16 al 23jul01
El conflicto en Olancho con la empresa Energisa continúa sin solución y en total impunidad.
Según los gualaqueños el Gobierno y Energisa los tienen crucificados.
Los pobladores del municipio de Gualaco, Olancho, realizaron ayer una nueva manifestación de protesta en el centro de la capital, porque aún no obtienen una respuesta afirmativa del gobierno, con respecto a suprimir el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica de Babilonia.
Esta vez, los manifestantes de Gualaco, con mantas y pancartas en contra de la empresa ENERGISA, desfilaron por las calles aledañas al Congreso Nacional, gritando consignas contra el gobierno y los diputados.
En el grupo algunas mujeres cargaban sus niños de pocos meses de edad y los hombres, con una cruz de madera sobre sus espaldas, emulaban el martirologio de Jesucristo, dando a entender que la población de Gualaco "vive un calvario desde que el gobierno autorizó la construcción de la represa
Los manifestantes exigieron una pronta respuesta de parte del Gobierno de la República, especialmente del Congreso Nacional, que hace dos meses nombró una comisión para estudiar el caso y dar recomendaciones al respecto.
La población de Gualaco estima que el proyecto hidroeléctrico causará estragos en el ambiente y que unas 17 poblaciones quedarán sin agua, debido a que dentro del proyecto se contempla el desvío de las fuentes del vital líquido para favorecer la represa.
Según el informe preliminar de la Comisión del Congreso Nacional, ENERGISA cumple con las estipulaciones legales ya que cuenta con la debida licencia ambiental y con la autorización para ejecutar el proyecto a un costo aproximado de 3.5 millones de dólares.
La población de Gualaco, con ayuda de algunas agencias no gubernamentales ambientalistas han emprendido la lucha en contra de ese proyecto, pero la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente les ha respondido que el contrato con la Empresa ENERGISA no se suspenderá debido a que seria un antecedente nefasto para la inversión en Honduras.
[Fuente: El Heraldo, Pág. 10. Boletín Informativo No. 1559, Centro de Información y Documentación Conadeh, Honduras, 21Ago01]
Gualaqueños vuelven a exigir se detenga represa.
Un reducido grupo de pobladores de Gualaco, Olancho, llegó ayer a Casa Presidencial a eso de la 1:00 de la tarde, para exigir nuevamente la paralización de la represa Babilonia y la compañía ENERGISA.
Los 20 gualaqueños antes de llegar a Casa de Gobierno, hicieron un plantón en la Procuraduría del Ambiente y horas más tarde en los bajos del Congreso Nacional. El grupo estaba dirigido por miembros de la Coordinadora Nacional Contra la Impunidad, que anunciaron para las próximas horas un ayuno en el Parque Central para que se escuche sus demandas.
Asimismo, recordó que este próximo sábado se cumple el plazo para que el Congreso Nacional emita un informe que refleje si en efecto el proyecto Babilonia afecta a los pobladores de ese sector.
Entre otras acciones que realizarán, está la de presentar un recurso de inconstitucionalidad la próxima semana, a fin de que el Congreso derogue el decreto que da "luz verde" a la ejecución de la obra.
[Fuente: La Tribuna, Pág. 7. Boletín Informativo No. 1553, Centro de Información y Documentación Conadeh, Honduras, 15Ago01]
Pobladores de Gualaco se toman edificio de la SERNA.
Alrededor de unos 50 pobladores de Gualaco Olancho, se tomaron ayer por más de siete horas las instalaciones físicas de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna). exigiendo la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Babilonia, que construye en ese sector. la empresa ENERGISA. La toma tuvo lugar en el edificio anexo de la Serna, localizado en las inmediaciones de la cancha "El Birichiche". cerca del Estadio Nacional.
Una de las manifestantes declaró que decidieron tomarse el edificio "porque desde entro se están haciendo solicitudes al Estado hondureño y no se han tomado en cuenta las peticiones del municipio".
Asimismo, declaró que protestaban porque las autoridades no han investigado la muerte del dirigente ambientalista. Carlos Roberto Flores, quien supuestamente fue ultimado por guardias de seguridad de la empresa ENERGISA. Indicó que además se oponen a la construcción de la represa porque el proyecto está en una área protegida y se otorgó una licencia ambiental sin cumplir los requerimientos necesarios.
Después de permanecer varias horas en el edificio, el subsecretario de la Serna. Miguel Ángel Arévalo, accedió a dialogar con una comisión, quien les manifestó que todavía están esperando un dictamen de la Procuraduría del Ambiente para tomar una decisión.
