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09oct12
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena proteger ambientalistas en Honduras
El pasado 5 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó su decisión de otorgar medidas cautelares (medidas de protección) a favor de los defensores de derechos humanos César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes. La petición había sido solicitada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Desde hace varios años, César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, realizan su labor en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en el Departamento de Atlántida, en la zona del Caribe norte de Honduras.
Por su labor de defensa, ambos han sido víctimas de presiones, hostigamientos y amenazas cuya frecuencia y gravedad ha aumentado en los últimos meses. Entre otros actos, han sufrido amenazas escritas y telefónicas. Asimismo, en agosto de este año, sujetos desconocidos ingresaron ilegalmente a la vivienda de Alvarenga Amador con el objeto de intimidarlo.
A pesar de la denuncia de estos hechos ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, hasta la fecha las autoridades no han tomado las medidas necesarias para proteger a las víctimas, ni para investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
Estos hechos no son aislados. Las amenazas y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos en Honduras, y en específico contra ambientalistas, cada vez son más frecuentes. En tal sentido, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la señora Margaret Sekaggya, en una visita que realizó en el mes de febrero de este año a Honduras expresó su preocupación porque los defensores/as de derechos humanos continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización. Ante ello recomendó al Estado la creación de un mecanismo para la protección de defensores y defensoras.
En virtud de la decisión tomada por la CIDH, el Estado de Honduras deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los defensores César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes, e informar periódicamente sobre las acciones adoptadas para la plena investigación de los hechos denunciados.
El ERIC y CEJIL exhortan a Honduras a que cumpla con lo dispuesto por la Comisión Interamericana y hacen un llamado para que se atienda la situación de riesgo y violencia que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en dicho país, implementando medidas para protegerles adecuadamente y para permitirles ejercer su labor en la defensa de los derechos humanos.
[Fuente: Cejil, Washington y San José, 09oct12]
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