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Un nuevo año con muerte.

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El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) comparece este primer viernes del nuevo año a la Plaza La Merced, con la siguiente posición:

1. La nueva masacre de reos con armas automáticas en la Penitenciaría Nacional responde a una política gubernamental de crímenes contra los privados de libertad bajo custodia del Estado.

2. Los asesinatos de reclusos en La Ceiba, el envenenamiento colectivo e incendio negligente en el penal de San Pedro Sula y los crímenes brutales en la Cárcel de Támara son hechos que el gobierno pudo prevenir, pero no lo hizo. Y esto lo hace cómplice del derramamiento de sangre y autor directo en los casos donde sus agentes (policías, soldados o civiles con autoridad) participaron en la facilitación y ejecución de las masacres.

3. Ante la impunidad que cubre a todos estos hechos, el COFADEH anuncia que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, que agregue este nuevo capítulo criminal a la denuncia presentada por el obispo católico ángel Garachana Pérez, de la Diócesis de San Pedro Sula.

4. Igualmente, solicitamos al nuevo gobierno de José Manuel Zelaya que anule el 27 de enero próximo el Acuerdo que concede inmunidad diplomática en Washington al ex Ministro de Seguridad Oscar álvarez, quien fue nombrado por Ricardo Maduro como agregado cultural de la embajada en esa ciudad con una beca mensual de 6,000 dólares. Y exigimos que regrese a responder los requerimientos fiscales por las matanzas en La Ceiba y San Pedro Sula, aún pendientes de castigo.

5. El estilo de muerte y venganza que impuso durante su mandato el presente gobierno, utilizando a la policía como instrumento, es el peor legado en materia de derechos humanos a las nuevas autoridades, y la más odiosa enseñanza a policías y militares que controlan la seguridad de los hondureños.

6. Por lo ocurrido en forma sistemática en los centros penales del país demandamos a las autoridades electas separar la Dirección de Centros Penales de la Secretaría de Seguridad, donde sus agentes y ejecutivos civiles son juez y parte de la carnicería humana.

7. Además, demandamos al nuevo gobierno la remoción con juicios penales de toda la cúpula policial que convirtió un ministerio de línea en un cuartel general de órdenes superiores, así como una depuración nacional de policías corruptos y bandoleros que controlan armas e insignias nacionales con absoluta impunidad.

8. Apreciaremos la destitución para siempre del sistema de seguridad pública de aquellos oficiales y agentes del Batallón de la Muerte 3-16, que ocupan cargos en las direcciones de investigación criminal, servicios especiales y tránsito. Sus crímenes ofenden eternamente a la humanidad.

9. Finalmente, prevenimos que hechos recientes como la condonación de deudas millonarias a las alcaldías corruptas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, la extensión de contratos a funcionarios públicos y licitadores privados, los sobreseimientos a quiebrabancos, los hechos violentos de la PN y nuevos eventos antes de la toma de posesión, son actos pensados con alevosía por quienes juegan con fuego en un país que se quedó sin tiempo.

De los Hechos y de los Hechores,
¡ Ni Olvido Ni Perdón¡

C O F A D E H
Tegucigalpa, MDC., 06 de enero de 2006.

DDHH en Honduras

Este documento ha sido publicado el 17Apr06 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights