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23mar06
La justicia uruguaya autoriza extradición de militares acusados en el caso Berrios.
La Corte Suprema uruguaya, en un fallo histórico, autorizó la extradición a Chile de tres militares de ese país involucrados en el asesinato en la década del noventa del químico Eugenio Berríos, quien fue agente de la DINA.
El fallo, que es inapelable, fue adoptado por unanimidad por los ministros de este tribunal en coincidencia con la breve visita a Montevideo de la Presidenta Michelle Bachelet que ayer realizó un viaje relámpago a esta nación.
La decisión involucra al coronel Wellington Sarli, el teniente coronel Eduardo Radaelli y el coronel retirado Tomás Casella, reclamados por la justicia chilena por "asociación ilícita" y "secuestro".
Si bien el dictamen fue adoptado ayer por la tarde, la información sólo se conoció hoy a través de fuentes judiciales e incluso se comenta que los uniformados aún no han sido notificados del dictamen.
El cadáver de Berríos fue descubierto en abril de 1995 semienterrado en una playa de El Pinar, 28 kilómetros al este de Montevideo, maniatado y con dos balazos en el cráneo.
En Uruguay la investigación del crimen fue archivada el pasado 13 de febrero, a pedido de la fiscal Nancy Hagopián.
El juez Pedro Salazar, de Pando, a 37 kilómetros de Montevideo, que decidió el "archivo de la causa", declaró sin embargo que "existían elementos de convicción suficientes" como para procesar a Radaelli, Sarli y Casella, pero que hay un impedimento legal cuando la Fiscalía no lo solicita.
Durante la investigación judicial local, seis militares en retiro de Chile fueron inculpados en octubre de 2002 por el secuestro y asesinato del bioquímico, incluidos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias y el capitán Pablo Rodríguez Márquez, quien en esa época esta en servicio áctivo.
La justicia reclamó, además, la extradición de los militares uruguayos, decisión que hoy vio la luz.
Versiones de prensa, no desmentidas, indicaron a principios de este mes que el ejército uruguayo no intentará impedir la extradición de los oficiales, aunque buscará asesores legales en Chile para asumir la defensa de los acusados.
El jefe del ejército uruguayo, general Carlos Díaz, ya había cancelado un viaje previsto a Chile para poder estar presente en Uruguay cuando se produjera el fallo de la Suprema Corte de Justicia.
Berríos, ex agente de la DINA, trabajó en el desarrollo del letal gas sarín y estudió diversos métodos para asesinar a opositores al régimen militar. Fue sacado del país en 1991 para evitar que declarara en el juicio por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976.
Al llegar al Uruguay, permaneció oculto primero en un apartamento en Montevideo y luego trasladado a una casa de playa en el balneario de Parque del Plata, 44 kilómetros al este de la capital, en lo que pareció ser una operación del Plan Cóndor realizada después que el país había recuperado la institucionalización, tras la dictadura que gobernó entre 1973 y 1985.
Al parecer el químico no soportó esta situación y se escapó de la vivienda donde estaba alojado, vigilado por militares uruguayos, y fue visto por última vez con vida en noviembre de 1992, cuando denunció ante un puesto policial de Parque del Plata que estaba secuestrado en ese balneario y temía por su vida.
La policía, empero, devolvió al químico a sus captores, quienes lo llevaron con rumbo desconocido.
[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 23mar06]
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