Este documento ha sido publicado el 03mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
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3mar03
El Estado de Honduras, acusado por segunda vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los días 3, 4 y 5 de marzo de este año, el Estado Hondureño asistirá por segunda vez como acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, catorce años después de la sentencia condenatoria en 1987 por la desaparición forzada de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez Cruz. Esta vez, coincidentemente la Corte conocerá un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial contra el joven Juan Humberto Sánchez, ocurrida el 11 de julio de 1992.
La interpelación de Honduras ante la Corte Interamericana es importante, porque sienta un nuevo precedente positivo en el sistema de justicia local e invita a la clase política que gobernaba en 1992 y que casualmente también lo hace hoy, a que impida que hechos similares no se repitan en la historia.
El joven Juan Humberto Sánchez, fue capturado por un comando militar del Décimo Batallón de Infantería, con asiento en Colomoncagua, bajo el mando del Subteniente Angel Belisario Hernández en la noche del 10 de julio en la Aldea de Santo Domingo, después lo trasladaron a la sede del Comando militar, siendo liberado al día siguiente. Ese mismo día, en la noche lo capturaron nuevamente y su familia presenció la detención.
El 22 de julio de ese mismo año, los familiares se enteraron que habían encontrado el cadáver del joven Sánchez en un pozo del "Río Negro", éste estaba trabado entre las piedras y en estado de descomposición. Además el cadáver mostraba señales de tortura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso en septiembre de 2001 una demanda ante la Corte Interamericana contra el Estado de Honduras por el secuestro, tortura y asesinato de Juan Humberto Sánchez, ocurrido en la aldea Santo Domingo, Intibucá, el 11 de julio de 1992.
En representación de los familiares de la víctima, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentamos en el mes de octubre del año pasado un memorial con los argumentos, pruebas y pretensiones, basados en los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A pesar del tiempo transcurrido desde las torturas y ejecución extrajudicial del joven Juan Humberto, sus familiares no han obtenido justicia ni una reparación justa por el daño moral y material causado por su asesinato. El caso se encuentra en los tribunales desde mediados de 1992.
A través del litigio del caso los representantes de la víctima y sus familiares esperan que, se pueda alcanzar una reparación integral, no sólo para la familia Sánchez, sino también para la sociedad hondureña en general.
En la audiencia pública, los representantes de las víctimas, COFADEH y CEJIL, presentarán como testigos a la señora María Dominga Sánchez y Domitila Vigil, madre y hermana de Juan Humberto Sánchez. Del mismo modo se dará a conocer el testimonio del perito, Dr. Leo Rodrigo Valladares, Ex-Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Igualmente el Estado tendrá como testigos a altos oficiales de las Fuerzas Armadas, así como el General Luis Alonso Discua Elvir, ex-jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y primer comandante del Batallón de la Muerte 3-16 durante los años ochenta.
Han pasado 11 años de la desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura del joven Juan Humberto. Su madre, María Dominga tiene la esperanza de hallar justicia en este máximo tribunal interamericano. En este sentido los representantes de las víctimas esperan que el Estado sea condenado por detención arbitraria, torturas, ejecución extrajudicial y denegación de justicia por no garantizar la libertad, la seguridad y la vida de Juan Humberto Sánchez, de conformidad con las leyes nacionales y los Tratados Internacionales, como la Convención Americana de los Derechos Humanos.
El COFADEH, espera que el Estado hondureño sea condenado por detención arbitraria, torturas, ejecución extrajudicial y denegación de justicia por no garantizar la libertad, la seguridad y la vida de Juan Humberto Sánchez, de conformidad con las leyes nacionales y los Tratados Internacionales, como la Convención Americana de los Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso en septiembre del año pasado una demanda ante la Corte Interamericana contra el Estado de Honduras por el secuestro, tortura y asesinato de Juan Humberto Sánchez, ocurrido en la aldea Santo Domingo, Intibucá, el 22 de julio de 1992. En representación de los familiares de la víctima, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentamos en el mes de octubre un memorial con los argumentos, pruebas y pretensiones, basados en los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese sentido, CEJIL, COFADEH y los familiares, pedimos a la Corte Interamericana que ordene al Estado que cese la impunidad del caso, que proteja la seguridad e integridad de los participantes en el juicio y que haga reformas legales a su sistema jurídico, para garantizar un proceso más expedito y confiable en recursos tan fundamentales como el Habeas Corpus.
Asimismo, otra de las garantías de satisfacción y no repetición del daño que se demanda es la tipificación del delito de desaparición forzada en el ordenamiento penal; además, que el Estado hondureño sea signatario de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas.
El 22 de julio fue encontrado el cadáver de Juan Humberto Sánchez en la rivera del río Negro, jurisdicción de Santo Domingo, Intibucá, después de haber sido privado de su libertad en dos oportunidades.
El joven, en días anteriores había retornado de El Salvador con el fin de actualizar sus documentos personales, confiado en los acuerdos de paz firmados en aquél país y en la Amnistía decretada por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, en julio de 1991. Pero se encontró con la muerte.
Respecto al estado actual del caso, el Estado de Honduras alegó que no se habían agotado debidamente los recursos internos, mientras que la Comisión Interamericana y los representantes de la víctima alegamos que los recursos ya han sido debidamente agotados. El proceso iniciado en el juzgado seccional de Colomoncagua desde 1992 resultó ineficaz, ya que el caso se mantiene impune hasta la fecha.
Los representantes de las víctimas y la Comisión demostraremos ante la Corte en la primera etapa de excepciones preliminares, que ya se han agotado las instancias internas y que sus resultados fueron infructuosos.
San José, 3 de marzo de 2003.
CEJIL - Centro por la Justicia y el Derechos Internacional.
COFADEH - Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras.
Este documento ha sido publicado el 03mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights