Texto entregado a los embajadores de la Unión Europea por el presidente del Servicio de Paz y Justicia de Buenos Aires y Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivelen la primera quincena del mes de marzo de 1996.
Sin pretender agotar en esta exposición el análisis de las causas que hacen ineficiente al servicio estatal de justicia, elaboramos un esbozo donde en primer término se las enumera y caracteriza y al mismo tiempo se describe -sintéticamente- los efectos inmediatos de la ineficiencia.
Uno de los problemas centrales es la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial: el Presidente de la Nación escoge los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Esta selección recae en los que lógicamente concuerdan plenamente con su política. Solo como ejemplo, recientemente se produjo un escandalo de importancia en nuestro país cuando el nuevo miembro de la Corte, propuesto por el presidente, dijo públicamente que era amigo de este y que era lógico que el presidente escogiera las personas que le resultan más allegadas para integrar el Tribunal Superior.
A pesar del escandalo fue igualmente convalidado por la Cámara de Senadores -el órgano legislativo que acepta o deniega la propuesta presidencial.
Al Poder Ejecutivo le interesa injerir en la composición de la Corte Suprema de Justicia porque este es el máximo órgano de interpretación de las normas y esencialmente de las garantías constitucionales.
Con esta injerencia y control, el Poder Ejecutivo se ha asegurado:
Otro conflicto de menor intensidad se refiere a la falta de recursos o en su caso a la distribución inadecuada de los existentes y disponibles.
El personal de planta para receptar en primera instancia las denuncias de la comunidad es insuficiente en relación al crecimiento vegetativo. Es particularmente alarmante en el interior del país y más específicamente en la provincia de Buenos Aires que concentra la mayor población del país.
Frente a esta realidad es común la negativa de los juzgados a receptar las denuncias de la población o en caso de recibirlas los juicios se dilatan en el tiempo. En orden de prelación son los juzgados de primera instancia los que poseen menos recursos en comparación con los recursos disponibles para Cámaras y Cortes.
Dentro de la estructura del Poder Judicial el sector que resulta más diezmado en recursos humanos y materiales es el de las Defensorías para pobres. Esto violenta profundamente el derecho de defensa en juicio porque la justicia penal tiene como "clientela" a los sectores más empobrecidos ( entre un 60% y 80% del total de imputados se encuentran personas que corresponden a profesiones de "pobres" y a edades de "jóvenes"). El destinatario de persecución punitiva penal estatal esta en los pobres y marginados del sistema productivo.
No hay suficiente inversión estatal en la formación del personal en el respeto y promoción a los derechos humanos y las garantías individuales. Esta omisión del Estado permite que practicas irrespetuosas de los derechos individuales y colectivos se mantengan a pesar de las bondades de las reformás legislativas o la incorporación de los Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos en la Constitución Nacional.
Esta falta de respuesta del Poder Judicial favorece la practica de resolución de conflictos por Vía de las presentaciones directas de la comunidad, ante las fuerzas de seguridad, lo que no contribuye en modo alguno al proceso de construcción democrática.
En el imaginario colectivo aparece el Poder Judicial como inapropiado y negligente para proveer en justicia. Al tiempo la fuerza -simbolizada en la autoridad armada- aparece como más apropiada para dar una respuesta.
Las Fuerzas policiales deciden unilateralmente si reciben o no una denuncia por violación a sus derechos, privando a la comunidad del servicio que le deberían prestar.
Las Fuerzas de Seguridad en lugar de democratizarse tienden a concentrar el poder punitivo.
Las Fuerzas de Seguridad poseen legislación "propia" -edictos policiales y códigos de falta- que las pueden aplicar arbitrariamente. Esta legislación que es abiertamente inconstitucional y violatoria de los Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos permite que el personal policial actúe como órgano acusador y juzgador con una intervención prácticamente nula del poder Judicial.
Esta legislación es un resabio de las sucesivas dictaduras en América Latina.
La ausencia de sanción para los violadores de los derechos humanos han creado un clima de impunidad en el que se mueven arbitrariamente las Fuerzas de Seguridad.
Pervive en la institución policial, poco permeable a la formación en derechos humanos, métodos de destrucción de la persona -como la tortura- como medio para la investigación.
La escasa disposición de los gobiernos para democratizar las FFAA y FFSS.
La descripción expuesta sobre el estado del Poder Judicial contribuye enormemente a que este se convierta -paulatinamente- en un instrumento del control social.
Las políticas de ajuste producen como efecto inmediato la resistencia pacifica de los trabajadores (sindicalizados y no sindicalizados) y de la población más joven, porque sufren la expulsión efectiva o potencial del sistema productivo.
En los últimos tiempos las manifestaciones de descontento se han multiplicado; los gobiernos provinciales y el gobierno nacional instruyen a las fuerzas de seguridad para la represión. A los representantes del Poder Judicial -más vulnerable a las presiones del Poder Ejecutivo- los animan para la instrucción de causas en persecución de los activistas gremiales.
La construcción democrática basada en el respecto irrestricto de los Derechos Humanos ha pasado a convertirse en la utopia de los países latinoamericanos. Los objetivos de los gobiernos constitucionalmente elegidos suelen aparecer disociados y hasta en oposición de los intereses de los ciudadanos. Esta realidad contribuye a que la sociedad civil observe estos procesos no solo críticamente sino con un abierto pesimismo respecto de su efectividad y conducencia a los fines de preservar la vida humana.
El sistema político económico y su actual modelo neoliberal, el ajuste y literal apriete a los sectores más pobres deja fuera, excluye y prescinde de un alto porcentaje de la población. La imposibilidad de recuperar fuentes de trabajos o crear nuevas fuentes agobia a la población económicamente activa o lo que es aun peor, determina la expulsión de la población potencialmente activa, en su mayoría adolescentes, antes de su ingreso al mercado laboral.
Esta "exclusión" no es un hecho natural sino fundado en una decisión política-económica - por tanto las resistencias de las víctimas es absolutamente previsible.
Teniendo este antecedente como diagnóstico de situación, los gobernantes de nuestro país perfilan políticas de control social que tienden a la eliminación de los conflictos sociales por vía de la eliminación de aquellos seres humanos que decidieron marginar. Durante los últimos años resultan mayormente perseguidos los jóvenes y los trabajadores -ocupados y desocupados-.
Al plan económico le resulta funcional el tipo de institución policial que pervive desde las sucesivas dictaduras en nuestro país. Fuertemente militarizada, acostumbrada a practicas autoritarias le resulta a la medida para ejercer el Control Social.
Durante la dictadura la Doctrina de la Seguridad Nacional fundó la actividad terrorista del Estado para limitar la oposición político-ideológica. Iniciado los procesos constitucionales los opositores naturales son los expulsados sociales para los que no existe la viabilidad del reingreso en el sistema productivo.
En la denominada democracia "los pobres y desocupados" pasan a ser el peligro del que se vale el sistema para convertirlos en la virtual hipótesis de conflicto, objeto de la persecución policial.
A su vez el Poder Político hasta el presente ha decidido NO democratizar las Fuerzas de Seguridad. Más allá de las patologías individuales no puede desconocerse que el conflicto radica en la concepción institucional de seguridad que priva de la vida para supuestamente asegurar la vida. El denominado gatillo fácil no es exclusivamente el producto de una persona transgresora de las leyes sino de una institución cuya concepción no es garantista.
Las normas internas que reglan la función policial son absolutamente autoritarias y tienden a deshumanizar a quien luego, en lugar de prevenir, es formado para reprimir.
En este marco analizar el modelo de seguridad y la violencia cotidiana nos lleva necesariamente a una observación critica de las instituciones encargadas de instrumentarlo y de los valores que pregonan y defienden, cotejandolos con los valores que defiende la sociedad civil.
Las prerrogativas de las fuerzas de seguridad sobre la actuación del Poder Judicial estriban en la posibilidad de privar de la libertad a través de una legislación, inconstitucional: los edictos policiales. Con la aplicación de estas normas el personal policial detiene, juzga y aplica penas sin intervención judicial.
Pocas personas conocen que les cabe el derecho de apelar esta decisión y por el miedo que le infunde el personal policial termina aceptando falsas imputaciones. A pesar de que los edictos policiales están previstos para faltas menores o para prevenir la comisión de crímenes, en los hechos funcionan como la antesala de los excesos, torturas y desapariciones.
En el año 1992 se modifico el Código de Procedimientos Penales estableciendo fuertes limites a la actuación de las Fuerzas de Seguridad y previendo la rápida intervención del Juez al que el detenido esta a disposición. El Poder Ejecutivo, previendo la utilización directa de la fuerza para ejercer el control social sin control jurisdiccional, pretende la modificación de este código acrecentando las facultades de la policía en desmedro de las garantías individuales.
En la actualidad este proyecto se encuentra en la Cámara de Senadores y será tratado en el presente año.
El jueves 14, estudiantes en La Plata habían impedido el ingreso a la Universidad Nacional de La Plata a los integrantes del Consejo Superior de dicha universidad, que iban a revisar el estatuto de esta para adecuarla a la nueva Ley de Educación Superior. Los estudiantes se oponen a esta Ley, entre otros cosas, porque autoriza el cobro de aranceles y limita la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno universitario.
El martes 19, las autoridades de la UNLP se reunieron con los Jueces Manuel Blanco (Juez Federal) y Guillermo Labombarda (fuero criminal provincial) para que "dispongan los medios de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la reunión del 20".
El Juez Blanco pidió entonces la "colaboración de la policía bonaerense", la cual, por lo visto, se la presto con mucha gana...Se habla de 700 agentes, uniformados y de civil (aunque a veces con escopetas de repetición de marca "Itaka"); había tanquetas, carros de asalto y camiones hidrantes.
El resultado: la presidente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, golpeada en la cabeza (dos puntos de sutura) cuando se encontraba (o salía) de la Jefatura de Infantería de la policía bonaerense, un camarógrafo de Canal 13, Hernán Ramos, con 6 balas de goma disparadas a quemarropa en sus piernas, palazos contra gente indefensa, 237 detenido-a-s, numerosos heridos, agentes de civil y enmascarados mezclados con los manifestantes, autos sin chapas (matrículas) amenazando a periodistas, granadas de gases lacrimógenas disparadas a la altura de la cintura.... Todos los hechos fueron registrados por la televisión.
La ciudad de La Plata estaba casi sitiada. La policía hizo verdaderas razzias "preventivas" ("averiguaciones de antecedentes") para impedir a los estudiantes acercarse a la sede de la Biblioteca de la Universidad, donde se reunía la Asamblea Universitaria (que no interrumpió en ningún momento su sesión y reformo sus Estatutos...).
Antes del mediodía, ya había 237 detenidos, incluyendo a 15 menores. Por eso, Hebe de Bonafini y militantes de otras agrupaciones políticas y sociales se fueron a la Jefatura de Infantería para reclamar por la libertad de los detenidos. Hebe entró con unos periodistas y fueron reprimidos a golpes. Al ratito, la policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos.
Más tarde, a eso de las 19.30, un grupo de manifestantes hicieron una sentada delante de las puertas del Regimiento de Infantería: la policía reanudó la represión, disparando balas de goma y lacrimógenas a los sentados. Más detenidos, más periodistas golpeados y heridos. Represión muy, pero muy dura...
El secretario de seguridad bonaerense, Alberto Piotti dijo que ha abierto un sumario administrativo interno contra "el jefe de infantería y el director de seguridad". Dijo que no se trató de decisión política sino operativo.
El SERPAJ, la Liga, Madres- Linea Fundadora y Familiares, el mismo 20 por la noche, pidieron audiencia al Gobernador Duhalde y al Sec. Piotti. No respondieron a los pedidos de audiencia.
Hubo de todos modos contradicciones en las explicaciones oficiales (primero se justifico la represión, después (al ver las imágenes en los canales de televisión), se anuncio una investigación. Ninguna autoridad (ni nacional, ni provincial) se animaba a explicar los motivos de la represión, represión que a muchos les recordó el pasado terrorista del Estado....El gobierno de Duhalde fue obligado a anunciar medidas contra los uniformados que hirieron a periodistas.
Dice esencialmente (aunque de forma muy exhaustiva) que la protesta terminó en enfrentamiento entre los activistas del grupo (trotskista) Quebracho y la policía. Desde el año pasado, se viene hablando de este grupo, pero es La Nación la que reproduce los comunicados policiales y de los servicios de inteligencia.
La Nación informa que en un comunicado, Piotti confirmo el secuestro de explosivos (según La Nación, 2 bombas molotov y 3 bombas de estruendo, además de hondas, palos y cascotes...), que se ha visto personas ajenas a los problemas universitarias, como Hebe de Bonafini, Sergio Schoklender, militantes del FREPASO y de otras agrupaciones izquierdistas....
Dice que dentro de los detenidos estaba el conocido dirigente de la agrupación extremista Quebracho, Carlos Pérsico, de 43 años, nombra a varios otros dirigentes de Quebracho, vuelve a recordar que este grupo ya actúo violentamente el año pasado en varios lugares del país, etc.
Los periódicos del día 22.2 comentan extensamente sobre los acontecimientos del 20 en La Plata, recogiendo las declaraciones de varios de los responsables.
Según Página 12, Alberto Piotti, Secretario de Seguridad, Eduardo Duhalde, Gobernador Provincial (y uno de los firmes candidatos a la presidencia de 1999) y el Comisario General Pedro Klodczyk, jefe de la policía bonaerense, justificaron y defendieron la represión desatada por la policía y admitieron solo la posibilidad de algún exceso....
Menciona P-12 que Duhalde dijo que "la mejor forma de prevenir es llevarlos detenidos, porque al tener detenida a la gente, no corre ningún riesgo". Los tres mencionados explican que los problemas se iniciaron cuando un grupo de manifestantes quisieron copar la sede de la Guardia de Infantería (esto fue a eso de las 19.30 hs., cuando la represión se torno más feroz), pero no dicen nada de los más de 200 detenidos desde la mañana.
Página 12 y Clarín hablan del repudio general a la violenta represión, pero notan también que no hubo o hubo muy pocas críticas de dirigentes del Justicialismo....Clarín menciona a los senadores Antonio Cafiero y Cristina Kirchner (Santacruceña) quienes suscribieron un proyecto de declaración de repudio a la represión en La Plata. Eduardo van der Kooy, en Clarín también, pregunta por que razón el gobierno provincial no tomó alguna medida preventiva si poseía informes de inteligencia sobre la posibilidad de incidentes; también explica que Duhalde ratificó su apoyo a la policía quizá como forma de tener un aliado incondicional si llegaran a empeorar más las condiciones sociales en la principal provincia del país.
Añade van der Kooy que Duhalde cree menos que Menem y Cavallo en la recuperación económica y en el descenso del desempleo; que el gobernador tiene cifras del desempleo en varias partes de la provincia que superan los 20 por ciento..., y que Duhalde quiere evitar desde ya sorpresas desagradables en la provincia que le interrumpan el sueño presidencial de 1999.
Se abrió un sumario administrativo interno a la fuerza policial para determinar responsabilidades. Clarín informa también que el único que permanece detenido es José Alfredo Caputo, de 19 años, quien fue detenido a las 8 de la mañana del martes 20.
Según el expediente judicial, portaba una granada de fabricación casera, bombas molotov y proyectiles. Su causa la investiga el Juez Federal Manuel Blanco. El Juez Penal Guillermo Labombarda tiene a 5 jóvenes con contravenciones (disturbios en la vía pública), a quienes se les tomó testimonios, y otra causa por "resistencia a la autoridad, lesiones y daños", que involucraba a 12 personas, que quedaron en libertad por falta de mérito.
Tanto un editorial de Clarín como una opinión de Eugenio Zaffaroni publicada en Página 12 critican fuertemente lo que dijeron Duhalde, Piotti y Klodczyk sobre los riesgos de la profesión de periodistas. Fue obvio sin embargo la intencionalidad de la policía: agredió en forma directa y premeditada a los periodistas.
En "La Nación", el jefe de la policía Klodczyk admitió que los agentes se vieron desbordados por errores de conducta en su personal y que no fue feliz la decisión de envíar personal policial vestido de civil y autos privados sin identificación oficial. "La Nación" subraya el silencio del gobierno nacional, donde nadie estuvo dispuesto a dar su opinión sobre los acontecimientos en La Plata (excesos en la conducta policial, según el periódico).
Los periódicos informaron también de la marcha que se realizó en La Plata el día 22 de febrero (2500 participantes según "Página 12", 1500 según "Clarín" y "La Nación", 5000 según los organizadores), en desagravio por lo ocurrido el día martes. En la Capital Federal, la tradicional ronda de los jueves de las Madres fue más concurrida. Caber señalar también que la Dirección de Infantería de la Policía en La Plata fue uno de los sitios de detención clandestina durante la pasada dictadura.
El Gobernador Eduardo Duhalde ha manifestado, con absoluta claridad, que considera un método legal la detención para impedir una manifestación. Ha dado a la palabra prevención el contenido inequívoco de privación ilegítima de la libertad admitiendo en conferencia de prensa que el modo de mantener segura a las personas es encerrándolas en una prisión.
Respecto de la actividad policial, su apoyo inicial irrestricto al Comisario Klodczyk y al Secretario de Seguridad Piotti determinóo la imputación de la responsabilidad de los hechos al personal policial.
Es absolutamente falso que la detención de 250 personas puede producirse sin la anuencia/orden del poder político. El personal policial está formado en la subordinación y por lo mismo obedece órdenes.
Esta actuación del Ejecutivo provincial apunta a desdibujar las diferencias entre gobiernos democráticos y antidemocráticos. Para ello no distingue entre actos de gobierno arbitrarios y no arbitrarios y entre actos de gobiernos legales-legítimos y aquellos legales-ilegítimos.
El método que utilizo la policía -detención por averiguación de antecedentes- que casi inmediatamente culmino en represión masiva, fue conocido por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial. Ninguno de ellos actúo para detener el operativo policial.
Las opciones de interpretación de los hechos son igualmente perniciosas para el proceso de construcción democrática: o en su caso el gobernador dió directamente la orden de detención y ataque a los manifestantes o una vez conocido el método escogido por las Fuerzas de Seguridad lo considero -a primera vista- adecuado como medio para enviar un mensaje soslayado a la sociedad civil. Este "mensaje" estaría anunciando sus futuras respuestas -como máximo responsable del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires- ante el descontento social en la provincia donde las consecuencias de la política económica perjudican a la mayor concentración poblacional del país.
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