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29ago12
Congreso crea paralela a Fiscalía y dota a Procuraduría de funciones de acusador penal
En un cercenamiento de las funciones del Ministerio Público y la creación de una paralela, el Congreso Nacional aprobó hoy miércoles otorgar poderes a la Procuraduría General de la República (PGR) para que realice acciones penales contra funcionarios estatales.
La medida, criticada por varios parlamentarios por considerarla inconstitucional, fue aprobada de forma sorpresiva y en un solo debate, ya que se le dispensaron los tres debates que establece la reglamentación parlamentaria.
La acción tomó por sorpresa a los diputados y demás sectores, ya que no había sido adelantado que se tomaría tal medida, ni el tema estaba señalado en la agenda de hoy.
Hasta el momento la legislación hondureña le otorga atribuciones exclusivas al Ministerio Público, Fiscalía General de la República, para realizar acciones penales en nombre de la sociedad y el Estado.
Pero con la medida aprobado por la mayoría legislativa, habrá dualidad de funciones entre dos entes estatales, ya que la PGR también tendrá tales atribuciones.
Con esta prerrogativa, la PGR, también podrá ahora acusar a funcionarios públicos y ejecutar acciones ante los tribunales de la Republica, cuando encuentre responsabilidad.
Hasta el momento la PGR, únicamente conoce las acciones civiles y las acciones penales han estado a cargo del MP.
La ley y el reglamento de la PGR hasta la fecha le atribuían la función de representante legal y abogado del Gobierno de la República, siendo el ente facultado para firmar los convenios que obligan a compromisos al gobierno hondureño.
Pero con la nueva reglamentación, la Procuraduría General de la República tendrá las contradictorias funciones de abogado del Estado, representante legal del gobierno y a la vez acusador de las acciones de los mismos funcionarios que representa.
Inconstitucional
Esta nueva decisión tomada por el pleno, ha generado reacciones en contra por parte de miembros de la misma bancada del Partido Nacional, así como liberales, señalando esta medida como inconstitucional.
Para el caso, el abogado constitucionalista y diputado por el Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, manifestó su desacuerdo y voto en contra, al tiempo que mantiene su posición de inconstitucionalidad de la disposición.
"Hay que ser claro y yo quiero ser claro con el pueblo hondureño, es una verdad evidente que la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General del Estado, se estableció en 1993 cuando fue aprobada ella tenía el monopolio de la acción pública penal, entonces todas las acciones penales, deben ser incoadas por el Ministerio Público ante los órganos jurisdiccionales del Estado", expresó.
Dijo que la potestad que se le quiere atribuir a la PGR "atenta contra el principio constitucional que le da esta facultad exclusivamente al Ministerio Publico".
Ya habían presentado otras facultades para la PGR
Entre tanto, el jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, se mostró sorprendido con esta medida al revelar que el pasado martes, plantearon la posibilidad que la PGR pudiese presentar recursos ordinarios y extraordinarios, una vez que en un juicio existiera sentencia definitiva firme, lo que calificó como "aberrante de todo punto de vista".
A renglón seguido añadió que "gracias a Dios con la posición u opinión de algunos de nosotros, logró pararse ese adefesio jurídico, pero hoy nuevamente, en aras de proteger los intereses de Estado, usted no puede violentar todo el ordenamiento jurídico ni violar la ley para crear una nueva ley".
Saavedra refirió que "discrepo totalmente con quienes han presentado esta iniciativa y lo lamento profundamente porque continúan con una posición equivocada desde todo punto de vista jurídico".
Aseguró que los diputados no se les habían planteado este tema a discutir en este día.
Defensa del presidente del Congreso: "Es un tema de prevención"
Por su parte, el presidente del Legislativo, Juan Hernández, manifestó que "en la medida que más instituciones que representan el Estado puedan ejecutar acciones penales, mejor es porque es un tema de prevención".
Luego de la aprobación de esta iniciativa de ley, pasarán tres días en los cuales el presidente del Legislativo y dos secretarios deberán firmarla y posteriormente será envida al Ejecutivo.
[Fuente: Proceso Digital, Tegucigalpa, 29ago12]
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