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01abr06
Detienen a militares uruguayos para extraditarlos a Chile en el caso Berríos.
El coronel Waldemar Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, ambos en actividad, y el coronel retirado Tomás Casella, fueron alojados en la Escuela e Armas y Servicios del arma, para que allí aguarden el traslado a Chile.
En Chile deberán responder por el secuestro y asesinato en Uruguay del ex agente de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, Eugenio Berríos.
La detención fue cumplida por personal del ejército, con conocimiento de la ministra de Defensa Azucena Berruti.
El juez Mirabal envió, a través de la Suprema Corte de Justicia, un oficio al presidente Tabaré Vázquez en el que le comunicó acerca de las extradiciones y del plazo de 30 días para que se hagan efectivas.
Según las fuentes, el magistrado también indicó que el gobierno chileno debe asegurar que cumplirá con la condición que impuso la Suprema Corte, de que los militares puedan apelar su procesamiento por los delitos de asociación ilícita y secuestro en ese país.
El traslado desde la dependencia del ejército a Chile deberá ser coordinado por el ministerio de Relaciones Exteriores, dijeron voceros del arma de tierra.
El diario El Observador, dijo hoy que un general y un coronel uruguayos viajaron a Santiago de Chile para mantener contactos con militares de ese país "y avanzaron en la posibilidad que Casella, Sarli y Radaelli sean encarcelados en una prisión donde están detenidos militares chilenos, aunque ello deberá ser definido por la justicia de Chile".
Voceros castrenses dijeron que en los próximos días viajará alguna persona del ministerio de Defensa para contratar a un abogado en Chile que los defienda y señaló que los gastos serán de cargo del Ejército.
La solicitud de extradición presentada por la justicia chilena fue aprobada en Uruguay por el juez Mirabal, por un tribunal de apelaciones y por la Suprema Corte, cuya decisión es inapelable.
Los militares están acusados de tener responsabilidad en el asesinato del químico Berríos, cuyo cadáver fue descubierto en abril de 1995 semienterrado en una playa de El Pinar, 28 kilómetros al este de Montevideo, maniatado y con dos balazos en el cráneo.
La extradición fue cuestionada desde distintos sectores legislativos. El senador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, de la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio, afirmó que con la resolución de la Suprema Corte se permite "avasallar la soberanía" de Uruguay y dijo que los militares serían "presos políticos".
Añadió que en este caso la cadena de mandos "es nítida" y precisó que la responsabilidad debería abarcar desde el presidente de la época hasta el general a cargo de las operaciones.
[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 01abr06]
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