesto en vigencia condiciones de trabajo miserables. ¨Me preocupo porque estoy invirtiendo en tiranía, autoritarismo, y feudalismo trasnochado? Absolutamente. Estoy contento. ¨Qué podría ser mejor para mi estrategia de hacerme rico con Asia? Para ser perfectamente honesto, el hecho que Corea esté progresando socialmente no deja de inquietarme. Los coreanos toleran la corrupción cada vez menos hoy en día, y los obreros se organizan más libremente y ganan salarios más altos. Estos cambios cumplen las promesas del modelo de desarrollo que Wall Street, Washington, y los bancos internacionales exaltan públicamente, pero también significan que hacer negocios dentro del país es cada vez más difícil para los conglomerados coreanos, especialmente para aquellos que han construido su cuota de mercado con exportaciones baratas. Sin embargo, asimismo, habiendo los conglomerados perdido su capacidad para explotar a los trabajadores baratos, han exportado también esa habilidad.
Los funcionarios en la Oficina de Representantes del Comercio de los EE.UU., los grupos de derechos humanos, y las asociaciones obreras tiemblan cuando se les pregunta sobre las plantas industriales de Corea en el exterior, ahora expandidas en todos los confines del mundo subdesarrollado. Las prácticas en las plantas industriales en América Central y América del Sud son las mejores documentadas, aunque las fuerzas privadas de seguridad, una policía cooperante, y el alambre de púa realizan un buen trabajo para mantener a los extraños detrás de los portones. El gobierno de Corea registra cerca de doscientas fábricas coreanas en la región, aunque admite que existen muchas otras. Las más son plantas de ensamblaje para la industria del vestido; algunas ensamblan electrónicos para el consumo. Las fábricas coreanas son la mitad de la industria del vestido en Guatemala y Honduras. En las Américas, los coreanos se aprovechan de privilegios de libre comercio, salarios suciamente bajos (tanto como 11 centavos la hora), y una casi total falta de organizaciones obreras".
Agrega Fishman que el episodio a través del cual se descubrió que una "entertainer" de televisión norteamericana promovía una línea de ropa que fabricaban en Honduras chicas de trece años trabajando 20 horas por día, echa luz sobre cómo estas compañías devuelven dinero a sus accionistas: reclutan predominantemente chicas de alrededor de quince años, entregadas al trabajo en ómnibus escolares.
Son presuntamente muy buenas costureras porque están en el pico de la habilidad manual. Y son fácilmente manejables en cuanto a sus sistemas reproductivos. En algunas plantas industriales les distribuyen píldoras anticonceptivas diciéndoles que son vitaminas. Dada la atmósfera de coerción y amenaza, no es de asombrarse que los informes sobre derechos laborales denuncien también incidentes con violaciones. Así, pues, mi dinero persigue miseria humana. Aunque no sé con certeza cuales compañías que poseo conducen sus negocios de esta manera, Samsung y Daewoo tienen plantas en la América Latina, y estoy seguro que ellas, u otras coreanas que tengo, cosechan las ventajas de hacer negocios allí. He atado el futuro de mis hijos no solo a la Asia ascendente sino también a las espaldas de jóvenes mujeres trabajadoras por pocos centavos la hora. Es muy buena noticia para mi portafolio, desde que mis tenencias accionarias con inversiones en América Latina me trae la diversificación residual necesaria para ponerme en el medio de las dos tendencias más dinámicas en la economía global: la corriente hacia la cumbre de la industrialización asiática, la corriente hacia lo más hondamente deprimido en producción de baja tecnología".(A)
En abril de 1998 se informaba que en California un grupo de consumidores demandó al primer vendedor mundial de calzado deportivo, la empresa Nike, por ocultar al público el trato miserable que reciben sus trabajadores en China, Vietnam e Indonesia. Esto incluye abuso físico y sexual, exposición a productos químicos peligrosos, unas jornadas de trabajo agotadores y salarios irrisorios.
Nike emplea 22 mil trabajadores en los Estados Unidos y 450 mil en los paraísos globalizados del Asia en los que la "flexibilización" laboral es reina. Hace unos años Nike publicó para el público un código de conducta, en el que teóricamente se prohibían los abusos y en 1996 contrató a una consultora para que auditara en el sudeste asiático las condiciones de las plantas de sus subcontratistas. El informe fue negativo y Nike lo sustrajo del conocimiento público. Entre otras cosas, refería que las mujeres trabajadores padecían "un desesperado agotamiento físico y de una presión para trabajar horas extras y alcanzar las cuotas de producción". Con menos de cuatro francos mensuales, la jornada laboral es de 14 horas diarias, algo supuestamente ilegal, aun en China (B).
Las condiciones laborales de los hipermercados Wall-Mart denunciadas en la Argentina, sugieren que tampoco en el sur del continente estamos lejos de estas "flexibilizaciones" globalizadoras.
14. Poder Militar y Derechos Humanos
Del segundo de aquellos elementos del esquema transicional, la intangibilidad militar, deriva una política militar que no se atreve a enfrentar los problemas cruciales y se resiste a transformar las fuerzas armadas -frecuentemente el instrumento despótico de las oligarquías locales y de sus protectores y mentores imperialistas- en un verdadero recurso del gobierno civil.
Este inmovilismo respecto del establecimiento militar explica los sacrificios ridículos hechos en la Argentina, el Brasil y el Uruguay para proteger a los funcionarios militares de acusaciones altamente plausibles de homicidio, tortura, secuestro y robo, a través de una legislación impúdicamente dirigida a inmunizarlos contra imputaciones penales: amnistías, prescripción de sesenta días - cuando en el código penal el menor término, para los delitos apenas castigados con mera inhabilitación temporal es de un años- para crímenes contra la humanidad, la imposibilidad de acusar a quienes se considera a priori como actuando bajo obediencia debida, ignominiosos indultos o perdones a aquellos condenados o no alcanzados por las anteriores claudicaciones jurídicas, etc. En este camino, la cuestión de los derechos humanos se inmola en el altar del poder militar, el cual, después de estos ludibrios, surge doblemente reforzado.
Excluidos estos dos aspectos y cuestiones dominantes -la imposición del esquema neoliberal y el poder militar- cuyas respuestas han sido adoptadas como condiciones a priori del experimento transicional, la participación pública queda reducida a áreas menores de la política, lo cual parece a muchos, con razón tal vez, una suerte de ejercicio gratuito, o tal vez onanista, de la "politique politicienne", o política politiquera, y no, como debiera ser, el instrumento para superar los males de la dependencia y el subdesarrollo. Así el interés público y la participación colectiva disminuyen rápidamente, luego de advertir que la política aparece como un juego para cambiar (aspectos menores de la realidad) a fin de que nada (realmente importante) cambie. De la frustración de este modelo de transición los otros países del tercer mundo debieran aprender lo que debe ser evitado cuando se agotan o son expulsadas las dictaduras.
Debe advertirse la grave co-responsabilidad de los Estados Unidos en el desmadre del poder militar latinoamericano en materia de derechos humanos. Es significativo lo que refiere la revista norteamericana Harpers en su número de abril de 1997 en un artículo con éste título: "PSYCHOLOGICAL TORTURE, CIA STYLE". Contiene extractos de un manual elaborado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para uso de las fuerzas de seguridad de la América Latina en la tarea de obtener información de los prisioneros. No podemos más que aludir tan solo a ese documento repulsivo, que avergüenza transcribir y que deprime a la condición humana.
15. El reflotamiento de la "Seguridad Nacional"
Un ejemplo muy sugestivo de la debilidad del poder civil frente a la estructurar militar, luego de caer la dictadura, quedó tristemente expresado en un episodio que ocurrió hacia noviembre de 1987, antes de que transcurrieran cuatro años de la reanudación de la vida republicana.
Como si nada hubiera pasado en 1982, como si el desenfadado apoyo de los Estados Unidos a los británicos en las guerra de las Malvinas no hubiera existido, no solo se reanudó la presencia argentina en las llamadas Conferencias de Ejércitos Americanos, sino que el ejercito argentino aparecía como anfitrión de ese encuentro, localizado en Mar del Plata. No era esto lo más grave, sin embargo. Transcendió enseguida que el ejercito argentino tenía una "ponencia" muy peculiar para aportar a esa reunión. Ella evocaba ominosamente otra semejante asamblea militar, la conferencia de 1975 en Montevideo. En ésta el entonces comandante del ejército argentino, Jorge R. Videla anunció el genocidio de los años siguientes:"...si es preciso, en argentina van a morir todas las personas que sea necesario para lograr la seguridad del país".
En las semanas previas la revista "Militancia" reveló el contenido de la ponencia del ejercito argentino, teóricamente subordinado al presidente del nuevo gobierno constitucional y a su ministro de defensa. En el punto 2.A. se pronunciaba ésta confesión vocacional de terrorismo de Estado: "La doctrina militar es simétrica de la doctrina terrorista".
En el punto 5 se le anunciaba al poder civil su condición de precariedad:"La conducción civil debe mantenerse en tanto pueda conservar el control de la población; en tal caso, el sector militar actúa en apoyo del poder civil. Pero si ESTA ADMINISTRACION comienza a perderlo, PUEDER SER PREFERIBLE colocar las zonas afectadas bajo la autoridad militar. El gran peligro reside en una situación en la cual la responsabilidad superior no está establecida...".
Un grupo de abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos, formuló entonces una denuncia penal. En ese escrito se decía: " V.E. advertir los 'desplazamientos semánticos' que contiene el documento transcripto. Se contrapone, en efecto, una conducción civil a la otra militar. Esta distinción, cabe advertirlo, no tiene sostenimiento en nuestro sistema constitucional, que es decir en nuestro Estado de Derecho. No hay dos poderes, uno civil y otro militar a los que quepa recurrir alternativamente, y mucho menos que sea el sector o poder militar quien se reserve la atribución de decidir cuándo es llegado su momento de desplazar al poder civil. Además de este desplazamiento del sistema del Estado de Derecho (orden constitucional), ahora se evidencia que es la `población' - todos los habitantes de la Nación Argentina- los que deben estar bajo el control de este poder bicéfalo. Hay, por tanto, un doble dispositivo para la `normalización' de todos los habitantes del país, a modo que los sujetos controladores tengan un doble teclado para el sometimiento y la dominación: la `forma' Estado de Derecho, si la lubricación y cementamiento ideológicos funcionan; la `forma' terrorismo de Estado, si el poder civil no es suficiente para un control eficaz. Un verdadero monstruo que supera, largamente, los reconocibles en la literatura política que acompaña el proceso de establecimiento del Estado contemporáneo. La primacía del dispositivo militar -terrorismo de Estado- por sobre la del denominado `poder civil' se profundiza con el siguiente enunciado: `Cuando hayan sido superadas las fuerzas policiales y de seguridad, su utilización (la del poder militar) ser impostergable, debiendo preverse con suficiente antelación dicha fase'. En el punto siguiente del documento, 'acciones' contra la subversión, consideraciones generales, se expresa: `...dos principios que no deben vulnerarse de modo alguno en el arte de la guerra contrarrevolucionaria: restablecer un firme fundamento en las áreas política y militar antes de comenzar cualquier ofensiva en gran escala PARA ANIQUILAR A LOS REVOLUCIONARIOS, y el segundo, establecer ante todo bases estratégicas...' En el parágrafo transcripto se expresa el recupero de las voz genocida `aniquilar'. Y no `aniquilar el accionar', sino aniquilar, lisa, llana y físicamente a 'los revolucionarios' ; esto es, la 'población'. La amenaza se objetiva en su propósito y dimensión real: hay que instaurar un nuevo aniquilamiento masivo, el genocidio de otro número indeterminado de víctimas que deben ser sacrificadas para que el rito de la tercera guerra mundial prosiga su macabra reproducción. El documento se explaya en elogios a los gobiernos usurpantes, tanto de la denominada `revolución argentina' como del `proceso de reorganización nacional, para concluir que gracias a los dispositivos montados por los usurpantes no se han producido imprevisiones en el ámbito de la legislación necesaria, SINO ERRORES POLITICOS en el TRATAMIENTO FINAL del problema subversivo. Ese `tratamiento final' auspiciado por el documento muestra su claro emparentamiento con el "informe final" propalado por el cuarto segmento delictivo del proceso de reorganización nacional', y también con la consagrada impunidad que deviene impuesta tanto por la "obediencia debida" como por el "punto final" (Leyes 23.521 y 23.492)".
Pero tan importante como este resurgimiento de unos postulados tan claramente dependientes de la ideología de la seguridad nacional, y al clima de fabulación sobre la tercera guerra mundial que la administración del presidente Reagan incubaba, era algo relativo al vínculo informativo que estas conferencias suponen. Al hablar arriba de la identificación ideológica que las premisas de la seguridad nacional se dijo que importaba en la práctica colaborar, de hecho, con el enemigo.
Es hecho notorio sostenido por innumerables manifestaciones, algunas expresadas por sus propios protagonistas, que los estados Unidos y el Reino Unido profesan, cuidan, cultivan y están orgullosas de un vínculo especial, excepcional, privilegiado, y de una alianza militar entre otras cosas, superior a todo otro de la misma índole, superior incluso al que los une a los otros países de Europa Occidental en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el máximo sistema militar del que participan ambas potencias.
Esta alianza privilegiada y excepcional se refuerza, por lo demás, como también es evidente, cuando, como en la ‚poca de la conferencia de Mar del Plata, regían en el Reino Unido y en los Estados Unidos gobiernos ultra-conservadores. De ese vinculo de una calidad tan especial deriva la existencia de una suerte de relación simbiótica entre los sistemas militares de ambas potencias, lo cual muy específicamente comprende y se centraliza en una identificación casi integral de sus servicios de información e inteligencia militar.
Esta relación simbiótica entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, con su capacidad para desplazar cualquier otra asociación bilateral o multilateral, aun de naturaleza también militar, fue exhibida con intensa crudeza durante la guerra de las Malvinas, ocasión en la cual los norteamericanos, haciendo caso omiso absoluto de la alianza militar con los países de la América Latina, llamado TIAR, se alineó resueltamente con el ocupante ilegítimo de las islas, proporcionándole sus bases militares y prestándole un invalorable servicio de guía e información satelital, en todas las fases de la guerra, y particularmente en el hundimiento del crucero General Belgrano, es decir en la comisión de un crimen de guerra, tal cual quedaron perfilados en los tribunales de Nuremberg y de Tokio de 1947.
También era notorio en 1987 que la Nación Argentina mantenía entonces con el Reino Unido un estado de beligerancia que no había concluido, desde que no se había producido el cese DE JURE del conflicto bélico, como lo había exteriorizado muchas veces el Ministerio de Relaciones Exteriores. No era dudoso, pues, que el Reino Unido resultaba ser inequívocamente "enemigo", en los términos del art.103 de la constitución, 119 luego de la reforma de 1994:"La traición contra la Nación consistir únicamente en tomar las armadas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándole ayuda y socorro...". En estas condiciones mantener reuniones "informativas" con el aliado privilegiado y simbiótico del enemigo, era ofrecer información al propio Reino Unido a través de esos vasos comunicantes de su relación militar con los Estados Unidos, como se había manifestado sin disimulo en la guerra de 1982.
El único intercambio informativo relevante -y el ofrecimiento de información que es inherente a tal intercambio- en lo que a la Argentina concernían debió referirse necesariamente a las Malvinas y al conflicto existente con el Reino Unido, habida cuenta que era esa entonces, y sigue siendo ahora, la única hipótesis de conflicto real, concreto, existente que con legitimidad pueden contemplar las fuerzas armadas argentinas. Todo otro tema, o era marginal a ese, o era ficticio o imaginario, relativo a la fabulación reaganiana de la tercera guerra mundial, o correspondía al orden interno y les estaba vedado a los militares por disposiciones conocidas del Poder ejecutivo y por el consenso político mayoritario en el Congreso al tratarse la ley de defensa.
Resultaba así que reunirse INFORMATIVAMENTE, a cinco años de la guerra, con el aliado entrañable e insustituible del enemigo, creaba insoslayablemente una situación, por lo menos potencialmente muy próxima a esa "ayuda" del art.103, luego 119, de la constitución. Era altísima la posibilidad que el aliado extrañable del enemigo pusiera a disposición de aquel toda la información que obtuviera, que le transmitiera esa "ayuda" a sus planes estratégicos para el mantenimiento y retención del territorio argentino ilegítimamente ocupado por los británicos. Sostener reuniones informativas supone ofrecer información. Hacerlo a quien notoria y comprobadamente mantiene un vinculo de alianza militar con el enemigo, pone en el umbral de ayudar al enemigo y así en el umbral de provocar la traición a la Nación de que habla ese artículo de la constitución.
El gobierno constitucional fue impotente para impedir esa reunión y tamaña imprudencia.
Que, de parte de los militares, no se advirtiera la gravedad del vínculo informativo con el enemigo, a través de su aliado entrañable, muestra como seguía dominando la ideología de la seguridad nacional y la identificación ideológica con el adversario que le es inherente.
16. El Reflotamiento y los Diputados
En noviembre de 1987 un grupo de diputados de la Nación produjo un proyecto de declaración que importa recordar. Se trataba de los legisladores Miguel Monserrat, Roberto S. Digón, Jos‚ P. Aramburu, Marcelo M. Arabolaza y Olga E. Riuturt de Flores. Decían:
"El 16 de noviembre próximo será inaugurada en Mar del Plata la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA). La temática de la reunión abarcar -entre otros- las decisiones finales sobre la propuesta de Estados Unidos de Norteamérica para la creación de un Sistema Educacional Interamericano y convenios de intercambio recíprocos.
"La CEA, constituida por miembros de los ejércitos de las tres Américas lleva 27 años de permanente funcionamiento. Sin embargo, a excepción de quienes están directamente emparentados en la materia, es poco conocida por la sociedad, a pesar de la fuerte influencia que la doctrina allí elaborada ejerce sobre nuestras fuerzas armadas y las del resto de las naciones del continente.
"Estas conferencias son el ámbito de reformulación y actualización ideológica para las fuerzas terrestres inscriptas en el sistema Interamericano de Defensa que impulso EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial. El objetivo final del sistema es garantizar el control de lo que para la potencia occidental son sus reas de seguridad (Centroamérica y el Caribe) y de influencia (Sudamérica). Similares conferencias reúnen a las marinas y fuerzas aéreas americanas.
"En la Conferencia de Chile (1985), la Argentina fue designada para preparar la CEA de este año en Mar del Plata y el ejército nacional quedó a cargo de la secretaría de la misma, con la tarea de confeccionar, estudiar y compatibilizar las distintas ponencias. Dicha secretaría la ejerce el coronel Raúl Jorge Gómez Sabaini.
"El documento preparatorio, presentado a la reunión de jefes de entrenamiento y enseñanza tiene como tema:' Métodos para combatir la subversión y fundamentalmente el terrorismo en América, utilizando las experiencias tanto militares como legales en los países del mundo'.
"De la lectura de ese documento presentado por el ejército argentino se ve, que dicha ponencia no constituye más que un mero remozamiento 'democrático' de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
"Las propuestas tienden a avalar la política intervencionista que ya se expresa con la presencia de tropas norteamericanas en Bolivia (primero con el pretexto de combatir el narcotráfico y actualmente para combatir la subversión), en Ecuador (con asesores militares norteamericanos) y en Centroamérica, contradiciendo el discurso de la cancillería argentina.
"Determina, por otra parte, hipótesis de conflicto que no han sido explicitadas por el poder político -al menos oficialmente- y preparan el camino para una legislación que, a contramano del discurso gubernamental, permita a las fuerzas armadas continuar desarrollando actividades de inteligencia interior para su posterior intervención, como también la coordinación con los estados Unidos en estas acciones.
"La concepción del poder militar como factor de contralor del 'aparato político tiñe todo el documento, desdeñando desde el punto de vista militar la solución política a los graves conflictos socio económicos que se derivan del subdesarrollo y la dependencia.
"Al silencio gubernamental y periodístico sobre lo que se trata a espaldas de la sociedad, se l suma la desinformación de que hemos sido objeto los legisladores.
"Ensombrecen aun más la situación algunos trascendidos, al referirse a la existencia de otro documento preparatorio de la próxima conferencia elaborado por los mandos actuales del ejército que, pese a haber sido vetado por el Ministerio de Defensa, sería igualmente presentado ante la CEA.
"Los argentinos que aspiramos a vivir en paz y libertad, consolidando las instituciones democráticas y afirmando el irrenunciable derecho a la libre determinación de los pueblos sin intervención foránea, repudiamos esta reunión, inspirada en la nefasta doctrina de la 'seguridad nacional' y destinada a afirmarla definitivamente.
"La Argentina ha sufrido recientemente un sistema genocida integrado por la política de asesinatos, desaparición forzada de personas, reclusión en campos de concentración y ocultación de cadáveres, secuestros de niños, arrestos masivos, sometimiento de civiles a tribunales militares y mantenimiento de presos políticos. Reuniones de ejércitos como la que se celebrar en nuestro país, constituyen un aliento a las políticas represivas que, fundadas en la doctrina de la 'seguridad nacional' o en nuevas formas como las hipótesis de conflictos de 'baja intensidad' consideran a los pueblos como el 'enemigo interno'.
"En particular, en nuestro país, en momento en que se advierte el desborde del poder militar sobre la sociedad, se intenta volver a incorporar a la ley de defensa nacional la hipótesis de la intervención de las fuerzas armadas en conflictos internos, y el acontecimiento que denunciamos puede significar un estímulo a tales desviaciones.
"La presencia en nuestro país de jefes militares norteamericanos, representantes de las fuerzas armadas que apoyaron política y militarmente a los colonialistas británicos durante la guerra por la recuperación de las islas Malvinas, constituye un agravio a nuestro pueblo que ha condenado esa posición guerreristas implementada desde la OTAN. Esta guerra, por otra parte, demostró que las fuerzas armadas argentina, preparadas para combatir al 'enemigo interior', están, ideológica y profesionalmente, incapacitadas para ejercer la defensa de la soberanía nacional.
"De allí este proyecto que es parte del anhelo de nuestros pueblos americanos para que 'Nunca Más' el terrorismo de Estado asuele a los países y se intente cercenar el derecho de autodeterminación. Es, también, parte de la lucha por la liberación nacional y social, por la paz y la desmilitarización del continente".
17. La Sombra de los Dictadores
La dictadura militar proyecta su sombra sobre el nuevo régimen constitucional en cada situación transicional. Esto supone normalmente unos tropiezos y unas deficiencias en la reconquistada democracia. En primer lugar, el pasado dictatorial engendra una cierta debilidad y timidez en lo que se ha dado en llamar, con dudosa pertinencia, la clase política, particularmente la correspondiente a los sedicentes partidos moderados o centristas. La frecuente recurrencia de los golpes de Estado militares los hace temerosos de un retorno futuro de los viejos dominadores, y muy a menudo no suelen ser, por eso, lo suficientemente resueltos ni valientes en la erradicación del aparato opresor.
La timidez y la debilidad se convierten a veces en positiva complicidad con el pasado dictatorial, como cuando en la Argentina se redujo la prescripción a sesenta días respecto de infracciones penales que universalmente son considerados crímenes contra la humanidad y respecto de los cuales la tendencia también universal es la imprescriptibilidad, y cuando se protegió a los oficiales acusados de violaciones de los derechos humanos con una ley que impedía procesarlos por la presunción -absurda presunción JURIS ET DE JURE, es decir insusceptible de admitir pruebas en contrario- de haber actuado bajo obediencia debida, concepto que apunta obviamente a situaciones de hecho que es preciso investigar en cada caso, y les hizo otras concesiones serviles; o cuando el gobierno siguiente otorgó indultos a oficiales ya condenados y a otros acusados de violaciones de los derechos humanos inmediatamente antes de juicios en los que con alta probabilidad hubieran sido condenados; o como cuando Sanguinetti en el Uruguay con el apoyo de las mayorías de los dos partidos tradicionales estableció la impunidad de los militares. Estas connivencias se hicieron con la ridícula excusa de restaurar la paz. Pretenden dar por sentado que la justicia sea lo opuesto a la paz o un obstáculo para lograrla. Simulan en realidad ignorar la verdad claramente expresada por la regla áurea: "Si vis pacen, para IUSTITIAM", opuesta a la máxima cínica:"Si vis pacem, para bellum".
Esta complicidad explica también el hecho que notorios colaboracionistas de las dictaduras militares no rara vez son nuevamente designados por un ulterior gobierno constitucional. Quien fuera durante la dictadura interventor en la Universidad de Buenos Aires fue nombrado por la administración radical responsable de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y el embajador de la dictadura militar ante la Santa Sede, que durante casi una década tuvo por misión negar que el Obispo de La Rioja hubiera sido asesinado por la dictadura que representaba, resultó designado por el mismo gobierno Director de la Escuela Nacional de Defensa. El primer Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno Menem fue el Presidente del Banco Central de la dictadura militar que transformó en pública la deuda externa privada, agravando enormemente el peso del endeudamiento internacional del país; el primer Ministro de Trabajo del mismo gobierno era un burócrata sindical que en el juicio a los comandantes en jefe de la dictadura militar por violaciones de los derechos humanos declaró, asombrosamente, desde luego que como testigo de la defensa, que no sabía si había habida personas desaparecidas en la Argentina.
Como nadie puede dejar de advertirlo, la dictadura no es condenada suficientemente por el siguiente gobierno constitucional. Lo cual apareja diversas consecuencias. Por un lado, el poder militar aparece intocado, ileso, después de cada experiencia política, sin que parezca importar cuan terrible ha sido para el pueblo y cuan odiosos los crímenes y los despropósitos cometidos. Por otro lado, el poder militar aprende de esta debilidad y timidez civil una significativa lección: que los efectos de sus acciones en el gobierno, ilegítimamente usurpado, no son corregidas o no lo son suficientemente, lo cual es una invitación a seguir practicando la técnica del hecho consumado.
Hay dos grandes ejemplos de esto en los campos de la legislación y de la justicia. Bajo el pretexto de la continuidad y seguridad jurídicas los legisladores elegidos luego del colapso de la dictadura no se atreven a derogar, o al menos a examinar y controlar circunstanciadamente, la enorme producción normativa erigida durante la dictadura, de ordinario maniáticamente legiferante. Y así el período transicional discurre bajo normas elaboradas por los dictadores militares.
Por otra parte, durante el lapso de su gestión los militares han nombrado o renombrado a la totalidad del Poder Judicial. Y ocurre que la tendencia de los gobiernos transicionales es la de confirmar estas designaciones. Así pues el tiempo constitucional empieza con la clara desventaja de estar uno de los tres poderes del Estado integrado por personal originado en la dictadura.
Su propia timidez y debilidad frente al poder militar hace a estos gobiernos endebles frente a la opinión pública, aunque ahora con una debilidad de diferente signo. Como consecuencia estos líderes democráticos no suelen tener ni fuerte estabilidad ni considerable soporte popular. Así, el sentimiento de indiferencia política empieza a crecer y a saturar las diversas secciones de la población. No es sorpresa que el poder militar saca provecho de esto y permanece agazapado a la espera de nuevas oportunidades para intervenir, a veces con el disfraz de sostenedores del gobierno civil. En este último carácter no pocas veces aplastan protestas, huelgas o resistencias a políticas impopulares, con la explícita o tácita aquiescencia de los políticos en el gobierno.
