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16mar04
Nuevo atentado del gobierno contra comunidades rurales de Olancho.
El Movimiento Ambientalistas de Olancho (MAO), a la comunidad nacional e internacional, informa sobre nuevos hechos vinculados a la explotación irracional del bosque en este Departamento y a la negligencia del Gobierno en su tratamiento.
PRIMERO: Denunciamos que el Gobierno del Presidente Maduro ha utilizado el engaño después de la realización de la “Marcha por la Vida”, simulando un diálogo debilitante con los defensores del bosque, mientras abría espacios de fortalecimiento a las empresas madereras con apoyo logístico de la Policía, el Ejército, la COHDEFOR y la Fiscalía.
SEGUNDO: Los cortes irracionales de madera continúan en los municipios de Jano, Guata, Mangulile, La Unión, Esquipulas del Norte, El Rosario, Gualaco, San Esteban, Guayape y Salamá, con la complicidad de la fuerza policial y la defensa legal de la Fiscalía del Ministerio Público, que perdió cualquier asomo siquiera de defensa de los intereses generales de la sociedad ante los abusos del Estado, pues intimidan a los comités comunales del ambiente cuando sus líderes protestan por los cortes irracionales e ilegales.
Existe una preocupación formal de la Fiscalía por la “legalidad” de los permisos de explotación y planes de manejo, pero sin la mínima supervisión ni control de los sitios de explotación, lo que provoca una devastación sin precedentes de las fuentes de agua comunitarias.
TERCERO: El jueves 11 de marzo del corriente año, se reunieron en el Municipio de Campamento, Olancho, los Alcaldes de Guayape, Salamá, Concordia y Campamento, quienes acordaron solicitar la militarización de la zona; esto con el claro propósito de provocarnos y someternos a la brutalidad para continuar sacando más de doscientas rastras diarias cargadas de madera.
CUARTO: Entre las empresas e intermediarios más agresivas en la explotación de la zona, denunciamos al Aserradero “Sansoni”, Marcos Vinicio Arias, Mayor Salgado y Carlos Zelaya, quienes sólo ven su beneficio personal, sin importarles la reforestación de los bosques para beneficio nacional.
QUINTO: Los días miércoles 4 y jueves 5 de marzo, habitantes de la comunidad de Las Lomitas, Municipio de Mangulile, desalojaron la maquinaria y los trabajadores de un aserradero propiedad del Licenciado Marcos Vinicio Arias, ex Gerente General de la COHDEFOR, quien tenía tres días de estar destruyendo la fuente de agua del Cerro El Chato, que abastece a siete comunidades del municipio, en complicidad con la ex Alcaldesa de La Unión, Lastenia de Cárcamo. En reacción, los depredadores respondieron con policías y civiles armados con escopetas, quienes intimidaron a mujeres, niños y adultos.
SEXTO: El 8 de marzo, a las 2:30 de la tarde, pobladores y ambientalistas del Municipio de El Rosario, Salamá y Silca, protestaban con el propósito de impedir cortes de madera que afectan la micro cuenca de agua de la Aldea El Salitrio, en el Municipio de El Rosario, pero en respuesta fueron sometidos a registros policiales por una patrulla al mando del Clase Rubio, de la Delegación de Salamá, quienes decomisaron armas ligeras pese a poseer sus dueños los respectivos permisos de portación. Esa misma patrulla policial avisó a los cortadores de madera sobre la protesta comunitaria, pero no les decomisó sus armas de grueso calibre con que intimidan a los pobladores.
SEPTIMO: En una acción de protesta de la comunidad de El Zapote, Aldea de Méndes, Municipio de Salamá, por el corte de madera ilegal que estaba practicando el Aserradero Sansoni, fueron retenidos ocho camiones cargados de madera que no portaban la respectiva facturación y se demandó la supervisión de la Unidad Técnica Forestal de Salamá para que constataran el daño de la micro cuenca de agua, pero sus ejecutivos llegaron acompañados de dos miembros de la Policía Nacional el miércoles 10 de marzo, en actitud prepotente.
Como premio de terror a la actitud de negociación de la comunidad que devolvió los vehículos y su carga, la Policía provocó la muerte violenta al joven Luis Renato Ortiz (25), quien se encontraba en estado de ebriedad al momento de ser requerido para entregar su arma de uso personal. La Fiscalía y la DGIC, prejuiciadas con la comunidad, se han negado a investigar las circunstancias del homicidio, que enluta a una comunidad.
Olancho, 13 de marzo del 2004.
Movimiento Ambientalista Olanchano (MAO)
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