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13ene13
Sala de lo Penal, żen la mira del Congreso Nacional?
El descabezamiento de la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial ocurrido el 12 de diciembre de 2012, sería solo el hilo conductor de una estrategia de desmontaje de la Suprema Corte, donde la próxima en perecer sería la Sala de lo Penal, según se colige de un oficio enviado por el Congreso Nacional al titular de la Corte, Jorge Rivera Avilés, el 9 de enero de 2013.
- Sin resolverse todavía el caso de la Sala de lo Constitucional, diputados enfilan baterías contra nuevos magistrados.
El oficio número 490-2013/CN fue remitido por el secretario del parlamento hondureño, Rigoberto Chang Castillo, en el cual le pide "enviar un informe a la brevedad posible donde se detalle el nombre de los magistrados que fundamentaron el contenido del mismo" en alusión al anteproyecto de Ley de Extradición, "así como las fechas en que se reunieron para la discusión y aprobación del referido proyecto".
Chang Castillo, en su nota indica que mediante oficio número PCSJ No 310-2012 del 3 de julio del año pasado, fue enviado a esa Secretaría del Congreso el Anteproyecto de Ley de Extradición, el cual fue aprobado por el Pleno de todos los magistrados que conforman el Poder Judicial. Su aprobación se produjo el 13 de junio de 2012.
Seis meses después de tener el anteproyecto de Ley de Extradición en sus manos, la Cámara Legislativa pide "a la brevedad" un informe al presidente del Poder Judicial con los nombres de los magistrados que fundamentaron ese proyecto, el cual fue aprobado por todo el pleno, es decir, todos los integrantes de la Suprema Corte.
En la nota de tres párrafos, no se especifica para qué la Cámara Legislativa quiere ese informe, qué pretende y por qué el interés en saber los nombres de los magistrados que fundamentaron ese anteproyecto de Ley, cuando la misma fue aprobada por toda la Corte.
Previo al descabezamiento de la Sala de lo Constitucional, los diputados dijeron que botaban a los constitucionalistas porque habían elaborado un anteproyecto de Ley de Extradición que "era una trampa" porque indicaban que un Juez de Jurisdicción Nacional podía en cualquier tiempo dar la orden para extraditar a cualquier hondureño solicitado por presunta implicación en delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
El titular del Congreso, Juan Hernández, ha reiterado que eso era una trampa, porque a su juicio es al Pleno de la Corte de Justicia a quien corresponde decidir la extradición de un hondureño y a no a un Juez con Jurisdicción Nacional. O sea, que según ese criterio, para extraditar a un hondureño, por peligroso o influyente que fuera, debe reunirse a los 15 magistrados de la Corte de Justicia, aunque la captura, por ejemplo, se haya producido en una zona inhóspita.
De inmediato, el coordinador de la Sala de lo Penal, el magistrado Raúl Henríquez, salió al paso de las aseveraciones del presidente del Congreso y dijo que esa propuesta de Ley de Extradición la elaboró la Sala Penal y no la Sala Constitucional.
"El anteproyecto fue aprobado por el Pleno de la Corte y enviado al Congreso para su discusión, ellos deciden qué pasa y qué queda, por eso es un anteproyecto y en ningún momento ha sido una trampa como se ha querido dejar entrever. Nosotros enviamos la propuesta y ellos, que hacen las leyes, son quienes deciden", dijo Henríquez.
Al descartarse que la Sala de lo Constitucional fuera la que elaboró ese anteproyecto de Ley de Extradición, ahora el Congreso pide a la Suprema Corte "nombres de magistrados" y fundamentaciones, en un ambiente en donde no termina de sellarse la crisis originada al Poder Judicial con el golpe técnico e institucional.
Asimismo, a fines del año pasado, varios diputados y el propio titular del Congreso, Juan Hernández, fueron claros al señalar que estaban bajo su lupa "otras salas" de la Corte de Justicia, dejando entrever que el descabezamiento aún no concluye.
Advierten sacudida en toda la Corte
El vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, ha proclamado abiertamente que los "15 magistrados deben ser separados y de chascada al fiscal general".
El diputado Ponce busca abiertamente descabezar el Poder Judicial y la Fiscalía, emulando al ahora ex presidente peruano Alberto Fujimori cuando dio un golpe institucional. Fujimori ahora está preso y pide un indulto por encontrarse enfermo de cáncer.
Juristas consultados por Proceso Digital indican que la Suprema Corte podría llevar en poco tiempo su segundo revés si siguen rodando cabezas de magistrados que no agradan a los diputados por la forma en que imparten justicia.
Asimismo, indicaron que la carta de Chang Castillo solo evidencia la supremacía del Congreso Nacional sobre el Poder Judicial, dejando claro que ya no existe independencia de poderes, ya que en ningún país una Suprema Corte debe explicar e informar al Congreso de las decisiones judiciales que toma y pormenorizar que magistrados votan en cada caso.
Asimismo, porque se ha anunciado que esta semana que inicia sesiones el Parlamento están por aprobarse reformas constitucionales orientadas, una a crear la figura del juicio político, y la segunda a conformar un quinto poder en la denominada Corte Constitucional, a menos que eliminen la Sala de lo Constitucional y la sustituyan por una Corte.
Magistrados estrenarían juicio político
La figura del juicio político sería para dirimir divergencias entre poderes y de aprobarse, los magistrados de la Sala de lo Penal podrían estrenar esa figura constitucional y su salida sería "en el marco democrático" que vive Honduras coincidieron en señalar los juristas consultados.
Otros, como el asesor del Ministerio Público, Rigoberto Espinal, es del criterio que la figura del Tribunal Constitucional no aplica en Honduras porque es más proclive a darse en Estados federados, donde existen varias cortes y se hace preciso en algún momento homologar una posición.
Él sostiene que esa figura lo que busca es tener una "corte controlada" por los poderes Legislativo y Ejecutivo a quienes no gustan mucho las resoluciones del Poder Judicial.
De momento, la crisis en el poder judicial por la destitución de cuatro de cinco magistrados de la Sala Constitucional sigue su rumbo novelesco, en donde un día se excusan unos magistrados, al siguiente día otros y el titular de la Corte, Jorge Rivera Avilés, juega su estrategia de despejar el camino para nombrar una sala especial con jueces afines en donde, especialistas indican, se aceptará, sin suspensión del acto reclamado, el recurso de amparo impuesto por los constitucionalistas destituidos.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en un informe especial reveló que al menos seis derechos humanitarios les fueron conculcados a los magistrados destituidos, pero en el Congreso han sido claros en indicar que el denominado golpe técnico al Poder Judicial "es cosa juzgada".
[Fuente: Proceso Digital, Tegucigalpa, 13ene13]
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