17jun03

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Organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos exigen responsabilidades por el tratamiento del bosque olanchano.

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Al seņor Presidente de la República.
Al Honorable Congreso Nacional.
Al Ministerio Publico.
Al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
A la comunidad internacional.
A la sociedad civil organizada y pueblo en general.

La destrucción de los recursos naturales en Olancho es tan incontrolable que está llegando a su fin; pero, no porque los madereros y las complacientes autoridades de la COHDEFOR, reconvirtieron su conciencia y pararon por fin los cortes abusivos, sino porque ya no está quedando bosque. Sin este recurso se erosionan los suelos y se pierden las fuentes de agua.

Por aņos los gobiernos han demostrado falta de voluntad para implementar una política forestal sostenible, pues políticos y madereros siempre anduvieron de la mano arreglando su factura a costa de la destrucción de los recursos forestales. De esta manera se incumplieron leyes, se decretaron vedas de fachada, se incorporaron a los madereros a la Junta Directiva de la COHDEFOR, se crearon planes de manejo para respaldar con un matiz legal y técnico la irracional depredación, se torció la justicia y dominó la impunidad forestal. Así, el bosque indefenso, con la frescura de sus manantiales, se fue perdiendo, ante un cuadro de completa ingobernabilidad e indiferencia social. Ahora, no queda otra salida que la acción organizada de las comunidades y de la sociedad civil, so pena de perder totalmente las fuentes de agua, de permitir una mayor contaminación del aire, de incrementar mas los riesgos de vulnerabilidad en nuestra deteriorada salud y de crear un caos ambiental para las futuras generaciones. No hay tiempo que perder. Si no actuamos ahora, muy pronto será demasiado tarde. Todavía podemos rescatar algo de lo que nos queda.

Consideramos que nuestra lucha no es de ambientalistas, es de defensores de la vida, por eso debe ser una lucha de todos. Estamos defendiendo la obra más hermosa y sublime de la Creación que está en serio peligro de desaparecer por quienes endemoniados por el afán de dinero están sembrando la muerte. La idolatría del dinero conspira cada vez contra la dignidad humana, la seguridad ambiental y la posibilidad de construir un modelo de desarrollo económico sostenible, justo, equitativo y solidario, que nos presente ante el mundo como una nación civilizada..

Con justa razón hemos emprendido la marcha por la vida. No es una movilización contra pobres madereros repletos de dinero y de ignorancia, de poder y de ambiciones lucrativas. Es una marcha por la humanidad, por el futuro de la sociedad hondureņa, por ellos mismos y sus descendientes. Si marchamos por la vida, lo hacemos por la paz y el progreso del país. Y no importarán las inclemencias del tiempo, el desgaste físico o las enfermedades o el hambre del camino, si vamos por el rescate de los espacios naturales que son la fuente vital de nuestra existencia.

Ponerle fin a la deforestación incontrolada e insostenible de los recursos forestales en Olancho y el país en general, reclama de una decisión urgente y firme del Estado. El actual Gobierno tiene en sus manos esta decisión. El hacerlo, marcará la gran diferencia histórica con respecto a sus antecesores. Y porque creemos que tal decisión es posible, y por demás, impostergable, venimos ante el Seņor Presidente de La República y el Congreso Nacional con el gran propósito de obtener soluciones concretas a nuestras demandas.

Coherente con las exigencias que a lo largo de muchos aņos han venido presentando las distintas fuerzas de la comunidad olanchana, y de igual manera, con los acuerdos de la recién pasada Conferencia Ambiental celebrada en Catacamas, demandamos lo siguiente.

1. Una veda forestal que prohíba de inmediato los cortes comerciales de madera en los bosques de pinos y de latifoliados, por el término que sea necesario para a) definir y poner en marcha de manera concertada con las comunidades y la sociedad civil, una política forestal sostenible; b) la concertación de un nuevo marco jurídico acorde con las aspiraciones de protección y recuperación de los recursos naturales; y, c) la definición de estrategias para impulsar un proceso de desarrollo sostenible e integral.

2. Proceder de inmediato a la realización de una evaluación de carácter integral con profesionales o firmas de reconocimiento internacional, que comprenda el estado actual de los recursos naturales, la situación de la tenencia de la tierra en las zonas boscosas, la administración del recurso forestal por parte del Estado y sus instituciones, los aspectos legales y técnicos de la explotación forestal, los aspectos demográficos, los sistemas de producción, la identificación de las zonas con mayor potencial de almacenamiento de agua, zonas más susceptibles a riesgos de erosión, los actores económicos y sociales que tienen responsabilidad directa en la depredación de los recursos forestales, entre otros.

3. El nombramiento de una comisión de supervisión y monitoreo integrada por a) cinco representantes del gobierno entre los que debe incluir a la Fiscalía del Medio Ambiente y el Comisionado de los Derechos Humanos, b) cinco representantes por los movimientos e instituciones que suscribimos este planteamiento, y c) cinco representantes de la cooperación internacional: PNUD, FAO, Agencia Sueca para el Desarrollo (ASDI), BID y la organización de Agencias de Cooperación Internacional (ACI). Esta Comisión será responsable de supervisar el fiel cumplimiento de la veda y facilitar condiciones para el buen desempeņo de la Comisión Evaluadora. El Estado debe proveerle de condiciones logísticas para asegurar su permanencia y el desarrollo pleno de su trabajo, lo mismo que protegerla con un cuerpo de seguridad integrado por elementos que no sean de la zona, y brindarle el respaldo total para actuar con la suficiente autoridad y poder de decisión. Tan pronto se integre esta Comisión, deberá cesar la intervención de la COHDEFOR en los bosques olanchanos y los colindantes con Gracias a Dios, Colón y El Paraíso.

4. Que la nueva política forestal se sustente en la gestión comunitaria de los recursos forestales en estrecha relación con organizaciones de la sociedad civil, excluyendo la participación de los madereros. A tal efecto el Estado, por intermedio de instituciones especializadas y de probada experiencia y compromiso ambiental, deberá desarrollar un programa intensivo de educación y capacitación agroecológica que comprenda procesos sostenibles de aprovechamiento forestal, reconversión productiva con sistemas agroforestales y pecuarios sostenibles, recuperación de bosques y cuencas hidrográficas, educación a profesores y alumnos de escuelas y colegios; vincular las universidades para el establecimiento de centros de investigación científica y tecnológica. Paralelamente se deberán tomar las medidas para acreditar lo más pronto posible un programa de certificación de bosques.

5. Que los nuevos asentamientos de familias que tiene programado el Instituto Nacional Agrario, INA, para ser ubicados en la reserva del parque nacional Patuca, como cualquiera otros similares que pudieran afectar las demás reservas de la zona, se suspendan inmediatamente hasta tanto no se conozca el informe de la Comisión Evaluadora y se tome una decisión definitiva. Esta decisión debe ser coherente no solamente con dicho informe, sino con los resultados de una rigurosa investigación social que verifique que las familias que pudieran beneficiarse sean realmente campesinas y carentes de tierra.

6. Que de acuerdo al informe de la Comisión Evaluadora se deduzcan las responsabilidades que en derecho correspondan a quienes han cometido abusos en la explotación forestal.

Juticalpa, Olancho, 17 de junio del aņo 2003

Por las Comunidades, Padre Andrés Tamayo; por el Movimiento Ambientalista Olanchano, Carlos Arturo Cerna; por la Pastoral Social del Ambiente, Padre Osmín Flores; por el ICADE, Leónidas Avila Ch.; por la Universidad Nacional Agrícola, Gustavo López y por el COFADEH, Bertha Oliva de Nativí

Este documento ha sido publicado el 24jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights