En la noche del 27 al 28 de agosto de 1997 fue asaltada la sede social de la Asociación de "Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas" de la República Argentina con domicilio legal en la calle Riobamba, 34 de Buenos Aires, integrantes de FEDEFAM (Federación de Asociaciones de Familiares de América Latina).
Este organismo fue fundado en octubre de 1976 a causa de la represión sistemática que sufría Argentina, por los familiares de los primeros desaparecidos y presos políticos de diferentes corrientes y sectores políticos, recogiendo testimonios de los familiares de desaparecidos y asistiendo a los detenidos politicos y a sus familias, como asi también realizando acciones concretas nacional e internacionalmente para la denuncia y conocimiento de estos hechos.
Después de la desaparición del gobierno militar esta asociación se especializó en la toma de testimonios de testigos directos y represaliados de todo el país. Además recogió testimonios de represores que decidieron declarar sus crímenes.
En el momento de la constitución de la CONADEP la activa participación de Familiares fue determinante, pues la mayoría de la documentación que allí finalizó archivada fue el soporte testimonial usado por el mencionado organismo.
Las leyes de impunidad (ley de obediencia debida, punto final y los indultos) que impidieron la finalización de los miles de juicios que en ese momento se llevaban adelante por todo el territorio nacional, hizo que la documentación básica quedara archivada en Familiares.
Desde entonces, el trabajo de esta organización ha continuado y durante más de quince años hemos continuado recogiendo declaraciones de todo tipo, incluyendo abundantes declaraciones de represores, oficiales de las distintas fuerzas que por diversos motivos decidian dar su testimonio, como así también de ex-detenidos desaparecidos de Centros Clandestinos de Detención, que hasta el momento no habían testimoniado.
Esto permitió que el material que acumularamos, creara la base documental más completa sobre la represión y los casos específicos que existen en Argentina sin ser las que tienen las fuerzas armadas y que han ocultado sistemáticamente.
Esta documentación ha servido para los diversos procedimientos que se han desarrollado en el resto del mundo, como son los procesos por desaparecidos italianos en Roma, desaparecidos españoles en Madrid, procesos ante la CIDH y otros procedimientos de colaboración con organismos de derechos humanos que junto a Familiares han llevado adelante la lucha contra la impunidad en Argentina como son el Serpaj (Servicio de Paz y Justicia), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), etc.
Es la quinta vez, que nuestro organismo sufre un asalto con la evidente intención de intimidar a quienes trabajan solidariamente y colaboran con Familiares desde su fundación y en todos aquellos relacionados con los derechos humanos.
En este caso es evidente que la intención de los "ladrones" tiene que ver con el procedimiento que se lleva adelante en Madrid y en Italia.
En primer lugar los "ladrones" procedieron a llevarse los discos duros (Hard Disk) de los ordenadores de Familiares, material específico de los archivos y específicamente los siguientes: declaraciones testimoniales de ex-detenidos desaparecidos que hacían declaraciones por primera vez, testimonios de represores y declaraciones indagatorias en sede judicial de oficiales a cargo de zonas. Material éste que permitia hacer entrecruzamiento de datos para poder así determinar la ubicación dentro de algunos de los Centros Clandestinos de Detención.
Es fácil comprender que con la facilidad que tienen los servicios de inteligencia argentinos para manipular la realidad social y política sean ellos los responsables de un robo tan "cualificado" que descarta la participación de delincuentes comunes.
Vale la pena recordar que la sede social de Familiares se encuentra frente al edificio del Parlamento argentino que cuenta con una comisaria propia y servicio de vigilancia permanente. La parte trasera del edificio linda con el Consejo de Investigaciones Científica y Técnicas, otro organismo que cuenta con servicio de vigilancia policial permanente.
Lo que no cabe ninguna duda es que la policía argentina y el Ministerio del Interior son responsables de la seguridad de todos los ciudadanos y obviamente de los organismos de derechos humanos y nunca han logrado encontrar a los responsables de estos hechos. Cosa que no nos sorprende si pensamos que tampoco lo han conseguido en los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel.
Esta negligencia culposa que puede ser considerada, sin ninguna duda, como complicidad es la que queremos que conozcan los organismos de derechos humanos y demas asociaciones que están en condiciones de denunciar estos hechos ante la opinión pública internacional de manera que el costo para el gobierno argentino se traduzca en hechos que le signiquen un problema real ante su pertinaz cinismo.
Por todo ello queremos pedir que envien las protestas e inicien las acciones que consideren necesarias para que por vía de la solidaridad internacional consigamos que el gobierno argentino comprenda que la impunidad no es un método aceptable.
Fdo. Graciela Lois
p/ Familiares de desparecidos y detenidos por razones políticas.
Madrid, 10 de septiembre de 1997
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