Este documento ha sido publicado el 23nov03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
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05dic02
Anteproyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Exposición de Motivos.
En virtud de la autorización concedida por la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre (BOE de 5 de octubre de 2000), España ratificó por instrumento de 19 de octubre de 2000 (depositado el 25 de octubre) el Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de julio de 1998. Dicho Estatuto entró en vigor, conforme a lo dispuesto en su artículo 126, el 1 de julio de 2002.
La estructura de la presente Ley, comparable a la que se siguió en la Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, para la cooperación con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del Derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia y en la Ley Orgánica 4/1998, de 1 de julio, para la cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda, parte del presupuesto del carácter autoejecutivo de numerosos preceptos del Estatuto de Roma, en condiciones de positividad que permiten su aplicación directa por los Tribunales, en aquellos sistemas como el español, en los que los Tratados pueden ser aplicados directamente, cuando el contenido material de la norma internacional así lo permita.
En lógico desarrollo de ese planteamiento, la Ley sólo regula aquellos aspectos orgánicos, procesales y procedimentales que permitan la aplicación concreta del Estatuto, evitando reproducir preceptos de éste que serían redundantes.
En el ámbito de las fuentes, se contemplan lógicamente, además del propio Estatuto y de la presente Ley, las demás leyes españolas aplicables, en lo que no esté regulado expresamente por ella. Además, habrán de tenerse en cuenta los acuerdos que puedan celebrarse entre España y la Corte, así como, en aquello que sea pertinente, las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte, que habrán de ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La Ley regula con particular cuidado el llamado "mecanismo de activación",a través de la denuncia por España de una situación que podría ser de la competencia de la Corte, configurándose como una competencia exclusiva del Gobierno en razón a las diversas variables de política exterior que deben ser ponderadas por el órgano constitucionalmente responsable de la política exterior.
La Ley pone particular cuidado en la regulación de eventuales conflictos competenciales entre la Corte y los Tribunales españoles, estableciéndose el deber del Ejecutivo de sostener la competencia española, cuando esta ha sido ejercida o se está ejerciendo, pero se establece un matiz o gradación en los deberes del Ejecutivo, inspirado en reciente doctrina tanto de la Sala Segunda como de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en orden al deber de recurrir o la facultad de hacerlo ante órganos judiciales externos. Cuando la causa se halla en un estadio inicial, en el momento procesal en que el Fiscal de la Corte reclama la competencia, el Gobierno tiene el deber de recurrir ante la Sala de Cuestiones Preliminares, pero cuando ésta ya se ha pronunciado sosteniendo la competencia de la Corte, el Gobierno tiene la facultad de apreciar soberanamente, si se aquieta a esta decisión o interpone recurso ante la Sala de Apelaciones.
Un elemento significativo de esta Ley es la entrega a la Corte de una persona reclamada por la misma, que resulta imprescindible pues el Estatuto no permite dictar sentencias en rebeldía. Los preceptos del Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y Prueba son muy minuciosos y concordantes con el derecho interno español, por lo que esta Ley sólo introduce los adecuados complementos. El aspecto más significativo se refiere al principio general que establece el Estatuto acerca de la obligatoriedad de decretar la prisión provisional, siendo excepción la libertad provisional, aunque no se establece un automatismo riguroso eliminando por completo la facultad de apreciación por el Juez interno, sino solamente que examine y tenga en cuenta las recomendaciones de la Corte, tal y como establece el artículo 59.4 del Estatuto. En orden a la entrega a la Corte, la característica principal es la limitación de los motivos de denegación de la solicitud, apartándose de los modelos clásicos en materia de extradición, ya que ni siquiera la existencia de cosa juzgada puede impedir la entrega, sin perjuicio de la valoración que, en su caso, pueda efectuar la Corte.
Junto al núcleo básico de la cooperación, constituido por la entrega a la Corte, la ley regula también diversos aspectos del auxilio judicial internacional, aunque teniendo en cuenta la precisión del Estatuto en la regulación de una variada tipología de comisiones rogatorias y otras formas de cooperación, ha parecido suficiente prever en la norma interna española mínimos complementos procesales.