Los protestantes manifestaron que el proyecto hidroeléctrico Babilonia no tienen ningún beneficio para las comunidades aledañas, sino que por el contrario, la construcción de la represa disminuirá en un 90 por ciento el caudal del río, acabará con los cafetales y destruirá la belleza escénica de la zona. Sin embargo, Arévalo resaltó que los proyectos hidroeléctricos son los más sanos y amigables para el ambiente "porque el agua es un recurso renovable y no contamina como la generación con plantas térmicas"
Agregó que el gobierno apoya este tipo de generación energética con el fin de beneficiar a todo el país, pues las actuales represas no son suficientes para satisfacer toda la demanda. En ese sentido, refirió que se han otorgado un total de 13 licencias ambientales y hay otras ocho en proceso de legalización para construir pequeñas centrales hidroeléctricas.
[Fuente: El Heraldo, Pág. 15. Boletín Informativo No. 1550, Centro de Información y Documentación Conadeh, Honduras, 9Ago01]
Los indicadores sociales y económicos aumentan el riesgo de conflictos mientras más de veinte heridos fueron provocados por el uso desproporcionado de fuerza.
Esta fue una semana movida en el escenario nacional. A mediados, el día 18, un grupo de miembros del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas (COPIN), junto a pobladores de Gualaco (Olancho) y miembros de organizaciones campesinas y de derechos humanos, fueron reprimidos por unos 300 policías, con un saldo de más de veinte heridos. Los manifestantes fueron desalojados de los bajos del Palacio Legislativo, en Tegucigalpa, donde protestaban por la construcción de la represa Babilonia en Gualaco (LT/19).
El incidente reflejó, en primer lugar, que la defensa del medio ambiente frente a una serie de macroproyectos energéticos, turísticos o forestales en marcha es una de las más peligrosas en la actual agenda ciudadana. Sólo en el departamento de Olancho, al oriente del país, recientemente fueron asesinados dos dirigentes ambientalistas destacados, Carlos Luna (Regidor Municipal) y Carlos Roberto Flores. Sus casos están directamente ligados con su compromiso ambientalista.
Honduras es uno de los países centroamericanos con mayor potencial hidroeléctrico o facilidades para la instalación de proyectos generadores de energía o de explotación minera, la mayoría de los cuales se ubican en su corredor biológico más importante. En la actualidad hay conflictos de ese tipo en la zona occidental, norte y oriental.
En Copán un fuerte sector ciudadano sostiene que una empresa minera canadiense explota sin el debido control, contaminando fuentes de agua, un importante yacimiento de oro y otros metales.
En Cortés la polémica es alrededor de una empresa norteamericana que invertirá unos 650 millones de lempiras en la instalación de una central de generación eléctrica a base de gas, ubicada en el principal puerto del país.
En Atlántida las organizaciones ambientalistas de Tela se oponen a las operaciones de un oleoducto en plena bahía turística, y en Olancho, además del proyecto Babilonia, hay una gran protesta, de la que es solidario el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, por la explotación de oro a tajo abierto que hace la compañía minera Entre Mares en el Valle de Siria, compartida por los municipios de Cedros, San Ignacio y El Porvenir.
Sin duda, no son conflictos usuales. Los millonarios intereses los convierten en disputas relevantes que dividen opiniones, que trabajan con agendas abiertas y encubiertas, operaciones lícitas e ilícitas. Las comunidades mismas no escapan a las polarizaciones y en todas ellas hay quienes están a favor de las compañías o en contra.
La polémica incluye a los círculos oficiales, con diputados pidiendo explicaciones a la Secretaría de Recursos Naturales sobre la validez de ciertas licencias ambientales que son concedidas sin los estudios debidos o el irrespeto a condiciones de explotación previamente pactadas.
Quizá ese marco explica que en la cobertura noticiosa de los sucesos del 18 de julio un periódico capitalino "informara" irresponsablemente que "entre los agitadores (de la marcha), además de conocidos líderes populares y miembros de los organismos de derechos humanos, se encontraba la irlandesa Sally O?Neill, quien trabaja con la organización no gubernamental "Trocaire" y está vinculada al Ejército Republicano Irlandes, IRA. Las autoridades policiales no saben cómo ingreso al país, ya que en su pasaporte no tiene fecha de entrada" (LT/19).
La identidad de la fuente de esa "noticia" no trascendió, pero es evidente que hay una intencionalidad política tras su absoluta falsedad. Sally O?Neill trabaja en Honduras desde 1973 cuando llegó como voluntaria de una organización inglesa a Caritas, está casada con un hondureño y es desde 1994 Coordinadora para Centroamérica de Trocaire, una agencia que sólo a partir del impacto del huracán Mitch apoyó con más de cien millones de lempiras diferentes proyectos de reconstrucción. Cuando los incidentes Sally O?Neill se encontraba en Irlanda, luego de salir de vacaciones de Honduras el 7 de julio, pese a ello la Secretaría de Seguridad formalizó una demanda judicial en su contra, junto a veinte personas más. ¿Qué hay detrás de lo ocurrido?.
Para algunos analistas, la infundada "denuncia" contra la Coordinadora de Trocaire (agencia que no tiene ninguna línea de apoyo a COPIN) puede interpretarse como un mensaje intimidatorio o de advertencia para que la cooperación internacional, cualquiera que sea, no apoye a los sectores sociales que promueven la defensa del medioambiente.
La idea que se proyecta a través de los medios de prensa es que la cooperación internacional está detrás de los problemas o conflictos sociales del país y que, además, cualquier movimiento social hondureño que se involucre tiene conocimiento del riesgo al que se expone. Paradójicamente, ahora que la agenda ambiental está en el primer plano del protagonismo es cuando más se advierte la debilidad del movimiento ecologista organizado, uno de los más rezagados en el contexto de la sociedad civil hondureña.
Las protestas son encabezadas por los pobladores directamente afectados con los proyectos, sino que haya organizaciones ciudadanas especializadas en la temática que medien en las mismas.
Las repercusiones del caso O'Neill en el conjunto de la cooperación solidaria dirigida a la sociedad civil no se advierten en este momento, pero sin duda las habrá y pueden oscilar entre seguir adelante, sin amedrentarse, o replegarse, optando por un "bajo perfil" que en la práctica puede significar dejar sola a la ciudadanía frente a sus grandes retos de la coyuntura.
Otro de los temas relevantes de la semana fue el reconocimiento gubernamental de hambruna en 57 municipios del país, donde 78% de los cultivos de arroz, frijol y maíz fueron afectados por la sequía que enfrenta el agro a nivel nacional (T/17). Dos días después de que apareció esa información la Secretaría de Agricultura y Ganadería rectificó el dato, citando que los municipios afectados son 107, con más de 29 mil familias afectadas en los departamentos de El Paraíso, La Paz, Francisco Morazán, Intibucá, Choluteca, Valle y Comayagua. (LP/19).
Para afrontar la emergencia el gobierno autorizó "liberar" su reserva estratégica de granos básicos, gestionar ante el Programa Mundial de Alimentos (PMA) un total de cuatro mil toneladas métricas de alimentos y destinar tres millones de lempiras para financiar un proyecto de distribución de semillas para la resiembra, esperando una mejor estación lluviosa.
Por el momento, oficialmente, la sequía ya afectó 94 mil hectáreas cultivadas en ocho departamentos (EH/23).
A lo anterior se suma una declaración pública de la Secretaria de Finanzas, Gabriela Núñez , que describió el panorama financiero del país como "crítico y peligroso" a causa del alarmante incremento del gasto público. (EH/17). Hasta la fecha el gasto público se ha disparado en 9.300 millones de lempiras más de lo previsto y se espera represente 9.2% del PIB, por arriba del acumulado en los últimos tres años. Esta situación, explicó la ministra, erosiona la capacidad de generar ahorro interno y limita la capacidad de atender el financiamiento de proyectos sociales y de reconstrucción. De hecho, Honduras se encuentra en este momento sin capacidad para atender su servicio de la deuda externa, lo que incide para que el Gobierno no haya sido capaz de suscribir un nuevo acuerdo con el FMI, que debió estar formalizado el 30 de junio anterior y que congelaría todos los desembolsos previstos (el más inmediato de los cuales es por 70 millones de dólares).
Una comisión oficial anunció que tratará de "sensibilizar" al FMI y el Banco Mundial para "no ser castigados" (LP/17), pero el impase no parece ser cuestión exclusiva de voluntades, sino de realidades. Las cifras macroeconómicas no encajan en los acuerdos previstos y también hay un rezago efectivo en el cumplimiento de condicionalidades claves. Lo más probable es que el acuerdo con el FMI se concrete con el próximo gobierno (tomará posesión el 27 de enero del 2002), pero algunos funcionarios de la actual administración confían en lograr un acuerdo parcial, de monitoreo, que los salve del colapso financiero que ahora enfrentan.
El más optimista es el candidato presidencial liberal y titular del Congreso Nacional, Rafael Pineda Ponce, quien dijo que "mi impresión es que a corto plazo se suscribirá la Carta de Intenciones aunque hay que reconocer que existen algunas condiciones que no se han podido cumplir" (LP/18).
[Servicio de Información y Análisis Coyuntural Semanal Audiovisuales y Análisis de Prensa (AAP), No. 24. Semana del 16 al 23 de julio]
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