CENIDH
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua durante el año 1999.
Derechos económicos y sociales
Propiedad
Civiles y Políticos
Seguridad ciudadana
Manifestación y libertad individual
Acceso a la justicia
Libertad de expresión
Mujeres, niñez y adolescencia
Derechos de los Pueblos
Medio ambiente sano
1. Contexto nacionalA un año del paso del huracán Mitch por centroamérica, Nicaragua no se ha "transformado", como se proponía -con bastante retórica- tras la tragedia. Más bien, 1999 terminó marcado por preocupantes hechos que profundizan las tendencias negativas que el país arrastra y que lo van empujando a dilemas que, para resolverse, demandan de drásticos cambios tanto en el rumbo político como en el de la conciencia de los nicaragüenses.
La crisis nacional se da en todos los terrenos. Es una crisis económica, política, social y ética. La economía presenta déficits históricos insuperables, el modelo es cada vez más excluyente, el empobrecimiento está arriesgando el futuro -la desnutrición y la falta de educación y salud afecta a la mayoría de la niñez-, las instituciones se han debilitando, la impunidad y la corrupción tratan de dominar el escenario político, y un sector de poderosos trata de sembrar entre la población antivalores de individualismo, apatía e impotencia.
El presidente de la república siguió consolidando su autocrático estilo de gobernar, debilitando así la cada vez más frágil institucionalidad del país.
Inmediatamente después de iniciarse en enero la legislatura, la asamblea permaneció más de 40 días sin celebrar sesiones plenarias por falta de agenda, a pesar de que desde hace años permanecen engavetadas en el legislativo más de 100 proyectos de ley de contenido social. En mayo, la asamblea sólo había sesionado una semana seguida con normalidad. Rompiendo toda legalidad, el presupuesto general de la república no se aprobó hasta el 5 de mayo.
La función legislativa se ha desnaturalizado por la falta de autonomía y de pensamiento propio de la mayoría de los legisladores. Son evidentes los manejos del poder ejecutivo para usar la ley con el objeto de fortalecer el centralismo y obviar los controles institucionales.
La asamblea nacional continuó subordinada a las directrices del presidente, no sólo por la dependencia total del ejecutivo con que la bancada liberal ha venido actuando, sino como consecuencia del pacto político del presidente Alemán con la cúpula dirigente que controla el FSLN.
En las últimas semanas del año desembocaron conclusiones parciales de dos hechos políticos trascendentales, que influirán en el curso del próximo año, y que llenaron de incertidumbres, polémicas y prometedoras tomas de conciencia el año 1999.
El conflicto del ejecutivo -y más específicamente, del presidente Alemán- con la contraloría general de la república desembocó en el encarcelamiento del contralor Ing. Agustín Jarquín Anaya..
Este bochornoso atropello contra la institucionalidad reveló hasta qué punto no existe en el país independencia entre los poderes del estado, y hasta qué extremo está dispuesto a llegar el presidente en el modelo de presidencialismo autoritario que ha venido fraguando desde que llegó al poder, y que afecta todos los ámbitos de la vida nacional.
La reacción indignada de un importante sector de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional contribuyó a hacer de este hecho una especie de "frontera de conciencia" que puede determinar acontecimientos futuros. Es característico en este año una inicial y prometedora toma de conciencia en la población del vínculo que existe entre la corrupción oficial y el empobrecimiento nacional. Es éste uno de los datos más positivos de este año. Por primera vez en la historia nacional la población ha empezado a vincular más claramente corrupción con subdesarrollo y atraso económico.
El pacto Alemán-Ortega llegó también este año a su culminación, al aprobarse en primera legislatura 15 reformas al texto constitucional, y al presentarse al legislativo las reformas a la ley electoral. Todos los cambios legales acordados entre ambos dirigentes y sus círculos de allegados están orientados a transar prebendas entre las cúpulas de ambos partidos y a partidarizar aún más los poderes y las instituciones del estado.
El objetivo del pacto es debilitar cualquier brote de pluralismo, encauzando bipartidistamente toda la vida nacional y neutralizar, obstaculizar o abortar la consolidación de otras fuerzas políticas. En ese contexto, el objetivo del pacto es garantizar impunidad a ambos círculos de poder. Es característico en este año el desgaste de la dirigencia de ambos sectores pactistas y el "abrir los ojos" de un sector de opinión pública que reclama, aún incipientemente, "otra forma de hacer política". Todas las encuestas muestran que entre un 50-60% de la población rechaza a ambos dirigentes y a ambos partidos y no se identifica con ninguna opción política existente.
Antes de se concretaran públicamente las negociaciones entre el plc y la dirigencia del FSLN, y antes de la creación de las comisiones de cada partido destinada a emprender las mismas, todo había sido ya acordado en encuentros privados entre humberto Ortega saavedra y dionisio marenco por el FSLN- ambos no pertenecen al directorio del FSLN, pero son de la confianza de su secretario general Daniel Ortega saavedra-, con jaime morales carazo, con el propio presidente de la república, dr. Arnoldo Alemán -lider del plc- y con otros miembros del gobierno que gozan de la confianza del presidente. quienes finalmente dicidieron lo fundamental del acuerdo o pacto fueron el presidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.
Por tanto, lo pactado fue antecedido por un proceso carente de transparencia e inconsulto, sin que fueran escuchadas las opiniones de los militantes de ambos partidos, mucho menos de la ciudadanía. Los dos dirigentes dialogaron y pactaron con la lógica de ser las únicas fuerzas políticas presentes en el país, y seguros de ser, cualquiera de los dos, los virtuales vencedores en la próxima contienda electoral
En junio, y después de dos años de espera, fueron finalmente electos por la asamblea nacional, el procurador y subprocurador de derechos humanos, recayendo la elección, después de irregularidades y violaciones a la ley creadora de la procuraduría en el diputado liberal dr. Benjamín Pérez y en el académico sandinista lic. Julián Corrales. La elección fue.. (sic). A pesar de ello, el cenidh sigue apostando a contribuir al rescate y el fortalecimiento de la misma, por su importancia en el contexto nacional.
Tanto en el conflicto ejecutivo-contraloría, como en el pacto Alemán-Ortega, un sector de la jerarquía católica, y particularmente el cardenal miguel obando, tomaron claro partido, favorable a los intereses del gobierno. Es una característica del año que termina la profundización de la injerencia de la jerarquía en los problemas políticos nacionales, a la vez que ha empezado a emerger una prometedora toma de conciencia entre la población sobre lo inadecuado y peligroso de esta parcialización de las autoridades religiosas.
En el terreno económico se profundiza el abismo entre ricos y pobres, con una brecha cada vez más escandalosa, está en marcha una contrarreforma agraria, y la población emigra masivamente en busca de las oportunidades que no encuentra en nicaragua. La "estabilidad" que se puede observar no se debe a ningun plan económico sino al dinero de las remesas familiares de estos emigrantes y también al dinero que circula en el país y que nace de negocios sucios cada vez más presentes en el entramado económico nacional.
La insensibilidad y la irresponsabilidad de gobernantes y "opositores" ha evidenciado que son peores los huracanes políticos y sociales que los huracanes que engendra la naturaleza, como característica. Relevante la corrupción gubernamental marcó el accionar del gobierno y por eso analizamos específicamente el tema.
Fiscalización de bienes y recursos del estado
En 1997, desde que el actual gobierno liberal asumió el poder, el presidente de la república Arnoldo Alemán ideó y trató de ejecutar diferentes planes para restar facultades a la contraloría general de la república (cgr) y deslegitimar a su titular y a su equipo. En 1999, las tramas políticas que se fueron construyendo desde la presidencia -con peyorativas campañas públicas, y con acciones judiciales en contra del contralor agustín Jarquín, la subcontralora claudia frixione y otros funcionarios de la cgr- y el pacto político PLC-FSLN, que incorpora la creación de una contraloría colegiada, evidenciaron la voluntad del ejecutivo de evadir los controles fiscalizadores de la contraloría ante sus actos de corrupción y de eludir así sus compromisos internacionales de procurar la trasparencia en el ejercicio de la función pública y apoyar a la institución de control y fiscalización.
Desde los primeros días del año, el ejecutivo reavivó su pretensión de deslegitimar a la CGR. La ocasión fue la rendición del segundo informe de gestión, en el que el presidente Alemán presentó nuevamente la propuesta que había formulado en diciembre de 1998, de crear una instancia de fiscalización que supervisara los fondos provenientes de la cooperación internacional destinados al proceso de reconstrucción post mitch. El contralor Jarquín reaccionó mencionando algo obvio: por mandato constitucional esta facultad es competencia de la CGR y el ordenamiento jurídico existente debe ser respetado.
El 9 de marzo, el presidente Alemán volvió nuevamente sobre esta propuesta, anunciando formalmente una comisión autónoma de tres miembros nombrados por el ejecutivo que supervisaría la cooperación internacional que ingresara al país después de la reunión del grupo consultivo en estocolmo.
El presidente afirmó que la nueva iniciativa gubernamental tenía el respaldo financiero del banco interamericano de desarrollo (bid), pero no precisó cuál sería su marco normativo de funcionamiento. Por esto, la opinión pública interpretó que se trataba de otra opción para restar credibilidad y facultades a la CGR. A lo largo de todo el año no se conoció nunca en qué quedó o qué llegó a hacer la comisión o sus miembros.
También hubo iniciativas contra la contraloría en el ámbito legislativo. Los diputados del partido camino cristiano -aliados de los liberales- presentaron una propuesta de reforma a la ley orgánica de la CGR cuyo énfasis iba dirigido a conformar para la institución una dirección colegiada integrada por siete personas, que serían electas por la asamblea nacional. Tan burdo fue lo propuesto, por sus vicios de inconstitucionalidad -pretender reformar artículos constitucionales mediante la reforma de una ley ordinaria-, que se evidenció la maniobra gubernamental. Finalmente, esta iniciativa no prosperó.
Incremento patrimonial del presidente de la república
El 25 de febrero, la CGR publicó las tres declaraciones de probidad del presidente Alemán: la rendida en 1990 al asumir la alcaldía de managua, la de 1995 al renunciar como alcalde, y la de 1996 previa a asumir la presidencia. El análisis comparativo que presentó la CGR reveló un incremento patrimonial del orden del 900%, pues en 1990 Alemán tenía como patrimonio propiedades por valor de 26 mil dólares; en 1995 por 309 mil dólares y en 1997 ya había llegado a un millón de dólares. El informe reflejó también que una sociedad anónima de nombre geninsa era la que aparecía en las operaciones de compraventa de tierras para la familia Alemán, siendo presidente de la sociedad un funcionario del estado: eduardo mena, director del instituto de desarrollo rural.
La CGR solicitó al presidente de la república que aclarara las contradicciones y vacíos existentes en sus declaraciones de probidad y que informara sobre las nuevas adquisiciones que hubiera hecho en el ejercicio de su cargo como presidente. anunció también que investigaría las obras de infraestructura que las instituciones gubernamentales habían realizado en las propiedades presidenciales. Al día siguiente, y en abierta contradicción con anteriores declaraciones a los medios de comunicación, Alemán argumentó que él no había comprado propiedades, y atribuyó el origen de su patrimonio a herencias familiares, incrementadas por la plusvalía acumulada en las mismas. Afirmó también que no entregaría ninguna información a la CGR, pues según su interpretación la ley de integridad moral de los funcionarios públicos ya no estaba vigente. el contralor Jarquín puso su informe en conocimiento de la junta directiva de la asamblea nacional -controlada por una mayoría de diputados liberales que siguen las orientaciones del ejecutivo-, pero el parlamento no le dio trámite por considerarlo inconcluso.
Al fijar su posición sobre el informe de la CGR sobre el patrimonio presidencial, el CENIDH destacó que reunía todos los requisitos legales que de acuerdo a la normativa administrativa que establece la CGR debe tener un documento de esta naturaleza. Destacó además que los "hechos constitutivos de delitos" señalados en el informe del ente fiscalizador evidenciaban que el presidente y otros funcionarios gubernamentales "obtuvieron con ventaja concesiones y lucro personal de entidades del estado". El CENIDH demandó al contralor dar paso al proceso sumario contra el presidente Alemán, petición que en 1999 no resolvió la contraloría.
Trama política del ejecutivo
Tras varias semanas de tensión en torno al informe de la CGR, se anunció una reunión entre la contraloría general de la república y el presidente Alemán para el 16 de marzo en la noche. En horas de la tarde, la comisión anticorrupción de la asamblea nacional publicó un informe -con visos de irregularidad y con la celeridad demandada por el ejecutivo-, en el que recomendaba al plenario desaforar al contralor Jarquín para así preparar las condiciones para su enjuiciamiento en los tribunales, iniciativa que la procuraduría general de justicia venía manifestando, argumentando que eran ilegales ciertas cantidades de dinero que legalmente recibía la contraloría de diversas entidades estatales.
Para esta reunión estaba previsto en la agenda del contralor discutir sobre el patrimonio presidencial, sobre el proyecto regional de fiscalización de la ayuda externa post mitch y sobre el presupuesto general de la república para 1999, aún sin aprobar.
Pese a que el presidente Alemán llegó a la reunión acompañado de los funcionarios que le son más cercanos en la presidencia, al contralor se le quiso imponer que entrara solo a la reunión en la casa presidencial. Jarquín rechazó esta condición y se negó a entrar a la reunión. De forma inmediata, el asesor presidencial, jaime morales carazo, y los secretarios presidenciales, fernando robleto y gilberto wong, brindaron una conferencia de prensa. Morales carazo informó que habían descubierto que la CGR había firmado varios contratos por servicios con diferentes personas y empresas a lo largo de 1998, y que entre ellos se encontraba un contrato con una persona inexistente -ramón parrales-. mostró también una copia del contrato con ese alegado "fantasma".
Morales carazo insistió en el "derroche de 7 millones de córdobas" en que había incurrido la CGR al pagarle a fantasmas y a otras personas -presentó una lista- por prestar servicios que, a juicio del gobierno tenían el único objetivo de promover la imagen política del contralor y de atacar injustificadamente la gestión gubernamental.
El fondo de la versión del gobierno era que el titular de la CGR no podía estar acusando a nadie de nada, habiendo incurrido él mismo en ilegalidades, y fue el temor a que esto se descubrieran públicamente sus ilegalidades lo que le llevó a negarse a entrar a la reunión con el presidente.
Al día siguiente, el contralor Jarquín, acompañado por la subcontralora claudia frixione y el equipo de la CGR, brindó una conferencia de prensa en la que reconoció el error cometido al contratar a una persona ficticia, cuya verdadera identidad era el presentador de tv danilo lacayo, director del programa "buenos días" del canal 2, quien en base a ese contrato había realizado trabajos de publicidad en favor de la contraloría y de investigación sobre varios casos de corrupción. Explicó Jarquín que el contrato fue elaborado con esta argucia a sugerencia de su ex-asistente, Néstor Abaunza, que le indicó que lacayo así lo había solicitado por razones de seguridad. Aclaró Jarquín que las personas y empresas que aparecían en la lista presentada por morales carazo no sólo existían sino que habían prestado servicios de publicidad y de otra naturaleza de forma completamente legal a la CGR.
A criterio del CENIDH, fue notorio que, con su trama política, el ejecutivo pretendió descalificar al contralor agustín Jarquín y al trabajo de la CGR y también erosionar la crediblidad de los medios de comunicación y de los periodistas ante la opinión pública, bastiones en la lucha contra la corrupción oficial.
Para lograr este objetivo, la presidencia utilizó mecanismos de espionaje político, ya que el "descubrimiento" fue producto de un "trabajo investigativo" desarrollado desde la propia casa presidencial. Es de destacar que el error del contralor Jarquín -reconocido públicamente por él- no implicó ningún perjuicio económico para el estado ni contribuyó al enriquecimiento personal del contralor o de ningún otro funcionario de la CGR.
La población no estuvo ausente en el conflicto del ejecutivo con la contraloría. El 25 de marzo se realizó una manifestación convocada por radio la primerísima y por varias organizaciones sociales, entre ellas el CENIDH, a la que asistieron más de 15 mil personas, que expresaron su respaldo al contralor y a la labor de la CGR. Por primera vez en la historia del país, la lucha contra la corrupción gubernamental era capaz de movilizar a muy diversos sectores sociales y políticos.
La trama política contra la CGR fue noticia diaria durante varios meses en los medios de comunicación social. El gobierno y el partido liberal constitucionalista desarrollaron una costosa campaña -con un gasto estimado de 7 millones de córdobas - atacando al contralor y a la subcontralora presentándolos ante la opinión pública, con un hábil manejo de sus propias declaraciones, como vulgares delincuentes.
La trama se trasladó al ámbito judicial cuando la procuraduría general de justicia -dependiente del ejecutivo- acusó al contralor, a la subcontralora y a los principales funcionarios de la CGR por falsificación de documentos públicos y auténticos, fraude y otros delitos. A su vez, la policía nacional que intervino a posteriori al "descubrimiento" gubernamental acusó a danilo lacayo y a néstor abaunza por uso indebido de nombre, fraude y otros delitos. La CGR, por su parte, presentó acusación contra los funcionarios de la presidencia involucrados en el caso, y contra néstor abaunza y danilo lacayo por usurpación de atribuciones y sustracción de documentos.
Durante varios meses los equipos jurídicos de ambas partes hicieron uso de una serie de recursos legales, que prolongaron la tramitación del juicio -las tres causas fueron acumuladas-, y el caso pasó de mano en mano de varios judiciales. Durante este tiempo, el ejecutivo no escatimó ni medios ni recursos -una excesiva diligencia procesal de la procuraduría general de justicia, campañas publicitarias, declaraciones presidenciales de condena e indulto, intento de soborno a un judicial, maniobras legislativas para desaforar al contralor- para promover una sentencia desfavorable al contralor y a los funcionarios de la CGR. El contralor y la subcontralora decidieron renunciar a su inmunidad y sujetarse a la decisión del poder judicial, dando así un ejemplo que contribuyó grandemente a construir institucionalidad y honestidad en el país.
Antes de que la judicial emitiera la sentencia, y en un gesto sin precedentes en el desempeño de la función pública, el contralor agustín Jarquín entregó un poder especial al pastor evangélico dr. Gustavo parajón, al cardenal miguel obando, al CENIDH, la cpdh y la anpdh, y a los tres principales diarios nacionales, autorizándoles a investigar todo lo relativo a su patrimonio personal y familiar, proporcionándoles para ello toda la documentación necesaria.
También antes de emitirse la sentencia, se produjo el fracaso de las reuniones entre el ejecutivo y la CGR iniciadas por presiones del fondo monetario internacional, por la negativa de los delegados del ejecutivo a consensuar una agenda común, ya que su único interés parecía ser la revisión de las resoluciones de la CGR que afectaban a funcionarios del actual gobierno.
La trama llegó a su final cuando el 5 de noviembre, la jueza cuarto de distrito del crimen de managua, dra. Vanessa Chévez, dictó auto de segura y formal prisión contra el contralor Jarquín, danilo lacayo y néstor abaunza por el delito de fraude, y liberó de responsabilidad a los otros involucrados -funcionarios de la presidencia y de la CGR-. sin ser requerido, el 8 de noviembre el contralor Jarquín se personó al juzgado a notificarse del auto de prisión, apelando del mismo y manifestando su disposición de no evadir la aplicación de la justicia. Dos días después la judicial dictó la orden de detención.
El 10 de noviembre, el contralor Jarquín fue detenido por la policía en las instalaciones de la CGR y trasladado inicialmente a las instalaciones de Plaza el Sol y luego a la dirección de investigaciones criminales. El 24 de diciembre a eso de las cinco de la tarde, después de 44 días de cárcel, el ingeniero Jarquín fue liberado luego que el tribunal de apelaciones emitiera una resolución en la que revocaba la sentencia de la juez inferior y en consecuencia absolvía definitivamente a los tres procesado del delito de fraude.
Desde el momento de la detención y ubicación definitiva del contralor en prisión, hasta su salida de la cárcel, el CENIDH vigiló tanto sus condiciones de seguridad como las garantías del debido proceso en la tramitación de la apelación.
La detención de Jarquín generó reacciones adversas de la población -expresiones públicas y constantes, manifestaciones, plantones diarios- y de los organismos financieros internacionales y prácticamente de todas las instancias de cooperación con Nicaragua, que de diferentes formas y de manera muy firme manifestaron públicamente su repudio al juicio contra el contralor y a su encarcelamiento.
Los embajadores de la Unión Europea, Noruega y Suiza emitieron una declaración en la que expresaron la necesidad de que hubiera independencia entre las instituciones públicas y consideraron que la detención del contralor Jarquín puede "tener un profundo impacto en la gobernabilidad del país y puede también poner en riesgo la admisión de nicaragua a la iniciativa hipc". Dijeron que les "gustaría ver una rápida solución a los actuales problemas institucionales para evitar ulteriores repercusiones negativas", recordando que "algunas instituciones como la contraloría general de la república han visto obstaculizado durante demasiado tiempo el pleno ejercicio de sus funciones constitucionales". Asimismo, expresaron su preocupación por varios casos que estaban siendo objeto de investigación por la CGR, y que podrían implicar malos manejos de importantes sumas de dinero público.
Presupuesto de 1999
Antes de la aprobación del presupuesto general de la república de 1999, la CGR había denunciado la existencia de 1 mil 600 millones de córdobas (unos 150 millones de dólares) como partidas no especificadas a ser manejadas con abierta discrecionalidad por la presidencia de la república y el banco central. Esta denuncia se convirtió en un punto central de la crisis institucional entre el ejecutivo y la contraloría. El 7 de abril, el ministerio de hacienda y crédito público reconoció una "errata" en la elaboración del presupuesto por más de mil millones de córdobas, lo que generó una agria discusión en la asamblea nacional y mayores retrasos en la aprobación del presupuesto que, por ley, debió aprobarse en diciembre de 1998. Finalmente, y tras tensiones y agitadas sesiones parlamentarias, el presupuesto se aprobó hasta el 5 de mayo de 1999.
Las expectativas de que el presupuesto de 1999 incluyera aumentos salariales para los sectores laborales más afectados por las políticas ecónomicas -maestros, policías, soldados, trabajadores de la salud- no se alcanzaron. la CGR reconoció que se habían logrado eliminar las partidas discrecionales que iba a manejar la presidencia para imprevistos, pero cuestionó que se mantuviera la política de transferencias de fondos hacia la presidencia y hacia el banco central desde empresas estatales y entes autónomos, sin especificar su destino.
En el documento "análisis preliminar de la ejecución del presupuesto general de la república i semestre del año 1999...", remitido a la asamblea nacional por la contralora en funciones, doctora claudia frixione, quedó claro que aún persisten importantes vacíos en la información que el ejecutivo debe remitir a la CGR para un mayor control de la ejecución presupuestaria, asimismo se aprecia que existen partidas presupuestarias que son manejadas con gran discrecionalidad.
Dicho documento menciona entre otros aspectos, que las transferencias de capital, que se destinan a inversiones y cuyos beneficiarios son organismos públicos y privados, se ejecutaron financieramente en un 44.0 % (588.7 millones de córdobas), correspondiendo de esto el 51.4 % al sector privado y al sector público, el 35.8 %. haciéndose mención que es necesario "determinar con especificidad las organizaciones y programas que conforman el sector privado y los conceptos que comprenden estas inversiones".
Por otra parte, dicho documento destaca la ineficiencia de algunas entidades públicas en lo que respecta a la ejecución de su presupuesto, refiriendo que " el programa de inversiones públicas se ejecutó en un 40.4 % (1,421.5 millones de córdobas), de un total de presupuestado de 3, 522.6 millones de córdobas..., llama la atención que organismos con altos presupuestos de inversión, tienen niveles de ejecución muy bajos; se destacan entre ellos entidades orientadas a la inversión social (salud y educación) y productiva agropecuaria". Asimismo, se hace ver que la CGR en su análisis no incluyó lo relativo al avance físico enero/junio de los proyectos que conforman el programa de inversiones públicas, dado que en su mayoría los organismos del estado no envían a la CGR informes detallados sobre los avances de los proyectos.
La reunión de Estocolmo
La delegación nicaragüense que asistió a la reunión del grupo consultivo para centroamérica en estocolmo (25 al 28 de mayo) llegó con un listado de 300 proyectos, para los que solicitaba 1 mil 300 millones de dólares, el 77% para proyectos de reconstrucción vial. Antes del viaje, el gobierno desarrolló una amplia campaña desinformativa buscando hacer creer a la población que la reunión sería el espacio donde se le condonaría a nicaragua su deuda externa, y que eso significaría el inicio de la salida de la pobreza.
En estocolmo, el presidente Alemán usó en su discurso los conceptos que emplea la cooperación externa para presentar los avances que en transparencia en el manejo de los recursos y en gobernabilidad había alcanzado el país. Utilizó también este foro para proponer la creación de una instancia de fiscalización regional, pero la iniciativa no tuvo ningún eco en la comunidad internacional.
El contralor general de la república Agustín Jarquín asistió a Estocolmo en su carácter de presidente de la organización centroamericana de entidades fiscalizadoras, para proponer que cada país estimulara 10 acciones para garantizar transparencia: fortalecer las contralorías nacionales; establecer leyes para atender lo contencioso administrativo; tipificar los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y soborno; lograr que las instituciones del estado elaboren presupuestos claros en cuanto al origen y destino de todas las partidas.
Como resultado de la reunión de estocolmo se decidió que la cooperación que llegara a nicaragua sea monitoreada por el llamado grupo de los cinco, una instancia en la que participan representantes de la sociedad civil y de cinco países (españa, canadá, estados unidos, alemania y suecia). Al regreso de la delegación oficial, el gobierno tuvo que reconocer que el 52% de los montos prometidos en estocolmo no eran nuevos porque ya estaban definidos desde años atrás.
Principales casos de corrupción
Compra de tierras de la familia presidencial
En los dos primeros meses del año los medios de comunicación informaron sobre hechos que evidenciaban tendencias latifundistas en el presidente de la república, sus familiares y algunos de sus más cercanos allegados, quienes habrían adquirido -y parecían seguir adquiriendo- cientos de manzanas de tierra en distintos puntos del país, pagando por ellas precios irrisorios a cooperativas en quiebra y a otros pequeños y medianos propietarios. En estas operaciones de compraventa aparecían involucrados el director del instituto de desarrollo rural, eduardo mena, que actuaba como administrador de geninsa, la sociedad anónima de la familia Alemán, y el subprocurador general de justicia, denis maltez, que hacía las veces de notario público de la familia presidencial. Llamaba la atención que las tierras estaban ubicadas en lugares donde el gobierno desarrolla importantes proyectos de turismo y de construcción de carreteras, lo que aumentaba el valor de las propiedades. Igualmente, era destacable que en las nuevas propiedades presidenciales las empresas estatales habían abierto caminos e instalado pozos de agua potable y la energía eléctrica.
El presidente Alemán reconoció que su familia había adquirido estas tierras a cooperativas quebradas financieramente y a precios muy bajos, y reivindicó, en cadena televisiva, el derecho que tenían de adquirir los bienes que pudieran, responsabilizando a los medios de comunicación de desarrollar una campaña "malévola" en contra del prestigio de su familia.
Cuando el presidente Alemán fue requerido por la CGR para que informara sobre su patrimonio en relación a estas compras, la respuesta del presidente fue que el contralor investigara en los registros públicos de la propiedad. Posteriormente, el diputado sandinista víctor hugo tinoco solicitó a la contraloría que iniciará una investigación sobre el patrimonio presidencial. Cuando los funcionarios de la CGR desarrollaban la investigación en la finca la chinampa -la que cuenta con la mejor infraestructura-, se produjo una comunicación telefónica del presidente Alemán al contralor Jarquín, donde el presidente, en forma amenazante, le dijo que si quería guerra la tendría y que comenzaría a jugar con él "bola recia". En esta ocasión, el contralor solicitó por escrito al mandatario le brindara una aclaración sobre el sentido de estas afirmaciones, y recurrió a la par al CENIDH para denunciar las amenazas del presidente, situación que el CENIDH puso en conocimiento de la comisión interamericana de derechos humanos, solicitando medidas cautelares.
En junio se conoció concretamente que a finales de 1998 el presidente Alemán había adquirido una propiedad de 125 manzanas en el municipio de tola, departamento de rivas, por la que la sociedad geninsa pagó 800 córdobas por manzana a una cooperativa endeudada con la banca estatal, informándose también que la familia Alemán ya había comprado antes en la zona unas 1,791 manzanas de tierra, cuyo valor se incrementaría por estar ubicadas cerca de la zona donde se construirá el megaproyecto del canal seco.
En diciembre se conoció también concretamente de nuevas adquisiciones de tierras por el presidente Alemán: 100 manzanas en diriamba compradas a una cooperativa, 70 manzanas de otra finca también en diriamba, y 246 manzanas más en villa carlos fonseca, departamento de managua. Todas estas adquisiciones fueron hechas a través de su custodio personal, david lara bustamante y de la firma representaciones internacionales s.a. (Reprinsa) y también bajo los oficios notariales del subprocurador general de la república, Denis Maltez.
Certificados de beneficio tributario
A finales de enero, la contraloría presentó los resultados de una investigación realizada en torno al otorgamiento hecho durante el gobierno chamorro por el ministerio de economía de los llamados certificados de beneficio tributario a empresas de exportación. Parte de estos cbt los recibieron empresas vinculadas al grupo Hermoso y Vigil. La CGR demostró que estas empresas defraudaron al estado en 19 millones de dólares, y señaló presunciones de responsabilidad penal contra el ex-ministro Pablo Pereira. El informe de la CGR pasó a los juzgados, donde la judicial dictó auto de segura y formal prisión contra Pereira, que concluyó el año como prófugo de la justicia.
Empresa nicaragüense de telecomunicaciones
Estando en marcha el proceso de privatización de enitel, la contraloría emitió en marzo una resolución declarando la nulidad del contrato firmado en 1998 entre enitel y la empresa construcciones centroamericanas, subsidiaria de la empresa de comunicaciones mastec -propiedad del grupo cubano-americano mas canosa-, para instalar 100 mil nuevas líneas telefónicas por valor de 100 millones de dólares. Las razones alegadas por la CGR se sustentaron en el alto costo del proyecto, que no contó con el aval de la CGR. En esta ocasión, se descubrió que el gobierno había constituido una hipoteca sobre siete propiedades de enitel, entre ellas su edificio principal, por valor de 100 millones de dólares a favor de la empresa construcciones centroamericanas, la que enitel se vio obligada a anular por su ilegalidad.
La procuraduría general de la república se negó a iniciar las acciones necesarias para la anulación del contrato con la subsidiaria de mastec, y al retirarse las empresas que participaban en el proceso de licitación, la CGR demandó de enitel declararlo desierto y reiniciarlo a finales del año, decisión que finalmente se impuso pese al obstinamiento del gobierno que quería pagar los favores políticos hechos por el grupo mas canosa al presidente de la república a costa del patrimonio estatal.
Alcaldía de managua
En mayo, un medio de comunicación social demostró -con las facturas de los servicios públicos- que desde hacía varios años el alcalde de managua, roberto cedeño, pagaba los recibos de energía eléctrica, agua potable y teléfonos de sus dos casas particulares y otros gastos de su familia con fondos de la comuna capitalina. Cedeño aceptó la versión y declaró que lo había hecho así por lo reducido de su salario -que es de 4 mil dólares- y porque tomaba estas cantidades como gastos de representación, lo que era usual desde el período alcaldicio del dr. Alemán. Después de una presión pública a través de todos los medios, cedeño aceptó reembolsar esos gastos.
Privatización del banco nicaragüense de industria y comercio
Tras un proceso que ya en su momento no apareció muy claro, el estado privatizó el 51% de las acciones del estatal banic, que fueron adquiridas por la empresa inversiones iberoamericanas, sociedad anónima vinculada al hamilton bank de los estados unidos, que pagó 11 millones 52 mil dólares por ellas, superando así su precio base, que había sido fijado en algo más de 6 millones de dólares. Ya en ocasión de la privatización, el diputado conservador noel vidaurre afirmó que había muchas irregularidades en el proceso, destinadas a enmascarar a los verdaderos adquirientes de las acciones, señalando que eran altos funcionarios del actual gobierno.
El 30 de agosto, la CGR emitió una resolución por la que anuló el proceso de capitalización (privatización) del 51% de las 36 mil acciones del banic vendidas a la empresa inversiones iberoamericanas. La investigación desarrollada por la contraloría comprobaba que en el proceso se cometieron violaciones a la ley que regula específicamente este tipo de operaciones. Entre otras cosas, se demostró que el banic, antes de ser capitalizado, otorgó créditos millonarios a allegados del presidente Alemán, entre éstos, a donald spencer; y que algunos de los directivos salientes se otorgaron ilegalmente durante el proceso de privatización más de 20 millones de córdobas en indemnizaciones, bonos, dietas y sobresueldos. Entre los funcionarios beneficiados estaba el ministro de hacienda y crédito público, esteban duquestrada. El banco mundial -que supervisa las reformas estructurales que hace nicaragua- y que incluso proporcionó información sobre el mismo a la contraloría, guardó distancia del proceso de privatización del banic, después de conocer la resolución de la CGR.
La CGR demandó del presidente que se sancionara a los funcionarios involucrados, lo que no sucedió, más bien como ya ha sido habitual en otros casos, los altos funcionarios del gobierno y los ex-funcionarios del banic señalados recurrieron de amparo contra la resolución de la CGR. Y los nuevos dueños del banic no permitieron siquiera ingresar a las instalaciones del banic a los funcionarios de la CGR para realizar una serie de auditorías, necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Minimizando la gravedad de estos hechos, el presidente Alemán anunció que sería el banco mundial quien realizaría la auditoría.
Como en el proceso de privatización aparecía involucrado el hamilton bank, establecido en estados unidos, la CGR solicitó a la fiscal general de los estados unidos, janet reno, que realizara una investigación que determinara si en la ilegalidad de la operación financiera se violentaron no sólo leyes nicaragüenses, sino también leyes federales estadounidenses. Al finalizar el año, no se volvió a conocer nada sobre lo actuado por las autoridades estadounidenses en este caso.
Empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados
El 6 de octubre, la CGR emitió una resolución en la que señaló presunciones de responsabilidad penal y administrativa al director de enacal por haber construido, con fondos estatales, cinco pozos de agua en dos de las haciendas presidenciales, aún cuando la sociedad geninsa pagó por ellos cierta cantidad de dinero. Cuando se estaba tramitando el caso en la vía judicial, el director de enacal, róger solórzano, recurrió de amparo y, con una celeridad inusitada, la corte suprema de justicia ordenó suspender el proceso penal, prolongando así la cadena de impunidades de altos funcionarios del actual gobierno, envueltos en actos de corrupción por los que no responden nunca.
El pacto Alemán-Ortega y sus efectos en la contraloría
En junio se confirmó lo que desde hacía meses se especulaba en relación a uno de los objetivos del pacto entre el presidente Alemán y el dirigente del FSLN Daniel Ortega: cambiar la estructura de funcionamiento de la contraloría general de la república mediante una reforma constitucional que estableciera para la institución una dirección colegiada. Un mes después, la organización centroamericana de entidades fiscalizadoras (ocefs) emitió una resolución criticando la colegiación del ente fiscalizador de nicaragua, y el contralor agustín Jarquín anunció que renunciaría a su cargo si se producía una transformación que desnaturalizara la función de la contraloría politizando el resultado de sus investigaciones técnicas.
El pacto -con las reformas constitucionales que contiene- no sólo representó cambios institucionales en la CGR, sino que puso al descubierto la falta de consistencia política y ética del FSLN ante el problema de la corrupción.
