Dic. 10,
1997
Sobrela Postura del Fiscal-jefe de la Audiencia Nacional en losJuicios Sobre los Desaparecidos
Espanholes Durante las DictadurasMilitares Argentina y Chilena.
Por:
Asociación pro Derechos Humanos de España, Jueces para la Democracia,Federación de Juristas Progresistas
y Asociación Catalana de Juristas Demócratas.
La Junta de fiscales de Sala del Tribunal Supremo ha
debatido sobre la competencia de la
Jurisdicción española para instruir los procedimientos penales por la desaparición de ciudadanos
españoles bajo las dictaduras militares Chilena y Argentina. La posición de siete integrantes de esa
Junta en contra de la competencia de la Audiencia Nacional puede preparar el camino para un
peligroso cambio de posición del Fiscal General del Estado, sin que se haya alterado ni modificado
las circunstancias que dieron lugar al posicionamiento favorable a la competencia de la jurisdicción
española actualmente mantenida por la Fiscalía General del Estado, al tiempo que decepciona
expectativas abiertas con estos procedimientos en la lucha por la efectividad de los Derechos
Humanos.
Defendemos la competencia territorial de la jurisdicción española para la instrucción y
enjuiciamiento de unos hechos de tanta gravedad, y esto por establecerse en nuestra Legislación un
principio de competencia universal para perseguir delitos que como el genocidio o el terrorismo,
afectan por definición, a toda la humanidad. Así también lo han entendido las Organizaciones de
Defensa de los Derechos Humanos más prestigiosas y representativas (Amnistía Internacional,
Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos) e Instituciones Internacionales de distinto
ámbito (Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Presidente de la Corte Suprema Argentina,
Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, etc...).
Aún cuando la cuestión de competencia puede ser discutible en derecho, lo más grave y
sorprendente de estos procedimientos es la actitud adoptada por el Fiscal-Jefe de la Audiencia
Nacional, Eduardo Fungairiño, quien el pasado dos de octubre declaró al diario chileno "El
Mercurio", totalmente al margen de los procesos abiertos en la Audiencia Nacional, que los hechos
no pueden ser juzgados por las Autoridades Españolas al no ser constitutivos de delito de genocidio,
por no estar orientados contra una raza, etnia o grupo social determinado, ni tampoco de terrorismo
al no tratar sus autores de subvertir el orden constitucional o institucional implantado en aquellos
países. Esta posición, que ya fue objeto de una importante crítica en su día, no es una
"argumentación técnica" sino que responde a una postura ideológica, tanto por el propio contenido
de las declaraciones como por el medio de comunicación que difunde la entrevista, que es publicada
en el diario "El Mercurio", periódico estrechamente vinculado a los militares chilenos y el que
prestó mayor apoyo a la dictadura del General Pinochet.
El informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que como "documento sin firma" fue
incorporado al debate de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo y atribuido por los
medios de comunicación a Fungairiño, es la superación, si cabe, de las anteriores declaraciones,
pues en el mismo se contiene una justificación y legitimación del discurso político de las dictaduras
militares, incluyendo frases justificativas de las mismas tales como que dichas dictaduras militares
tuvieron por objeto subsanar las "insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para
mantener la paz pública". Frente a esto, únicamente cabe responder que en la memoria de todos los
demócratas está presente el momento de la proclamación de la Junta Militar Argentina con su
temible despliegue militar y el bombardeo del Palacio de la Moneda de Chile y el posterior asesinato
del Presidente Allende.
Esta asunción del discurso político de las dictaduras militares por parte del Fisca-Jefe de la
Audiencia Nacional supone un prejuicio ideológico antidemocrático que afectaría a su
imparcialidad para continuar dirigiendo la intervención del Ministerio Público en esos
procedimientos.
Una vez más afirmamos que las causas contra los responsables de los desaparecidos españoles bajo
las dictaduras Chilena y Argentina que se siguen en la Audiencia Nacional son un gran avance en la
defensa de los Derechos Humanos y en la lucha contra la impunidad, que se construye en el orden
jurídico internacional con tres derechos básicos: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el
derecho a la reparación de las víctimas.
Madrid, 11 de diciembre de 1997
Sobre Los Juicios Seguidos En La Audiencia Nacional Contra Los Miembros De Las Juntas
MilitaresArgentinaY Chilena Por Los Asesinatos Y Desapariciones Forzadas De Espanholes Durante Las Dictaduras Militares:
ElFiscal Fungarinho "Siempre a La Orden"
Comunicados de
Jueces para laDemocracia
Sobre elJuicio Contra los DesaparecidosEspañoles en
Argentina
DDHH enChile
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