Informe del Women's Caucus for Gender Justice
Resumen de lo actuado durante la primera semana de la 5a. Sesión de la Comisión Preparatoria de la CPI, que se desarrolla en Nueva York entre el 12 y el 30 de junio de 2000.
Acabamos de concluir en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, la primera de las tres semanas que durará la V sesión de la Comisión Preparatoria (PrepCom) de la Corte Penal Internacional (CPI) y requerimos su urgente colaboración. A continuación presentamos un resumen del estado de las negociaciones al final de la primera semana.
Este resumen es una continuación del avance que enviamos el primer día de la PrepCom en el cual resumimos los principales asuntos que enfrentamos en esta reunión. Esta PrepCom concluirá las negociaciones sobre dos documentos: (1) un Anexo sobre Elementos de los Crímenes, que define los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, y (2) una serie de Reglas de Procedimiento y Prueba. En estas negociaciones aún están en juego cruciales disposiciones de género. Además, se está dando aquí un drama que incluye tácticas agresivas e intimidatorias por parte de Estados Unidos contra el compromiso de la comunidad internacional de asegurar una CPI independiente y justa. Existen asimismo intentos de elevar el listón de exigencias de la jurisdicción de la Corte sobre crímenes contra la humanidad, haciendo a todos los crímenes contra la humanidad más difíciles de perseguir, pero especialmente los relacionados con violencia sexual y de género.
Estamos monitoreando este proceso alrededor de 30 integrantes del Caucus de Mujeres, incluidas participantes de Australia, Kenia, Camerún, Nigeria, Nicaragua, Japón, India, Filipinas, Georgia, Sri Lanka, Costa Rica, Chile, Guatemala, Estados Unidos, Reino Unido, Liberia, Ruanda, Sudáfrica, Jordania, Canadá y Ecuador. Además de los asuntos sustantivos que enfrentamos en esta PrepCom, han surgido varias cuestiones de proceso. Hay aquí una presencia de grupos conservadores anti-libertad de elección que tergiversan las posiciones del Caucus de Mujeres y están teniendo acceso a discusiones informales en las que no está permitida la participación de las ONGs. Nos hemos enterado que cuando se les solicita retirarse, otros miembros de su grupo rápidamente los reemplazan. Nos preocupa también el tiempo de negociación invertido en discusiones informales y la velocidad con que las y los delegados deben avanzar para cumplir con la fecha límite, el 30 de junio. Algunas de las personas que presiden los grupos de trabajo están estableciendo rígidas reglas acerca de qué asuntos pueden ser discutidos y cuáles no. Esto afecta directamente a varias cuestiones de género.
A su vez, nos preocupa una perturbadora tendencia que hemos observado durante las negociaciones. Al Comité parece preocuparle más asegurar a toda costa un acuerdo y una aceptación casi universales de los documentos finales, en lugar de proteger y mantener la integridad del Estatuto de Roma. Esto está teniendo como consecuencia concesiones, en asuntos claves que socavan el Estatuto, a países que probablemente no lo ratificarán, incluidos Estados Unidos y algunos países árabes.
Lo que sigue es un resumen de algunos de las cuestiones prioritarias tal como estaban hasta el viernes 16 de junio:
1. PROPUESTA DE ESTADOS UNIDOS: Estados Unidos presentará su controvertida propuesta el lunes por la tarde (19 de junio). Esta propuesta persigue dar al Consejo de Seguridad un mayor control sobre los casos que podrán ser presentados ante la Corte y permitir posibles excepciones para las fuerzas de mantenimiento de la paz, o aquéllas que actúan bajo la "dirección general" del Estado en cuestión. Obviamente, ello socavaría la independencia e imparcialidad de esta Corte, o de cualquier corte, a la que se le requiriera hacer justicia pareja y justamente.
Estados Unidos trajo a colación asuntos similares en la conferencia del Tratado de Roma, en julio de 1998, cuando fue adoptado el Estatuto de la CPI. Estados Unidos fue firmemente derrotado en estos asuntos, aunque no sin varias concesiones sustantivas relativas a la jurisdicción de la Corte. Nos preocupa profundamente esta propuesta y les urgimos a escribir al respecto a sus respectivos ministros de exteriores y otros relevantes miembros del Gobierno. Estados Unidos ha continuado ejerciendo una intensa presión sobre los gobiernos de países que considera dependientes de la ayuda militar y/o económica estadounidense, para que apoyen su propuesta. La mayoría de países integrantes de la Unión Europea (UE) se opone fuertemente a la propuesta, aunque nos hemos enterado de que el Reino Unido ha sido un débil vínculo en estos asuntos. (Hemos recibido por lo menos un informe de que, con una leve modificación, el Reino Unido recomendaría apoyar la propuesta de Estados Unidos.)
Además de sus esfuerzos dentro del contexto del proceso de la CPI, el año pasado Estados Unidos empezó a insistir en una cláusula en los acuerdos sobre extradición bilateral según la cual las partes del acuerdo no extraditarían oficiales estadounidenses para ser llevados ante la Corte, una vez ésta sea establecida. Sri Lanka y Corea del Sur, entre otros, son partes de tales acuerdos. Asimismo, durante esta pasada semana, el senador Jesse Helms, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, sostuvo una audiencia con el único propósito de denunciar a la Corte en los términos más vitriólicos. Durante esta audiencia, se introdujo un proyecto de ley que llama a la protección de ciudadanos estadounidenses contra la jurisdicción de tribunales tales como la CPI y anularía el efecto de la jurisdicción de la CPI. Se dice que esta audiencia se llevó a cabo para motivar a la delegación de Estados Unidos ante la PrepCom de la CPI a no ceder en absoluto durante esta reunión.
Exhortamos a activistas y organizaciones con base en Estados Unidos a contactar a funcionarios de los Departamentos de Estado, de Defensa y de Justicia y exigir que cesen su destructivo enfoque respecto de este muy necesario mecanismo de responsabilización. Llamamos a nuestras afiliadas internacionales a contactar a sus respectivos ministros de exteriores para que rechacen esta propuesta y otras similares.
2. CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD: Hace dos PrepComs, 11 países árabes presentaron una propuesta que buscaba excluir los crímenes de violencia sexual y de género de la jurisdicción de la Corte cuando éstos hubieran sido cometidos en el contexto de la familia, la religión o la cultura. Para empezar, la propuesta misma era discriminatoria y contraria a la legislación internacional, y no debería haber sido considerada. Sin embargo, varias delegaciones utilizaron la oportunidad de esta propuesta para entrar en negociaciones con estos países que tuvieron como resultado un texto que elevaba el marco para todos los crímenes contra la humanidad. El lenguaje, tal como está formulado actualmente, requiere que los Estados u organizaciones no estatales tengan una política de "activa promoción o motivación" de la conducta criminal.
El lenguaje de compromiso limitaría la jurisdicción del Estatuto de la Corte y tendría el efecto de discriminar sobre la base del género y la edad. El Caucus de Mujeres estima que éste es un asunto prioritario, sobre todo puesto que frecuentemente los crímenes cometidos de manera amplia y sistemática con la aquiescencia o tolerancia de los Estados o de entidades no estatales, son perpetrados predominantemente contra mujeres, niñas y niños, sin necesidad de una activa promoción o motivación por parte del Estado. Dado que este lenguaje surgió, para empezar, del compromiso sobre una propuesta sin fundamento, discriminatoria y contraria a la legislación internacional, el Caucus de Mujeres considera que la eliminación de este lenguaje de compromiso es la única opción satisfactoria.
Esta semana pasada se abordó el tema del lenguaje. Parece haber tres posiciones: (1) países que se opusieron al lenguaje pero estarían dispuestos a trabajar en un lenguaje alternativo; (2) países que vieron el lenguaje como un tanto problemático pero podrían aceptar el lenguaje actual y, por tanto, advirtieron en contra de reabrir el debate debido al compromiso involucrado; y (3) países que apoyaron el lenguaje de compromiso y amenazaron con que la propuesta original, excluidos los crímenes contra las mujeres, entraría de nuevo en juego si se reabría el debate acerca del lenguaje.
A partir de las diversas intervenciones, hemos podido ubicar a los siguientes países en las distintas posiciones:
- Grupo 1: Francia, Samoa, Portugal, Colombia, Ecuador, Liechtenstein, Bélgica, Cuba, Bosnia, Israel, España, Australia, Slovakia, Corea del Sur, Tailandia, Hungría
- Grupo 2: Estados Unidos, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania, Canadá, Suecia, Israel
- Grupo 3: China, Bahrain, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Paquistán, México, Perú, Turquía, Libia, Irán, Omán, Sudán, Rusia, Indonesia
Dado que éste es un asunto que podría socavar la capacidad de la Corte para que aquéllos crímenes atroces contra las mujeres que ocurran de manera sistemática o a gran escala sean conocidos por la misma en calidad de crímenes contra la humanidad, además de socavar en general la capacidad de la Corte, les exhortamos a contactar con sus ministros de exteriores exigiéndoles una firme posición al respecto. Insistimos en que si ha de haber negociaciones basadas en el lenguaje de compromiso, EL LENGUAJE ALTERNATIVO DEBE COMPRENDER SITUACIONES DE TOLERANCIA, APROBACIÓN IMPLÍCITA O TÁCITA E INCAPACIDAD DE RESPONDER A CRÍMENES COMETIDOS POR EL ESTADO O POR ORGANIZACIONES FRENTE A TAL VIOLENCIA.
Nos preocupa que muchas delegaciones estén complaciendo a países en este asunto con tal de mantenerlos a bordo, cuando de hecho éstos probablemente no ratificarán el Estatuto pronto. De esta manera, se estáN comprometiendo cruciales aspectos del Estatuto de Roma y la eventual CPI. Al igual que la propuesta de Estados Unidos, estos países están buscando formas de asegurar que se reduzcan las posibilidades de que los Estados no Parte sean llevados ante la Corte.
3. SERVIDUMBRE/ESCLAVITUD SEXUAL: Ha habido intentos de los Emiratos Árabes Unidos y la Santa Sede (también conocida como el Vaticano) de impedir que el "trabajo forzado" y el mantener a otras personas en una "situación de servidumbre" entren en las definiciones de los crímenes de servidumbre y esclavitud sexual. Hasta el viernes, había un fuerte apoyo para retener estos elementos en el crimen de servidumbre, pero no necesariamente en el de esclavitud sexual. Esta semana continuarán las negociaciones sobre estas definiciones. Insistiremos en que estos elementos también sean aplicados al crimen de esclavitud sexual.
4. LA PRUEBA EN LOS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL: El borrador de texto que contiene las reglas de prueba que han sido negociadas en relación con la prueba sobre consentimiento y conducta sexual en casos de violencia sexual fue discutido en un sesión abierta el pasado viernes. En la PrepCom anterior, el menor grupo de trabajo había llegado a un difícil compromiso sobre el lenguaje. En este momento, la regla tiene tres partes. En primer lugar, la regla describe una serie de principios que establecen que no se puede inferir consentimiento de diferentes circunstancias, tales como el silencio o aquiescencia de la víctima. En segundo lugar, la regla declara que la evidencia sobre conducta sexual no será admitida, pero hace una controvertida referencia al artículo 69.4 del Estatuto, que es una reafirmación de un principio básico de la prueba. En esta referencia insistieron Alemania, Austria y otras delegaciones a las que les preocupaba reiterar un reconocimiento de los derechos del acusado. El tercer componente de la regla establece un procedimiento de proyección a ser sostenido siempre que una de las partes desee admitir evidencia sobre consentimiento o conducta sexual. La audiencia debe ser llevada a cabo confidencialmente y el juez deberá determinar que la evidencia sea altamente relevante y admisible y que no sea admitida por cualquiera de los propósitos prohibidos.
Durante la sesión abierta, Turquía y Rusia hicieron intervenciones en el sentido de que la referencia al artículo 69.4 en la segunda parte de la regla debiera ser borrada, dado que tal evidencia siempre es discriminatoria y perjudicial para víctimas y testigos y nunca debiera ser admitida. Observaron también que el artículo 69, puesto que es parte del Estatuto, se aplica igualmente en todos lados y su importancia sería distorsionada si fuera reafirmado en este contexto y en ningún otro lugar. Sus intervenciones fueron rápidamente seguidas por una serie de delegaciones que dijeron que el lenguaje fue el resultado de un difícil compromiso y que si se reabría el debate sobre este asunto, se cuestionaría toda la regla. El grupo incluyó países que originalmente deseaban una regla más progresista y aquéllos que querían una más restrictiva y que favorecía una mayor deferencia a los derechos del acusado. El primer grupo incluyó a Francia, Australia y Bosnia. El segundo grupo incluyó a Japón, Estados Unidos, Austria, Alemania y la Santa Sede. Dado que no hubo más debate después de que estos países recordaran el compromiso, el texto fue adoptado por la presidencia del grupo de trabajo sin más argumentación. La regla, tal como está ahora, se incorporará al informe del grupo de trabajo.
New York, 19jun00
Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, UE, 20jun00
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