Poco a poco, el gobierno deviene así más dependiente del sustento militar y menos atento a responder a las expectativas del pueblo. Y de ese modo, paso a paso, puede irse produciendo la militarización interna del gobierno civil. No solo entonces la democracia condicionada o dependiente se degrada a sí misma y adopta la forma de democracia militarizada, sino también, en ciertas ocasiones, facilita, o acaso prepara, la toma total y definitiva del poder por los militares, que terminan con el experimento constitucional. Es, para ponerlo en palabras famosas, el "last stages of all which ends this strange eventful story"(*).
De tal modo, las nuevas democracias deben protegerse a si mismas contra esta sombra de la última dictadura. De otro modo son r pidas víctimas de esta debilidad, de esta "second childishness and mere oblivion ", de esta militarización de la democracia que es, para seguir con las palabras del Bardo anglosajón, una democracia "sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything". Los derechos humanos ser n siempre los primeros sacrificados a estas debilidades, como lo prueba el caso argentino con la propensión de una parte considerable de su dirigencia política a favorecer, o al menos no impedir, la impunidad de quienes conculcaron esos derechos.
Notas:(*) Se trata de los versos finales del conocido monólogo de AS YOU LIKED (acto II, escena séptima), llamado Las Siete Edades del Hombre:
"....Last scene of all,/ That ends this strange eventful history, / Is second childishness and mere oblivion; / Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans every thing".
Astrana Marín es el responsable de traducirla así: "En fin, / la última escena de todas, la que termina esta historia llena de acontecimientos, es la segunda infancia, sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada".
21. Noam Chomsky, The Year 501: The Conquest Continues, Sound End Press, pag.61 y ss.
22. The New York Review of Books, March 3, 1988, "The Invention of Latin America".
23. Droit Internationale, Theorique et Pratique, 1896 Vol.1, pag.171
24. Hector Valle, "Pagar o no Pagar", Realidad Económica Nro.
25. Cabe el término, parece, por aquel manido tropo de la Nave del Estado.
26. Realidad Economica, Nro. 80, pag. 3.
27. Realidad Economica, Nro. 81, pag.105
28. Realidad Económica, Nro.82, pag.5. El énfasis es nuestro.
29. Fue el profesor de derecho administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comagüe, Dr. Hugo Eduardo Frare, quien llamó la atención del autor sobre este singular espécimen normativo.
30. Tal vez mas castellanamente cabria decir arrebatiña para apuntar a "la acción de recoger arrebatada y presurosamente alguna cosa entre muchos que pretenden apoderarse de ella, como sucede cuando se arroja dinero en medio de un gran concurso", según nos informa el viejo Diccionario Hispano Americano, con la salvedad de que en el decreto mentado el concurso, en el sentido de concurrencia competitiva, se elude cuidadosamente.
31. izquierda imaginaria.
32. Salvador María Lozada, "De Manuel Gálvez a Spartacus", LA GACETA, 4ta. sección, pag. 1, 24 de mayo de 1998.
33. Es fama que manos interesadas lo han hecho desaparecer. Subsiste en pocas bibliotecas públicas y privadas. En ausencia de la obra de Alsogaray, y también como complemento de ésta, el lector puede consultar un libro excelente de Gerardo Bra, "La organización Negra: La Increíble Historia de la ZWI MIGDAL", Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1982.
34. Según Mihaly Cskszntmihalyi (Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper & Row, New York, 1990, pag.30) mirar televisión es una de los hábitos que menores requerimientos plantea en términos de memoria, pensamiento o volición, y concordantemente, las observaciones de laboratorio revelan que se trata de la actividad con los índices más bajos en lo que atañe a concentración mental, a uso de destrezas intelectuales, a claridad de pensamiento y a intensidad emocional.
35. En la trata reprimida por las Naciones Unidas, a diferencia de normas penales como el artículo 126 del código respectivo, puede no darse el elemento de coerción y sí en cambio el consentimiento de la víctima.
(1) THE JOYS OF GLOBAL INVESTMENT. SHIPPING HOME THE FRUIT OF MISERY, por Ted Fishman, Harper's Magazine, february 1997.)
(2) V. Clarín, 24 de abril de 1998.