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Honduras
La Defensa de los Derechos Humano: una Actividad de Alto Riesgo

Visita in situ del Comité Exploratorio de Proyecto de PBI, del 23 de septiembre al 7 de octubre 2012.

INDICE

Resumen ejecutivo

1 Introducción

2 Análisis del contexto

3 La defensa de los Derechos Humanos: una actividad de alto riesgo

4 Los mecanismos de protección para las defensoras y los defensores de Derechos Humanos

5 Conclusiones y recomendaciones

Glosario

Anexos

RESUMEN EJECUTIVO

Desde el golpe de estado que tuvo lugar en Honduras el 28 de junio del 2009, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) ha visto con gran preocupación el grave deterioro de los espacios de defensa de los derechos humanos que enfrentan las organizaciones, comunidades y personas defensoras en este país. En respuesta a una solicitud de acompañamiento internacional de las organizaciones que conformaban la llamada Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, PBI realizó una primera visita de verificación de la situación de los derechos humanos en mayo del 2011. Posteriormente, y después de un arduo trabajo de análisis interno, PBI decidió evaluar la factibilidad de abrir un proyecto de acompañamiento internacional en este país y, en los meses de septiembre y octubre del 2012, se llevo a cabo una segunda visita con este objetivo. Este informe es el resultado del trabajo de investigación realizado en esta fase de exploración.

Durante la estancia en el país, se mantuvieron reuniones con 30 organizaciones de derechos humanos (de periodistas, juristas, comunidad de la diversidad sexual, campesinas, indígenas, de mujeres y sindicales), así como con 10 organizaciones internacionales, 14 autoridades nacionales y 15 representantes del cuerpo diplomático. Se compartieron con diferentes embajadas en Honduras, Guatemala y Costa Rica algunas de las preocupaciones existentes que ponen la situación de la defensa de los derechos humanos en riesgo. La impunidad, la tendencia a criminalizar el activismo de derechos humanos, y el uso de la violencia por parte de la Fuerza Pública continúan constituyendo las principales fuentes de riesgo para las personas defensoras, sus familias y sus comunidades.

Con esta visita, y coincidiendo con lo expresado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos |1|, PBI constató que en Honduras existe un escenario de "inseguridad crónica" para las personas defensoras que, como se manifiesta en los casos documentados, afecta especialmente a operadores de justicia, periodistas, personas de la diversidad sexual y a quienes reivindican el acceso a la tierra y al territorio. En este contexto es imprescindible resaltar la situación en la que se encuentran las defensoras que, en un entorno con índices alarmantes de violencia hacia las mujeres, deviene de especial vulnerabilidad.

La inseguridad se materializa en diversas tipologías de ataques contra personas defensoras, dirigidas a obstaculizar la labor que realizan y que además ponen en riesgo su integridad física y emocional, así como también la de sus familiares. El asesinato, la expresión más abominable de los ataques contra la integridad física, se ha convertido en una de las agresiones más comunes en Honduras. Éste puede estar precedido de secuestro, amenazas y tortura. La estigmatización, difamación y el uso de la criminalización son otras de las tipologías de agresión más reportadas. Asimismo, PBI ha recibido con seria preocupación información sobre un uso excesivo de la fuerza por parte de Policía y Ejército, en detrimento del derecho a la manifestación pacífica, lo que también se denuncia durante la ejecución de desalojos forzosos.

Esta situación de vulnerabilidad se ve agravada por una inapropiada implementación de los mecanismos de protección nacionales e internacionales. En este sentido, y a pesar de reconocerse ciertos avances, quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos continúan denunciando la ausencia de una voluntad política que garantice la protección, promoción y respeto de éstos. Esto se evidencia en las graves y constantes agresiones reportadas, así como en la falta de cumplimiento por parte del Estado hondureño de algunas de las recomendaciones expresadas por los diferentes organismos internacionales de derechos humanos.

En la mayoría de las reuniones que PBI mantuvo con representantes del movimiento social hondureño se evidenció la necesidad de desarrollar medidas de protección integrales que incluyeran, entre otras opciones, la presencia de acompañantes internacionales y el traslado de la persona amenazada y su familia a otra región del país o fuera de éste. Al igual que en mayo del 2011, se formularon varias solicitudes para recibir talleres formativos en materia de derechos humanos y mecanismos internacionales de protección para defensores y defensoras. Varias de las organizaciones valoraron como muy necesario el establecimiento permanente de organismos internacionales como PBI, dedicados a la sistematización y monitoreo de las violaciones de los derechos humanos.

Con el objetivo de contribuir a una mejora de las condiciones en las que personas, grupos y comunidades ejercen su defensa de los derechos humanos en Honduras, PBI ha considerado pertinente sistematizar algunas de las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales y, de este modo, recordar la importancia de su debido cumplimiento. Asimismo, en base a la información recogida y a la experiencia adquirida en los últimos 30 años de trabajo en otros países de la región, es oportuno reiterar a la comunidad internacional la imprescindibilidad de fortalecer los mecanismos internacionales de protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

INTRODUCCIÓN

1.1 PRESENTACIÓN

Desde 1981, PBI ha estado apoyando a cientos de comunidades y miles de personas en 11 países de Latinoamérica y Asia. A través del acompañamiento internacional, PBI brinda protección a personas, organizaciones y comunidades que desarrollan acciones de promoción y defensa de los derechos humanos, siempre previa petición de éstas y en respuesta a sus necesidades. El acompañamiento protector, la principal metodología de trabajo, combina experiencia y conocimientos en el terreno con incidencia a nivel internacional. El objetivo es asegurar un espacio de trabajo, libre y seguro, para las iniciativas en pro de la justicia social y la paz en países en situación de conflicto o post-conflicto. PBI mantiene en la actualidad equipos de voluntariado en Colombia (1994), Guatemala (1981-1999 y 2003), México (1999) y Nepal (2006), así como trabajo exploratorio abierto en Kenia, Indonesia y Honduras y 16 grupos nacionales activos en Europa, Norteamérica y Australia.

1.2 ANTECEDENTES

Desde el golpe de estado que tuvo lugar en Honduras el 28 de junio del 2009, PBI ha visto con extrema preocupación el grave deterioro de los espacios de defensa de los derechos humanos que enfrentan las organizaciones, comunidades y personas defensoras en este país. En mayo del 2010, se recibió una petición de acompañamiento por parte de la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, conformada por seis de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos |2|. En mayo del 2011 PBI realizó una primera misión de verificación de la situación de los derechos humanos en el país, en el marco de la cual se llevaron a cabo reuniones con 32 organizaciones sociales, 11 representantes del cuerpo diplomático e instituciones internacionales, y con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Resultado de esta visita fue la publicación de un informe sobre la situación de las personas defensoras, en el que se hicieron algunas recomendaciones basadas en la experiencia de PBI |3|

Visitas in situ de PBI en Honduras
Fuente PBI, Elaboración propia


A finales del 2011 se conformó un Comité Exploratorio de Proyecto para Honduras (HPEC por sus siglas en inglés), compuesto por personas con experiencia en acompañamiento en otros proyectos de PBI, con el objetivo de evaluar si la metodología de trabajo de la organización se adecuaba a las necesidades de protección de los defensores y defensoras hondureños. En el marco de esta fase exploratoria se realizó una segunda visita al país entre el 23 de septiembre y el 7 de octubre del 2012, durante la cual se viajó a Tegucigalpa y a la región norte del país y se realizaron reuniones con más de 60 instancias nacionales e internacionales: 30 organizaciones de derechos humanos (periodistas, juristas, campesinas, indígenas, de mujeres y sindicales) |4|, 14 representantes de autoridades nacionales |5|, 15 del cuerpo diplomático |6| y del sistema de Naciones Unidas (ONU), y 10 de organizaciones internacionales.

1.3 OBJETIVOS

El presente informe está basado en la información recabada durante esta estancia en Honduras y tiene como objetivo visibilizar la labor de las personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos en Honduras y que enfrentan múltiples obstáculos y una situación de extrema indefensión debido a esto. Asimismo, quisiéramos contribuir, a través de una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, a garantizar el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos en el país.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

2.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES

Honduras ocupa un área de 112.492 km2 y concentra una población de 8.215.313 de habitantes (datos del 2011). |7| Se calcula que los pueblos indígenas representan entre el 7 y el 13% del total de la población, repartidos en los nueve pueblos culturalmente diferenciados como Pech, Nahuas, Lencas, Tolupanes, Garífunas, Misquitos, Tawahkas y Chortí. |8| Este país forma parte del "grupo norte" de países centroamericanos junto con Guatemala y El Salvador, con los que comparte fronteras y también algunos elementos comunes en sus características geográficas, históricas, sociales y económicas.

NIVELES DE EMPOBRECIMIENTO

Honduras está considerado el país menos desarrollado y más pobre de América Latina, después de Haití, Guatemala y Nicaragua. Ocupa el puesto 121 (entre 187 países) en la última medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta situación de empobrecimiento afecta al 79% de la población rural, que en el 2010 representaba casi el 50% de la población |9| y, en particular, a las comunidades indígenas. Estos niveles de pobreza contrastan sobremanera con la rica biodiversidad que presenta su territorio.

DESIGUALDAD SOCIAL

Honduras es uno de los tres países con más inequidad económica de Latinoamérica, precedido únicamente por Haití y Colombia |10|. Uno de los factores determinantes de ésta es la alta concentración de los recursos naturales en pocas manos, hecho que contribuye en gran medida al empobrecimiento de un alto porcentaje de la población. Estos desequilibrios también se reflejan en la distribución de la carga tributaria -más del 61% de los ingresos públicos proviene de impuestos indirectos |11|- así como en el acceso a la educación, el empleo y la justicia.

Ubicación de los pueblos indígenas en Honduras
Fuente Oxfam en base a datos del INE 2001, Elaboración propia


VIOLENCIA E IMPUNIDAD

En los últimos años se ha registrado un incremento vertiginoso de los niveles de violencia, hasta tal punto que Honduras ha sido considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo por la ONU en el 2012. Se ha pasado de una tasa de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2005 |12| a una tasa de 86 en el 2011 |13|. Según la información presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre del 2010, el 98% de estos delitos permanece en la impunidad |14|. Impunidad que afecta en mayor medida a los sectores más vulnerables de la sociedad como son las comunidades campesinas e indígenas, las mujeres y las personas de la diversidad sexual.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Como en otros países de la región centroamericana, la violencia contra las mujeres presenta en Honduras unos índices alarmantes. Los datos proporcionados por la Fiscalía Especial de la Mujer indican que durante el 2011 fueron 464 las mujeres que perdieron la vida violentamente. En lo que va de 2012, el Movimiento de Mujeres Visitación Padilla y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) cuentan 278 asesinatos. En la última década el feminicidio ha aumentado un 257% en el país |15|. Aunque este dato podría explicarse por el incremento generalizado de la violencia en el país, los datos muestran que el número de mujeres asesinadas ha crecido en los últimos años muy por encima que el de hombres (un 160% frente a un 50%) |16|. Cabe decir que la mayor parte de estos crímenes siguen en la impunidad.

2.2 SITUACIÓN POLÍTICA: ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL GOLPE DE ESTADO

ANTES DEL GOLPE DE ESTADO

La desigualdad, la exclusión y la marginación en Honduras son problemáticas históricas y estructurales que resultan, según los historiadores, de la profunda fragilidad institucional que ha presentado el estado hondureño. Una breve revisión de la historia permite identificar ocho derrocamientos por la fuerza de las armas durante el siglo XIX, y un escenario similar en el siglo XX que, no sólo se caracterizó por los continuos derrocamientos militares, sino también por las violaciones de derechos humanos reportadas durante la transición democrática de finales de siglo. Precedidos y depuestos por golpes de estado, destacaron gobiernos como el de Ramón Villeda Morales, durante el que se emitieron leyes como el Código de Trabajo, la Ley de Reforma Agraria, la Ley del Seguro Social y la Ley de Fomento Industrial, que supusieron avances en materia social ante la fuerte oposición de las élites económicas |17|.

En la segunda mitad del siglo XX, Honduras sufrió profundamente los efectos colaterales de los conflictos políticos y militares ocurridos en países vecinos de la región centroamericana. Durante la década de los 80 recibió de manera masiva un gran número de personas refugiadas salvadoreñas, nicaragüenses, y en menor número, guatemaltecas. Esta época se caracterizó por la presencia de tropas militares de los Estados Unidos que convirtieron en bases de entrenamiento de la contrainsurgencia varias regiones del país. Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, casi 200 personas desaparecidas y desplazamientos de la población hondureña de estas regiones fueron reportadas durante este período. Con posterioridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al estado de Honduras por algunas de las violaciones cometidas durante esa época, concretamente en varios casos relativos a desapariciones forzadas. |18|

En los años 90, en el marco de gobiernos como el del liberal Carlos Roberto Reina se reportaron ciertos avances, reflejo de una tendencia a la desmilitarización de la administración pública y la reafirmación en la esfera civil de varias instituciones y empresas manejadas por los militares, como la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. |19| En 1992 se creó la figura del CONADEH, organismo autónomo elegido por el Congreso Nacional y encargado de monitorear el respeto a los derechos humanos por parte del Estado. También en este periodo la Policía Nacional se desvinculó institucionalmente de las Fuerzas Armadas y pasó a ser un ente civil dependiente de la Secretaría de Seguridad. A pesar de estos avances varios analistas coinciden en señalar que la amplitud de las reformas no estuvo acompañada ni de una capacidad institucional de ejecución que asegurara el efectivo cumplimiento de éstas ni de una voluntad del Estado para priorizar el fortalecimiento de las mismas.

EL GOLPE DE ESTADO: GOBIERNO DE FACTO

El 28 de junio del 2009 tuvo lugar un golpe de estado en Honduras, que conllevó la destitución del presidente constitucional Manuel Zelaya y el nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario interino. Este último fungía al tiempo como presidente del Congreso Nacional.

    Violaciones de Derechos Humanos

Durante el gobierno de facto de Micheletti se reportaron numerosas violaciones a los derechos básicos y libertades fundamentales. Muchas de éstas tuvieron lugar durante las manifestaciones de oposición al golpe, debido a la violencia desplegada por la Fuerza Pública. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional denunciaron que las agresiones contra las mujeres durante las protestas "tenían un fuerte componente sexual, que iba aumentando en intensidad, pasando de los insultos sexistas a golpes diferenciados de género y, finalmente, al ataque sexual a las detenidas" |20|. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) identificó durante este periodo 53 crímenes políticos de los cuales un 85% aún no se han resuelto |21|.

    Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Esta ruptura del Estado de Derecho y el consiguiente agravamiento en la situación de derechos humanos no pasó inadvertida en la comunidad internacional. La ONU condenó el golpe de estado a través de una resolución del Consejo de Derechos Humanos, que invitaba a hacer un seguimiento específico a lo que estaba sucediendo y supuso la visita de la OACNUDH, la Comisión Intername-ricana de Derechos Humanos (CIDH) y de diferentes relatores especiales, así como un monitoreo continuo de diferentes ONG nacionales e internacionales.

Remilitarización durante y después del Golpe de Estado

En el periodo posterior al golpe de estado tiene lugar una remilitarización de la esfera social y política hondureña que se manifiesta de diversas formas y supone un retroceso democrático y en materia de derechos humanos. Por un lado se incrementa la partida militar (del 2% del presupuesto nacional en el 2006 al 7 % en 2012) |R1|; se facilita el acceso a cargos públicos de actores militares asociados con el golpe de estado |R2|, y se amplían las atribuciones del ejército en materia de seguridad ciudadana |R3|. Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas políticas públicas, que fueron presentadas como estrategias temporales, se están consolidando.

R1. CESPAD, Informe de Análisis Político Prospectivo. Honduras: Ruptura o persistencia de bipartidismo tradicional? Escenarios probables 2013- 2014, mayo 2012.

R2. CIDH, Observaciones sobre la visita de seguimiento a Honduras, junio 2010

R3. Foreign Policy Focus, Artículo de Austin Robles, "Los militares de Honduras no deberían tener funciones policiales", 11 de julio 2012.

DESPUES DEL GOLPE DE ESTADO: GOBIERNO ACTUAL

El 29 de noviembre del 2009 se convocaron elecciones generales que varias organizaciones de derechos humanos calificaron de no legítimas por no reunir las condiciones mínimas e imprescindibles para que de ellas naciera un gobierno legítimo. |22| Como resultado de estos comicios se nombró a Porfirio Lobo Sosa presidente del gobierno.

Meses más tarde, el 20 de enero del 2010, el Congreso Nacional de la República de Honduras aprobó un Decreto de Amnistía que fue ampliamente criticado por varios organismos internacionales, como por ejemplo la CIDH que sostiene que mecanismos como éstos contravienen la obligación de los estados de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. |23|

    Reacciones Internacionales ante las Elecciones:

En los primeros meses del año 2010, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica descongelaron préstamos y ayudas que habían retenido a raíz del golpe de estado. Por su parte la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EEUU), que condenaron el golpe de estado y rechazaron el gobierno de facto, sí reconocieron como legítimas las elecciones en las que fue electo Porfirio Lobo y restablecieron sus relaciones diplomáticas con el país. Varias organizaciones de derechos humanos europeas y norteamericanas han tachado de ambiguas las políticas de estos países denunciando que no contribuyen a la recuperación de la institu-cionalidad democrática ni al respeto a los derechos humanos. |24|

    Reintegración de Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA)

A pesar de la grave situación de desprotección de los derechos humanos y la alta impunidad existente, el 1 de junio de 2011 la Asamblea General de la OEA resolvió, con 32 votos a favor y uno en contra, la reintegración de Honduras. Esta decisión se fundamentó en la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias, el 22 de mayo de 2011, entre el presidente Porfirio Lobo y el depuesto Manuel Zelaya. Es relevante señalar que un día antes de la asamblea de la OEA, 87 congresistas estadounidenses hicieron una declaración pública en la que manifestaron que el estado hondureño había "fallado dramáticamente en defender a quienes están bajo riesgos por defender sus derechos fundamentales" |25|.

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS: UNA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO

La Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de proteger los derechos humanos |26| (más conocida como "Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos) establece, en su artículo 1, el cimiento sobre el que se erige el ejercicio de defensa de los derechos humanos: "Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional". Esto es, cualquier persona puede ser un defensor o defensora de derechos humanos, sin importar cuál sea su profesión, edad, raza, género, etc.

Si bien la Declaración sobre Defensores parece establecer cosas obvias, ha resultado ser un instrumento imprescindible y estratégico. Reconoce formalmente esta labor y la enmarca dentro de una disposición internacional que, aunque no es vinculante, la dota de una legitimación que contribuye a su protección. La importancia de la visibilización de este rol y de la necesidad de otorgarle protección ha sido reafirmada en los años posteriores con el establecimiento de instrumentos como la Relatoría Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos (año 2000), la Unidad de Defensores de la CIDH (2001), que se convertiría posteriormente en la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (2011) y las Directrices de la UE sobre defensores de derechos humanos (2004).

Dentro de la categoría "defensores y defensoras de derechos humanos" es obligado hacer referencia específica a las mujeres defensoras de derechos humanos y la importante labor que ejercen a pesar de las múltiples dificultades que enfrentan. La Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos (WHRD IC por sus siglas en inglés) define a las defensoras como "mujeres activistas en la defensa de los derechos humanos en razón de lo que son, además de las mujeres que defienden los derechos de la mujer y son atacadas en razón de lo que hacen (...) se vuelven vulnerables a causa de lo que son y lo que hacen". |27| Esta consideración las vuelve doblemente vulnerables: por lo que son, en relación a su condición de género, y por la labor que realizan. En este sentido, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ("Relatora Especial sobre defensores", de ahora en adelante) centró su informe del año 2010 en la situación de riesgo de las mujeres defensoras concluyendo, entre otras cosas, "estar consternada por los extraordinarios riesgos que corren las defensoras de los derechos humanos y quienes se dedican a los derechos de la mujer o las cuestiones de género debido a su labor". |28|

Es en este marco regional e internacional donde se inserta la labor que llevan a cabo diferentes personas, grupos de personas, comunidades y organizaciones en Honduras.

3.1 REPRESIÓN SISTEMÁTICA A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Como se ha señalado anteriormente, las violaciones de derechos humanos en Honduras no acontecieron únicamente durante el golpe de estado, sino que se siguieron dando, y de manera grave, en los meses posteriores. Margaret Sekag-gya, Relatora Especial sobre defensores, declaró en su última visita a Honduras en febrero 2012 que las personas defensoras de los derechos humanos adquirieron un rol significativo durante este periodo al alzar de manera contundente la voz contra los abusos del Estado y visibilizar las deficiencias de éste, trasladando lo sucedido en el país a la agenda internacional. |29| Durante estos días, la situación de este grupo fue especialmente crítica, ya que se convirtieron en blanco de ataques y hostigamientos dirigidos a reprimir sus acciones de denuncia. No en vano la CIDH otorgó durante los meses posteriores al golpe un total de 19 medidas cautelares a personas, grupos de personas y organizaciones que estaban en situación de riesgo. En la mayoría de casos, esta situación de riesgo estaba asociada al rol crítico desempeñado durante el golpe de estado.

La gravedad de la situación radica en el hecho de que, pasados más de tres años desde el golpe de estado y con una aparente vuelta a la normalidad después de la celebración de elecciones y la readmisión de Honduras en la OEA, la situación para quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos sigue siendo de extrema vulnerabilidad. La falta de investigación y sanción por lo sucedido ha contribuido a mantener un ambiente hostil e inseguro para éstas, que siguen siendo víctimas de múltiples ataques. Dentro del contexto global de inseguridad, la situación de ciertas categorías de activistas es de especial riesgo, tal y como señala la Relatora Especial sobre la situación de los defensores. Entre éstas se encuentran: periodistas, juristas, operadores públicos de justicia, activistas en la defensa de los derechos de las mujeres y de la niñez, la comunidad lesbiana, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI), el campesinado, las comunidades indígenas y afrohondureñas, y también defensores y defensoras ambientalistas y por el acceso a la tierra. |30|

Solicitudes de las Organizaciones de Derechos Humanos entrevistadas durante las visitas in situ en 2011 y 2012

SOLICITUDES ACTIVIDADES CONCRETAS PROPUESTAS
Formación
  • Proveer talleres sobre mecanismos de protección internacionales (en particular las Directrices de la UE para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos),
  • talleres sobre educación por la paz y salud mental y,
  • talleres específicos sobre los derechos sociales, económicos y culturales,
  • proveer espacios y apoyo en la coordinación de talleres sobre seguridad informática y física (en coordinación con la UPTDH).
    • Protección
  • Acompañamiento internacional permanente en áreas rurales y urbanas del país (en coordinación con las organizaciones de acompañamiento internacional presentes - PROAH, CICA, Peace Watch y otras),
  • sistematización sobre la implementación de los protocolos de protección de los defensores/as de derechos humanos y,
  • creación y fortalecimiento de redes de apoyo a nivel internacional.
    • Monitoreo y visibilización de la situación de las personas defensoras en el exterior
  • Monitoreo y sistematización de las violaciones de los estándares internacionales de derechos humanos,
  • apertura de espacios de denuncia ante la comunidad internacional e,
  • involucrar a las embajadas, en particular europeas, en materia de derechos humanos.

    • 3.1.1 DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN

    "Honduras es el país con más alto índice de asesinatos de periodistas en proporción con la población en la región. Los ataques a periodistas no deben ser vistos como ataques a los derechos de una persona, sino como ataques a un derecho de toda la sociedad, el derecho de estar informado y buscar acceso a la información". |31| Éstas son declaraciones de Frank La Rue, Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión ("Relator Especial sobre la libertad de expresión", de ahora en adelante) después de su visita al país, en agosto del 2012. Ciertamente, el impacto de la coacción al libre ejercicio de informar va mucho más allá de atentar contra la integridad individual ya que tiene efectos de silenciamiento de opiniones e informaciones, algo absolutamente incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia propios de las sociedades democráticas. La CIDH afirma categóricamente en su "Declaración de principios sobre la libertad de expresión" |32| que éstos son requisitos indispensables para el desarrollo y la consolidación de la democracia. Libertad de expresión y democracia son, pues, dos conceptos indivisibles y de ahí lo imperioso de reivindicar el respeto de aquélla.

    Desde diversas instituciones internacionales se coincidió en señalar que los meses posteriores al golpe de estado de junio del 2009 fueron especialmente feroces para el sector de la información y comunicación, con cierres de medios y ataques de diversa índole a periodistas, comunicadores y radios comunitarias. El uso de la violencia por parte de la Fuerza Pública, las detenciones arbitrarias, la imposición de decretos que atentaban contra los derechos fundamentales, etc., fueron documentadas desde diversos sectores. Instancias como la OACNUDH y la CIDH coincidieron en señalar que la libertad de expresión fue uno de los derechos más vulnerados durante esta etapa. |33|

    Más de tres años después de esta crisis, la situación de las personas que se dedican al libre ejercicio de informar sigue siendo grave. No solo es preocupante el hecho de que prevalece la impunidad sobre las violaciones cometidas en la etapa posgolpe, sino que además ha seguido manteniéndose el ambiente hostil hacia éstas. No en vano Reporteros sin Fronteras cataloga a Honduras como "el país más peligroso del continente para la prensa después de México". |34| También la Relatora Especial sobre defensores definió éste como uno de los grupos que más riesgo corrían en Honduras. |35|

    La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH deja constancia de 10 periodistas asesinados durante el 2010, así como múltiples agresiones tales como incendios de radios comunitarias, llamadas amenazantes, allanamientos, mensajes de texto, actos de amedrentamiento, sabotajes a las instalaciones, uso de la violencia por parte de los cuerpos de seguridad pública, etc. |36| A causa de esta grave coyuntura, la CIDH otorgó durante el 2010 medidas cautelares a 24 personas amenazadas por el ejercicio de su libertad de expresión, en su mayoría periodistas. Durante el 2011 y 2012 la situación ha seguido siendo la misma. El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) deja muestra clara de esta realidad en su informe 2011. En éste, reportan un total de 115 actos de agresión, incluidos siete asesinatos entre los que se encuentra él del ex coordinador de la lucha contra el narcotráfico, Gustavo Alfredo Lan-daverde, quien constituía para gran parte de la prensa el más relevante crítico informativo en temas de seguridad policial, crimen organizado y narcotráfico |37|.

    Comunicaciones emitidas desde el Gobierno que desvinculan estas agresiones de la labor informativa y de comunicación y las ligan al crimen organizado o a la delincuencia común estigmatizan la labor periodística y la ponen en más riesgo. También la CIDH sigue exhortando al estado hondureño a no descartar la hipótesis según la cual las víctimas han podido ser asesinadas como represalia por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y a agotar, de manera exhaustiva, cualquier línea de investigación en este sentido. Asimismo se insiste en la necesidad de que el Estado cree cuerpos y protocolos especiales de investigación y mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran bajo amenaza por su actividad periodística. |38|

    Entre las agresiones indirectas documentadas por la organización C-LIBRE en el 2011, el uso de la legislación constituye una de las más frecuentes. Éstas consisten principalmente en aprobar leyes restrictivas para la libertad e independencia de los medios de comunicación. |39| Por la naturaleza de su alcance, se ha denunciado ante la CIDH la resolución NR003/2011 que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) emitió el 24 de febrero de 2011 y por la que se suspende el otorgamiento de permisos y licencias de frecuencias radioeléctricas para la operación de Estaciones de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia. En este rango de frecuencia operan en Honduras alrededor de 40 radios comunitarias o alternativas, principalmente en comunidades campesinas, indígenas y afrohondureñas, y es por eso que esta disposición tiene consecuencias muy negativas para ellas. La CIDH ha denunciado que el estado hondureño no está cumpliendo con los compromisos aceptados durante el EPU del 2010 cuando acordó "generar un debate entre el Congreso Nacional y la sociedad civil a fin de adecuar el marco regulatorio del Sector de Telecomunicaciones y asegurar su armonización con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en relación con los sectores público, privado y comunitario de la radiodifusión" |40|.

    Muertes violentas de periodistas en el 2012

    En el año 2012, hasta la impresión de este informe, el número de periodistas asesinados y asesinadas ascendía a 9.

    FECHA DATOS
    29 de febrero Saira Fabiola Almendares Borjas
    Estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) y periodista deportiva.
    10 de marzo Fausto Elio Hernández
    Periodista de Radio Alegre.
    23 de abril Noel Alexander Valladares Escoto
    Presentador y productor con Canal 66 Maya TV.
    7 de mayo Erick Martínez Avila
    Fundador del Movimiento de la Diversidad en Resistencia (MDR) y era militante del grupo político conocido como los Necios, miembro de KUKULCAN. Ver este caso en la sección sobre los derechos de la diversidad sexual.
    15 de mayo Ángel Alfredo Villatoro Rivera
    Periodista y presentador del programa matinal de Radio HRN.
    8 de julio Adonis Felipe Bueso Gutiérrez
    Comunicador social de la emisora cristiana Radio Stereo Naranja.
    10 de agosto José Noel Canales
    Empleado del periódico digital hondudiario.com y de Seproc (Servicios Profesionales de Comunicación).
    28 de agosto Julio Cesar Guifarro Casaleno
    Vocero de la Dirección Nacional de Tránsito y conductor de un programa de televisión de la Policía Nacional en canal 66-Maya TV.
    8 de noviembre Ángel Edgardo López Fiallos
    Locutor y operador de la radioemisora evangélica Stereo Luz 103.7 FM.

    Radio Progreso: Multiples amenazas y constante hostigamiento

    Radio Progreso es una radio asociativa que ha llevado a cabo un trabajo constante de denuncia de los abusos por parte del Estado, antes y después del golpe, y en favor de los sectores más vulnerables del país.

      Situación de seguridad

    Radio Progreso fue una de las primeras víctimas del golpe de estado ya que pocas horas después de la expulsión de Manuel Zelaya, militares se personaron en sus instalaciones y les obligaron a cancelar la programación. Ésta se pudo reanudar a los pocos días, pero con severas restricciones y la amenaza constante de un cierre definitivo. Además, miembros de la radio sufrieron ataques de diversa índole cuando cubrían manifestaciones en las semanas posteriores al golpe. |41|

    El panorama de hostilidad hacia Radio Progreso se ha mantenido hasta el momento de redactar este informe y ha alcanzado visibilidad internacional sobre todo a través de la figura del Padre Ismael Moreno "Melo", director de la radio y una de las voces más críticas respecto a las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por policías y militares. El Padre Melo ha sido blanco de amenazas de muerte de manera habitual durante los últimos años, y en ciertos momentos la intensidad de éstas le ha obligado a tomar medidas excepcionales de protección y refugiarse en la clandestinidad durante algún tiempo |42|.

    El Padre Melo no es el único miembro de Radio Progreso que está siendo atacado. En los primeros meses del 2010 la reportera Leticia Castellanos y el reportero Gerardo Chévez, así como la abogada Luci Mendoza, que trabaja para el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), vinculado estrechamente a Radio Progreso, denunciaron estar siendo víctimas de mensajes amenazantes a sus teléfonos celulares. |43| Durante el 2011 siguieron produciéndose hechos como éstos. Por ejemplo, en julio del 2011 Roberto García Fúnez reportó que él y su familia estaban siendo víctimas de amenazas y vigilancia. Estos ataques se empezaron a dar después de una serie de reportajes que él hizo para Radio Progreso, denunciando la construcción de hidroeléctricas en el departamento de Atlántida. |44| A inicios de agosto del 2012 efectivos de la policía rodearon por más de dos horas las instalaciones de la radio en un acto intimidatorio, mientras se retransmitían unas entrevistas a miembros de organizaciones campesinas del Bajo Aguán, con el pretexto de capturar a algunos de éstos. Este hecho tenía lugar horas antes de que el Relator Especial sobre la libertad de expresión, Frank La Rue, llegara a Honduras. |45|

      La reacción de la Comunidad Internacional

    La Corte IDH emitió medidas provisionales a Radio Progreso y al ERIC a causa de esta situación de riesgo que enfrentan. La labor que desarrolla Radio Progreso ha sido reconocida a nivel internacional. En agosto de 2011 una de sus periodistas, Karla Rivas, fue galardonada con el premio Peter Mackler para un periodismo ético y valiente. Reporteros sin Fronteras hacía estas declaraciones con motivo de la entrega del galardón: "El esfuerzo informativo sobre la situación de los derechos humanos realizado por Radio Progreso es hoy recompensado. Vector del diálogo en una sociedad polarizada en extremo, Radio Progreso continúa asumiendo con valor su papel periodístico y educativo, a pesar de las amenazas y las persecuciones". |46|

    Comisión de Reforma del Sistema de Seguridad y Justicia

    Su mandato fue establecido en el decreto 4-2012 del Congreso Nacional. Esta Comisión puede, según la Comisión Internacional de Juristas, (CIJ) "representar un instrumento para lograr llevar a la práctica los procesos de depuración de diferentes instituciones estatales de seguridad y justicia, que el país necesita para consolidar la reconstrucción del Estado de Derecho" |R1|. Visto que la desconfianza en las instituciones responsables de la seguridad es una de las debilidades identificadas por las personas defensoras en la aplicación de los mecanismos de protección, este proceso de depuración ha generado expectativas en este sentido.

    R1. CIJ, Comunicado en el marco de la elección del Consejo de la Judicatura en Honduras, 31 de agosto 2012.

    Alfredo Villatoro: el secuestro y asesinato del periodista sigue en la impunidad

    Alfredo Villatoro coordinaba un programa informativo matinal de noticias de la cadena de Radio HRN, una de las estaciones de radio con mayor audiencia del país, en el que había abordado en repetidas ocasiones el tema de la depuración policial |47|.

      Situación de seguridad

    El 15 de mayo del 2012 su cuerpo fue encontrado después de siete días de secuestro con varios disparos en la cabeza, vestido con un uniforme similar al que usa el escuadrón policial "Cobra" y con una venda color rojo en su rostro |48|. De acuerdo con la información recibida por la CIDH, varios hombres armados habrían capturado al periodista en la madrugada del 9 de mayo, tras interceptar el vehículo en el que se dirigía a su trabajo. Se confirmó que éste había sido asesinado en el mismo lugar donde fue encontrado el cadáver momentos antes de ser hallado. |49|

      La reacción del Estado y las Organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional

    El 16 de mayo el presidente Porfirio Lobo Sosa anunció el pago de una recompensa de 3 millones de lempiras (más de 150 mil USD) para quien informase sobre la responsabilidad material del crimen. Entre las hipótesis que se manejan una de ellas sostiene que su asesinato fue en represalia por la reforma constitucional que aprobó el Congreso para la extradición a terceros países de hondureños acusados de narcotráfico. |50| Amparado en esta reforma el gobierno de Estados Unidos había solicitado la extradición de oficiales de alto rango de la policía al gobierno hondureño. Pese a las hipótesis sostenidas por algunos sectores sobre la posible implicación de efectivos de la policía en el asesinato de Villatoro, el director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) declaró que no tenía evidencias de vínculos de la Policía con el crimen organizado ni con el asesinato del periodista |51|.

    En el estado de deterioro y de impunidad en el que permanecen los actos vio-latorios contra la libertad de expresión, asociaciones de periodistas y otros profesionales de la comunicación manifestaron que el asesinato de Villatoro significaba un punto y aparte en los ataques perpetrados, ya que el mensaje mandado iba dirigido no solo al gremio periodístico sino a todas las personas que defienden los derechos humanos.

      La reacción de la Comunidad Internacional

    Varias instancias internacionales condenaron el asesinato del periodista, entre ellas el gobierno español y las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU, exigiendo al Estado una investigación diligente, oportuna y exhaustiva que no descartara la hipótesis según la cual la labor profesional del periodista pudo ser la causa del homicidio |52|.

    3.1.2 DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGTBI

    Diversos sistemas de protección de los derechos humanos, regionales e internacionales, han reconocido la importancia de la lucha por los derechos de las personas LGTBI y su rol fundamental en pro de la igualdad y la no discriminación. Asimismo, han mostrado su alarma por la persistente violencia que se desata contra activistas de estas organizaciones e insistido en la obligatoriedad de los estados de procurar una protección eficaz. La Relatora Especial sobre defensores, Margaret Sekaggya, afirmaba a finales del 2009 estar "profundamente preocupada por las continuas campañas de denigración y amenazas violentas contra defensores de los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales". |53| En su último informe sobre personas defensoras de derechos humanos, del año 2011, la CIDH también destacaba el incremento de la violencia hacia este grupo específico de personas defensoras.

    La comunidad LGTBI en Honduras vienen reivindicando desde hace años el derecho a gozar plenamente de sus derechos reproductivos, sexuales, económicos, civiles, culturales y sociales, en un entorno social y político no muy favorable, como ya hemos adelantado. La atención dada por las autoridades hondureñas a la visibilización de estas reivindicaciones ha sido históricamente deficiente y esto ha conllevado la restricción del pleno reconocimiento y una estigmatización y violencia social permanentes. Ya desde antes del golpe de estado se estaban reclamando la investigación de asesinatos y otras agresiones a personas LGTBI. En muchos de los casos se había reportado que los agresores eran efectivos de la policía. La CIDH, por ejemplo, otorgó medidas cautelares a varias activistas LGTBI que trabajaban para la apertura de un proceso penal a efectivos de la policía que habían agredido sexualmente a una miembro de la organización red Lésbica Cattrachas. A causa de esta búsqueda de justicia estaban siendo blanco de amenazas y otros actos intimidatorios. |54|

    Las personas activistas de la diversidad sexual asumieron un rol significativo al manifestarse activamente en conjunto con otros grupos en oposición al golpe de estado. Esta visibilización tan evidente, durante esos momentos tan convulsos, trajo consigo actos de violencia aguda que resultaron, durante el régimen de facto de Micheletti, en el asesinato de 22 personas de la comunidad LGTBI |55|. Esta violencia se ha seguido manteniendo en los años posteriores, captando la preocupación de la comunidad internacional. El Observatorio de Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) ha registrado 101 crímenes por motivo de orientación sexual o identidad de género desde enero 2010 hasta mayo 2012. |56| La evidente violencia aguda ejercida y la impunidad existente, convierten la situación de las personas LGTBI en extremadamente vulnerable y altamente expuesta a agresiones a la integridad física y emocional. No en vano se les llama "crímenes de odio", por el ensañamiento con el que se producen los ataques. Estas agresiones tienen un impacto claro en la labor del activismo LGTBI. En varias de las entrevistas mantenidas durante nuestra visita denunciaron que esta situación les ha obligado a disminuir su accionar en la defensa de derechos humanos e incluso, en ciertas ocasiones, ha motivado el cierre temporal de las oficinas.

    Durante el EPU a Honduras en 2010, hubo varias recomendaciones para que el estado hondureño diera una respuesta adecuada a esta situación. En las reuniones mantenidas por PBI con las organizaciones de la diversidad sexual se nos informó que de éstas, ninguna ha sido atendida de manera efectiva hasta la fecha (octubre 2012). Asimismo, la Relatora Especial sobre defensores, en su visita al país en febrero del 2012, mostró su alarma por esta realidad y manifestó su preocupación por el accionar del alto funcionariado hondureño que estigmatiza a las personas defensoras LGTBI en algunas de sus declaraciones públicas. |57| También Estados Unidos expresó su preocupación e instó al gobierno hondureño a tomar medidas efectivas para investigar a los culpables, sancionarlos, y adelantar medidas de protección eficaces para el colectivo. |58| Los discursos que incitan o justifican la violencia, estigma y discriminación contra la comunidad LGTBI también se puede encontrar en declaraciones vertidas por los medios de comunicación.

    Walter Orlando Tróchez, amenazas, secuestro y asesinato de defensor de los derechos de la comunidad LGTBI

    Walter Orlando Tróchez era defensor de derechos humanos, miembro de la comunidad LGTBI e integrante de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/SIDA (APUVIMEH). Ya antes del golpe de estado participaba activamente en diferentes espacios de coordinación interinstitucional entre la sociedad civil y el Estado para una protección de los derechos de la comunidad LGTBI. Después de los hechos de junio del 2009 militó activamente en el Frente Nacional de Resistencia (FNR).

      Situación de seguridad

    El 13 de diciembre del 2009 Tróchez fue asesinado por disparos provenientes de un vehículo en pleno centro de Tegucigalpa. Es importante destacar que en los meses previos a este fatal desenlace había sufrido agresiones diversas, todas muy graves y que hacían presagiar lo peor:

  • El 5 de julio del 2009, identificó un vehículo con vidrios polarizados y sin placa que vigilaba su casa. El defensor decidió cambiar de domicilio después de percatarse de esto. |59|
  • El 20 de julio del mismo año, fue detenido por las autoridades despúes de participar en una sentada pacífica en el Congreso de la República. Durante su detención fue brutalmente golpeado y humillado por causa de su orientación sexual. |60|
  • El 4 de diciembre del 2009, fue obligado a subir en un vehículo por un sujeto encapuchado y armado. En el interior del mismo fue golpeado y amenazado de muerte. Tras forcejear con sus captores consiguió saltar del vehículo en marcha. |61|

      • La reacción de las Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y de la Comunidad Internacional

    APUVIMEH sigue exigiendo, casi tres años después de la ejecución de Tróchez, el fin de la impunidad para asesinatos como los del defensor y otras víctimas de la comunidad LGTBI.

    Tanto la CdV como la CVR han recogido en sus informes análisis exhaustivos sobre este caso, determinando, en el caso de la CVR, que "existen indicios racionales que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado violaron el derecho a la vida de Walter Orlando Tróchez. Agentes de estas instituciones participaron en algún grado en la ejecución extrajudicial de la víctima". |62|

    La CIDH resaltó al asesinato del defensor de derechos humanos y activista de la comunidad LGTB en su informe 2010, e hizo un llamado especial al estado hondureño a esclarecer el caso. |63|

    Erick Alex Martinez Avila, secuestro y asesinato del periodista y defensor de los derechos de la comunidad LGTBI

    Erick Alex Martínez Ávila era un dirigente estudiantil, periodista, activista de derechos humanos y miembro de la agrupación LGTBI Kukulcán. Asimismo, era precandidato a diputado por la Mesa de la Diversidad Sexual del FNRP para las elecciones internas del Partido Libertad y Refundación (Libre).

      Situación de seguridad

    Su cuerpo fue hallado sin vida el 7 de mayo del 2012, con signos evidentes de estrangulamiento y después haber estado dos días desparecido |64| Erick había participado en la marcha del 1 mayo donde repartió ejemplares de la revista de la asociación del Grupo de los Necios, medio a través del que había mantenido una fuerte oposición al golpe de estado. El mismo dia de su desaparación, el 5 de mayo, había sido elegido candidato a diputado del partido LIBRE por la Asamblea del FNRP en reconocimiento a sus méritos como defensor de la causa de la comunidad LGTB hondureña |65|.

      La reacción del Estado y las Organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional

    Erick Martínez constituía "un claro blanco para los depredadores de los derechos humanos y del pluralismo" declaró RSF en un comunicado |66|. Este caso presenta similitudes con el asesinato de Walter Tróchez e inevitablemente hace plantearse a los miembros de la comunidad LGTBI y de las organizaciones de derechos humanos si el crimen quedará encubierto por la impunidad que rige el país. En varias de las entrevistas mantenidas durante la visita de investigación de PBI, las organizaciones denunciaron que con posterioridad al asesinato de Martínez se incrementó la vigilancia contra las organizaciones y que se vieron obligadas a bajar el perfil de trabajo e incluso cerrar las oficinas por un periodo determinado.

    Según los medios de comunicación, el presunto autor material del crimen, un adolescente miembro de una mara, fue detenido el 12 de septiembre del 2012 en Tegucigalpa. |67| Hasta el momento de la publicación de este informe no se tienen más datos sobre la evolución del proceso.

      La reacción de la Comunidad Internacional

    La UNESCO y la CIDH condenaron el crimen de manera inmediata. La CIDH expresó la necesidad imperiosa de que el estado hondureño esclarezca la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas que garanticen la reparación para los familiares de la víctima. |68|

    3.1.3 LA INDEPENDENCIA DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA

    Los principios básicos internacionales referentes a la independencia judicial establecen que la naturaleza misma de ésta se fundamente en la imparcialidad en la resolución de los asuntos, sin sometimiento a presiones, amenazas o intromisiones. El Estado tiene la obligatoriedad de promoverla, garantizarla, respetarla y acatarla. |69| Aunque estos principios de la ONU hacen referencia sobre todo al ejercicio de la judicatura, se pretende en este informe dar una dimensión más amplia a este concepto de "independencia judicial" y tener en cuenta también al resto de operadores de justicia, esto es, fiscales y abogados y abogadas. La imparcialidad con la que éstos lleven a cabo su trabajo, libre de cualquier influencia y presión externa, son los pilares en los que se basa la consolidación de un estado de derecho en el que la ciudadanía tenga garantizado el acceso a la justicia.

    En particular a raíz del golpe de estado, pero también antes de éste, diferentes organizaciones nacionales e internacionales han hecho hincapié en la debilidad institucional del poder judicial y del ministerio público (MP) en Honduras, que afecta indefectiblemente a la impartición de la justicia y deriva en altos índices de impunidad. Esta debilidad vendría dada, sobre todo, por la inexistencia de garantías firmes de independencia y autonomía de los operadores de justicia y la debilidad en los mecanismos que monitorean la existencia de éstas. Ya en la primera visita de PBI a Honduras, en mayo del 2011, numerosas organizaciones sociales con las que se mantuvieron reuniones señalaron este punto como uno de los principales problemas del sistema estatal. |70| Durante la segunda visita diversas entidades han seguido dejando constancia de esto.

    Son diversos los factores que contravienen la independencia y autonomía. Los actos de hostigamiento y presiones de diversa índole cometidos contra el fun-cionariado tienen precisamente esta intención. En mayo del 2010 la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados alertó sobre los continuos actos de hostigamiento en contra de operadores de justicia y abogados y abogadas en Honduras y los enmarcó en una situación generalizada de inobservancia del Estado a los principios que aseguran la independencia de la judicatura. Como ejemplo, durante la estancia de PBI en el país, fue asesinado el fiscal Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, de la Fiscalía Regional de Derechos Humanos del departamento de Choluteca. |71| Se presume que su asesinato está relacionado con los casos que adelantaba en relación a la defensa de los derechos humanos. El abogado Díaz, además, había participado en una huelga de hambre en el 2008 en protesta por la inacción del Ministerio Público ante los casos de corrupción de la élite política. Su asesinato, pues, puede ser visto además como una amenaza clara a todos aquellos funcionarios de justicia que pretendan llevar a cabo su trabajo con rigurosidad e independencia.

    Según las informaciones recibidas por la ONU |72|, 74 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras durante los últimos tres años sin que se haya obtenido una respuesta adecuada de las autoridades. El último de ellos fue el abogado Antonio Trejo Cabrera, en septiembre del 2012. Se evidencian así las preocupaciones existentes sobre la inseguridad de quienes ejercen acciones legales para el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos.

    Por otro lado, se han venido denunciando por parte de diferentes organizaciones las constantes interferencias políticas en el nombramiento, promoción y reglamentación de la profesión judicial, que ponen en entredicho la legitimidad del poder judicial. El informe de la CVR en Honduras es muy categórico en cuanto a eso, dejando claro que para fortalecer y consolidar el Estado de Derecho son imperiosas una serie de reformas como, por ejemplo, que el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los fiscales del MP sea hecho por un órgano autónomo, libre de influencias políticas. |73| La CSJ, máxima instancia del poder judicial, ha sido puesta en tela de juicio sobre todo por su controvertido papel durante el golpe de estado, cuando avaló éste y las medidas restrictivas impuestas. Pero incluso después de estos hechos ha seguido recibiendo críticas por su supuesta falta de independencia que, según la CIDH, se evidencia en algunas de las decisiones que ha tomado como el sobreseimiento a militares acusados de participar en el golpe y el despedido de jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas. |74|

    Otro factor destacable es la falta de investigadores independientes en la Fiscalía de Derechos Humanos, sobre la que han alertado organizaciones como Human Rights Watch. |75| Esta fiscalía cuenta con la colaboración de un cuerpo de policía de investigación, hecho que conlleva un conflicto de intereses al ser, en muchos de los casos, otros policías los agresores a los que hay que investigar. Aunque este cuerpo de investigación está a las órdenes de los fiscales, depende de la Secretaría de Seguridad y cuenta con la misma cultura institucional de lealtad que pone en duda la rigurosidad de las investigaciones.

    Críticas a la Corte Suprema: sobreseimiento a militares acusados de participar en el Golpe de Estado

    El 6 de enero de 2010, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando el inicio de un proceso judicial contra la cúpula militar hondureña por la expatriación del Presidente Zelaya. En específico, el jefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez; el subjefe del Estado Mayor, el General Venancio Cervantes, el General Miguel Ángel García Padgett -Jefe del Ejército-, el General Luis Javier Prince -Fuerza Aérea, el Contraalmirante Juan Pablo Rodríguez -Fuerza Naval-, y el General Carlos Cuéllar -Inspector General de las fuerzas armadas-, fueron imputados de los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y expatriación ilegal en perjuicio de la seguridad. El 26 de enero de 2010, el Magistrado y Presidente de la Corte Suprema Jorge Alberto Rivera Avilés dictó el sobreseimiento definitivo a favor de los imputados. |R1|

    R1. CIDH, Segundo informe sobre defensores de derechos humanos 2011, Capítulo sobre Honduras, marzo 2012.

    Asociación de Jueces por la Democracia: denuncian despidos arbitrarios de Jueces y Magistrada ante la CIDH

    La Asociación Jueces por la Democracia (AJD) fue creada en el año 2006 en San Pedro Sula con el objetivo de velar por la independencia judicial y el fortalecimiento del estado de derecho en el país.

      Situación de seguridad

    Después del golpe de estado, la AJD no avaló la postura de la CSJ cuando ésta dio reconocimiento a este hecho. Esta oposición resultó en los despidos del juez Adán Guillermo López Lone, Luís Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza el 5 de mayo de 2010. Según la CSJ los despidos respondieron a "un incumplimiento o violaciones graves a su cargo" que ponían en peligro su imparcialidad e in-dependencia. |76|

    Las organizaciones de derechos humanos así como también la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han observado esta aplicación de la Ley de Carrera Judicial |77| como un ataque inadmisible contra la independencia de la judicatura. La arbitrariedad en la aplicación de dicha normativa se evidencia en el hecho que ninguno de los miembros de la rama judicial que se pronunciaron a favor del golpe sufrieron ningún tipo de sanción. Los jueces y la magistrada fueron destituidos sin haber sido escuchados y habiéndoles impedido participar en las sesiones plenarias en las cuales se decidió su destitución, lo que puede considerarse como violación al debido proceso |78|. Impugnaron la decisión de la CSJ ante el Consejo de la Carrera Judicial de Honduras, pero éste no restableció los derechos violados ni hizo las reparaciones correspondientes

      La reacción de la Comunidad Internacional

    Ante la inacción del Estado, que no ha reconocido ni reparado los agravios consecuencia del despido arbitrario, la AJD ha recurrido a la CIDH por la violación de derechos y principios garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Éstos incluyen, entre otros, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa de los funcionarios judiciales, el principio del juez natural y los principios de independencia e imparcialidad. El caso fue admitido a trámite en abril 2011 y se espera que se emita el informe de fondo a inicios del 2013.

    La reacción de la comunidad internacional ante el caso ha sido contundente. La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados junto con la Relatora Especial sobre defensores y el Relator Especial sobre la libertad de expresión, manifestaron en un comunicado "el temor de que la sanción impuesta a los jueces (...) puede tener un efecto intimidatorio respecto a los otros miembros del gremio en el sentido de que se abstengan de manifestar opiniones diferentes de aquellas expresadas por las autoridades actuales". |79| También se subrayó que la promoción de un clima de temor al interno del poder judicial puede debilitar el estado de derecho y obstruir la justicia.

    Antonio Trejo Cabrera, amenazas que terminan materializándose en el asesinato del abogado y defensor de los derechos humanos

    Antonio Trejo Cabrera ejercía de abogado del Movimiento Auténtico Reivin-dicador Campesino del Aguán (MARCA) y representó a varias cooperativas agrarias en la región de Bajo Aguán en disputas legales con poderosos terratenientes. Estuvo vinculado a un conocido caso que finalizó, en junio del 2012, en una decisión que declaraba ilegal la adquisición de las fincas de San Isidro, La Trinidad y El Despertar por parte de los empresarios Miguel Facussé y René Morales. Resultado de esta decisión se ordenó la devolución de esas tierras, de una extensión total de 1.776 hectáreas, al MARCA |80|. El caso del Bajo Aguán ha sido considerado uno de los conflictos agrarios más sanguinarios de la historia de Centroamérica.

      Situación de seguridad

    En la noche del sábado 22 de septiembre del 2012 fue asesinado a balazos cuando se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.

    Su situación de riesgo había sido reportada con anterioridad desde varias instancias. Por ejemplo, el informe realizado después de la Misión Internacional de Verificación de derechos humanos en el Bajo Aguán |81| (en adelante Misión Internacional al Bajo Aguan) que tuvo lugar a inicios del 2011, ya informó de las amenazas que el abogado Trejo estaba recibiendo contra él y su familia. Él mismo había denunciado esto ante instancias estatales e internacionales como la Dirección General de la Investigación Criminal y la Relatora Especial sobre defensores. Trejo fue detenido, junto a 24 campesinos y campesinas del MARCA, el 21 de agosto del 2011, cuando se manifestaba en la CSJ por el litigio de tierras en el Bajo Aguán. Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas el COFADEH y CODEH, interpusieron denuncias contra la policía por los delitos de detención ilegal y abuso de autoridad. Pocas horas antes de su asesinato, había participado en un debate televisado en el que acusaba a dirigentes políticos de utilizar proyectos de ciudades modelo para recaudar fondos para sus campañas electorales. |82|

      La reacción de la Comunidad Internacional

    La comunidad internacional en su conjunto se pronunció de manera contundente ante este caso. La ONU |83|, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos |84|, la Embajada de Alemania en representación de la UE |85|, y el Departamento de Estado de EEUU |86| expresaron serias preocupaciones sobre la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos y urgieron al Estado a profundizar la investigación de estos crímenes, esclarecerlos judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

    3.1.4 ACCESO A LA TIERRA Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

    Honduras, al igual que muchos de sus países vecinos de Centroamérica y Su-damérica, está marcada por la desigualdad en la tenencia de la tierra. Según datos del Banco Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), más de un tercio del territorio del país está conformado por tierras cultivables y pastizales |87|, de las que el 40% está en manos del 1,6% de productores. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 72% de los productores disponen del 12% de tierra cultivada y alrededor del 44% de la población rural tiene un acceso nulo o muy deficiente a la tierra. |88| A la vista de estos datos queda constancia clara de que en Honduras existe una gran concentración de tierras en pocas manos, lo que provoca unos niveles de empobrecimiento altos entre la población rural, en un país que goza de gran cantidad de bienes naturales.

    En este contexto se han consolidado a lo largo de los años diferentes movimientos campesinos que luchan por el acceso a la tierra y el derecho a la alimentación, dándose fuertes tensiones entre éstos y los terratenientes locales. Diferentes representantes de organizaciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentra la Relatora Margaret Sekaggya han venido denunciando que los líderes y lideresas del movimiento campesino que reivindican la restitución de tierras están siendo víctimas de una brutal represión. |89| La persecución por la vía judicial del movimiento campesino y el uso de la fuerza en los desalojos forzosos, son parte de esta estrategia de represión que ya observó PBI en mayo del 2011. En la reunión mantenida con el vicepresidente del Congreso Nacional, el Sr. Marvin Ponce, éste hizo referencia a más de 1.500 campesinos y campesinas procesados y con medidas sustitutivas, acusados de delitos de usurpación de la propiedad y manifestación ilícita, entre otros.

    La obligación de los estados de proteger contra los desalojos de hogares y tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen el derecho humano a una vivienda adecuada y otros derechos humanos conexos |90|. Según informaciones compartidas por el vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, el Sr. Marvin Ponce, en lo que va del año 2012 se han reportado entre 20 y 30 desalojos forzosos en el país, 19 de los cuales están documentados en un reciente informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos y Center for Constitutional Rights |91|. En el marco de la ejecución de estos desalojos forzosos también se ha venido denunciando un despliegue excesivo de la Fuerza Pública para ejecutarlos que va acompañado, en muchas ocasiones, de un uso desproporcionado de la fuerza. En la entrevista mantenida por personas de PBI con organizaciones campesinas se informó que durante los desalojos se destruyen todos los cultivos, se hace uso de la fuerza con "brutalidad" y, según los testimonios, los desalojos, en ocasiones, se ejecutan en horas de la madrugada, mientras los pobladores duermen, contraviniendo lo establecido por la ley hondureña en materia de desalojos.

    Estas prácticas contravienen los estándares internacionales en esta materia |92|, que instan a no hacer uso de la violencia y respetar en todo momento la dignidad y los derechos humanos de las personas desalojadas. En varios de los casos documentados se ha reportado el uso de seguridad privada o de personas encapuchadas que no se identifican en la ejecución de los desalojos. El Relator Especial sobre la libertad de expresión recordó, en su última visita a Honduras, en agosto del 2012, que "los desalojos de ocupaciones campesinas, aunque a veces sean legales, no debe efectuarse con empresas privadas de seguridad ni con exceso del uso de la fuerza" |93|. No en vano se ha puesto de manifiesto la excesiva militarización de algunos territorios que viven situaciones de conflic-tividad agraria y cómo este hecho no solo no contribuye a la resolución de la problemática sino que puede perjudicar aún más la situación de riesgo de las personas más vulnerables.

    Reforma Agraria

    La iniciativa más importante de reforma agraria en Honduras data de 1962, año en que se promulgó la Ley de Reforma Agraria, la cual preveía una distribución de las tierras que no cumplieran los requerimientos de la función social de la propiedad. La "era de oro" de la reforma agraria en Honduras fue la década de los 70, sobre todo entre 1973 y 1977, cuando se distribuyeron 120 mil hectáreas en sólo cinco años. A partir de 1992 el proceso de reforma agraria se paralizo y fue en el marco de los Programas de Ajuste Estructural que se aprobó la Ley de Modernización Agrícola. Las organizaciones campesinas que esta ley ha limitado seriamente el acceso a la tierra para el campesinado hondureño. |R1| En noviembre 2011 fue presentada una propuesta de Ley de Reforma Agraria Rural Integral al Congreso Nacional.

    R1. FIAN, Campaña Global por la Reforma Agraria, Folleto informativo, mayo 2010.

    Zacate Grande: multiples ataques a la defensa del acceso a la tierra como medio de vida

    Zacate Grande es una isla ubicada en el Golfo de Fonseca, al sur del país. Está dotada de una riqueza natural y paisajística privilegiada, con tierras fértiles para la producción agrícola y playas de arena blanca. Abarca una población aproximada de unos 5 mil habitantes que viven allí desde hace décadas, cuando estas tierras estaban despobladas, teniendo, por tanto, una posesión natural de la tierra.

      Situación de seguridad

    Las comunidades organizadas llevan a cabo labores para la legalización de la propiedad de la tierra y el derecho a ésta, sobre todo a partir de la década de los 90, cuando los intereses de grandes empresarios en negocios como la exportación del camarón y el melón, culminaron con la apropiación, de manera irregular, de gran parte de esas tierras, según denuncian organizaciones nacionales e internacionales. |94| Además, la península de Zacate Grande pasó a ser uno de los lugares favoritos para la construcción de lujosas mansiones de veraneo. A partir de este momento, los derechos de la población originaria se han visto violentados, sobre todo el relativo a la alimentación, porque los grandes propietarios han acaparado vastas extensiones de tierra, instalando cercas y cuerpos de seguridad privada que intimidan a la población. |95| El campesinado de la zona ha denunciado que la poca tierra que les queda no les permite cultivar suficientes granos básicos, lo que constituye una grave amenaza a su soberanía alimentaria y su derecho a la vivienda. También se ha visto afectada la pesca, actividad tradicional de la población local, que ha disminuido notablemente a causa de la extracción a gran escala de las empresas.

    En mayo del 2011, PBI recibió información sobre diferentes actos de hostigamiento de los que son blanco los habitantes de Zacate Grande debido a sus reivindicaciones. La radio comunitaria La Voz de Zacate Grande ha recibido ataques constantes, como boicot y desalojo de sus instalaciones, amenazas y procesos de criminalización a sus miembros e incluso un intento de asesinato a su director, Franklin Meléndez. El Sr. Meléndez fue atacado con un arma de fuego por dos hombres que le habían increpado momentos antes por la cobertura que se lleva a cabo en la radio sobre el conflicto de tierras en la zona |96|, por lo que se vislumbran indicios de que este agravio, y otros cometidos contra activistas de Zacate Grande, tienen como objetivo poner fin a sus reivindicaciones. Otros líderes y miembros de organizaciones de la península, como la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEZPA), han sido objeto de judicialización a través de procesos abiertos en su contra con cargos como usurpación de tierras. |97|

      La reacción de la Comunidad Internacional

    La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado que los actos de desalojo e intervención de la emisora que se han dado en los últimos años "tienen como propósito impedir que ésta continúe con la denuncias y expresiones críticas sobre asuntos de interés público en la región". |98| La CIDH otorgó medidas cautelares para los comunicadores de esta radio en abril del 2011. |99|

    Valle de Sula: inobservancia de los esténdares mínimos en materia de desalojos

    En el marco de la celebración del día internacional del campesinado, el 17 de abril del 2012, como se viene haciendo desde hace unos años, se produjeron tomas de tierra en varios departamentos del país (Olancho, Francisco Morazán, El Paraíso, Yoro y Cortés). Fueron 13 grupos campesinos los movilizados, todos agrupados en la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y un sector de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (Anach) y liderados por la Via Campesina. Con esta acción trataban de denunciar el deterioro de la situación debido a la impunidad, la militarización y el poder agroindustrial de la oligarquía y los terratenientes |100|.

    Entre las tierra ocupadas se encontraban los predios de dos ingenios ubicados en el Valle de Sula, Azucarera del Norte S.A. (AZUNOSA) y la Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA), afectados por la resolución 050-2012 emitida por el Instituto Nacional Agrario (INA) en mayo del 2012. Esta resolución establecía la expropiación de unas 6.600 hectáreas por no haber solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho |101| establecido en la Ley de Reforma Agraria. Una vez identificadas estas irregularidades se emitió la resolución de expropiación de las tierras que no gozaban de la autorización de sobretecho, es decir 3.644 hectáreas de AZUNOSA y 2.969 hectáreas de CAHSA. |102|

      Situación de seguridad

    En el caso de San Manuel, en el departamento de Cortés, el 12 de junio del 2012 se ejecutó la tercera orden de desalojo con la consiguiente expulsión del campesinado de las tierra en las que estaban asentados desde el 17 de abril, algunas de las cuales eran parte de los predios expropiados por el INA a la CASAH. Durante el desalojo, los operadores de justicia fueron respaldados por un fuerte efectivo de la Fuerza Pública y se detuvieron a miembros del Movimiento Campesino de San Manuel (MOCSAM). Posteriormente varios tractores destruyeron el campamento del MOCSAM y unas tres bodegas, donde comercializaban productos de primera necesidad. |103| Resultado de los desalojos ejecutados este año en San Manuel, alrededor de 141 integrantes del grupo campesino fueron detenidas y en la actualidad gozan de medidas sustitutivas que no les permite acercarse a 500 mestros de las tierras en conflicto.

    En el caso de Santa Elena, Aguas Blancas, en el departamento de Yoro, el día 15 de agosto del 2012 un numeroso operativo de agentes policiales, militares y guardias de seguridad llevaron a cabo el segundo desalojo de grupos de campesinos en tierras expropiadas por el INA a la empresa AZUNOSA meses antes. Durante este desalojo se reportó que unas 40 personas fueron detenidas acusadas del delito de usurpación de tierras, entre ellas 14 menores de edad |104|, a quienes dictaron auto de prisión y aplicaron medidas sustitutivas a la privación de libertad. Según declaraciones hechas a los medios de comunicación por las personas desalojadas se trató de un "desalojo ilegal porque fue ejecutado por un oficial de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), quien se hizo pasar por juez ejecutor". Denunciaron, además, que la orden de desalojo no fue notificada a las familias de manera previa al desalojo. |105|

      La reacción de la Comunidad Internacional

    En el caso de AZUNOSA, la inversión pertenece a la empresa de capital británico-sudafricano SABMiller. El jefe de la división legal, y así lo reiteró el asesor del INA en la entrevista con PBI, sostiene que ha habido fuertes presiones de parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras y de la Asociación Nacional de Industriales para que el INA cese en sus acciones de expropiación de las tierras. SABMiller llegó al punto de amenazar con retirarse del país y trasladar su inversión a El Salvador. |106|

    Honduras produce actualmente más de 300 mil toneladas métricas de aceite de palma aceitera, casi el 70% destinadas a la exportación. Una planta que se cultiva en 120 mil hectáreas (eran 40 mil en los años 90 y 80 mil en el 2005), en su mayoría ubicadas en los departamentos norteños de Colón y Atlántida, y de manera especial en el Valle del Aguán |R1|.

    R1. Misión Internacional al Bajo Aguan, "Honduras: violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán", julio de 2011.

    El Bajo Aguan: la violencia vulnera la defensa de Organizaciones Campesinas

    En el informe de PBI de mayo 2011 ya se hizo referencia a los orígenes históricos de la conflictividad en esta zona y a la complejidad de la situación derivada de la presencia de diferentes actores estatales y no estatales, lícitos e ilícitos. En los años 80 se promovió una política gubernamental que incentivaba la colonización de esta área por campesinos venidos de diferentes partes del país, y derivó en la formación de cooperativas. Con la entrada en vigor de la Ley para la Modernización del Desarrollo Agrícola |107|, que promovía la privatización de la tierra, se origina la conflictividad actual. Entre los factores que han agravado la situación en esta región hasta convertirla en uno de los conflictos de tierra más sanguinarios de América Central se encuentra el auge del cultivo de la palma aceitera para la exportación. Las tierras dedicadas a este cultivo, tanto de cooperativas campesinas como de grandes terratenientes, gozan actualmente de una rentabilidad muy elevada, y los intereses económicos que se conforman alrededor tienen como consecuencia una agudización de la conflictividad.

      La situación de seguridad

    Según la documentación sistematizada por la Misión Internacional en el Bajo Aguán |108|, 54 personas vinculadas a organizaciones campesinas, más un periodista y su pareja, y el abogado Antonio Trejo han sido asesinadas desde septiembre del 2009 hasta octubre del 2012, en el marco de este conflicto agrario.

    Además, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo del 2011. Según datos proporcionados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, no se ha realizado ninguna investigación imparcial de estos crímenes. |109|

    La militarización del área se ha intensificado en los últimos meses. En agosto del 2011, se desplegaron nuevas operaciones militares, como la conocida como Xatruch II que combina efectivos policiales y militares. En el año 2012 este operativo se fortaleció hasta constituir lo que se conoce como Xatruch III. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) agentes de este operativo militar participaron en actos de tortura. |110| A esta militarización de la zona se suma la presencia de un fuerte contingente de guardias de la seguridad privada, empleados por los terratenientes. Éstos también han sido acusados por varias organizaciones internacionales de haber participado en diferentes tipos de actos violentos: desalojos, asesinatos, tiroteos, intimidaciones, desapariciones, etc.

    Uno de los intentos de desalojos forzosos registrados en el 2012 en el Bajo Aguán tuvieron lugar en el marco del litigio por las fincas de San Isidro, La Trinidad y El Despertar. Mediante las decisiones judiciales se confirmó que la adquisición de estas tres fincas por parte de los empresarios Miguel Facussé y René Morales era ilegal. En ejecución de dicha sentencia se entregaron las fincas a los campesinos del MARCA. No obstante, los empresarios interpusieron demandas de amparo para revertir la restitución de tierras que fueron aprobadas, en contravención de las disposiciones legales vigentes. Los amparos concedidos revirtieron la restitución de las tierras y dieron origen a los desalojos. |111| El 18 de julio de 2012 un contingente militar de más de 300 policías, decenas de militares y carros portando armas de gran calibre, liderado por la guardia de seguridad del terrateniente Miguel Facussé se presentó en la finca San Isidro con el objetivo de desalojar la misma. |112| El 9 de septiembre del 2012 un grupo numeroso de militares y policía llevó a cabo un desalojo violento en la finca Los Laureles, con vejámenes, persecuciones y capturas contra el campesinado. Según los mediosde comunicación fueron utilizados potentes gases lacrimógenos y armamento de grueso calibre. |113|

    La criminalización de la defensa del acceso a la tierra en el Bajo Aguán también es evidente, habiendo más de 160 casos de campesinos y campesinas procesados. Alrededor de 80 continúan temporalmente encarcelados |114|. La Misión Internacional que visitó la zona a inicios del 2011 denunció ante la CIDH que en algunos de estos casos no se está respetando el debido proceso. |115| Un ejemplo significativo de criminalización es el caso de los 24 campesinos y campesinas del Bajo Aguán detenidos en agosto del 2012 cuando participaban en una protesta frente a la CSJ acusados del delito de manifestación ilícita. |116| Acciones como éstas han tenido eco a nivel internacional, emplazando al gobierno hondureño a poner fin a estas medidas de hostigamiento. |117|

    Muertes violentas de campesinos en el Bajo Aguan en 2012

    FECHA DATOS
    20 de enero Mattía Valle |T1|
    Miembro del MUCA.
    11 de abril Doninely López Alvarado |T2|
    Miembro de la Empresa Asociativa Campesina Camarones y del MUCA.
    16 de mayo Juan José Peralta Escoto |T3|
    Miembro del MUCA.
    6 de julio Gregorio Chávez Aranda |T4|
    Miembro activo de la Iglesia Católica.
    7 de julio Jacobo Erazo López |T5|
    Miembro del MUCA y ex-directivo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción El Tranvío.
    8 de julio José Luis Dubón Díaz |T6|
    Miembro del MUCA.
    27 de julio Israel García Pérez |T7|
    Miembro del Movimiento Campesino Recuperación Nacional del Aguá.
    27 de agosto José Braulio Díaz López |T8|
    Secretario de la Empresa Asociativa Campesina de Producción El Tranvío y miembro del MUCA.
    10 de noviembre José Cecilio Pérez |T9|
    Dirigente del MARCA.

    T1. http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=20023

    T2. http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2012/04/honduras-bajo-aguan-hasta-cuando.html

    T3. http://www.resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4679:ante-el-asesinato-de-campesinos-y-periodistas-en-honduras&catid=81:comunicados-de-solidaridad&Itemid=279

    T4. http://nonosolvidamosdehonduras.blogspot.com/2012/07/observatorio-de-ddhh-demanda.html

    T5. http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2012/07/bajo-aguan-ofensiva-criminal-contra.html

    T6. Defensores en Linea, "El Aguan sigue reportando muertes violentas de campesinos", julio 2012.

    T7. http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2012/07/bajo-aguan-en-un-laberinto-de-violencia.html

    T8. Defensores en Linea: Represión, persecución y asesinato hacia los campesinos del Bajo Aguan, agosto 2012.

    T9. http://proceso.hn/2012/11/10/Caliente/Contin.C.BAa/59992.html

    Conflictividad agraria en el Bajo Aguán
    Fuente, El Heraldo y FIAN, Elaboración propio


    • San Isidro: intento de desalojo forzoso el 18 de julio 2012. Esta finca junto a La Trinidad y el Despertar, en las que se ejecutaron varios desalojos en el 2010 y 2011, han sido objeto de decisiones judiciales que establecen las restitución de las mismas a las cooperativas miembro del MARCA.
    • Los Laureles: finca desalojada el 9 de septiembre 2012.
    • El Paso Aguan: finca bajo amenaza de desalojo forzoso.

    3.1.5 DEFENSA DEL TERRITORIO Y DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO

    Honduras ha integrado parte de estos estándares a su legislación nacional, sin embargo las organizaciones de derechos humanos lamentan que no se respeta el marco legal establecido. A esto se suma, según las informaciones recibidas durante la visita de PBI a Honduras |R1|, el desconocimiento y/o inobservancia por parte del Poder Judicial y el MP a lo establecido en estándares internacionales reconocidos y ratificados por el Estado de Honduras como es el caso del Convenio 169 OIT.

    R1. PBI, Información recibida del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en base a casos presentados "ante el MP y el Poder Judicial en los que se ha invocado los derechos que estable el Convenio 169 OIT y estos ni siquiera son mencionados en sus resoluciones por el Ministerio Publico y por los Jueces que conocen de las causas.", noviembre 2012.

    El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocen el derecho de todos los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales, de ser informados y consultados y de no ser privados, en ningún caso, de sus propios medios de subsistencia. Además, el Convenio 169 de la OIT exige el respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los territorios (art. 13 a 17), que incluye la permanencia en sus tierras, el reconocimiento de los derechos sobre sus bienes naturales y la participación en la administración de éstos. En este sentido también los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno de Naciones Unidas (1998) y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) establecen importantes preceptos a nivel internacional que prohíben los reasentamientos arbitrarios y reiteran la obligatoriedad de emprender evaluaciones del impacto ambiental de cualquier actividad propuesta que pueda tener un impacto negativo en el medio ambiente.

    Honduras está ubicada en el corazón mismo del corredor biológico mesoame-ricano, una franja de conservación que se extiende a lo largo de ocho estados, desde México hasta Panamá y cuenta con una amplia riqueza en recursos naturales y biodiversidad. En el país existen 35 cuencas hidrográficas primarias de las cuales dos, las de los ríos Patuca y Ulúa, cubren una extensión de 25 mil y 22 mil km2 respectivamente. El bosque hondureño conforma alrededor del 50% del territorio. La deforestación es tan grave y la explotación ilegal tan generalizada que las propias autoridades forestales hondureñas reconocen que se ignora la magnitud de la tala anual. |118| Los subsuelos son también ricos en minerales como demuestran las 637 concesiones mineras registradas hasta abril del 2011, de las cuales 284 han sido otorgadas y 353 están en espera, pendientes de la aprobación de la nueva Ley de Minería. Estudios indican que Honduras cuenta además con una enorme riqueza petrolera en las costas del océano Atlántico, territorio en el que habitan pueblos indígenas y afrohondureños.

    Varias de las organizaciones entrevistadas por PBI expresaron su desacuerdo por la aprobación de una serie de leyes, durante los dos años posteriores al golpe de estado, que consolidan un modelo de desarrollo que facilita la explotación de los recursos naturales y vulnera el derecho al territorio de las comunidades campesinas, indígenas y afrohondureñas. Entre ellas, se encuentra la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (más conocida como "ley de las ciudades modelo"), que conllevaría la modificación de varios artículos de la Constitución y permitiría la instalación de ciudades independientes, con un sistema jurídico y de seguridad propio, entre la bahía de Trujillo y el río Sico, territorio habitado por las comunidades garífunas. |119| Asimismo, denuncian que en medio del escenario de crisis institucional generada por el golpe de estado, el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Aguas que posibilita la concesión a terceros de los recursos hídricos del país. En virtud de esta ley el Congreso concedió, sin previa consulta a las comunidades afectadas, 47 licitaciones de agua, hecho que generó el rechazo de los pueblos indígenas, afrocaribeños y de varias organizaciones sociales |120|.

    Estudio sobre la expansión petrolífera en el Océano Atlántico
    Fuente Petrolium Geo-Servicesi, Elaboración propia

    En un programa de televisión retransmitido el 25 de octubre del 2012, el asesor presidencial Roberto Herrera Cáceres señaló que la actual administración gubernamental estaría firmando un memorando de entendimiento con la compañía británica British Gas, para la exploración y explotación de hidrocarburos en un área de 3.500 km2, ubicada en la zona económica exclusiva frente a las costas de la Moskitia hondureña. |M1|

    M1. OFRANEH, "Hidrocarburos en la Moskitia, British Gas y el derecho a la consulta", 29 de octubre 2012.

    Las concesiones de explotación de los recursos naturales han estado históricamente marcadas por las irregularidades y la obtención mínima de beneficios para las comunidades. A pesar de no conocer a ciencia cierta cuáles son las amenazas que se ciernen sobre los pueblos indígenas y las comunidades aledañas frente a una posible avalancha de concesiones de explotación -puesto que la información oficial no está a plena disposición a pesar de las actuales campañas de transparencia- las comunidades que ya han sido afectadas sí han documentado sus experiencias. La información a la que ha tenido acceso PBI describe impactos devastadores en la salud y el medioambiente |121|. Este es el caso, por ejemplo, de la explotación minera a cielo abierto en el Valle de Siria, donde está ubicado el Proyecto San Martín a cargo de la empresa Entre Mares Honduras, filial de la canadiense Gold Corp, que obtuvo concesiones por una extensión máxima de 118.000 hectáreas y terminó afectando de manera directa e indirecta a las comunidades de Cedros, Marale, San Ignacio, El Porvenir y Palo Alto. |122|

    Diferentes organizaciones hondureñas, entre ellas movimientos indígenas, se han movilizado con el objetivo de sensibilizar a las comunidades sobre los impactos de estos megaproyectos, la necesidad de realizar estudios de impacto medioambientales previos y garantizar el respeto del derecho de las comunidades a ser informadas y consultadas. Entre otras actividades se han iniciado campañas por la defensa del territorio y la ecología urbana y se han promovido 15 declaratorias de municipios libres de minería a nivel nacional |123|.

    En el marco de la actividad de defensa del territorio y del medioambiente, organizaciones indígenas y ambientalistas sufren amenazas, actos de hostigamiento, agresiones a la integridad física y persecución por la vía judicial. Según la CIDH, estos hechos son cada vez más frecuentes y las personas defensoras se encuentran en una situación de alto riesgo. Hay varios casos reportados por las organizaciones indígenas en cuanto a esto. El 1 de mayo del 2012 por ejemplo, denunciaban el asesinato, por supuestos miembros de la Policía Nacional, de Santos Alberto Rodríguez |124|. Santos era miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que impulsa procesos de mejora de la vida de las comunidades indígenas lencas a través de las reivindicaciones sociales, políticas, económicas y culturales. De sus denuncias se han hecho eco organizaciones internacionales como Cultural Survival, que trabaja en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y en ocasión del EPU, manifestó que "los indígenas de Honduras corrían el riesgo de perder sus tierras ancestrales y su base recursos naturales, y se veían sometidos a actos de violencia e intimidación que obstaculizan su libertad de opinión" y su labor de defensa del territorio. |125|

    Mapa Minerológico
    Fuente SERNA, Elaboración propia


    Por su parte las organizaciones ambientalistas como el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), en oposición a la tala ilegal de árboles, también han denunciado múltiples amenazas de muerte y otras intimidaciones físicas contra sus miembros. |126| Reiteran que el objetivo de los ataques es acallar su oposición a la explotación de los recursos naturales en el país. Esta situación no pasa inadvertida para las instancias internacionales, que se han pronunciado en diversas ocasiones sobre su gravedad y la necesidad de adelantar acciones para ponerle fin. Ya en el 2009 la Corte IDH dictó una sentencia contra el estado de Honduras por el caso de la defensora Jeannette Kawas, una activista ambiental asesinada por su oposición a la tala ilegal de madera. Esta sentencia ordenaba, entre otras cosas, la realización de una campaña de sensibilización sobre la importante labor que realizan los defensores y defensoras ambientalistas en el país. |127|

    "Honduras Open for Business"

    Este evento realizado en San Pedro Sula en mayo 2011 fue orientado a promover la inversión extranjera y proyectar la imagen de vuelta a la normalidad después del golpe de estado, anticipando la readmisión de Honduras en la OEA el 1 de junio 2011. En este contexto, PBI recibió denuncias sobre situaciones en las que las fuerzas públicas de seguridad hicieron uso de la violencia para reprimir las manifestaciones que se llevaron a cabo en oposición a este espacio. Este caso es ilustrativo de las dificultades que las organizaciones, comunidades y personas que defienden el acceso a la tierra y el derecho al territorio enfrentan al exigir el respeto, promoción y protección efectiva de estos derechos.

    Legislación que regula la explotación de los recursos naturales

    Propuesta de Ley de Regiones Especiales (RED)
    Decreto 04/2011

    Esta propuesta conllevaría la modificación de varios artículos de la Constitución y permitiría la instalación de ciudades independientes con un sistema jurídico y de seguridad propio entre la bahía de Trujillo y el río Sico, territorio habitado por las comunidades garífunas. En enero de 2011, el Legislativo, con el voto de 126 de los 128 diputados que integran la cámara, aprobó la creación de las RED, afirmando entonces que no se violentaba la soberanía, la forma de gobierno, ni el territorio hondureño. Las reacciones en contra a la decisión del Legislativo no se hicieron esperar por parte de las organizaciones de derechos humanos y las comunidades indigenas quienes interpusieron 68 recursos de inconstitucionalidad y una acusación por traición a la patria en contra de los 126 diputados. En octubre 2012, el pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronunció con 13 magistrados en contra, uno a favor y un voto particular de su presidente, Jorge Rivera, quien no se pronunció por ninguna opción. El Presidente del Ejecutivo lamento públicamente la decisión de la Corte.

    Ley General de Aguas
    Decreto 181/2009

    En medio del escenario de crisis institucional generada por el golpe de estado, el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Aguas |T1|, que posibilita la concesión a terceros de los recursos hídricos del país y en virtud a la cual el Congreso, en octubre 2011 |T2| y sin previa consulta a las comunidades afectadas, aprobó la concesión de 47 licitaciones de agua generando el rechazo de los pueblos indígenas, afrocaribeños y de varias organizaciones sociales |T3|.

    Ley de Hidrocarburos
    1984

    Esta ley establece que el canon a pagar por la explotación en el artículo 70, cual señala que "Durante el periodo de explotación el contratista pagará, tanto en tierra firme como en aguas interiores y en el mar, un canon superficial anual de diez lempiras por hectárea, y de veinte lempiras por hectárea durante la prórroga de dicho periodo". El 8 de febrero del 2011, la actual administración Lobo, vía decreto PCM-007-2011, suspendió las actividades de exploración de petróleo, argumentando que Honduras requiere de una nueva Ley. |T4|

    Proyecto de Ley de Mineria
    Precedente Decreto 292/98 febrero 1999

    Este proyecto de ley fue elaborado a puertas cerradas por la Comisión de Minería, y según varias organizaciones de derechos humanos violenta gravemente los derechos territoriales, culturales, espirituales de los pueblos Indígenas y negros. Entre otras cosas establece la continuidad y la promoción del método de explotación a cielos abiertos; no protege, ni garantiza el acceso al agua para las comunidades, se da la preminencia de su uso a la industria minera, en abierta violación al Derecho Humano al agua; asegura la vigencia de los escudos fiscales para que las empresas; restringe e impide el acceso a la información sobre las actividades mineras; la consulta ciudadana vinculante se deja solamente para casos excepcionales y no como norma general. |T5|

    T1 Ley de Aguas (Decreto 181-2009)

    T2 Véase: http://argentina.indymedia.org/news/2010/11/759566.php

    T3 Declaraciones COPINH. http://radio-progresohn.com/contentrp/index.phpoponen-a-concesion-de-rios&catid=42:noticias&Itemid=99

    T4 OFRANEH, Comunicado Hidrocarburos en la Moskitia, British Gas y el derecho a la consulta, 29 de octubre 2012.

    T5 Vease http://www.miningwatch.ca/es/news/organizaciones-sociales-de-hon-duras-rechazan-proyecto-de-ley-minera-por-poner-los-intereses

    Propuesta de Ley Red: ubicación de las ciudades modelo
    Fuente El Heraldo, Elaboración propia

    La instalación de ciudades independientes, con un sistema jurídico y de seguridad propio, entre la bahía de Trujillo y el río Sico, territorio habitado por las comunidades garífunas.

    Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia: criminalización, amenazas y hostigamientos ante la oposición a las concesiones hidroeléctricas en el Departamento de Atlántida

    El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) brinda asesoría y apoyo a las comunidades indígenas y campesinas que luchan entre otras contra las concesiones hidroeléctricas sin previa consulta de las comunidades ni evaluaciones de impacto ambiental y la tala ilegal de los bosques. Uno de los casos que está acompañando está liderado por la Red Departamental de Atlán-tida en Defensa de los Recursos Naturales (en adelante la Red). Se trata de un movimiento de resistencia comunitario que surge en oposición a las concesiones hidroeléctricas en el departamento, que en la mayoría de los casos se han otorgado sin consulta previa a las comunidades afectadas.

      Situación de seguridad

    Las organizaciones sociales manifiestan que estas concesiones violentan la legislación hondureña. Hacen especial énfasis en la Ley General de Medioam-biente destinada a garantizar la protección y el manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales que son de interés social, y que establece la necesidad de realizar consultas previas con las comunidades que verán afectados sus territorios, así como la elaboración de estudios de impacto medioambiental.

    Miembros del MADJ informaron a PBI de la existencia de denuncias interpuestas contra dos proyectos ante el sistema de justicia nacional: una contra la empresa CONTEMPO por abuso de autoridad y daños ambientales en el municipio de La Masica; y otra contra la empresa SEMSA por el caso del proyecto Mezapa, en el municipio de Arizona. En el primer caso, tres comunidades vieron afectado su abastecimiento de agua potable debido a la apertura de un tramo de carretera de siete kilómetros por parte de esta empresa. Según las informaciones presentadas por el MADJ al MP, la construcción de la carretera causó deslaves que provocaron el azolvamiento total de la represa. Además, los integrantes de la Corporación municipal de La Masica, manifestaron el desconocimiento de dichos proyectos, por lo que no se habría garantizado el derecho a ser informados. En el segundo caso, SEMSA, la empresa ha sido denunciada por delito de fraude. Las firmas de las personas que asistieron a una sesión informativa organizada por la empresa fueron utilizadas como justificante ante el SERNA. De esta manera la empresa demostraba que el proyecto había sido socializado. |128|

    En este contexto de fuerte oposición a la inversión hidroeléctrica en la zona, varios de los integrantes de la organización y de las comunidades han sido víctimas de presiones, hostigamientos y amenazas. En los últimos meses del 2012 la situación se ha agravado y varias personas han tenido que salir del país. Todos estos hechos han sido denunciados ante la Fiscalía y el CONADEH, con el objetivo de que se garantice la seguridad de las personas amenazadas. |129| A pesar de estas denuncias, hasta la fecha las autoridades no han tomado las medidas necesarias para proteger a las víctimas, ni para identificar, juzgar y sancionar a los responsables. |130|

      La reacción de la Comunidad Internacional

    La CIDH emitió recientemente un comunicado en relación a este caso en el que se indica que sujetos desconocidos ingresaron ilegalmente a la vivienda de Alvarenga Amador, integrante del MADJ, con el objeto de intimidarlo. |131|

    Triunfo de la Cruz: intereses turisticos amenazan

    La comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, situada en la Bahía de Tela, en el departamento caribeño de Atlántida, lleva décadas luchando por obtener la titulación de las tierras en las que habita desde tiempos ancestrales. A pesar de que se le otorgó un título de garantía de ocupación por parte del INA en el año 1978, existen fuertes intereses en convertir Bahía de Tela en un complejo turístico, hecho que la coloca en una situación de vulnerabilidad.

      Situación de seguridad

    Desde los años 90 la municipalidad de Tela está tratando de ampliar su casco urbano, convirtiendo la comunidad de Triunfo de la Cruz en un barrio perteneciente a la municipalidad. Este proceso supondría la pérdida por parte de las comunidades de sus tierras ancestrales. Por otro lado, se han registrado ventas particulares de parcelas, por parte de quienes no tenían la facultad de vender estos terrenos, a empresas privadas interesadas en invertir en el sector turístico. En este contexto se enmarca el nacimiento del Comité de Defensa de la Tierra de Triunfo (CODETT) que contó con el apoyo de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

    Por su defensa del territorio, que incluye la reivindicación del derecho a la consulta sobre el desarrollo de megaproyectos, varios líderes y lideresas comunitarias han sido víctimas de diversos ataques, desde agresiones físicas, incluidos asesinatos, hasta procesos de criminalización y difamación que han derivado en una situación de gran inseguridad y riesgo para los individuos y la comunidad. |132|

    Después del golpe de estado el conflicto se ha intensificado. Integrantes de la comunidad fueron víctimas de seguimientos, hostigamientos y detenciones ilegales, por su participación en actos de protesta. |133| El 6 de enero del 2010 la radio comunitaria Faluma Bimetu fue incendiada por desconocidos. A causa de estos actos y, tal y como hace referencia la CVR, se puede constatar que esta radio se convirtió en una de las víctimas de la represión selectiva llevada a cabo después del golpe, dirigida hacia cualquier persona que levantara su voz en protesta por este hecho. |134| El incendio fue denunciado, pero hasta la fecha de la elaboración de este informe no ha habido una investigación sobre los hechos. En enero del 2011 la radio se cerró otra vez por temor a que las instalaciones fueran atacadas de nuevo, después de haber recibido mensajes amenazantes en este sentido. |135| En abril del 2011 desconocidos prendieron fuego a la casa del señor Alfredo López Álvarez, líder de la comunidad, durante la noche. |136|

      La reacción de la Comunidad Internacional

    Triunfo de la Cruz está esperando el informe de fondo sobre la petición hecha a la CIDH en la cual responsabilizan al estado hondureño por la violación del derecho a las garantías judiciales, a la propiedad privada y a la protección judicial, consagrados todos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el Convenio 169 de la OIT. En dicha petición expresaban que "a pesar de que el Instituto Nacional Agrario (...) entregó a la Comunidad dos títulos de propiedad (...) sobre sus territorios ancestrales, la posesión de las tierras no ha sido pacífica en virtud del accionar de autoridades públicas y terceros interesados" |137|. Mientras tanto, la comunidad sigue gozando de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2006. |138|

    Presencia y previsión de megaproyectos turísticos en esta zona
    Fuente Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, Elaboración propia


    3.2 TIPOLOGÍA DE LOS ATAQUES CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

    En el marco de la investigación que PBI ha realizado en Honduras, se han reportado diferentes ataques contra personas defensoras, sus familiares y sus comunidades, todos ellos dirigidos a paralizar su labor en defensa y promoción de los derechos humanos, con el consecuente cierre de sus espacios de trabajo. En base a la misma información PBI ha podido identificar los grupos más vulnerables así como algunos de los patrones más comunes de agresión. A continuación les compartimos un breve análisis de estos patrones.

    AMENAZAS E INTIMIDACIONES

    Amenazar se ha convertido en un hecho bastante habitual, sobre todo a través de mensajes de texto al teléfono móvil, correos electrónicos o llamadas telefónicas. Es una manera fácil y poco costosa pero que resulta ser muy efectiva ya que el miedo y la inseguridad generados pueden inhibir toda iniciativa de reivindicación de derechos. Un gran número de activistas del país han denunciado haber recibido alguna vez mensajes de este tipo que tienen un objetivo claro de intimidación, ya que suelen hacer alusión al trabajo que se desarrolla. Y en más de una ocasión estas amenazas han resultado ser el preludio de un ataque más grave, como secuestro, agresiones e incluso asesinato.

    Uno de estos casos es él de la activista Gladys Lanza, que lleva recibiendo amenazas desde el 2009, a raíz de su postura crítica con el golpe de estado. La intensidad de las amenazas ha ido aumentando hasta que en agosto de 2012 fue víctima de un seguimiento con intento de agresión |139|. En ocasiones, son los familiares, en particular de las mujeres defensoras, los que sufren hostigamientos. Éste es el caso de la periodista Dina Meza quien ha informado a PBI que el día 19 de noviembre del 2012, su hijo de 19 años, fue objeto de vigilancia e intimidación por personas desconocidas cuando regresaba a casa en el transporte público. La periodista, a quien le han sido concedidas medidas cautelares de la CIDH en el 2006 y 2009, evalúa ésta como una amenaza directa a su persona en el marco de su colaboración con COFADEH. |140|

    ATAQUES A LA INTEGRIDAD FISICA

    El asesinato es la expresión más abominable de este patrón. Por la falta de un registro riguroso y exhaustivo, es complicado establecer el número de personas defensoras muertas en Honduras a causa de su labor en defensa de los derechos humanos, sin embargo COFADEH hace referencia a unos 132 asesinatos por motivos políticos en los últimos tres años |141|. Como se ha hecho referencia en la sección anterior de este apartado, los últimos casos, acontecidos durante la presencia de PBI en el país y que han provocado fuertes reacciones internacionales, fueron las ejecuciones del abogado Antonio Trejo y del fiscal de derechos humanos Manuel Eduardo Díaz Mazariegos. Además de los asesinatos, se han documentado otras agresiones físicas como secuestros, torturas y tratos crueles. Un ejemplo reciente es el caso de la periodista Karla Zelaya que, tras varios mensajes intimidantes a su celular, fue secuestrada y torturada durante varias horas a finales de octubre del 2012. |142| La CVR expone algunos de ellos en su informe y añade que, en muchos de los casos, son la policía y el ejército los autores de estos ataques. Respecto a los abusos de la Fuerza Pública, muchas de las 129 recomendaciones hechas durante el EPU a Honduras a finales del 2010 fueron encaminadas a erradicar estos atropellos |143|.

    Sistematización/análisis de los ataques reportados contra defensores/as en este informe

    TIPOLOGÍA DERECHOS MÁS AFECTADOS CASOS REPORTADOS EN EL INFORME
    Amenazas e intimidaciones a las personas defensoras y sus familiares.
  • Mensajes de texto al teléfono móvil
  • Correos electrónicos
  • Llamadas telefónicas
  • Vigilancia en lugares de domicilio y trabajo
    		•  Defensa del territorio Miembros de MAO, miembros y comunidades acompañadas por el MADJ
    Derechos de las mujeres Activista Gladys Lanza
    Comunidad LGTBI Donny Reyes (Arcoiris)
    Libertad de expresión Periodistas Karla Zelaya y Dina Meza
    Independencia judicial Abogado Antonio Trejo, miembros del CODEH
    Ataques a la integridad física
  • Asesinatos (En algunos casos precedidos de secuestros; torturas, casos de trato cruel)
    		•  Libertad de expresión Periodistas Alfredo Villatoro, Nahum Palacios, Gustavo Alfredo Landaverde
    Comunidad LGTBI Walter Orlando Trochez, Erick Alex Martínez Ávila
    Independencia judicial Antonio Trejo Cabrera, fiscal Manuel Eduardo Díaz Mazariegos
    Acceso a la tierra y defensa del territorio Miembros del MARCA y MUCA, integrantes de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, integrantes del COPINH, Jeannette Kawas
    Criminalización
  • Judicialización
  • Uso de la legislación
  • Estigmatización
    		•  Acceso a la tierra y defensa del territorio Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, miembros del MARCA y MUCA, MOCSANl, comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, Comité del Valle de Siria, integrantes del COPINH, integrantes de CNTC
    Libertad de Expresión Radios comunitarias del COPINH; radio garífuna Faluma Bimetu
    Comunidad LGTB |T1| APUVIMEH; Red Lésbica Catrachas
    Restricción de derechos a la libertad de expresión y asociación
  • Ejecución desalojos forzosos de manera violenta por fuerzas militares y/o de la seguridad privada
  • Abuso de fuerza pública en las manifestaciones
  • Despido injustificado
    		•  Acceso a la tierra y defensa del territorio MARCA y MUCA Bajo Aguan; MOCSAN en San Manuel
    Periodistas, miembros de la comunidad LGTBI, defensa del acceso a la tierra y del territorio Radio Progreso; Radio comunitaria La Voz de Zacate Grande
    Independencia Judicial Asociación Jueces por la Democracia

    T1. CIDH, Segundo informe sobre defensores 2011, marzo 2012 :El viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, dijo que "hasta el momento no existe relación de las muertes de los periodistas con el ejercicio de su profesión".

    CRIMINALIZACIÓN

    Las investigaciones penales sin fundamento en contra de personas defensoras de derechos humanos y la imposición de penas desproporcionadas tienen efectos perniciosos sobre el desarrollo de su labor, ya que paralizan su actividad y las estigmatizan, haciéndolas más vulnerables. El uso de la judiciali-zación como estrategia de represión ha sido resaltado por la ONU y la CIDH como uno de los principales obstáculos que deben enfrentar. |144| En Honduras, el caso del Comité del Valle del Siria, del cual ya se hizo eco PBI en su informe anterior |145|, es paradigmático en este sentido, al estar enfrentando varios de sus miembros un proceso de judicialización por haber participado en una manifestación. También lo es la detención de Alfredo López, líder de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, quien pasó seis años en prisión preventiva antes de ser absuelto sin que nunca llegase a celebrarse el juicio. |146| De igual modo, en octubre 2012 se dictó auto de prisión a 24 campesinos del MARCA, acusándolos de manifestaciones ilícitas. |147| También ha despertado la inquietud de organizaciones sociales e instituciones internacionales la adopción de legislaciones orientadas a restringir su trabajo, como es el caso de la Ley Especializada de Fomento para las organizaciones No-gubernamentales de Desarrollo, la Ley Especial para la Intervención de Comunicación Privadas y la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, ya que, según la Relatora Especial sobre defensores, establecen el marco legal propicio para criminalizar y estigmatizar la labor de los defensores y defensoras o interferir en sus políticas internas para tenerlas bajo control. |148|

    RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN

    Las diferentes limitaciones al derecho a recoger y difundir información van encaminadas a silenciar las voces que se alzan en contra del status quo. Aquí se enmarcan los ataques que han sufrido diversas radios comunitarias hondu-reñas, por ejemplo, o los actos represores contra periodistas o comunicadores sociales que estaban cubriendo diferentes protestas en la calle. |149| Pero, tal y como resalta el Relator Especial Frank La Rue, la libertad de expresión también incluye el derecho a la movilización y manifestación pacífica por medio de las cuáles se muestra descontento. Y en este sentido el Estado debe garantizar este derecho y no ponerle restricciones. Por eso, las acciones destinadas a la represión de quienes se manifiestan de manera pacífica son preocupantes. El uso de la fuerza y las detenciones arbitrarias durante manifestaciones han sido denunciados por la sociedad civil hondureña e instancias internacionales, sobre todo durante la crisis del golpe de estado, pero también en la actualidad. |150| Durante el transcurso del 2011 la CIDH ha recibido información que indica que la Policía y el Ejército hicieron un uso desproporcionado de la fuerza pública contra las personas que participan en las manifestaciones públicas convocadas por organismos de oposición, lo que se habría traducido en graves episodios de violencia y represión contra los manifestantes. Entre las víctimas de actos de represión a manifestantes se encuentra la profesora Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, quién murió atropellada el viernes 18 de marzo de 2011, por el conductor de un vehículo perteneciente a un canal de televisión, en circunstancias de que escapaba del lugar donde estaban siendo desalojados, por la Policía y con gases lacrimógenos, un grupo de docentes.

    Legislación que puede derivar en criminalización

    Propuesta de ley especializada de fomento para las organizaciones no-gubernamentales de desarrollo |T1|
    Decreto 32/201

    Esta ley, que aún no ha entrado en vigor, además de definir la naturaleza de organizaciones de desarrollo crea un Registro de ONGs al que todas las organizaciones inscritas tendrán que entregar sus cuentas, presupuestos, e información sobre la fuente y origen de los fondos de su organización. Varias organizaciones han señalado el riesgo "de que arbitrariamente el Estado, a través de la Secretaría de Estado del Interior y Población (SEIP), cancele la personería jurídica a instituciones inscritas ante la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) como las ONG's, por la simple sospecha de que éstas desarrollan actividades ilícitas, como el narcotráfico y el lavado de activos. |T2|

    Ley de intervención de comunicación privadas |T3|
    Decreto 243/201

    La nueva legislación ordena que se podrán intervenir comunicaciones no solamente a personas imputadas sino que crea una figura adicional denominada "personas investigadas", lo cual implica que cualquier persona podría caer en dicha categoría sin que sea necesaria la existencia de un indicio razonable sobre la comisión de un delito. Esto es especialmente grave en el contexto hondureño en donde los defensores y defensoras de derechos humanos podrían ser considerados personas investigadas y de esta manera se podría justificar la intervención de las comunicaciones. La ley establece que el juez deberá resolver en forma inmediata la solicitud de intervención de las comunicaciones, y da un plazo máximo de 4 horas para rendir la resolución de admisibilidad. |T4|

    Ley contra el financiamiento del terrorismo |T5|
    Decreto 241/2010

    En su capítulo XIII el funcionamiento y obligaciones de las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro. La ley establece una nueva forma de control del trabajo que desarrollan este tipo de organizaciones, y es que el artículo 58.1 establece la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera todas aquellas donaciones que sean iguales o superiores a los dos mil dólares. El artículo 61 establece las sanciones por incumplir con las obligaciones comprendidas en la ley, entre las que se prevé una multa de hasta 2000 salarios mínimos, la prohibición de realizar la actividad hasta por 5 años o inclusive la disolución de la asociación u organización. |T6|

    T1. https://www.cohep.com/pdf/PLDecretoNo32-2011.pdf

    T2. Informe de la Misión a corto plazo de Brigadas Internacionales de Paz, mayo 2011.

    T3. https://www.cohep.com/contenido/Asesoria_Legal/Ley_especial_comunicaciones_privadas.pdf

    T4. Informe Comisión de Verdad, octubre 2012, pag 106.

    T5. http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes.aspx

    T6. Informe Comisión de Verdad, octubre2012, pag 105-106.

    Los mecanismos de protección para las defensoras y los defensores de Derechos Humanos

    A pesar de reconocerse ciertos avances a nivel nacional, como la creación de mecanismos orientados a garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos, y de la existencia de otras iniciativas internacionales dirigidas a reconocer y fortalecer el rol de estas personas, las organizaciones de derechos humanos continúan denunciando una falta de voluntad y de recursos por parte del Estado para garantizar la protección, promoción y respeto efectivo de los derechos humanos en el país. Esto se evidencia en las graves y continuas agresiones reportadas, así como en la falta de cumplimiento por parte del gobierno de Honduras de algunas de las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos. Es por ello pertinente dedicar una parte de este informe al análisis de los mecanismos de protección y su funcionamiento.

    4.1 MECANISMOS NACIONALES DE PROTECCIÓN

    Se reconoce el esfuerzo del Estado y las organizaciones de derechos humanos en cuanto a la puesta en marcha de instrumentos nacionales orientados a garantizar la seguridad de las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos. La creación de instancias públicas dirigidas a mejorar la precaria situación de los derechos humanos, como la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la Comisión de Reforma y Seguridad, establecidas, sobretodo, por la presión nacional e internacional a raíz de las violaciones de derechos humanos cometidas después del golpe, constituyen un gesto de buena voluntad del Estado hondureño. Otro ejemplo lo encontramos en la formulación del anteproyecto de Ley de Protección para Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia que contó, según la información compartida por las autoridades hondureñas con PBI, con los aportes de la sociedad civil.

    A pesar de estas iniciativas, se ha denunciado la debilidad de aquellas instituciones que deberían ser claves en la implementación efectiva de un mecanismo de protección de las personas defensoras de los derechos humanos, como es el caso de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el propio CONADEH así como la falta de coordinación entre las mismas. A continuación se encuentra una breve referencia a algunas de estas instancias y cómo ha sido evaluado su funcionamiento:

    • El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH): es una institución creada a través del decreto No. 2-95 del Congreso Nacional, con el objetivo de garantizar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en los tratados, pactos y convenciones ratificados por el Estado hondureño. |151| La Relatora Especial sobre defensores constató, después de su visita en 2012, que esta institución no está desempeñando eficazmente sus funciones |152|. Asimismo, durante el EPU, muchas de las recomendaciones finales hicieron alusión a la necesidad de fortalecer esta figura, así como garantizar su independencia |153|. Es necesario en este punto diferenciar entre la institución y la persona que ocupa el cargo, Ramón Custodio. Custodio tuvo una actitud controvertida durante el golpe, cuando apoyó abiertamente al gobierno de facto y calificó lo acontecido como "sucesión constitucional". Según varias instancias de la comunidad internacional esto hizo que perdiera la confianza de gran parte de la sociedad civil y quedara cuestionada su rigurosidad y autonomía, cuestionamiento que se mantienen aun hoy. Si bien la actuación de gran parte del funcionariado del CONADEH fue intachable durante esos meses convulsos, la del Comisionado ha sido calificada incluso de negligente por instituciones como la CVR," |154|
    • La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH): se creó con el objetivo de promover, coordinar, formular, implementar y evaluar las políticas en materia de justicia y derechos humanos. A pesar que desde instancias internacionales se han reconocido los esfuerzos que viene realizando esta Secretaría son varias las organizaciones que han advertido de los riesgos relativos a la sostenibilidad de esta institución. Algunas de estas opiniones subrayan que fortalecer una institución nueva, con recursos adicionales a los establecidos en los presupuestos nacionales y en un contexto donde organismos más antiguos cuentan cada vez con menos dinero, no es el procedimiento más adecuado. Se evalúa que el mandato de la Secretaría sigue siendo débil y sin independencia del gobierno, y que sus facultades para proteger a activistas de derechos humanos o para influenciar a otros poderes del Estado, como el Congreso y la CSJ, son limitadas debido a que sólo puede dictar políticas para el Poder Ejecutivo |155|.
    • La Secretaría de Seguridad: se originó en la década de los 90 en el marco de cambios institucionales fuertes dirigidos a la creación de un cuerpo de seguridad pública desvinculado de las fuerzas armadas. Esta Secretaría sería la responsable de implementar acciones concretas en el marco de la activación de los mecanismos de protección dirigidas a garantizar la seguridad de las personas defensoras amenazadas. Entre estas medidas se encuentran: las rondas policiales alrededor de las oficinas, acompañamiento de efectivos de la policía sin uniforme, etc. En la reunión mantenida con la responsable de la unidad especial de investigación de casos de violación de derechos humanos de la Secretaría, ésta manifestó que la ineficacia de estos mecanismos se debe fundamentalmente a la falta de coordinación entre las diferentes instancias que conformarían la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos. |156| Este hecho también fue evidenciado por la prensa que se hizo eco de las declaraciones del representante del CODEH, Andrés Pavón, quien expresó que en el caso del asesinato del abogado Trejo, la falla de comunicación y seguimiento entre la SJDH y la Secretaría de Seguridad condujo a la desprotección del defensor |157|. Varias de las organizaciones de derechos humanos entrevistadas por PBI coincidían en este análisis.
    • La Fiscalía Especial de Derechos Humanos: es una unidad del Ministerio Público encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos encaminados a fortalecer el funcionamiento de la misma, con una ampliación de recursos y la asignación de un grupo de investigadores, esta instancia sigue presentando carencias que contribuyen a una incompleta protección de los derechos humanos en Honduras. La impunidad que reina sobre los ataques es un síntoma evidente de que la función de investigación y esclarecimiento de los crímenes no se cumple de la manera requerida. Una de estas debilidades es la escasez de recursos que impide que se puedan cubrir de manera eficiente todas las denuncias que se presentan. |158| Además, la ausencia de colaboración por parte de otras instancias del Estado, según información facilitada por la propia Fiscalía, puede tener también graves impactos. |159| También afecta sobremanera la situación de inseguridad que viven los propios fiscales, que son víctimas de manera recurrente de presiones y ataques para entorpecer su labor. Las organizaciones internacionales y nacionales han denunciado que esta Fiscalía no cuenta con un cuerpo de investigación propio, sino con uno conformado por efectivos de la policía. Esto puede derivar en una actuación imparcial al darse un conflicto de interés, ya que muchos de los casos adelantados son contra otros policías acusados de violaciones de derechos humanos. La CdV recomienda en su informe proceder a la evaluación del rol de esta fiscalía en un proceso que cuente con la participación de la sociedad civil.
    • La Comisión de la Verdad y la Reconciliación: creada en el 2010, hizo público su informe "Para que los hechos no se repitan" |160| en julio del 2011. En este informe calificó los hechos del 28 de junio de 2009 de golpe de estado y no de sucesión constitucional, como habían sido considerados por el gobierno de facto de Roberto Micheletti. La comisión presentó un conjunto de 88 recomendaciones en ocho ámbitos: constitucional, institucional, derechos humanos, fortalecimiento del estado de derecho, político electoral, combate a la corrupción, medios de comunicación, ámbito internacional y política de la memoria. De estas recomendaciones solo 13 habían sido implementadas hasta junio de 2012 y todo lo relacionado con resolver la impunidad seguía sin avances |161|.

    Anteproyecto de Ley de protección para defensores de los Derechos Humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia

    Este instrumento legal tendrá el objetivo de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos, poniendo en práctica las medidas de prevención, protección y medidas urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos. En la propuesta de anteproyecto de ley compartida por las organizaciones de derechos humanos con la misión de PBI, se establece la creación de un Consejo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Operadores de Justicia, Periodistas y Comunicadores Sociales que estará presidido por la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos y constituido por las siguientes instancias: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Fiscal de Derechos Humanos; Secretaría de Seguridad; Poder Judicial; Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional; Consejo Nacional Anticorrupción; tres representantes del Consejo Consultivo; tres representantes de las organizaciones de derechos humanos. Entre las posibles medidas preventivas recogidas en el anteproyecto de Ley encontramos la presencia y acompañamiento de observadores internacionales.

    Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos

    Esta Comisión se creó en el 2006 y está encargada de implementar las recomendaciones de los organismos y mecanismos internacionales y que tendría competencias para impulsar la armonización legislativa, el seguimiento a medidas cautelares decretadas por la CIDH, el dictado de recomendaciones a la administración pública, entre otras. La Comisión sin embargo, es infuncional pues carece de reglamentación clara, sus recomendaciones no tienen carácter vinculante y carece de personal propio y permanente. |R1|

    R1. C-LIBRE, Informe de las organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en Honduras para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Examen Periódico Universal , Grupo de Trabajo del EPU, noviembre 2010.

    Como ya han manifestado diferentes instancias internacionales es sumamente importante recordar que la obligatoriedad de protección estatal no se salda únicamente con la creación de mecanismos e instituciones sino que debe ir acompañada también de una legitimación pública a la labor que desarrollan las personas defensoras de derechos humanos. Si ésta no se da y se contraviene, además, con comunicaciones que estigmatizan el ejercicio de defensa de los derechos humanos, el Estado está incumpliendo su responsabilidad de otorgar protección. En este sentido, es preocupante que altos funcionarios |162| intenten desvincular los ataques que reciben las personas defensoras de la labor que llevan a cabo, atribuyéndolos a la delincuencia común, crímenes pasionales o a presuntos lazos con el narcotráfico. De esta manera se está socavando la identidad de defensor o defensora de la víctima, así como alimentando la percepción generalizada en los victimarios del bajo coste que tiene agredir a estas personas.

    Por otro lado, es también fundamental garantizar que las organizaciones de derechos humanos participen en el proceso de elaboración, revisión y evaluación de las políticas públicas y, en particular, en materia de derechos humanos. En las reuniones mantenidas con las entidades, éstas manifestaron a PBI que en la mayoría de los casos en los que se las había invitado a la discusión de estos instrumentos, se trataba más de una mera socialización que de un proceso participativo de consulta. En la opinión de varias de las organizaciones, el gobierno actual utiliza estos espacios para "cumplir" con las recomendaciones formuladas en el marco del EPU, y no para asegurar la participación efectiva de las organizaciones.

    Debilidades identificadas por las personas entrevistadas en el Mecanismo Nacional de Protección:

  • Descoordinación interinstitucional a la hora de implementar las medidas de protección.
  • Ausencia de un organo independiente dedicado al monitoreo del respeto de los derechos humanos (CONADEH).
  • Escasez de recursos humanos y económicos.
  • Existencia de instancias no consolidadas y que dependen directamente del ejecutivo (SJDH).
  • Situación de inseguridad de los fiscales de derechos humanos.
  • Falta de independencia de los investigadores del cuerpo policial.
  • Tan sólo el 15% de las recomendaciones de la CVR han sido cumplidas.

    • 4.2 SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

    Las medidas cautelares de la CIDH y las provisionales de la Corte IDH son instrumentos para proteger el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, y así han sido reconocidas por los estados miembros de la OEA. Cumplen una función "cautelar", en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales consagrados en las normas del propio sistema, evitando daños irreparables a las personas en situaciones de gravedad. En la práctica, las medidas cautelares y provisionales han sido reconocidas como una importante herramienta para la protección de los derechos humanos. Es significativo que el contexto hondureño de indefensión para las personas defensoras ha derivado en que un 22% de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH durante el 2010 fueran otorgadas a personas o grupos de personas de Honduras, así como el 20% de las otorgadas durante el 2011. |163|

    A la fecha de la presentación del informe del grupo de trabajo sobre el EPU-enero 2011- la CIDH había otorgado 341 medidas cautelares, de las cuales 253, según las informaciones proporcionadas por el estado de Honduras, habían sido acordadas con los beneficiarios |164|. Pese a este dato, las organizaciones entrevistadas por PBI que gozan de medidas de protección de la CIDH denunciaron que, siendo la finalidad última de estas medidas brindar seguridad, esto no se cumple debido a la incapacidad del estado hondureño a la hora de im-plementarlas. Así lo manifestó también la CIDH en su último informe, posterior al EPU, donde dice haber recibido información "de todos los sectores afectados, señalando las deficiencias de las autoridades para implementar las medidas cautelares y su consecuente ineficacia para proteger los derechos humanos de las personas afectadas" |165|. El caso de Nahúm Palacios |166|, periodista asesinado el 14 de mayo del 2010, el de Donny Reyes |167| integrante de la Asociación Arcoiris, quien ha recibido múltiples amenazas y hostigamientos, y el de Dina Meza |168|, periodista colaboradora de COFADEH quien ha recibido amenazas de violencia sexual, todas ellas personas beneficiarias de medidas cautelares, ejemplifican esta realidad.

    Las causas que originan la inadecuada implementación de las medidas son varias. Por un lado está la desconfianza en la policía. La implementación de las medidas supone el uso de la policía nacional, institución de la que las personas beneficiarias recelan por su vinculación con la represión después del golpe de estado y con grupos relacionados con el crimen organizado |169|. PBI tuvo la oportunidad de constatar que estos temores siguen existiendo. En este sentido el Relator Especial para libertad de expresión recomendó "que se establezca una Dirección de Protección de Personas dentro de la Policía Nacional que cuente con el entrenamiento específico para cumplir esa tarea y (...) que no se utilice a las Fuerzas Armadas (Marina, Aviación o Ejército) para funciones de protección o funciones policiales, pues es importante definir y separar con claridad las funciones militares de las funciones policiales que deben ser enteramente civiles" |170|.

    Por otro lado se encuentra la falta de respuesta eficaz por parte de las autoridades. La puesta en marcha de las medidas depende de la coordinación de tres instancias gubernamentales, la SJDH, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad. Durante la visita realizada en mayo del 2010, la CIDH recibió información que indica que el "mecanismo de coordinación interinstitucional para la implementación de las medidas cautelares es inefectivo" |171|. Varias de estas instancias manifestaron a PBI que la falta de coordinación deriva en una aplicación inapropiada de las medidas. Asimismo, nos comunicaron que están trabajando en la creación de un protocolo de implementación de las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte IDH.

    La creación del mismo responde a recomendaciones emitidas por la CVR y las recomendaciones formuladas en el EPU. |172| PBI tuvo la oportunidad de reunirse con las tres instancias involucradas en la formulación de este protocolo y hacerles llegar la solicitud de las organizaciones hondureñas para que dichas medidas sean diseñadas y puestas en marcha en coordinación con ellas.

    4.3 DIRECTRICES DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

    Desde que PBI realizó la primera visita a Honduras en mayo del 2011, se han observado ciertas iniciativas adoptadas por la UE y sus estados miembros en cumplimiento con los compromisos plasmados en las Directrices. Éstas han ido dirigidas principalmente a reconocer la labor de las personas, mostrar consternación ante su situación de desprotección y exigir la inmediata investigación de las agresiones sufridas. Entre otras acciones destacaríamos las visitas a las oficinas de las organizaciones, las declaraciones en los casos de asesinatos y amenazas y otras comunicaciones oficiales.

    Algunas de estas acciones están contempladas en el "Informe anual de la UE sobre derechos humanos 2011", otras en las diferentes comunicaciones emitidas desde la delegación de la UE en Honduras que incluyen la comunicación de mayo del 2012 sobre la persecución de los defensores de derechos humanos, la declaración de septiembre del mismo año sobre los asesinatos del abogado Antonio Trejo y del fiscal Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, las visitas del personal de la delegación y las embajadas de la UE a las oficinas de las ONG de derechos humanos hondureñas y su participación en eventos públicos |173|.

    A pesar de estas iniciativas y de la creación de algunos espacios para promover la socialización de las Directrices, PBI debe reiterar, como ya hizo en mayo del 2011, que persiste un elevado desconocimiento sobre este mecanismo de protección entre las organizaciones hondureñas. De hecho, en varias de las reuniones mantenidas, las organizaciones hicieron solicitudes específicas de formación en esta materia a PBI.

    Las entidades más familiarizadas con las Directrices así como con el funcionamiento de la delegación, reiteraron la necesidad de que haya un mayor involu-cramiento de las embajadas europeas y, en particular, de la delegación de la UE en temas de derechos humanos. Se hizo referencia a las buenas prácticas llevadas a cabo en el año 2010 cuando se mantuvieron reuniones mensuales con las organizaciones de derechos humanos. Es importante resaltar aquí que, en la mayoría de los casos, fueron las organizaciones que reciben apoyo financiero de la UE las que decían haber participado en los espacios de diálogo promovidos por la delegación de la UE. En particular eran éstas las que hacían un mayor énfasis en la necesidad de dirigir esfuerzos a potenciar la participación del cuerpo diplomático en el monitoreo de casos de amenazas y criminalización de las personas defensoras. En una comunicación de noviembre de 2012 |174|, la UE hacía referencia al mecanismo de coordinación de donantes, denominado Grupo de Seguimiento a la Declaración de Estocolmo, más conocido como G-16 |175|, como un espacio en el que se establecen prioridades en materia de derechos humanos para el país. Éste ha sido también un espacio que varias organizaciones e instancias gubernamentales han señalado como idóneo para promover este trabajo de seguimiento y monitoreo sistemático de la situación de las personas defensoras en el país.

    4.4 MÁS ALLÁ DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN: EL ROL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

    Sin perder de vista estos avances, PBI recibe con preocupación informaciones relativas a cómo la implementación de políticas exteriores, en particular de países de la UE y el continente norteamericano, pueda contribuir a un empeoramiento de la situación de derechos humanos en Honduras. En este sentido varios informes públicos de organizaciones de la sociedad civil europea |176|, norteamericana y centroamericana |177|, hacen referencia a relaciones comerciales donde los espacios de consulta y participación de la sociedad civil se ven reducidos y en el marco de las cuales se observa un retroceso en materia de derechos humanos |178|. Para PBI es especialmente preocupante la situación de inseguridad en la que pueden encontrarse las personas que, en defensa de sus derechos sociales, económicos y culturales, manifiesten críticas a lo suscrito en los acuerdos comerciales y su oposición a las consecuencias del accionar de empresas transnacionales.

    Del mismo modo las organizaciones de derechos humanos entrevistadas han manifestado a PBI fuertes preocupaciones en torno a la existencia de programas de cooperación internacional que pudieran estar orientados a financiar ciertos sectores de los poderes estatales hondureños involucrados en ejecuciones extrajudiciales, casos de extorsión, secuestro y tráfico de armas. Las mismas preocupaciones fueron destacadas en la reciente evaluación propia de la Comisión Europea sobre la cooperación de la UE en Honduras, especialmente en relación a la falta de participación de la sociedad civil en el establecimiento de los puntos clave del programa. |179| En base a la experiencia de PBI a lo largo de 30 años de acompañamiento internacional en otros países de la región como Guatemala, se ha observado que las mejores prácticas son aquellas dirigidas a favorecer el ejercicio de los derechos humanos, como forma de contribuir a la protección de éstos y a la prevención o superación no violenta de los conflictos. En el marco de los procesos de fortalecimiento de la militarización que afectan a la región |180| y los impactos que ésta tiene en la defensa de los derechos humanos, es importante hacer referencia a las preocupaciones compartidas por varias de las organizaciones entrevistadas, en particular las que se encuentran en zonas rurales, en torno a la asistencia militar otorgada por varios estados europeos y norteamericanos en el marco del Sistema Integral para América Central (SICA). En este mismo sentido va dirigida la carta a la secretaria de estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, suscrita por 94 congresistas norteamericanos con la solicitud explícita de que se suspenda la ayuda militar a Honduras, ante la ausencia de un serio compromiso para frenar los abusos de los derechos humanos , investigar los crímenes y enjuiciar a los responsables. |181|

    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    5.1 CONCLUSIONES

    Pasados tres años del golpe de estado y con una aparente vuelta a la normalidad después de la celebración de elecciones y la readmisión de Honduras en la OEA, la desprotección y criminalización de las personas, organizaciones y comunidades que ejercen la defensa de derechos humanos en Honduras continúa siendo alarmante. Varias instancias internacionales como la ONU han sostenido que este deterioro de la situación en la que ejercen su labor las personas defensoras se vio agudizado por el golpe de estado y continua manteniéndose en la actualidad.

    Es imprescindible resaltar aquí el rol de las mujeres defensoras que en el desempeño de su labor desafían los mandatos de género que les impone la sociedad, según los cuales su rol fundamental es el cuidado de la casa y la familia, excluyendo su participación de los espacios públicos. A esto se le suma el hecho de que, en muchos casos, su identidad de defensoras no es reconocida ni por el estado ni por la sociedad. Su situación también se ha visto agravada aún más después del golpe de estado, que derivó en unas instituciones estatales débiles e inoperativas, incapaces de dar respuesta eficiente a las reivindicaciones sociales y a la vulnerabilidad de ciertos sectores como éste.

    Como ya señalábamos en el informe 2011, la impunidad imperante, el uso de la criminalización y estig-matización con el objetivo de obstaculizar la defensa de los derechos humanos continúan siendo las principales fuentes de peligro para las personas defensoras, sus familias y sus comunidades. A esto se suma un abuso de la fuerza pública en detrimento de los derechos de movilización pacífica, así como en la ejecución de desalojos forzosos. Ante esta situación de graves riesgos para las organizaciones, comunidades y personas defensoras, la respuesta del Estado, a través de sus mecanismos de protección, resulta inadecuada e insuficiente.

    La impunidad que reina en el país constituye el ataque más contundente a las personas defensoras, en tanto que se generaliza la opinión de que no tiene ningún coste atacarlas y en cambio, puede conllevar muchos beneficios. Se dan pocos o nulos avances en el esclarecimiento de los casos de asesinatos, por ejemplo, que es una de las tipologías de ataque más común en Honduras. En este clima, son preocupantes las observaciones públicas emitidas por las autoridades nacionales que conducen a una estig-matización y descrédito de la labor de defensa de los derechos humanos, al desvincular las agresiones sufridas por las personas defensoras de la labor que ejercen. |182|

    La elaboración de políticas públicas que tienden a otorgar amplios poderes a las fuerzas armadas en tareas de protección de civiles como respuesta del gobierno ante los altos índices de violencia, ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales. Preocupa especialmente que el abuso de la fuerza militar pueda derivar en vulneraciones de los derechos humanos, así como acciones de represión, detenciones y persecuciones destinadas a silenciar su defensa.

    Las estrategias de criminalización han sido ampliamente denunciadas, principalmente por organizaciones indígenas, tribales y campesinas, que lideran procesos de defensa de sus derechos ancestrales y territoriales ante la presencia de megaproyectos que fueron planteados, aprobados o implementados por las autoridades estatales sin que se hubiera realizado una consulta previa en el marco de un proceso participativo.

    La respuesta del Estado ante la situación de inseguridad en la que se encuentran quienes sufren amenazas por su labor de defensa de los derechos humanos, ha sido altamente criticada. A pesar de reconocerse ciertos avances las organizaciones de derechos humanos entrevistadas continúan denunciando que persiste una falta de voluntad política y de recursos. Esto se evidencia en las continuas y cada vez más graves agresiones reportadas, así como en la falta de cumplimiento por parte del estado hon-dureño de algunas de las recomendaciones realizadas por los diferentes organismos internacionales.

    5.2 RECOPILACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CIDH Y LA ONU AL ESTADO DE HONDURAS

    La situación de derechos humanos que se vive en Honduras no ha pasado inadvertida para las instancias que monitorean el cumplimiento de los estándares internacionales, como la CIDH y el sistema de la ONU, que han emitido múltiples recomendaciones al estado de Honduras con el fin de mejorar la situación de protección de las personas defensoras. PBI considera que es fundamental que la comunidad internacional en su conjunto se sume a estos llamados de atención e inste al estado de Honduras a implementar las recomendaciones, algunas de las cuales detallamos a continuación:

    IMPUNIDAD EN CASOS DE ATAQUES CONTRA LAS PERSONAS DEFENSORAS

    Para poner fin a este fenómeno, la CIDH y el sistema de la ONU han emitido varias recomendaciones orientadas a garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia en la investigación, procesamiento, sanción y reparación de las violaciones de los derechos humanos. Destacaríamos las siguientes:

    • La urgencia de investigar y sancionar a los culpables de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del golpe de estado, así como reparar y dignificar a las víctimas de dichas violaciones |183|. En este sentido sería conveniente revisar las recomendaciones emitidas en el informe de la CdV y en el de la CVR.
    • Juzgar no solo a los presuntos autores materiales, sino también a los intelectuales |184|.
    • Presumir inicialmente que los ataques contra las personas defensoras son producto de su labor, hasta que la investigación pueda demostrar lo contrario |185|.
    • Establecer un ente independiente que resguarde la independencia de la carrera judicial, y supervisar la selección, promoción y regulación de la profesión de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos |186|. En este sentido sería conveniente revisar las recomendaciones de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) emitidas en el marco de su visita al país en agosto del 2012 |187|.
    • Garantizar que los abogados y abogadas desempeñen sus funciones profesionales sin intimidaciones ni presiones |188|.
    • Fortalecer los cuerpos y protocolos especiales de investigación creados recientemente para garantizar la integridad de quienes se encuentran bajo amenaza |189|.
    • Apoyar con recursos técnicos y financieros el fortalecimiento de la Fiscalía de Derechos Humanos |190| y evaluar el funcionamiento de la misma en consulta con las organizaciones nacionales objeto de ataques |191|.
    • Fortalecer los esfuerzos encaminados a la depuración de la Policía |192|. En este sentido sería conveniente revisar las recomendaciones de la CIJ emitidas en el marco de su visita al país en agosto del 2012.
    • Reformar los artículos 117 y 321 del código penal en relación a la definición del delito de asesinato y de discriminación |193|. A inicios del año 2011 el gobierno de Honduras informó sobre la elaboración de una propuesta de reforma de ambos artículos presentada al Congreso Nacional que, hasta la fecha de publicación de este informe, no ha sido aprobada.
    • Girar una invitación a la Relatora Especial de Independencia de Magistrados y Abogados para realizar una misión al país que puede coadyuvar positivamente en procesos para combatir la impunidad y fortalecer al sistema de justicia |194|.

    CRIMINALIZACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

    La aplicación sesgada de la legislación acompañada de declaraciones públicas dirigidas a cuestionar la defensa de los derechos humanos deriva en un grave deterioro de los espacios en los que se ejercita esta labor. Por ello, la urgencia del pleno cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

    • Hacer declaraciones públicas y campañas de reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos dirigidas a erradicar la estigmatización de la que son objeto por su trabajo |195|.
    • "Desalentar y sancionar oportunamente cualquier estigmatización en contra de las personas defensoras de derechos humanos, ya sea proveniente de instancias públicas o privadas, por ejemplo medios de comunicación" |196|.
    • Llevar a cabo una revisión de la legislación nacional, asegurando coherencia con los estándares internacionales, orientada a despenalizar la difamación, calumnia e injuria, convirtiéndolas en acciones de carácter civil |197|; y adecuar al derecho internacional la legislación que regula los delitos de sedición y manifestación ilícita |198| y revisar la resolución NR003/2011 que afecta principalmente a las radios comunitarias |199|.
    • Mejorar los programas de formación en materia de derechos económicos, sociales y culturales entre los funcionarios del poder judicial y los agentes del orden público |200|.

