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Proceso ante la CIDH por el asesinato del joven Juan Humberto Sánchez.

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El Padre Celso Sánchez, quien era en 1992 el Párroco de Camasca, Intibucá, declarará como testigo esta semana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las circunstancias de la muerte del joven Juan Humberto Sánchez y otros antecedentes relacionados con el objeto y fin de la demanda. Por su parte, el general Luis Alonso Discua- primer comandante del Batallón de la Muerte 3-16- es testigo del Estado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó este lunes, en San José, Costa Rica, un nuevo juicio contra el Estado de Honduras por el asesinato, en 1992, del joven hondureño Juan Humberto Sánchez.

La demanda fue planteada el 8 de septiembre de 2001 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en representación de los parientes de la víctima, quienes esperan que la CIDH condene al Estado por detención arbitraria, torturas, ejecución extrajudicial y denegación de justicia en perjuicio de la víctima y sus familiares.

Los demandantes han propuesto 7 testigos y tres peritos para que declaren en el juicio. Entre ellos figura el sacerdote católico, Celso Sánchez, quien trabajaba en la zona fronteriza, próxima a Santo Domingo Colomoncagua, donde ocurrió el asesinato el 12 de julio de 1992.

Sánchez explicó que este juicio contra el Estado es por no haber garantizado la libertad, integridad personal y la vida de Juan Humberto, además de la denegación de justicia y las tácticas dilatorias del sistema judicial por nueve años, tratando de asegurar la impunidad de los acusados, entre quienes figuran altos jefes militares en situación de retiro, y activos.

Entre los testigos oficiales citados por el Estado de Honduras a petición de la CIDH destacan el jefe de las Fuerzas Armadas de entonces, general Luis Alonso Discua Elvir, y los abogados José German Silvestrucci, Lucinda Cecilia Mena Amaya y el Abogado Héctor Fortín Pavón.

Los parientes de Juan Humberto, presentes en las audiencias, sostienen que ante la Corte Interamericana no buscan sólo que se condene al Estado, sino además un resarcimiento económico por los daños psicológicos, morales y gastos médicos y judiciales que han afrontado junto al COFADEH por más de diez años.

A raíz de una amnistía decretada por el presidente Rafael Callejas en 1991, Juan Humberto Sánchez regresó a su aldea hondureña, desde Perquín, El Salvador, donde trabajaba como operador de la Radio Venceremos del FMLN de ese país.

Al ingresar a Honduras fue detenido e interrogado por oficiales hondureños asignados en La Paz e Intibucá, y pudo regresar a su aldea, pero la noche que lo hizo fue sacado por la fuerza del hogar de sus padres por un comando militar entrenado en operaciones nocturnas. Su cadáver fue hallado en las riberas del Río Negro, con señales de torturas: sus genitales y la lengua le habían sido cercenados.

Uno de los peritos citados por los familiares es el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, quien atestiguará sobre el agotamiento de los recursos internos mientras el caso fue ventilado en el país.

El caso Sánchez es el tercero que conoce la CIDH por violaciones a los derechos humanos en Honduras. En 1987 y 1988 el Estado fue condenado por la desaparición y asesinato de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez, dos educadores víctimas de la intolerancia política en 1981 y 1982, respectivamente.  

Juan Humberto Sanchez.

Juan Humberto Sánchez, de 27 años de edad, era hijo segundo de una humilde familia campesina de la Aldea de Santo Domingo, Colomoncagua, Intibucá.

En 1969, año de guerra, la familia formada por Norberto Márquez y Dominga Sánchez, como centenares de familias hondureñas que habitaban la frontera militarizada, se vieron obligados a salir en busca de mayor seguridad hacia los poblados del vecinos país y fijaron su residencia temporal en Perquín, El Salvador. Norberto Márquez, padre biológico de Juan Humberto era de nacionalidad salvadoreña. Para entonces Juan Humberto tenía tres años.

Cuando Juan Humberto tenía once años de edad, su padre murió. Su madre, junto a sus hijos Reyna, Milagro, Rosa Delia y Julio, regresaron a Honduras.

Juan Humberto se quedó a vivir con su tío y su abuela Vicenta, por quienes estudió hasta el noveno grado y aprendió oficios. Al iniciarse en ese país la guerra civil, sus parientes hondureños hicieron esfuerzos por regresarlo a Honduras, pero para entonces el muchacho era militante del FMLN con mando de Capitán.

Después de varios combates contra el ejército salvadoreño, Sánchez fue asignado como operador de Radio Venceremos, emisora rebelde que transmitía para todo el país, incluido el Occidente de Honduras.

Después de la firma de la paz en El Salvador entre las fuerzas beligerantes y tras la emisión en Honduras de un Decreto de Amnistía en julio de 1991 por el gobierno de Rafael Callejas, Juan Humberto escoge el 9 de julio de 1992 para regresar a su aldea natal. Su deseo era obtener su tarjeta de identidad como hondureño por nacimiento, para inscribir legalmente a su hija Breidy Maibelly Sánchez Argueta, nacida de su relación con Donatila argueta sánchez, el 1 de enero de 1992, siete meses antes de su asesinato.  

Testigos del estado.

El pasado 5 de febrero del 2003, la agente alterna del Estado de Honduras, Argentina Wellerman Ugarte, notificó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la constancia de citación a los testigos: General de División Luis Alonso Discua Elvir; Abogados José German Silvestrucci, Lucinda Cecilia Mena Amaya y al Abogado Héctor Fortín Pavón, acreditando en la misma comunicación al Procurador General de la República, Sergio Zavala Leiva como agente titular del Estado. Todos están en San José.

El General Discua Elvir declarará sobre las detenciones, interrogaciones e incomunicaciones hechas a Juan Humberto Sánchez por autoridades militares de Marcala, La Paz y Concepción, Intibucá, y sobre la supuesta responsabilidad del Subteniente de Infantería Angel Belisario Hernández, quien fue protegido y ocultado por su institución. Discua ha anticipado que nunca vio nada, que no escuchó nada...que no sabe nada.

José German Silvestrucci, declarará sobre las gestiones realizadas directamente por la Procuraduría General de la República, conducentes a la captura del imputado Angel Belisario Hernández.

Lucinda Mena Amaya declarará sobre las gestiones realizadas directamente por la Procuraduría General de la República, conducente a la captura del imputado Angel Belisario Hernández.

El abogado Fortín Pavón dictaminará sobre la práctica forense hondureña y demostrará en auto no haberse violentado el principio del debido proceso.  

Testigos y peritos propuestos por la Comisión y representantes de la víctima:

Peritos:

1). Leo Valladares Lanza, abogado: dictaminará sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el momento en que se produjeron los hechos objeto de la demanda, la operación de las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia, y el funcionamiento del Poder Judicial, así como sobre la Legislación prevista en materia de Habeas Hábeas.

2). Débora S. Munczek, Psicóloga: Dictaminará sobre el patrón de ejecuciones extrajudiciales al momento de la muerte de la víctima en Honduras, el impacto político en la vida de los familiares, el sufrimiento de los parientes por la pérdida de Juan Humberto Sánchez, así como otros temas relacionados con el objeto y fin de la demanda.

3). Reyna Rivera, abogada: Dictaminará sobre la viabilidad de la Legislación prevista para el Habeas Corpus, sus dificultades para ser ejecutado de manera efectiva y pronta, deficiencias en la administración, la ineficiencia del proceso penal hondureño, así como otros asuntos relacionados con el objeto y fin de la demanda.

COFADEH - Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras.
Tegucigalpa, MDC., 03 de marzo de 2003.

Este documento ha sido publicado el 03mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights