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03oct12
La impunidad extiende epidemia de violencia en Honduras
Honduras tiene la más elevada tasa de homicidios del mundo, el doble de lo registrado 10 años atrás, la mayoría marcados por el narcotráfico, señaló un reciente informe de Naciones Unidas.
En 2001 el país centroamericano reportó 51 asesinatos por cada 100 mil habitantes y una década después ese índice subió a 92, por encima de países tan señalados por su elevada violencia como El Salvador (69) y Costa de Marfil (57).
El documento de la ONU intitulado Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas, atribuyó el alza de la violencia al progresivo tráfico de drogas por Honduras hacia Estados Unidos a partir de una mayor arremetida en México contra el crimen organizado.
Extendida epidemia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) admite como estándar normal nueve homicidios por cada 100 mil habitantes y lo califica de "epidemia" cuando la tasa es de 10 hacia arriba.
Ese mal endémico en Honduras registró 51 mil homicidios de agosto del 2000 hasta igual mes del 2012, de acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio.
En el 2011, unos 250, de los 298 municipios con que cuenta esta nación, reportaron tasas de homicidios superiores a la mundial. Sólo en los 31 meses de gestión del actual gobierno del presidente Porfirio Lobo hubo al menos 17 mil 500 muertes violentas, acotó Custodio.
Contrario a lo que dicen otras fuentes, el Gobierno considera que este año disminuyeron los homicidios, aunque acepta el índice reportado por el universitario Observatorio de la Violencia, que es de 86,6 por cada 100 mil habitantes, un promedio de 19 por día, contra 20 el año anterior.
No varían por año otros datos de ese organismo, como que las víctimas tenían entre 15 y 44 años de edad y que algo más del siete por ciento de ellas fueron mujeres.
El Observatorio reconoce que en casi el 40 por ciento de los crímenes no se pudo determinar la causa y más del 12 por ciento fue por ajustes de cuentas y la mayoría del gran total ocurrió entre sábado, domingo y lunes.
Un estudio de la organización no gubernamental Casa Alianza de Honduras reveló que ocho de cada 10 asesinatos son cometidos contra jóvenes.
Sólo en agosto último 85 jóvenes fueron asesinados y 10 de esos crímenes fueron adjudicados a miembro de la Policía Nacional, según una investigación de la ONG.
La fuente precisó que el 89 por ciento de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego y que el 67 por ciento permanecen en la impunidad, muchos de ellos atribuidos a sicarios y en menor medida a la delincuencia común.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras refiere que los lugares más violentos del país son La Ceiba, San Pedro Sula y Juticalpa.
Más allá del narcotráfico
Naciones Unidas considera que el tráfico de drogas ocasiona sólo una cuarta parte de los homicidios en Honduras.
Droga aparte, otros muchos factores intervienen en los elevados índices de violencia en un escenario donde se mezclan además causas económicas, políticas y sociales.
La desintegración familiar y la falta de educación son componentes que fortalecen las debilidades de la sociedad y contribuyen a que el grado de impunidad y criminalidad se acrecienten, a juicio del exmagistrado de la Sala Penal Nicolás García Sorto.
A la lista de causales se suman la falta de acceso a la educación y a la salud, el desempleo, que abarca al 45 por ciento de la población económicamente activa, y la pobreza extrema, que alcanza al 70 por ciento de los hondureños.
A esos componentes se añaden la especulación, el desbalance de precios, los bajos salarios, las deudas e impagos, y se suma el acceso sin cortapisas a armas y la debilidad de la justicia, entre otros muchos problemas que son el caldo de cultivo para mayores y más complejos delitos.
También influye en la inoperancia de la nación ante las prolongadas sequías e inundaciones sujetas al cambio climático, lo que sumado a la corrupción administrativa y política hace aún más vulnerable al país.
Mucho tiene que ver la violencia con la incertidumbre reinante respecto al crecimiento económico, pues el temor a invertir, presente incluso hasta en los nacionales, aleja toda potencial prosperidad.
La propia ONU cita apreciaciones del Banco Mundial, según el cual una reducción del 10 por ciento de los homicidios pudiera representar un alza del 0,7 de las inversiones.
Expertos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) incluye en su balance de razones que incentivaron la violencia el golpe de Estado propinado contra el presidente Manuel Zelaya en el 2009.
Los encargados de aplicar la ley cayeron en el desorden, se desviaron recursos para controlar la situación y se suspendió la asistencia antidroga de los Estados Unidos, precisó Onudd, y reconoció que tras la deposición de Zelaya crecieron la violencia y el tráfico de drogas.
Por Honduras, en el 2010 transitó cocaína por valor de mil 994 millones de dólares, el 13 por ciento del Producto Interno Bruto del país, acorde con la ONU que, además, denunció que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en el paso de los estupefacientes por sus puntos de control.
La impunidad potencia el crimen
En los últimos meses, incluso semanas, la selectividad de los asesinatos contra profesionales del derecho y periodistas han avivado en todas las esferas de la sociedad los reclamos de justicia, seguridad y paz, frente a la creciente impunidad. Las mayores críticas apuntan a una obligada política de seguridad por parte del gobierno.
Entre el 2010 y el 2011 la Fiscalía envió a la Dirección Nacional de Investigación Criminal 109 mil 523 denuncias, pero solo 24 mil 653 fueron procesadas.
Ello quiere decir que unas 84 mil 870 acusaciones de hechos criminales quedaron impunes, indican instituciones de derechos humanos que atribuyen a ese organismo apenas el 21 por ciento de efectividad.
A juicio del presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, Fabricio Erazo, la justicia falla porque el Estado no le da una verdadera importancia a la investigación, ni destina a ella los suficientes recursos.
Para el juez de sentencia, Anaim Orellana, el Estado está en la obligación de fortalecer la investigación y frenar los crímenes, entre ellos los selectivos de alto impacto que pretenden socavar la seguridad del país.
Se ha dejado avanzar mucho a la criminalidad en todos los niveles, desde el crimen organizado, el sicariato, y se ha perdido el derecho a la vida", lamentó el juez.
[Fuente: Por Silvia Martínez Puentes, Prensa Latina, La Habana, 03oct12]
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