    USO DE LA FUERZA PUBLICA Y PRIVADA EN MANIFESTACIONES PACIFICAS

    Como ya se ha hecho referencia anteriormente, han sido numerosas las denuncias de violaciones de derechos humanos enmarcadas en el accionar de las fuerzas de seguridad del estado en las manifestaciones y en los desalojos forzosos de comunidades rurales. En base a esto las instancias internacionales han recordado al estado hondureño el cumplimiento de lo establecido en los convenios internacionales ratificados en esta materia:

    • Abstenerse de utilizar las Fuerzas Armadas y los aparatos de inteligencia militar en actividades de seguridad ciudadana |201|.
    • No proceder a la creación de un cuerpo policial semimilitar, que deriva en la militarización de las funciones policiales |202|;
    • No hacer uso de la fuerza en las movilizaciones y manifestaciones pacíficas. En casos excepcionales, si se da una crisis violenta, actuar usando el mínimo de fuerza necesaria para restablecer el orden y sin recurrir a la detención arbitraria por el solo hecho de ser manifestante bajo el criterio de proporcionalidad |203|,
    • En aplicación de los Principios Básicos y Directrices sobre los desalojos y el desplazamiento, no hacer uso de la violencia y respetar la dignidad y los derechos humanos de las personas desalojadas y, en particular, que no se haga uso de los cuerpos privados de seguridad en la ejecución de los mismos |204|.
    • Adoptar medidas para tratar de resolver la problemática de las personas desalojadas por la fuerza |205|.
    • Revisar su legislación y adoptar todas las medidas pertinentes con miras a proseguir la reforma agraria y tratar de resolver las cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra, teniendo en cuenta las necesidades de los campesinos y los derechos de las poblaciones indígenas a la tierra. |206|.

    INSUFICIENTE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS NACIONALES DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS QUE SUFREN AMENAZAS DERIVADAS DE LA LABOR QUE REALIZAN

    Como ya han manifestado varios Relatores especiales de las Naciones Unidas que han visitado el país así como la CIDH y otros en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los mecanismos de protección existentes a nivel nacional resultan insuficientes y su implementación inapropiada. Es por ello fundamental recordar algunas de las recomendaciones emitidas en este sentido orientadas a garantizar la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos entre las cuales destacaríamos:

    • La incoorporación de la declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos en la legislación nacional |207|.
    • Revisar y fortalecer la figura del CONADEH en aras a garantizar el funcionamiento adecuado de una institución nacional independiente que supervise el cumplimiento del derecho internacional en materia de derechos humanos |208|.
    • Incorporar medidas de protección integrales que pueden comprender desde la protección periférica, medios de comunicación ágiles, instalación de cámaras de vídeos y utilización de vehículos blindados, hasta el traslado de la persona amenazada y su familia a otra región del país o fuera de él |209|.
    • Fortalecer y evaluar la coordinación existente entre las instancias responsables de la implementación de los planes, protocolos y mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos en el país |210|.
    • Garantizar la participación de las organizaciones, comunidades y personas defensoras de los derechos humanos, en los espacios y procesos institucionales de elaboración, revisión y evaluación de políticas públicas, en concreto, de los mecanismos nacionales de protección de las personas defensoras de derechos humanos |211|. En particular, las consultas previas con las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo conforme a lo dispuesto por la Convención 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
    • Asegurar que tanto actores públicos y privados, incluyendo compañías trasnacionales, respeten el trabajo de los defensores de derechos humanos |212|.

    5.3 RECOMENDACIONES DE PBI A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

    En base a todo lo expuesto, consideramos pertinente reiterar a la comunidad internacional algunas de las recomendaciones extraídas en mayo 2011 y hacer nuevas recomendaciones que emanen de esta segunda visita al país en 2012 con el objetivo de contribuir a una mejora de las condiciones en las que personas, grupos y comunidades ejercen su defensa de los derechos humanos.

    De cara a fortalecer los mecanismos internacionales de protección de la labor de defensa de los derechos humanos, así como garantizar el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, solicitaríamos de las siguientes instituciones:

    AL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS:

    • reconsiderar detenidamente la solicitud de varias instancias internacionales de derechos humanos así como la solicitud del Gobierno de Honduras de establecer una oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras y,
    • responder la invitación abierta que ha otorgado el Gobierno de Honduras a los Procedimientos Especiales de la ONU y programar visitas destinadas a monitorear la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el 2013.

    A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Y SUS ESTADOS MIEMBROS:

    • instar y respaldar proactivamente una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de monitorear la situación de las personas defensores en el marco de las elecciones generales de noviembre 2013;
    • recordar al Estado hondureño su responsabilidad como Estado miembro de la OEA y como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocida por la Asamblea General de la OEA, de dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y,
    • garantizar que sus políticas y mecanismos de cooperación y comercio, así como del actuar de sus empresas, respetan plenamente el cumplimiento de los derechos humanos.

    LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:

    • en el marco de la invitación "abierta y permanente" extendida por el Estado hondureño a la CIDH, realizar una visita in situ del Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez en el año 2013;
    • reiteramos la recomendación que hicimos en el 2011 para que el Estado hondureño cree un fondo específico destinado a financiar gastos de seguridad de los beneficiarios de las medidas cautelares de la Comisión y que implemente éstas en una forma adecuada y concertada con los beneficiarios (por ejemplo, que los beneficiaros tengan opciones independientes o no armadas de seguridad);
    • instar al Estado hondureño a sancionar legalmente a los funcionarios públicos que no cumplan con la medida de protección destinada a garantizar la seguridad de las personas defensores amenazadas.

    A LA UNIÓN EUROPEA Y A SUS ESTADOS MIEMBROS:

    • dedicar más recursos a la difusión de la Estrategia local de la Unión Europea para Defensores de los Derechos Humanos en Honduras a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las regiones más alejadas;
    • fortalecer la implementación de la Estrategia dedicando más esfuerzos a hacer pronunciamientos a favor de la labor legítima de las personas defensoras de derechos humanos y rechazando públicamente cualquier acto de violencia, amenaza u hostigamiento de la cual son víctimas; haciendo visitas a las sedes o durante actos públicos como conferencias de prensa; asistiendo a audiencias públicas en contra de defensores de derechos humanos entre otras;
    • liderar al interno del G16 la creación de un espacio dedicado a examinar la actuación del poder judicial en casos concretos de ataques y/o procesos de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos. Es importante asegurar que las diferentes organizaciones, individuos y/o comunidades que se han visto amenazas por su labor de defensa de los derechos humanos tiene acceso a estos espacios, por lo que los casos seleccionados deberían reflejar esa diversidad, asegurar que la elaboración de los programas de la UE dirigidos a garantizar la protección y promoción de los derechos humanos sea parte de un proceso de consulta abierta y efectiva con la sociedad civil hondureña (rural y urbana). Asimismo, se considera de vital importancia que estos programas contenga indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación que incluyan la participación de la sociedad civil hondureña, y
    • garantizar que sus políticas y mecanismos de cooperación y comercio, así como del actuar de sus empresas, respetan plenamente el cumplimiento de los derechos humanos.

    GLOSARIO

    ADEZPA Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande
    AJD Asociación Jueces por la Democracia
    Anach Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
    APUVIMEH Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras
    AWID La Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos (por sus siglas en inglés)
    AZUNOSA Azucarera del Norte SA
    C-Libre Comité por la Libre Expresión
    CAHSA Compañía Azucarera Hondureña SA
    CBM Corredor Biológico Mesoamericano
    CDM Centro de Derechos de la Mujer
    CdV Comisión de Verdad
    CEJIL Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
    CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
    CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
    CIFCA Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México
    CIJ Comisión Internacional de Juristas
    CIPRODEH Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
    CNTC Central Nacional de Trabajadores del Campo
    CODEH Comité de Derechos Humanos de Honduras
    CODETT Comité de Defensa de la Tierra de Triunfo
    COFADEH Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Honduras
    COHEP Consejo Hondureño de la Empresa Privada
    CONADEH Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
    CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones
    COPINH Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
    Corte IDH Corte Internamericana de Derechos Humanos
    CPTRT Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares
    CSJ Corte Suprema de Justicia
    CSJ Corte Suprema de Justicia
    CVR Comisión de la Verdad y la Reconciliación
    DGIC Dirección General de Investigación Criminal
    DIECP Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
    EEUU Estados Unidos
    EPU Examen Periódico Universal
    ERIC Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
    FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
    FENAGH Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras
    FIAN Foodfirst Information Action Network
    FIDH Federación Internacional de Derechos Humanos
    FNRP Frente Nacional de Resistencia Popular
    GYCA Youth Coalition on HIV/AIDS
    HPEC Comité Exploratorio de Proyecto para Honduras (por sus siglas en inglés
    IDH Índice Desarrollo Humano
    INA Instituto Nacional Agrario
    IUDPAS Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad
    LGTBI Lesbianas Gays Transexuales Bisexuales Intergénero
    Libre Partido Libertad y Refundación
    MADJ Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
    MAO Movimiento Ambientalista de Olancho
    MARCA Movimiento Auténtico Reivindicador Campesinos del Aguán
    MOCSAM Movimiento Campesino de San Manuel
    MP Ministerio Público
    MUCA Movimiento Unificado Campesino del Aguán
    OACDH Alto Comisionado para los Derechos Humano
    OACNUDH Oficia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
    OEA Organización de Estados Americanos
    OFRANEH Organización Fraternal Negra Hondureña
    OIT Organización Internacional del Trabajo
    ONG Organización No Guvernemental
    ONU Organización Naciones Unidas
    PBI Peace Brigades International (Brigadas Internacionales de Paz)
    PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
    PNUD Programa Naciones Unidas para el Desarrollo
    RSF Reporteros Sin Fronteras
    SERNA Secretaria Recursos Naturales y Ambiente
    SICA Sistema Integral para América Central
    SJDH Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
    UE Unión Europea
    UNAH Universidad Autónoma de Honduras
    UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

    ANEXOS

    I. LISTADO AUTORIDADES NACIONALES ENTREVISTADAS

  • Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público German Enamorado, Coordinador de la Fiscalía y Suyapa Vásquez, Fiscal Adjunta
  • Policía Nacional de Honduras Abrahán Figueroa Tercero, Director Operativo
  • Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos indígenas y afrohondureños Luis Francisco Green Morales, Secretario de Estado y su equipo técnico
  • Secretaría del Despacho de Asuntos Exteriores Señor Embajador Ramón Valladares Reina, y su asistente
  • Instituto Nacional Agrario Neptali Medina, Asesor del Ministro Director Ejecutivo
  • Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente Rigoberto Cuél-lar Cruz, Secretario de Estado
  • Secretaría de Estado de Justicia y Derechos Humanos Lolís María Salas Montes, Subsecretaria de Justicia y Ronis Rodil Vasquéz Florentin, consultor
  • Fuerzas Armadas / Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Coronel Carlos Ramón Lanza Duarte, Director de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Coronel Flores, Director de la Subsecretaria de Asuntos Civiles
  • Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad Marcela Castañeda, Subsecretaria de Estado y Kelvin Aguirre, Jefe de la Unidad de Derechos Humanos
  • Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio, Comisionado
  • Comisión de Reforma de la Seguridad Pública Victor Meza y Matias Funes, Comisionados y Aida Romero, Secretaria Técnica
  • Corte Suprema de Justicia Roberto Ramos Bustos y Randolofo Diaz Fernandez, Departamento Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
  • Congreso Nacional de la República de Honduras Marvin Ponce, Vicepresidente del Congreso y Secretaría Comisiones de Agricultura y Asuntos Forestales.

    II. LISTADO REUNIONES CON EL CUERPO DIPLOMATICO

    En Honduras

  • Embajada de Estados Unidos Nathan Anderson, Encargado De Derechos Humanos
  • Embajada de Francia Philippe Ardanaz, Embajador y Bernard Monot, Primer Consejero
  • Delegación de la Unión Europea Peter Versteeg, Encargado de Negocios; Laurent Sillano, Primer Consejero y Jefe de la Sección de cooperación; Vanessa Valladares, Asesora de cooperación y Derechos Humanos
  • Embajada de Alemania Johannes Trommer, Embajador
  • Cooperación Suiza en América Central Jourg Benz, Jefe de Cooperación
  • Embajada de España Juan Pablo García Andújar, Cónsul
  • Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo Miriam Arredondo, Responsable Gobernabilidad y Género
  • Embajada Argentina Alejandra Marina Eguiño, Agregada Administrativa
  • Naciones Unidas Antonio Maldonado, Asesor de Derechos Humanos

    En Guatemala

  • Embajada de Países Bajos Jacques Remmerswaa
  • Embajada Británica Lisa Barret, Asuntos politicos y consulares
  • Embajada de Suecia Kristine Elandsson Juárez, Segunda Secretaria
  • Embajada de Suiza Alexandre Guyot, Jefe de Misión Adjunto
  • Embajada de Noruega Sindre Bornstein, Segundo Secretario y Kristin Svendsen, Asesora
  • Embajada de Korea

    En Costa Rica

  • Embajada de Canada Rainer Duschinsky, Primer secretario, y Emilie Revil, Consejera politica
  • Embajada de Países Bajos Joost Hamelink, Coordinador de Politica y Derechos Humanos
  • Embajada de Bélgica Jurgen van Meirvenne, Consejero para Asuntos Políticos y Económicos.

    [Fuente: Brigadas Internacionales de Paz, dic12]

    Notas

    1. ONU. OACNUDH: Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay (Navi Pillay), octubre 2012. [Volver]

    2. Las organizaciones que conformaban la Plataforma de Derechos Humanos en el 2010 eran: FIAN, COFADEH, CIPRODEH, CODEH, CPTRT y CDM. Esta Platarforma ya no existe como tal. [Volver]

    3. PBI, Informe de la Misión de corto plazo en Honduras: la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, diciembre 2011. [Volver]

    4. Por razones de seguridad, mantendremos en el anonimato el nombre de las organizaciones con las que se mantuvieron reuniones. Los apartados en los que se hace referencia específica a estos espacios, se ha solicitado el consentimiento de las personas y organizaciones entrevistadas. [Volver]

    5. Véase ANEXO I de este informe: Listado de entrevistas con las autoridades nacionales. [Volver]

    6. Véase ANEXO II de este informe: Listado de reuniones con el cuerpo diplomatico y las ONU. Se excusaron las embajadas de Italia y de Brasil. [Volver]

    7. Instituto Nacional de Estadística( INE) Honduras, Proyecciones de Población de Honduras 2001-2015. [Volver]

    8. Organización Internacional del Trabajo (OIT), información públicada en la página web, octubre 2012. [Volver]

    9. Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA): Desarrollo Rural Sostenible de America Central, datos 2010. [Volver]

    10. PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano de Honduras 2011,"Reducir la inequidad: un desafío impostergable", marzo 2012. [Volver]

    11. Según datos recabados por el PNUD en Honduras en el 2010. [Volver]

    12. "Democracia y gobernabilidad: evaluación y perspectivas". Relatoría, ponencias y conclusiones del seminario internacional llevado a cabo en Tegucigalpa del 21 al 24 de junio 2010. [Volver]

    13. Según datos proporcionados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras, septiembre 2012. [Volver]

    14. CEJIL: Documento presentado en el EPU ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, noviembre 2010. [Volver]

    15. Según la información proporcionada por la Nobel Women's Iniciative recogida durante la misión a la región del 21 al 31 de enero 2012. [Volver]

    16. La Prensa, "Una interminable "epidemia" muerte de mujeres en Honduras", 20 de agosto 2012. [Volver]

    17. CdV: Informe Comisión de Verdad, "La Voz más autorizada es la de las Víctimas", Honduras, octubre 2012 [Volver]

    18. COFADEH, Véase la página web de la organización. [Volver]

    19. Según información proporcionada por el CEDOH serían la Marina Mercante, el Instituto Geográfico Nacional y la Dirección de Migración, entre otras. [Volver]

    20. Amnistía Internacional, Referencia a la situación de derechos humanos en Honduras en el Informe anual 2010 y, CDV, Informe de la Comisión de Verdad, "La voz más autorizada es la de las victimas", octubre 2012. [Volver]

    21. C-LIBRE, Informe Libertad de Expresión 2011, "Silencio mortal, la máxima censura", marzo 2012. [Volver]

    22. CEJIL, Comunicado sobre las elecciones generales en Honduras, noviembre 2009. [Volver]

    23. CIDH, "LA CIDH muestra preocupación ante el Decreto de Amnistía de Honduras", 3 de febrero 2010. [Volver]

    24. ALOP, APRODEV, CIDSE, CIFCA, y FIAN, "Carta a la Alta Comisionada de la UE para la Política Exterior y la Seguridad, Madame Asthon", octubre 2012. [Volver]

    25. C-LIBRE, Informe Libertad de Expresión 2011, "Silencio mortal, la máxima censura" , marzo 2012. [Volver]

    26. ONU, "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos", Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144, marzo 1999. [Volver]

    27. Iniciativa Estratégica de Defensoras de AWID. Según información publicada en su página web, octubre 2012. [Volver]

    28. ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, 20 de diciembre 2010. [Volver]

    29. ONU, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Declaraciones al final de su visita a Honduras, 2 febrero 2012. [Volver]

    30. Ibid 29. [Volver]

    31. ONU, Relator Especial para la promoción y la protección del derecho a la libertad de expresión y de opinión, Sr. Frank La Rue, Observaciones y recomendaciones preliminares al final de la visita a la República de Honduras, agosto 2012. [Volver]

    32. CIDH, Declaración de principios sobre libertad de expresión. [Volver]

    33. ONU, Consejo de Derechos Humanos, "Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009", párr. 41. 28 de junio de 2009", párr. 41. CIDH, "CIDH presenta sus observaciones preliminares sobre su visita a Honduras", junio 2010. [Volver]

    34. Reporteros sin Fronteras. Informe Anual 2011. [Volver]

    35. ONU. Declaración de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, al concluir su visita oficial a Honduras, marzo 2012. [Volver]

    36. CIDH. Relatoría por la Libertad de Expresión, Informe de seguimiento, año 2010. [Volver]

    37. La Prensa, "Honduras: silencian a José Alfredo Landaverde", 8 de diciembre 2012. [Volver]

    38. CIDH, comunicado ante el asesinato de Alfredo Villatoro, mayo 2012. [Volver]

    39. C-LIBRE, Informe de Libertad de Expresión 2011, "Silencio mortal, la máxima censura", marzo 2012. [Volver]

    40. CIDH, Segundo Informe sobre defensores de derechos humanos, 2011, capítulo Honduras, marzo 2012. [Volver]

    41. Reporteros Sin Fronteras, Informe 2009. [Volver]

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    123. El 20 de junio del 2011 constituían: Santa Bárbara, San Francisco de Ojuera, Atima, San José Colinas, Jesús de Otoro, San José de la Paz, San José de Comayagua, Chinacla, Ajuterique, Teupasenti, Yorito Yoro, Belén Gualcho, Ocotepeque; El Rosario Comayagua; Mapulaca Lempira; Arenales Santa Bárbara. [Volver]

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    212. ONU Relatora Especial sobre defensores, Declaracion en el marco de su visita a Honduras, febrero 2012. [Volver]

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    DDHH en Honduras
    small logoThis document has been published on 06Feb13 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.