La ejecución de las sentencias de la Corte, tanto en cuanto a las penas principales, como en cuanto a las consecuencias accesorias y la reparación a las víctimas, es también objeto de regulación, y siguiendo la misma técnica legislativa, se introducen desarrollos normativos mínimos, siendo aplicables las normas generales y eventuales acuerdos con la Corte. En lo que concierne a las penas privativas de libertad, España ha formulado al ratificar el Estatuto una Declaración expresando la disposición a recibir en España personas condenadas por la Corte, para cumplimiento de la condena, bajo determinados límites temporales, de acuerdo con la habilitación concedida por la Disposición adicional única de la Ley Orgánica 6/2000 de 4 de octubre.
En el plano orgánico, se mantiene la competencia de la Audiencia Nacional para la cooperación pasiva concerniente a la entrega a la Corte, siendo competentes los restantes órganos judiciales, sea para la cooperación activa, sea para ciertos aspectos de la pasiva, como son las comisiones rogatorias, actos de notificación y otras formas de cooperación. En el orden político y administrativo, el Ministerio de Justicia es el órgano de relación con la Corte, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores en supuestos muy específicos.
La competencia para la entrega se residencia en el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, con un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, con motivos tasados, tal y como está previsto en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el procedimiento abreviado. A diferencia del modelo que inspira la Ley de Extradición Pasiva de 1985, la intervención del Poder Ejecutivo es reducida, judicializándose todo el sistema y eliminándose las llamadas fases gubernativas, y dentro de esta fase judicial ahora única, se reducen los motivos de oposición a la solicitud de entrega.
Artículo 1. Objeto y fuentes jurídicas.
El objeto de la presente Ley Orgánica es regular las relaciones de cooperación entre el Estado español y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de las funciones encomendadas a esta institución por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 y su normativa complementaria, mediante la atribución de competencia a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, en lo no previsto en el Estatuto hecho en Roma el 17 de julio de 1998 -en lo sucesivo, el Estatuto- y sus normas complementarias en la medida en que estas resulten pertinentes, en particular las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como los acuerdos específicosde cooperación que España pueda celebrar con la Corte.
Con carácter supletorio a la presente Ley se aplicarán las normas orgánicas y procesales de aplicación general.
Artículo 2. De la cooperación pasiva.
España prestará plena cooperación a la Corte Penal Internacional -en lo sucesivo, la Corte- de conformidad con lo prevenido en el Estatuto y en especial en su artículo 86.
Artículo 3. De la cooperación activa.
Los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal podrán dirigir, por conducto del Ministerio de Justicia, solicitudes de cooperación a la Corte que se consideren necesarias en el marco de un proceso que se siguiere en España y en los casos y condiciones que establece el artículo 93.10 del Estatuto.
Artículo 4. De las Autoridades competentes.
Son autoridades competentes para la aplicación de esta Ley:
a) El Gobierno.
b) El Ministerio de Justicia.
c) El Ministerio de Asuntos Exteriores, en los casos previstos en esta Ley y, en todo caso, cuando intervinieran factores de política exterior.
d) El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, cuando el acto de cooperación afecte a sus competencias.
e) Los órganos judiciales de la jurisdicción ordinaria y, en particular, la Audiencia Nacional.
f) Los órganos judiciales militares y, en particular, el Tribunal Militar Central.
g) El Ministerio Fiscal.
Artículo 5. De la representación y defensa procesal.
1. La representación y defensa en juicio de España ante los órganos de la Corte corresponderá a los Abogados del Estado integrados en la Abogacía General del Estado y de acuerdo con las instrucciones impartidas conjuntamente, en cada caso, por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En los supuestos en que el procedimiento afecte a materias propias de algún Departamento ministerial, se oirá a éste antes de impartir las citadas instrucciones.
2. El Gobierno, por motivos excepcionales y oído el Abogado General del Estado, podrá acordar que una persona especialmente designada al efecto actúe como Agente de España en un determinado procedimiento ante los órganos de la Corte. La persona designada por el Gobierno asumirá en el desempeño de sus servicios las funciones de Abogado del Estado y se ajustará a las disposiciones que regulan el ejercicio de dichas funciones.
Artículo 6. De los órganos de relación y consulta con la Corte.
1. El Ministerio de Justicia es el órgano de relación entre la Corte, por un lado, y los órganos judiciales y Ministerio Fiscal, por otro, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores.
2. El Ministerio de Justicia es también órgano de consulta con la Corte en los casos previstos en el Estatuto, debiendo informar previamente de cada consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores. En el supuesto de que la consulta afecte a materias propias del ámbito competencial de los Ministerios del Interior o Defensa, recabará el informe de estos Departamentos.
