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Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de las protestas anti fraude en Honduras

- COFADEH -

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El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante la comunidad nacional e internacional, presenta su segundo informe acerca del contexto de derechos humanos en el marco de las protestas anti fraude en Honduras, 2017.

El documento centra su atención en las violaciones a derechos humanos relacionadas con las manifestaciones públicas contra el fraude electoral y los ataques selectivos a opositores políticos. Los datos que sustentan este informe fueron obtenidos a través del monitoreo de la represión en diferentes zonas del país; contactos con líderes sociales, defensores locales de derechos humanos, redes de defensores, víctimas y testigos; páginas electrónicas de organizaciones de derechos humanos; entrevistas a diferentes actores utilizando diversas tecnologías de internet; testimonios de víctimas tomados en nuestras oficinas; visitas a la morgues judiciales y centros hospitalarios; y, en menor medida a través del monitoreo de medios de comunicación.

El informe contiene información de carácter nacional y abarca el período comprendido entre el 26 de noviembre y 31 de diciembre de 2017.

Contexto

Grandes sectores de la sociedad hondureña continúan saliendo a las calles de las diferentes ciudades y pueblos del país, a manifestar su desacuerdo frente a la reelección del candidato oficialista Juan Orlando Hernández, dando inicio a un contexto de 21 días de protestas sociales opositoras, durante el período del 29 de noviembre al 20 de diciembre de 2017.

Como respuesta, el Estado de Honduras ha reprimido violentamente las protestas sociales de carácter pacífico, utilizando como principales medios la detención y persecución de quienes protestan, y dirigentes políticos militantes de la oposición.

Crisis Política

Los expertos y analistas políticos consideraban previo a las elecciones del 26 de noviembre de 2017, que Honduras enfrentaba un período especialmente crítico para su efectiva libertad y democracia electoral.

Las elecciones generales de 2009 y 2013, no fueron efectivas para recobrar la democracia ni la confianza de la población en los procesos electorales, todo lo contrario, los cuestionamientos de amplios sectores de la población por la falta de aplicación de estándares internacionales seguros, democráticos y transparentes se incrementó; especialmente por la profundización en la concentración de poder en la figura del Presidente del Poder Ejecutivo, y el establecimiento de un modelo de gestión pública autoritario, sostenido por la militarización de la institucionalidad y la seguridad pública.

El quiebre institucional producto del Golpe de Estado de 2009, y la profundización en 2012 con el Golpe al Poder Judicial al destituir a los Magistrados de la Sala Constitucional, contribuyeron a crear un ambiente cerrado al dialogo y la negociación que impidieron las exigidas reformas al sistema electoral.

Las fuerzas políticas en contienda cuestionaron fuertemente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por su falta de independencia y capacidad de administrar democráticamente el proceso electoral en su conjunto. Las principales fuerzas de oposición (La Alianza de Oposición contra la Dictadura y el Partido Liberal) se retiraron del Consejo Consultivo del TSE; rechazaron la mecánica de transmisión de resultados y optaron por instalar sus propios sistemas de conteos; cuestionaron la credibilidad del nuevo padrón electoral, la falta de transparencia en los traslados domiciliarios y la manera como se entregaron las tarjetas de identidad; además, denunciaron la venta de credenciales de los partidos políticos pequeños a favor del partido oficial y las formas en como el TSE integró las directivas de las mesas receptoras de votos (integradas por representantes de los diferente partidos) |1|.

A esta situación se sumó la violencia y la intimidación, al 25 de noviembre de 2017, 19 personas relacionadas con la contienda electoral habían sido asesinadas, y un ambiente de miedo se había instalado en la población, situación incompatible con los derechos políticos de las personas. El candidato a la Presidencia del Partido Liberal, Luis Zelaya, denunció públicamente "la importación de granadas de humo y lanzagranadas que entraron al país el 21 octubre", acción que implicaba la presencia activa de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) |2|.

En este contexto se realizaron las elecciones generales del 26 de noviembre. Un día después, el lunes 27, a las 2:00 a.m. y después de que los dos principales contendientes se declararan ganadores, el TSE presentó su primer informe que revelaba al candidato opositor Salvador Nasralla sobre Juan Orlando Hernández con 45.17%, versus 40.21%, resultado del 57.18% de las hojas de conteo de las mesas de votación escrutadas.

Después de fallas en el sistema de cómputo, Hernández se colocó por 1.6% delante de Nasralla, la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar del 04 de diciembre, documentó diversas irregularidades, entre estas: hojas de registro faltantes, maletas electorales abiertas e incompletas con material electoral de las mesas electorales y criterios no divulgados para procesar las boletas que llegaron al centro de recolección de TSE. |3| En su segundo informe del 17 de diciembre, concluye que ha observado "un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo están hoy esclarecidas. |4| Una hora antes, el Tribunal Supremo Electoral en cadena de radio y televisión anunció al actual presidente como ganador de las elecciones.

Las manifestaciones públicas detonaron a partir del 30 de noviembre de 2017, la represión provocó personas gravemente heridas (incluso con discapacidad permanente) y disturbios acompañados de saqueos en varias ciudades del país, provocados por grupos no organizados y desvinculados a la oposición.

El 01 de diciembre, el Gobierno de la República en Consejo de Secretarios de Estado, aprobó el Decreto No. 084/2017 referido a la suspensión de garantías establecidas en la Constitución de la República. |5| Organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos expresaron su preocupación por las facultades amplias, poco claras y discrecionales que otorgó al Ejecutivo, con las consiguientes consecuencias negativas para el disfrute de los derechos humanos, que provocó masivas detenciones, represión de manifestaciones y la muerte violenta de 17 manifestantes y transeúntes a manos de las fuerzas de seguridad incluyendo la Policía Militar del Orden Público, el Ejercito y Fuerzas Especiales, que practicaron detenciones en instalaciones militares, y fueron víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes. |6|

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó el beneplácito del Estado de Honduras para enviar una misión urgente al país a fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el actual contexto postelectoral.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó el beneplácito del Estado de Honduras para enviar una misión urgente al país a fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el actual contexto postelectoral. |7|

Durante el período comprendido entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017, este comité ha documentado:

Continuo uso excesivo de la fuerza

Después del 06 de diciembre, cuando el COFA-DEH presentó su informe preliminar, continuó recibiendo información acerca de que las fuerzas de seguridad estaban utilizando sistemáticamente fuerza excesiva para dispersar las manifestaciones, siguiendo un patrón común:

a. Reiterada incidencia de fuerza excesiva;

b. Uso de armas no letales utilizadas directamente contra el cuerpo de los manifestantes;

c. Las gravedades de las lesiones infligidas a los manifestantes han provocado discapacidad permanente;

d. Utilizaron la fuerza de manera no progresiva y en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad. Desde que comenzaron las protestas, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso desproporcionado de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin antes agotar el recurso a otros medios menos dañinos, tales como el diálogo;

e. La información pública disponible indicó que las tanquetas antimotines y los agentes especializados lanzaron con regularidad varias docenas de bombas lacrimógenas al mismo tiempo;

f. Los manifestantes fueron perseguidos hasta sus zonas de residencia;

g. Los cuerpos de la policía militar rompieron los portones de residenciales con circuitos cerrados, lanzaron bombas lacrimógenas al interior de las viviendas y centros comerciales y dispararon armas convencionales;

h. La participación de la Policía Militar del Orden Público y elementos del Ejército para reprimir manifestantes;

i.Uso indiscriminado de gases lacrimógenos, reportando intoxicaciones por inhalación de gases, de residentes en barrios y colonias, afectando especialmente a niños, niñas y personas de la tercera edad;

j. Lesiones resultado del impacto de los cartuchos de las bombas lacrimógenas en las piernas, tórax o la cabeza de las personas; en algunos casos generando la perdida de importantes órganos; k. Lesiones por el impacto de perdigones y balas de pólvora;

l. Muerte de manifestantes y detenciones masivas;

m. Criminalización por delitos contra la seguridad interior del Estado;

n. Uso de armas de alto poder explosivo;

o. Ataques por la espalda y hacia las zonas vitales o vulnerables del cuerpo, cabeza y tórax;

p. La policía Militar del Orden público dirigió las operaciones y empleó el grado de violencia más alto contra los manifestantes e impidió el auxilio y traslado inmediato a centroshospitalarios a los heridos lo que había provocado la muerte de algunos manifestantes;

q. Aplicación de tácticas de guerra para capturar manifestantes y opositores políticos, y;

r. Empleo del Ejército y Fuerzas Especiales para reprimir manifestaciones públicas.

Jerárquicamente, las fuerzas de seguridad y en especial la Policía Militar del Orden Público dependen de la Jefatura de las Fuerzas Armadas, pero de hecho están bajo la dirección del Poder Ejecutivo.

Foto: Descargada de http://pmop.ffaa.mil.hm/

I. Muertes violentas y otras muertes relacionadas con las protestas

(1) Kimberli Dayana Fonseca - Tegucigalpa, F.M. (2) Milton Rivera - Olancho (3) José David Ramos Lambert Choloma, Cortés (4) Héctor Guevara (5) Erick Javier Montoya -Tegucigalpa F.M. (6) Israel Hernández Varela - Olancho (7) Yareth González - El Progreso, Yoro (8) Katerine Nicole Bonilla - Col. López Arellano - Choloma - Cortés (9) Julio Alexander Funez Rodríguez, Col. Toronjal - La Ceiba - Atlántida (10) Walter Daniel Lemus Ramírez, Peña Blanca - Cortés (11) David Octavio Quiroz, Col. de Guacamaya, dos caminos - San Manuel, Cortés (12) Jesús de María Sánchez Euceda, Col. Satélite - San Pedro Sula, Cortés// Fuente COFADEH

Del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, el COFADEH registra 30 muertes en relación con las manifestaciones, aplicación del Decreto 084/2017 referido a la suspensión de garantías establecidas en la Constitución de la República, y la actividad de cuerpos armados característicos del paramilitarismo.

La mayoría de víctimas eran hombres jóvenes (13 en total) con un promedio de 24 años; también murieron 2 niños y 1 niña, 1 joven mujer, 1 mujer adulta y 12 hombres adultos. En general, las víctimas eran manifestantes o personas que transitaban por los sitios de manifestaciones.

De las 30 muertes registradas, 21 fueron perpetradas por la Policía Militar del Orden Público, una por la Policía Nacional Preventiva, 5 por desconocidos que tienen características de paramilitarismo |8|, y 2 por particulares.

21 casos se suscitaron en la zona norte, 3 en el departamento de Atlántida, 14 en Cortes y 4 en Yoro; en el sur, 1 en Choluteca; mientras en el centro oriente, 6 en Francisco Morazán y 2 en Olancho.

17 de estos casos ocurrieron en contexto de manifestaciones, las autoridades de investigación aun no determinan la identidad de las personas responsables, tampoco se tiene información acerca de la identidad de los responsables de las muertes perpetradas con técnicas de paramilitarismo.

Entre los casos se registra la muerte de 2 agentes policiales haciendo cumplir el Toque de Queda y 1 en contexto de manifestaciones.

Otro tipo de muertes que no son parte de las cifras supra referidas es la muerte de tres personas que fallecieron en accidentes de tránsito y automovilísticos como producto de barricadas y tomas de carreteras |9|.

Uso de armas menos letales

Las fuerzas de seguridad emplearon sistemáticamente armas menos letales de manera inapropiada, por ejemplo, lanzando bombas lacrimógenas u otro tipo de artefactos dirigidos horizontalmente en dirección de los manifestantes, y a corta distancia. El joven Jorge Luis |10| se encontraba en la manifestación de la Colonia la Núñez, del Progreso Yoro, cuando una bomba lacrimógena le impactó en el rostro causándole daños severos en el ojo. Igual situación enfrenta Yimy Mendoza Almendares, quien perdió su ojo izquierdo cuando elementos de la Policía Militar del Orden Público dispararon sus armas de reglamento contra los manifestantes.

Uso de fuerza letal

Las fuerzas de seguridad asimismo utilizaron armas de fuego con municiones reales, el COFADEH registró 23 muertes en el que los manifestantes fueron impactados por este tipo de armas. David Octavio Quiroz Urrutia de 32 años se encontraba participando de una manifestación el 15 de diciembre, en la aldea Dos Caminos, municipio de Villanueva, departamento de Cortes, cuando policías militares dispararon armas de fuego, impactando el brazo izquierdo, tórax y abdomen, dañando el pulmón, estomago diafragma e hígado. Los militares custodiaron la víctima en el hospital y tomaron fotografías de sus familiares. Se debe destacar que los médicos recuperaron material metálico, el COFADEH desconoce si este material fue entregado a los oficiales que deben investigar de oficio el caso.

Cristian Fernando Hernández Yánez de 24 años, fue herido de bala el 18 de diciembre, por elementos de la Policía Militar del Orden Público cuando desalojaban a manifestantes en la Colonia Felipe Zelaya de San Pedro Sula. La bala penetro el tórax y daño el pulmón izquierdo, y aorta torácica; los médicos recuperaron material metálico de la cavidad torácica. Cristian murió el mismo día en el hospital.

Delmer Josué Medina de 29 años, fue herido por policías militares en el desalojo de manifestantes en la Colonia Brisas del Valle, en el sector de Cofradía, municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés; la bala penetro por el costado izquierdo, produciendo daños severos en el intestino y riñón izquierdo. Testigos oculares confiaron al COFADEH que la Policía Militar por una hora impidió que se auxiliara a la víctima y se le trasladara al hospital donde finalmente murió como consecuencia de las heridas.

Las Fuerzas encargadas de controlar y reprimir las manifestaciones han sido La Policía Militar del Orden Público, La Policía Nacional Preventiva, Fuerzas Especiales Cobra, la Fuerza Tigre, FUSINA y Ejercito Nacional, incluyendo los Batallones especializados como el de Ingenieros que no están facultados para el control de manifestaciones públicas. Podemos concluir que todas las fuerzas armadas están ejerciendo labor de seguridad ciudadana y represión de las expresiones políticas, como se puede constatar en las declaraciones públicas brindadas por el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), General de Brigada René Orlando Ponce Fonseca, cuando aseveró que las "Fuerzas Armadas están listas para apoyar al gobierno electo y seguir combatiendo la criminalidad con la Policía Militar en las callesy hacerle frente al narcotráfico". |11|

La Policía Nacional apoyada por autoridades civiles debería ser la fuerza a cargo de apoyar el desarrollo de las manifestaciones públicas, sin embargo, en este contexto, el COFADEH ha constatado que la Policía Militar del Orden Público ha dirigido y controlado los operativos y la que ha empleado la mayor violencia contra los manifestantes. La Policía Militar del Orden Público cuenta con más de 6,000 elementos distribuidos en nueve batallones y con presencia en todo el país. |12|

Este tipo de prácticas contraviene el derecho internacional de los derechos humanos, de acuerdo a las normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, el uso intencional de la fuerza letal es sólo lícito cuando es estrictamente inevitable para proteger otra vida de una amenaza inminente. Las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y el disparo indiscriminado contra una multitud es siempre ilegal. |13|

Muertes Selectivas

En el contexto actual se ha iniciado una escalada de muertes selectivas que buscan generar terror entre la oposición política, los asesinatos están dirigidos contra personas opositoras, la primera de las víctimas de este tipo registradas por el COFADEH fue perpetrado el 04 de diciembre, las víctimas son dos reconocidos activistas de base, un miembro de los comandos anti fraude, un simpatizantes del Partido Libre y dos organizadores de las manifestaciones públicas contra el fraude electoral.