El 3 de diciembre, la presidenta del CENIDH, vilma núñez presentó ante la comisión especial dictaminadora de la asamblea nacional, las consideraciones del CENIDH sobre las reformas constitucionales. Respecto a la colegiación de la contraloría general de la república manifestó el CENIDH:
"En la reforma de los artículos 154 al 156 se establece la contraloría colegiada, con 5 miembros propietarios y 3 suplentes, sustituyendo las figuras del contralor y subcontralora por la del consejo superior de la contraloría, dirigido por un presidente y un vicepresidente. se establece también que la asamblea nacional autorizará auditorías sobre la gestión del ente fiscalizador.
En estos años ha quedado demostrado que la contraloría general de la república representa una de las pocas excepciones a la ausencia de control y fiscalización que existe en el estado. El ente fiscalizador se ha convertido en la institución estatal de mayor credibilidad y prestigio en la nación, por haber asumido responsablemente el mandato que le confiere la constitución y por las investigaciones que ha venido realizando, a pesar de limitaciones, presiones y hasta amenazas. De esta manera, la contraloría general de la república ha contribuido de forma notable a ir creando una conciencia ciudadana que demanda transparencia y rendición de cuentas a los servidores públicos, conciencia tan novedosa como necesaria en nicaragua.
Resulta lamentable que dos voluntades partidarias en proceso de descrédito hayan decidido abortar esta experiencia institucional y frenar este incipiente proceso de maduración democrática. Es obvio que la colegiación de la contraloría general de la república está orientada a desnaturalizar el trabajo profesional y técnico que viene realizando ejemplarmente esta institución y a politizarlo partidariamente en función de los intereses de ambos grupos negociadores. Contribuye a hacerlo obvio el que esta reforma ha sido pactada en el contexto de graves acusaciones sobre la corrupción de altos funcionarios gubernamentales, incluido el propio presidente de la república y su familia.
En la lógica de los acuerdos, basada en la impunidad compartida, no podemos olvidar que si al actual gobierno liberal la opinión pública lo ha señalado reiteradamente como "el más corrupto de la historia de nicaragua", el partido "opositor" que ha pactado con él estas reformas constitucionales cuenta con altos dirigentes que están también vinculados a graves actos de corrupción y abusos de poder.
La disposición lV transitoria de la reforma, al dejar al ingeniero Agustín Jarquín como miembro propietario del consejo superior de la contraloría, y a la subcontralora claudia frixione como suplente de este consejo, pretende una apariencia de respeto institucional en relación a la finalización de los períodos para los que fueron electos. Resulta obvio que, aunque permanezcan al interior de la institución, el contralor y la subcontralora perderán toda posibilidad de incidir eficazmente en los trabajos de la nueva institución colegiada. Esto es peor en el caso de la subcontralora, a quien despojan del cargo, porque la suplencia que se le concede significa poder trabajar solamente en ausencia de los propietarios, siendo objeto de esta manera de una clara destitución.
El CENIDH considera que en la parte final del párrafo 1 del artículo 156 constitucional existe un gravísimo atentado contra la independencia y autonomía funcional y administrativa de la contraloría, que en la práctica quedará eliminada, no sólo porque serán allegados a los dirigentes del FSLN y del PLC quienes dirigirán ahora al ente fiscalizador, sino porque se establece la posibilidad de que la asamblea nacional -controlada también por los dos partidos que impulsan las reformas- auditoríe en cualquier momento la gestión de la contraloría".
A pesar de que la casi totalidad de organizaciones y personas que acudieron a la consulta de la comisión rechazaron las reformas constitucionales por su carácter antidemocrático, el dictamen fue favorable y el 9 de diciembre los diputados liberales y sandinistas, excepto cuatro las aprobaron en primera legislatura, quedando pendiente su aprobación definitiva para el año 2000. [volver]
2. Derechos economicos sociales y culturalesDerechos laborales
En 1999 se constató una grave amenaza contra los derechos de los trabajadores, al pretender las organizaciones patronales reformar el código del trabajo, que entró en vigencia en diciembre de 1996, por considerar que desestimula la inversión empresarial. El propósito es eliminar o reformar los artículos 43 y 45, relativos al pago de indemnización por años trabajados, el artículo 27 relativo a las formas de los contratos de trabajo, el artículo 48 que establece las causales y procedimiento de despidos. Además, lo relacionado con la eliminación del fuero sindical, con complejizar aún más los mecanismos de negociación de convenios colectivos y con imposibilitar la realización de huelgas. Los sindicatos -sobre todo los rurales- también pretenden reformar el código tratando de mejorar las condiciones mínimas de trabajo -alimentación balanceada, salud, vivienda, seguro social, educación para niños de 5 a 10 años, educación de adultos, etc.
Los empresarios, los sindicatos y el ministerio del trabajo (mitrab) sostuvieron encuentros para intercambiar sus puntos de vista, lo que indica la aceptación de las tres partes de la necesidad de reformar el código. Aparentemente, existe consenso en lo relacionado a regular el empleo en las maquilas, a establecer mayores restricciones para el trabajo infantil, a ampliar los derechos laborales de las mujeres y a establecer un artículo que garantice la estabilidad laboral a los trabajadores del estado.
Asociación sindical
La dirección de asociaciones sindicales del mitrab reportó que en el primer semestre del año, inscribió 73 nuevos sindicatos (7 más que en igual período del año pasado), con un total de 2,266 afiliados (730 afiliados menos en relación a igual período del año pasado). Los departamentos de managua y matagalpa son los que reportaron mayor número de sindicatos nuevos: 13 y 11 respectivamente. de los 73 nuevos sindicatos, el 85% pertenecen al sector servicios y el 80% se ubica en centros de trabajo estatales. Una tendencia que se mantiene es que la mayoría de nuevos sindicatos no se afilia a las federaciones o confederaciones existentes. En este caso están 22 sindicatos, que tienen organizados al 30% de afiliados. Las organizaciones sindicales que recibieron mayor número de nuevos sindicatos y afiliados fueron fetsalud y la cus, con 10 sindicatos cada una y el 14% de los nuevos afiliados cada una.
De los sindicatos existentes, 302 actualizaron sus juntas directivas (23 más que el primer semestre del año pasado), representando a 18,649 afiliados (1,264 afiliados menos que igual período del año pasado). También se reestructuraron 45 sindicatos con 3,156 afiliados, totalizando 347 organizaciones sindicales. De los sindicatos actualizados, 78 (25.8%) no pertenecen a ninguna federación o confederación, 61 pertenecen a la cst, 49 a fetsalud, 27 a la ctn y 26 a la caus.
En el primer semestre del año, el mitrab autorizó -a petición de los empresarios- la desaforación y posterior despido de 76 dirigentes sindicales. En su mayoría, los empresarios utilizan este procedimiento en contra de los más beligerantes dirigentes sindicales. Actuando así no sólo evitan reclamos laborales, sino que provocan un grave daño a la libertad sindical.
En 1999 se evidenció de forma clara la actitud antisindical del ministerio del trabajo (mitrab) en el caso de un sindicato de la maquiladora chi shing que tuvo que elegir en tres oportunidades directiva sindical. De forma absurda, el mitrab le daba curso a las impugnaciones de los empresarios y negociaba o autorizaba la desaforación y el despido de los sindicalistas. El CENIDH intervino en el trámite administrativo del mitrab y apoyó a los trabajadores, haciendo presión directa e indirecta sobre las autoridades del trabajo para que otorgaran la personalidad jurídica al sindicato, lográndose acceder a ese derecho hasta el 19 de noviembre.
En el ingenio Javier Guerra -hasta hace unos meses propiedad de los trabajadores- se produjeron fuertes roces internos entre los trabajadores en la lucha por la hegemonía sindical. Un grupo era apoyado por la administración y otros querían acabar con un contubernio que había durado más de seis años. Finalmente salió victoriosa la directiva sindical independiente, pero fue impugnada por la empresa y su grupo, y el mitrab dió lugar a dicha impugnación, a pesar de haber constatado que la elección había sido conforme a la ley.
En septiembre y en la empresa cartonica -propiedad del estado-, el mitrab autorizó la desaforación y despido de 7 dirigentes sindicales por haber presuntamente "faltado al respeto" al gerente de la empresa. En el mes de noviembre el tribunal de apelaciones de león admitió un recurso de amparo y mandó suspender los efectos de esa resolución administrativa.
Empleo y desempleo
Según cifras del banco central dadas a conocer en el mes de septiembre por el vicepresidente de la república enrique bolaños, la población económicamente activa (pea) de nicaragua es de 1 millón 695 mil 400 personas, y el gobierno liberal en sus 32 meses de gestión ha creado 250 mil nuevos empleos, lo que estaría contribuyendo a disminuir el desempleo. No obstante, el seguro social sólo ha ingresado a 58 mil 748 nuevos trabajadores y este supuesto incremento de empleos no se refleja en el crecimiento del pib nacional. Un dato impactante es que sólo el 16.89% de la pea (286 mil 363 personas), está asegurada, lo que demuestra los niveles de desprotección social de la población trabajadora nicaragüense. Esta situación se agudizará previsiblemente con la aprobación por la asamblea nacional en el año 2000 de la privatización de las pensiones.
Después del paso del huracán mitch se crearon muchos nuevos puestos de trabajo, sobre todo en el sector construcción, pero en su mayoría se trata de empleos temporales, en los que los trabajadores no llegan a asegurarse. En las regiones autónomas del atlántico no se percibe mejoría en la oferta de empleo. Un ejemplo está en la empresa minera hemconic -antes greenstone-, ubicada en el municipio de bonanza, que continuó reduciendo personal, al igual que el ingenio azucarero de kukra hill.
En su informe de 1996, el banco central había reportado que el desempleo era del 51.1%. a partir de 1997, tras el cambio de gobierno y tras un evidente cambio de metodología de medición, el banco central ubicó el desempleo en un 24.1%. consideramos que las cifras referentes al desempleo han sido continuamente manipuladas por los funcionarios gubernamentales, quienes ni siquiera se ponen de acuerdo sobre las mismas. A finales de abril, la directora de empleos y salarios del mitrab declaró que las cifras del desempleo "no son tan altas", aduciendo que el desempleo abierto es de 10.1% y el subempleo de 40.7%. desmintiendo a sindicalistas y economistas independientes que afirman que en nicaragua el desempleo total sobrepasa el 50%. "Si eso fuera así hubiera un caos social, ni siquiera en los países de africa hay esa cantidad", afirmó la funcionaria.
En octubre, el instituto de estudios nicaragüenses (ien) dio a conocer una encuesta realizada entre el 5 y el 12 de septiembre de 1999, en la que afirma que el desempleo abierto es de 11% y que un 41% de los trabajadores aptos para trabajar está en el subempleo. Según la encuesta, un 85% de los nicaragüenses vive en el nivel de pobreza, y de ellos el 57.6% en pobreza extrema. En un 40.2% de la viviendas sólo una persona trabaja y en un 32.3% son dos las personas con trabajo.
La fundación internacional para el desafío económico global (FIDEG) dio a conocer en noviembre un balance sobre tendencias del mercado de trabajo en las ciudades de managua, león y granada, donde se concentra el 50% de la población urbana de nicaragua. Esta institución ha sostenido que la lenta reactivación económica, la incapacidad del sector privado de absorber mano de obra y la saturación del sector informal de la economía, inciden en que grandes cantidades de trabajadores nicaragüenses emigren, sobre todo a costa rica, en busca de oportunidades de empleo. FIDEG prueba esta afirmación al demostrar que en nicaragua hay una sensible reducción de la pea, lo que está estrechamente relacionado con la migración interna y externa de la mano de obra. Según FIDEG, el 22.3% de la pea que en 1998 se encontraba viviendo en las tres ciudades, emigró buscando otras alternativas, dentro y fuera de nicaragua. Entre las mujeres es mayor la migración, en especial en la ciudad de granada, donde el 28% de la pea femenina emigró, un 47.2% de esa cantidad fuera de nicaragua.
Todo esto confirma las previsiones hechas por el CENIDH en 1998, cuando consideramos que la falta de oportunidades de trabajo que ya existían, situación agravada por el huracán mitch, incrementaría la migración. Analistas independientes han estimado que unos 25 mil nicaragüenses se quedan cada año en costa rica como residentes, y que el monto de las remesas que envían a sus familias supera los 200 millones de dólares al año.
La migración de mano de obra hacia otros países de la región es mínima. Después de costa rica, es estado unidos el país que mayormente eligen los nicaragüenses. En 1999 se volvieron a frustrar las pretensiones del gobierno de exportar fuerza de trabajo a taiwan. El ministro del trabajo sostuvo conversaciones con unos empresarios dueños de la compañía de cruceros carnival, de miami, quienes ofrecían demandar los servicios de mil nuevos trabajadores cada año, pero ningún contrato fue finalmente suscrito con esta empresa.
Para el FIDEG, el desempleo abierto se ha reducido a un 11.5% en managua, león y granada, aunque señala como una violación al derecho a una vida digna el que la calidad de muchos nuevos empleos sea deplorable, ya que tan sólo el 27% de la población ocupada tiene acceso al pleno empleo (laboran 40 horas semanales y pueden adquirir dos o más canastas básicas), mientras que entre el 73% que está en el subempleo, un 26% padece un subempleo visible (laboran menos de 40 horas semanales) y un 47% un subempleo invisible (trabajan largas jornadas y su ingreso es inferior al costo de una canasta básica). Esta situación es aún más precaria entre las mujeres, quienes en un 79% viven en el subempleo, especialmente el invisible.
El gobierno anunció que para trabajar más eficientemente requería despedir a 1,500 trabajadores de la empresa estatal de energía, a 1,500 de la de telecomunicaciones -los despidos son condiciones para la privatización de ambas empresas, dejándolas a los nuevos dueños con mayor rentabilidad y sin sindicatos- y a 600 del ministerio de transporte e infraestructura. En el caso de los trabajadores de telecomunicaciones, ya en 1998 el gobierno había despedido a más de 400 trabajadores, que realizaron una huelga en demanda de la firma del convenio colectivo y a 573 como fruto de una "reorganización". En junio, el principal líder sindical de este sector denunció que su trabajo se les estaba condicionando: o se afiliaban al partido en el poder, al PLC, o eran despedidos.
Según datos del mitrab, en el primer semestre del año los empleadores solicitaron autorización para despedir por "casos especiales" (aplicación de artículos específicos del código del trabajo) a 781 trabajadores, principalmente en el sector servicios (394) y en la industria manufacturera (24). El 63% del total de los casos ocurrió en managua. De ellos, 652 por decisión unilateral de los empresarios, y 129 por presuntas infracciones del trabajador. Por resolución, el mitrab autorizó el despido de 360 trabajadores y dictó no ha lugar en 231 casos. El resto de casos se resolvió por otras vías. Hubo 18 reintegros por acuerdo de las partes y sólo 2 casos pasaron a los juzgados. Es importante resaltar que de las 781 peticiones de autorización de despido, 617 se hicieron conforme el artículo 48 del código, relativo a presuntas faltas del trabajador; 76 casos fueron conforme el artículo 231, relativo a dirigentes sindicales protegidos por el fuero sindical; y 54 casos se tramitaron en contra de mujeres embarazadas.
Adicionalmente, los empleadores solicitaron 12 suspensiones "temporales" de contratos, afectando con ello a 780 trabajadores. 7 solicitudes fueron presentadas en león y 3 en managua, afectando a 178 trabajadores en león y a 493 en managua. El 94% de los casos (733 trabajadores) pertenecía a la industria manufacturera. El 98% laboraba en empresas privadas, estando ubicados 635 (81%) en la zona urbana. La causa aducida por los empleadores para hacer sus peticiones fueron en 494 casos fuerza mayor o caso fortuito y en 201 casos la falta de materia prima.
Los empleadores solicitaron 14 autorizaciones para la terminación de contratos de trabajo, afectando así a un total de 792 trabajadores. 8 solicitudes fueron interpuestas en estelí y 2 en león, afectando a 375 y 276 trabajadores respectivamente. del total de trabajadores afectados, 397 estaban ubicados en el sector construcción y 377 en la industria manufacturera. El 98% (774 trabajadores) laboraban para la empresa privada.
Salarios y canasta básica
A pesar de que en junio de 1998 correspondía hacer la revisión del salario mínimo, conforme a los acuerdos entre empresarios, trabajadores y gobierno, fue hasta febrero de 1999 que se inició un debate público sobre el tema, y no por presiones de las organizaciones sindicales, sino por las de otros sectores. A pesar de esto, la instalación de la comisión de salario mínimo se retrasó debido al conflicto de los trabajadores de la construcción.
La comisión nacional del salario mínimo, integrada de conformidad con la ley, se instaló a finales de marzo y el 28 de julio, después de prolongadas jornadas de negociación, acordó reajustar el salario mínimo en cada uno de los sectores de la economía. Para el sector agropecuario -siempre el menos favorecido- se estableció el salario mínimo en 450 córdobas más la comida. Para los trabajadores del gobierno central quedó en 550 córdobas. Para la industria manufacturera, en 600. El sector más favorecido fue el de la construcción, con 1,200 córdobas mensuales, seguido por las empresas financieras con 1,000. El CENIDH recibió información sobre incumplimiento de estos salarios en las empresas de la industria manufacturera y de la construcción. Por esta razón, considera positivo que en noviembre diez organizaciones sindicales solicitaran al mitrab la instalación de la comisión nacional de salario mínimo para revisar la situación.
Según el FIDEG, el valor de la canasta básica de 53 productos era en octubre de 2,053.52 córdobas en la zona del pacífico, siendo la ciudad más cara managua, donde tenía un valor de 2,099.05 córdobas, lo que significa un incremento de 274.05 córdobas en relación a su costo en 1998. La canasta básica sigue teniendo un precio más bajo en los departamentos de juigalpa (1,984.16 córdobas) y de matagalpa (2,056.02).
El FIDEG aifrma que en la región del pacífico, en agosto de 1999, la gran mayoría de los trabajadores no cubría con sus salarios una canasta básica satisfactoria. Un 54.3% de la fuerza de trabajo recibía ingresos con los que podía adquirir media canasta básica o menos, el 25% podía adquirir sólo media canasta básica, el 14% adquiría entre una y dos canastas y tan sólo el 6.7% adquiría dos canastas o más.
Convenios colectivos
Según el ministerio del trabajo, hasta el mes de junio los trabajadores introdujeron un total de 17 pliegos de peticiones, que firmaron 2,407 trabajadores de un total de 4,981, un 48%. los sectores con mayor número de trabajadores firmantes fueron: servicios, electricidad, gas, agua e industria manufacturera. 10 de estos pliegos llegaron del sector estatal y 7 del privado. 14 de los 17 pliegos no fueron asesorados por ninguna organización sindical. Las causa de interposición de estos pliegos fueron: 12 en demanda de mejores condiciones de trabajo (firmando 1,888 trabajadores de un total de 3,729), 3 en demanda de salarios y 2 de indemnización por privatización.
En el mismo período, el mitrab reportó que se negociaron 16 convenios colectivos y ningún convenio salarial. Resultaron favorecidos 42,679 trabajadores. 10 de esos convenios provinieron de la industria manufacturera y 5 del sector servicios, 3 se dieron en entidades del estado y 13 en el sector privado. Un dato interesante es que 9 de los 17 convenios fueron negociados por sindicatos que no pertenecen a las federaciones o confederaciones sindicales.
El 25 de noviembre, y después de 30 meses de negociaciones, dos federaciones de trabajadores de la empresa de telecomunicaciones enitel suscribieron por fin un acuerdo poniéndole fin a la negociación del convenio colectivo. Establecieron que el salario mínimo en ese sector será de 1,090 córdobas mensuales, excluyeron del ámbito de aplicación del convenio a los trabajadores de confianza, establecieron los permisos sindicales para los dirigentes sindicales, definieron la estabilidad laboral, y acordaron un incremento salarial de entre el 12 y el 21%.
También en el mes de marzo se concluyó la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la construcción, retrasado por dos años.
Huelgas y conflictos colectivos
Hasta el mes de junio, en toda la primera mitad del año, las inspectorías departamentales informaron de la realización de una sola huelga en todo el país. Esta tuvo lugar en la región autónoma del atlántico sur en una empresa privada del sector servicios ubicada en el área rural, en la que se involucraron 17 trabajadores de un total de 87. Esta huelga fue solucionada por un acuerdo y presuntamente sólo se perdió un día de trabajo.
Desde hacía más de dos años -la ley establece 23 días-, los trabajadores de la construcción habían venido negociando un convenio colectivo con la cámara nicaragüense de la construcción, pero no se había llegado a acuerdos debido a la intransigencia de los empleadores, por lo que fueron los trabajadores de la construcción quienes llevaron a cabo la protesta laboral más significativa de 1999. Los aproximadamente 10 mil trabajadores del sector construcción realizaron marchas y paros laborales de un día y de horas, todo en demanda de la suscripción de su convenio colectivo, negociación estancada en cuatro claúsulas relacionadas con la periodicidad del pago, con el salario, con la liquidación de las prestaciones y con la vigencia del convenio.
Los trabajadores que construían el hospital del maestro estuvieron en huelga durante 7 días. El mitrab se sintió presionado -por primera vez en los casi tres años de gobierno liberal- a manifestar públicamente que podría declarar legal la huelga si no había acuerdos, y el ministro nombró a su viceministro como juez de huelga. Este hizo cabildeos y otros esfuerzos por evitar que se declarara "legal" una huelga, por cuarta vez en la historia laboral de nicaragua. Finalmente, el 19 de marzo informó que la cámara nicaragüense de la construcción había aceptado una propuesta presentada por el ministerio, la que la dirigencia sindical rechazó a pesar del agotamiento de más de tres meses de protestas.
Finalmente, el 23 de marzo el presidente de la república nombró una comisión integrada por el presidente del banco central, el ministro de hacienda y el ministro y viceministro del trabajo, quienes sostuvieron una reunión con ambas partes el 24 de marzo. En esta reunión llegaron al acuerdo de que el salario por unidad de tiempo para los oficiales sería de 8 córdobas y de 5 para los ayudantes, y que el pago de salarios sería semanal, aunque las partes podrían acordar otra modalidad. Se estableció también el pago de vacaciones y de aguinaldo proporcionales y en las fechas que estipula el código, aunque también podrían acordar otra modalidad. Algo novedoso fue el reconocimiento del pago por indemnización por años trabajados. Este convenio entró en vigencia a partir el 1 de mayo de 1999 y vence el 31 de abril del año 2001.
En el mes de junio, se inició en la empresa cartonica -hasta ahora estatal y que los trabajadores pretenden se privatice a su favor- un conflicto cuando la gerencia trasladó a los ocho vigilantes a labores productivas y pidió vigilancia policial. Los trabajadores también cuestionaban la reducción en los niveles de las ventas, sospechando que el gobierno pretende llevar a la bancarrota a la empresa para privatizarla a precios irrisorios en favor de sus allegados. Los trabajadores acudieron al ministerio del trabajo, pero posteriormente denunciaron la parcialidad del delegado del ministerio. A petición del sindicato y de la empresa, el CENIDH actuó como mediador. Después de varias reuniones de negociación quedó evidenciada la falta de voluntad de la empresa para llegar a acuerdos.
En septiembre se produjo un incidente entre dirigentes sindicales y el gerente de cartonica, por lo que éste solicitó la desaforación de la directiva sindical. Los trabajadores le negaron el ingreso a la empresa y siguieron trabajando, pero después les cortaron los teléfonos, el agua y la luz para finalmente desalojarlos con policías el 28 de septiembre. Resultaron detenidos dos dirigentes sindicales, entre ellos una mujer. La directiva sindical fue denunciada por usurpación de dominio privado, y aunque el juez ordenó la detención de la directiva sindical, la policía se excedió y desalojó a todos los trabajadores.
El 30 de octubre, 400 trabajadores que laboraban en la construcción del hotel plaza real en managua se lanzaron a una huelga por incumplimiento del convenio colectivo y en demanda de mejores condiciones de higiene y seguridad. La huelga fue declarada ilegal por el mitrab, que posteriormente no autorizó el despido solicitado en contra de 160 trabajadores, seguramente porque estaban claros de la legitimidad de la huelga, ya que el propio mitrab comprobó -en una inspección realizada a petición del sindicato- que no había las mínimas condiciones de higiene, que el comedor y servicios higiénicos eran insuficientes, que había en el lugar criaderos de zancudos, y que los trabajadores no tenían ni cinturones de seguridad ni cascos de protección.
Durante el año hubo conflictos colectivos en las empresas maquiladoras de la zona franca. El CENIDH enfatiza el significado de la resolución 379-99 de la inspectoría general del trabajo, que prácticamente declaró legal una huelga desarrollada a inicios del mes de diciembre en la empresa jem iii s.a., ocasionada por el traslado ordenado por la empresa de 79 trabajadores -sin su consentimiento- a una línea de producción en la que devengarían salarios menores. El mitrab admitió que los trabajadores paralizaron las labores por una evidente violación al código del trabajo, por lo que no dio lugar a la petición de declaratoria de ilegalidad de la huelga, reconociendo así implícitamente que la huelga fue legal. Las autoridades del trabajo se vieron forzadas a favorecer a los trabajadores, al ver que, en solidaridad con los huelguistas, los trabajadores de otras dos empresas maquiladoras del mismo plantel amenazaban con irse a la huelga.
Demandas individuales
Hasta junio, el mitrab reportó que las inspectorías departamentales habían recibido un total de 5,234 demandas individuales. 1,193 exigían el pago de su liquidación final (22.7%), 1,090 exigían el pago de salarios (21%), 569 de vacaciones, 541 exigían indemnización y el resto prestaciones sociales y otras. 742 fueron interpuestas en managua, 401 en estelí y 385 en león. El 47% de las demandas (1,720) provenía del sector servicios y 646 (18%) de la industria de manufactura. El 66% de las demandas individuales fueron interpuestas en contra de empresas privadas, ubicadas en un 65% en áreas urbanas.
Varias soluciones se dieron a estas demandas. En 1,678 casos se pagó a los trabajadores, en 871 casos abandonaron la demanda, en 794 casos los propios trabajadores prefirieron llevar los casos directamente a los juzgados, en 82 casos hubo arreglos entre las partes y 186 demandas quedaron en trámite. en 21 casos hubo despidos.
Los montos recuperados a favor de los trabajadores ascienden a un total de 3.7 millones de córdobas. De ellos, 1.59 millones correspondieron a pagos de indemnizaciones y 1.15 millones a pago de salarios. El 44% de ese monto fue pagado por los empleadores de managua. Sigue en orden matagalpa y la región autónoma del atlántico sur, con un 9% del monto cada una.
Hasta junio, la oficina de abogados de los trabajadores atendió 194 casos, 102 menos que en igual período del año anterior. De estos casos, 184 eran contra el estado, demandando en 168 casos liquidación final. La evidente disminución de casos atendidos por esta oficina está ligada a su cuestionada beligerancia e imparcialidad. Llama la atención del CENIDH el hecho de que en 1998 hayamos cuestionado que el 97% de los casos provenía del sector privado -se eludían los casos provenientes del estado-, mientras que en 1999 el 94.8% provino de entidades gubernamentales. Esto nos lleva a pensar que las estadísticas puedan estar equivocadas.
En el primer semestre del año, la inspectoría general recibió 186 recursos de apelación provenientes de las inspectorías departamentales, 115 de managua, 11 de juigalpa, y el resto de otros lugares. 77 apelaciones llegaron del sector servicios, 62 de la industria de manufactura. 181 provenían de áreas urbanas, 112 de trabajadores de empresas privadas y 72 de trabajadores del estado.
En 94 casos recurrió el trabajador, en 83 el empleador y en 9 el sindicato. De esos 186 recursos, 92 fueron declarados sin lugar -ignoramos cuántos afectaron a los trabajadores-, 45 quedaron desiertos -por extemporáneos o improcedentes-. unicamente 30 resoluciones fueron revocadas -no sabemos si a favor o en contra de los trabajadores-, 14 fueron declaradas nulas y 1 fue modificada.
Zonas francas
En 1999 se amplió el número de empresas maquiladoras y por tanto, creció el número de trabajadores -principalmente mujeres- en ellas. Este año se construyó una nueva zona franca denominada zaratoga en las inmediaciones de managua, en los brasiles. Se espera que pueda dar empleo directo a 2 mil personas. El gobierno firmó también contratos con otros empresarios, que construirán nuevos planteles en otros departamentos.
En contraste con la relativa estabilidad con que operaron las maquilas en 1998, en 1999 se produjeron al menos cinco huelgas en la empresa chentex -no registradas por el mitrab-, una huelga en la jem iii -que fue declarada legal- otra huelga y mucha inestabilidad en la empresa chih hsing, por la oposición de la empresa a la conformación de un sindicato, y otra huelga que espontáneamente declararon los trabajadores en la empresa nien sing por maltrato verbal y físico y por el despido arbitrario de tres trabajadores.
El 15 de noviembre ocurrió un grave accidente de trabajo en la empresa chentex, en la línea de producción número 1. A las 10 de la mañana las trabajadoras sufrieron mareos, ardor en los ojos, ardor y dolor en la garganta, y dificultades para respirar. Después, perdían el conocimiento y caían desmayadas. Con estos síntomas se vieron afectadas más de 300 trabajadoras, de las cuales 221 fueron atendidas en los hospitales de managua, donde les tuvieron que suministrar oxígeno y reanimación convencional. La mayoría fueron dadas de alta el mismo día, quedando 44 mujeres internas por 2-3 días. El mitrab investigó el accidente y dio su veredicto -que quitaba responsabilidad a la empresa- en base a unos exámenes especiales de sangre practicados a 18 trabajadoras, pero las muestras fueron tomadas ocho días después del hecho, por lo que lógicamente no se encontraron ya residuos químicos.
En una conferencia de prensa dada en la casa presidencial, funcionarios del ministerio de salud y representantes de la empresa afirmaron que se trató de una "histeria colectiva" y que probablemente algún loco había introducido un gas en las instalaciones. El CENIDH rechazó con firmeza estas declaraciones, que tuvieron también el efecto de que los empresarios y la policía pretendieron responsabilizar del accidente al trabajador jimmy obando lópez. El CENIDH recurrió de amparo en su favor. Finalmente, el 3 de diciembre la policía nacional dió a conocer su informe, señalando que las causas de la crisis padecida por las trabajadoras era el hacinamiento en que laboran las obreras, ya que el dióxido de cárbono que expele el ser humano al respirar es intoxicante.
Destacamos nuevamente la huelga declarada legal por el mitrab en la empresa jem iii, por ser la primera legal en las maquilas. Sin embargo, hay que resaltar que esta declaratoria no se debió a que el mitrab sea respetuoso de la ley y de los derechos de los trabajadores, sino a que querían evitar que el conflicto se complicara con otras huelgas en otras empresas.
Caso preocupante fue el de la empresa chih hsing. El 16 de julio se conformó en ella un sindicato, y a los cuatro días la empresa despidió a cuatro dirigentes sindicales. En protesta, todos los trabajadores se declararon en una huelga que duró 4 días. El mitrab declaró ilegal la huelga, pero ordenó reintegrar a los cuatro dirigentes despedidos. Al final, la empresa se impuso apelando la resolución del mitrab, e insistió en mantener los despidos. Llegó a ofrecer 10 mil córdobas a cada uno de los once sindicalistas para que "vendieran" sus puestos de trabajo. Estos aceptaron quedando únicamente en la empresa una dirigente. la empresa impugnó también ante el mitrab la elección de la directiva sindical y, sorprendentemente, el ministerio dio curso al proceso declarando nula la inscripción de la directiva sindical.
El conflicto continuó. El 4 de agosto, los trabajadores volvieron a organizar su sindicato, en una asamblea a la que asistieron 157 personas. Posteriormente introdujeron un pliego petitorio. La empresa volvió a apelar y el mitrab declaró nula la inscripción de la directiva sindical. El 19 de octubre, los trabajadores volvieron a elegir directiva sindical y el mitrab no otorgó en tiempo la personalidad jurídica a la directiva. Nuevamente la empresa impugnó lo actuado por los trabajadores. Un acta elaborada por el mitrab deja constancia que, de siete trabajadores presionados por la empresa para que negaran haber firmado para la elección del sindicato, sólo uno ratificó su respaldo al sindicato. En base a eso, el mitrab no dio lugar a la inscripción.
El 3 de noviembre, 24 trabajadores volvieron a elegir directiva sindical y nuevamente la empresa impugnó la inscripción, presentando las tarjetas de asistencia y alegando que ese día varios trabajadores no habían llegado a trabajar. El 11 de noviembre el mitrab resolvió no dar lugar a la inscripción del sindicato. Los trabajadores apelaron, y el 19 de noviembre les fue por fin autorizada la personalidad jurídica de su sindicato. En todo este proceso el CENIDH acompañó a los trabajadores y gestionó ante el mitrab a su favor, pudiendo comprobar la excesiva parcialidad del mitrab a favor de esta empresa.
Es de destacar que las empresas de maquila han avanzado en la eliminación del trabajo infantil. El 22 de junio, 19 gerentes de maquiladoras se comprometieron, en reunión sostenida con el ministro del trabajo, a no contratar mano de obra infantil, estableciendo como edad mínima para ingresar a trabajar 18 años de edad.
Trabajadoras de la empresa maquiladora k.b. manufacturing, de origen estadounidense, denunciaron públicamente en febrero que eran obligadas a suscribir contratos de trabajo cada seis meses, con lo cual perdían su derecho a reclamar prestaciones sociales, principalmente la indemnización por años de antigüedad. Posteriormente a esta denuncia, la empresa se negó a firmar nuevos contratos con las trabajadoras que denunciaron, que declararon también que les tienen prohibido ir al baño cuando lo necesitan y que la empresa había despedido a por lo menos tres trabajadoras por estar embarazadas.
En enero, el mitrab fue impedido de realizar inspecciones en dos empresas maquiladoras, la nien hsing y la shi hsing, ambas gerenciadas por lucas huang, empresario que ya ha sido expulsado de otros países por irrespetar a los trabajadores y a las autoridades del trabajo nacionales.
El 1 de julio, y a petición del movimiento de mujeres maría elena cuadra -organismo no gubernamental que trabaja con mujeres de la maquila-, siete diputados presentaron a la asamblea nacional un anteproyecto para reformar el decreto 46-91 que regula las zonas francas industriales de exportación. El anteproyecto fue acompañado de 51 mil firmas que respaldan la reforma. Esta consiste básicamente en que las empresas gocen de exoneraciones fiscales sólo si cumplen con la legislación laboral nicaragüense, incluyendo los convenios de la oit. La reforma establecería una serie de obligaciones a los empleadores para garantizar mejores condiciones de trabajo y les obligaría a adoptar medidas de protección e higiene a favor de las trabajadoras. En octubre, la comisión de asuntos laborales de la asamblea nacional dictaminó favorablemente este proyecto.
Aunque la mayor parte de las normas propuestas en el anteproyecto están contempladas en el código del trabajo, también es cierto que los empleadores de las maquilas tienen como ley rectora el decreto 46-91. Es evidente que las trabajadoras de las maquilas se beneficiarán con este proyecto de ley.
El Movimiento María Elena Cuadra dio a conocer en octubre una encuesta hecha a 2,562 mujeres trabajadoras de la maquila en los meses de enero a julio. 3 de cada 10 mujeres dijo haber sido víctima directa de violencia verbal o de presión sicológica en su trabajo. Igual número confirmó haber visto a otra trabajadora sufrir malos tratos. El 96% afirmó que el tiempo para descansar y almorzar es sólo de 30-45 minutos diarios, y el 35% señaló que utilizar los servicios higiénicos requiere de permiso, que les toman el tiempo que pasan en el servicio y que en algunos casos las sacan de allí. El 67% de las encuestadas dijo que cuando sus hijos se enferman la empresa no les da permiso para atenderlos. Un 18% dijo que sí les daban permiso. El 22% dijo que tenía un salario de 500 córdobas mensuales, un 38% de 750 córdobas, un 15% de mil, y el resto declaró salarios más allá de 1,250 córdobas.
Area propiedad de los trabajadores
El CENIDH considera que este proyecto, que pudo ser estratégico, ha fracasado en términos sociales y políticos. Porque quienes debían ser los más beneficiados con él, los trabajadores, han sido los más afectados. Este año resultó calamitoso para las empresas de los trabajadores, en su mayoría prácticamente quebradas, con una crisis financiera insuperable, por lo que sólo están ampliando su pasivo con el seguro social, con la empresa de energía, de agua, etc. en consecuencia, indefectiblemente tendrán que malvender sus acciones, y ya se avizoran como potenciales compradores dirigentes políticos del FSLN y del PLC.
Se pueden mencionar ejemplos que confirman esta lamentable realidad. En febrero, y según denuncia de los trabajadores, la empresa de los trabajadores fondoazucar vendió a las empresas agrosenelsa y cazur -pertenecientes presuntamente a dirigentes sandinistas- el 49% de las acciones del ingenio javier guerra y de la empresa agrícola de rivas, en 7.1 millones de dólares, suma que los trabajadores ignoran quién la recibió.
Este caso no es excepcional. Las empresas donde no ha habido conflictos son pocas. Las empresas delmor, intercasa y plisa son las únicas que parecen estar trabajando con algún nivel de solvencia. En las empresas administradas por empresarios privados en las que los trabajadores tienen minoría de acciones, los empresarios los han despedido y les han comprado sus acciones a precios irrisorios. Es el caso de indumetasa. Aún está pendiente la entrega de porcentajes accionarios de los trabajadores en seis empresas que todavía administra el estado, entre ellas solka y cartonica.
Los trabajadores de estas empresas -imposibilitados de pagar sus deudas al estado por la venta de dichas empresas- presionaron al gobierno y lograron que en las negociaciones entre dirigentes liberales y sandinistas se acordara extenderles el plazo para pagar, lo que sólo viene a prolongar su agonía empresarial.
Accidentes de trabajo
En el primer semestre del año el mitrab programó 222 inspecciones técnicas de higiene y seguridad ocupacional y ejecutó 166 (75%), cubriendo a 27 mil 939 trabajadores. En managua cumplió el 69% de las inspecciones, en chinandega el 75%, en león el 60%, sobrecumpliendo en masaya y granada. En estas inspecciones el mitrab encontró 114 mil 590 afectaciones. De ellas, el 86% (98,168) en empresas privadas ubicadas el 69% en el sector urbano. En 49 mil 636 afectaciones (43%) se reportaron condiciones generales de seguridad, en 47,393 (41%) la afectación fue por medidas organizativas y en 14,029 (12%) por falta de equipos de protección. El mitrab programó 192 reinspecciones, cumpliendo 120. En ellas comprobó que las empresas habían corregido un 58% de las debilidades señaladas en las inspecciones.
Según el ministerio del trabajo, durante el primer semestre de 1999 ocurrieron 3 mil 263 accidentes de trabajo, 331 más que en igual período de 1998, lo que representa un incremento del 10%. los departamentos con mayor incidencia fueron managua con 54% y chinandega con 26%. en la industria manufacturera ocurrieron 2 mil 324 accidentes (71% del total). Le siguen el sector agricultura y el de servicios, con un 8% del total de accidentes cada sector. A partir de sus inspecciones, el mitrab señaló que en el país son 10 mil 493 los trabajadores expuestos a falta de ventilación y a contaminantes ambientales, sobre todo al ruido y a contaminantes químicos.
De estos accidentes, 2,797 fueron leves, 433 graves, 9 muy graves y 24 mortales. A inicios del mes de diciembre, el mitrab reportó 40 accidentes mortales, 10 en los ingenios azucareros y 7 en el sector construcción. En el segundo semestre del año, cuatro accidentes impactaron particularmente a la opinión pública. El de la empresa de vuelos nacionales la costeña, en el que murieron 16 personas -en su mayoría viajaban por razones de trabajo-; el de un helicóptero del ejército, en el que fallecieron tres oficiales; el de una explosión en una panadería de managua, en la que resultaron 6 personas afectadas y falleció una de ellas; y la intoxicación de las trabajadoras de la empresa chentex en la zona franca debido al hacinamiento.
Derecho a la salud
Desde inicios de la década de los 90 se produjo un retroceso significativo en los índices de salud de la población nicaragüense, como resultado de la aplicación de políticas de ajuste estructural que tratando de reducir el gasto público optaron por la privatización de los servicios de salud.
Sistema de salud en crisis
Las condiciones de insalubridad, la falta de atención preventiva, el constante deterioro del medio ambiente y esta crisis en el sistema de salud pública son factores que inciden negativamente en el acceso al derecho a la salud. Todas estas condiciones se vieron agravadas por las secuelas del huracán mitch, que entre sus muchos desastres ocasionó una disminución de la cobertura del sistema de salud, ya deficiente antes del paso del huracán.
Según reportes del ministerio de salud (minsa) unas 86 unidades de salud sufrieron severos daños con el paso del mitch. De ellas, 10 resultaron totalmente destruidas y 76 dañadas parcialmente. estas cantidades representan afectaciones en un 10% de la red sanitaria del país. El gobierno proyectó invertir más de 32 millones de dólares -que serían financiados por el banco mundial y estarían destinados al fortalecimiento de la red de centros de salud- y otros 48 millones para la reparación y el mejoramiento de la infraestructura dañada. Pero estos montos de dinero apenas fueron invertidos, dato confirmado por el ministro de hacienda y crédito público, quien refirió que la subejecución del presupuesto del minsa asciende a unos 65 millones de dólares. La mayor parte del dinero no ejecutado es proveniente de fondos de proyectos y programas de organismos internacionales.
La ministra de salud justificó la subejecución de los fondos externos declarando que para poder acceder a sus primeros desembolsos -destinados a infraestructura y control de epidemias- había que llenar requisitos y presentar documentaciones, lo que el ministerio no hizo. Afirmó también que en cuanto a recursos nacionales había sobrejecución.
La subejecución de fondos influye directamente en la población, que paga a funcionarios administrativos del minsa que trabajan deficientemente, mientras ve cómo no mejoran la atención a quienes utilizan el servicio público de salud ni tampoco mejoran las condiciones de los empleados de hospitales y centros de salud.
Las secuelas del huracán mitch agravaron particularmente la situación en los departamentos de estelí, león, matagalpa, chinandega y madriz, por la falta de mantenimiento de los centros sanitarios que ya existía. Según el informe de los daños ocasionados por el huracán mitch de la comisión económica para américa latina y el caribe de naciones unidas (cepal), el valor estimado de los daños fue de 25 millones de dólares. De esta cantidad, 14 millones de dólares corresponden a pérdidas en infraestructura física y 11 millones a pérdida de equipos.
Un problema estructural
El huracán agravó un drama estructural. Según el informe de desarrollo humano 1999 del pnud, el 17% de la población nicaragüense no tiene acceso a ninguna atención de salud, situación que es más grave en las zonas rurales, donde los pobladores tienen que caminar grandes distancias para poder acceder a una consulta médica. El abandono de la población en las zonas fronterizas es particularmente llamativo. En general, podemos observar que para el mantenimiento y crecimiento de la red de salud pública no se ha tomado suficientemente en cuenta el ritmo de crecimiento de la población nicaragüense, que es muy alto.
Nicaragua dispone actualmente de 971 locales para atención médica: 25 son hospitales para enfermos críticos -la mayoría localizados en zonas urbanas-, 4 hospitales para enfermos crónicos y una policlínica -todos ubicados en la capital-, 163 centros de salud y 778 puestos de salud.
Según el informe de desarrollo humano del pnud, el 65% de la población no tiene acceso a los servicios de saneamiento y un 38% al agua potable, dos condiciones básicas para garantizar la salud preventiva. Según el informe, nicaragua es el país de centroamérica en donde es mayor la cantidad de personas sin acceso al agua potable y al saneamiento.
El banco mundial y el banco interamericano de desarrollo continúan financiando el denominado "proyecto de modernización del sector salud", con el objetivo de reducir la ineficiencia en el sistema de salud y ampliar la cobertura y calidad de los servicios médicos a la población. Sectores sindicales han denunciado que este proyecto ha significado, en lo fundamental, nuevos despidos y la privatización encubierta de los servicios de lavandería, comida y vigilancia en todos los hospitales, puestos y centros de salud.
Según fuentes oficiales del minsa, el monto de financiamiento para este proyecto es de unos 85 millones de dólares a ejecutarse en 4 años. De esta cantidad, 48.6 millones son financiados por el bid, y de ellos 9 millones se destinarán a indemnización por despidos, lo que confirma en parte la denuncia de los trabajadores del sector.
Consecuencias de la huelga médica y privatización de la salud
A la huelga médica de 1998, el gobierno respondió con acciones represivas, entre las que se incluyeron el que dirigentes del movimiento médico pro-salario fueran despedidos o traslados a las zonas más afectadas por el huracán mitch, decisión ésta que fue utilizada como un medio de presión para que los médicos del movimiento eligieran entonces acogerse al plan de retiro voluntario, mientras que quienes no aceptaban su traslado, eran despedidos. Según fetsalud y del movimiento de médicos pro-salario, una considerable cantidad de médicos fueron perjudicados por estas medidas.
Las políticas de despido del minsa han incluido a especialistas con amplia experiencia. Uno de ellos, david ortiz mairena -director departamental de higiene y epidemiología en el departamento de río san juan, con más de 15 años de experiencia en el comportamiento de enfermedades que se ha logrado tener bajo control en esa zona-, y fernando gutiérrez, quien fue despedido por el director del hospital manolo morales, josé marenco, sin justa causa, y aunque en el proceso administrativo el ministerio del trabajo ordenó su reintegro, marenco no acató la resolución.
La descapitalización de recursos humanos en los hospitales con el plan de retiro voluntario promovido por el minsa ha originado medidas arbitrarias, como la de no dar pase a los médicos residentes que están por culminar sus cursos, ni promoverlos a los años siguientes ni a graduarse, justificando esto en que no eran aptos porque perdieron muchas prácticas por la huelga médica y por la emergencia del huracán mitch. Según dirigentes sindicales, estas medidas del minsa obedecen a que no tienen cómo cubrir las plazas de todos los especialistas que decidieron acogerse al plan de retiro voluntario.
Según declaraciones del director del hospital bautista, josé noel larios, es un grave error que el minsa haya permitido el retiro de muchos médicos con una vasta experiencia acumulada por más de 30 años de laborar en el minsa, y que también impartían clases a los residentes de los hospitales públicos. "Creo que el minsa perdió con este plan un montón de médicos valiosos que a través de los años adquirieron experiencias que ni siquiera aparecen reflejadas en los libros de medicina. El gobierno debería de reconsiderar el caso de los médicos maestros que se vieron obligados a irse del sistema", dijo Larios.
Por su parte, Eduardo Rivas, jefe de ortopedia del hospital escuela Lenín Fonseca, especialista en ortopedia con 33 años de experiencia dijo: "el minsa no midió a conciencia la disminución de la calidad de los servicios brindados a la población más pobre y ahora esos conocimientos y experiencias serán aprovechados por la empresa privada". Directores de clínicas y hospitales privados ya han manifestado su interés de aprovechar la experiencia docente de tantos médicos para crear facultades privadas de especialidades médicas.
En febrero de 1999 ya se habían retirado 374 médicos del sistema nacional de salud. Como condición para los médicos que se acogieron al plan de retiro voluntario, el minsa estableció que no podrán ser contratados por ninguna institución u organismo estatal durante un período de 7 años.
Las políticas del minsa beneficiarán a las empresas privadas y perjudicarán a los nicaragüenses más pobres, que son quienes acuden al sistema de salud pública y no tienen cómo acceder a consulta en un hospital o clínica privada, y a los desempleados y trabajadores del sector informal, que no cotizan al instituto nicaragüense de seguridad social y que por eso tampoco tienen acceso a las empresas médicas previsionales. Sólo les quedará acudir a los medios de comunicación a solicitar ayudas de beneficencia, costumbre que se está extendiendo cada día más.
Nueva ley
En junio de 1998 se publicó la ley 292, ley de medicamentos y farmacias, con su reglamento. Especialistas del sector salud cuestionaron la normativa por considerarla una mala copia de legislaciones de diferentes países, señalando entre otras cosas que el artículo primero de la ley no regula -cómo debería hacerlo- los principios, normas, criterios y exigencias básicas sobre la eficacia y calidad de las materias primas, material higiénico sanitario o de reposición periódica, productos de aseo personal, limpieza y productos de higiene personal.
De acuerdo a la ley, el minsa, a través de la dirección de farmacia, no está facultado para impedir la importación de estos productos, aunque sean una estafa o puedan dañar la salud de los consumidores por estar vencidos o por no traer las especificaciones médicas pertinentes. A pesar de que los artículos 7 y 59, literales b y c, establecen que los productos importados deberán ser registrados y autorizados por el minsa, en la práctica esto se vuelve inaplicable por no existir una normativa procedimental sobre la autorización de la importación de productos farmacéuticos que no estén contemplados en la referida ley o cuyo uso o consumo haya sido prohibido por razones sanitarias en su país de origen o por recomendación de organismos internacionales.
También existen incongruencias en el reglamento de la ley, específicamente en el capítulo referido a la normativa que regula la tenencia y comercialización para fines médicos de las sustancias estupefacientes y sicotrópicas, ya que no contiene lo referido a los procedimientos para que las farmacias puedan elaborar o preparar por encargo medicamentos que contengan estas sustancias. Tampoco contiene la regulación de medicamentos que contengan estupefacientes que se encuentren de tránsito por el territorio nacional, ni la posesión de éstos por extranjeros que estén en el país y los requieran para su tratamiento.
Según la dirección general de farmacias, existen en nicaragua 1,000 farmacias, más del 50% (560) no legalizadas. Sólo 456 farmacias tienen un regente durante 8 horas como lo manda la ley, y otras 230 sólo tienen regente durante 4 horas.
Epidemias
El cuadro epidemiológico de Nicaragua es complejo y se ha ido agravando con el tiempo. A muchas enfermedades endémicas se van sumando otras. A mediados de mayo, y en la región central del país, se dio la voz de alarma sobre una plaga de ratas que había acabado con la producción de primera en la región, y provocado una epidemia de leptospirosis en comunidades de Río San Juan y el noreste de Chontales. Hasta el 6 de julio el MINSA había reportado 110 casos sospechosos de leptospirosis a nivel nacional, 93 en Río San Juan.
Según datos de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del MINSA, desde el 1 de enero hasta el 6 de noviembre de 1999 se reportaron 9 mil 198 casos de dengue clásico, 5,026 de ellos en Managua. Sigue León, con 785 casos. Managua también tuvo la cifra más alta de casos de dengue hemorrágico: 313 casos de los 560 reportados. Sigue León, con 135 casos. Por dengue hemorrágico murieron 11 personas, 7 de ellas en Masaya, paradójicamente uno de los departamentos que reporta menos incidencia de la enfermedad.
De los 512 casos de cólera reportados hasta el 30 de octubre, 142 corresponden a la Región Autónoma del Atlántico Norte. Sigue Managua, con 98. Hasta el 30 de octubre, se habían reportado 28 mil 982 casos de malaria.
Matagalpa es el departamento que mayor número de casos de intoxicación por plaguicidas con 265. Le sigue Chinandega con 179, con 26 muertes por esta causa. 152 muertes por plaguicidas -de 1,361 casos de intoxicación- ocurrieron en todo el país. Chinandega tiene el récord de muertes por esta causa.
En 1999 se reportaron también 334 casos de meningitis bacteriana, ocupando Managua el primer lugar de incidencia con 98 casos. Le sigue Matagalpa, con 64 casos. También se reportaron 73 casos de meningitis meningocóccica, con 19 fallecidos.
Problemas Específicos de Salud
Un serio problema de salud pública el de los embarazos y partos en adolescentes de 15 a 19 años. Según la encuesta de Demografía y Salud realizada por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos en 1999, la mitad de las adolescentes nicaragüenses ya son madres o están embarazadas a los 19 años. En comparación con 1998, el incremento es del 25.6%. Una de las causas son las políticas educativas oficiales que no incorporan una adecuada educación sexual en las escuelas. Según la Encuesta de Demografía y Salud, la falta de orientación sexual incide en que las enfermedades de transmisión sexual se propaguen en jóvenes y adolescentes menores de 19 años.
La mortalidad materno-infantil entre las adolescentes nicaragüenses es de las más elevadas de Centroamérica con un 25.3% de muertes por causas directas o indirectas al parto.
La tasa de mortalidad materna en Nicaragua es de 72.3 x 100 mil nacidos vivos esperados. Un 72.5% de las muertes maternas ocurre en las zonas rurales, como consecuencia de la ausencia de servicios básicos de salud.
En materia de salud mental, en el Hospital Psiquiátrico, al igual que en la mayoría de los centros hospitalarios públicos, existe lo que las autoridades denominan "sistema de salud diferenciado", que no es más que la prestación de servicios privados de atención en salud a quienes tengan posibilidades económicas para pagarlos utilizando para ello las instalaciones y los recursos públicos. La justificación de las autoridades del Hospital Psiquiátrico -similar a la de las autoridades de otros hospitales públicos- es que con estos recursos extra se complementa el raquítico presupuesto que les asigna el Estado. En éste, como en todos los hospitales y centros de salud públicos, los pacientes que tienen acceso a consulta médica gratuita no reciben nunca medicamentos.
Enfermedades de Transmisión Sexual
En las enfermedades de transmisión sexual existe un notable subregistro, por deficiencias del MINSA, y porque la población tiene arraigados tabúes que le llevan a buscar atención fuera del sistema público o a automedicarse.
Las Regiones del Atlántico son las que tradicionalmente han reportado mayor número de casos de enfermedades de transmisión sexual, a pesar de que son las menos atendidas por su lejanía, sus dificultades de comunicación y la dispersión de su población. Le siguen este orden Masaya, Chinandega, León y Managua.
Nicaragua es el país centroamericano donde más tardíamente se diagnosticó a la primera persona portadora del VIH/SIDA y es hoy el país que en la región tiene una incidencia más baja de esta enfermedad. Según la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, hasta septiembre de 1999 se reportaron 476 casos, de los que 209 presentan mayor avance en el deterioro del sistema inmunológico. De ellos, fallecieron 131, lo que representa una tasa de mortalidad del 27.5%, con una tendencia hacia el incremento de los casos y los fallecimientos.
De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Unidad de Vigilancia y Epidemiología del MINSA, del total de nicaragüenses que son portadoras del VIH/SIDA el 76% son hombres y el 24% mujeres. En 1993 la incidencia en los hombres respecto a la enfermedad era de 1.1 por 100 mil habitantes. En 1999 es de 2.2 por 100 mil habitantes. En el caso de las mujeres, la tendencia es similar, salvo algunas variables en algunos años debido al subregistro imperante. Esto indica que en seis años se ha duplicado la incidencia. Lo más preocupante es el incremento en las mujeres, pues la enfermedad se transmite a los hijos en gestación.
La principal vía de transmisión del VIH/SIDA es la sexual (87% del total de casos). En primer lugar está la transmisión por relaciones heterosexuales (66.2%). Siguen las relaciones homosexuales (22.3%) y las bisexuales (11.5%). Esto contradice el mito de que la enfermedad se presenta más comúnmente en hombres que tienen sexo con hombres.
Otra manera de contraer la enfermedad, aunque con menor incidencia, es el uso de drogas intravenosas (10.1%), lo que resulta un índice indirecto para conocer la cantidad de población que hace uso de este tipo de sustancias. También se ha transmitido la enfermedad por transfusión sanguínea (0.9%) y por madre embarazada (1.5%).
Existe un número significativo de personas con edades entre los 15-19 años viviendo con el VIH/SIDA. Tomando en consideración el tiempo de incubación de la enfermedad y el de su diagnóstico, puede suponerse que estas personas contrajeron la enfermedad a inicios de la adolescencia. Como las estadísticas indican que las principales vías de contagio son las relaciones sexuales y el uso de drogas, esto debe de llamar la atención a las autoridades encargadas y a los ONGs para definir estrategias de prevención. Diversas ONGs han venido insistiendo en adecuar la educación sexual que reciben los jóvenes y adolescentes de secundaria, que deben de proporcionar información específica sobre esta enfermedad.
Los departamentos donde se han reportado mayor número de personas viviendo con el VIH/SIDA son Managua (238), Chinandega (38), RAAS (19), Matagalpa (14), Carazo (13), Madriz (13) y Granada (12). El resto de departamentos ha reportado números menores, pero en todos sin excepción hay casos, a pesar del subregistro que dificulta que el MINSA lleve el control.
En 1996 fue aprobada la Ley 238, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el SIDA, pero fue hasta diciembre de 1998 que la Comisión de Salud, Seguridad Social y Bienestar de la Asamblea Nacional anunció la presentación ante el plenario de la Asamblea Nacional del anteproyecto de reglamento de esa ley, para ser aprobado en el primer trimestre de ese año. Nunca se aprobó. La falta de aprobación del reglamento impide la aplicación de las normas contenidas en la ley, que protegen los derechos humanos de las personas portadoras del VIH/SIDA.
Presupuesto para Salud
En 1999, el presupuesto que tuvo el MINSA fue de 1 millón 269 mil 993 córdobas, lo que representa el 14% del Presupuesto General de la República. Una buena parte de este monto se dedicó al rubro de salarios y gastos de representación de los altos funcionarios administrativos del MINSA, aunque oficialmente se afirma que los hospitales públicos absorben el 60% del presupuesto, a pesar de que la inversión -tanto en infraestructura como en material de reposición, además en salarios de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud- resulta imperceptible. Es cada vez más significativa la brecha salarial entre los altos funcionarios y los empleados del Ministerio.
Para el año 2000 el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional fue de 1 millón 758 mil 713 córdobas, lo que representa un aumento de 488 millones de córdobas en el rubro salud. Este incremento no garantiza que efectivamente se logre una mejoría en la atención a la población -por su aumento de 1998 a 1999- ni tampoco que se les garantice a los trabajadores de la salud mejores condiciones de trabajo y salariales.
Mejorar la salud pública y las condiciones de los trabajadores de la salud es un compromiso adquirido por el gobierno con los organismos internacionales, como contrapartida de otros compromisos que establecen la reducción del personal de salud, la privatización de los servicios, y contrapartidas nacionales para recibir préstamos o financiamientos de estos organismos.
Lo más significativo, en cuanto al derecho a la salud, es la notable y creciente desatención en que se encuentra desde hace años la población rural, víctima en las dos últimas décadas del conflicto militar y posteriormente, de un modelo económico que sólo favorece a quienes tienen más y de una política gubernamental que utiliza los recursos del Estado para hacer proselitismo político.[volver]
En el año escolar 1999, el gobierno central destinó a la educación un presupuesto de 96 millones 693 mil 328 córdobas, lo que representa 134 millones de córdobas más en relación al presupuesto de 1998. Aunque según la UNESCO, el presupuesto destinado a la educación pública debería ser el 7% del PIB, en Nicaragua sólo se destina a educación el 4%. El gobierno proyectó también recibir 67 mil 149 dólares de organismos internacionales, además de los 40 millones de dólares con los que la comunidad internacional decidió apoyar programas de reconstrucción y habilitación de escuelas afectadas por el Mitch.
Sistema Educativo en Crisis
En Centroamérica, Nicaragua es el país que tiene los índices más bajos en cuanto a cobertura, calidad y presupuesto de educación. En 1999 se programó que ingresaran a las aulas escolares 1 millón 366 mil 537 alumnos, incluyendo preescolar, primaria, secundaria, educación especial, formación docente y educación de adultos.
Uno de cada cuatro nicaragüenses ni siquiera lee ni escribe su propio nombre. Alrededor de un millón de niños y jóvenes se quedan anualmente fuera de los servicios escolares. En el área urbana, sólo un 30% de los que ingresan en primaria la terminan. En el área rural es sólo el 10%. La secundaria cubre apenas al 34% de la población en esas edades. Se padece un rezago de por lo menos 30 años. Los índices de analfabetismo (30%) crecen a la par de los del desempleo y la pobreza.
Las clases en el campo son multigrados y a veces no sólo de dos grados sino hasta de tres. Un mismo maestro atiende dos y tres grados en diferentes turnos. La mayoría de estos maestros son empíricos (52% en el área rural). Cada año 2 mil 500 maestros abandonan su trabajo en el sistema de educación básica y media. Los maestros nicaragüenses son los peor pagados de Centroamérica y los que pagan los servicios básicos más caros de la región. El salario del maestro en Guatemala es 250 dólares, en El Salvador 300, en Honduras 260, en Costa Rica 350 y en Nicaragua es apenas de unos 65 dólares.
Es prometedor el anuncio hecho este año de que se titulará a maestros empíricos, se ofrecerán postgrados en diferentes disciplinas y hasta se creará la carrera de director de escuela. Existen planes de preparación y profesionalización de maestros para los próximos tres años, dirigidos a 31 mil docentes de la educación básica y media, que son apoyados financieramente por el BID.
La deserción escolar tiene como causa principal la pobreza. Las familias no tienen qué comer, ni tienen ropa, zapatos o cómo movilizarse. Los padres de familia mandan a los niños a trabajar para ayudarse económicamente. Como parte de los planes de atención a los menores de escasos recursos, el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD) ha programado brindar a medio millón de alumnos -preferentemente en las zonas rurales- un programa de nutrición escolar, pero se han recibido denuncias de que las galletas y el cereal que brinda el MECD en este programa tienen gorgojos y polillas.
La falta de equidad en la educación pública -en comparación con la realidad del resto de países centroamericanos- se expresa en el crecimiento alarmante del índice de analfabetismo, en el escaso índice de niños y niñas en la educación preescolar -particularmente en el sector rural-, en los elevados índices de deserción y repetición en los primeros grados de educación primaria, en la baja cobertura del nivel de educación primaria, más baja aún en el nivel medio y superior, y en la baja calidad de la educación que reciben los estudiantes de los sectores sociales más pobres. Todo apunta a la configuración de un modelo que excluye a las mayorías y que no garantiza ni equidad en la distribución de la riqueza material, cultural y espiritual, ni en las oportunidades para superar tantas iniquidades sociales.
Se debe luchar por lograr no sólo la apertura de centros escolares de calidad donde no los haya y por promover la asistencia y la permanencia en donde los haya. También se debe luchar por elevar la eficiencia de los sistemas escolares, no por medios de dudosa eficacia como la llamada "promoción automática", sino mejorando las condiciones económicas y sociales del país y mejorando los procesos pedagógicos, didácticos y administrativos de las unidades educativas.
Textos Escolares
Existe una fundada suspicacia sobre la posibilidad de que existan grandes negocios detrás de la venta de útiles escolares. En los últimos nueve años la industria gráfica nicaragüense ha sido marginada del mercado de los textos escolares, y las políticas educativas han sido orientadas a imponer en los colegios públicos y privados textos elaborados en el extranjero, alegando que los precios nicaragüenses no son competitivos con los de la industria gráfica extranjera.
La importación de libros está exonerada de impuestos y producirlos en Nicaragua -lo que crearía fuentes de empleo y contribuiría a la economía del país- sí está gravado con una serie de impuestos. En esta situación, la industria gráfica nacional sólo tiene acceso a un 15-20% del mercado, y los textos que utilizan los escolares son impresos en Colombia y México.
El Banco Central de Nicaragua tiene datos que indican que en los últimos dos años se importaron al país 32 millones de dólares en libros, cuadernos, y materiales, tanto educativos como culturales.
En Nicaragua existen más de 160 imprentas, entre grandes y medianas. La industria gráfica nicaragüense tiene capacidad para cubrir hasta en un 75% las importaciones de libros y si lo hiciera podría generar hasta tres mil empleos anuales, entre directos y temporales.
Autonomía Escolar
Aunque es cierto que es necesario romper con los viejos modelos educativos, centralistas y burocráticos, que impiden al gobierno, a las autoridades locales y a la sociedad civil responsabilizarse con la educación, es una realidad que en la situación en que vive la mayoría de los nicaragüenses, se trata de un ideal que puede limitarse a confundir descentralización con desconcentración, siendo ésta fundamentalmente financiera.
El Estado no puede renunciar a las obligaciones que la Constitución establece: garantizar a todos educación gratuita, de calidad, laica y sin compromiso ni con partidos políticos, ni grupos religiosos, ni económicos.
En Nicaragua se requiere una verdadera -y no ficticia- transferencia de poder de decisión desde el Estado a la sociedad civil vinculada y comprometida con la educación, para que Estado y sociedad, ejerciendo una real democracia participativa, decidan el rumbo y futuro de las prioridades de la educación en el ámbito local y en el nacional.
La autonomía escolar y la descentralización municipal de la educación deben experimentar cambios importantes. Según informes y evaluaciones independientes, estos dos modelos -cuyos creadores están fuera de nuestras fronteras-, aunque han permitido alguna participación de los padres de familia, se han limitado fundamentalmente al cobro y a la administración del pago de aranceles y de obligaciones económicas con el centro de estudios, y no han contribuido a superar los problemas de fondo de la educación, el acceso de todos, la gratuidad, la calidad, la democratización verdadera en la participación, y la dignificación del magisterio.
Respecto de la autonomía de los centros escolares, existe una opinión generalizada sobre su impacto negativo. Sobre ella, y según "La Educación en Nicaragua", del Grupo Propositivo de Cabildeo, de febrero de 1999, los maestros sienten:
- Que no han participado en la gestación de este proyecto, que ha sido impuesto en muchos casos.
- Que se han convertido en cobradores, con el fin de mejorar su escaso salario.
- Que entran en contradicción con los padres de familia.
- Que se ha mercantilizado la educación.
- Que se enfatiza lo administrativo y no el mejoramiento de la calidad de la educación.
- Que se reduce el acceso a la educación de quienes no tienen posibilidades económicas.
Plan Nacional de Educación
Uno de los más graves problemas que aquejan a nuestra sociedad es la fragilidad, ductilidad y precariedad de sus instituciones jurídico-normativas. En Nicaragua no se respetan las leyes ni las normas existentes.
En 1995 fue creada oficialmente una instancia superior de coordinación de la educación nacional. Son miembros de esta instancia los más altos representantes de los órganos de dirección de los tres subsistemas educativos: el MECD, el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Además, lo integran el Movimiento Pedagógico Nacional (MPN), la Federación de Universidades Privadas (FNUP) y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN). Sus funciones están relacionadas con la formulación y determinación de la política educativa de la nación y la coordinación y seguimiento de su aplicación, ejecución y desarrollo.
Para la elaboración de la Estrategia Educativa del Plan Nacional de Educación, el MECD realizó ocho foros, en los que participaron unas 500 personas, principalmente funcionarios y funcionarias, algunos maestros y maestras, invitados especiales, líderes del Movimiento Comunal, miembros de la Policía, y alcaldes, que emitieron criterios a título personal, ya que no se llevó a cabo un proceso previo para recoger el criterio de la institución u organismo al que representaban.
Paralelamente a estos foros, el PREAL de la UNESCO, junto con el Movimiento Pedagógico, realizó una consulta, con maestros y con miembros del movimiento sindical, a unas 600 personas reunidas en foros regionales. Asimismo, el Foro de Educación y Desarrollo Humano, apoyado por el PREAL, realizó una tercera consulta con funcionarios de unas 32 ONGs, que de una u otra manera inciden en algún tipo de educación: Dos Generaciones, Movimiento Comunal (preescolares), CECIM (educación de adultos), entre otras.
Tanto el Movimiento Pedagógico como el Foro de Educación y Desarrollo Humano elaboraron y presentaron sendos documentos conclusivos de las consultas que realizaron, que sirvieron para alimentar la elaboración de la Estrategia Educativa (fines, objetivos y principios de la educación), que por fin fue elaborada y presentada en público en agosto. De las consultas también resultaron insumos para la formulación del Plan Nacional, que se está trabajando en tres comisiones: educación superior, INATEC y MECD.
Un Plan de esta naturaleza es, por definición, un plan global de nación, que va más allá de los gobiernos y de los partidos políticos. En este sentido, el Plan tiene límites. El principal, que sólo se ocupa de la educación formal o sistemática, que es la que matricula, realiza exámenes, ofrece premios y castigos y al final entrega calificaciones y créditos.
La Estrategia Educativa del Plan tiene como principales objetivos ampliar la oferta educativa en sus distintos niveles y lograr que más nicaraguenses ingresen a las aulas de clase. Los fines son: fortalecer el conocimiento y la práctica de valores e identidad nacional, promover el estudio, y fomentar de manera sistemática el respeto al medio ambiente.
Unas mil quinientas personas consultadas en total. resultán escasas dado el universo de la comunidad educativa nacional y de la misma sociedad civil. Tampoco se tomó en cuenta en la elaboración de la Estrategia a otros agentes educativos que proporcionan conocimientos, competencias, habilidades y destrezas y forman en valores fundamentales para el proceso de cohesión y reproducción y/o cambio y transformación social, y que tienen igual o mayor influencia que los agentes de la educación formal. Tampoco las maestras y los maestros fueron protagonistas en la elaboración de la Estrategia. En general, puede afirmarse que la comunidad educativa, los maestros, padres de familia y alumnos, no participaron en tan importante proceso.
Todo esto apunta a que lo que el país va a tener es un Plan Nacional de Escuelas y no un Plan de Educación Nacional, integral y global, que hubiera sido lo ideal para Nicaragua.
El mayor problema que hoy tiene la educación en Nicaragua es la desarticulación, desencuentro y ruptura de cada una de las partes que la conforman, en términos de tipo de educación. La desarticulación se manifiesta en el currículum global de la educación formal, y en él, en los planes y programas de estudio. El currículum está desintegrado, provocando múltiples problemas de aprendizaje, de eficacia y de eficiencia, afectando la calidad de la educación. También existe una relación frustrada entre la educación formal, la no formal y la informal.
A pesar de todos los sinsabores que tuvo la elaboración, tanto de la Estrategia Educativa como del Plan Nacional de Educación, se está elaborando paralelamente el nuevo anteproyecto de Ley General de Educación.
El CENIDH considera que el MECD tiene que aunar esfuerzos con los organismos no gubernamentales que trabajan en la educación no formal e informal para organizar de la mejor manera posible todo el sistema educativo, con el objetivo de que la mayoría de los nicaragüenses accedan a los servicios educativos del país y permanezcan en ellos, condición indispensable para iniciar el camino al desarrollo.
Educación Superior
El cumplimiento del precepto constitucional de que el 6% del presupuesto nacional se destine a las universidades es elemento fundamental para analizar la situación de la Educación en Nicaragua.. El como calcular ese 6% se ha convertido ya en un conflicto histórico, a finales del mes de abril de 1999, cuando las voces del movimiento estudiantil estaban desmovilizadas y a tan solo 10 días de la muerte del estudiante Roberto González Herrera, El Consejo Nacional de Universidades respaldado por la dirigencia nacional de Unión Nacional de Estudiantes, acordó con el gobierno de Nicaragua, ponerle término al conflicto mediante un convenio que en su esencia cercena el 6% constitucional, el que por su carácter inconsulto fue rechazado por la comunidad universitaria; por lo que la violación al mandato constitucional alienta la prolongación de las protestas , mismas que ya son una tradición en los últimos 9 años en el país.
Hasta inicios de 1999, el gobierno debía a las universidades más de 200 millones de dólares por no haberles entregado íntegro el 6% del presupuesto. Cómo calcular ese 6% se ha convertido ya en un conflicto histórico. En 1999, el 6% volvió a provocar luchas estudiantiles con enfrentamientos sangrientos y saldos mortales. El asesinato, en una manifestación que reclamaba el 6%, del universitario Roberto González enlutó nuevamente al pueblo nicaragüense.
Ingreso a las Universidades
En 1999 sólo unos 12 mil bachilleres de los 28 mil que egresaron en 1998 de la educación secundaria, pudieron ingresar a las universidades públicas, tras aprobar examen de admisión, evaluación de aptitudes, cursos de iniciación y tras presentar excelentes notas de los dos últimos años de bachillerato.
En investigaciones realizadas por la Universidad se revela que la calidad del estudiante de secundaria no coincide con lo que la Universidad espera, y es raro el estudiante que alcanza una nota de 70 puntos. Otro resultado de esta investigación es que los mejores rendimientos los obtienen estudiantes que provienen de centros privados, pues los estudiantes de los centros estatales presentan muchas deficiencias.
La base de estos problemas es que en la enseñanza pública, el nivel secundario no ha hecho cambios en sus programas de estudios, en contraste con los cambios que sí se han hecho en la primaria y en la Universidad. Influye también el nivel de empirismo de los profesores de secundaria.
De 122 carreras que ofertan las universidades, solamente 53 son las mas demandadas: Administración de Empresas, Ingeniería en Sistemas, Derecho, Computación, Medicina e Ingeniería Civil. [volver]
A finales de octubre de 1999 se introdujo ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de reformas al Sistema de Pensiones. La esencia de la reforma consiste en la transformación del actual sistema, basado en el sistema de repartos, en un sistema de capitalización individual o de ahorro obligatorio, pasando el manejo de los fondos de pensiones a empresas privadas de giro único conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que serán controladas por un ente regulador, la Superintendencia de Pensiones.
Las reformas a la Seguridad Social se vienen gestando desde 1998, y son una de las consecuencias de la política de ajuste estructural impuesta en todos los países del Sur por los organismos financieros internacionales, que propugnan por la privatización de todos los bienes y servicios que administra el Estado.
Según Martín Aguado, Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la privatización de la se hará realidad a mediados del año 2000 y tendrá un costo de unos 1,500 millones de dólares, cantidad que han ofrecido financiar el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El nuevo sistema de seguridad social propuesto ha sido rechazado prácticamente por todos los sectores sociales del país, y especialmente por los trabajadores, los empresarios privados y los pensionados, los más directamente afectados por el cambio. Se trata de un proyecto inconstitucional, que pretende eliminar la obligación indeclinable del Estado de asegurar la cobertura de la seguridad social, depositando esta misión en el sector privado, con mecanismos de control y garantías poco claros.
Desde inicios de los años 90, la administración del INSS se ha negado a implementar el principio de representación, estipulado en la actual Ley de Seguridad Social, que establece la participación tripartita en el Consejo Ejecutivo, atribuyéndose el gobierno la toma unilateral de decisiones. Esto desemboca ahora en el proyecto de reformas de la Ley, introducido como anteproyecto ante la Asamblea Nacional antes de darlo a conocer a empresarios y trabajadores.
El 17 de octubre, Roberto Terán, Presidente del COSEP, manifestó la inconformidad del sector privado con las reformas, alegando que el incremento de las cuotas de cotización no era más que un nuevo impuesto, tanto para los trabajadores como para los empleadores, y que a la larga esto iba a generar más desempleo y ahuyentaría las inversiones.
Durante todo 1999 fueron constantes las declaraciones de funcionarios del INSS que brindaban información adulterada destinada a acallar las voces de rechazo al proyecto y a buscar adeptos para una privatización que parece ser respaldada únicamente por los mismos funcionarios gubernamentales.
Los argumentos del gobierno para justificar la privatización del Sistema de Pensiones han sido los siguientes:
- Que el sistema actual ha colapsado. En ocasión de la presentación a empresarios y periodistas de la propuesta de Reformas al Sistema de Pensiones de Nicaragua, Martín Aguado afirmó que actualmente existen en el país 48 mil pensionados ordinarios y 40 mil pensionados no contributivos, generándose así un déficit presupuestario anual del 0.51% del Producto Interno Bruto (PIB). En esta situación, solamente se garantiza cobertura al 15% de la población económicamente activa (PEA), lo que equivale a unos 267 mil trabajadores, dentro de una población nacional que sobrepasa los 5 millones y que tiene una PEA de 1 millón 780 mil personas. Aguado ocultó deliberadamente que de ese 85% no cubierto actualmente por la seguridad social, el 67% son personas que se encuentran en el desempleo abierto o están subempleadas y que mientras no se creen fuentes de empleo estable, esta población desatendida tenderá a incrementarse.
- Que el INSS se encuentra en quiebra. Según declaraciones de Aguado, si la reforma no se implementa, el INSS quebrará. Afirmó que actualmente la institución tiene un déficit de 750 millones de dólares, que se incrementará en 182 millones de córdobas en 1999. Y aseguró que el déficit es producto de que las pensiones pagadas son mayores que las cuotas obrero patronales enteradas. Estas declaraciones sobre la quiebra del INSS hay que contrastarlas con las hechas al día siguiente, y en el mismo periódico, por Antonio Alemán Lacayo, Secretario General de lNSS, quien admitió que entre 30 y 40 personas están actualmente gozando de becas en universidades privadas, pagadas con dinero de los cotizantes, y que por lo menos dos de estas becas son de 17 mil dólares cada una y en carreras que no tienen ninguna afinidad con la seguridad social, estando además los beneficiarios exentos de cualquier retribución posterior al INSS, institución que está financiando las becas.
Esta declaración ofrece una pista de cómo se podrían estar administrando los fondos públicos: como negocios propios. A esta situación anómala hay que agregar que en la asesoría legal del INSS unos seis alumnos favoritos del hermano del Presidente de la República se encuentran ocupando cargos, devengando elevados salarios en dólares, con vehículos asignados, teléfonos celulares y otras prebendas, careciendo aún de la capacidad técnica requerida para desarrollar un trabajo calificado.
El 16 de noviembre, El Nuevo Diario publicó un Memorándum, firmado por Félix Saborío Lacayo, asesor médico de la Presidencia Ejecutiva del INSS, donde se orienta que diez médicos asignados a la Empresas Médicas Previsionales del INSS irán a labor social a la orden de la Primera Dama e hija del Presidente, María Dolores Alemán, para brindar consultas médicas gratuitas en la Casa del partido PLC del barrio de Managua 3-80. Es un solo ejemplo de la actual confusión Estado-Partido, con la que se maneja la propiedad colectiva del Estado -también el INSS- como patrimonio de los gobernantes de un partido. Esto impide la eficiencia en la administración pública.
Luis Barboza, dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores demandó en el mes de octubre que la Contraloría General de la República realizara una auditoría al INSS para verificar la supuesta quiebra de la institución, señalando que no hay cuentas claras de los ingresos que recibe el INSS y de los gastos que realiza, citando entre ellos el haber contratado como asesor a uno de los yernos del Presidente de la República, asignándole un alto salario en dólares.
Lamentablemente, la única respuesta del gobierno a éstas y a otras denuncias, que prueban situaciones de corrupción, es deshacerse de las obligaciones que por mandato constitucional le son indeclinables -garantizar seguridad social a los trabajadores-, para pasarlas a la iniciativa privada, con el agravante de que son altos funcionarios del Estado quienes al administrar la cosa pública con ánimo de dueños la llevan a la quiebra para después, en posesión de información privilegiada, convertirse en los empresarios que compran el patrimonio estatal a bajos precios, convirtiéndose de nuevo en sus dueños y apropiándose así de los beneficios. Primero, socializan las pérdidas y después privatizan las ganancias.
Se aduce también que el modelo propuesto ya se ha implementado con éxito en casi todos los países latinoamericanos. Según los voceros del INSS, en doce países latinoamericanos se ha instalado con éxito esta fórmula de privatización de las pensiones. La realidad es que solamente en Chile se ha privatizado la seguridad social, y que los resultados en ese país son cuestionables. En los otros países donde se han practicado reformas a la seguridad social lo que se ha hecho es adecuarla a la nueva realidad de esos países, pero sin privatizarla. La situación socioeconómica nicaragüense difiere en muchos indicadores de la mayoría de los países latinoamericanos.
La reforma propuesta a la Ley de Pensiones de la Seguridad Social, además de ser otra de las condiciones impuestas por los organismos financieros internacionales, es un proyecto que el gobierno está manejando con criterios estrictamente económicos. El 30 de septiembre, cuando el anteproyecto fue introducido a la Asamblea Nacional para su discusión, fue pasado a la Comisión de Asuntos Económicos, desconociéndose a la Comisión de Salud y Seguridad Social, que es la más indicada para la revisión de un anteproyecto de este tipo. Esta decisión generó un conflicto en la Asamblea, cuando diputados sandinistas y liberales de la Comisión reclamaron a la Directiva de la Asamblea por haberlos excluido, sin obtener otra respuesta que la de que se trataba de un proyecto de carácter económico.
La actual ley de Seguridad Social tiene una carácter tripartito, ya que los fondos de la Seguridad Social han sido aportados por los trabajadores, por los empleadores y por el Estado. Sin embargo, el Estado -además de haber dejado desde hace tiempo de dar las aportaciones que por ley le corresponden-, se ha arrogado ahora el derecho de reformar, de forma inconsulta y unilateral, la Ley de Pensiones.
Retrocesos en Seguridad Social
Diversos sectores han señalado que la propuesta gubernamental representaría un grave retroceso en el derecho a la seguridad social, destacando entre otros aspectos :
- Desnaturalización de la seguridad social, al perder su carácter solidario, imprimiéndole un marcado sentido individualista y de privilegio.
- Incremento de la edad mínima para poder disfrutar de los beneficios de la jubilación, que pasa del rango de 55-60 años al rango único de 65 años, bajo el falso argumento de que la expectativa de vida del pueblo nicaragüense es de 78 años, siendo Suecia el único país del mundo donde los ciudadanos tienen tan larga esperanza de vida. Este cambio en la edad disminuiría considerablemente el número de nicaragüenses que puedan disfrutar del beneficio de la jubilación.
- Incremento de la tasa de contribución del 5.5% actual al 10.5%, porcentaje del cual el 6.5% correspondería a los empleadores y el 4% a los trabajadores. Desaparece el porcentaje que le corresponde aportar al Estado en el actual sistema tripartito.
- Incremento de los plazos de acreditación que actualmente existen, que pasan de 15 a 30 años, y de 750 semanas cotizadas a 1,500 semanas, plazo que para los trabajadores estacionales se podría elevar hasta los 50 años, ya que no cuentan con empleo fijo durante todo el año.
Uno de los elementos que el INSS no ha aclarado suficientemente es que sólo podrán optar al nuevo sistema los trabajadores menores de 43 años de edad, siguiendo el resto dentro del sistema actual, al igual que los beneficiarios no contribuyentes.
Las propuestas empresas AFPs prevén cubrir únicamente a los asegurados en un lapso de 10 años, sin especificar qué sucederá con los cotizantes que sufren incapacidad total permanente en una edad temprana y que superan la expectativa de vida más allá de los 10 años. Tampoco está especificado qué sucederá con los ahorrantes que antes de haber completado el período de calificación (30 años) queden en el desempleo, y a quienes, cuando lleguen a alcanzar la edad de retiro, la AFP le estará cobrando por la administración de sus recursos el 30%, y a los que, sin el aporte de los empleadores, se les consumió todo lo que tenían ahorrado, quedando así expuestos a la indigencia.
Empresas Médicas Previsionales
Según informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), las Empresas Médicas Previsionales adscritas actualmente al INSS atienden el 7% de las necesidades de salud de la población, teniendo entre otras limitantes la falta de la infraestructura requerida para una eficiente atención médica, prestando únicamente servicios a la población urbana.
Detrás de las EMP existen generalmente grandes negocios, manejados por personas allegadas a altos funcionarios del actual gobierno, que obtienen grandes márgenes de ganancias sin hacer mayores inversiones en equipos y personal médico debidamente especializado. Después de muchas demandas de los asegurados, y habiendo pasado más de cinco años de funcionamiento de las EMP sin regulación alguna -existiendo incluso algunos casos de muertes de asegurados por supuesta negligencia médica-, fue hasta el mes de abril de 1999 que el Ministerio de Salud puso en funcionamiento un Manual de Habilitación, que deben cumplir las EMP para poder obtener licencias y prestar servicios de atención médica a los asegurados. El Manual está dirigido a evaluar los estándares de administración, producción, e instrumentos o equipos con que cuentan las empresas para ofrecer servicios, estableciendo para ello tres categorías.
El señalamiento más reiterado que los asegurados han hecho a las EMP es su marcada tendencia a no otorgar subsidios en correspondencia con los padecimientos del paciente, con el claro objetivo de limitarlos. Y cuando los otorgan, el subsidio lo limitan a tres día con el objeto de que el empleado no pueda reclamar el reembolso proporcional al INSS. [volver]
En 1999 se mantuvieron los conflictos en torno a la propiedad y a la vivienda. Es evidente que esta problemática constituye uno de los fenómenos sociales más recurrentes en la historia reciente de Nicaragua y es fuente de permanentes violaciones a los derechos humanos. Es evidente también que las iniciativas legales destinadas a resolver esta problemática no han surtido los efectos proyectados, porque no se consideraron suficientemente los alcances sociales y políticos de estas iniciativas y porque los grupos de poder no se someten plenamente a la legalidad que ellos mismos han defendido, excepto cuando resultan beneficiados.
Este año hubo serios conflictos. Desalojos y amenazas de desalojos en el área urbana de la capital en casos individuales y colectivos, realizados por la Alcaldía de Managua (ALMA) y el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Desconocimiento de las solvencias otorgadas por la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT). Desconocimiento y abuso de los tribunales ordinarios, que sin ser competentes para conocer de los conflictos de propiedad continúan resolviendo éstos, a pesar de que la Ley 278 designa para tales efectos a los Tribunales Arbitrales de la Propiedad que aún no se nombran. Conflictos por la tierra en las zonas rurales. Falta de titulación de las empresas que se privatizaron a favor de los trabajadores, y controversias entre éstos y sus antiguos dirigentes.
A todos estos conflictos hay que sumar las demandas de los damnificados del huracán Mitch y de los nuevos damnificados por las copiosas lluvias de 1999, reclamando acceso a lotes urbanos o a tierras para cultivarlas, y las divergencias surgidas entre el gobierno y la cooperación externa por la ejecución de varios proyectos de vivienda post-Mitch.
Intentos de desalojo
Durante casi todo el primer semestre del año, en los asentamientos Rubén Darío, San Sebastián y otros aledaños al viejo centro de Managua, miles de familias sufrieron las arbitrariedades e ilegalidades de funcionarios de la Alcaldía capitalina. Recibieron continuas amenazas de desalojo, sin que se les plantearan alternativas concretas y viables de reubicación o pago de indemnizaciones compensatorias y justas. En el Rubén Darío fue donde mayores tensiones hubo, porque más de 700 familias que se asentaron en ese lugar desde hace 7-9 años sufrieron durante varias semanas el acoso permanente de funcionarios de la ALMA, quienes mediante simples notificaciones administrativas pretendían desalojar a las familias utilizando para ello el concepto de traslado, reivindicando bajo su dominio o administración lo que por ley está a cargo del Poder Ejecutivo.
A pocos metros de este asentamiento se construye el Palacio Presidencial, financiado por el gobierno de Taiwan, y esto ha sido motivo para pretender "limpiar" el área de barrios populares. La Comuna alega que este barrio y otros más, como el de San Sebastián, serán "trasladados" por estar en perímetros prohibidos por una ordenanza municipal, que estipula una distancia de 300 metros de la costa del Lago de Managua. En el conflicto en el asentamiento Rubén Darío, el CENIDH tuvo una activa participación de gestión y asesoría a los pobladores, denunciando también los atropellos que habían sufrido. Finalmente, se logró incidir para que la Comuna no consumara sus acciones ilegales.
También sufrieron acoso los pobladores del barrio Jorge Dimitrov, ubicado en el "nuevo centro" de Managua, cercano a la nueva catedral y a la rotonda de Santo Domingo. Este barrio nació en 1982 después de una inundación que anegó los barrios costeros del Lago de Managua, y está compuesto por más de un millar de familias. Muchas de ellas fueron amenazadas de desalojo por la ALMA, que les notificó que deberían desocupar sus casas porque por parte de este barrio pasará la ampliación de una pista. El conflicto surgió porque la Comuna no quiere pagar a los pobladores la indemnización correspondiente, derecho que les asiste en tanto cuentan con posesión y dominio de sus propiedades desde hace más de 15 años. Al cierre del presente informe, la problemática no estaba definitivamente resuelta, aunque tampoco se ejecutó el despojo.
En el mes de marzo, más de cincuenta familias que invadieron una propiedad del banco Bancentro, ubicada en la carretera norte, en el sector oeste del aeropuerto, fueron desalojadas. En la operación hubo una veintena de detenidos. En este caso, aunque las familias no tenían derecho de posesión, el conflicto fue un índice más de la persistencia del problema de la vivienda y de la precariedad en que viven centenares de miles de personas.
En junio, otras 50 familias del barrio Escuela Quemada, ubicado en las inmediaciones de CARNIC en la carretera norte, fueron amenazadas de desalojo por un particular que habita en terrenos colindantes, para lo cual realizó acciones intimidatorias con apoyo de la Policía Nacional, aun cuando los poseedores cuentan con solvencias de la OOT.
Un caso específico, que ameritó la realización de un informe del CENIDH y una denuncia pública, fue el conflicto en el asentamiento Memorial Sandino, de Managua, donde decenas de familias fueron desalojadas con exceso de violencia y sin mediar resolución judicial. Aunque los pobladores no tenían ningún derecho de posesión, eso no justificó la acción ilegal y de uso desproporcionado de fuerza que llevó a cabo la Policía Nacional. En el desalojo influyeron altos dirigentes del FSLN, ya que a ellos se les atribuye la propiedad en disputa. Los pobladores señalaron específicamente al Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, como del desalojo de los precaristas.
El CENIDH investigó el caso y denunció públicamente las arbitrariedades y abusos cometidos por las fuerzas policiales, quienes sin mayor trámite ni mérito dieron lugar a una petición de "amparito policial", excediéndose en la aplicación de una orden judicial, a pesar de que el juez desmintió públicamente que hubiera ordenado el desalojo.
El Argumento del "Derecho de Vía"
Durante la mayor parte del año, el MTI y la ALMA atentaron gravemente contra el derecho a la propiedad de las personas, basándose en el denominado "derecho de vía", aplicando de manera distorsionada los alcances de la legislación que regula el mismo. A causa de que centenares de familias estaban siendo víctimas de una confiscación de sus propiedades, el CENIDH hizo pública sus consideraciones. El derecho de vía estaba siendo reivindicado por las instituciones, que lo utilizaban como argumento para desalojos que en la práctica fueron verdaderos despojos y actos confiscatorios, absolutamente prohibidos por la Constitución. La actuación de las instituciones fue una violación a los derechos humanos de las familias afectadas. No se cumplieron los trámites legales correspondientes, no medió expropiación ni se les indemnizó justa y previamente, en perjuicio de su derecho de propiedad.
Centenares de familias ubicadas en diferentes caminos y carreteras fueron víctimas de este atropello, ubicándose los casos más relevantes:
- En la ampliación de la carretera Managua-Masaya, donde se afectó a 150 familias.
- En el colmo de las arbitrariedades, el Ministro del Transporte ordenó la destrucción de bienes privados sin responder a los recursos administrativos que previamente habían interpuesto los afectados.
- En la pista que unió la carretera Sur y la de León a la altura del kilómetro 9 -lugar conocido como Lomas de Ticomo-, donde se afectó a más de 40 familias. El Ministro del MTI, Jaime Bonilla, alegó que lo respaldaba el derecho de vía, que era de 30 metros, y que la ampliación respondía a un proyecto de desarrollo en beneficio de los nicaragüenses, admitiendo no haber indemnizado a los propietarios de los lotes y viviendas dañadas por la ampliación. El CENIDH constató que en la construcción de esta pista no hubo ningún interés público de por medio sino tan sólo los intereses de la familia presidencial, poseedora de varios lotes en urbanización en el sector de la ampliación. Para esta construcción se usaron recursos materiales y humanos del MTI, lo que posteriormente fue comprobado también por la Contraloría General de la República. Hay que señalar que en esta ampliación, el MTI derribó más de 40 árboles centenarios, afectando así al medio ambiente.
- En la Pista de la Resistencia cerca del kilómetro 7 Sur, donde fueron perjudicadas 40 familias del barrio Enrique Schmitd por las amenazas de funcionarios de la ALMA, que durante varias semanas intentaron desalojarlos sin juicio previo ni legitimidad alguna. El Distrito 3 de la ALMA les notificó, por medio de agentes policiales, para que de conformidad al acuerdo municipal número 11 desalojaran sus viviendas en un plazo de 72 horas por ocupar el derecho de vía. El CENIDH investigó el caso y denunció públicamente los hechos. Los esfuerzos del CENIDH, más la lucha organizada de los afectados, impidieron que la Comuna concretara sus pretensiones ilegítimas y las familias perdieran sus viviendas.
Todos estos conflictos evidencian que el MTI y la ALMA han venido ejecutando acciones ilegales e ilegítimas, aplicando de manera distorsionada leyes, ordenanzas y acuerdos, con el fin de amenazar a las familias sin ser competentes para ello, puesto que las instancias administrativas carecen de esa jurisdicción, y desconociendo derechos de posesión y dominio de diversos pobladores,
Propiedad Rural
En el caso de la propiedad rural, en todas las regiones del país se escenificaron importantes conflictos por el dominio y posesión de la tierra. Centenares de ex-militares de la Resistencia Nicaragüense protagonizaron tomas de tierras estatales y de particulares en Sébaco, Estelí, Boaco, Chontales, Matagalpa y Jinotega. Los invasores de decenas de fincas alegaron incumplimiento de acuerdos gubernamentales para su efectiva desmovilización y reinserción social. En todas estas tomas existió cierta razón y legitimidad, ya que los desmovilizados llevan años reclamando por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno Chamorro, heredados por el actual gobierno, que tampoco ha cumplido.
Hay que señalar también que en estas tomas existen otros intereses, completamente ajenos a las necesidades de los invasores, lo que provoca abusos en perjuicio de propiedades de cooperativas y de particulares. En el mes de septiembre, llamó mucho la atención la organización y la realización, por desmovilizados de la Resistencia, de retenes que obstaculizaron la circulación en el norte y centro del país, ya que los tranques fueron disueltos tan repentinamiente como habían aparecido, sin que se dieran soluciones de fondo a las demandas planteadas, dejando por esto la duda de que se trataba de conflictos ficticios, en función de otros intereses diferentes a los de los desmovilizados.
A fines de agosto se produjo un masivo desalojo, ejecutado ilícita y arbitrariamente por las autoridades judiciales y de la Policía Nacional, en contra de 250 familias que ocupan parte de unas tierras que pertenecen a la comunidad conocida como Ranchería, en la comarca Aguas Calientes del municipio de Muy Muy, Matagalpa. En este conflicto, la judicial ejecutora del desalojo, Maribel Mena Maldonado, ordenó que se destruyeran todas las viviendas, lo que "obedientemente" cumplieron unos 60 individuos pagados por el terrateniente Reynaldo Valenzuela. También actuaron con ellos agentes policiales que se trasladaron desde la capital, a más de 200 kilómetros de distancia, a pesar de que los mandos de esta institución alegan con frecuencia falta de recursos para movilizarse y garantizarle a la gente su seguridad ciudadana.
En los departamentos de Chontales y Boaco, cooperativistas y parceleros individuales denunciaron la pretensión de diversas autoridades de devolver 15 fincas a sus antiguos dueños, a pesar de que esas tierras están en posesión y dominio de 133 campesinos desde que el gobierno del FSLN se las adjudicó. Actualmente, se procesa a estos campesinos por diversos delitos: usurpación del dominio privado, daños a la propiedad, etc., con el fin de intimidarlos y obligarlos a renunciar a la propiedad en disputa. Cien cooperados de estas tierras amenazaron en comunicado público con alzarse en armas si son despojados de las tierras.
En reiteradas ocasiones el CENIDH ha denunciado la ilegalidad de las acciones penales realizadas en los Juzgados del Crimen, en tanto abunda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que determina que no existe delito de usurpación y similares mientras las propiedades se encuentren en litigio, es decir, mientras no se tenga resuelto a quién le pertenece la propiedad objeto del conflicto.
En la misma región, y en el municipio de Cuapa, en la finca Matayagual, de 620 manzanas, los 17 socios de la cooperativa que lleva el mismo nombre fueron víctimas de procesos judiciales ilegítimos promovidos por la Procuraduría Penal de Juigalpa y por la antigua propietaria. A pesar de haber fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor del Estado, se acusó a los socios de usurpación de propiedad, lo que fue tramitado por la Juez Local Unica de Comalapa. Para consumar el injusto despojo, más de 100 policías antimotines enviados desde Managua, junto con refuerzos de Juigalpa, ocuparon el 24 de mayo la propiedad, con la pretensión de capturar a los 17 acusados. Emplearon gases lacrimógenos en perjuicio de una mujer recién alumbrada y de unos 20 niños. En este caso se violentó el derecho de propiedad de los cooperativistas y su libertad, en una acción que no tenía fundamento, por cuanto no puede haber delito de usurpación de propiedad si no está definido claramente quién es su verdadero dueño.
En la región occidental del país se reavivó el conflicto por la propiedad de 1,200 manzanas de tierra en el municipio de Malpaisillo, departamento de León. Conforme sentencia de la Corte Suprema de Justicia, estas tierras pertenecen a la Cooperativa Félix Pedro Carrillo. El CENIDH constató una serie de abusos cometidos por agentes y jefes de la Policía Nacional de ese municipio, quienes, con una actitud parcializada, mantuvieron por varios años bajo acoso y amenaza contra los verdaderos dueños de las tierras. 100 manzanas de ellas se las apropió el anterior Jefe de la Policía de ese lugar, Subcomisionado Ramón Nájera. Este abuso no generó ningún pronunciamiento de la institución policial. El conflicto generado por estos hechos duró una década, e implicó encarcelamiento y despojo de los beneficiarios legítimos, quienes sufrieron las consecuencias de la parcialidad con que actuaron los agentes policiales y las autoridades judiciales de la localidad. Superando la adversidad con la resistencia pacífica y legítima de los interesados y las gestiones del CENIDH, se lograron revertir parcialmente los daños sufridos y los cooperados retomaron su propiedad.
Propiedades rurales del Presidente
Miembros de la Cooperativa Santa Ana dueños de la finca conocida como La Chinampa- ubicada en el kilómetro 29 de la carretera vieja a León, denunciaron ante el CENIDH que la Empresa Gestiones y Negocios Inmobiliarios, S.A. (GENINSA), a través de su representante legal, Eduardo Mena -quien a la vez es Presidente del estatal Instituto de Desarrollo Rural (IDR)-, y con participación de la familia del Presidente de la República, armaron una trama para despojarlos de 762 manzanas de tierras. El estatal INRA institución responsable de autorizar a los beneficiarios de Reforma Agraria la venta de sus tierras- autorizó la venta de estas tierras de forma inusualmente expedita, justificando la venta en un adeudo con imposibilidad de pago por parte de la cooperativa, lo que desmintió el sistema financiero estatal y la COBANICSA -encargada de cobranzas-.
En esta propiedad, el Presidente de la República ha construido una costosa casa hacienda usando para ello recursos del Estado, hecho que fue debidamente investigado y comprobado por la Contraloría General de la República como una manifestación emblemática de la corrupción gubernamental.
En el mismo orden, señalamos una concesión que en favor del Presidente de la República y de personas allegadas a él hiciera el Alcalde del municipio de Tola, en Rivas, Eddy de Trinidad Segura, quien les arrendó unas propiedades ubicadas en el litoral pacífico -Peña de Sardina y Playa Redonda-, propiedades que ya estaban arrendadas a unos inversionistas extranjeros que impulsan proyectos turísticos en la zona desde hace varios años. En este caso, el Concejo Municipal de Tola desconoció y anuló las concesiones, por ser ilegales y por violar la Ley de Municipios. Fue otro de los casos en que se demuestran los abusos que comete la familia presidencial en detrimento del ordenamiento jurídico y de la institucionalidad del país. "Coincidentemente", donde la familia del Presidente de la República o altos funcionarios de su gobierno han adquirido propiedades, se han construido inesperadamente y en tiempo record tramos de carreteras y nuevos caminos y la energía eléctrica y el agua potable han llegado de inmediato a los lugares donde se ubican las nuevas propiedades.
Irregularidades legales
Un hecho abusivo relacionado con el patrimonio nacional es la inconstitucional donación que hizo el gobierno a la Iglesia Católica en la persona del Obispo de Estelí, Abelardo Mata, de las instalaciones y terreno en que funcionó la Aduana de Sapoá en la frontera sur del país. Independientemente de los fines con que vaya a ser utilizado este bien público, es evidente que se trata de un abuso de poder, ya que el gobierno no puede enajenar los bienes del Estado sin someterse a los procedimientos establecidos por la ley.
Una situación que agrava los conflictos por la propiedad es el funcionamiento del Registro de la Propiedad, particularmente en Managua, en donde se han perdido folios y libros completos en los que están registradas diversas propiedades, muchas de ellas objeto de litigio. Esto hace suponer actos de corrupción en funcionarios de esa entidad, que actúan en complicidad con gestores de la calle.
Otra situación denunciada ampliamente en 1999 fue la adquisición de bienes inmuebles de mucho valor ubicados en la capital, a través de la figura jurídica conocida con el nombre de Título Supletorio, en virtud del cual los adquirentes comparecen ante el tribunal alegando ser poseedores legítimos en ausencia de un dueño que ejerza los derechos posesorios sobre las propiedades, varias de las cuales pertenecen a la Comuna, sin que ésta se oponga en el juicio, precisamente porque los beneficiarios de estos títulos son allegados del actual gobierno.
Area Propiedad de los Trabajadores
Los casos relativos a empresas propiedad de los trabajadores continuaron sin resolverse. Están pendientes el conflicto por las acciones en SUNICSA, el caso de FONDOAZUCAR y las propiedades de la empresa ENARROZ. En SUNICSA -empresa de la rama de los Supermercados La Unión-, 37 de los dueños o accionista ex-trabajadores de los que fueron los Supermercados de Nicaragua, acusan al señor Luis Pavón -quien fuera el principal dirigente sindical de esa rama- de haber usurpado parte de las acciones y de no rendir cuentas a nadie, a pesar de que existe una demanda judicial en este sentido. Este caso es conocido por el CENIDH, desde donde se pretendió infructuosamente propiciar un arbitraje, dada la actitud negativa del denunciado.
Una situación parecida se da entre los asociados de FONDOAZUCAR, quienes acusan a Alberto Alvarez -antiguo dirigente de la rama del azúcar-, de haberlos despojado de sus acciones y de no rendirles cuenta. Este conflicto se ha prolongado durante varios años. En 1999 se escenificaron enfrentamientos violentos entre trabajadores del Ingenio Javier Guerra y los socios reclamantes. La Policía Nacional intervino a favor de una de las partes, con resultados negativos para la integridad física de decenas de personas.
Existen decenas de empresas de los trabajadores que enfrentan problemas de legalización de la propiedad, situación que no les permite a los beneficiarios ser sujetos de crédito, prolongándose así tensiones políticas y problemas económicos y sociales en un importante sector del país.
Secuelas del Mitch
Nuevos problemas vinculados al acceso a la vivienda o a la tierra surgieron después del paso del huracán Mitch. Entre los casos conocidos y denunciados por el CENIDH están el del asentamiento Nueva Vida, el de las tierras ocupadas por los damnificados del volcán Casita en Posoltega y el de los habitantes de las orillas del Lago de Managua en el Municipio de Tipitapa.
En el asentamiento Nueva Vida, ubicado en el distrito 1 de Managua, surgió un conflicto entre los damnificados que se vieron afectados por la crecida del Lago de Managua causada por el huracán, cuando se les notificó que tendrían que pagar por los lotes que se les asignaron al reasentarlos. La noticia provocó protestas y marchas a la Comuna capitalina, en las que fueron reprimidos por la Policía. El 20 de abril resultó herido de bala el joven Omar Jonathán Maltez Pérez, habitante del asentamiento, quien participaba en una protesta frente a las instalaciones del PLC. Al final, el problema fue superado, pues los habitantes ya no tendrán que pagar las casas.
En el municipio de Tipitapa, las tierras de la orilla del Lago de Managua eran ya antes del Mitch objeto de complejos litigios, que habían provocado el encarcelamiento de decenas de personas. Después del huracán muchos de estos litigios empezaron a superarse, aunque no definitivamente. La crecida del lago provocó que 385 familias, que tenían como medio de subsistencia la siembra de hortalizas en las orillas del lago, demandaran la asignación de tierras para cultivo y de lotes para construir sus viviendas. Como respuesta, obtuvieron sólo 200 manzanas para 50 familias, manteniéndose así latente un problema de difícil solución.
En el caso de Posoltega, después de un año del desastre, el balance de las soluciones aportadas es negativo, siendo el gobierno el que menos ha aportado para una justa y oportuna salida. Los posolteganos señalan que han sobrevivido gracias al esfuerzo de varias ONGs que canalizaron fondos de la cooperación internacional, ya que el gobierno se mantuvo indolente e incapaz de ponerse al frente de los desafíos que generó el desastre más espectacular de los causados por el Mitch en toda Centroamérica. El CENIDH participó de los esfuerzos y gestiones dirigidos a aliviar las necesidades de estos pobladores, logrando incidir en la solución parcial de algunos problemas y denunciando ante la comunidad local e internacional la falta de acción y de respuestas del gobierno.
Vivienda
Respecto a la problemática de la vivienda, en 1999 se anunció un proyecto gubernamental para construir 5 mil viviendas para sectores medios y pobres, con un precio promedio de 10 mil dólares cada vivienda. El proyecto no responde al gravísimo déficit de viviendas que existe en el país y que afecta a la mayorías de las familias nicaragüenses. Al déficit histórico hay que sumar las casi 25 mil familias (cifra oficial) que quedaron sin vivienda a causa del Mitch. Según el MTI, iban a recibir techo a los dos meses del desastre, pero esto no se cumplió.
La cooperación internacional se orientó con especial interés a la ejecución de proyectos habitacionales. Uno de ellos fue el proyecto de San Sebastián, en Managua, que provocó divergencias públicas entre el gobierno y la representación de la Unión Europea, ya que el gobierno pretendía beneficiar con estas casas a personas allegadas al Ejecutivo, sin ceñirse al marco de referencia y a las condiciones estipuladas en el proyecto. La tensión diplomática fue notoria y, como en otros casos, fue mal manejada por las autoridades nicaragüenses, que han demostrado en diversas oportunidades la incapacidad para administrar conflictos y la habilidad para que los intereses individuales de sus funcionarios interfieran en los asuntos de Estado.
Ley de Asentamientos
En el mes de junio se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación de Asentamientos Humanos Espontáneos, que beneficia a millares de familias pobres que ocupan un área de posesión mínima de 300 varas cuadradas y que están asentadas en esos terrenos desde antes del 31 de diciembre de 1998.
La ley fue cuestionada por representantes de los pobladores de estos asentamientos, pues incluye una disposición que establece que los que ocupen terrenos de particulares deberán pagarlos, a diferencia de los que ocupen predios del Estado, que no serán vendidos. Los reclamos no trascendieron y las protestas y movilizaciones realizadas para hacerlos sentir no contaron con mayor convocatoria, lo que no necesariamente implica que la situación esté superada.
Ley de Propiedad
A inicios de 1999, Guillermo Argüello Poessy, Intendente saliente de la Propiedad, denunció que durante el gobierno Chamorro, se había indemnizado con unos 600 millones de córdobas 40 casos ficticios, calificando estas acciones de fraude contra el Estado. Después de la denuncia no se conoció de ninguna acción judicial que esclareciera la verdad y las responsabilidades.
Según datos de la Oficina de Titulación Urbana, el proceso de titulación continuó en 81 barrios de Managua, titulándose propiedades adquiridas en virtud de las leyes 85 y 86, y beneficiando a 22 mil 127 familias.
Con relación al cumplimiento de la Ley de la Propiedad pactada entre el FSLN y el PLC en 1997, los administradores de justicia no parecen haberse apropiado efectivamente de sus contenidos, lo que origina que miles de familias sufran traumáticos desalojos de los que son víctimas los pobladores más pobres, y lo que propicia que se mantenga una situación de zozobra y de grave inseguridad jurídica.
La reiterada demanda hecha por el gobierno de Estados Unidos de que se dé pronta solución a los reclamos de propiedad de los ciudadanos nicaragüenses nacionalizados estadounidenses, continúa pendiente, como una condicionalidad de la cooperación financiera de Estados Unidos con Nicaragua. Este tema sigue ocupando un lugar prioritario en la agenda de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua. En 1999 se presionó abiertamente al gobierno para que la Corte Suprema de Justicia cree a lo inmediato los Tribunales Arbitrales, destinados por la Ley 278 a revisar y a solucionar reclamos de los antiguos propietarios.
Según fuentes oficiales, en 1999 se resolvieron 466 casos de reclamos de propiedad, habiéndose así resuelto ya un total de 2,500 casos de nicaragüenses naturalizados estadounidenses, lo que representa casi la mitad del total de reclamos. [volver]
Derecho a la Vida y Secuestros
A diferencia de años anteriores, cuando el mayor número de violaciones al derecho a la vida era producto de los enfrentamientos que se daban entre los grupos armados y el Ejército de Nicaragua, en 1999 fueron las bandas delictivas las que produjeron el mayor número de muertes en el país. En 1998, los grupos armados a quienes enfrenta el Ejército causaron la muerte de 95 civiles, mientras que en 1999 las bandas de delincuentes rurales privaron de la vida a 146 personas.
El Ejército de Nicaragua causó la muerte a 99 miembros de bandas delincuenciales y la Policía Nacional se vio involucrada en 17 violaciones al derecho a la vida.
Grupos armados
Persiste la tendencia al descenso de las violaciones al derecho a la vida por grupos de rearmados que actúan con fines políticos. En la actualidad sólo existe en esta categoría una fracción muy pequeña del grupo Yátama, que opera en la Región Autónoma del Atlántico Norte.
En los diferentes procesos de desmovilización han entregado sus armas un total de 4,888 hombres, pertenecientes a diferentes grupos de rearmados, cuyos líderes planteaban reivindicaciones de sus derechos civiles y políticos, económicos y sociales.
Aunque en 1999 se desmovilizó el mayor número de miembros del grupo Yátama, el pequeño grupo que se resiste a desmovilizarse se mantiene armado por desconfianza del gobierno. Temen que incumpla con los acuerdos firmados, que incluyen la entrega y titulación de tierras, medios para cultivarlas y otros beneficios que mejorarían el nivel de vida de los desmovilizados y de sus familias.
Según datos del Ejército de Nicaragua, hay actualmente 206 hombres integrados a 44 grupos armados, que deben ser consideradados bandas de delincuentes que operan en diferentes zonas rurales, actuando el mayor número en las Regiones I y VI. Estas bandas son responsbles de plagios, secuestros, robos y delitos contra las personas (homicidios, asesinatos, violaciones, etc). En 1998 el total de bandas delincuenciales rurales era menor: 27.
La acción delictiva de estas bandas afecta a todos los pobladores rurales, independientemente de su posición económica. En el mes de febrero, los familiares de Jorge Armando Chávez Gutiérrez, cafetalero del departamento de Jinotega, tuvieron que pagar 2 millones de córdobas para obtener su libertad tras haber sido plagiado por un grupo de sujetos de identidad desconocida. Lo único que se supo, según la versión de la víctima, es que se trataba de un grupo armado que usaba uniformes de camuflaje del ejército de Estados Unidos.
No sólo los hombres han sido objeto de plagios y secuestros. Martha Benavidez Díaz, hija de el ganadero Faustino Benavides Lima, de 21 años, fue secuestrada el 22 de febrero, por un grupo de tres hombres uniformados de verde olivo que penetraron por la fuerza a la casa del ganadero, que pagó por el rescate de la muchacha medio millón de córdobas.
Los medios de comunicación reportan constantemente plagios de personas humildes, cuyos familiares se ven obligados a pagar rescates que han oscilado entre los 5 mil o los 50 mil córdobas En la mayoría de los casos conocidos -de muchos de ellos no se informa una palabra-, si las familias no logran reunir el dinero o si dan parte a las autoridades, los delincuentes terminan matando a sus víctimas.
En el mes de agosto se produjo el caso más relevante y lamentable en el accionar delictivo de agrupaciones armadas que operan en el campo, al resultar asesinado el diputado del Partido Conservador José Cuadra García y sus trabajadores Julio Ruiz Morales y Celino Lazo Martínez. Los tres se dirigían en vehículo a la finca del diputado Cuadra, en Rancho Grande, municipio de Matagalpa, y fueron interceptados por una banda de delincuentes, que los acribillaron.
Los autores de este asesinato atroz fueron Modesto Pérez Blandón, Daniel Vargas, Moisés Blandón y Ramiro Altamirano Herrera, un adolescente de 17 años de edad, quien fue procesado en el Juzgado Penal del Adolescente de Ciudad Darío, encontrándosele culpable y siendo condenado a 6 años de prisión. Los otros tres fueron detenidos y puestos a la orden del Juzgado II de Distrito del Crimen de Matagalpa, en espera de la realización del Jurado de Conciencia.
En 1999, y según informe de la Policía Nacional, las bandas delincuenciales realizaron 30 secuestros. En estos hechos influye poderosamente la falta de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y la falta de recursos -financieros y medios de transporte- que padecen las fuerzas armadas, tanto el Ejército como la Policía.
Secuestro en Bonanza
En 1999 surgió una nueva agrupación armada, autodenominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Nicaragua (FARN). Según datos del Ejército, el grupo fue desarticulado en julio, en un operativo conjunto de la Policía y del Ejército, después de haber realizado un sinnúmero de acciones delictivas: robos con intimidación, plagios, asesinatos, abigeato, etc. La banda operaba en diferentes sectores rurales de Matagalpa y Jinotega, y alegaban que su formación y accionar obedecía a su condición de revolucionarios que luchaban contra el despojo de familias campesinas de las tierras. Usaban insignias con los colores rojinegros del sandinismo, pero se logró constatar que ninguno de ellos tenía nexos con el FSLN, al cual instrumentalizaron para delinquir.
A finales de septiembre surgió en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) otra nueva agrupación armada autodenominada Comando Regional Carlos Ulloa, jefeado por José Luis Marenco, ex-miembro del Frente Unido Andrés Castro (FUAC). Su primera acción fue el secuestro, en la mina de Bonanza, del ingeniero canadiense Manley Guarducci, funcionario de la empresa minera HEMCONIC, y del oficial del Ejército de Nicaragua, Salvador Rocha Sánchez.
Inicialmente, el Comando argumentó que realizaron el secuestro para presionar al gobierno de Nicaragua para que cumpliera los acuerdos suscritos en noviembre de 1997 con los desmovilizados del FUAC. No obstante, cuando dieron a conocer sus demandas para dejar en libertad a sus rehenes, no sólo plantearon demandas políticas y laborales -el retiro de la Policía Nacional y del Ejército de la zona, el cese de la persecución policial que sufren los retirados del FUAC que se integraron a la vida civil, la liberación de una lista de prisioneros que pertenecieron a las filas del FUAC, la entrega de tierras con sus respectivos títulos de propiedad, el reintegro de trabajadores que fueron despedidos de la empresa HEMCONIC-, sino también una demanda económica de un millón de dólares.
En este secuestro resultó fundamental la participación del CENIDH, que realizó continuas y activas gestiones, trasladándose en varias ocasiones hasta Bonanza, donde los rearmados mantuvieron secuestrados al canadiense y al militar durante 34 días. Aunque del secuestro no resultó ninguna violación al derecho a la vida, mientras no se lograra la libertad de los secuestrados el riesgo era grande, tanto de parte del grupo de armados o por acciones que pudiera emprender el Ejército en contra de los secuestradores.
La Presidenta del CENIDH, Vilma Núñez de Escorcia, y el Director del Equipo Jurídico del CENIDH, Bayardo Izabá Solís, formaron parte de la Comisión de Enlace creado para resolver el secuestro y que entabló comunicaciones con los rearmados para conocer y transmitir sus demandas, y, especialmente, para exigir de los secuestradores que garantizaran el respeto al derecho a la integridad física, a la vida y a la libertad de los secuestrados.
El CENIDH se retiró temporalmente de la Comisión de Enlace cuando los armados dieron a conocer la demanda del millón de dólares, considerando que esta exigencia era constitutiva del delito de plagio. Posteriormente, los armados desistieron de esta demanda, enfatizando en que el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno era su prioridad. Las persistentes gestiones del CENIDH, apoyadas por el ex-jefe del FUAC, Camilo Turcios, quien fue contactado por el Consulado Canadiense , El PNUD y el CENIDH, tuvieron éxito el 3 de noviembre con la liberación de los secuestrados.
El gobierno -a través del Ministro de Gobernación, René Herrera, y del Ministro de Defensa, José Antonio Alvarado, reiteró, durante todos los días del secuestro, que no negociaría con los secuestradores, mientras no dejaran libres a los secuestrados. Pero después de su liberación, no dio señales de buscar una negociación fructífera, limitándose a afirmar que ya habían cumplido con la mayor parte de los acuerdos suscritos con el FUAC y prometiendo que cumplirían con los restantes.
Muertes vinculadas al ejercicio de las funciones de la Policía, el Ejército y otras autoridades
Según datos de la División de Asuntos Internos de la Policía Nacional, durante 1999 se recibieron 28 denuncias por homicidios cometidos presuntamente por funcionarios de la institución policial, resultando 17 de ellas positivas, siendo remitidos a la orden del Juez los oficiales involucrados, en otros casos se les dio baja deshonrosa y privación de grados.
En cumplimiento de su deber, en 1999 resultaron muertos 2 miembros de la Policía Nacional y 6 miembros del Ejército de Nicaragua. 146 civiles murieron por el accionar de las diferentes bandas delincuenciales.
El CENIDH investigó la muerte de 12 personas. De ellas, 6 resultaron muertas por un uso desproporcionado de fuerza, en dos casos por las armas de Policías Voluntarios y en los otros 4 casos, por las armas de oficiales permanentes de la Policía Nacional. En 3 casos las muertes fueron causadas por negligencia en la atención médica de personas detenidas y en otros 3 casos por el accionar de bandas delictivas. Del total de las 12 investigaciones, en 8 casos el CENIDH realizó un informe sobre los hechos y envió sus resultados a las autoridades competentes.
Entre los casos investigados estuvieron:
- Caso de Evert Alexander González Gaitán
El niño Evert Alexander González Gaitán, de 14 años de edad, fue muerto por el oficial Nicasio Martín Jirón, cuando éste, junto con otros agentes de la Brigada Especial de la Policía Nacional, iban el 24 de diciembre de 1998 en persecución de Gustavo Avendaña Reyes, supuesto autor del delito de robo con fuerza, y al momento de su captura un grupo de personas del barrio Germán Pomares de Managua se opuso.
El informe del CENIDH constató y concluyó que, aun cuando no hubo intencionalidad de parte del agente policial de privar de la vida al menor, Jirón actuó con impericia al precipitarse en usar su arma de fuego -los otros agentes no las usaron-, incurriendo por eso en violación al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, lo que trajo como consecuencia la violación al derecho a la vida del niño.
El oficial responsable fue puesto a la orden del Juzgado VII de Distrito del Crimen de Managua, donde fue sobreseido en forma escrita y posteriormente remitido el expediente al Juzgado VII Local del Crimen de Managua, donde fue encontrado culpable del delito de Homicidio Culposo.
- Caso de Juan Adolfo Mejía León
La filial del CENIDH en Matagalpa investigó la muerte de Juan Adolfo Mejía León, muerto por un disparo de bala realizado por el Policía Voluntario Juan Thomas López Guerrero el 14 de febrero, en la comarca Puerta de Hierro del municipio de Terrabona, cuando éste se encontraba viendo un partido de béisbol y se produjo una discusión entre Mejía y José Guerrero, hermano del Policía Voluntario homicida. El CENIDH realizó una inspección en el lugar de los hechos y levantó testimonios de personas que vieron cuando el Policía Voluntario realizó el disparo, y que refirieron que los hermanos salieron del estadio antes de que Mejía León lo hiciera para esperarlo a la salida y matarlo.
El CENIDH dio acompañamiento a la hermana de la víctima para que interpusiera la denuncia ante la Procuraduría Penal de Justicia de Matagalpa. El Policía Voluntario fue detenido y remitido a la orden de la Juez Segundo de Distrito de Matagalpa, Maribel Maldonado, acusado del delito de Homicidio Doloso. No obstante, aun cuando la Jueza dictó Sentencia Interlocutoria de Auto de Segura y Formal Prisión en su contra el 23 de febrero, López Guerrero goza de libertad y sigue desempeñándose en el mismo cargo que tenía antes de cometer el delito.
- Caso de Roberto González Herrera
El 20 de abril en la tarde, un centenar de estudiantes universitarios llegaron a las instalaciones del Banco Central de Nicaragua en Managua, con el objetivo de ejercer presión para que el gobierno cumpliera con la demanda de la comunidad universitaria de entregar el 6% del Presupuesto a las universidades, según lo establece la Constitución. A los pocos minutos de encontrarse realizando la protesta de forma pacífica se presentaron a las instalaciones más de 100 policías de la Brigada Especial de la Policía Nacional, procediendo a agredir a los estudiantes, resultando del uso desproporcionado de fuerza del oficial de la Policía Enrique Flores Solís la muerte de Roberto González, estudiante de tercer año de Derecho de la UNAN, a quien le dispararon a a corta distancia una bala de caucho la que le penetró en el hemitórax izquierdo.
El CENIDH realizó la investigación del caso, lográndose constatar que en el operativo hubo un uso excesivo de la fuerza, una exagerada desproporción en los resultados finales, que arrojaron un saldo de doce lesionados, más de medio centenar de detenidos, múltiples daños en las instalaciones del Banco Central -daños que quisieron atribuírsele a los estudiantes- y la muerte de Roberto González.
El 27 de abril, el CENIDH remitió un informe a la Comisionada General de la Policía, Eva Sacasa, solicitándole la remisión del oficial Flores Solís a la orden de la autoridad competente. El oficial, que se confesó culpable del delito, fue remitido y procesado en el Juzgado I Local del Crimen de Managua por el delito de Homicidio Culposo, pero nunca estuvo privado de libertad. Siete meses después del homicidio, la Jueza Julia Mayorga dictó sentencia absolutoria a favor del oficial homicida.
- Caso de Pedro Talavera Romero
El 10 de mayo, en la comunidad de La Campana, municipio de Villa Sandino, departamento de Chontales, y en momentos en que se celebraba el último día de las fiestas patronales de la localidad, se hizo presente en las mismas Pedro Talavera Romero, quien estaba circulado por la Policía Nacional por el supuesto delito de lesiones graves. Al ser identificado por los agentes del orden, le dieron persecución y seis oficiales dispararon contra él sus fusiles AK matando de tres tiros a Talavera.
Según las testificales que recabó la investigación de la Filial del CENIDH en Chontales, Talavera Romero andaba montado en un caballo, y al momento de huir recibió el primer impacto de bala a una distancia de 315 metros, cayéndose del caballo. Entonces, los agentes del orden llegaron al lugar y un oficial de apellido Lanzas le propinó a Talavera Romero una patada en el costado izquierdo y posteriormente dos balazos, uno de los cuales le impactó en la barbilla y otro le entró por la frente.
El caso fue remitido a la orden de la Jueza Local Único de Villa Sandino, donde se procesó a los policías Donald de Jesús Lanzas López, Omar Antonio García, Darling del Carmen López González, Miguel Antonio López González y Alvaro Javier Aragón, por el delito de Homicidio Doloso. En sentencia interlocutoria, la judicial los sobreseyó definitivamente, aún cuando fueron aportadas las pruebas necesarias que comprobaban tanto el cuerpo del delito como la delincuencia de los procesados. El caso se encuentra en apelación en el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa.
- Caso de William Chavarría García
La filial del CENIDH en Estelí investigó la muerte de William Chavarría García, quien resultó muerto el 20 de agosto en el municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia, por el oficial Dimas Pasos Centeno.
El día de los hechos, Pasos Centeno, junto con otros oficiales de Policía, perseguían a Chavarría, por existir orden de captura en su contra por el supuesto delito de abigeato. Al investigar el hecho, los familiares del occiso y las mismas autoridades de la Policía Nacional expresaron que entre la víctima y el victimario existían viejas rencillas personales desde que anduvieron alzados en armas, ya que ambos habían pertenecido a las filas de la Resistencia.
Dentro de sus investigaciones, el CENIDH constató con testimonios de familiares y vecinos de la víctima que efectivamente había una pugna entre ambos desde hacía tiempo. Se constató también que efectivamente había orden de captura en contra de Chavarria García y se revisó el expediente judicial. El policía responsable de la muerte fue dado de baja deshonrosa y fue procesado por el Juzgado de Distrito del Crimen de Ocotal. Los policías procesados fueron cuatro. Tres de ellos fueron sobreseídos definitivamente en la sentencia interlocutoria, y a Pasos Centeno se le aplicó auto de segura y formal prisión, estando pendiente el jurado de conciencia.
- Caso de Armando Roberto Pérez Ocaña
Investigado por la filial del CENIDH en Chontales, el hecho ocurrió el 17 de noviembre en el municipio de La Libertad del departamento de Chontales, cuando un grupo de aproximadamente 30 policías se presentaron al Barrio Nueva Esperanza a realizar varios allanamientos, penetrando en la vivienda de Roberto Pérez Ocaña, quien estaba circulado junto a otras tres personas más por la Policía de Juigalpa por ser presunto autor del delito de robo con intimidación.
Del total de policías que se presentaron al lugar, únicamente cuatro penetraron a la vivienda de Pérez Ocaña: el Subcomisionado Fitoria, Jefe de la Policía de Santo Domingo; el Capitán Gustavo Adolfo Pérez Castro, Jefe de la Policía de la Libertad; el Capitán Julián López Lumbí conocido como Julián Padilla, Jefe de Seguridad Pública de Chontales; y el Teniente Víctor Galeano, todos armados de fusiles AK. Según testimonios de familiares del occiso, los policías encontraron a Pérez Ocaña acostado en una tijera con dolor de estómago.
Según los testigos, Pérez Ocaña fue encañonado por los cuatro agentes policiales, procediendo momentos después el Teniente Víctor Galeano a golpearlo con la culata de su fusil AK, por lo que la madre del joven pedía a los polícias le permitieran entrar al cuartito donde se encontraba su hijo para entregárselo ella misma a los policías. Pero momentos después sólo escucharon un disparo, que hiró gravemente a Pérez Ocaña, quien murió, cuando lo trasladaban al centro de salud de La Libertad.
Aún cuando la versión de las autoridades policiales fue que el autor del disparo actuó en defensa propia, las diferentes gestiones realizadas por el CENIDH comprobaron que el alegato de la Policía no cumple con los requisitos indispensables para establecer legítima defensa y que se está sentando un mal precedente, ya que iniciándose apenas el proceso judicial en el Juzgado Único de Distrito del Crimen de Juigalpa, las autoridades se parcializaron, lo que hace dudar que el oficial responsable sea encarcelado y peor aún, es de esperar que el delito quede impune.
El uso desproporcionado de la fuerza de parte de las autoridades policiales al momento de efectuar allanamientos y capturas sigue siendo el principal factor de violaciones al derecho a la vida, al menos en las estadísticas de las denuncias constatadas por el CENIDH. También hay otras causas que inciden. Por ejemplo, rencillas personales entre oficiales de Policía y las víctimas de violaciones al derecho a la vida, falta de atención médica inmediata en caso de reos enfermos, y el accionar de bandas delincuenciales en el campo. [volver]
Si coincidimos en que "un concepto verdaderamente abarcador de seguridad ciudadana incluye no sólo la seguridad de no ser víctima de delitos, sino también la de gozar de un estado constitucional de Derecho y de un estándar razonable de bienestar en materia de salud, vivienda, ingresos, etc.", entonces 1999 fue para todos los nicaragüenses un año inseguro. El ambiente en Nicaragua se volvió para todos más amenazante.
En la percepción que del país tienen los propios nicaragüenses se evidencia un deterioro de los niveles de seguridad. Entre los meses de marzo y abril, 85 mil nicaragüenses de 112 municipios fueron encuestados sobre los tópicos más cotidianos de la vida y revelaron un sentimiento de pérdida acelerada del sentido de protección y de confianza, y un sentimiento de insatisfacción permanente porque cada vez les es más difícil acceder a los servicios más básicos.
Sobre el tema de la seguridad, la consulta ciudadana realizada por el organismo Etica y Transparencia reveló entre otras cosas que para promover la seguridad ciudadana un 33.3% de los encuestados cree que lo mejor es generar empleos, y el 30% cree que para ello debe mejorarse el trabajo policial. El 56% de los encuestados declaró no tener empleo, el 42.8% opinó que la debilidad de la Policía está en el patrullaje y la vigilancia, mientras el 34% cree que la mayor debilidad es la falta de honestidad de los propios miembros de la Policía.
Es curioso notar que el sentimiento de inseguridad no sólo embarga a la población sino también a los propios organismos encargados de proteger a la población. Para la mitad de los encuestados, las pandillas constituyen la principal amenaza a la seguridad. El 60% de los policías piensa esto mismo.
La más reciente consulta sobre el tema de la seguridad (septiembre de 1999) revela que 58 de cada 100 nicaragüenses considera que la seguridad ciudadana está en 1999 en peores condiciones que en 1998.
La Policía Nacional subsistió en 1999 con una cantidad de 205 millones de córdobas, cuando para cubrir sus necesidades requería de 536 millones. No obstante, se le asignaron recursos extraordinarios -33 mil dólares y 15 millones de córdobas respectivamente- para desarrollar un Plan Operativo Antipandillas y el Plan Permanente de Seguridad en el Campo, en este último caso compartiendo el monto con el Ejército, que aportó al Plan la mayor cantidad de efectivos: 1,500 en un total de 2,200.
La Organización de las Naciones Unidas establece que, en términos generales, el promedio de agentes del orden público debe ser de 92 por cada 10 mil habitantes. En los países de Centroamérica este promedio es de sólo 35 policías por cada 10 mil habitantes.
Nicaragua tiene 13 policías por cada 10 mil habitantes, siendo el país centroamericano con menor número de agentes garantes del orden público. Panamá es el país del área con mejor índice: 42 agentes por cada 10 mil habitantes.
En Nicaragua se comete un delito cada siete minutos. El departamento con mayor incremento delictivo en 1999 fue Boaco, con un aumento del 51%. Los hogares fueron los lugares en donde ocurrieron mayor número de hechos delictivos, lo que incrementa el sentimiento de inseguridad en la población.
Mientras el incremento de la delincuencia continuó su ritmo ascendente siendo en 1999 del 11% con respecto a 1998, el índice de esclarecimiento de los hechos por parte de la Policía Nacional se redujo en un 1% (74% en 1998 y 73% en 1999).
En el presente año hasta el mes de noviembre se habían cometido 66,823 delitos a nivel nacional, 6,405 delitos más que los que se cometieron en todo el año 1998. La mayor tipología de incidencia la constituye los delitos contra la propiedad con 36 mil 265, seguida de los delitos contra las personas con 27 mil 269, luego los delitos relacionados al tráfico, comercio y cultivo de drogas con 1 mil 78; 109 delitos más que los ocurridos en todo el año de 1998.
La tipología de otras familias también tiene un incremento considerable, en este grupo de delitos entre los que se encuentran el secuestro, plagio, sustracción de menores, etc, hubo un incremento de 292 delitos en relación al pasado año es decir hasta noviembre en este tipo de delitos se cometieron 2 mil 139, superando los 1847 de 1998.
Managua sigue siendo el departamento del país con mayor incidencia delictiva cometiéndose el 40.32 % de todos los delitos en el país. El departamento que le sigue es Matagalpa con un total de 4 mil 394 delitos que aunque numéricamente es el departamento que le sigue a Managua es uno de los departamentos que en relación a 1998 disminuyo la incidencia delictiva. Los departamentos con mayor porcentaje de incremento en la actividad delictiva fueron Boaco ( 43.4 %), Madriz ( 41.8 % ) y Chontales 39.3 %
Los departamentos que en términos de incidencia delictiva mejoraron su seguridad fueron Nueva Segovia ( 3.3 % ), Región Autónoma del Atlántico Sur ( 9.9 %) Carazo ( 1.0% ) y Matagalpa con 0.9 %.
Drogas y seguridad
Hasta el mes de noviembre los delitos relacionados con el cultivo, comercio y consumo de estupefacientes había crecido en un 11.2 % es decir 1078 delitos en comparación con los 969 del pasado año. Se detuvieron un total de 1448 personas de las cuales un numero importante de menores ( casi el 10 % eran menores de 18 años.
Inseguridad en el campo
En septiembre de 1999 se contabilizaban 44 bandas armadas, 17 más que aquellas con las que cerró 1998. No obstante, el número de delincuentes armados se redujo respecto al de 1998: 206 contra 537 en 1998, según fuentes oficiales. La Policía Nacional estableció el cálculo de que existen en manos de civiles y de productores un aproximado de 70 mil armas de guerra.
Entre la población rural, el problema principal de inseguridad lo constituye la actividad de las bandas delictivas, caracterizadas por ser pequeños grupos con mucha capacidad de movilización y con una presencia significativa en la zona norte del país.
A finales de septiembre, el gobierno dio a conocer un Plan Permanente de Seguridad en el Campo, involucrando en él a 1,500 soldados del Ejército y a 700 miembros de la Policía, para ser ejecutado en dos etapas. La primera, de octubre 99 a marzo 2000, en la que se desarticularía a las bandas delictivas y se remitiría a sus integrantes a los tribunales de justicia, y la segunda a iniciarse en marzo del 2000, dirigida a garantizar y organizar en las zonas rurales la presencia institucional permanente de la Policía Nacional.
Según informaciones de los medios de comunicación, el Plan de Seguridad en el Campo redujo las bandas delincuenciales a sólo cuatro y los secuestros de 42 -ocurridos en ese período de 1998- a sólo 19.
Los resultados del Plan de seguridad en el campo en 80 días de ejecución ( septiembre a diciembre) según informaciones del Ejercito fueron en este periodo: 104 delincuentes capturados, 7 bandas desarticuladas de las 44 reportadas en septiembre, 28 armas de guerra requisadas, 1 contrabando capturado 109 semovientes requisados, 11.5 kilos de cocaína incautados y 680 plantas de marihuana incautadas
Accidentes de Tránsito: Grave Expresión de Inseguridad
En Nicaragua, la cuarta causa de muerte son los accidentes de tránsito. El 30% de los accidentes son ocasionados por buses del transporte colectivo. Sólo en el primer semestre de 1999 los buses de transporte colectivo provocaron 1,452 accidentes.
Hasta el mes de noviembre, el promedio era 7.2 muertos por mes, habiendo en 1999 un incremento del 18% en las muertes por accidentes de tránsito contabilizándose en el primer semestre de 1999, 273 fallecimientos por esta causa.
Hasta el primer trimestre de 1999 el incremento de accidentes fue del 37% (En 1998 hubo 5,700 y en 1999 7,790), ocurriendo diariamente en todo el país una cantidad promedio de 50 accidentes.
La Policía Nacional desarrolló en marzo un operativo con el fin de controlar la circulación de vehículos defectuosos, que constituyen una amenaza para la circulación. A pesar de este esfuerzo, los resultados no fueron muy alentadores porque los vehículos-chatarra siguieron circulando por la capital y resto del país. El plan se desarrolló con dificultades que rebasan las capacidades humanas y materiales de la Policía. Nicaragua posee una red vial que no ha sufrido cambios en los últimos 20 años, pero mensualmente ingresan a circular en Managua 1,500 nuevos vehículos, contando ya la capital con un parque vehicular de casi 110 mil unidades, con el agravante de que en Managua sólo existen 35 controladores de tráfico por cada turno.
Grupos Juveniles
Continua sobredimensionándose en los medios de comunicación la problemática de las pandillas juveniles. Según la Policía Nacional existen en el país un total de 168 pandillas, en las que se agrupan 2,362 adolescentes y jóvenes. 108 pandillas actúan en Managua y en ellas están agrupados unos 1,627 jovenes.
La sobredimensión de la problemática nace de una proyección negativa de la adolescencia y de la juventud en los medios de comunicación. A menudo se presenta a jóvenes en actividades ilícitas, y no se presenta a otros jóvenes que estudian, construyen viviendas, trabajan en la zona franca y en otros centros, etc.
La población imagina a las pandillas como jóvenes vandálicos, los delincuentes más peligrosos del país. Esta imagen contrasta radicalmente con las mismas estadísticas policiales, que revelan que en los últimos 8 años el porcentaje promedio de los adolescentes entre 13-18 años detenidos fue sólo el 10% del total de los detenidos.
Se parte también de la idea de que las pandillas están conformadas por adolescentes, cuando en realidad predominan en ellas jóvenes entre los 18-25 años. Esto lo evidencia el último operativo antipandillas ejecutado en Managua, en el que se puso de manifiesto que el 68% de los detenidos eran mayores de 18 años.
Aunque altos mandos de la Policía Nacional tienen una visión verdaderamente integral del problema de la seguridad ciudadana, y están conscientes y convencidos científicamente de que debe superarse el modelo del "estado policíaco", la práctica de la institución policial emplea casi como único medio de tratamiento de la inseguridad la presencia "disuasiva" de efectivos policiales armados en los barrios más pobres de Managua.
El 26 de julio se inició el denominado Plan de Desarrollo Integral para la Prevención de la Violencia Juvenil, más conocido como Plan Antipandillas, contando para él con un financiamiento extraordinario de 33 mil dólares. Se buscaba desarticular a un 70% de las 108 pandillas de Managua, con medidas preventivas y se tenía prevista la intervención de otras instituciones estatales -el Ministerio de Educación, la Secretaría de Acción Social y el Ministerio de la Familia- para que a los jóvenes integrados a las pandillas se les brindaran alternativas de recreación, empleo y orientación.
El Plan tuvo como resultado una disminución en la actividad de las pandillas en los barrios seleccionados para ejecutar el Plan. En su primer mes, el plan sólo tuvo efectos disuasivos. La presencia policial armada en los barrios trajo a la población un ligero sentimiento de seguridad, que se desvanecía cuando las patrullas policiales se iban. El CENIDH considera que si no se atacan de raíz las causas sociales que llevan a los adolescentes y jóvenes a agruparse para delinquir no podrá hablarse de verdadera seguridad ciudadana.
Según la versión de la Policía Nacional, entre los logros de este Plan estuvieron:
- La formación de 32 asociaciones de vecinos como comités de prevención del delito.
- La formación de 6 clubes de jóvenes amigos de la Policía, integrados por unos 300 adolescentes y jóvenes.
- La construcción de 32 canchas de deporte.
- 372 adolescentes becados en talleres técnicos.
- Seguridad en 12 centros escolares, donde se clausuraron expendios de licor y centros de vicios y drogas.
- El Plan también dejó como resultado a 1,467 personas detenidas, entre ellos 455 jóvenes presuntamente integrantes de grupos juveniles. A 283 de los detenidos se les remitió a los tribunales de justicia ordinaria y a 163 menores al juzgado penal de adolescentes. 779 quedaron en libertad por haber cometido faltas menores.
A pesar de que después de muchos años de ausencia, el Plan hizo aparecer en escena a otras instituciones del Estado dispuestas a abordar la problemática, siempre rige la percepción de que es la institución policial la que debe asumir los costos de estos planes de "seguridad", que en general están signados por un carácter represivo.
Hasta la fecha, las iniciativas de la sociedad civil para la inseguridad ciudadana se han reducido a la elaboración de insumos teóricos que permiten apreciar en buena parte la dimensión de la problemática. En Managua, tan sólo dos organismos -el Centro de la Prevención de la Violencia y la Fundación Nicaragua Nuestra- se han dedicado a poner en marcha verdaderos programas de pacificación con jóvenes integrados a pandillas.
Agentes de Vigilancia Privada
Tal como se anunciaba en el informe del CENIDH de 1998, el número de vigilantes privados ya supera al de los efectivos policiales. 1999 termina con 60 empresas privadas de vigilancia, en las que laboran 6,536 agentes, mientras que la Policía Nacional cuenta con una fuerza de 6,133 efectivos. A pesar de que para algunos funcionarios policiales la proporción entre unos y otros agentes no tiene relevancia en el tema de la seguridad, lo preocupante es el crecimiento sin control de estas empresas y la instrumentalización de sus agentes en conflictos de carácter privado y/o político, como en los casos en que los empleadores les ordenan reprimir a trabajadores que reclaman.
De las 60 empresas de vigilancia privada, sólo 48 se encuentran debidamente legalizadas ante la Policía Nacional, y parcialmente controladas por una débil normativa jurídica, que se reduce a un Manual de Vigilancia Civil, que constituye sólo un instrumento procedimental que no define con claridad el concepto de vigilancia civil y privada.
En la actualidad, la actividad de estas empresas y la profesionalización de sus miembros está lejos del debido control de la institución policial. Evidencia de esto es que de las 60 empresas que operan en el país tan sólo los agentes de una de ellas ha recibido capacitación por parte de la Policía.
Suicidios
Hasta el mes de noviembre habían ocurrido en todo el país un total de 182 suicidios, 29 más que los ocurridos en todo 98, el 75 % de los suicidas fueron personas del sexo masculino y sus causas en orden de incidencia fueron al parecer de orden pasional, familiar, económico y salud. Este tipo de situaciones cada año crece siendo algunas de estas personas adolescentes y jóvenes, el 25 % fueron personas menores de 25 años.
Derecho a manifestarse y a la libertad individualEn el primer semestre de 1999, cuatro grandes acontecimientos sociales y políticos marcaron la situación de los derechos humanos en el orden de las libertades individuales y políticas: Las protestas de los universitarios reclamando el 6% del Presupuesto para las universidades, al paro casi nacional del transporte colectivo, la primera movilización de la sociedad de Managua en contra de la corrupción y en apoyo al Contralor General de la República, y los desalojos de propiedades en disputa.
Destacamos también la marcha que centenares de pobladores de Jalapa realizaron en un Viacrucis por la Vida, con el que denunciaban el estado de miseria y abandono en que está hoy sumida la población segoviana después de haber sido tradicionalmente productiva y rica en recursos.
Manifestaciones Universitarias
En el ejercicio de su derecho de manifestación y petición, otro año más los estudiantes universitarios protagonizaron una jornada de protesta en demanda del 6% del Presupuesto nacional, derecho establecido en el artículo 125 de la Constitución Política. Y nuevamente, el gobierno redujo ese porcentaje que corresponde a la comunidad universitaria, asignándole solamente el 4.3%, situación que originó varias semanas de reclamos y tensiones, expresadas en marchas callejeras y tomas de edificios.
Los momentos más difíciles y peligrosos se dieron en los enfrentamientos protagonizados por agentes policiales antimotines y estudiantes acompañados por miembros de otros sectores sociales. El 9 de abril, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, decenas de policías que custodiaban los edificios de la Presidencia de la República y del Parlamento, se enfrentaron a los universitarios, después de que éstos saltaran una valla metálica, produciéndose una batalla campal de más de dos horas que dejó como resultado una decena de golpeados, entre manifestantes y policías -tres agentes, dos de ellos mujeres- y muchos estudiantes y pobladores afectados por gases lacrimógenos.
Varios fueron los hechos lamentables y trágicos en estas jornadas de protesta universitaria. El principal, la muerte del estudiante Roberto González Herrera, ya mencionada. Lamentable también la explosión de una bomba de contacto en las instalaciones de la UCA, que hirió a cuatro niños de la familia Chévez González, cuyos nombres son: Rosa Argentina Chévez Barahona de 10 años, Luis Chévez Barahona de 13 años, Yordi Chévez Barahona de 8 y Eliezer González de 11 años, uno de los cuales perdió un brazo y un ojo. El abandono de esta bomba en ese lugar, el CENIDH LO puede calificar de acción terrorista. Nunca se pudo determinar quiénes fueron los responsables.
Otro suceso lamentable fue el sucedido el 13 de abril, durante otra movilización en las afueras del Parlamento. Cuando se discutía el Presupuesto General de la República, a un estudiante de cuarto año de la carrera de Ecología de la UCA le explotó una mochila que, con varias bombas caseras y morteros, llevaba a la espalda. La explosión puso en peligro su vida e hirió levemente a otras 15 personas entre estudiantes y pobladores.
Además de la muerte del estudiante Roberto González, en los mismos sucesos fueron golpeados otros estudiantes al momento de su captura y, ya estando reducidos, otros dos estudiantes resultaron heridos con el mismo tipo de bala que mató a Roberto. Ese día fueron detenidos 79 manifestantes -59 de ellos universitarios-, siendo puestos a la orden de los tribunales, objeto de un proceso criminal, donde se les responsabilizó de varios delitos, incluyendo el de la muerte del estudiante Roberto González, aun cuando no quedaba duda alguna de que quien lo había matado estaba entre las filas de la institución policial, que realizó un operativo relámpago caracterizado por la irracionalidad y la brutalidad en el uso de gases y balas, menospreciando la vida no sólo de los universitarios, sino de los mismos trabajadores del Banco Central, e incluso de los niños y personas que a esa hora se encontraban en la Biblioteca del Banco, a pocos metros del lugar donde cayó muerto Roberto González. Por tantos abusos a la integridad física y a la vida de tantas personas, ningún agente policial ni nadie fue responsabilizado, en un proceso donde el juez declaró inocente a todos los procesados.
Paro del Transporte
En el mes de abril, un paro de transporte mantuvo paralizada a Managua durante más de una semana. En esta ocasión, las protestas tuvieron expresiones nunca vistas en Nicaragua, por la participación e involucramiento de grupos juveniles -pandillas- en las protestas. Estos jóvenes se tomaron varios puntos de Managua, levantando barricadas y protagonizando batallas campales contra la policía y entre pandillas, participando también en las confrontaciones entre transportistas y policías, y agrediendo a personas ajenas al conflicto.
En esta ocasión, la integridad física y síquica de la población estuvo en peligro no sólo por la represión policial, sino por los mismos sectores que protestaban, incluidas las pandillas juveniles. Fue alto el nivel de tensión, de enfrentamientos y de riesgo que se vivió en Managua durante varios días y este ambiente fue aprovechada oportunistamente por algunos. Una persona que participaba en la protesta murió tras ser atacada a balazos por sujetos que se trasladaban en vehículos particulares. Días después fueron capturados y sometidos a proceso judicial. En este ambiente caótico, otros sujetos dispararon contra un grupo de manifestantes reunidos en un tranque en la Pista de la Sabana de Managua, hiriendo en la pierna a una niña de 16 años.
Durante la protesta de los transportistas, centenares de manifestantes fueron detenidos, al extremo de que las cárceles destinadas a las detenciones provisionales o preventivas fueron desbordadas, trasladándose a más de cien detenidos al Sistema Penitenciario de Tipitapa -la Cárcel Modelo-, donde sólo son remitidos los condenados y con sentencia de auto de prisión. El CENIDH pudo constatar que la Policía Nacional abusó de sus funciones en la determinación de sanciones y encarcelamiento masivo de manifestantes, lo que demostró la voluntad gubernamental de acallar la protesta por la vía represiva aun cuando la actuación policial fuera ilegal.
En las dos protestas mencionadas -la del 6% y la de los transportistas-, diversas unidades policiales de Managua y de la Dirección de Investigaciones Criminales realizaron una selectiva persecución y captura de decenas de militantes y dirigentes territoriales del FSLN de varios barrios capitalinos, lo que originó la interposición de sendos recursos de exhibición personal (amparo), la mayoría de ellos admitidos por el Tribunal de Apelaciones en virtud de no existir causa justificada para esas detenciones. Los casos más extremos sucedieron en los departamentos 2 y 4 de la Policía, donde se alteraron órdenes de captura para encarcelar a un activista del barrio San Antonio de Managua y se prefabricaron denuncias.
Otras Manifestaciones
En los últimos meses del año se produjeron algunas manifestaciones significativas protestando por la carestía de la vida, precedidas por largas caminatas de campesinos provenientes de todas las regiones del país, que se concentraron en la capital para demandar políticas que los incluyan en la economía y en los planes de desarrollo. Se trata de una positiva reactivación de la lucha social de grupos y sectores que en los últimos años han sido víctimas de las políticas económicas y sociales.
Las manifestaciones o marchas realizadas por iniciativa de la Coordinadora Popular instancia que agrupó a decenas de organizaciones populares-, tuvieron un especial significado para el movimiento social nicaragüense, en virtud de la relativa pasividad en que se había mantenido, a pesar de los graves problemas económicos, sociales y políticos que le afectan.
El 25 de marzo se realizó una masiva marcha en apoyo al Contralor, hostigado por el Presidente, y en contra de la corrupción. La demostración fue pacífica, espontánea y plural, sin que se produjera un solo incidente.
En la tradicional marcha del Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores, participaron miles de personas, muchas más que en años anteriores, en que los participantes eran fundamentalmente sindicalistas. Lamentablemente dicha marcha fue instrumentalizada por la dirigencia del FSLN.
Desalojos y Detenciones
Otros hechos en los que se violentó el derecho a la libertad individual y a la integridad física se dieron en el contexto de conflictos por la propiedad y desalojos individuales y colectivos, hechos en los que intervinieron las autoridades judiciales y policiales.
Ejemplos de estos casos fueron:
- El desalojo en el Memorial Sandino, donde se habían asentado decenas de familias precaristas. Fueron detenidas 25 personas y 7 golpeadas, entre ellas dos policías. La acción de desalojo no fue ordenada por la autoridad judicial competente, y la Policía alegó "legalidad" en base a una acción denominada "amparito policial", sin que éste tuviera justificación ni legitimidad, tal como lo desautorizó la judicial.
- La detención de 12 personas en Masaya, capturadas por la Policía después de una llamada telefónica del Alcalde, por la supuesta usurpación del dominio público. La Policía alegó también el amparito policial, pero éste no estaba legitimado.
- La detención de socios de diferentes cooperativas en distintos lugares del país, acusados de delitos de usurpación de propiedad, sin existir causa legal que justificara este delito, por el que, injusta e ilegalmente, se mantienen detenidas varias personas.
- Otra agresión a la integridad física la sufrió un grupo de periodistas que marcharon con el objetivo de hacer entrega de una carta al Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, rechazando la censura gubernamental a través del bloqueo de publicidad estatal en los medios críticos con el gobierno y que señalan actos de corrupción que involucran a sus funcionarios. Seis periodistas y un abogado del CENIDH fueron agredidos en esta ocasión por agentes de la seguridad presidencial, cuando trataban de acercarse a la casa presidencial.
Otras violaciones de derechos humanosEn el transcurso del año 1,999, se atendieron en el CENIDH 1,287 denuncias en contra de diferentes autoridades. Del total de denuncias sobre supuestas violaciones a diferentes derechos humanos, se encuentran concluidas 974 (75.6%), encontrándose en trámite únicamente 313 denuncias. De las denuncias concluidas en 561 se constató violación de derechos humanos (57.5%) de denuncias positivas. No obstante, en una sola denuncia aparecen varias autoridades denunciadas y estas autoridades en la mayoría de los casos violentan más de un derecho humano, de ahí que la referencia del número de denuncias contra cada autoridad y el número de violaciones comprobadas reflejada en el siguiente cuadro sea mayor al número de denuncias y al número de casos en los que se constató violaciones de derechos humanos.
AUTORIDAD DENUNCIADA DENUNCIAS ATENDIDAS CONTRA ESTA AUTORIDAD VIOLACIONES A LOS DDHH COMPROBADAS Policía Nacional 644 (50%) 273 (42.3%) Poder Judicial 271 (21%) 116 (42.8%) Ministerios y Org. Gub 129 (10%) 70 (5.4%) Alcaldías 51 (3.9%) 24 (47%) Ejército Nacional 18 (1.3%) 7 (38.8%) Grupos Armados 10 (0.7%) 7 (70%) Gob. de otros países 4 (0.3%) Trámite Empresas Privadas 63 (4.8%) 43 (68.2%) Gobierno Central 22 (1.7%) 11 (50%) Particulares 221 (17.1%) 123 (55.6%) SPN 21 (1.6%) 9 (42.8%) TOTAL 1,454 683
Acceso a la justicia y situación penitenciariaAcceder a la justicia se torna cada vez más difícil para quienes carecen de recursos económicos para lograr una resolución judicial pronta y ajustada a derecho. La población continúa percibiendo al sistema de administración de justicia como ineficaz y tendiente a la corrupción. Los esfuerzos desarrollados por las autoridades judiciales para crear nuevas dependencias (Instituto de Medicina Forense, Defensoría Pública, etc.), para superar los atrasos existentes en materia normativa y para corregir los vicios en el personal, se ven limitados y obstaculizados por la carencia de recursos económicos y por los continuos intentos del Poder Ejecutivo por partidarizar a su favor las diversas instancias del Poder Judicial.
La quinta y sexta consulta ciudadana realizada por el Grupo Cívico Etica y Transparencia en julio, reveló un 73.9% de opinión negativa en la población hacia el Poder Judicial. En un porcentaje similar, la gente tiene la percepción de que los ciudadanos con más recursos económicos son castigados con menor severidad. Un 62% de los encuestados manifestó haber sido víctima de alguna forma de corrupción, el 10.1% de ellos de parte de los jueces.
Aún cuando para el Grupo Etica y Transparencia estas cifras denotan una mejoría en la percepción sobre la administración de justicia con relación a años anteriores, las cifras sólo confirman la poca credibilidad que el Poder Judicial continúa teniendo entre la ciudadanía y es eso lo que refleja una encuesta realizada en septiembre por el Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN), que reveló que el 82.9% de los encuestados opina que la administración de justicia le sirve entre nada y poco, mientras que sólo un 11.0% consideraba que le servía bastante.
La encuesta reveló también que el 74.5% de los consultados considera que sí existe corrupción en la administración de justicia, el 10.6% dice que no la hay y un 15% dice que no lo sabe. Un 51.8% opina que la administración de justicia está peor en 1999 que en 1998, un 32.6% opina que está igual y sólo un 8.2% valora que está mejor.
Para el consultor de Naciones Unidas, Oscar René Vargas, estas cifras expresan que la justicia continúa siendo el punto débil de la institucionalidad democrática en Nicaragua y que el sistema judicial carece de independencia y es vulnerable a las influencias de los sectores de poder, tanto económicos como políticos, religiosos y sociales.
Persiste la política gubernamental de no incrementar el presupuesto asignado al Poder Judicial, que al igual que en los dos últimos años representa el 3% del Presupuesto General de la República, situación que vuelve recurrente la violación a lo establecido en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disponen que este Poder del Estado debe recibir no menos del 4% del presupuesto nacional. En esta situación de carencia, la cooperación externa continuó apoyando el mejoramiento del sistema judicial, con la instalación de nuevas dependencias, la construcción de más casas de justicia en diferentes regiones del país y la creación de las instancias contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha admitido públicamente que la corrupción es un fenómeno a enfrentar en la administración de justicia y ha señalado que por esa razón ha procedido a la destitución de muchos judiciales de sus cargos. Según EL Dr. Guillermo Vargas Sandino, Presidente de la CSJ hasta octubre de 1999, entre 1997 y 1998 se destituyó a 94 jueces señalados de incurrir en actos de corrupción e irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Estos datos resultan incongruentes si se tiene en cuenta la gran cantidad de quejas interpuestas en contra de judiciales. En 1998, la CSJ registró un total de 606 casos entre quejas e informativos, pero sólo se produjeron 35 destituciones y 40 sentencias, en las que se impusieron sanciones y multas o amonestaciones privadas. De enero a septiembre de este año, se registró un total de 539 casos entre quejas e informativos y sólo se dieron 53 destituciones.
Crisis en la Corte Suprema de Justicia
La dependencia y subordinación a los criterios del Ejecutivo que algunos Magistrados de la CSJ manifestaron en el desempeño de sus funciones cuestionó seriamente la independencia de este Poder del Estado. Una prueba de esa falta de independencia fue la celeridad con que la CSJ respondió a la Consulta realizada el 22 de marzo por el Presidente Alemán con relación a si la Constitución Política tenía primacía sobre la Ley de Integridad Moral de Funcionarios Públicos -pregunta relacionada con el conflicto en el que se encontraba con la Contraloría General de la República, que le reclamaba informara sobre su incremento patrimonial-. La consulta presidencial fue evacuada tan sólo tres días después de formulada, para reafirmar lo obvio: que "la Constitución tiene primacía sobre la Ley de Integridad Moral de Funcionarios Públicos, conforme al artículo 182 Constitucional, que establece textualmente: La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones".
La respuesta de la Corte fue inscrita por el Presidente en su tenaz campaña para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de la la Contraloría General de la República y de sus titulares. A lo largo del año, el Presidente ha evadido la vigencia de la Ley de Integridad Moral, que le obliga a informar a la Contraloría, cuando ésta se lo solicite, sobre los bienes que va adquiriendo durante el ejercicio de su cargo. La consulta a la CSJ fue usada por el Presidente para generar confusión en la opinión pública sobre las responsabilidades que como al más alto de los funcionarios públicos le corresponde en materia de probidad administrativa.
Aún cuando días más tarde de evacuada la consulta, el Presidente de la CSJ, Dr. Guillermo Vargas Sandino, declaró que la respuesta a la consulta no constituía un fallo, y aunque señaló que la Ley de Integridad Moral no contradecía a la Constitución Política, la actuación de la CSJ sentó un precedente negativo que evidenció su dependencia del Ejecutivo.
Las pretensiones del Ejecutivo de partidarizar el Poder Judicial se evidenciaron también en la crisis que durante más de un mes sacudió a la CSJ en ocasión de la elección de nuevo Presidente, Vicepresidente y Vocales, y en la organización de las Salas y Comisiones Permanentes. La elección estaba prevista para el 16 de septiembre, pero fue suspendida en varias ocasiones por falta de acuerdo entre los Magistrados, motivada por las tensiones derivadas del pacto político entre el PLC y el FSLN. Después de tensiones y muchas contradicciones, el 27 de octubre se eligió a los Magistrados Dr. Francisco Plata y Dra. Yadira Centeno como Presidente y Vicepresidenta de la Corte Suprema.
Durante esta crisis, en la que diversos sectores se disputaban la Presidencia y Vicepresidencia de la CSJ, dos Magistrados afines al PLC se vieron involucrados en presuntos actos de presión y amenazas hacia el Juez IV Suplente de Distrito del Crimen de Managua, Julio César Arias, quien estaba conociendo de la causa del Ejecutivo contra el Contralor General de la República por el caso conocido como "Ramón Parrales", por el nombre falso utilizado en firmar un contrato de servicios publicitarios con la Contraloría.
La causa había estado anteriormente a la orden de la Jueza II de Distrito del Crimen, Orietta Benavides, pero la Contraloría la recusó por presunta actuación parcializada a favor del Ejecutivo. Posteriormente, el Juez Arias denunció públicamente y ante el CENIDH las presiones de las que estaba siendo objeto por parte de los Magistrados Arturo Cuadra Ortegaray y Josefina Ramos -elegidos después como Presidentes de la Comisión de Carrera Judicial y de la Sala Constitucional- y por parte del abogado de la Presidencia, Mauricio Martínez. Los tres lo visitaron en su despacho y lo llamaron por teléfono para decirle que declarara sin lugar la recusación. Denunció también Arias que, tras haberla declarado con lugar, otros funcionarios de la Presidencia intentaron sobornarlo, ofreciéndole un cheque en blanco y una magistratura a cambio de dictar sentencia en contra del Contralor Agustín Jarquín.
A raíz de la denuncia de Arias, la Procuraduría General de Justicia, en un claro acto de parcialidad a favor del Ejecutivo, promovió en el Tribunal de Apelaciones de Managua una acusación en contra del Judicial por Prevaricato. Del Tribunal lo mandaron a citar para que rindiera un informe sobre su actuación en el caso, y finalmente resolvió que había actuado conforme a derecho.
A criterio del CENIDH, la denuncia de Arias sentó un importante precedente por su valentía al hacerla pública y por lo que revela respecto a la institucionalidad e independencia del Poder Judicial. Consideramos grave la actitud indiferente que ante la denuncia tuvo la CSJ, tratándose de posibles actos de corrupción y de tráfico de influencias entre sus Magistrados. Grave también que alguno de los magistrados llegaron a declarar que no era ilegal llamar a los jueces para pedirles "agilizar las sentencias", admitiendo haberlo hecho cuando "algunos amigos" les reclamaban en algunos casos por la retardación de justicia. El mismo Presidente de la CSJ, Dr. Guillermo Vargas Sandino declaró que hacer estas "llamadas" no se contradecía ni con la ley ni con la ética.
El juicio del Contralor
En el mes de marzo, la Procuraduría General de Justicia promovió acusación en contra del Contralor Agustín Jarquín Anaya, de su ex-asesor Néstor Abaunza y del presentador de TV Danilo Lacayo, por el delito de fraude, falsificación de documentos públicos y auténticos, uso indebido de nombre, malversación de caudales públicos y otros, en perjuicio del Estado nicaragüense. Después de ser trasladado 11 veces a diferentes juzgados de Managua, en virtud de recusaciones hechas por los abogados de ambas partes del proceso, ocho meses después de iniciado el juicio, la Jueza IV de Distrito del Crimen de Managua, Vanessa Chévez, dictó sentencia interlocutoria de segura y formal prisión en contra de los procesados, sentencia que fue apelada y sobre la que el Tribunal de Apelaciones resolvió hasta 44 días más tarde, dictando sobreseimiento definitivo.
A criterio del CENIDH, el juicio contra el Contralor fue un juicio eminentemente político, en el se puso de manifiesto de una forma ostentosa la dependencia del Poder Judicial de los intereses del Poder Ejecutivo, y más exactamente de su titular, el Presidente de la República. El proceso judicial, lejos de ser justo e imparcial, violentó las garantías del debido proceso y la igualdad ante la ley, en tanto no se tramitó con la misma celeridad las dos denuncias que la Contraloría tenía interpuestas en el mismo Juzgado en contra de varios funcionarios de gobierno. Asimismo, la sentencia emitida por la Judicial Dra. Vanessa Chévez fue carente de todo fundamento jurídico, por cuanto no se pudo comprobar ni el cuerpo del delito ni la delincuencia del procesado, además de que se dio una mala tipificación de la figura delictiva y es así como lo determinó el Tribunal de Apelaciones, al expresar que en el juicio no se dejó comprobado que al Estado se le haya ocasionado alguna pérdida patrimonial o que los procesados hayan obtenido un lucro legítimo.
El Tribunal de Apelaciones también cuestionó el papel desempeñado por la Procuraduría durante la fase investigativa, al señalar que las diligencias realizadas por esa instancia no fueron las más lógicas y valederas, en virtud de una serie de errores técnicos en la denuncia e investigación y en la conducción del proceso penal.
En noviembre, la CSJ dictó una insólita sentencia que ordenó la suspensión del proceso penal incoado en el Juzgado I de Distrito del Crimen de Managua en contra del Director Ejecutivo de ENACAL Róger Solórzano, por malversación, fraude y peculado, en virtud de una resolución de la Contraloría que determinó responsabilidades administrativas y penales a Solórzano, por desviar fondos del Estado para la construcción de varios pozos de agua potable en La Chinampa, propiedad del Presidente Alemán.
El abogado defensor de Solórzano recurrió de amparo en contra de esta resolución ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones, quien declaró con lugar el recurso y ordenó la suspensión de los efectos de la referida resolución. Ante esta situación, la Jueza I de Distrito del Crimen, Dra. Martha Quezada, resolvió continuar con la tramitación de la causa, basada en la Ley de Amparo, que establece que no existe amparo en contra de resoluciones judiciales. Sin embargo, la CSJ, con una inusual celeridad y contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Amparo, ratificó la resolución del Tribunal de Apelaciones y ordenó a la Judicial suspender la tramitación del proceso penal en contra de Solórzano.
Retardación de Justicia
La retardación de justicia es otro factor que continúa incidiendo negativamente en la administración de justicia. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 98 que "los Jueces y Tribunales deberán dictar las sentencias definitivas a más tardar dentro de treinta días de estar el expediente judicial en estado de fallo". No obstante, esto aún no se cumple con la celeridad dispuesta en la ley, pues existen casos de expedientes judiciales que pasan en estado de sentencia durante años sin que se dicte resolución, situación que es común a todos los niveles del Poder Judicial.
En los Juzgados de Distrito la retardación se refleja en la gran cantidad de procesados que teniendo una sentencia interlocutoria de Auto de Prisión, pasan meses y hasta años esperando que se les realice el Jurado de Conciencia.
Impunidad
La impunidad continúa siendo otro de los principales obstáculos para un acceso equitativo a la justicia. La vulnerabilidad del Poder Judicial frente a las influencias y frente al poder del Ejecutivo se puso nuevamente de manifiesto este año en varios casos.
En el caso conocido como "caso del narcojet" -un avión robado en Estados Unidos que apareció en Nicaragua como avión presidencial y del que hubo abundantes presunciones de que había traficado con cocaína-, salido a luz pública en abril de 1998, el Tribunal de Apelaciones revocó en mayo de 1999 la sentencia interlocutoria de Auto de Prisión dictada por la Jueza I de Distrito del Crimen, Dra. Martha Quezada, en contra de dos de los siete implicados, ordenando la libertad de los procesados por no haberse comprobado el cuerpo del delito en la causa que se les seguía por narcotráfico y piratería aérea, entre otros. En septiembre, la Judicial ordenó la reexportación del narcojet, un Lear Jet 35-A a su país de origen, en virtud de la solicitud hecha por la Compañía aseguradora United Pacific de Estados Unidos, sin que la Procuraduría Penal de Justicia se opusiera, dándose así por cerrado el caso.
En febrero, la Contraloría emitió un resolución en la que determinó responsabilidades penales para el ex-Ministro de Economía Pablo Pereira, por haber autorizado la entrega de Certificados de Beneficio Tributario (CBT) -exoneraban de impuestos a determinadas exportaciones estratégicas para la economía del país- a los hermanos Frank y Carlos Hermoso Vigil, sin que sus empresas cumplieran con los requisitos establecidos en la ley para ser beneficiados con los certificados.
En virtud de la resolución de la Contraloría, se promovió un juicio en contra de los hermanos por estafa, fraude y peculado, delitos por los que en mayo la Jueza IV de Distrito del Crimen, Vanessa Chévez, dictó sentencia interlocutoria de sobreseimiento definitivo a favor de los hermanos Hermoso Vigil, y de auto de prisión en contra del ex-Ministro Pereira. A pesar del auto de prisión no ha podido realizar la captura.. En 1999, el CENIDH recibió 271 denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades del Poder Judicial, constatando en 116 de ellas, violaciones a las garantías procesales, acceso a la justicia, entre otros.
Avances
Valoramos como un avance del año 1999 la creación, en junio, de la Oficina de Defensoría Pública, a la que le corresponderá brindar asesoría legal a personas con escasos recursos económicos, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aún cuando la ley también establece que la Defensoría brinde asesoría legal en materia penal, civil, mercantil, derecho de familia, derecho agrario y laboral, por problemas de orden presupuestario sólo estará en capacidad de prestar servicios en el área penal. Para priorizar esta área se tomó en cuenta que la mayor cantidad de causas que se ventilan en los juzgados tienen que ver con ella. Por las mismas limitaciones, la Defensoría no cubrirá todo el territorio nacional, sino sólo Managua.
En septiembre fueron nombrados los primeros 12 defensores públicos y a sólo un mes de entrar en funciones, la Oficina había recepcionado unas 400 solicitudes para ejercer la defensa de los procesados. No obstante, según la Directora de la Oficina, se ha percibido cierta resistencia de los jueces para remitir los casos a la Defensoría. El mayor número de solicitudes se ha hecho a través de los ciudadanos. La Oficina sólo tiene coordinaciones directas con el Juzgado VIII de Distrito del Crimen y con el Departamento II de la Policía Nacional.
También se creó en el mes de agosto la Oficina de Notificaciones y la de Distribución de Causas. La primera para descongestionar en alguna medida la carga de trabajo de los juzgados, y en particular la de los secretarios de actuaciones, que asumían la función de realizar las notificaciones. Y la segunda, para procurar un balance del número de causas en los diferentes juzgados y evitar que sean sometidas al conocimiento de un Juez particular buscando con ello una resolución favorable.
La instalación de los Tribunales Arbitrales de la Propiedad, cuya función primordial será dirimir los conflictos de propiedad, previstos para entrar a funcionar en octubre, no se pudo llevar a cabo, aunque en agosto se inició la convocatoria para el nombramiento de los 250 coordinadores de la Oficina Nacional de Arbitraje y Mediación.
Situación Penitenciaria
La población penal en los diferentes centros penitenciarios del país se ha incrementado considerablemente en los últimos años. En 1997, el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) registró un total de 4,120 internos. En 1998 registró 5,394 (un 31% de incremento). Y en 1999, se registra una población penal de 5,450 internos.
La situación de sobresaturación de los penales del país -en particular el de Tipitapa-, se vio agravada a partir de julio cuando comenzó a implementarse el Plan Pandillas. Según los funcionarios penitenciarios, el ingreso masivo de jóvenes detenidos por la Policía en cumplimiento del Plan, no sólo vino a agudizar el problema de hacinamiento ya existente, sino también los problemas disciplinarios entre los internos, pues se trasladaron al penal los conflictos entre líderes y/o miembros de los diferentes grupos juveniles.
Este significativo incremento en la población penal confirma un año más la urgencia de poner en práctica las reformas al Sistema Penitenciario, proyectadas por la institución desde 1998 en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Gobernación, con el fin de descongestionar los centros penales y de reducir las condiciones de hacinamiento, entre otros riesgos.
Este proyecto se ha venido materializando muy lentamente, pues no se ha iniciado siquiera la construcción de alguno de los tres nuevos centros penales previstos como prioridad. Según autoridades penitenciarias, únicamente se ha desarrollado el proceso de capacitación a los funcionarios penitenciarios.
En 1998 se inició la elaboración del anteproyecto de Ley Penitenciaria y Ejecución Penal, que desde agosto de este año se encuentra en manos del Ejecutivo para su análisis y posterior remisión a la Asamblea Nacional. Este anteproyecto contempla, entre otros aspectos, el régimen penitenciario, la carrera penitenciaria, la jerarquización civil para los funcionarios penitenciarios. Y pretende, entre otros objtivos, mejorar la capacidad de los funcionarios, reformar el sistema de gestión e información, y agilizar los procesos judiciales de los internos. El año terminó sin que el anteproyecto llegara a la Asamblea Nacional.
Otro problema recurrente es el número creciente de internos en espera de sentencia, siendo el retraso promedio de 6 meses a 2 años. La retardación de justicia es una situación que agrava aún más la crisis carcelaria, reflejada no sólo en el SPN, sino también en la Policía Nacional, donde se encuentran gran cantidad de procesados con auto de prisión que no han sido trasladados a los centros penales por falta de capacidad para recibirlos.
Crisis en el Sistema Penitenciario
1999 ha sido especialmente dramático para el SPN por nuevos conflictos internos. Al inicio del año, funcionarios del SPN de Chontales amenazaron con abandonar sus labores si no había respuesta a sus demandas de mejoras en salarios y en condiciones de trabajo. Las demandas fueron compartidas por los funcionarios de otros penales del país y 105 funcionarios penitenciarios solicitaron su baja.
Según el Director del SPN, Comandante de Regimiento Erwin Sandino, los reclamos se tradujeron en la renuncia de 293 funcionarios durante todo 1999. El salario del personal penitenciario ha estado congelado durante los últimos seis años, manteniéndose para los funcionarios de menor rango en 540 córdobas mensuales. El SPN ha solicitado reiteradamente un incremento en el presupuesto que se le asigna, para mejorar, entre otras cosas, el salario de sus funcionarios. Pero nunca ha habido respuesta.
El Comandante Sandino legitimó públicamente las demandas de los funcionarios penitenciarios y negó la posibilidad de actos de amotinamiento que estarían dirigidos por altos mandos del SPN. Sin embargo, la situación desembocó en la destitución de varios funcionarios y en amenazas de parte del Ministro de Gobernación y del propio Presidente Alemán, quien ordenó cesantear a los funcionarios que participaran en protestas. Días después, el Comandante Sandino renunció a su cargo y se anunció que en febrero asumiría la dirección del SPN quien era su asesor, Dr. William Frech. Por primera vez en la historia del SPN, un civil dirigía la institución.
El cambio de dirección fue agudizando la crisis al interior del penal de Tipitapa. Una serie de actos de indisciplina de los internos hacia los funcionarios penitenciarios generaron serias tensiones entre unos y otros. Funcionarios penitenciarios declararon que esta indisciplina se había convertido en práctica generalizada dentro del penal desde que Frech había asumido el cargo, ya que Frech había venido otorgando una serie de prerrogativas a los internos -incluso a los considerados de alta peligrosidad y que son sometidos a un régimen estricto de control-, a la vez que revocaba las medidas disciplinarias que los funcionarios imponían a los internos cuando incurrían en actos de indisciplina. Esto fomentaba el irrespeto y la insubordinación de los internos, que se amotinaron en varias ocasiones.
El CENIDH pudo constatar que durante dos meses consecutivos se registraron en el penal de Tipitapa dos incidentes de gravedad, en el que resultaron lesionados internos y funcionarios penitenciarios. El 15 de abril se produjo un conflicto entre varios internos y autoridades penitenciarias que intentaban neutralizar la fuga de un interno, lo que provocó la movilización de todo el personal del penal, resultando lesionados 3 internos y varios funcionarios.
El 2 de mayo se produjo un amotinamiento provocado por unos 220 internos de las galerías 7 y 2, que agredieron y robaron a aproximadamente 120 detenidos por la Policía Nacional durante la huelga de transporte y que fueron internados en Tipitapa por órdenes expresas del Presidente de la República. Ante la gravedad de la situación y la falta de capacidad de los funcionarios penitenciarios para controlarla, el Jefe del Penal de Tipitapa, Subcomandante Ramiro Jáenz, solicitó el ingreso de fuerzas antimotines de la Policía para sofocar el amotinamiento, en el que resultaron lesionados varios funcionarios e internos, que provocaron daños en el bar, la barbería y la escuela del penal.
Dos días después, y rechazando la actuación del Subcomandante Jáenz, William Frech dispuso la suspensión en el ejercicio de sus funciones de éste y de otros tres funcionarios, decisión que originó que aproximadamente 180 funcionarios penitenciarios solicitaran su baja. Afortunadamente, esta decisión no llegó a concretarse gracias a los acuerdos a los que dos semanas después llegaron con Frech, de mantener la aplicación de las medidas disciplinarias y de seguridad establecidas en el Reglamento Disciplinario Interno del SPN, con algunas modificaciones en la restricción de las visitas a los internos y proporcionanado a los funcionarios los medios técnicos necesarios para mantener la seguridad dentro del penal.
El CENIDH considera que las disposiciones del Director del SPN, William Frech, de implementar medidas benevolentes en el penal, aduciendo fundamentos humanistas pero obviando la normativa disciplinaria, el trabajo de reeducación penal y la experiencia de los funcionarios penitenciarios, lejos de resolver la problemática del SPN, la agudizó aún más, creando un clima de hostilidad entre los internos, situación que se prolongó durante meses, en los que se generaron nuevos incidentes, que aunque fueron de menor trascendencia que los anteriores, continuaron poniendo en riesgo la vida e integridad física de funcionarios e internos.
El 9 de octubre, tras sólo ocho meses en el ejercicio del cargo, William Frech anunció su renuncia. Después de estos cambios y crisis -y a pesar de la convicción de las autoridades del Ministerio de Gobernación de que la situación mejoraría con un civil como Director General de la institución-, no se han notado cambios positivos sustanciales en el SPN.
Días después de su renuncia, Frech denunció públicamente que los internos eran torturados en los penales, declaraciones que el CENIDH considera irresponsables, pues mantenemos el criterio de que, aunque se han constatado casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades penitenciarias, estas no pueden calificarse como un patrón de conducta sistemático por parte de los funcionarios.
Violaciones a los Derechos Humanos en el SPN
En 1999, de las 21 denuncias interpuestas en el CENIDH por presuntas violaciones a los derechos humanos de los internos del SPN, sólo en 9 se constataron violaciones a sus derechos humanos.
En agosto, el CENIDH investigó el suicidio del joven Wilmer Antonio González Rojas, de 16 años, constatando que hubo responsabilidad de parte de las autoridades penitenciarias, al imponerle una sanción desproporcionada, trasladándolo a una celda de máxima seguridad, siendo un interno primario de sólo 16 años de edad, y el que durante su permanencia en la Galería 7 había observado buena conducta hasta que incurrió en las faltas por las que le fue aplicada la sanción.
Consideramos también que hubo irresponsabilidad en las autoridades, porque Wilmer Antonio ya llevaba varios intentos de suicidio al no soportar el encierro en el que se encontraba, y había solicitado en reiteradas ocasiones su traslado a la Galería 7. Sin embargo, nunca recibió la atención psicológica que ameritaba. Fue hasta el mismo día en que se quitó la vida, cuando en horas de la mañana intentó suicidarse, que fue atendido por el Psicólogo del Penal, Teniente Luis Castillo, quien no recomendó ni su traslado de galería ni una observación preventiva que evitara un nuevo intento suicida. Horas más tarde Wilmer se ahorcó con una sábana.
La situación general en los penales no garantiza el respeto a los derechos de los internos. Las condiciones materiales en todos los penales del país son deplorables, persiste la falta de infraestructuras adecuadas, es notable la insalubridad y no existen programas reeducativos que garanticen la reinserción de los internos a la sociedad.
En este contexto, resulta positivo el convenio suscrito en agosto por el Ministro de Gobernación Jaime Cuadra y la Empresa AGROINSA-Timal, que prevé emplear a internos en cortes de caña de azúcar, en reforestación, y en un vivero regional que se crearía con este fin, con el objeto de incentivar el trabajo remunerado de los internos. Hasta la fecha este plan no se ha materializado.
Destacamos que la alimentación en los penales mejoró sustancialmente, en cantidad y en calidad, según lo confirmaron internos y autoridades penitenciarias. Se les proporciona carne con más regularidad y la comida ya no es preparada por los internos, sino por personal contratado para este fin.
A la vez, hubo deterioro en el presupuesto de otros rubros, principalmente en combustible y en el mantenimiento de las unidades de transporte, necesarias para el traslado de los internos a los juzgados y centros hospitalarios.
Los servicios médicos continúan en crisis, pues se carece de suficientes medicinas y de personal médico que permita brindar una atención adecuada a los internos. El porcentaje de internos que padece de enfermedades respiratorias, de la piel, gastrointestinales y venéreas, así como de enfermedades crónicas y mentales, continuó incrementándose. El SPN destina sólo 3.60 córdobas diarios por cada interno. Los traslados de urgencia a centros hospitalarios se dificultan por falta de combustible y de medios de transporte, y también por la negativa de algunos hospitales y centros de salud, que aducen carencia de salas especiales o que argumentan con las nuevas prácticas, que exigen pago por los servicios de salud.
En muchos casos, las violaciones al derecho a la salud de los internos han sido responsabilidad de las autoridades judiciales. Hemos constatado situaciones en que éstas no cumplían con girar los oficios al Sistema Penitenciario con la debida celeridad.
En julio, se reportó en el penal de Tipitapa un caso de meningitis. El interno fue trasladado de emergencia al Hospital Lenín Fonseca y el personal médico se puso en alerta y orientó la cuarentena inmediata de casi 400 internos de la galería donde se encontraba el afectado. Afortunadamente, la situación se mantuvo bajo control con la implementación de medidas profilácticas y el tratamiento a internos y funcionarios penitenciarios. A lo largo del año fueron muy frecuentes los brotes de dengue y malaria, que ameritaron el aislamiento de varios internos de diferentes galerías. También hubo un brote de tuberculosis que implicó el aislamiento de 12 internos.
Estas crisis sanitarias generaron gran preocupación entre las autoridades penitenciarias. El SPN no se encuentra ni material ni humanamente preparado para afrontar epidemias o enfermedades graves y contagiosas, que arriesgan la vida de los internos y de los mismos funcionarios penitenciarios. Sólo se cuenta con un médico en cada penal, a excepción del de Tipitapa, donde hay cuatro, que resultan totalmente insuficientes para la población de ese penal.
Pese a tantas limitaciones, en 1999 el SPN de Tipitapa logró acondicionar un área especial para los ancianos. También se dispuso no recluir en ese penal a más mujeres, y a las que se encontraban allí se las trasladó nuevamente al penal de La Esperanza. Fueron además clausuradas las celdas de castigo -conocidas como "La Chiquita"- en la Galería 10, lo que consideramos una medida muy positiva ya que esas celdas eran violatorias de los derechos humanos de los reclusos. Según las autoridades penitenciarias, se prevé acondicionar estas celdas para los enfermos crónicos. [volver]
Derecho a la libertad de expresiónDiversos factores incidieron negativamente en 1999 en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Nicaragua. Entre estos factores señalamos: la ausencia de una política de comunicación gubernamental que facilite el acceso a la información, las nuevas restricciones para abordar al Presidente Alemán y sus constantes actos de irrespeto a los periodistas y a los medios de comunicación, el acoso fiscal a que han sido sometidas algunas empresas de comunicación, el uso de la publicidad estatal como instrumento de presión económica sobre los espacios informativos independientes, y las intenciones de crear nuevas disposiciones legales destinadas a restrinjir el ejercicio de este derecho.
En el contexto del Pacto con el cual la cúpula del Frente Sandinista con el subtefugio de una demanda laboral el patrimonio del Partido emprendió acciones legales contra Radio Ya con el fin de arrebatársela a su director Carlos Guadamuz, quien días antes se había pronunciado en contra de esos acuerdos políticos y principalmente en contra de la dividisión de Managua, la que al final fue aprobada por la Asamblea Nacional el jueves 15 de diciembre.
Aunque la intención de la dirigencia del Frente Sandinista era sacar del juego político al Sr. Guadamuz, quien aspiraraba a ser candidato a Alcalde por su Partido el Frente Sandinista y para lo cual juntó 60 mil firmas de respaldo, la acción trajo implícita una flagrante violación a la libertad de expresión al sacar del aire a Radio Ya de forma intempestiva el miércoles 22 de diciembre, lo que significó enviar al desempleo a 45 trabajadores de la comunicación. El CENIDH condena este atentado a la libertad de expresión y las amenazas que en ese mismo sentido se han formulado contra Radio La Primerísima.
En 1999 el gobierno liberal volvió a derrochar recursos públicos en campañas publicitarias descalificadoras de aquellos a quienes considera sus adversarios. La principal víctima este año fueron el Contralor General de la República, Agustín Jarquín Anaya, y la Subcontralora Claudia Frixione, a quienes ha pretendido descalificar, cuestionado su integridad moral y su desempeño como titulares de la Contraloría General de la República (CGR). Durante cinco meses la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y el PLC en el gobierno sostuvo una hábil guerra de imágenes y mensajes destinados a vulnerar la institucionalidad del país atacando a la CGR. La persistente campaña -que buscó incidir en el juicio político contra el Contralor- abarcó todos los medios escritos, radiales y televisivos y se calcula que en ella se invirtieron siete millones de córdobas.
Es ya un estilo de este gobierno el usar campañas publicitarias con campos pagados con el fin de cuestionar el sentido de determinadas protestas sociales, el resultado de resoluciones de la CGR, las declaraciones de determinadas personalidades nacionales, etc. La generalizada crítica que existe contra el gobierno en la mayoría de medios de comunicación explica la adopción de este estilo, donde la propaganda, la publicidad y la información se confunden.
Una de las instituciones que se ha destacado en este modo de proceder ha sido la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones ENITEL, que a lo largo de 1999 publicó costosos campos pagados en los diarios y en la televisión para avalar la privatización de la empresa, desvirtuar las justas protestas de los trabajadores de las telecomunicaciones y descalificar a la dirigencia sindical. Según valoraciones de dirigentes sindicales, esta campaña contribuyó a desarticular el movimiento sindical en ENITEL y al despido de muchos de sus afiliados.
Las contradicciones del mandatario con el periodismo nacional fueron constantes durante el año, y se profundizaron a raíz del ya conocido caso "Ramón Parrales que involucró al Director de la Revista T.V. "Buenos Días" Dr. Danilo Lacayo. Con ocasión del caso Danilo Lacayo, el mandatario arreció en su campaña destinada a descalificar a los medios de comunicación y a los periodistas, por ser pioneros y protagonistas en las denuncias de la corrupción gubernamental. El caso sirvió también para intensificar lo que se ha calificado como "terrorismo Oficial", que usa la publicidad estatal como medio de coerción a los periodistas y a los medios.
La labor de los medios de comunicación también se vio amenazada por acciones judiciales emprendidas por la publicación o difusión de informaciones que cuestionaban intereses de grupos de poder económico vinculados al somocismo. En este marco se inscribe la demanda por injurias y calumnias contra el periodista Alberto Cano Esteban y contra el director de El Nuevo Diario, Xavier Chamorro, interpuesta por Javier Sevilla Somoza, nieto del dictador Anastasio Somoza García. La razón de la demanda fue un titular del diario que, refiriéndose a la Hacienda "El Porvenir", disputada actualmente entre obreros agrícolas y la familia Sevilla Somoza, decía: "La única que los dinastas no robaron a nadie".
Interpuesta la demanda, el CENIDH la denunció ante la Federación Latinoamericana de Prensa (FELAP), como una violación a la libertad de expresión, argumentando que para nadie, ni en Nicaragua ni en resto del mundo, son un secreto los crímenes atroces y el emporio económico con los que la familia Somoza se impuso en Nicaragua. El CENIDH recordó que el acaparamiento ilícito de tierras fue una de las actividades más características de la dictadura somocista.
El juicio contra el periodista y el director de El Nuevo Diario fue suspendido dos semanas más tarde porque la parte acusadora no reunía los requisitos de Ley para entablar la acusación, ya que la defensa demostró que Sevilla Somoza se encontraba prófugo de la justicia por una causa que tiene pendiente en otro juzgado.
El Nuevo Diario se ha destacado por sus sustentadas y constantes denuncias de los actos de corrupción que se vienen dando en el gobierno de Arnoldo Alemán. Particular tensión se creó el 14 de junio, cuando el periodista de ese diario, Mario Mairena Martínez, asignado para cubrir la fuente presidencial, fue impedido de ingresar al local donde el Presidente ofrece sus conferencias de prensa. Según el comunicado de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el periodista fue suspendido temporalmente por su actitud "impropia", sin "menoscabo de la libertad de prensa de ese importante rotativo nacional".
El Nuevo Diario protestó por la decisión, expresando que es al periódico a quien toca escoger a los periodistas para las distintas coberturas de prensa y que no renunciarían a ese derecho. Este y otros casos atentatorios contra la libertad de expresión fueron presentados en el mes de octubre por Jaime Chamorro, representante de Nicaragua ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la reunión de la SIP en Houston. También fueron denunciados por el CENIDH ante la Federación Latinoamericana de Prensa, Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura.
El CENIDH considera que lo que aconteció con el periodista Mario Mairena es una más de las expresiones de la política de confrontación e irrespeto permanente que el Presidente Alemán y funcionarios guebernamentales han ejercido contra los medios de comunicación y un amplio sector del gremio periodístico. Esta política se ha caracterizado también por la exclusión y discriminación publicitaria en perjuicio de los medios que realizan una labor crítica a la gestión estatal, y por amenazas, burlas y agresiones verbales contra periodistas que cotidianamente cubren la fuente presidencial, lo que constituye una violación al derecho de libre expresión.
Otro medio de comunicación que en este año tuvo que defender su derecho a informar fue el noticiero 100 % Noticias, del Canal 8 de la TV nacional. La acción judicial se originó por la transmisión de una noticia retomada de un programa de TV de Estados Unidos, donde la empresa mexicana Zeta Gas y su directivo Miguel Zaragoza eran señalados de estar vinculados al narcotráfico. El caso, iniciado en 1998 en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua bajo la figura de "daños y perjuicios", desembocó en 1999 en un embargo preventivo al Canal 8, que finalmente fue resuelto en junio a favor del medio de comunicación. Sin embargo, el consorcio mexicano introdujo otra denuncia en el Juzgado Séptimo Distrito del Crimen por los délitos de "injurias y calumnias", que todavía está pendiente. Mientras el proceso legal transcurre, los periodistas del noticiero han informado haber sido víctimas de una campaña de desprestigio financiada por la empresa Zeta Gas, que les ha causado inestabilidad familiar, persecución y perjuicios económicos.
También hubo agresiones verbales y físicas contra periodistas. Máximo Rugama, corresponsal de El Nuevo Diario en Estelí, publicó en febrero los roces registrados entre el Obispo Abelardo Mata y René Molina, Secretario de la Presidencia, lo que fue motivo suficiente para que el Delegado de la Palabra de Estelí, Virgilio Vega, la emprendiera contra el informador, lanzándole ataques injuriosos con la intención de acallarlo.
El equipo periodístico del noticiero Multinoticias del Canal 4 en la ciudad de León, integrado por Tránsito Téllez y Harrinton Juárez, así como el corresponsal de Radio La Primerísima, Jorge Luis Calderón, fueron agredidos el 23 de marzo por los custodios del Presidente de la República, cuando los periodistas intentaban entrevistarlo. En Diciembre otro periodista que resultó agredido físicamente es Nelson Hurtado y su equipo periodístico, cuando daban cobertura al conflicto legal suscitado en Radio Ya.
Un equipo del diario La Prensa, bajo la coordinación del periodista Ary Neil Pantoja, fue retenido el 21 de marzo por varias horas por el mandador de la Finca San Antonio, propiedad del Presidente Alemán, tratando de impedir la investigación periodística sobre las compulsivas compras de tierras del mandatario en distintos puntos del país.
Estos hechos y la lógica política que los explica provocó que los periodistas afiliados a las distintas organizaciones gremiales introdujeran al Parlamento un Proyecto de Ley de Protección a los Periodistas, para favorecer a los profesionales de la información. Aunque el Proyecto hace énfasis en una serie de beneficios sociales para los informadores, contiene también aspectos relativos a la integridad física de los comunicadores, reconociéndose en la exposición de motivos que el ejercicio del periodismo es una de las profesiones de más alto riesgo y que la actividad periodística motiva a quienes se consideran afectados por determinadas informaciones a irrespetar la integridad de los periodistas.
En el informe sobre libertad de expresión presentado en marzo en la reunión de medio año de la SIP, efectuada en Montego Bay, Jamaica, Jaime Chamorro, expresó que: "La aparente falta de ordenamiento en la política del Presidente en los medios de comunicación se ha venido dando desde hace tiempo, de tal forma que lo que la Secretaría de Comunicación considera una campaña de desprestigio son únicamente informaciones que se están publicando en todos los medios, con la excepción de una radioemisora y de los medios oficiales -el Canal 6 de TV y Radio Nicaragua- que tratan de compensar la mala imagen del gobierno, el fracaso de la relación del gobierno con la prensa nacional y la débil divulgación de los logros de su gobierno".
En el último Informe sobre Libertad de Expresión presentado a la SIP en octubre, Chamorro profundizó su denuncia, a causa de la creciente crisis entre periodistas y representantes del Ejecutivo, destacando que los dos conflictos que pueden representar más peligro para la libertad de prensa no se han concretado hasta el momento: la colegiación de los Periodistas y un nuevo Código Penal, que supuestamente endurecerá el capítulo sobre sanciones por injurias y calumnias.
Sobre este aspecto la SIP se pronunció condenando la represión fiscal contra los medios de comunicación, a través de una resolución emitida en el mes de noviembre, denunciando al gobierno de Nicaragua como violador de los principios 6 y 7 de la Declaración de Chapultec que establece que los medios y periodistas "no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan", ni las políticas arancelarias o cambiarias deben ser usadas con el objetivo de premiar o castigar a los medios.
Los alcances del derecho a la libre información, consignado en la Constitución de la República, fueron debatidos en febrero por un grupo de periodistas en un seminario promovido por la Fundación Violeta Chamorro y el CELAP. El resultado fue el primer borrador del anteproyecto de Ley de Acceso Ciudadano a los Documentos Públicos, instrumento jurídico que permitiría el acceso irrestricto a informaciones de las instituciones estatales, lo que contribuiría a una cultura política de transparencia y de control y fiscalización de los funcionarios públicos.
Los periodistas debatieron sobre la necesidad de aprobar la Ley y coincidieron que son los gobiernos autoritarios y los gobiernos corruptos quienes se niegan a dar información. Las denuncias sobre actos de corrupción de funcionarios del gobierno liberal son la causa principal de la actitud hostil del Poder Ejecutivo hacia los medios de comunicación y hacia un amplio sector del periodismo nacional. En Nicargua existe un vacío legal sobre estos temas, que facilita la falta de transparencia de las autoridades. En ese sentido, se propuso incluir en la Ley el concepto administrativo de que, pasado cierto plazo de tiempo sin respuesta de parte del funcionario a quien se solicitó la información, éste se vea obligado a entregarla. Este anteproyecto está actualmente engavetado en la Asamblea Nacional.
En noviembre se registró una campaña hostil de la Presidencia contra el Canal 2, cuyas críticas pretende acallar tratando de desempolvar una resolución de hace cuatro años elaborada por la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional durante el gobierno Chamorro, que cuestiona la propiedad de este medio televisivo . Asi mismo el Diario La Prensa esta siendo presionado a través del acoso fiscal, ya que la Dirección General de Ingresos le pretende cobrar 6 millones de córdobas en conceptos de impuestos por la venta de C.D. a sus lectores. [volver]
Derechos humanos de las mujeres, la niñez y la adolescencia4.1. Derechos humanos de las mujeres
Derecho a vivir libre de violencia
La situación de violencia hacia las mujeres es generalizada. Ocurre en el ámbito privado y en el público, dentro de la familia, en los centros de trabajo, en la calle, en la comunidad. Los autores de esta violencia son los hombres, maridos o compañeros de vida, padres y padrastros, jefes y empleadores. También protagonizan esta violencia las autoridades: policías, jueces, alcaldes, etc.
Las Comisarías de la Mujer informaron que hasta septiembre de 1999 se atendieron 4,432 casos de violencia intrafamiliar a nivel nacional. Asimismo, recepcionaron 1,052 delitos: 319 violaciones sexuales, 148 tentativas de violación, 38 violaciones frustradas, 181 casos de estupro, 180 raptos, 99 abusos deshonestos, 10 incestos, 51 casos de acoso sexual, 1 de seducción ilegítima y 16 de corrupción de menores.
La Policía Nacional informó que hasta el mes de noviembre del año 99, 21 mujeres en las edades de 18 a 45 años, fueron víctimas de lesiones, 34 de homicidios, 7,370 de lesiones, y 436 de violación
Los resultados de la auditoría social realizada por la Coordinadora Civil para la Emergencia y Reconstrucción revelaron que la violencia intrafamiliar aumentó en las comunidades afectadas por el huracán Mitch. En Estelí, el 35% de las personas encuestadas tiene la percepción de que la violencia intrafamiliar aumentó. Igual sucede en Chinandega. donde el 29% comparte esa percepción. Según la mayoría de los alcaldes entrevistados, la violencia intrafamiliar destruye la autoestima de las mujeres y esto repercute en su participación e integración al trabajo de reconstrucción de los municipios.
La violencia intrafamiliar es causa y efecto a la vez. Es efecto de las pésimas condiciones socioeconómicas en que vive la población, y del machismo y androcentrismo predominante en nuestra cultura.
En 1999, el CENIDH recepcionó y tramitó un total de 33 denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos de la mujer. En 19 casos constató violación al derecho a vivir libre de violencia. Así, más del 50% de los casos que atendimos fueron casos de violencia de género, una violencia que se ejerce desde el poder patriarcal contra la mujer, sólo por el hecho de serlo.
El número de mujeres víctimas de violación de sus derechos humanos , ha tenido un incremento significativo reveló el estudio documental que el CENIDH realizó a través del Programa DH de la mujer sobre el comportamiento de las mujeres víctimas y denunciantes, de los casos atendidos por el CENIDH en los años 97 y 98. Comparando los datos con años anteriores reflejan que en 1992 fuero 2 las víctimas, en 1997 fueron 69 , y en 1998 fueron 92. En 1997 hubo 45 casos de violación al derecho a vivir libre de violencia, y en 1998 se violó 48 veces el derecho a la integridad física y 41 veces el derecho a la integridad psicológica, esto indica que existe una cantidad considerable de mujeres maltratadas por su condición de género femenino que las ubica en una situación de riesgo permanente.
El CENIDH continuó atendiendo en 1999 el caso de Zoilamérica Nárvaez, que denunció a su padre adoptivo Daniel Ortega Saavedra, Secretario General del FSLN y diputado en la Asamblea Nacional, por 19 años de violencia sexual, El CENIDH continuó brindando acompañamiento a las diferentes gestiones realizadas por Zoilamérica en la Asamblea Nacional y en octubre, después de 16 meses de silencio del Organo Legislativo sobre la solicitud de desaforación de Ortega, llevó el caso con Zoilamérica ante las instancias internacionales.
El 27 de octubre, Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del CENIDH, fue peticionaria, junto a Zoilamérica, en la denuncia presentada en la sede en Washington de la Comisión Intermericana de Derechos Humanos. En la denuncia se demanda al Estado de Nicaragua por denegación de justicia.. La denuncia, se fundamenta en dos instrumentos jurídicos internacionales: la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Convención de Belem do Pará. El 8 de noviembre, la CIDH abrió el caso con el número 12,230, y notificó al gobierno de Nicaragua que debe contestar en los plazos establecidos en el reglamento de la CIDH.
Derechos Sexuales y Reproductivos
Un problema muy grave en el país es el del embarazo precoz de niñas y adolescentes. Se ha llegado a calcular que el 40% de los embarazos en Nicaragua se dan en menores de 18 años. Un estudio finalizado en el primer semestre de 1999 por el FNUAP y el INIM disminuye algo esta cifra: uno de cada cuatro embarazos corresponde a jóvenes entre 15-19 años de edad. El estudio revela que en el campo las mujeres comienzan a unirse sexualmente a los 14-17 años, alcanzando una tasa de fecundidad de 7 hijos (3 hijos es el promedio en Managua).
El estudio muestra que más del 50% de las adolescentes deseaban sus embarazos, incluidas las de sectores que viven en pobreza o incluso en extrema pobreza. En el campo la cifra es superior. La causa principal del embarazo precoz es la sumisión de la mujer ante el hombre que desea que ella "le tenga hijos". Otra causa es el sentido sublimado de la maternidad como identidad fundamental de la mujer.
Entre las adolescentes de los sectores urbanos no pobres, abundan las que no deseaban su maternidad. En estos casos, el embarazo precoz fue generalmente involuntario y debido a relaciones sexuales sin protección, a la alta incidencia del abuso sexual, y a falta de acceso a información sobre una adecuada planificación reproductiva.
En Nicaragua, según datos del FNUAP, el 65% de la población del país es menor de 25 años y la tasa de fecundidad de las adolescentes es la más elevada de América Latina y una de las más altas del mundo. Las mujeres con un nivel de instrucción superior tienen menos de 2 hijos, pero las que carecen de instrucción tienen un promedio de 6. Dos de cada 3 nacimientos se producen en situación de riesgo, en un 11% porque la madre tiene menos de 18 años.
El 46% de las mujeres nicaragüenses de 19 años ya son madres y de las que tienen 15 años un 10% ya ha tenido hijos. Un 54% de las adolescentes están embarazadas o ya son madres. Sólo el 11% de las mujeres entre 15-19 años usa algún método anticonceptivo.
La mortalidad materna es otro problema social de grandes dimensiones. El colectivo feminista Xochitl indica que no se conocen las tasas oficiales de muertes maternas en los últimos años y señala que el subregistro es cada vez más alto. Por cálculos de la Organización Panamericana de la Salud y del FNUAP, se estima que la tasa real es de 300 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, lo que significa que en Nicaragua mueren cada mes de 12 a 15 mujeres por complicaciones en el embarazo, en el parto o por aborto en condiciones inseguras.
Las principales causas de esta tragedia son: la falta de acceso de mujeres, niñas y adolescentes a una educación sexual integral que les permita conocer y controlar sus cuerpos; el machismo y la irresponsabilidad masculina respecto de la procreación; la mala calidad de los servicios de salud, el difícil acceso a estos servicios; el maltrato a las mujeres; la discriminación y pobreza que padece una mayoría de mujeres; la falta de un concepto de salud integral en las políticas de salud pública; la prohibición de la religión católica de usar anticonceptivos seguros; y el bajo perfil que tiene la salud materna y reproductiva en el sistema de salud.
El cáncer uterino continúa siendo la primera causa de muerte entre las mujeres de 35 a 54 años. Entre 1992 y 1998 el MINSA registró 1,453 casos de cáncer cérvico-uterino. En el primer semestre de 1999 se detectaron 105 casos sólo en el Hospital de la Mujer Bertha Calderón de Managua.
La segunda causa de muerte materna es el aborto practicado en condiciones de riesgo. Según datos del gobierno, dos de cada diez muertes maternas se deben a abortos inseguros. Ana María Pizarro, directora de SI MUJER, en un ensayo sobre la situación del aborto en el mundo y en Nicaragua, señala, entre otros parámetros de alto riesgo reproductivo que han sido identificados por el gobierno de Nicaragua, el de una mayoría de abortos entre mujeres del área rural con bajo nivel socioeconómico y bajo nivel educativo. En Nicaragua se practican entre 27 mil y 36 mil abortos inducidos al año. Por cada mil nacimientos se dan 75 abortos con complicaciones. Más de 10 mil abortos complicados son atendidos cada año en los servicios de salud.
Derechos Económicos y Sociales
La aplicación de las políticas de ajuste estructural continúa afectando principalmente a las mujeres. Según el Mapeo de Riesgos y Vulnerabilidades en Centroamérica y México, realizado por OXFAM en 1999, Nicaragua tiene el más alto porcentaje de hogares encabezados por mujeres de toda Centroamerica: el 28.1% de los hogares tienen a una mujer al frente. Del total de esas mujeres el 8.1% son viudas.
La reducción del gasto público ha significado la eliminación y recortes en servicios públicos que favorecían a las mujeres: comedores infantiles, guarderías, centros de atención rural. Según el estudio de OXFAM, el 10.4% de las mujeres nicaragüenses vive con niveles de desnutrición.
El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 1999 ofrece algunos datos positivos. La matrícula femenina en primaria es del 80.2% y en secundaria del 52.6%, porcentajes que aunque están distantes aún del acceso equitativo de las mujeres al derecho a la educación, son los más altos de Centroamérica. Nicaragua es el único país de la región donde mujeres y varones van parejos en el nivel de alfabetización de adultos: 63.4% las mujeres y 63.3% los varones. No existe, sin embargo, igual equidad en el ingreso per cápita, siendo 50% más bajo el de las mujeres que el de los hombres, lo que indica que las mujeres no disponen de las mismas oportunidades de desarrollo económico que los hombres.
La privatización de los servicios de salud y de educación y la falta de oportunidades de empleo obliga a las mujeres a asumir mayores responsabilidades en las tareas domésticas, a cuidar a familiares enfermos y ancianos, a asumir un papel más activo en la economía de subsistencia, a buscar dinero extra para pagar la educación y la salud de sus hijos -servicios que ya no son gratuitos-, a desarrollar todo tipo de estrategias de sobrevivencia para garantizar la vida en sus hogares y también en sus comunidades. Todo eso lo asumen en interminables triples jornadas (trabajo productivo, reproductivo y comunitario)
Según datos del Movimiento Comunal de 1999, del total de sus líderes (4,611) que participan en asambleas municipales, el 52.35% son mujeres (2,414); de los 20 mil brigadistas de salud comunitaria, 12,800 son mujeres, y de los 1,162 promotores de salud, 744 son mujeres.
Otra consecuencia de la violencia estructural es el incremento de la migración de trabajadoras nicaragüenses al extranjero, principalmente a Costa Rica, en busca de mejorar sus condiciones de vida. Las migraciones contribuyen a la desintegración familiar. Y en Costa Rica, las mujeres también son víctimas de violación a sus derechos laborales y de seguridad social.
Otro espacio para analizar la situación económica de las mujeres es la maquila, donde son mujeres el 80% de los trabajadores. Todas trabajan en condiciones difíciles y con salarios muy bajos. Muchas trabajan hasta las 10 de la noche y en fines de semana con un salario equivalente a 45 dólares mensuales. Entre los abusos que en estas empresas sufren las mujeres está el acoso sexual, la falta de condiciones ambientales y de medidas de seguridad ocupacional, que las hacen propensas a afectaciones respiratorias, artritis, alergias causadas por el polvillo de la tela, agotamiento muscular y mental.
En su rol de amas de casa, como protectoras, cuidadoras y reproductoras de la vida de la familia, las mujeres se ven afectadas con los continuos incrementos de los productos de la canasta básica. Hasta el mes de julio, el costo promedio de la canasta básica de 53 productos era de 1,931 córdobas. En un estudio realizado en febrero por el Centro de Documentación de la Costa Atlántica CIDCA se muestra que en Bluefields el costo era aún superior en un 8.3% (2,048.13 córdobas) y en Bilwi más aún: en un 14.5% ( 2,126.01 córdobas ).
El CENIDH ha venido tramitando un número cada vez mayor de denuncias de mujeres adolescentes nicaragüenses que son llevadas con engaño a Guatemala y a El Salvador para obligarlas a ejercer la prostitución en bares y clubs nocturnos. El CENIDH tiene información sobre 38 mujeres desaparecidas entre enero de 1998 y junio de 1999. De ellas, la mayoría (44.7%) se fueron con destino a Costa Rica. Le siguen en orden: Guatemala (28.9%), México (10.5%), El Salvador (7.8%) y Estados Unidos (7.9%).
La prostitución y su incremento están motivadas fundamentalmente por razones de tipo económico. Según TESIS, existen aproximadamente 1,200 prostitutas en Managua, el 40% menores de 18 años. En un estudio realizado por el Ministerio de la Familia en diciembre de 1998 con una muestra de 300 niñas y niños en la prostitución se revela que el 56% de las niñas iniciaron su vida sexual a los 12-13 años, el 28% fueron violadas y el 50% atiende a más de 5 clientes por día.
En la investigación finalizada en este primer semestre de 1999 por el Espacio para la Reflexión y Acción para prevenir la Explotación y el Tráfico de Niñas, Niños y Adolescentes, se revela que el 57.11% se inicia en la prostitución por causas económicas, el 14% por maltrato infantil y el 28.45% por diversas causas. Entre ellas, la violación sexual y la desintegración familiar. Este estudio confirma el dato anterior: el 47.61% inicia la vida sexual en los 13-15 años de edad.
Este estudio concluye que existe un sensible crecimiento de la prostitución por el deterioro de la economía familiar, la violencia intrafamiliar, y la pérdida de valores en la familia y en la sociedad, tres causas que interactúan y que provocan el deterioro físico y emocional de las mujeres llevándolas a la prostitución. El estudio plantea la urgente necesidad de actuar, a pesar de las limitaciones en recursos económicos, materiales y humanos.
Derechos Políticos
En los últimos años se ha experimentado en Nicaragua un retroceso en la participación de las mujeres en los espacios de representación política e institucional, motivado principalmente por la desigualdad y discriminación que el actual sistema promueve. Aunque formalmente algunos partidos políticos han establecido en sus estatutos cuotas de participación para las mujeres -particularmente el FSLN y el MRS-, en la práctica esto no tiene un reflejo significativo en sus órganos de dirección.
Actualmente, las mujeres son el 10% de los diputados del Poder Legislativo. En el gobierno anterior eran el 18.5%. En la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional participa sólo una mujer y son sólo tres las Comisiones legislativas encabezadas por diputadas. En el Poder Ejecutivo la situación es similar: solamente hay dos ministras, tres viceministras, una directora de un ente autónomo -el INIM- y la Presidenta de la Comisión Nacional de la Niñez. En el poder municipal fueron electas en las elecciones de 1996 un 6% de alcaldesas y un 15% de vicealcaldesas (9 alcaldesas y 20 vicealcaldesas) y un 23% de mujeres como concejalas propietarias.
El Poder Judicial es la instancia gubernamental donde hay una mayor partcipación de mujeres. En la Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales de Apelaciones las mujeres son el 25% de sus miembros. En los Juzgados de Distrito y en los Juzgados Locales representan un 60%. Entre los magistrados del Consejo Supremo Electoral sólo su Presidenta es mujer.
Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia
El paso del huracán Mitch por Nicaragua representó para la niñez nicaragüense el corolario de una larga tragedia. Y sigue representando una amenaza grave para su futuro. Fueron los niños y adolescentes los mas afectados por el desastre, con los daños ocasionados en los servicios de salud, agua potable y escuelas destruidas.
El 52% de los 867 mil afectados por el huracán fueron niños y niñas. No sólo los perjudicó la destrucción de sus escuelas. Fueron también los receptores más vulnerables de las angustias y temores de los adultos. Un proyecto de tratamiento sicológico llamado Regreso a la Felicidad, desarrollado por UNICEF en Nicaragua indica que aún persisten los traumas de la tragedia en muchos niños. A un año de la tragedia calificada por los sobrevivientes como peor que la guerra de los 80 y que el terremoto que destruyó Managua en 1972, los niños de Posoltega siguen teniendo pesadillas: sueñan que el cerro se volverá a derrumbar sobre ellos.
Los datos indican que después del Mitch, 55 mil niños dejaron de ser atendidos en el sistema escolar como consecuencia directa del desastre y unos 45 mil niños engrosaron el número de quienes tienen que trabajar para sostener a sus familias.
Indicadores generales
La pobreza afecta al 80% de la población nicaragüense, siendo más dramática la situación entre la población infantil, ya que uno de cada dos nicaragüenses extremadamente pobres tiene menos de 15 años.
La infraestructura sanitaria se encuentra en un estado muy cercano al colapso, ya que no logra resolver la creciente demanda de los servicios básicos. Esta situación ha propiciado la aparición de diversas enfermedades infectocontagiosas, que son totalmente prevenibles. En el transcurso del año se hicieron públicas un sinnúmero de denuncias que padres y madres hacían en contra de centros asistenciales en donde sus hijos enfermos adquirían enfermedades más graves y peligrosas que las mismas que motivaban la búsqueda del servicio público de salud.
Según la FAO, Nicaragua es uno de los 14 países del mundo que mayor nivel de inseguridad alimentaria presenta. 14 de cada 100 niños menores de 5 años presenta desnutrición global, 25 de cada 100 desnutrición crónica y un 2% desnutrición aguda. Se estima que el 67% de niñas y niños tiene deficiencias de hierro y de vitaminas y que el 30% presenta anemia. Nicaragua es el país centroamericano con mayor deficiencia nutricional por la carencia de la vitamina A: 400 mil niños y niñas menores de 5 años y 360 mil de 5-9 años. Unos 430 mil niños menores de 5 años y 172 mil de 5-9 años presentan deficiencias de hierro. Ambas deficiencias están ocasionando un alto nivel de retardo en el desarrollo físico e intelectual de los niños nicaragüenses. Está en juego el futuro del país.
En Nicaragua, sólo el 32% de las viviendas posee servicios de agua intradomiciliar y el 21% servicio de drenaje sanitario adecuado. El 56.5% de las viviendas usa letrina y en el 22.3% de los hogares persiste la práctica del fecalismo al aire libre. Todas estas carencias afectan gravemente la salud de las niñas y niños de nuestro país.
A pesar de una disminución en la tasa de mortalidad infantil -la que según datos preliminares de la encuesta de demografía y salud de ENDESA es de 40 por mil nacidos vivos en la ciudad y 51 por mil nacidos vivos en el campo-, este avance, comparado con las tasas del resto de América Latina (en promedio: 33 por cada mil nacidos vivos) siguen siendo alarmantes.
Las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas y los problemas originados en el período perinatal ;asfixias, traumatismos,sepsis ( infección sistemática del organismo)e inmadurez de los recién nacidos- son las principales causas de mortalidad infantil en Nicaragua.
Se ha reducido el acceso de los niños al sistema educativo. A pesar de que la matrícula ha crecido en un 7.64%, la población escolar ha aumentado en más, casi un 9%. Aunque el texto constitucional y el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia establecen la gratuidad de la enseñanza, esta gratuidad no se garantiza. Es evidente la tendencia a la privatización de la educación a través de un cuestionable modelo de autonomía escolar, donde el Estado pretende obviar la responsabilidad que tiene frente a sus ciudadanos.
En 1999 se obtuvo una matrícula inicial de 1 millón 400 mil niños y niñas que ingresaron al sistema educativo, pero aún quedaron sin acceso a la educación preescolar 500 mil niños. 180 mil niños y niñas quedaron fuera de la educación primaria y más de 450 mil no llegaron a entrar a la secundaria. El 80% de los niños que lograron incorporarse este año al sistema educativo pertenecen al área urbana y sólo el 20% al área rural.
El índice de deserción escolar sigue siendo alarmante en relación al del resto de Centroamérica. El 45% de los niños de primer grado no llegan al segundo. Y más de 130 mil niños abandonan la escuela cada año. Solo el 25% de los que inician la primaria logran terminarla. El nivel de deserción escolar es del 27% en primaria, siendo la principal causa la prematura incorporación de los niños y niñas al trabajo
Avances y retrocesos normativos
En marzo, el Ministro del Trabajo anunció la creación de las Inspectorías Laborales para el Trabajo Infantil. Después de la creación de la Comisión Nacional para la erradicación progresiva del trabajo la creación de las inpectorías constituye un paso importante y concreto para al menos conocer y regular la situación de los niños trabajadores en Nicaragua.
En enero debió estar creado por ley, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez, entidad depositaria de la ejecución del Libro Segundo del Código de la Niñez y la Adolescencia, pero fue hasta junio que se dictaminó el proyecto de Ley, el que enfrentó resistencia de las autoridades del gobierno, especialmente las del Ministerio de la Familia, a que en el Consejo participara la Coordinadora de ONGs que trabajan con la Niñez, una de las más beligerantes protagonistas de la elaboración y cabildeo que concluyó en la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia.
A nivel normativo institucional, el 3 de noviembre de 1999 fue nombrado y juramentado el primer Procurador Especial para la Niñez, instancia que se desprende de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El Procurador Especial debe ser una instancia de protección decisiva para los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Hasta el fin del año, las acciones de la Procuraduría Especial se habían limitado a elaborar el plan de trabajo a realizar.
Otro avance normativo importante en 1999 lo constituye la resolución ministerial 65-99 del MINSA, que prohibe la importación, exportación, distribución, comercialización y manejo de la sustancia tolueno contenida en el pegamento que inhalan 5 mil niños y niñas en todo el país.
Niñez y Violencia
El 52.9% de las niñas y niños que viven en hogares urbanos y el 54.40% de los que viven en domicilios rurales son maltratados. El 72.90% de las niñas y el 3.40% de los niños aseguran ser víctimas de maltrato. (encuesta ENDESA)
Hasta noviembre de 1999 las características de las víctimas de delito a nivel nacional eran las siguientes se habían cometido 65 mil 700 delitos de los cuales el 10.42 % eran víctimas menores de 18 años ( 6,848). En el caso del grupo de delitos contra las personas, la frecuencia de víctimas niños y adolescentes es mayor ya que de 26 mil 10 delitos el 19 % fueron menores de 18 años, llegando a casi el 13 % las víctimas del sexo femenino.
La prevalencia del abuso sexual es alta, del total de violaciones 1 mil 271 a nivel nacional, 804 víctimas fueron niños, niñas y adolescentes y constituyen el 63.25 % siendo las mas afectadas las niñas y adolescentes mujeres 755.
El estudio exploratorio Cómo los Niños ven su Mundo reveló que el 48% de los niños entrevistados carecían de la figura paterna en sus hogares y el 73% afirmó tener mejores relaciones con su madre. En general, los niños identifican a los padres y a los hombres de la familia como personas que los castigan y maltratan, mientras que a las mujeres las ven como quienes dan cariño y ternura.
La violencia sexual contra la niñez -incluida en ella la explotación sexual- constituye un fenómeno cada vez más alarmante. En 1999, un estudio elaborado por TESIS constató que 1,300 niñas y adolescentes han sido obligadas a prostituirse, principalmente en Puerto Cabezas, Occidente y la capital.
Niñez y drogas
En el informe de 1998, el CENIDH señaló que la edad en la que se iniciaba en Nicaragua el consumo de drogas eran los 13 años. En estos informes de UNICEF y el MINSA, que en sus investigaciones habían encontrado en Managua a niños de 6-8 años consumiendo ya drogas.
Según datos del organismo internacional Casa Alianza, presente en Nicaragua, de 542 niños de la calle con los que mantienen contacto, 504 admitieron consumir algún tipo de droga, destacándose el crack y el alcohol, combinados con la inhalación de pegamento.
Datos policiales indican que de las 1,448 personas detenidas en el año e implicadas en los delitos de narcotrafico 160 eran personas menores de 18 años. Siendo la mayoría del sexo masculino y relacionadas 80 con la tenencia y el consumo.
Trabajo Infantil
Según algunos datos de la Encuesta de Hogares en Nicaragua, unos 109 mil 525 niños, niñas y adolescentes trabajan en las zonas rurales de Nicaragua. El 42% de estos adolescentes trabajan más de 46 horas semanales, desarrollando un esfuerzo físico superior al de los límites establecidos en nuestra legislación laboral.
El Ministerio del Trabajo, informó que la Inspectoría Laboral de la Niñez, realizo en el presente año unas 396 inspecciones en diversos lugares de trabajo encontrando unos 3,144 niños en 300 de ellos, estableciendo e imponiendo medidas de protección en los casos que era necesario. Otra de las acciones emprendidas por el MITRAB a través de las Inspectorías de la Niñez fueron los convenios que suscribió con las Zonas Francas Industriales y con los Casinos y Night Clubs de la ciudad de Managua, con el fin de que dichas empresas se abstuvieran de contratar mano de obra infanto juvenil, con el limite de 18 años.
El Ministro del Trabajo anunció en febrero que unos 300 mil dólares donados por una institución de Estados Unidos serían utilizados para la erradicación del trabajo infantil en el gigantesco basurero de Managua, La Chureca. El Centro Dos Generaciones -que realiza un proyecto de atención integral a los niños de La Chureca- determinó en un estudio que diariamente se presentan en este lugar unos 240 niños de 7-16 años, que buscan desechos para vender y con ello sobrevivir.
Varias son las encuestas y diagnósticos que indican que es el campo donde se presenta con mayor dramatismo el trabajo infantil. Un diagnóstico realizado en siete municipios de Matagalpa reveló que entre los niños de 12-14 años, el 78% trabaja, el 21.2% estudia. Entre las niñas, el 74.5% trabaja y el 25.5% estudia. El drama se agudiza entre los adolescentes de 15-17 años, entre los que sólo el 7% estudia y el 93% trabaja. En el caso de las muchachas, el 90.7% trabaja y el 9.3% estudia.
Otra de las situaciones que no permite conocer con exactitud las circunstancias del trabajo infantil rural es la utilización de los niños como ayuda a la mano de obra familiar denominada comúnmente CABRITAS sistema tradicional que en muchos casos además de abusar de la mano de obra infantil, la excluye de beneficios laborales establecidos en la legislación y permite la irresponsabilidad paterna al ser los adultos los que reciben el salario que ha sido producto del esfuerzo familiar en el que se incluye el de los niños.
El 17 de junio de 1999, la Organización Internacional del Trabajo adoptó un Convenio sobre las Peores formas de Trabajo Infantil y una resolución sobre las Recomendaciones para la Eliminación de esas formas. Los Estados que ratifiquen el Convenio deben elaborar planes de acción emergente, con amplia participación de los sectores interesados, para eliminar la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas, el trabajo forzoso y obligatorio -especialmente el uso de los niños como soldados o combatientes en conflictos armados-, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para prostitución, producción pornográfica o actuaciones pornográficas, la utilización o el reclutamiento de niños para la producción y tráfico de estupefacientes o para cualquier trabajo que por su naturaleza dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
El gobierno firmante de este Convenio aún no inicia los trámites en la Asamblea nacional para su ratificación.
Código de la Niñez y la Adolescencia
En Agosto, el asesinato del diputado José Cuadra alentó nuevamente la cultura represiva de nuestra sociedad. Cuando se supo que uno de los autores del crimen atroz era un adolescente, se desató una avalancha de opiniones que pedían un castigo "ejemplarizante" para el muchacho y que presentaban argumentos que adjudicaban al Código el ser causante de la violencia juvenil por alentar la impunidad, calificándolo como una copia de leyes hechas para sociedades altamente desarrolladas.
Con relación a las pretensiones de diversos sectores de opinión de reformar y hasta de suspender la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, el CENIDH presentó ante la Comisión de Mujer, Niñez y Juventud de la Asamblea Nacional y en los medios masivos sus consideraciones. Se señaló que abrir un proceso de reformas al Código no se corresponde con los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua ni con las complejas demandas que la dramática realidad que vive nuestra niñez y adolescencia. La realidad, Se hacía énfasis que la realidad mas bien imponía agilizar la aprobación de la Ley del Consejo Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, y la inclusión inmediata en el Presupuesto General de la República de partidas presupuestarias específicas para la implementación real del Código.
Justicia Penal para Adolescentes
El 16 de diciembre de 1998, la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo 262, creó dos Juzgados Penales de Adolescentes exclusivos en Managua y Ciudad Darío y seis Juzgados Adscritos en León, Granada, Masaya, Juigalpa, RAAN Bilwi y RAAS (Bluefields). Estos tribunales comenzaron a procesar a los adolescentes de 13-18 años que infringían la ley.
El mito de que el Código de la Niñez y la Adolescencia promueve la impunidad se desvirtúa por los datos judiaciales. En el primer trimestre de 1999 el Poder Judicial tramitó un total de 1,670 causas por 1,475 delitos, con 3,022 encausados. Estas cantidades superan en un 30% el total de casos que involucraron a adolescentes en ese mismo período del año anterior..
La mayor dificultad que presentan las instancias involucradas en la aplicación del Sistema de Justicia Penal Especializada para Adolescentes es fundamentalmente económica. La Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia son las autoridades del Estado que mayor voluntad política han expresado para aplicar las normas del Código de la Niñez y de la Adolescencia, siendo la Procuraduría General de Justicia quien mayor resistencia ha tenido frente al Código, manifestando sus más altos funcionarios que fue diseñado para una realidad muy distinta a la de Nicaragua. [volver]
Derecho a la Soberanía y la Autodeterminación
En 1999, los problemas limítrofes de Nicaragua con los países vecinos se agravaron aún más. Costa Rica continuó pretendiendo que sus agentes de seguridad naveguen armados en las aguas del Río San Juan. Y Honduras ratificó el tratado Ramírez-López suscrito en 1986 con Colombia, en el cual Honduras reconoce como territorio colombiano todos los territorios marinos situados al sur del paralelo 15 y al este del meridiano 82, incluyéndose en estos límites 130 mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo que geográficamente pertenecen a Nicaragua.
Los problemas generados por la incursión de embarcaciones ilegales en aguas territoriales nicaragüenses persistieron, situación que se vuelve recurrente en la medida que no se delimitan los espacios marítimos.
Conflicto con Costa Rica
Costa Rica siempre ha pretendido derechos más allá de los que le confiere el Tratado Jerez-Cañas y el Laudo Cleveland, que expresamente señalan que "Nicaragua tendrá exclusivamente el dominio y sumo imperio sobre las aguas del río San Juan desde su salida del lago hasta su desembocadura en el Atlántico; pero la República de Costa Rica tendrá en dichas aguas los derechos perpetuos de libre navegación, desde la expresada desembocadura hasta tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo, con objeto de comercio."
Los gobiernos de turno -incluido el actual- han sido tolerantes con las pretensiones del gobierno de Costa Rica. El gobierno liberal llegó a otorgarle a los guardias costarricenses permiso para navegar armados por el río, según un comunicado de julio de 1998.
Aunque después de suscrito por el Ejecutivo, este comunicado fue anulado por el Legislativo, el error gubernamental hizo abrigar esperanzas al gobierno de Costa Rica. Tantas, que en 1999, y a partir de que el mismo Presidente Alemán solicitara al gobierno costarricense una ampliación del plazo de finalización del régimen de amnistía migratoria -para facilitar que los nicaragüenses legalizaran su estátus en el país vecino-, diversos funcionarios costarricences pretendieron vincular la problemática migratoria a sus pretensiones sobre el río.
El propio Presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, planteó este "trueque" afirmando: "Terminemos el asunto del Río San Juan, donde los derechos de los costarricenses deben ser respetados". También planteó la posibilidad de pedir un arbitraje. Con la misma lógica, el Canciller costarricense Roberto Rojas declaró en Managua, en una reunión de Cancilleres centroamericanos, que había llegado a un acuerdo con el Canciller de Nicaragua, Eduardo Montealegre, para "no realizar una reunión binacional si tenemos una distancia insalvable en un tema".
El arbitraje planteado por el Presidente de Costa Rica no tiene cabida porque todo está claro en los instrumentos legales existentes. Según el doctor Carlos Argüello, ex-representante de Nicaragua en La Haya y asesor de la Cancillería, el problema con Costa Rica por causa del Río San Juan se arrastra desde el siglo pasado y surge siempre que se habla en Nicaragua de construir un canal interoceánico. Desde 1998 se habla de construir el Canal Seco en Nicaragua y en este año la concesión ya fue otorgada.
Las presiones del gobierno costarricense son tan abiertas que la opinión pública nacional sospechó que el desalojo ordenado por autoridades costarricenses contra unas 250 familias, en su mayoría nicaragüenses, de sus viviendas en el lugar conocido como La Carpio II -ubicado en San José-, la madrugada del 30 de junio, y la posterior deportación de 35 de los nicaragüenses que habitaban en este lugar, era una acción dirigida a presionar posteriormente al gobierno de Nicaragua sobre las históricas pretensiones de Costa Rica sobre el Río San Juan.
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la deportación de los 35 nicaragüenses, reconociendo el Recurso de Amparo que éstos imterpusieron ante ese tribunal por estar amparados en el régimen de amnistía. Con ello se evidenció las violaciones de derechos humanos en que incurrieron las autoridades costarricenses.
Llama la atención las publicaciones que han hecho reiteradas veces instituciones públicas y privadas de Costa Rica, que presentan al Río San Juan como frontera entre ese país y Nicaragua.
El canciller nicaragüense ha declarado que pedirán a las autoridades de Migración nicaragüense que se involucren más en el control de la zona sur del país, exigiendo a las operadoras de turismo las visas que correspondan.
Las pretensiones ticas sobre el Río San Juan han incluido variados matices: chantajes, irrespetos, groserías, violencia, prepotencia. Alfonso Ayub, asesor de seguridad pública de Costa Rica, afirmó ante un periodista que lo entrevistaba: "Los nicaragüenses son muertos de hambre y malagradecidos. Nosotros somos tan humanos que los recibimos y compartimos nuestro pan con ellos y ellos no comparten el Río San Juan ni para que nuestros policías realicen los relevos". Similares expresiones han tenido otros funcionarios del gobierno de Costa Rica durante las disputas verbales que el problema fronterizo genera.
Aunque el Presidente Alemán ha ratificado la soberanía nacional en el río y se ha negado a las pretensiones de Costa Rica, también ha agudizado el problema brindando declaraciones demagógicas en momentos en que la opinión pública cuestionaba la corrupción de sus funcionarios o de él mismo, o la falta de apoyo de las instancias gubernamentales a los emigrantes nicaragüenses en Costa Rica cuando son rechazados o tienen problemas en el vecino país.
Conflicto con Honduras
En 1999, Honduras ratificó el Tratado Ramírez-López, que había firmado con Colombia en agosto de 1986, en momentos en que Nicaragua enfrentaba la guerra La guerra de agresión financiada por los Estados Unidos. Por este Tratado, Honduras reconoce como territorio colombiano todos los territorios marinos situados al sur del paralelo 15 y al este del meridiano 82, lo que incluye 130 mil kilómetros cuadrados del territorio marítimo de Nicaragua.
Por el Tratado, Honduras reconoció como su frontera marítima con Colombia el paralelo 82 y Colombia el paralelo 15 como su frontera con Honduras. La realidad es que la frontera hondureña llega hasta el paralelo 17 y la colombiana no se extiende al occidente del meridiano 82..
El área incluida en el Tratado ha sido codiciada por Colombia desde antes de 1928. Estas pretensiones se iniciaron con la suscripción del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, declarado sin ninguna validez en 1980 por la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, por haber sido firmado en 1928 y ratificado en 1930, cuando Nicaragua estaba intervenida militar y políticamente por Estados Unidos. En aquellos años se alegó que el Tratado fue una medida de los Estados Unidos para congraciarse con Colombia.
El gobierno de Nicaragua fue tomado por sorpresa cuando un emisario del gobierno hondureño le notificó tal decisión a finales de noviembre a pesar que desde octubre el Congreso de ese país había aprobado la Ley de Espacio Marítimo que regula las fronteras con varios países incluyendo Nicaragua y Colombia, publicada en los medios de comunicación hondureños. El presidente Arnoldo Alemán, por su parte, llenó su discurso de nacionalismo extemporáneo haciendo llamados centroamericanistas e implementó medidas económicas gravando con un 35% de impuesto a los productos procedentes de Honduras y Colombia. La cancillería nicaragüense envió una Nota de Protesta a Honduras, en la cual desconoce el tratado.
En diciembre, Nicaragua interpuso una demanda en contra de Honduras ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya para dirimir el problema. El gobierno nicaragüense recurrió también a la Corte Centroamericana de Justicia solicitando declarar en rebeldía a Honduras por no acatar la decisión de la Corte de abstenerse de ratificar y dar trámite al tratado con Colombia. Por su parte la OEA designó al Sr. Luigi Einaudi para examinar, evaluar y buscar mecanismos de diálogo que lleven a evitar que la situación actual genere en un conflicto armado. También, el presidente Arnoldo Alemán solicitó al Vaticano sus buenos oficios para buscar soluciones al problema.
El conflicto ha dejado al descubierto la fragilidad del ideal centroamericanista y de sus procesos de integración, la infuncionalidad de las Comisiones binacionales, la intenciones expansionista de Colombia, y la incapacidad del gobierno de Nicaragua de tener una política exterior consistente, profesional y previsora.
Similar situación podría presentarse con Costa Rica, porque el Ejecutivo de ese país ya solicitó en 1998 a su Parlamento la ratificación del Tratado bilateral que suscribió con Colombia en 1977, en el que le reconoce a los colombianos soberanía sobre los Cayos del Caribe que Nicaragua viene reclamando desde hace muchos años como suyos.
El CENIDH ha venido señalando reiteradas veces que el Estado de Nicaragua carece de una estrategia de política exterior orientada a restituir la soberanía nacional sobre la plataforma continental de Nicaragua en el mar Caribe.
Hay que tener en cuenta también que las fronteras naturales entre Nicaragua y Honduras desaparecieron por el desvío de ríos y quebradas que provocó el huracán Mitch. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), Nicaragua tiene más problemas que Honduras para identificar sus límites, porque en la mayoría de los desvíos causados por el desastre, el río Guasaule, frontera natural entre los dos países, varió su curso hacia el sur, y hay zonas en donde se desconoce cuál fue la dirección exacta que siguió el río. Esta situación confusa podría causar futuros problemas limítrofes entre Nicaragua y Honduras.
Injerencia Extranjera
Nuevas formas de injerencia e intervención experimentan las naciones del Sur en la era global. El gobierno de Estados Unidos continúa condicionando la ayuda bilateral a Nicaragua a que se resuelvan los casos de propiedades confiscadas a nicaragüenses que después de la revolución se nacionalizaron estadounidenses. Muchas presiones se recibieron también de parte del gobierno de Estados Unidos para que se aprobara, como sucedió en 1999, la Ley de Derechos de Autor.
El gobierno de Nicaragua y el de los Estados Unidos continuaron estudiando la posibilidad de suscribir un tratado de patrullaje conjunto en aguas nacionales, justificándolo en la lucha antidrogas. El artículo 92 de la Constitución de Nicaragua es bien claro en su segundo párrafo, que afirma: "Se prohibe el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Podrá autorizarse el tránsito o estacionamiento de naves, aeronaves y maquinarias extranjeras militares para fines humanitarios siempre que sean solicitadas por el Gobierno de la República y ratificadas por la Asamblea Nacional".
El Presidente Arnoldo Alemán expresó en julio que se podría reformar este artículo de la Constitución, aduciendo que "la soberanía folklórica, que muchas veces encubre a criminales internacionales, va en detrimento de la misma soberanía y por eso éste podría ser uno de los temas a discutirse en el diálogo con el FSLN, para autorizar a los Estados Unidos o a cualquier país".
Como nación, Nicaragua volvió este año a pagar deudas personales del Presidente de la República, al decidir éste que en la representación de Nicaragua en el 55 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra se integrara el cubano-estadounidense Luis Zúñiga. El CENIDH envió carta de protesta a la Cancillería por considerar que el gobierno había utilizado por segunda vez el máximo órgano de vigilancia del respeto a los Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, para saldar sus compromisos políticos, prestando el escaño de la nación nicaragüense a reconocidos personeros de la Fundación Nacional Cubano-Americana, cuyo objetivo es atacar al gobierno de Cuba con propósitos políticos.
Señaló el CENIDH que, además, Zúñiga es un delincuente que fue juzgado y condenado a 25 años de prisión en los años 70 en Cuba y que hay sospechas de que ha participado en la planificación y financiamiento de atentados con bombas en centros turísticos y económicos de Cuba. Esto agrava la designación, ya que el terrorismo constituye la negación misma de la esencia de los derechos humanos.
El presidente Alemán observó igual comportamiento en relación a la Cumbre Iberoamericana de presidentes que se realizó este año en Cuba, tratando de bocicotear dicha cumbre con sus declaraciones negativas hacia el gobierno de ese país y su no asistencia. Esta vez Nicaragua estuvo representada por el Canciller Eduardo Montealegre. [volver]
Derecho a un Medio Ambiente SanoLa administración del medio ambiente en Nicaragua cobra vital importancia por las consecuencias del desajuste que se viene dando a través de la explotación desordenada de los recursos naturales, diesmados de diferentes formas y por todas partes, siendo evidenciado por los estragos del huracán Mitch y las lluvias de este año. Es urgente tomar en serio leyes y decretos nacionales e internacionales que se traduzcan en políticas institucionales y verdaderos planes de protección ambiental y sana utilización de los recursos.
En este año se continuó causando más estragos a la reserva de Bosawás, pulmón de Centroamérica, considerada como la reserva forestal con mayores índices de biodiversidad del planeta, uno de los últimos refugios de la vida silvestre que conserva su bosque natural casi virgen, reconocida en 1998 como Reserva de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Sin embargo 1500 invasores, con permiso o sin él, talan todos los días la zona de amortiguamiento y avanzan hacia el centro.
Según Alvaro Montalván Pallais, director Ejecutivo del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), en los últimos dos años en Nicaragua se taló en forma ilegal 40 mil metros cúbicos de maderas preciosas, parte de la cual sale de Bosawás, y aunque se han puesto multas a la extracción no se ha logrado poner orden. Aseguró que no solamente ellos otorgan permiso en la actualidad, también lo hacen alcaldes y diputados.
El decreto que prohibía por cinco años el corte de caoba y cedro real fue suspendido después de 17 meses de estar en vigencia. Los madereros nunca respetaron tal decreto, explotaron el recurso como si nunca hubiera estado prohibido, lo que hacían era pagar la multa de C$400.00 córdobas por metro cúbico que puso el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y luego ellos lo vendían en $400.00 dólares en el mercado internacional. Según un maderero, en la explotación de madera funciona una mafia, todos los madereros ocupan métodos ilegales, se valen de subterfugios y para reponer los costos de operación cortan el doble.
Varias instituciones de gobierno como INAFOR en Rosita y el INRA de Puerto Cabezas, fueron denunciadas por ambientalistas de autorizar madera ilegal. El Plan Operatio Forestal (POF) de INAFOR autorizaba madera ilegal. La caoba y el cedro real la hacían pasar por madera vieja o cortada antes de abril 98 que se dio el decreto prohibitivo. Solamente en Alamikamba llegaban 200 tucas de caoba nuevas al día. En la semana del 12 de febrero se esparaba que bajaran poco a poco por el río Prinzapolka y sus afluentes 3000 tucas recién cortadas por cien hombres en la zona de Tungla .
En este marco se puede ubicar las declaraciones del Gral. Joaquín Cuadra, jefe del Ejército Nacional, quien dijo "había suspendido la colaboración en el control de la extracción ilegal de madera porque todo camión que era detenido con tucas de madera de Bosawás traía permiso de las autoridades gubernamentales locales y nacionales, a pesar de la motaria".
Así mismo, en el volcán Mombacho, las 24 horas del día, según vecinos del lugar, se saca madera en trozas sin ninguna marca de control. El despale causado por motosierras funciona días enteros y esto ocurre a vista y paciencia de las autoridades. Esto pone en peligro el ecosistema que permite el clima de la ciudad de Granada y pueblos aledaños (Diriomo, Diriá, Nandaime, entre otros). El Mombacho es considerado uno de los recursos más valiosos del mundo por su biodiversidad exclusiva. Pero si se continúa el despale podría quedar como el Casitas con sus laderas desérticas y con peligro de deslaves.
La laguna de apoyo se considera que ha sido despalada en un 80%, aquí se da el tráfico ilegal de madera sobre todo de noche según los lugareños que incluso han denunciado a los guardabosques del MARENA. Las especies en extinción que eran propias de la región son el guayacán, laurel de la india y el granadillo, igual suerte están corriendo el cedro real, el madero negro y el pochote. Todos los árboles de la ribera del río fueron exterminados, así como los monos cara blanca y los venados. Milton Camacho, director del Departamento de Areas Protegidas del MARENA no conoce lo que está pasando en la laguna, sin embargo cada día las laderas van quedando sin vegetación.
El Ing. Mario García Roa, funcionario de INAFOR, denunció que el Ejército de Nicaragua del Sector Fronterizo El Naranjo estaba resguardando madera ilegal encontrada en una finca ubicada a un kilómetro y medio con Costa Rica propiedad del exdiputado tico Luis Román Triguero. Es preocupante este comportamiento del Ejército pues una de las tareas de éste es garantizar la protección de los recursos naturales nacionales.
Igualmente de preocupante es la destrucción irreparable causada por la apertura de una carretera en el refugio de vida silvestre Chacocente por el Ministerio de Transporte e Infrestructura, aunque el ministro de esta institución, Ing. Jaime Bonilla, aceptó que era un error, el daño ecológico está hecho.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas, afirmó en un informe subregional en México que la deforestación es la peor amenaza contra la biodiversidad centroamericana, que representa el 10% del total en el mundo. En su informe expresa que entre 1980 y 1995 los países centroamericanos perdieron hasta una cuarta parte de sus bosques. El problema se agravó, según esta Comisión, a partir de la década de los ochenta, cuando los gobiernos del istmo implementaron una serie de programas de ajuste estructural para intentar su inserción en las fuerzas globalizadas de la economía mundial, el fenómeno alcanzó proporciones agudas y graves. Las principales causas señaladas son la ausencia de adecuadas políticas ambientales en la región y las exigencias económicas y comerciales de la globalización. Guatemala y Nicaragua son las más dañadas, Costa Rica y Honduras registraron mejoras en el manejo y desempeño forestal. Otra causa mencionada es el subdesarrollo económico y social que prevalece en Centro América, a consecuencia de esto se da una creciente presión sobre los recursos naturales como resultado de la pobreza.
Dos veces se reunieron las comisiones binacionales para asegurar el trabajo de preservación del Río San Juan y su cuenca, la que abarca extensos territorios dentro de ambos países. La primera fue realizada en San José Costa Rica, y sirvió para reafirmar la convicción existente de que las comunidades involucradas deben tener mayor participación tanto de la sociedad civil como autoridades municipales. En la segunda se definió una cartera de 32 proyectos para continuar el trabajo, enmarcados en dos líneas de acción: fortalecer las instituciones que tienen incidencia en la salud del río y lograr una mayor participación pública.
Los proyectos contienen acciones que se deben realizar en Costa Rica y Nicaragua: educación ambiental, control de incendios forestales en Costa Rica, instalación de una red hidrometeorológica en algunos de los afluentes nicas, control y evaluación ambiental de los mismos ríos afluentes, seguimiento a la auditoría ambiental realizada al proyecto hidroeléctrico San Lorenzo, en Costa Rica, manejo sostenible de las poblaciones de tiburones, tilapias africanas y róbalos. Además un mapa del Lago Cocibolca que facilite su uso como hidrovía al igual que proyectos de agroforestación y reforestación de la cuenca. Otros de los proyectos a ejecutar es el impulso del turismo y el estudio de las migraciones transfronterizas. Para la ejecución de los proyectos el Fondo del Medio Ambiente Mundial aprobó 4 millones de dólares.
15 millones de centroamericanos (un tercio de la población de Centroamérica) entrarán al III milenio sin agua potable o en condiciones difíciles para su acceso dijeron en San José, Costa Rica, promotores del Tribunal Centroamericano del Agua (TCA) el cual funcionará como Tribunal de Conciencia y atenderá denuncias sobre contaminación, uso irracional y otros impactos que afecten los recursos acuíferos en la región. En los últimos 45 años las actividades industriales y agrícolas han contribuido a disminuir en un 62% el agua disponible para cada poblador centroamericano.
Centroamérica se encuentra entre los principales consumidores de plaguicidas en el mundo y es una de las regiones más afectadas por las alteraciones del medio ambiente, promedio de 100,000 intoxicados por año por el uso de agroquímicos. Estos además, son una de las principales causas de enfermedades cancerígenas y en algunas zonas bananeras de la región han provocado serios problemas de fertilidad y reproducción humana, denunciados en diferentes foros.
Nicaragua, en los últimos 50 años ha venido agotando sus recursos hídricos por la contaminación de sustancias tóxicas producidas por el auge del algodón, el café y desvío de aguas negras. Los lagos Xolotlán y Cocibolca con una superficie aproximada de 9 mil kilómetros cuadrados, inspiración de poetas, y muchos ríos caudalosos que desembocan en el mar Caribe están en grave peligro. La subdirectora técnica del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua (CIRA), Katherine Vammen, aseguró que si Nicaragua no logra poner en marcha un proyecto de recuperación y conservación de sus recursos hídricos en los próximos 20 años enfrentará una grave crisis del vital líquido. Hasta las aguas subterráneas sufren un acelerado proceso de contaminación. La creación de nuevas empresas industriales tendrán que normarse por las leyes de conservación ambiental.
La zona marítima más rica en todo el Mar Caribe centroamericano la posee Nicaragua, nuestra plataforma contiene más de doscientos bancos de pesca. En esta plataforma se realizan actividades de pesca intensiva (industrial y artesanal) mayormente de lagosta, camarones, tortugas y otras especies, utilizando barcos, pangas, botes de vela y hasta cayucos. La mayoría de embarcaciones son hondureñas, norteamericanas y coreanas y realizan la pesca a través de redes, trampas y buceo, pricipalmente.
Brooklyn Rivera, exministro de Asuntos Indígenas de la Costa Atlántica, denunció al inicio del año que operaban 70 barcos extranjeros pescando langosta, de éstos 45 son hondureños utilizando el método de buceo con más de 1500 buzos. El resto de barcos utilizaban unas 250,000 trampas en prolongadas faenas de pesca de langosta en alta mar.
Los indígenas y pescadores costeros han solicitado que la explotación sea regulada la cual debe incluir veda para especies de langostas, camarones y tortugas marinas y vigencia de la no autorización de permisos de pesca a barcos extranjeros. También se ha denunciado que los barcos industriales extranjeros tratan muy mal a los pescadores indígenas, los abandonan en alta mar y los corren sin debidas prestaciones.
El presidente Arnoldo Alemán aseguró a exigencia de los pescadores costeños, en junio del 98 en Bluefields, no extender nuevas licencias y no renovar las vencidas. Sin embargo las embarcaciones extranjeras continúan pescando libremente y nuevos barcos incursionan con autorización gubernamental. El gobierno presenta como excusa la insuficiencia e ineficiente capacidad de la flota nacional.
La capacidad de los pescadores costeños se ve limitada por la falta de recursos económicos y la no existencia de financiamiento para que éstos puedan competir con los extranjeros y si se continúa con la explotación indiscriminada y sin control muy pronto la zona marítima del Mar Caribe será un charco sin vida.
Defensores del medio ambiente se presentaron hasta el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa, para solicitar un Recurso de Amparo y evitar que sigan asesinando lo que queda de los Recursos Naturales, ante la pretensión de la Compañía Australiana RENAUSTRA, S.A. de explorar y explotar un proyecto minero en el municipio de Bocay ya que una exploración de este tipoa terminaría con la zona de amortiguamiento de la Reserva de Bosawás.
El sacerdote de la localidad envió cartas al alcalde y concejales para que detuvieran a RENAUSTRA, pero el consejo respondió que ese proyecto no se podía detener porque era una orden directa de Managua y que existían documentos desde 1996 que le daba derechos a la compañía minera para entrar al lugar, disposición que contraría el artículo 106 de la Ley del Medio Ambiente que dice "No serán sujetos de explotación y exploración los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentren en áres legalmente protegidas". En la zona de amortiguamiento de la Biosfera de Bosawás, Cuá-Bocay, el gobierno ha entregado cinco concesiones de exploración minera que suman 98,300 hectáreas sujetas a tal acción.
RENAUSTRA para presentar un listado de personas que están de acuerdo con el proyecto reúne a los campesinos de bajo nivel cultural a quienes engaña con sus posiciones diciéndoles que la obra dará empleo, carreteras, centros de salud y escuelas. Las minas hasta hoy no han dejado ningún beneficio mucho menos riquezas a la población al contrario han dejado pobreza y destrucción de la naturaleza, como ejemplo, se tienen las minas de Siuna, Bonanza y Rosita donde existe una extrema pobreza.
El director general del MARENA, Leonel Wheelock, informó que se realizó un estudio de zonificación ambiental para la explotación y exploración petrolera financiada por el BID. Las mejores posibilidades se encuentran en los Cayos Miskitos y al norte de Laguna de Perlas, todavía no se sabe si existen cantidades comercializables. Según el Instituto nicaragüense de Energía hay 52 empresas petroleras interesadas en explorar petróleo en Nicaragua. Este año arrancó la licitación, comenzó con la concesión a Rudy Sinclair, en los Cayos Miskitos, la que se firmó y publicó sin autorización de las autoridades regionales. MARENA asegura que su papel se limita a exigir el estudio de impacto ambiental.
Es preocupante la actitud comtemplativa del MARENA que va en detrimento de lo más preciado que pueden tener los nicaragüenses como son sus recursos naturales y más aún nos procupa las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República, a varios funcionarios del MARENA por la responsabilidad administrativa determinada en relación con irregularidades encontradas en Concesiones, Permisos y Guías de Aprovechamiento Forestal en la auditoría practicada a ese ente, en septiembre, las cuales el presidente de la república desestimó públicamente. Una de las sanciones es a cargo del Ministro del MARENA, Ing. Roberto Stadthagen Vogl, por Un millón novescientos sesenta y seis mil córdobas.
Por otro lado, en mayo, se contabilizaron 2,213 incendios y quemas, correspondiendo al 15% del total acumulado de 98 en el mismo período, según el Lic. Roberto Alvarez responsable del Departamento de Protección Forestal del INAFOR. Cabe señalar que el año pasado el cúmulo de incendios fue de 16,000, más de 396 mil hectáreas de bosque quemado y las pérdidas económicas superaron los 120 millones de dólares, la más alta de la región.
La Oficina para catástrofes de América Latina de la Agencia Internacional para el Desarrollo (OFDA-AID-LAC) destinó 100,000 dólares para crear un cuerpo de instructores con equipo y conocimientos, para disminuir la cantidad y peligrosidad de los incendios forestales. Se ha dado una intensa capacitación a 29 personas de diversas instituciones de todo el país para convertirlos en instructores diplomados capaces de crear y capacitar a nuevos grupos de brigadistas contra incendios.
La Ley-Concesión para el Ecocanal en el Río San Juan fue aprobada por la Asamblea Nacional, a pesar de las oposiciones manifestadas por Organismos No-Gubernamentales y pobladores de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) por la consecuencias que éste tendrá en el equilibrio ecológico y la no toma en cuenta de la Ley de Autonomía, Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Convenios Internacionales de protección al Medio Ambiente y a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. Incluso líderes de las Comunidades indígenas de Monkey Point y el Rama introdujeron un Recurso de Amparo en contra del presidente Arnoldo Alemán cundo éste introdujo la iniciativa de ley a la Asamblea.
El problema ambiental se agrava y la vida misma de los nicaragüense con la aprobación de La Ley de Protección para las Obtenciones Vegetales la cual forma parte de un paquete de leyes que Nicaragua debe de poner en vigencia para cumplir con el Acuerdo Bilateral acerca de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) firmado en enero 1998 entre los gobiernos de los Estados Unidos y Nicaragua. Es una ley que obliga a otorgar protección jurídica a la propiedad intelectual extranjera no así a la nicaragüense, da protección a las nuevas variedades vegetales y microorganismos (productos transgénicos) creadas por los fitomejoradores e ingenieros genéticos empleados de las transnacionales de la biotecnología de los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Europa por un período de 20 años.
Según el especialista en asuntos ambientales, Alvaro Fonseca Zamora, el problema principal que se deriba de esta ley es la erosión genética, pues una vez que son liberadas al medio ambiente, las nuevas especies vegetales o animales, es para siempre. Al introducirse nuevos cultivos se pueden cruzar con especies ya existentes en el país por una simple polinización y por efectos de este cruce generar plagas sobre los principales rubros de la agricultura. En cuanto a la salud los transgénicos pueden producir resistencia a los antibióticos y daños severos a los órganos vitales.
La puesta en marcha de esta ley causa más daños que beneficios a Nicaragua y como siempre los grandes beneficiados son las transnacionales, en este caso de la biotecnología, y los mayores perdedores son los agricutores nacionales y pueblo en general, violando así los derechos ambientales y de la vida de los nicaragüenses. [volver]
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