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30sep12
La impunidad criminal en honduras y un estado cómplice
Sigue insaciable la acción criminal de los grupos poderosos y dominantes del país. No están dispuestos a ceder o ha perder por cualquier medio, ni por la via legal, partes de sus riquezas obtenidas por mecanismos impropios. Los señores terratenientes Miguel Facusse Barjun y Rene Morales que se ha apropiaron de buena parte de las tierras fértiles del Aguan fueron acusados en vida por el abogado Antonio Trejo Cabrera de que lo querían eliminar físicamente, y esta fatal revelación se concreto este recién pasado 22 de septiembre, porque fue la noche de ese sábado que las balas impunes del sicariato apagaron la vida de nuestro compañero.
Las motivaciones de este brutal crimen son publicas, Antonio Trejo Cabrera, de 41 años, se desempañaba como apoderado legal del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA). En sus gestiones como apoderado la víctima había logrado sentencia favorable a favor de las familias campesinas el pasado mes de junio, en el Juzgado de Letras de Tegucigalpa. Además, el compañero Trejo había señalado que los dos poderosos productores palmeros tienen un fuerte control sobre el poder judicial lo que explica la admisión improcedente de un recurso de amparo contra las recientes sentencias favorables para los campesinos.
Resultado de esta ola asesina promovida desde las estructuras de poder económico, también cayó abatido Manuel Eduardo Díaz Mazariegos abogado que trabajaba como Fiscal del Ministerio Publico en la ciudad de Choluteca. La victima destaco por su valiente participación en la huelga de los fiscales del 2008, acción con la que intentaron atraer la atención del pueblo, de la sociedad civil y funcionarios públicos que provocará una intervención de limpieza del Ministerio Públicos para transparentar y agilizar la investigación por los casos de corrupción, en los cuales están involucrados personajes políticos, funcionarios y ex funcionarios de todas las administraciones publicas que ha tenido el Estado Hondureño.
Queda evidenciado que desde el Estado y Gobierno de Porfirio Lobo se alientan y promueven estas estrategias de eliminación física, por la nula actuación de las investigaciones policiales y la complicidad de las instituciones públicas encargadas de la aplicación del marco jurídico como: la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico y también por la indiferencia del llamado Poder Legislativo.
Los grupos de poder económicos y político que participaron activamente en el Golpe de Estado del 2009, ahora determinan que individuos de la Resistencia deben morir, porque cuentan con la complicidad del Estado. Aparentemente ya no son necesarios los escuadrones de la muerte como la unidad paramilitar 3-16, que en los años ochenta del siglo pasado secuestraba, torturaba y desaparecía opositores políticos. Ahora los grupos económicos y políticos retrógrados que controlan el poder en Honduras, contratan a sicarios para ejecutar a los opositores políticos y luchadores sociales de la Resistencia Nacional.
Con esta estrategia sombría pretenden eliminar la oposición beligerante y detener el crecimiento de la lucha política por las transformaciones sociales y económicas que demanda la sociedad hondureña. Los temores de quienes hoy detentan el poder los muta en peligrosos asesinos desprovistos de sentimientos mínimos por la vida, de ahí que el pueblo viva bajo el riesgo permanente de ser asesinado por exigir y demandar un alto a la impunidad, un alto al proyecto de las ciudades modelo y un alto al saqueo de los presupuestos públicos por los políticos nacionalistas con los cuales financian sus campañas políticas.
Pese a este ambiente de terror e inseguridad y a los asesinatos contra la resistencia, los luchadores populares no detendremos el paso de guiar y conducir el proceso de transformación en lo político y lo social, que arribara prontamente en la toma del poder por el pueblo, meta obligada para construir una sociedad democrática participativa, que se empeñe en reducir las desigualdades económicas, que sea respetuosa de la vida humana y que aplique la justicia y castigo contra los asesinos de nuestros compañeros y compañeras asesinadas.
[Fuente: Por Santiago Vargas Casco, Tegucigalpa, 30sep12]
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