De acuerdo con las informaciones de varias fuentes confiables, Seth Jonathan Araujo, miembro del Comando anti Fraude del sector de la colonia Modesto Rodas Alvarado, de Comayagüela, fue secuestrado a esos de las 8:00 p.m. del día 4 de diciembre de 2017, mientras se desarrollaba una manifestación denominada el cacerolazo, que esa noche se realizaba frente a la Policía Nacional Preventiva como una muestra de solidaridad a la policía y al cuerpo Elite Cobra que se habían declaro en huelga. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente con evidencias de tortura.

El 26 de diciembre a eso de las 8:00 p.m. Julio Alexander Fúnez Guillen de 19 años, estudiante de derecho, escrutador por el Partido LIBRE en la mesa electoral 00550, en la Escuela Ramón Rosa, y organizador de las protestas en el Rio Danto de la Ceiba, fue asesinado por la espalda, de un solo balazo que le infirió sujetos desconocidos que se conducían en una motocicleta de color amarillo y presuntamente con el rostro cubierto por pasamontañas. El impacto de la bala le provocó laceraciones cardiacas y murió en el instante.

Walter Daniel Lemus Ramírez, de 38 años, simpatizante del Partido Libre, fue atacado a balazos en su casa de habitación, a las 8:30 p.m. del 24 de diciembre, en la comunidad de Los Naranjos, Peña Blanca, mientras cantaba la canción "JOH es pa' fuera que vas". Su esposa escuchó el ruido de una motocicleta y después a su esposo pedir ayuda mientras se desangraba.

II. Violaciones del derecho a la integridad personal durante las manifestaciones contra el fraude electoral

La información a la cual ha tenido acceso el COFADEH, revela que se ha producido un incremento en la violencia estatal contra los manifestantes, entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre se registran 306 víctimas de violaciones a su derecho a la integridad: 72 son víctimas de torturas tratos crueles inhumanos y degradantes, 147 personas presentan heridas graves, de estas 63 son por armas de fuego; 87 lesionados (el número podría ser superior). De los 87 lesionados, incluye dos mujeres y un niño víctimas de los impactos de cartuchos de bombas lacrimógenas lanzados al cuerpo de los manifestantes, los tres presentan úlceras como consecuencia de las quemaduras.

Además, se observa que en la vulneración al derecho a la integridad comprende patrones de abuso de autoridad, tratos crueles y amenazas de muerte en la mayoría de los casos, así como actos de hostigamiento a las familias posteriormente.

Los tipos de heridas observadas en los manifestantes van desde la incrustación de esquirlas en el cuerpo, impactos en órganos internos de tórax y abdomen por balas, extremidades fracturadas, costillas rotas, heridas en el rostro, cabeza y orejas. Diferentes declaraciones se refieren también a moretones y laceraciones dejadas en los cuerpos por golpes con las culatas de los fusiles y garrotes, en la colonia Santa Eduviges del Distrito Central, un joven perdió un ojo por el impacto de esquirlas, el 07 de diciembre, otra persona sufrió fracturas al ser arrollado por un vehículo que previamente le había disparado mientras participaba de una manifestación en la carretera hacia Olancho.

El discurso político de las autoridades de alto nivel: políticas, militares y eclesiales en este período se caracteriza por el uso de un lenguaje degradante y de amenazas violentas contra los líderes de la oposición. Dichas autoridades han calificado a los líderes y a los manifestantes como terroristas e integrantes de las maras y pandillas, alimentando la apología del odio. La Coalición contra la Impunidad reportó que desde helicópteros militares lanzaban propaganda contraria a las acciones de resistencia con fines intimidatorios y alta presencia militar en distintos puntos del departamento de Cortes, situación que alienta grupos de choque que atacan a los manifestantes junto a las autoridades estatales.

Es ejemplo de este tipo de ataques la represión del 07 de diciembre en el municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá; manifestantes de la Alianza de Oposición se manifestaban sobre la carretera, pero ese mismo día el Partido Nacional organizó una manifestación en Tegucigalpa para apoyar al presidente en funciones. La Policía Militar del Orden Público y Policía Nacional prometió a los nacionalistas que esperaban transitar hacia Tegucigalpa que los dejarían pasar y comenzaron a reprimir a los manifestantes con toletes, gases lacrimógenos. Se debe hacer mención que, mientras policías y militares reprimían a los manifestantes, los miembros del Partido Nacional quebraban los vidrios de los carros de quienes protestaban.

Christian Vásquez, un menor de 18 años fue detenido y esposado, después de dos horas un oficial ordenó que lo liberaran, el militar que lo había detenido lo amenazó "que si lo denunciaba lo iba a encontrar y que ya sabía dónde vivía."

De acuerdo con el monitoreo propio y de la Coalición contra la Impunidad |14|, durante el periodo señalado se produjeron al menos 1,155 manifestaciones en diferentes puntos del país, en especial en la costa norte de Honduras; 126 fueron reprimidas violentamente y 15 comunidades fueron allanadas por las fuerzas de seguridad en operativos combinados con la Policía Militar del Orden Público y el Ejercito, que han perseguido a los manifestantes hasta sus residencias o centros de refugio.

En Ocotepeque, las autoridades militares suspendieron el fluido eléctrico en un local donde se estaba auxiliando a los heridos: Pablo Fuentes, Ángel Omar Mejía Buenaventura Gavarrete, José Alfredo Maldonado y Wili Merari Serrano; no recibieron los primeros auxilios, ni el apoyo de los defensores de derechos Humanos.

Leonel Simeón Palacios denunció al COFADEH haber sido víctima de golpes y detención arbitraria por parte de elementos de miembros de la Policía Militar y Policía Nacional Preventiva. Lo golpearon indiscriminadamente, en la espalda, piernas, cabeza mientras le insultaban "vas seguir en las tomas hijo de puta, con esta pijeada no vas a tener para otra", esto se lo repetían por varias ocasiones.

Jonathan Fernando Cardona Rodríguez de 21 años, fue golpeado en la cabeza por elementos de la Policía Militar del Orden Público hasta dejarlo inconsciente, mientras estacionaba su motocicleta en su casa de habitación. Los militares no le requirieron solo lo golpearon e impidieron a sus hermanos asistirlo de inmediato, y los amenazaron que, si denunciaban el hecho, sabían dónde vivían y volverían para asesinarlo. La familia tuvo que llamar a la policía preventiva para trasladarlo a un centro hospitalario, porque no podían circular por la aplicación del toque de queda el 03 de diciembre. Después de tres días de hospitalización fue dado de alta con incapacidad laboral de 30 días, su estado de salud sigue siendo delicado.

Rubí Lizeth Aguilar denunció al COFADEH, que el 1 de diciembre, 300 manifestantes afiliados al COPINH y de comunidades aledañas de San Antonio,

Las Crucitas, y diferentes barrios del municipio de Jesús de Otoro, se manifestaban sobre la carretera que de Jesús de Otoro conduce hacia Siguatepeque, de pronto llegaron comandos militares compuestos por alrededor de 80 elementos procedentes de Siguatepeque, Masaguara y la Esperanza, que se sumaron a la Policía Nacional de Jesús de Otoro. Sin iniciar diálogo alguno, empezaron a reprimir tirando gases, piedras y haciendo disparos, lo que produjo que los manifestantes (entre ellos niños, mujeres y personas de la Tercera edad) corrieran para proteger su integridad, dejando como resultado a varias personas resultaron lesionadas.

Alicia y cinco personas más |15| se resguardaron en un vehículo, ocho militares les golpeaban los vidrios con sus armas y los toletes mientras les amenazaban con quebrarlos. Una manifestante que buscó refugio en un autobús que cubre la ruta Tegucigalpa a La Esperanza, fue bajada violentamente y obligada a subir a un vehículo, mientras la llevaban a la Esperanza la amenazaron con violarla sexualmente

Luis Miguel Sierra de 19 años denunció que el 8 de diciembre, mientras se desarrollaba una de las manifestaciones en Jesús de Otoro, la Policía Militar y Policía Nacional, reprimieron con gases lacrimógenos y piedras, golpeando su mano izquierda y una pierna, lo arrastraron y golpearon con tolete, mientras lo insultaban con palabras soeces ("hijo de puta me decían"), hicieron disparos al aire y lo sostenían con los brazos hacia atrás y le advirtieron que si denunciaba lo matarían "si vos hablas te voy a matar", paso varios días sin poder sentarse y conciliar el sueño, no recibió atención médica.

Doris Martínez, originaria de la Aldea la 28, departamento de Yoro, recibió un impacto de bomba lacrimógena, disparada directamente contra su brazo, causándole graves quemaduras y heridas, en el Puente Quebrada Seca, el Progreso Yoro, durante un desalojo violento de manifestantes que tenían tomada la carretera hacia Tela, el día 13 de diciembre. Su hijo de 4 años resultó afectado no obstante que sangraba, personal médico del centro de Salud local se negó abrir un expediente.

Tortura y malos tratos de personas detenidas en el contexto de las manifestaciones

En la mayoría de los casos de detenciones en el marco de las manifestaciones o en la aplicación de órdenes de captura, las fuerzas de seguridad han aplicado tratos crueles a los detenidos. Entre las formas de malos tratos se observaron fuertes golpizas, descargas eléctricas, posturas que producen estrés, asfixia y amenazas de muerte o violencia contra sus familiares. Acciones que tienen por objeto castigar, humillar y aterrorizar a las personas detenidas por razones políticas.

Por lo general, aplicaron fuerza excesiva en la captura, emplearon cascos y patadas para golpearlos, en uno de los casos más graves aplicaron toques eléctricos a los detenidos.

El 01 de diciembre, 68 personas fueron detenidas y remitidas a la 105 Brigada de infantería, una de las 40 víctimas de tortura declaró a Radio Progreso, "Toda la noche del 01 de diciembre fuimos víctimas de golpes por parte de los militares. Nos sacaron para un campo de fútbol, y nos hincaron con las manos para arriba, luego con un cable de luz nos pegaban fuerte en la espalda" |16| también relató "Estaba lloviendo y los militares encapuchados nos pegaban patadas en las espalda, nos daban palmadas fuertes en los oídos y algunos con los toletes nos pegaban en el estómago y las costillas |17|". Otro de los detenidos que presentaba evidencia de torturas en su espalda, estómago, pecho, piernas y rostro, denunció, "a nosotros nos sacaron a las cancha desde las 12 de la noche y nos amarraron de pies y manos, luego nos decían que corriéramos y como no podíamos entonces ellos nos pegaban patadas por todos lados", por dos horas los colocaron hincados con las manos hacia arriba hasta las 6:00 am, pero en el transcurso de esas horas recibieron todo tipo de golpes. "Algunos arrojaban sangre y nos decían que éramos unos perros y que nos iban a matar".

La victima también denunció que los que tenían mayores golpes fueron las personas que mandaron para los centros penales "y estoy seguro que hoy no los trajeron a la audiencia porque los medios de comunicación los iban a ver todos golpeados" |18|.

Otro joven denunció ante el COFADEH, que el día 25 de diciembre se dirigía hacia su casa, después de la represión a la manifestación, los militares estaban limpiando la calle, retirando las llantas. Él pasó y gritó "fuera JOH", un policía militar lo interceptó, le dio golpes en el pecho, otro le dio toletazos y lo esposaron, lo obligaron a subir a la patrulla militar 6302 conducida por Alex Alejandro Corea, le tomaron fotografías y le aplicaron toques eléctricos, en la pierna izquierda, y en el estómago, lo ingresaron a la estación policial conocida como el Manchen y lo obligaron a lavar los baños, previo a liberarlo al cumplir 12 horas de detención.

El 16 de diciembre, mediante entrevista telefónica el COFADEH, fue informado que la manifestación que se realizaba sobre la carretera CA13 a la altura de Agua Tibia, Municipio de San Juan Pueblo, Atlántida, fue brutalmente reprimida por agentes de la Policía Nacional Preventiva, comandado por el Sub Comisario de Policía, Alexander Mejía Iglesias y elementos de la Policía Militar. Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas sobre los manifestantes, y procedieron a perseguir con disparos de balas reales a los que buscaban refugio en la Colonia Cantarero.

Los agentes ingresaron ilegal y violentamente a las viviendas, rompieron ventanas, puertas y obligaron a salir de sus casas; a por lo menos 30 personas les obligaron a caminar de regreso hacia la carretera CA13 mientras les disparaban. Los obligaron a retirar las barricadas mientras les aplicaban toques eléctricos en sus orejas con empujadores eléctricos usados para el ganado vacuno.

Roberto Samir Valladares Calderón, Elvin Orlando Banegas Martínez, Erick Abisaí Rojas Meléndez, Marco Antonio Sanabria García, Jorge Osman Valladares Bryan Ricardo y Wilmer Alexis Niño Hernández, fueron brutalmente golpeados mientras permanecían esposados. Por la gravedad de los efectos de los electrochoques fueron hospitalizados, uno de ellos vomito sangre y presentaba mareos.

El 20 de diciembre, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), alertó que agentes de la Policía Nacional se presentaron a la residencia de la madre de los jóvenes Bryan Ricardo, Wilmer Alexis Niño Hernández y Carlos Samir buscándolos.

El 15 de diciembre, en el municipio de Jesús de Otoro, alrededor de las seis de la mañana elementos del Ejército del Décimo Batallón, del Batallón de Ingenieros, Policía Militar y Policía Nacional, reprimieron a los manifestantes y los rodearon en las montañas aledañas a donde se habían refugiado; cinco horas más tarde, las fuerzas de seguridad lograron darle alcance a un grupo de siete manifestantes, cuatro hombres y tres mujeres, a las mujeres las apartaron de los hombres y un promedio de 10 elementos rodearon a cada una, les tomaron fotografías, les registraron sus pertenencias, les arrancaron los pañuelos tradicionales de sus cabezas y una mujer policía les levantó sus prendas de vestir, |19| les mantuvieron en detención por una hora, durante este tiempo fueron insultadas y acusadas de haraganas, de obstaculizar el tráfico de vehículos.

En los casos concretos, podemos apuntar que la tortura y tratos crueles están siendo aplicados como estrategia de persecución y desmovilización de la población oponente, y generar temor generalizado. Muchas de las víctimas se niegan a presentar sus denuncias por temor a represalias.

IV. Derecho a la libertad personal

Detenciones Ilegales

Las Fuerzas de Seguridad en forma coordinada continuaron deteniendo en forma arbitraria a personas vinculadas a la oposición política que participaban de manifestaciones públicas. También acordonaron zonas extensas donde se identificaba a quienes protestaban. Los manifestantes detenidos fueron interrogados en forma reiterada acerca de quiénes eran los dirigentes.

Varios dirigentes fueron privados de la libertad y se les asoció con grupos armados ilegales, generando estigmatización y un riesgo en contra de la vida y libertad de los mismos. Además, la calificación de los hechos que se presentan en medio de las protestas como actos vandálicos suscita el rechazo social, sin dar lugar a ahondar en sus motivaciones, lo que lleva a la deslegitimación de los procesos y la movilización social.

Durante el período del informe, se produjeron al menos 1396 detenciones ilegales, de estas, 171 se dieron en el marco de las manifestaciones públicas.

Los detenidos fueron colocados en centros que no cumplían con los requisitos mínimos, incluida la remisión al centro de máxima seguridad conocido como El Pozo, en Ilama, departamento de Santa Bárbara, donde fueron humillados al cortarles el pelo sin su consentimiento; también ha sido frecuente, el uso de las instalaciones militares de Naco y de la 105 Brigada.

