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15may06
Revive la comunidad de inteligencia con miembros del ex batallón 3-16
La comunidad de inteligencia que operó en Honduras en los años ochenta y culminó con la desaparición forzada de más de un centenar de personas, nuevamente está operativa en el gobierno del Poder Ciudadano que preside el gobernante Manuel Zelaya Rosales, quien tiene a ex miembros del ex batallón de la muerte 3-16 entre sus principales asesores.
Así, es normal encontrar en los pasillos de Casa Presidencial al militar retirado Erick Sánchez, cuestionado en 1992 por el caso del mecánico Gustavo Funez a quien el militar, en ese entonces, comandante del batallón en La Ceiba, hirió de bala y lo dejó paralítico.
Por este caso, Sánchez fue absuelto por un tribunal militar que le valió el cuestionamiento de la Suprema Corte dirigida en ese momento por el nacionalista Orlando Lozano Martínez, al asegurar que existió irregularidad en el caso y que el mismo debió ser conocido por un juzgado civil y no un militar. La Corte de Justicia incluso condenó la acción del juez que conoció en primera instancia el caso, pero la acción no pasó a más.
Ante las evidencias de irregularidades en el manejo del caso, el mismo fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya Corte, condenó recientemente al Estado de Honduras y le obligó a pagar una indemnización al mecánico Funez, misma que aún no se ha concretizado, según se informó.
Sánchez fue señalado por pertenecer al ex batallón de la muerte 3-16 que operó en los años ochenta. Su función se caracterizó, según grupos humanitarios, por hacer “labores de limpieza” para borrar evidencias una vez que culminaba un operativo de ese escuadrón de la muerte.
Con un bajo perfil, Sánchez ha centrado sus dominios en la región del atlántico hondureño, y actualmente es asesor presidencial para montar el sistema de inteligencia presidencial, según informaron fuentes oficiales a Conexihon.com.
Su llegada a la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales, obedece a recomendaciones del actual ministro de Seguridad, Álvaro Romero, de quien las organizaciones de derechos humanos tienen registro de colaborador también del 3-16, destacando cuando fungió como comandante en el batallón de La Ceiba.
No obstante, Sánchez y Romero son viejos compañeros de la sexta promoción de la Fuerzas Armadas. En el caso de Sánchez, éste incluso es socio del militar retirado Mario “el tigre” Amaya, a quien se le mencionó en la muerte de la ecologista Janeth Kawas.
La prensa que cubre la casa de gobierno comenta que las acciones de seguridad presidencial se han vuelto tan estrictas que limitan sus acciones reporteriles. A su vez, los corresponsales de prensa extranjera acreditados a la Casa Presidencial, cada vez que llegan a una cita deben abocarse a uno de los portavoces gubernamentales quien se encarga de enviar una nota a la seguridad para anunciar su llegada.
Una vez que la seguridad conoce la presencia de los corresponsales, llama al portavoz que envió la nota para que lo vaya a recoger e introduzca al palacio presidencial; caso contrario, pese al formalismo requerido, los periodistas no pueden ingresar.
El coronel retirado Erick Sánchez, diseña su estrategia de inteligencia presidencial acompañado de dos oficiales, entre los que destaca el coronel Onofre Oyuela Oyuela, esposo de la cuestionada ex funcionaria pública, Rita Núñez.
Una cofradía más visible.
Según organismos humanitarios consultados por Conexihon.com, si bien en la ex administración del presidente Ricardo Maduro, la comunidad de inteligencia del ex 3-16 mantuvo vigente ciertos tentáculos, es en el gobierno del liberal Manuel Zelaya Rosales donde la misma parece “revivir” con mayor fuerza.
“Son como una cofradía que siempre comparte, reparte y se acompaña, y aunque a veces perdemos sus andanzas, siempre salen a la luz pública”, dijo a Conexihon.com, una integrante del Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), única organización humanitaria que ha denunciado este hecho.
En una carta enviada al presidente, Manuel Zelaya Rosales, la coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, cuestionó y pidió la destitución del ministerio de Seguridad, del ex integrante del batallón 3-16, Billy Joya, quien fue contratado por el ministro Álvaro Romero, como asesor en materia de seguridad.
Dentro de sus funciones estatales, Joya fue asignado a diseñar una estrategia en contra del robo de celulares, pero su presencia según Oliva constituye “un insulto a la dignidad nacional”.
Billy Joya tiene actualmente cuentas pendientes con la justicia y según informes oficiales procedentes de los archivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, el militar retirado es “una persona que tiende a permanecer siempre en movimiento y a realizar sus acciones con mucha rapidez, por lo que resulta más eficiente en labores que exigen estos requisitos”.
En su historial militar, Joya tiene muchas sanciones por su problemas de conducta, se le notifican arrestos de seis días o de horas, pero llama la atención una nota enviada el 29 de enero de 1986 por el entonces embajador de Estados Unidos, John Ferch, donde felicita al militar por la “especial atención” que brindó a la inteligencia norteamericana durante la visita a Honduras del presidente George Bush, padre.
Joya, estuvo dos años estudiando en la Escuela de Carabineros de Chile, donde fue compañero de Coralia Rivera y Mirna Suazo, entre otros oficiales de policía. Fue el primer comandante del grupo especial policial “Cobras” y en 1981 fue entrenado por Estados Unidos en la búsqueda e interdicción de armas, según se desprende de su historial en poder de las organizaciones humanitarias en Honduras.
Billy Joya, igual a impunidad: Cofadeh
Para Bertha Oliva, el nombre de Billy Joya es sinónimo de “impunidad” en Honduras porque siendo jefe del Destacamento Técnico Especial del Batallón 3-16 participó de varias operaciones ilícitas entre las que destaca la desaparición temporal de seis estudiantes en 1982; uno de esas víctimas es ahora el actual canciller, Milton Jiménez Puerto.
Jiménez Puerto y otros funcionarios de la administración pública con una amplia trayectoria a favor de los derechos humanos y en contra de la impunidad, se han llamado al silencio en torno a estos nombramientos.
El 27 de abril de 2006, se cumplieron 20 años de la detención y desaparición temporal de los estudiantes universitarios sin que la justicia haya actuado en función de los culpables: Billy Joya y Alexander Hernández, entre otros, quienes siguen confundiéndose entre la sociedad de “notables” de esta nación centroamericana.
Actualmente Joya se encuentra procesado en los tribunales por un hecho ocurrido en Olancho; es el caso del joven Edelmiro López, capturado en 1981 y cuyo cuerpo apareció flotando en las orillas del Río Tinto, totalmente descompuesto y se presume fue lanzado desde un helicóptero.
Ante la protesta de Cofadeh y su coordinadora por su nombramiento, Joya publicó un artículo que denominó “doña Bertha la ignorante”, indignado porque según él se le coartaba el derecho al trabajo y a vivir dignamente. Incluso avizora que saldrá bien librado en los tribunales de la última acusación hecha porque no hay evidencias en su contra.
Conocido en el 3-16 como el “comandante Fredy Aráosla”, Billy Joya ha gozado siempre de la protección de los grupos de poder económico e incluso amenaza con convertirse en periodista al cursar clases en una universidad privada de la capital.
Pero Joya y Erick Sánchez no son los únicos miembros de la comunidad de inteligencia en el gobierno del Poder Ciudadano. A ellos se suman, Napoleón Nassar (ahora asesorar del ministerio de Seguridad), Salomón Escoto Salinas, René Maradiaga Panchamé, jefe de Tránsito, y el propio titular de Seguridad, Álvaro Romero, entre otros que amenazan con salir a la palestra pública.
De esta forma, el Poder Ciudadano ha confiado en dos cabezas visibles del ex 3-16 la seguridad de las personas a través del Ministerio de Seguridad, en Billy Joya, en calidad de asesor, y los Servicios de Inteligencia Militar Presidencial, en el ex coronel Erick Sánchez.
El batallón 3-16 que tomó su nombre de tres brigadas militares, la 110, 105 y 101, fungió en los años ochenta como el brazo represor de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la doctrina de seguridad y la guerra de baja intensidad, avalada por Estados Unidos, y bajo la cual desaparecieron más de un centenar de hondureños por razones político-ideológicas según consta en informes oficiales y documentación estadounidense desclasificada.
[Fuente: Revista electrónica Conexihon.com, Tegucigalpa, Hnd, 1 al 15may06]
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