Cuando la consulta incluya, a juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, aspectos de política exterior, será éste el competente, en coordinación con el Ministerio de Justicia y, en su caso, con otros Ministerios concernidos.
Artículo 7. De la solicitud para iniciar una investigación por el Fiscal de la Corte.
1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejode Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el Fiscal de la Corte, de conformidad con lo prevenido en los artículos 13, apartado a) y 14 del Estatuto, y en su caso, para instar de la Sala de Cuestiones Preliminares que el Fiscal reconsidere su decisión de no iniciar actuaciones, conforme al artículo 53.3.a) del Estatuto.
2. Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un Departamento ministerial, en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos se abstendrán de todo procedimiento, limitándose a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, de conformidad con el artículo 15 del Estatuto. En iguales circunstancias, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal se abstendrán de proceder de oficio.
3. No obstante, si el Fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigación o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto, la denuncia, querella o solicitud podrá ser presentada nuevamente ante los órganos correspondientes.
Artículo 8. Del requerimiento de inhibición al Fiscal de la Corte.
1. Recibida en el Ministerio de Justicia notificación del Fiscal de la Corte de inicio de una investigación conforme al artículo 18.1 del Estatuto, de tratarse de hechos cuyo conocimiento podría corresponder a la jurisdicción española por haber acaecido en territorio español u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad española, dicho Departamento ministerial solicitará del Fiscal General del Estado información urgente sobre si se han seguido o se siguen actuaciones penales con relación a los hechos objeto de la investigación, así como sobre si tienen competencia los tribunales españoles.
2. Cuando de la información suministrada por el Fiscal General del Estado apareciera que se ha ejercido jurisdicción en España, se está ejerciendo o, como consecuencia de la notificación recibida, se ha iniciado una investigación por las autoridades españolas, los Ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores, en plazo que no podrá rebasar los veinte días desde la recepción de la notificación del Fiscal de la Corte, elevarán propuesta conjunta al Consejo de Ministros para que resuelva sobre sostener la competencia de los tribunales españoles y, en su caso, requerir de inhibición al Fiscal de la Corte conforme al artículo 18.2 del Estatuto.
3. La autorización del Consejo de Ministros para el requerimiento de inhibición habilitará, sin necesidad de nuevo Acuerdo, al Ministro de Justicia para interponer, en su caso, recurso de apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con lo prevenido en el artículo 18, párrafo 4 del Estatuto, y sin perjuicio de que se pueda impugnar posteriormente la admisibilidad del asunto conforme al párrafo 7 del artículo 18 del Estatuto.
4. En el plazo de un mes desde que se hubiere recibido la notificación del Fiscal de la Corte, se presentará, si procede, el requerimiento de inhibición a dicho Fiscal.
5. El Ministerio de Justicia responderá sin dilación a cualquier petición de información del Fiscal de la Corte referida al estado de los procedimientos penales que se siguieren en España y que hubieren sido objeto del requerimiento de inhibición, recabando dicha información del Fiscal General del Estado o directamente del órgano judicial que estuviere conociendo del asunto. La información se transmitirá con los límites de utilización que estableciere el órgano judicial que autorizare la información.
6. En el caso de que resultare que España no ha ejercido jurisdicción ni la está ejerciendo ni ha iniciado investigación, el Ministerio de Justicia lo comunicará así al Fiscal de la Corte de modo inmediato, en todo caso dentro del mes siguiente a la recepción de la notificación referida en el párrafo 1 de este artículo.
7. Las autoridades españolas respetarán la confidencialidad a que se refiere el
último inciso del artículo 18.1 del Estatuto.Artículo 9. De la impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa.
1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Asuntos Exteriores, acordar la impugnación de la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 b) del artículo 19 del Estatuto, cuando los Tribunales españoles hayan conocido del asunto y haya recaído sentencia, o se haya decretado el sobreseimiento libre de la causa o estén conociendodel asunto.
2. Tal impugnación se formalizará a la brevedad posible, antes del inicio del juicio en la Corte y excepcionalmente, en el momento de su iniciación o en un momento posterior, fundándose en este último caso en el solo motivo de haberse producido ya cosa juzgada en España.
3. El Acuerdo del Consejo de Ministros habilita al Ministro de Justicia para interponer en su caso recurso de apelación, salvo que el mismo Acuerdo lo excluya.
4. Se transmitirá información al Fiscal de la Corte y a su instancia, sobre las actuaciones seguidas en España, con los límites de utilización que estableciere la autoridad judicial española en la resolución en la que acordare la transmisión de la información.
Artículo 10. De la inhibición de la jurisdicción española a favor de la Corte.
Si, a pesar de la solicitud de inhibición al Fiscal de la Corte prevista en el artículo 8 de la presente Ley o de la impugnación de la competencia o la admisibilidad de la causa contemplada en el artículo 9, la Sala competente de la Corte autoriza al Fiscal a proceder a la investigación o mantiene su competencia, el órgano jurisdiccional español se inhibirá a favor de la Corte y a su solicitud le remitirá lo actuado.
Artículo 11. De la detención provisional y la libertad provisional.
1. Cuando fuere detenida una persona, en cumplimiento de una orden de la Corte de detención provisional o de detención y entrega, la autoridad que practicare la detención lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional debiendo ser puesta dicha persona a disposición del Juez Central de Instrucción sin demora y, en todo caso, dentro del plazo de 72 horas siguientes a la detención.
2. El Juez Central de Instrucción oirá a la persona reclamada, asistida de letrado y, en su caso, de intérprete y al Ministerio Fiscal, dentro de las 72 horas siguientes a su puesta a disposición judicial. Después de verificar la identidad del detenido, la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 58.3 y las circunstancias previstas en el artículo 59.2 del Estatuto, informará al detenido del contenido de la orden de detención y de su derecho a solicitar la libertad provisional.
3. El Juez Central de Instrucción informará inmediatamente del resultado de la comparecencia al Ministerio de Justicia, que a su vez informará sin dilación a la Corte.
4. Si el detenido solicitara en dicho acto su libertad provisional, el Juez Central de Instrucción acordará su prisión provisional por el tiempo estrictamente necesario para recibir las recomendaciones de la Corte sobre dicha solicitud y hasta que se resuelva sobre la misma. En la misma resolución, el Juez Central de Instrucción acordará remitir dicha solicitud a la Corte, a través del Ministerio de Justicia, con indicación del plazo para recibir sus recomendaciones, que no será inferior a 20 días.
5. Una vez recibida, a través del Ministerio de Justicia, la comunicación de la Corte con las recomendaciones que ésta formule sobre la solicitud de libertad, o concluido el plazo señalado para su formulación, el Juez Central de Instrucción, teniendo plenamente en cuenta dichas recomendaciones, podrá acordar la libertad provisional del detenido cuando existan circunstancias urgentes y excepcionales que lo justifiquen, previa adopción de las salvaguardias necesarias para cumplir la obligación de entregar la persona a la Corte y, en especial, las medidas recomendadas al efecto por ésta.
6. Si, en el plazo de 60 días contados desde la detención, la Corte no hubiere remitido la documentación para la entrega prevista en el artículo 91.2 y 3 del Estatuto, el Juez Central de Instrucción podrá acordar la libertad provisional y las medidas cautelares adecuadas, que se mantendrán por un tiempo máximo de 180 días, sin perjuicio de volver a decretar la prisión una vez recibida la documentación de la Corte.
7. Cuando se acordare la libertad provisional, se informará a la Sala de Cuestiones Preliminares y posteriormente cuantas veces ésta lo solicite.
8. En aquellos casos en que la persona reclamada por la Corte no pudiera ser entregada por encontrarse cumpliendo condena impuesta por los Tribunales españoles o por los de un tercer Estado desde el cual hubiere sido trasladada a España para su cumplimiento, la autoridad penitenciaria competente informará con antelación suficiente sobre la fecha de excarcelación, informando al Juez Central de Instrucción y al Ministerio de Justicia, que procederá conforme a lo previsto en el artículo 14.5 de esta Ley.
Artículo 12. De la entrega simplificada.
1. En la comparecencia regulada en el artículo 11 de la presente Ley, se interrogará a la persona reclamada acerca de si consiente en su entrega y, si diere el consentimiento, el Juez Central de Instrucción dictará auto acordando la entrega ala Corte sin más trámites y sin que sea necesario que la Corte remita la documentación prevista en el artículo 91 del Estatuto.
Se procederá de la misma manera si también consiente en la entrega respecto a otros hechos no comprendidos en la solicitud de la Corte y que pudieren aparecer en el curso del proceso ante ésta, y, si no accediere, la entrega se efectuará sólo por los hechos contenidos en la solicitud, sin perjuicio de lo que proceda, después de la entrega, en aplicación del apartado 2 del artículo 101 del Estatuto. Fuera de este caso, no se admitirá un consentimiento parcial.
2. El Juez Central de Instrucción remitirá sin dilación copia del auto al Ministerio de Justicia, que informará de inmediato a la Corte y solicitará indicaciones de ésta, en orden a la realización del traslado. Una vez recibidas dichas instrucciones, las transmitirá al Juzgado Central de Instrucción y al Ministerio del Interior a los fines de la entrega.
3. La persona reclamada, aunque se hubiere opuesto a la entrega en la citada comparecencia, podrá dar su consentimiento dentro de los 15 días siguientes, procediéndose en tal caso conforme a lo prevenido en los apartados precedentes.
4. En la misma comparecencia se informará al detenido de que el consentimiento, una vez dado, es irrevocable.
Artículo 13. De la orden de comparecencia de un imputado ante la Corte.
Cuando, en lugar de una solicitud de detención, la Corte hubiere dictado una orden de comparecencia conforme al artículo 58.7 del Estatuto, el Ministerio de Justicia remitirá la solicitud de la Corte al Juez de Instrucción del domicilio o residencia de la persona buscada, el cual citará a ésta personalmente, informándole de la fecha y demás circunstancias relativas a dicha comparecencia, y adoptará las medidas de aseguramiento de la comparecencia previstas en la legislación procesal española que considere más adecuadas, con exclusión de las privativas de libertad, remitiendo las diligencias practicadas al Ministerio de Justicia, que las transmitirá a la Corte.
Artículo 14. De la solicitud de detención y entrega a la Corte.
1. Cuando existiere solicitud de detención y entrega y una vez recibida en el Juzgado Central de Instrucción la documentación prevista en el artículo 91.2 ó 3 del Estatuto, según los casos, se pondrá de manifiesto en Secretaría y se convocará a una audiencia que tendrá lugar en el plazo de 10 días, con citación de la persona reclamada y su defensor y, en su caso, de un intérprete, así como del Ministerio Fiscal. A dicha audiencia podrá asistir e intervenir un delegado del Fiscal de la Corte.
No se admitirán otras alegaciones o pruebas que las relativas a la concurrencia o no de los requisitos establecidos en los párrafos 2 ó 3 del artículo 91 del Estatuto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Cuando se alegare la excepción de cosa juzgada, el Juzgado Central de Instrucción lo comunicará al Ministerio de Justicia, aplazando la resolución sobre la entrega, mientras el Ministerio de Justicia efectúa las consultas con la Corte previstas en el artículo 89.2 del Estatuto. Si de tales consultas resultare que la causa ha sido declarada admisible por la Corte, el Juzgado Central de Instrucción alzará la suspensión. Dicho Juzgado podrá también acordar la suspensión de la vista, cuando hubiere de practicar alguna información complementaria.
3. Concluida la vista, el Juzgado Central de Instrucción resolverá sobre la petición de entrega, por medio de auto, en el plazo de tres días.
4. Si en el citado auto se denegare la entrega, podrá mantenerse la situación de prisión provisional hasta la firmeza de dicha resolución.
5. Si la resolución fuere estimatoria, una vez firme, se notificará de inmediato al Ministerio de Justicia y por éste se dará traslado seguidamente a la Corte, solicitando indicaciones para la realización del traslado, que una vez recibidas se comunicarán al Juzgado Central de Instrucción y al Ministerio del Interior.
6. Si la resolución fuere denegatoria de la entrega, una vez firme, se pondrá inmediatamente en libertad a la persona detenida y se comunicará al Ministerio deJusticia, que a su vez lo hará a la Corte.
Artículo 15. De las solicitudes concurrentes.
1. Cuando concurriere con la solicitud de entrega de la Corte una solicitud de extradición de un Estado, sea o no parte en el Estatuto, o una orden europea de detención y entrega, se efectuarán las notificaciones a la Corte y al Estado requirente previstas en el apartado 1 del artículo 90 del Estatuto y se tramitarán conjuntamente ambos procedimientos en el Juzgado Central de Instrucción que estuviere conociendode la solicitud de entrega, y aplicándose al procedimiento de extradición o de ejecución de una orden europea de detención y entrega las disposiciones que rijan respectivamente.
2. El Juez Central de Instrucción se abstendrá de decidir sobre la entrega, elevando ambos procesos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, quien resolverá de acuerdo con lo prevenido en el artículo 90 del Estatuto y, en su caso, de acuerdo con el Tratado que existiere con el Estado requirente. Cuando no existiereTratado, se dará preferencia a la solicitud de la Corte.
3. El Ministerio de Justicia informará a la Corte cuando, habiendo sido declarada inadmisible la causa por ésta, asimismo se hubiere denegado la extradición al Estado requirente.
Artículo 16. De los recursos.
1. Contra las resoluciones del Juez Central de Instrucción relativas a la situación personal del reclamado cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciará conforme a lo prevenido en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. Contra el auto del Juez Central de Instrucción en el que se resuelve sobre la entrega cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, que se tramitará conforme a lo prevenido en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien en el escrito de formalización del recurso no se podrán formular otras alegaciones que las relativas a quebrantamiento de las normas y garantías procesales en el expediente y las relativas a la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 89.2 y 99.2 ó 3, según los casos, del Estatuto.
3. La Sala de lo Penal dictará auto en el plazo de cinco días y contra éste no cabrá recurso alguno.
Artículo 17. De la entrega temporal a la Corte.
1. Cuando se hubiere acordado la entrega a la Corte y la persona que deba ser entregada estuviere cumpliendo condena en España o sujeta a proceso por hechos distintos de los que han servido de base para la entrega , el Ministerio de Justicia, de conformidad con el artículo 89.4 del Estatuto, si no se opusiere el Tribunal sentenciador o el instructor, celebrará consultas con la Corte, a efectos de decidir sobre la entrega temporal a la Corte mediante resolución motivada, con las modalidades de la restitución a España que se determinen y computándose en todo caso el período pasado a disposición de la Corte.
2. Por el Ministerio de Justicia se transmitirán las informaciones precisas a los órganos judiciales competentes, según los casos, y al Ministerio del Interior, para efectuar el desplazamiento y en su momento el retorno.
Artículo 18. De las actuaciones posteriores a la entrega
1. Si, después de la entrega, la Corte pidiere autorización a España para proceder por una conducta anterior a la entrega, se trasladará la petición al Juzgado Central de Instrucción, o a la Sala de lo Penal en el caso previsto en el artículo 15 de esta Ley, que resolverán de acuerdo con el criterio establecido en el apartado 2 del artículo 101 del Estatuto. Si a la solicitud de la Corte no se acompañare un acta en la que se contengan las observaciones de la persona entregada, el Ministerio de Justicia pedirá a la Corte que le sea transmitida y una vez recibida se remitirá al órgano judicial competente.
2. Cuando la persona entregada fuere puesta en libertad por la Corte por razones distintas del cumplimiento de la sentencia y la Corte se propusiera trasladarla a otro Estado, se remitirá esta información al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional y, en su caso, por el Ministerio de Justicia se dará el consentimiento de España para tal traslado o se solicitará su devolución a España si la razón de la puesta en libertad se debiere a que la causa fue declarada inadmisible por la Corte por el motivo previsto en el artículo 17.1.a) del Estatuto.
Artículo 19. De otras formas de cooperación con la Corte.
1. Los órganos judiciales y otras autoridades competentes darán prioridad a las solicitudes de cooperación formuladas por la Corte previstas en el artículo 93 del Estatuto que tuvieren por objeto la notificación y entrega de documentos, el cumplimiento de comisiones rogatorias para actos de instrucción y para la adopción de medidas cautelares, así como para cualquier tipo de asistencia que no estuviere prohibida en la legislación española y cuyo fin fuere también facilitar el proceso ante la Corte.
El Ministerio de Justicia acusará recibo e informará a la Corte acerca del órgano interno al que se haya transmitido la solicitud.
2. Cuando la solicitud de la Corte pudiere afectar a la defensa o a la seguridad nacionales o se refiriese a documentos o informaciones que hubieren sido transmitidos a España con carácter confidencial por un Estado, una organización internacional o una organización intergubernamental, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con los Ministerios de Justicia y del Interior u otros Ministerios competentes, efectuará consultas con el Estado u organización de que proceda la información o documentación, informándose a la Corte del resultado de tales consultas.
3. Cualquier otra dificultad en el cumplimiento de la solicitud será objeto de consultas por el Ministerio de Justicia con la Corte.
4. El objeto de las consultas será examinar con la Corte si su solicitud puede ser modificada o retirada o exponerle la razón fundada por la que no puede ser cumplimentada, así como para asegurar la protección de informaciones de carácter confidencial o restringido.
5. En el caso de concurrencia de solicitudes de asistencia de la Corte y de un Estado, si aparecieren dificultades para atender a ambas, el Ministerio de Justicia celebrará consultas con la Corte y dicho Estado, con el fin de postergar o condicionar una de ellas, informando en su caso a la Corte, conforme al artículo 93.9.b) del Estatuto, de que las informaciones, bienes o personas objeto de la solicitud están bajo el control de un tercer Estado u organización internacional.
Artículo 20. De las personas sujetas a la jurisdicción de la Corte.
1. Las personas citadas como peritos o testigos para comparecer ante losTribunales españoles en cumplimiento de una comisión rogatoria expedida por la Corte, tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades que si hubieren sido citadas en una causa que se siguiere en España.
Si la comparecencia fuere en la sede de la Corte, tendrá carácter voluntario, solicitándose de ésta por el Ministerio de Justicia información acerca de las inmunidades y plazo de vigencia para la persona citada, que será transmitida a dicha persona, anticipándose los gastos por el Ministerio de Justicia. Si la Corte hubiere remitido alguna instrucción sobre la regla relativa a la autoinculpación, se entregará dicho documento al testigo y él órgano judicial se cerciorará de que ha sido debidamente entendido.
No será necesario el consentimiento cuando se tratare de un condenado por la Corte que se encontrare cumpliendo condena en España, en cuyo caso se efectuará el traslado temporal, en las condiciones que se acuerden con la Corte.
2. Cuando la solicitud de comparecencia en la sede de la Corte se refiriese auna persona detenida en España, el Ministerio de Justicia se dirigirá al órgano judicial que estuviere conociendo del asunto, para que interrogue a dicha persona acerca de si consiente el traslado y si lo consintiere y la autoridad judicial española no se opusiere, el Ministerio de Justicia autorizará el traslado, comunicándolo al citado órgano judicial y al Ministerio del Interior, en coordinación con la Corte.
3. Las personas en tránsito en España para comparecer ante la Corte gozarán de inmunidad.
4. El Ministerio de Justicia, en coordinación, en su caso, con otros Ministerios competentes, solicitará de la Corte la protección de los agentes o funcionarios españoles que hubieren de comparecer ante aquélla en calidad de perito o testigo.
5. El Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio del Interior y, en su caso, con otras Administraciones competentes, podrá convenir con el Secretario de la Corte la acogida temporal de víctimas traumatizadas o de testigos que pudieran correr peligro por su testimonio.
Artículo 21. De la ejecución de las penas en España.
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 103 del Estatuto y con el acuerdo que eventualmente se celebrare entre España y la Corte y con la Disposición adicional única de la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Justicia, previas las consultas oportunas, comunicará a la Corte las condiciones en las que España estuviese dispuesta a aceptar el traslado de un condenado a pena privativa de libertad o las razones que impidiesen la aceptación de dicho traslado.
Por el Ministerio de Justicia se transmitirán las oportunas informaciones al Ministerio del Interior para la realización del traslado, debiendo comunicarse por las autoridades penitenciarias al Juez de Vigilancia Penitenciaria competente la llegada del recluso, en un plazo de 24 horas.
2. En el caso de que, encontrándose cumpliendo condena en España una persona condenada por la Corte, ésta se propusiere designar a otro Estado para la continuación de la ejecución, el Ministerio de Justicia formulará las observaciones pertinentes.
3. Los jueces de vigilancia penitenciaria y el Ministerio del Interior prestarán el máximo apoyo a Magistrados y funcionarios de la Corte que se personaren en España para supervisar la ejecución de las penas, respetando escrupulosamente su independencia.
4. Para que se pueda proceder en España contra un condenado que estuviere cumpliendo una condena impuesta por la Corte en un establecimiento penitenciario español, por hechos anteriores a su entrega a España, el juez instructor o el Tribunal competente dirigirá la comunicación y la documentación pertinente al Ministerio de Justicia que las trasladará a la Corte, absteniéndose de proceder hasta la decisión de ésta. Igualmente se actuará para la extradición a un Estado.
5. Cuando se celebrare una vista en la Sala de Apelaciones acerca de una posible reducción de la pena de quien estuviere cumpliendo condena en España, el Ministerio de Justicia decidirá si comparece el Abogado del Estado, si se remiten observaciones, así como si está en disposición de que la vista tenga lugar en España por medio de videoconferencia.
6. En caso de evasión del condenado, el Ministerio de Justicia informará con urgencia al Secretario de la Corte de tal circunstancia y consultará con ella acerca de si España solicita su extradición al Estado en que se encuentre o si la Corte insta su entrega a dicho Estado.
7. Cuando la petición de ejecución de la Corte se refiriese a una multa u orden de decomiso, el Ministerio de Justicia transmitirá la documentación pertinente al Fiscal General del Estado para que inste la ejecución ante el órgano judicial competente y en su caso se pongan a disposición del Ministerio de Justicia los bienes o sumas obtenidas, para su trasferencia a la Corte.
Artículo 22. De las medidas de reparación.
1. El Ministerio de Justicia, en el plazo indicado por la Corte o, en su caso, en el más breve plazo posible, remitirá observaciones sobre las cuestiones planteadas por la Corte de acuerdo con el artículo 75 del Estatuto, incluidas las relativas a las observaciones formuladas por los peritos, pudiendo recabar, a tal efecto, informaciones de organismos competentes.
2. Cuando las observaciones se refiriesen a la atribución del importe de la reparación a una organización intergubemamental o internacional, el Ministerio deJusticia consultará con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
3. Cuando para cumplimentar la comunicación de la Corte hubieran de adoptarse medidas de ejecución, se procederá, en lo que sea pertinente, conforme al procedimiento previsto en el apartado 7 del artículo 21 de esta Ley.
Artículo 23. De la intervención de España en calidad de "amicus curiae".
Si España recibiere una invitación de la Corte para participar en un proceso en calidad de " amicus curiae", el Ministerio de Justicia consultara con el Ministeriode Asuntos Exteriores acerca de la conveniencia u oportunidad de hacerlo,determinándose en su caso si la intervención puede consistir en la asistencia a la vista o en la presentación de observaciones.
Artículo 24. De la celebración del juicio y otras actuaciones procesales en España.
Si la Corte propusiere la celebración del juicio u otras actuaciones procesales en España, el Ministerio de Justicia, previa consulta con los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior y otros organismos competentes, comunicará a la Corte la decisión al respecto. En su caso, los aspectos no jurisdiccionales de dichas actuaciones estarán sometidos al acuerdo específico que se celebre con la Corte.
Disposiciones adicionales.
Disposición adicional primera. Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte.
Las Reglas de Procedimiento y Prueba así como sus enmiendas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
Disposición adicional segunda. Del modo de proceder por los delitos contra la administración de justicia por la Corte.
1. El Ministerio de Justicia remitirá a la Corte, a petición de ésta, el informe que se le solicitare con carácter previo a la decisión de la Corte para ejercer o no su jurisdicción.
2. Sólo se podrá proceder en España en relación a estos delitos a solicitud de la Corte.
3. Si la Corte se inhibiere en favor de la jurisdicción española, el Ministerio de Justicia remitirá la solicitud al Fiscal de la Audiencia Nacional, si el delito hubiera sido cometido por un español en el extranjero, o al Fiscal General del Estado cuando el delito se hubiera cometido en España.
4. El Ministerio de Justicia informará a la Corte sobre el resultado del proceso.
Disposición adicional tercera. Referencias a los órganos jurisdiccionales militares.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.f) de esta Ley, las referencias que ésta hace al Juzgado Central de Instrucción y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deben entenderse hechas, cuando la cooperación sea de la competencia de la jurisdicción militar, al Juzgado Togado Militar Central Decano y al Tribunal Militar Central, respectivamente.
En los mismos casos, las referencias que la Ley hace al Ministerio Fiscal y al Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria deben entenderse hechas al Fiscal Jurídico Militar y al JuezTogado Militar de Vigilancia Penitenciaria.Disposiciones finales.
Disposición final primera. Carácter de la presente Ley.
Los preceptos contenidos en los artículos 7, 8, 9 ,10,11,14 y 20.3 y la disposición adicional segunda, tienen carácter orgánico. Los restantes preceptos tienen carácter ordinario y han sido dictados en ejercicio de lo dispuesto en el artículo149.1. 3a, 5a y 6a de la Constitución.
Disposición final segunda. Entrada en vigor de esta Ley.
Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficialdel Estado.
Este
documento ha sido publicado el 23nov03 por el Equipo
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