Se reportó el aislamiento de los detenidos, sobre los que no se facilitó información básica, sobre el momento, los motivos y circunstancias de la detención. Esta situación impidió la verificación de las condiciones en las que estas personas están siendo detenidas, así como la detección de posibles actos de tortura y malos tratos. Es ejemplo de esta práctica la detención de tres jóvenes en la Comunidad de Naco por elementos de la Policía Militar, el ejército y Policía Nacional. Los jóvenes fueron trasladados a la delegación policial, sus familiares solo supieron de dos ellos hasta las cinco de la tarde del día 4 de diciembre, el tercero esta desparecido. Los dos jóvenes fueron brutalmente golpeados durante la detención y traslado.

En Nacaome, Valle, el 11 de diciembre fueron detenidas once personas |20| durante una protesta social, cuando se tomaban la carretera que conduce Al Amatillo, punto fronterizo con la República de El Salvador; entre ellos, tres menores de edad y una persona fracturada (Efraín Domínguez). En Copán, 20 personas más fueron detenidas en el marco de las protestas. El 15 de diciembre fueron detenidos 12 jóvenes que participaban en manifestaciones en la Colonia 21 de febrero del Distrito Central, y 3 más en Nacaome Valle |21|. Mientras el 18 de diciembre, cinco personas |22| fueron detenidas en Olancho por la Policía Militar.

Este tipo de detenciones se suman a las ocurridas entre el 30 de noviembre y el cinco de diciembre, donde se produjeron el mayor número de detenciones, tanto en manifestaciones como en toque de queda. Es ejemplo la detención el 2 de diciembre de 20 personas en Cucuyagua Copan, entre ellas tres menores de edad, dos niñas y un niño. |23| Dos de los niños fueron dejados en custodia de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) hasta el 04 de diciembre.

Todas las detenciones fueron efectuadas sin orden judicial, el denominador común es que las víctimas iban para una manifestación, estaban en la manifestación y en menor incidencia cuando abandonaban la manifestación. Las detenciones fueron justificadas por las fuerzas de seguridad como flagrancia.

Desaparición Forzada.

El COFADEH, documentó la detención y desaparición forzada de Manuel de Jesús Bautista Salvador de 22 años, la noche del 03 de diciembre a las 7:30 p.m., después de ser detenido junto a dos personas por elementos de la Policía Militar del Orden Público en el sector de Naco, Cofradía, departamento de Cortés. Bautista Salvador regresaba de una pulpería hacia su residencia.

Manuel de Jesús Bautista Salvador 22 años - Naco Cortés Desaparecido desde el 3 de diciembre, 2017

Esa noche aplicaba el toque de queda, sus familiares informaron al COFADEH que interpusieron un Habeas Corpus a su favor, que no ha dado los resultados esperados. La familia ha inspeccionado las morgues judiciales, hospitales, delegaciones policiales,sedes de batallones militares y de la 105 Brigada Militar de San Pedro Sula y Naco. El Habeas Corpus cubre todo el departamento de Cortés y sus diferentes instalaciones militares y policiales, al 31 de diciembre no había sido efectivamente ejecutado. A pesar de la extensión geográfica solo fue nombrada una Juez ejecutora, que carece de logística para lograr el objetivo. En la Morgue Judicial, los familiares y el abogado que les prestó los primeros auxilios jurídicos encontraron un cuerpo decapitado, solicitaron se le aplicaran pruebas de ADN, solicitud denegada porque no presentan indicios confirmados de ser parientes biológicos de esa víctima.

La detención se realizó mientras elementos policiales y militares realizaban un patrullaje a pie, habían dejado el comando con las luces apagadas en la parte alta del sector. Los dos compañeros fueron dejados en libertad el día 04 de diciembre a las 5:00 p.m. brutalmente golpeados en el rostro y otras partes del cuerpo.

Criminalización

En los últimos años se aprobaron una serie de reformas jurídicas que han dado surgimiento a nuevos tipos penales dirigidos claramente a reprimir la protesta social, entre ellas las reformas al actual Código Penal. En un mes de protestas sociales, un grupo reducido de presuntos manifestantes cometieron actos violentos, destrozos en negocios, postas policiales, y edificios públicos; las autoridades policiales |24| y militares han afirmado a la prensa que sus miembros han resultado heridos y lesionados en enfrentamiento con manifestantes. |25|

En respuesta, las fuerzas de seguridad, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, DNPSC, y Unidad Tigres, detuvieron a 300 personas |26|, 58 acusadas por los delitos de: asociación ilícita, incendio, otros estragos y robo agravado; 13 en Pimienta, departamento de Cortés, 7 en Alubaren, Francisco Morazán |27| y 3 en Progreso Yoro.

Jhony Andrés Salgado (38) está siendo acusado por los delitos de portación ilegal de arma comercial y uso indebido de indumentaria policial; Gustavo Adolfo Cáceres Amaya (26) es acusado por los delitos de portación de explosivos o material de guerra y tráfico de drogas en perjuicio de la salud y seguridad pública. Ambos fueron detenidos en la represión violenta que ejecutaron las Fuerzas de Seguridad del Estado en las colonias Berlín y Quebrada Seca de El Progreso.

El agravamiento de las acusaciones, imputación de delitos políticos o contra la seguridad nacional, que son delitos graves, para poder sancionar judicialmente las protestas sociales. Se imponen medidas de prisión preventiva y se remiten a centros de alta seguridad, teniendo como consecuencia una desproporcionalidad de las medidas y la imposibilidad de seguir su proceso en libertad.

Estas nuevas criminalizaciones se suman a los expedientes abiertos a inicios de diciembre, que sumaban 117 expedientes judiciales. Los tipos penales cuestionados son de dudosa compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos, así como la actuación de los operadores de justicia que ha actuado con celeridad para levantar requerimientos fiscales por los destrozos y saqueos, a los acusados se les decretó prisión preventiva con los mínimos indicios, a diferencia de los casos de violaciones a derechos humanos, como las muertes de los manifestantes, violaciones a su integridad, y allanamientos, a los que no se le ha impreso igual celeridad; a la fecha no se han presentado requerimientos fiscales ni indagaciones efectivas con fin de presentar cargos.

V. Libertad de expresión

Las amenazas, agresiones y hostigamientos a periodistas y medios de comunicación continuaron en este contexto de crisis política postelectoral; diferentes organizaciones sociales reportaron al menos 12 casos. Las agresiones están relacionadas a periodistas que cubrían manifestaciones, y se incrementaron a partir del 30 de noviembre.

Ataques a periodistas

El 1 de diciembre, agentes de la Policía Militar del Orden Público agredieron al camarógrafo David Matute, de Marte TV, en el departamento de Comayagua.

El 02 de diciembre, el periodista Bladimir Rivera del Canal Prensa Libre de Choluteca, fue atacado por militares, mientras cubría una protesta pacífica.

El 11 de diciembre se registró el ataque a los periodistas, Juan Gabriel Mendoza y Nidya Sosa corresponsales de Tribuna TV y Canal 11, respectivamente, en una de las represiones a manifestantes en la ciudad de Choluteca.

Los periodistas de la prensa internacional también han denunciado ataques y obstáculos a su trabajo. Sarah Kinosian, periodista del diario británico The Guardian, de la BBC y el noticiero Democracy Now, relató a Columbia Journalism Review que fue golpeada por un policía mientras cubría una protesta. |28|

El camarógrafo Antonio Torres, de Telesur, acompañaba a una colega periodista en el Instituto Nacional de Migración cuando fue hostigado por funcionarios migratorios y agentes de las Fuerzas Armadas. |29|

Los periodistas estadounidenses Jihan Hafiz y Redd Linsay, y el británico Ed Agustín, denunciaron vía telefónica a la coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, que autoridades hondureñas les prohibieron ingresar al país el día 04 de diciembre, que durante 24 horas se les retuvo en el interior del Aeropuerto Tocotín y finalmente se les obligó a abordar un avión, no se les explicó la razón de la prohibición.

Ataques a medios

El 06 de diciembre entre 7:30 y 11:00 am, militares custodiaron Radio Dignidad en San Juan Pueblo, Atlántida, mientras helicópteros militares sobrevolaban a baja altura. Radio Dignidad ha dado cobertura permanente a diferentes manifestaciones. |30|

El 9 de diciembre, Radio Progreso en Tegucigalpa habría sido saboteada, una de las torres de transmisión fue desatornillada, lo que hizo que la antena se partiera en 3 partes y cayera al suelo. Los expertos consideraron que hubo manos criminales que procedieron a crear las condiciones para que la torre se cayera, denunció el Sacerdote Israel Moreno. |31|

El 10 de diciembre, el canal de noticias UNE TV denunció un proceso de sabotaje y boicot activo a medios de comunicación que se considera opositores en Honduras. De acuerdo con los técnicos de UNE TV "la fibra óptica fue quemada, para irrumpir en la transmisión en vivo de este domingo" cuando la Alianza de la Oposición contra la Dictadura convocó a una manifestación en Tegucigalpa.

Detención de periodistas.

El 15 de diciembre 2017, se ejecutó la detención ilegal del comunicador social Neptalí Rubí, de la ciudad de San Lorenzo, Valle. Rubí, quien labora en Telesur Canal 33, detalló que fue detenido cuando grababa los hechos de protesta, los militares lo capturaron y lo pasaron a la policía con la orden de llevarlo a la posta.

El comunicador social tiene 28 años, y tres años de trabajar en el canal de televisión. Denunció que fue privado de libertad sin prueba alguna, acusado por alteración del orden público. Esta es la segunda vez que lo detienen, pues durante los toques de queda del golpe de Estado del 2009, también fue capturado cuando volvía de un centro educativo donde laboraba como docente.

Restricción de las comunicaciones

Pobladores de las zonas de protesta denunciaron caída de señal de teléfonos celulares de las compañías Claro y Tigo |32|, especialmente habitantes de la comunidad de San Juan, La Másica en el departamento de Atlántida. La caída de la red móvil es maliciosa porque se registra en la zona, donde en los últimos días la represión policial y militar ha sido bastante violenta.

También se reporta caída de la señal de Tigo y Claro en las colonias San José V, Colonia Unión e Islas del progreso de San Pedro Sula, donde se realizaban protestas contra el fraude y estaban siendo víctimas de sistemáticas represiones. Una situación similar se observó en el marco del Golpe de Estado, durante los meses de julio y agosto de 2009.

Defensores

En el actual contexto, el Estado ha implementado medidas de restricción para realizar su trabajo, actividades de vigilancia y seguimiento en su contra, además se ha producido un incremento en ataques y una campaña de hostigamiento y estigmatización contra los liderazgos sociales. En particular, la circulación de panfletos que denigran la labor de defensores de derechos humanos; el Padre Ismael Moreno, Director del ERIC y Radio Progreso ha sido blanco de este tipo de ataques, en marzo de 2017, se le vinculó a carteles del narcotráfico junto al líder indígena Salvador Zúniga.

El 30 de diciembre, en el marco de la crisis política en las que ha liderado posiciones fuertes contra el continuismo, han circulado carteles, entre ellos uno titulado 'El eje del mal en la Perla del Ulúa', en el que se le acusa de amoral y de estar vinculado al crimen organizado, además incluye 8 líderes sociales del Progreso Yoro, base del Padre Melo. Otros liderazgos de oposición también han sido víctimas de campañas similares.

Como parte de esta estrategia, diversos defensores fueron objeto de agresiones físicas, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones. Durante la observación de las manifestaciones son vulnerables a los ataques.

La integrante de la Red de Defensores de Ocotepeque, Lily Lara, fue atacada por policías militares el 15 de diciembre en Sensenti, departamento de Ocotepeque, le lanzaron bombas lacrimógenas y la derribaron con golpes de toletes en sus piernas y brazos, la condujeron a un comando militar, la encañonaron, la amenazaron a muerte y le impidieron brindar auxilio a los heridos.

Una situación similar enfrentó Mayra Nohemí Lara Martínez, integrante de la Red de Defensores de Ocotepeque, quien el 15 de diciembre se presentó a brindar apoyo a los manifestantes que habían sido reprimidos por el Ejército, la Policía Nacional y la Policía Militar.

Junto a una doctora, ingresó a las víctimas a un negocio para darles atención médica, mientras los agentes de seguridad golpeaban la puerta y les exigían abrirla, les insultaban con palabras soeces para obligarlas a dejarlos entrar. Finalmente, rompieron las ventanas y lazaron bombas lacrimógenas de tipo trifásica obligándolas a salir. Mayra fue alcanzada por un militar que le propinaba golpes con tolete, luego la entregó a otro militar que la condujo a un centro detención que habían improvisado en una gasolinera.

Yeny Lizeth Montufar, también miembro de la Red de Defensores de Ocotepeque, fue atacada por militares y obligada a escapar de la zona de ataques, permaneció en el bosque escondida por dos horas.

Néstor Josué Zelaya Quintanilla, miembro también de la Red, y originario del municipio de San Marcos, Ocotepeque, quien documenta las agresiones y hace denuncias fue amenazado por el Jefe de Policía Nacional, de La Labor Fredlyn Ramírez, que lo acusó de perseguirlo, le insultó afirmando que los derechos humanos no sirven para nada, en otra ocasión le había tomado fotografías.

Marlon Alexander García, defensor de la Red de Defensores de la Zona Sur (REDEHSUR), que documentó las agresiones del 11 de diciembre en Nacaome, fue acusado por la policía Nacional Preventiva, de tener videos de las acciones policiales durante el desalojo violento el día de la fecha. |33|

Los defensores de la Red de Ocotepeque solicitaron la intervención del Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos, el Sistema se dirigió al Subcomisionado de policía Fredlyn Ramírez solicitándole el apoyo para los defensores en base a los artículos 7 y 53 de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia; |34| el oficial se refiere a los defensores en forma despectiva e estigmatizante al responder textualmente "Como podríamos o como se identifican los miembros de esa organización; portan carnet, chalecos, distintivos o simplemente son parte de las personas que protestan pacíficamente, quemando postas policiales o lanzando molotov a los funcionarios policiales, difícil saberlo ya que consultamos a los representantes de los derechos humanos en Ocotepeque y manifiestan no conocerlos y no saber de su funcionamiento hasta estos días". |35|

La respuesta ofrecida por el oficial refleja la debilidad institucional del país y la indefensión de la población frente al control de las instituciones que es ejercido principalmente por el Poder Ejecutivo y el partido oficial gobernante.

El 7 de diciembre, los agentes de seguridad del Estado, efectuaron allanamientos en casas de habitación de pobladores e integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en San Juan Pueblo y en Lean, departamento de Atlántida, donde destruyeron pertenencias, bajo la excusa de estar buscando armas que estarían utilizando en las tomas y manifestaciones públicas en contra del fraude electoral.

El 8 de diciembre 2017, miembros de la Policía Militar, Cobras, y miembros de la Policía Nacional, allanaron ilegalmente la Finca Torogoces, ubicada en San Juan Pueblo, Atlántida, lugar utilizado como centro de formación y reuniones por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ. |36|

La defensora de derechos humanos Saudy Almendares, del equipo de trabajo de la Vía Campesina, fue víctima del impacto de una bomba lacrimógena, disparada contra su cuerpo mientras observaba el desarrollo de una protesta en la salida al oriente de Tegucigalpa a la altura de la Colonia Villa Vieja.

VI. Allanamientos ilegales violentos y destrucción de bienes

La represión de las manifestaciones, se han complementado con allanamientos domiciliares ilegales y violentos en zonas residenciales por parte de las fuerzas de seguridad, con el aparente propósito de detener a los manifestantes. Las operaciones de seguridad en zonas residenciales se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, el empleo de balas reales y la destrucción deliberada de bienes, especialmente muebles y puertas. Los registros han sido realizados en operaciones conjuntas, Policía Nacional, Policía Militar y las fuerzas del Ejército.

Entre el 15 y 19 de diciembre, las fuerzas de seguridad desarrollaron una nueva táctica en forma masiva, una jornada larga de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de oposición política; estas fuerzas trasladaron la represión a de las calles a las casas, en esos días nadie se sentía seguro. El COFADEH recibió llamadas a diferentes horas, donde los vecinos de San Pedro Sula, Choloma y Atlántida denunciaban que comandos militares estaban rompiendo sus portones a balazos, que temían que en cualquier momento penetraran a sus casas, que llevaban listados con sus nombres.

Los miembros de las fuerzas de seguridad han operado sin distintivos de identificación y cubiertos con pasamontañas, cascos, mascarillas para protección de gases lacrimógenos y equipados con armas de reglamento.

Los allanamientos presentaron varias características comunes, se realizaron en zonas cercanas a bloqueos de carreteras o barricadas, o donde se habían producido protestas espontáneas de vecinos en especial las denominadas 'cacerolazos'. Se utilizaron armas explosivas para penetrar por la fuerza en las zonas residenciales, destruyendo los portones de acceso, se dispararon bombas lacrimógenas y balas reales en muchas ocasiones en dirección de los inmuebles.

Las fuerzas de seguridad, en especial la Policía Militar del Orden Público y la Policía Nacional Preventiva, entraron en viviendas particulares sin órdenes de allanamiento, sin que existiera indicio alguno de actos ilícitos. Una víctima, Fredy Montalván, informó al COFADEH que se encontraba trabajando en su residencia junto a 8 personas entre empleados y miembros de su familia, cuando la Policías Militares de Nacaome, Valle, perseguía a los manifestantes, con toletes y bombas lacrimógenas, los manifestantes tratando de protegerse ingresaron al solar de la vivienda.

Los militares rompieron las dos puertas y golpearon con toletes a su familia y empleados, lanzaron bombas lacrimógenas y rompieron las puertas de las habitaciones a patadas y golpes con diferentes objetos; interpusieron la denuncia en la Dirección de Policial de Investigación, pero no fueron a inspeccionar la vivienda y no les tomaron declaración a los testigos ni a las víctimas.

Situaciones similares fueron denunciadas el 15 de diciembre, en el marco de 72 horas de protesta en las colonias Juan Ramón Molina de San Pedro Sula, la colonia FESITRANH, la Planeta, colonia Jerusalén y Rio Blanco y Zapotal.

Los allanamientos afectaron especialmente a las mujeres, muchas de ellas se encontraban solas en sus casas cuando fueron ejecutados. Una víctima informó al COFADEH que había sido agredida por un policía militar que ingresó a su casa, la tomó por el cuello, la lanzó sobre la cama y le puso el cañón de su arma sobre la cabeza, y le advirtió que no la mataba porque no tenía tiempo.

El Movimiento Amplio por la dignidad y la Justicia denunció y alertó que, el 7 de diciembre, los agentes de seguridad del Estado, efectuaron allanamientos en casas de habitación de pobladores e integrantes del Movimiento Amplio en San Juan Pueblo y en Lean, donde destruyeron pertenencias, bajo la excusa de estar buscando armas que estarían utilizando en las tomas y manifestaciones públicas en contra del fraude. Y en días anteriores, a partir del 30 de noviembre, se registraron brutales represiones en la zona, donde militares y policías dispararon a bala viva en contra de la población. |37|

Priscila Alvarado, Abogada de la Mesa de Indignación que defiende a los detenidos en el contexto de represión post electoral, denunció que su oficina fue allanada el 28 de diciembre, no robaron nada de valor, pero toda la documentación fue registrada, sacada de sus lugares de almacenamiento y regada por el piso.

VII. Persecución Política

El tipo de patrón de persecución que más ha sido utilizado el gobierno es la apertura de procedimientos de carácter judicial o administrativo en contra de quienes disienten de los resultados de su gestión y sus políticas, dichos procedimientos se han caracterizado por no contar con los parámetros establecidos por el debido proceso, desvirtuando la función judicial, la cual ha pasado de velar e impartir justicia, a ser un mecanismo de represión y persecución por parte del gobierno, todo con la finalidad de intimidar o anular la actuación de la oposición.

Frente a la clara manifestación de inconformidad y crítica de los movimientos liderados por dirigentes opositores, ha surgido la reacción inmediata por parte del gobierno a través de una consistente y progresiva persecución en contra de la disidencia política. De esta forma en el último mes al menos 34 personas integrantes de diferentes movimientos sociales se han visto obligadas a salir del país, o reubicarse a fin de garantizar su vida e integridad e incluso su libertad personal.

En este contexto, el COFADEH ha venido dando seguimiento a la situación de opositores o disidentes con las políticas de Gobierno, y en particular a la situación de líderes estudiantiles del Movimiento Estudiantil Universitario, al menos siete jóvenes tramitan medidas cautelares, fueron reubicados por graves actos de persecución política y difamación.

Uno de estos casos es el dirigente Estudiantil Eduardo Enrique Urbina Ayala, víctima de un sostenido hostigamiento y difamación. Posterior al proceso electoral, ha sido víctimade estigmatización, amenazas, persecución y hostigamiento a través de medios de comunicación, redes sociales y cadenas de mensajerías de texto, ante esta realidad tomó la decisión de salir del país para garantizar su vida e integridad.

No obstante, se divulgó información falsa relacionándolo con saqueos de establecimientos comerciales en los primeros días de diciembre, y el incendio de un camión militar durante una protesta el 15 de diciembre en la ciudad de Tegucigalpa. El 18 de diciembre el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal por los delitos de incendio agravado en perjuicio de la Secretaria de Defensa, uso de material explosivo, o material de guerra en perjuicio de la seguridad interior del Estado.

En el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, sujetos desconocidos, presuntos policías vestidos de civil, asignados a Masaguara, que se transportan en un vehículo rojo marrón, marca Mazda, placa BT50, sin stop trasero, están levantando perfiles de los liderazgos de las movilizaciones. A la vez, se ha denunciado que a los conductores que les prestan servicios al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, les han decomisado la licencia.

En Danlí, la dirigente social y los dirigentes magisteriales Kenia Zerón, Mario Argeñal y Francisco Paz son sujetos de amenazas intimidación y vigilancia. Las fuerzas armadas les han responsabilizado de los impactos de la manifestación de la oposición política.

Mientras 27 líderes de la oposición en las zonas de Yoro, Atlántida y Choluteca son víctimas de una campaña de estigmatización que comenzó a circular el 30 de diciembre de 2017, en redes sociales, mediante imágenes donde se les acusa de actos vandálicos, asesinatos, retrasar el desarrollo del país, bloquear calles y promover el caos. Los carteles invitan denunciarlos. Esta campaña refleja una clara represalia, sanción pública y la incitación al odio contra opositores políticos.

VIII. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

  • El COFADEH observa un notable incremento en el abuso y las violaciones a derechos humanos en el marco de las manifestaciones públicas y un mayor control de la Policía Militar del Orden Publico sobre el escenario público, con riesgo a que se agudice la violación contra los derechos humanos y se polarice aún más la población.
  • Las autoridades obligadas a garantizar los derechos humanos han estado ausentes no realizan diligencias que garanticen que las violaciones cometidas serán investigadas y los responsables sancionados.
  • Se observa una política estatal orientada a reprimir el disenso e infundir temor modificando los patrones de ataques a los opositores políticos, haciendo selectivos los ataques, que pasaron de generalizados y abiertos a individualizados, que reflejan una labor de inteligencia en la identificación de los liderazgos y atacándoles con técnicas propias del paramilitarismo.
  • Se observa también una nueva modalidad en las detenciones, el detenido es paseado por largas horas en las patrullas policiales por diferentes sitios de las ciudades, mientras son castigados con toques eléctricos o amenazas, generando terror e incertidumbre en la victima.
  • Las graves violaciones a derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas y policiales ocurren en un contexto de impunidad, reforzada por una actitud de tolerancia cómplice de las autoridades civiles, las salvaguardas son débiles para asegurar investigaciones prontas, imparciales y efectivas.
  • El COFADEH expresa su profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad de la oposición política, los defensores y defensoras de derechos humanos, por la política estatal instaurada en el país.

Recomendaciones

  • Ante la gravedad y profundidad de las violaciones a derechos humanos, el COFADEH recomienda tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente a todos aquellos que investidos de autoridad que violenten los derechos humanos de las personas que se encuentran en el territorio hondureño y que participan de las manifestaciones contra el fraude electoral.
  • De igual forma, evitar toda represalia contra víctimas que denuncien detenciones ilegales, torturas o malos tratos, muertes de sus familiares y desapariciones forzadas.
  • Garantizar la seguridad de las personas en sus hogares, anulando en forma inmediata la orden de practicar allanamientos masivos y penetración ilegal a las zonas residenciales, circuitos cerrados y viviendas de la oposición política, poniendo fin a los allanamientos de los espacios privados disfrazados de legales.
  • Reitera su petición de retirar a la Policía Militar de Orden Publico de las labores de seguridad en especial de controlar y reprimir multitudes, así mismo retirar las fuerzas que no tienen mandato ni conocimiento de labor de seguridad ciudadana como los cuerpos del Ejército.
  • Asegurar que se lleven a cabo investigaciones rápidas, independientes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos que involucren a las fuerzas de seguridad y sobre los abusos por parte de las Fuerzas Armadas.
  • Permitir el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de realizar una evaluación de la situación de los derechos humanos en el país post electoral.
  • Garantizar y mantener el mandato de la representación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras.
  • Garantizar y respetar el ejercicio del trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos.

REGISTRO DE EJECUCIONES


Del 30 de noviembre al 28 de diciembre, 2017

[Fuente: Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras - COFADEH, Tegucigalpa, 10ene18]

Notas:

1. http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/11/Posicionamiento-2.pdf [Volver]

2. http://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2017/partidoliberal/1123591-508/candidato-presidencialluis-zelaya-denuncia-adquisici%C3%B3n-de-granadas-de-humo-por-parte [Volver]

3. http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-089/17 [Volver]

4. http://www.oas.org/fpdb/press/segundo-informe-preliminar-moe-honduras-18dic-final.pdf [Volver]

5. Gaceta número 34,506 del 01 de diciembre de 2017. [Volver]

6. http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/4068-denuncian-torturas-a-j%C3%B3venes-detenidos-por-militares-en-san-pedro-sula [Volver]

7. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/217.asp [Volver]

8. Se trasladan en motocicletas o en vehículos sin placas, rostros cubiertos, actúan en horas de la noche, usan armas de alto poder, impunidad en sus acciones. [Volver]

9. El día miércoles 20 de diciembre de 2017, en la aldea Las Flores de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, murió atropellada por un autobús, Angely Julieth Deras Hernández de cuatro años . Después que los pasajeros fueron bajados del autobús por la presencia de una manifestación, el conductor arrancó sin percatarse que la niña estaba al frente. http://www.elheraldo.hn/pais/1136795-466/una-ni%C3%B1a-de-cuatro-a%C3%B1os-muere-atropellada-en-yojoa. Luis Orellana que conducía su vehículo por la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de El Pino, jurisdicción del municipio de El Porvenir, Atlántida, murió al impactar contra un árbol atravesado en la carretera. [Volver]

10. Al momento, no se cuenta con ninguno de sus apellidos [Volver]

11. https://aquihonduras.com/2018/01/general-ponce-fonseca-estamos-listos-para-mantener-la-paz-y-la-tranquilidad/ [Volver]

12. http://sedena.gob.hn/2017/07/04/dos-nuevos-batallones-de-la-policia-militar-del-orden-publico-reforzaran-trabajo-en-beneficio-del-pueblo/ [Volver]

13. Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de las Naciones Unidas. [Volver]

14. Boletines, 1,2,3,4,5,6 de la Coalición contra la Impunidad. [Volver]

15. Alicia Margarita, Franklin propietario del vehículo, Aracely Tosta y Zoila Palacios. [Volver]

16. http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/4068-denuncian-torturas-a-j%C3%B3venes-detenidos-por-militares-en-san-pedro-sula [Volver]

17. http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/4068-denuncian-torturas-a-j%C3%B3venes-detenidos-por-militares-en-san-pedro-sula [Volver]

18. http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/4068-denuncian-torturas-a-j%C3%B3venes-detenidos-por-militares-en-san-pedro-sula [Volver]

19. Entrevista a la líder indígena Catalina Sánchez, vía teléfono. [Volver]

20. Wilmer Adán Meléndez (16), Oscar Adonis Flores (17), Oscar Alvares (17), Óscar Mejía (18), Wilmer Manuel Meza (23), Jair Peralta (26), David Antonio Velázquez (26), Juan Flores (27), Noé Alexander Flores (29) y Hermes Roney Valdez (33). [Volver]

21. Andrés Euceda Espinal, Leonel Euceda Sandoval, y un menor de edad. [Volver]

22. Eduardo Efraín Chandías, José Fernando Ramírez Medina, Fernando Aguilar, Gerardo Manuel Banegas y Andrés Figueroa. [Volver]

23. Denuncia del CIPRODEH, Seccional de Copan. 02 de diciembre de 2017. [Volver]

24. http://www.latribuna.hn/2017/12/09/11-policias-heridos-protestas [Volver]

25. http://www.latribuna.hn/2018/01/08/soldado-pierde-ojo-pedrada-manifestantes-video/ [Volver]

26. http://www.latribuna.hn/2017/12/27/capturan-mas-300-personas-saqueos-quemas-postas-torturas-policias/ [Volver]

27. Detenidos fueron identificados como: Celso Reyes Mendoza (32), Dilmes Roberto García Reyes (27), Domingo Reyes Mendoza (34), Robel Orlando Reyes Bustillo (19), Gabildo Castillo Velásquez (37), Tito José Núñez Cruz (24) y Santos Omar Ortiz Medina (26). [Volver]

28. https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/12/07/sip-condena-expulsion-y-agresiones-contra-periodistas-en-honduras/ [Volver]

29. https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/12/07/sip-condena-expulsion-y-agresiones-contra-periodistas-en-honduras/ [Volver]

30. Monitoreo Coalición contra la impunidad- Boletín No.5 [Volver]

31. Radio Progreso: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/4076-responsabilizan-a-gobierno-de-joh-por-sabotaje-contra-radio-progreso
Defensores en Línea: http://defensoresenlinea.com/condena-a-sabotaje-a-instalaciones-de-radio-progreso-y-atentado-a-la-libertad-de-expresion/ [Volver]

32. Libertad Digital HN: http://libertaddigitalhn.com/noticias/sospechosa-caida-de-senal-de-claro-y-tigo-en-zonas-de-protesta/ [Volver]

33. Habeas Corpus interpuesto por la REDEHSUR, el 11 de diciembre de 2017, a favor de Wilmer Adán Meléndez (16), Oscar Adonis Flores (17), Oscar Alvares (17), Óscar Mejía (18), Wilmer Manuel Meza (23), Jair Peralta (26), David Antonio Velázquez (26), Juan Flores (27), Noé Alexander Flores (29) y Hermes Roney Valdez (33). [Volver]

34. Oficio DGSP-733- 2017, de fecha 23 de diciembre de 2017. [Volver]

35. Correo del 26 de diciembre de la UDEP14. [Volver]

36. https://www.movimientoamplio.org/single-post/2017/12/08/ALERTA-En-riesgo-Mart%C3%ADn-Fern%C3%A1ndez-y-liderazgos-del-Movimiento-Amplio-en-Atl%C3%A1ntida-por-persecuci%C3%B3n-y-hostigamiento-militar-y-policial [Volver]

37. Alerta del Movimiento Amplio por la dignidad y la Justicia de 8 de diciembre, 2017. [Volver]

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