17jul03

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Se desata una ola de intimidaciones, amenazas y hostigamiento por parte de sicarios.

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Con carácter urgente hacemos saber a los Poderes del Estado, organismos internacionales y opinión pública en general, lo siguiente:

El gesto hostil del Presidente Ricardo Maduro de no escuchar personalmente las preocupaciones de los líderes de la reciente Marcha por la Vida, desencadenó una serie de actos terroristas en el departamento de Olancho, que ponen en riesgo la vida de muchas personas y comprometen la reputación de las autoridades forestales y policiales.

El 20 de Junio, la Secretaría de Seguridad retiró la custodia policial que había asignado por orden de la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor del Celebrador de la Palabra de Dios, Gilberto Flores, en La Venta, Gualaco, Olancho, quien dos semanas después sobrevivió a una tentativa de asesinato en la zona.

El 21 de Julio, un grupo de hombres encubiertos quemaron uno o dos camiones y varias motosierras, además de golpear a los operarios de un aserradero ubicado en el cerro de Jano, haciéndose pasar como defensores del bosque, simpatizantes de la Marcha por la Vida.

Ese mismo día, el Sacerdote Diocesano Angel de Jesús Bertrand Sevilla, Vicario de la Parroquia San Francisco de Asís, en La Unión, Olancho, fue requerido en forma amenazante por el sub comisario Mejía y dos agentes asignados en el municipio de Jano, insinuando participación de la Iglesia en el citado acto terrorista.

Luego, se produciría un conato de incendio provocado también por terroristas desconocidos en las oficinas regionales de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal en Juticalpa, seguido de declaraciones calumniosas del gerente general de la COHDEFOR.

Casi en forma simultánea, en el municipio de La Unión, al norte de Olancho, un grupo de autoridades del Ministerio Público, Policía Preventiva, Policía de Investigación Criminal y COHDEFOR realizaron allanamientos de talleres de carpintería en forma violenta, en nombre del Padre Andrés Tamayo.

El Sábado 12 de Julio, operativos similares fueron ejecutados en el municipio de El Rosario, donde hubo resistencia comunitaria por el uso de la fuerza bruta, gases lacrimógenos y disparos por la policía dentro de una residencia particular donde golpearon a la madre del joven Redin Hernández, quien reclamó por el uso del nombre del Padre Andrés Tamayo en dichos operativos violentos.

El fin de semana anterior dos trabajadores de un aserradero en Salamá, Olancho, confiaron al personal de la Iglesia Católica que los madereros son los responsables de diseñar la estrategia de culpar al movimiento ambientalista, por el terrorismo en la zona.

Revelaron, además, que los dueños de aserraderos pagarán a sicarios para asesinar a personas que figuran en una lista, cuyos nombres ya conocen las autoridades. Entre ellos, figuran: Elvin Noé Lanza, Efraín Paguada, René Wilfredo Gradiz, Pedro Amado Acosta, Arturo Reyes, Mario Martínez, Redin Hernández, Denis Reinierio Vargas, Ramón Martínez, Arnaldo Díaz, Leonel Jácome, Francisco Pacheco, Padre Osmín Flores, Gilberto Flores y Rafael Ulloa.

El lunes 14 de Julio, el referido Celebrador de la Palabra, Gilberto Flores, también integrante de la Pastoral Social de Juticalpa, fue objeto de tentativa de asesinato frente a las oficinas de la Pastoral Social en Juticalpa, por hombres armados a bordo de un carro color azul intenso, sin placas y vidrios polarizados, quienes desistieron del propósito de disparar por la presencia circunstancial de un niño de 3 años, a quien saludaba Gilberto antes de ingresar.

El martes 15 y ayer miércoles 16, el vehículo con esas mismas características descritas y un segundo carro de color blanco, también sin placas y con los vidrios polarizados, acecharon las oficinas principales de la Pastoral Social en Juticalpa, la cabecera, donde tiene su sede la Pastoral del Medio Ambiente, que depende de la Diócesis que dirige el Obispo Mauro Muldoon.

Todos estos hechos son del conocimiento del Ministro de Seguridad, Oscar Alvarez; de sus subalternos en el departamento de Olancho, así como de las autoridades regionales del Ministerio Público y hoy los elevamos a consideración del Presidente Ricardo Maduro, cuya responsabilidad constitucional es velar por la seguridad e integridad de todos los ciudadanos.

Esta confabulación de sectores económicos con capital de procedencia dudosa en la industria de la madera y la complicidad de autoridades gubernamentales con grupos de sicarios...es un sistema que debe ser desmantelado en Olancho.

Nadie quiere llorar la muerte de un mártir del bosque, lo que se quiere es defender la vida de todos, inclusive de aquellos que viven planificando y ejecutando la muerte cada día.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de julio de 2003
De los hechos y los hechores, ni olvido ni perdón
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras - COFADEH

Este documento ha sido publicado el 19jul03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights