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Militarismo y Derechos Humanos en Honduras.

Por Bertha Oliva

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Entre 1980 y 1992 las Fuerzas Armadas fueron un poder fáctico en Honduras. Tomaban decisiones políticas y administrativas en varias instituciones clave del Estado. Sin embargo, esa influencia fuera de los batallones, por encima de los civiles, tuvo diversas expresiones y no menos variadas oposiciones. El movimiento por la defensa y promoción de los derechos humanos fue una contracorriente muy fuerte y decisiva hasta detener esa degeneración del rol militar en la sociedad hondureña.

El primer presidente de aquella época de transición, Roberto Suazo Córdova, aceptó ya lejos del poder que "yo sólo fui una figura decorativa".

Los comandantes en jefe y el Consejo Superior eran el verdadero poder.

El poder lo ejercían con altos presupuestos, abusos de autoridad, detenciones ilegales, desapariciones de opositores políticos, control de las comunicaciones, reclutamientos forzosos, pactos de silencio, complicidad o chantaje con los partidos políticos; controlando medios de comunicación y administrando instituciones claves, como las siguientes:

• La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.
• La Policía Nacional.
• La Policía de Tránsito.
• La Policía de Hacienda
• La Dirección de Población y Política Migratoria.
• La Empresa Nacional Portuaria.
• Las aduanas terrestres, aéreas y marítimas.
• La Dirección de Aeronáutica Civil.
• La Armería.
• El Instituto Cartográfico Nacional. Entre otras.

En esa época los jefes militares opinaban de política exterior, economía política, ciencias sociales, ciencias naturales, negocios e inversiones, y resolvían "pacíficamente" los conflictos sociales y políticos del país. En los batallones se firmaban los pactos de caballeros; del Estado Mayor salían las partes "concertadas", enfocadas por el cañón de los fusiles.

Entre 1980 y 1984 se produjeron la mayoría de las 184 desapariciones forzadas, que posteriormente registró oficialmente el Estado.

En esos cuatro años el país fue ocupado literalmente por las tropas militares de los Estados Unidos, los agentes de la CIA, el Departamento de Estado y las fuerzas mercenarias antisandinistas.

En esos cuatro años el país sirvió para entrenar tropas contrainsurgentes de El Salvador y Guatemala, mientras unidades locales fueron "formadas" por la Escuela de las Américas en Estados Unidos y Panamá en técnicas de vigilancia, infiltración, penetración, seguimiento, tortura, desaparición y asesinato. El país era ya literalmente una base de agresión, con recursos propios y extranjeros.

En esa época no habíamos críticos ni disidentes del militarismo, sólo enemigos de las Gloriosas Fuerzas Armadas; no habíamos movimientos de opinión por los derechos humanos, sólo "grupúsculos de termocéfalos" que amenzábamos la unidad granítica de las Fuerzas Armadas.

En marzo de 1984 fue echado de su cargo el principal líder del militarismo en Honduras: el general Gustavo Alvarez Martínez, el peón preferido de la estrategia estadounidense.

La salida de aquel oficial anticomunista, cegado por la ambición y el poder, no cambió el esquema, no cambió la estrategia. El guión político del poder militar en Honduras - y desde Honduras- siguió intacto con desapariciones, torturas, armamentismo, delaciones y muertes. Y control administrativo, y con influencia política.

Medición de fuerzas.

Sin embargo, para entonces ya eran muy fuertes los movimientos de opinión pública a nivel local e internacional sobre lo que ocurría en el país. El tema de las violaciones a los derechos humanos no pudo ser controlado por los expertos del Pentágono, eran audibles las voces y los gritos de nosotros los parientes de los desaparecidos, los activistas de derechos humanos y los líderes políticos y sociales opuestos a la Doctrina de Seguridad Nacional, a la Guerra de Baja Intensidad.

El primer juicio contra el Estado por desaparición forzada de personas, abierto en 1996 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentenciado en 1987 y 1988, fue un duro precedente para los impulsores del militarismo.

El miedo, el terror y la indefensión que imponía el Estado, habían sido enfrentados siempre con lágrimas, pancartas, denuncias; ahora con un juicio a nivel internacional.

Los desertores de las filas del terrorismo estatal habían aportado también valiosa contribución. Testimonios desde adentro que vulneraban la moral y la credibilidad de la institución militar.

Para 1989, con el arribo al poder del nacionalista Rafael Callejas, de derecha, ex integrante de la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), que había cotizado dinero para la causa de Alvarez y de los Estados Unidos, todos los militares denunciados por violaciones a los derechos humanos fueron ascendidos a cargos visibles en las Fuerzas Armadas, empezando por el primer comandante del Batallón de la Muerte 3-16, Luis Alonso Discua Elvir.

Callejas les mantuvo alto su presupuesto, el control de todas las instituciones impulsoras de la guerra fría y les prometió olvido total a sus delitos mediante decretos de amnistía; repatrió a exiliados políticos afines a los militares de turno, retomó viejos acuerdos de reconciliación de Esquipulas 86 y anunció "no más noches oscuras de los desaparecidos".

Era evidente que los militares estaban en el poder, pero conscientes que lo perdían. Su estabilidad externa pasó a depender en gran medida de los políticos de ambos partidos tradicionales, lo que los obligaba a negociar; y su "unidad granítica" al interior desmejoró radicalmente por la corrupción, el narcotráfico, el crimen y otros delitos inocultables dentro y fuera de las barracas, que desató un choque generacional implacable.

Comienza el desbalance.

La violación y el asesinato de una colegiala en 1991 hizo que la opinión pública saltara la barda, hasta producir el encarcelamiento de tres oficiales militares, encabezados por un coronel del ejército. Aquel hecho se sumó a otros igualmente fuertes, hasta hacer proclamar al jefe militar de turno: "no acorralen al tigre".

En 1993 un oficial de la policía de investigación hizo revelaciones de terror, mismas que confirmaron las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía bajo el mando de los militares desde 1963.

Las famosas declaraciones de Josué Elí Zúniga hicieron que los militares sacaran tanquetas a las calles junto a miles de efectivos armados para "disuadir" la repulsa popular, pero también provocaron que el Presidente Callejas se viera obligado a nombrar una Comisión de Alto Nivel para proponer reformas institucionales en materia de seguridad y al mismo tiempo abriera un Despacho Presidencial de Derechos Humanos, que luego se convirtió en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Mientras la Comisión de Alto Nivel, presidida por el influyente Arzobispo Oscar Andrés Rodríguez, trabajaba la propuesta para eliminar la criminal Dirección Nacional de Investigaciones (policía secreta co-responsable de las desapariciones forzadas y asesinatos políticos), la creación del Ministerio Público, la organización de una Dirección de Investigación Criminal, la reforma de la carrera judicial y la separación de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas; el Comisionado de Derechos Humanos preparaba el primer informe con el cual el Estado de Honduras reconocía 184 desapariciones forzadas.

Reformas y abajo el militarismo.

El arribo al poder en 1994 del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el liberal Carlos Roberto Reina, impulsó las reformas que dejaron, finalmente, fuera de combate al militarismo y fortalecidas las posiciones de los organismos defensores de los derechos humanos.

Bajo presión popular, el gobierno de Reina eliminó el Servicio Militar Obligatorio y lo sustituyó por uno Voluntario y Democrático; además, relevó con civiles a los militares de la administración de las instituciones públicas de la guerra fría mencionadas al inicio.

Reina acompañó la separación de la policía militar de las Fuerzas Armadas y la transfirió al control civil. También estuvo atento a la apertura de fosas comunes identificadas en cementerios clandestinos y al inicio de juicios en 1995 contra militares activos y en retiro por desapariciones forzadas de personas en los años ochentas.

Aunque Reina fue forzado a negociar impunidad con la deteriorada cúpula militar del Batallón 3-16, pudo impulsar antes de irse del poder la supresión del cargo de Comandante en Jefe (paralelo al Presidente) y el deliberativo Consejo Superior (paralelo al Congreso Nacional) de las Fuerzas Armadas. También eliminó el cargo militar en la Secretaría de Defensa y ascendió a figura constitucional permanente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

Para esta época más de dos docenas de militares habían huido de Honduras, esquivando la justicia.

El Huracán Mitch arrastró a los prófugos.

En medio de la conmoción del huracán Mitch y apoyados en el retorno al poder del ex secretario privado del gobierno de Alvarez Martínez, el liberal de derecha Carlos Flores Facussé, los prófugos retornaron al país en 1998 y hallaron jueces que cambiaron la tipificación de sus delitos para hacerlos fiables, al tiempo que invocaron los viejos decretos de amnistía.

Aunque la amnistía fue declarada inconstitucional, los jueces favorecieron con sus fallos a la mayoría de los acusados, sin necesidad de recurrir a la amnesia.

Durante el gobierno de Flores Facussé, los jefes militares no cuestionados se sometieron al poder presidencial, iniciaron esfuerzos por acercarse de otra forma a la población, empezando por los antiguos "grupúsculos", y retiraron todo respaldo económico o político institucional a los acusados por violaciones a los derechos humanos.

Para esta época los militares inclusive dejaron de ser una competencia agresiva para los empresarios en el terreno de los negocios. En su mejor época movían una pujante industria militar, acompañada de bancos, financieras, puestos de bolsa, funerarias, bienes raíces, medios de comunicación, cementera, etc. Actualmente es público que sus negocios no andan bien.

El gobierno de Flores Facussé, paralelamente, abandonó las reformas institucionales en materia policial y judicial iniciadas en 1993. Fomentó la impunidad de los militares procesados por delitos de lessa humanidad, permitió que los viejos cuadros de la policía militar controlaran la "nueva" policía civil y quitó a la Fiscalía General la policía técnica de investigación criminal para anexarla a la "nueva" institución policial. Arreciaron durante ese período las muertes violentas de jóvenes y personas supuestamente delincuentes sin que sus casos hayan sido investigados y castigados, y creció sin precedentes el delito organizado jefeado o integrado por ex policías, ex oficiales del ejército o miembros activos de ambas instituciones.

La nueva entidad policial no fue depurada y los jueces y magistrados, como siempre, fueron nombrados por filiación política.

El ahora.

Actualmente, el gobierno del presidente Ricardo Maduro que tomó posesión el 27 de enero de 2002, impulsa lo que él llama una política de "Cero Tolerancia" o "Guerra contra la Delincuencia", que incluye actividades de Comités de Seguridad, Vecinos Vigilantes por Cuadrantes y Operativos Conjuntos Policía-Ejército.

El propósito evidente no es la prevención de los delitos, sino su disuasión o represión infgraganti; en el lugar "donde causan problemas", lo cual ha provocado excesos, faltas graves, delitos y violaciones a derechos.

En el marco de esta nueva estrategia de seguridad interior, los militares han sido incorporados de forma permanente a tareas policiales, como fue en el pasado.

Nuestra preocupación es que este retorno al protagonismo nacional por parte de los uniformados- lo que ya les ha significado aumento presupuestario, reposicionamiento de imagen pública y nuevos equipos y pertrechos-, también implique el retorno de los esquemas de intolerancia, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

De hecho la población ha sido manipulada para que asuma la percepción de inseguridad por encima de los niveles reales de delincuencia y acepte de ese modo la mano dura de policías y militares. Acepte, sin pedir cuentas, la eliminación física de los supuestos delincuentes.

Nunca como ahora fue más violento el lenguaje contra quienes levantamos la voz por la vida. Se nos acusa de defender a los delincuentes y estimular la inseguridad con nuestra postura en contra de la matanza.

El país vive una profunda crisis derivada del injusto modelo económico aplicado, de la degeneración ética de la clase política dirigente y del empobrecimiento aterrador de los hogares.

Todo parece incubar una ingobernabilidad social que hará "útiles" nuevamente a los militares del país, que suelen ser presentados siempre como los salvadores de la Patria.

Todo indica que tendremos, otra vez, "polvos de aquellos lodos".

No olvidar:

• Oficiales huyendo aún por violaciones a DDHH
• Otros negociando con políticos
• Sin credibilidad ni protagonismo político
• Corrupción
• Expulsados de Estados Unidos
• Retenidos en Estados Unidos
• Expulsados de Canadá
• Sometidos a tareas de seguridad interior
• Presión por revivir Servicio Militar Obligatorio
• Suplantados por militares de USA en lucha contra drogas
• Policía actúa con estilo militar en disuasión.
• La impunidad continúa

Mayo 5 de 2003

Este documento ha sido publicado el 14may03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights