IMPUNIDAD O JUSTICIA?
America Latina Frente al Reto de la Corte Penal Internacional

Eduardo Gonzalez Cueva, Coalicion por la Corte Penal Internacional

A una semana de iniciada la conferencia diplomática para el establecimiento
de una Corte Penal Internacional, todavía no es claro si el adjetivo que
mejor califique el evento será -a fin de cuentas- la palabra "histórica" o
la palabra "frustrante".

El esfuerzo de unas ochocientas ONGs de todo el mundo, convergente con las
propuestas de unos cuarenta estados, apunta a la formación de un organismo
de jurisdicción global y genuinamente independiente e imparcial. Una corte
que no dependiese de la anuencia de los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad, o del consentimiento de los estados que han ratificado su
adhesión a ella; una corte capaz de llevar a un juicio justo a sospechosos
de gravísimos crímenes sin importar a qué estado pertenezcan, sería un
avance impresionante hacia el fortalecimiento de la paz mundial y del
imperio de la ley.

Pero tal posibilidad es solamente eso: una alternativa, opuesta a la de
unos cuantos estados poderosos (EEUU, Rusia, Francia, China) y a la de una
variopinta colección de regímenes del Sur, aparentemente celosos defensores
del derecho de los Estados de victimizar a sus propias poblaciones (India,
Pakistán, Israel, Cuba, México, Indonesia, Nigeria).

La primera semana de la Conferencia ha estado dedicada a presentaciones
generales de los estados y a negociaciones preliminares. Entre los países
latinoamericanos que han hecho presentaciones, ha sido obvia la gran
diferencia entre las posiciones de Cuba y México, de un lado, y de
Argentina, Chile y Costa Rica del otro.

Cuba, México y otros países no se atreven a decir abiertamente que están en
contra de la Corte, porque es mucho menos costoso pugnar por una Corte
enteramente ineficaz. Así, por ejemplo, Cuba y Perú han propuesto decidir
los puntos espinosos del estatuto "por consenso", lo que suena muy bien en
el ambiente diplomático, pero -enfrentados a un estatuto de 116 artículos,
con más de 1700 frases entre corchetes- equivale a decir que la aprobación
de un texto final requerirá de varias conferencias más.

México y Colombia participan de una declaración de los países no alineados
en la que se sostiene que la Corte debe activarse sobre la base del
consentimiento de los estados interesados, para garantizar la soberanía
nacional. Delicada cortesía para asegurarle a los Pol Pot del futuro que
serán debidamente consultados por la Corte antes de cualquier acusación.

Así, curiosamente, los estados pobres del Sur terminan de la mano con los
ricos y poderosos: los primeros quieren una Corte incapaz de actuar, por
temor a que sea manipulada por los segundos, y éstos quieren una Corte que
sólamente actúe cuando les convenga. La más escalofriante división del
trabajo tiene lugar entonces: India se opone a incluir las desapariciones
forzadas como un crimen de lesa humanidad, y el Pentágono contacta a las
fuerzas armadas de Latinoamérica para informarles de los peligros de una
corte efectiva para la corporación militar. El equipo se completa con
México, que se opone a incluir los crímenes de guerra cometidos en
conflictos internos y Francia, que plantea que la "seguridad nacional" sea
una excusa válida para que un estado rehúse cooperar con la Corte.

Argentina, Chile y Costa Rica, por el otro lado, han planteado propuestas
de gran solidez técnica y muy innovadoras del derecho internacional.
Plantean una fiscalía con el poder de iniciar investigaciones de oficio,
cuando existan indicios razonables de la comisión de delito y basado en
información de cualquier fuente. Argentina propone asegurar la
responsabilidad del fiscal sometiendo sus investigaciones al control de un
organismo de la misma Corte: la sala de asuntos preliminares. Brasil se une
a este grupo de países exigiendo que la corte actúe en casos de conflictos
internos, e incluso cuando los crímenes de lesa humanidad se cometan en
ausencia de guerras (por ejemplo, la existencia de esclavitud). Estos
países proponen que el crimen de la desaparición forzada y los crímenes
sistemáticos contra las mujeres queden explícitamente incluídos.

Miembros de dos ONGs latinoamericanas tomaron la palabra ante la asamblea
en esta primera semana. El reverendo Ulmar Klich, del Movimiento Nacional
de Derechos Humanos del Brasil, lo hizo para denunciar las leyes de
amnistía en América Latina, que obstruyen el establecimiento de la verdad y
crean un sentimiento de impunidad. Ante los argumentos que sostienen que es
preciso sacrificar la justicia para lograr la reconciliación de los
pueblos, Klich retrucó "Para perdonar hay que conocer la naturaleza de la
ofensa; para reconciliarnos es preciso establecer responsabilidades
individuales."

El Dr. Leonel Suarez, del Instituto de Servicios Legales Alternativos de
Colombia paralizó a los delegados al empezar su alocución recordando que,
en los momentos en que hablaba, se cumplían dos meses del asesinato de su
amigo y colega Eduardo Umaña, un valiente defensor de los derechos humanos,
en Bogotá. La muerte de Umaña y de Monseñor Gerardi en Guatemala son
ejemplos, dijo, de la violencia cotidiana que recorre América Latina como
consecuencia de conflictos internos. Planteó incluir en el estatuto de la
Corte la formación de una unidad que proteja a las víctimas, testigos y
familiares en un proceso.

Las posiciones, pues, son de difícil aproximación. Hay poco espacio real
para el consenso, pero no se pueden perder las esperanzas que la presión de
la sociedad civil hará recapacitar a los gobiernos reticentes a aprobar una
Corte independiente y eficaz. Es de absoluta importancia que la opinión
pública se active inmediatamente para hacer saber a los gobiernos que el
mundo no tolera más que la razón de estado se imponga sobre la razón a
secas, y que la fuerza de la ley debe imponerse sobre la ley de la fuerza.

Este documento es publicado en la internet por Derechos Human Rights