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04ene08
Los mismos represores atacan de nuevo a sus víctimas
En este primer plantón de 2008, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) comparece para expresar lo siguiente:
- 1. La agresión policial premeditada la madrugada del 30 de diciembre de 2007, basada en el seguimiento del perfil psicológico de una de las víctimas sobrevivientes de la bestialidad de los años ochentas, nuestro amigo, nuestro hermano Milton Jiménez Puerto, confirma situaciones abominables atribuibles a la Secretaría de Seguridad:
a) La Policía Nacional obedece líneas de mando externas a la legalidad en Honduras con objetivos comerciales, políticos y hegemónicos, creando una diversidad de espacios con poder que viola la seguridad de los ciudadanos y la soberanía del país.
b) La estructura del Batallón de la Muerte opera desde la institucionalidad policial con oficiales y agentes que dirigen las operaciones de grupos y bandas al servicio del genocida ex embajador que comanda la seguridad universal, que de nuevo incluye violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
c) La reinstalación de un Estado policiaco se funda lamentablemente en la negación absoluta de la depuración policial para mantener a violadores de derechos humanos junto a los expertos en exacciones, vejámenes y represiones, quienes han convertido las calles y carreteras en sitios para cobrar aguinaldos, exigir galones de gasolina y filmar escenas de la vida privada de las personas.
d) Antes del fin de año, el Cofadeh se vio obligado a pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de un ciudadano de Comayagua, quien fue atentado por policías frente a su hijo de cuatro años y amenazado de muerte si denunciaba lo ocurrido antes del 24 de diciembre.
e) La tortura, como método clandestino de obtención de información, está vigente en el país: 7 de cada 10 personas detenidas por la Policía son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes según la estadística del Centro de Atención a Personas Víctimas de la Tortura.
- 2. El abogado Milton Jiménez Puerto goza de todos nuestros afectos y consideraciones como ser humano y como víctima, por lo que seguiremos asumiendo diligentes su representación legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se ventila el caso de su desaparición forzada junto a cinco estudiantes más, víctimas de criminales que son investigados además por el gobierno de Canadá, en cuyo territorio han pedido refugio político en los últimos meses.
- 3. Finalmente, deseamos expresar nuestro repudio por las contra reformas electorales impuestas por el Partido Liberal y Nacional, manipulados por dos líderes corruptos agazapados fuera del Congreso Nacional, que violan la Constitución al establecer cuotas de inequidad de género 30/70 y al obligarnos a todos los hondureños y hondureñas a pagar cuotas anuales de 500 millones de lempiras a los Partidos Políticos, que pretenden así “lavar” las aportaciones privadas que reciben de fuentes de origen sucio.
- 4. Estamos en apoyo a los objetivos sociales de la Huelga de Hambre que sostienen afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebidas y Similares (STIBYS) ante negociaciones injustas que impone la transnacional cervecera, símbolo de la globalización del capitalismo salvaje.
De los hechos y de los hechores,
Ni olvido ni perdónEnero 4, 2008
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Nota documental:
El actual titular de la Dirección Nacional de Tránsito, represor sobreviviente del Batallón de la Muerte 3-16, sirvió como escudo humano en el aeropuerto Toncontín al ingreso en 1995 del criminal hondureño expulsado de España (Billy Joya) por violaciones graves a los derechos humanos, incluidas la desaparición temporal y torturas contra Milton Jiménez Puerto y cinco estudiantes universitarios más.
La brutalidad del 30 de diciembre de 2007 es la tercera acción consecutiva de los mandos del Batallón 3-16 contra la humanidad de Jiménez Puerto, pues también fue detenido ilegalmente, aislado y torturado psicológicamente en 1989 tras el asesinato de Gustavo Álvarez Martínez, para pretender desviar la atención del público de los verdaderos ejecutores de entonces.
Hoy, prevaliéndose de uno de los elementos del perfil personal del canciller, a pocas horas para que el Estado de Honduras respondiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su caso y el de los demás estudiantes, los subordinados del director de Tránsito llevaron a cabo un acto violento, desmedidamente abusivo, que además satisface objetivos políticos de actores externos a la línea de mando policial.
El caso será presentado como un incidente cometido por el Estado durante el proceso investigativo ordenado por la CIDH, desde Washington.
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