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23ago12
Custodio pide prisión de por vida para funcionarios del Estado vinculados en ejecuciones
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, recordó hoy que, en su momento, solicitó al Congreso Nacional, la aprobación inmediata de la figura penal de ejecución extrajudicial y que la misma fuera sancionada con prisión de por vida para enfrentar de esa manera el involucramiento de agentes del Estado en la ejecución de personas.
A inicios del 2012, denunció que hay autoridades policiales que abusando de la autoridad, tienen un aparato organizado de poder que de hecho les otorga licencia para atentar.
En su informe anual 2011, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, enfatizó que en Honduras hay ejecuciones extrajudiciales que son cometidas por agentes del Estado investidos de autoridad.
"Queda claro que, en muchos casos, al momento del reconocimiento del cuerpo, en la escena del crimen y posterior autopsia, se evidencia que las víctimas presentan disparos de ajusticiamiento, lo que hace ver la participación de la autoridad en este tipo de muertes", establece el informe entregado al Poder Legislativo.
"En Honduras hay ejecuciones extrajudiciales, quizás no como una política del Estado, pero si como actos arbitrarios de agentes del Estado investidos de autoridad", advirtió Custodio.
Esa situación motivó al ombudsman hondureño a solicitarle al Congreso Nacional, a inicios del 2012, la aprobación de la figura penal de ejecución extrajudicial y sancionarla con prisión de por vida ya que hay autoridades policiales que abusando de la autoridad con que han sido investidos, tienen un aparato organizado de poder.
Aparato organizado que según Custodio les otorga, de hecho, licencia para atentar contra el sagrado derecho a la vida de las personas, gozando de la impunidad por un sospechoso desempeño de sus superiores.
Casos paradigmáticos de ejecución extrajudicial de personas
El titular del Conadeh, explicó que la ejecución extrajudicial se tipifica ante las Naciones Unidas cuando hay pruebas de la participación o sospecha, indicios racionales muy fuertes que gentes investidas de autoridad practican este tipo de homicidios.
Mencionó, para el caso, el hecho ocurrido el 22 de octubre del 2011, en el que los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez, fueron ejecutados por policías en servicio activo durante un operativo policial.
Como responsables del hecho fueron señalados el subinspector de policía Carlos Geovany Gáleas Cruz y los policías Santos Arnulfo Padilla Rodríguez, Wilfredo Figueroa Velásquez, prófugos de la justicia y José Rubén Pozo López, único policía que se presentó voluntariamente ante el tribunal.
Otro hecho violentó registrado por el activista de derechos humanos, en su informe anual, fue el ocurrido el 7 de diciembre de 2011, a inmediaciones de la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, con el acribillamiento de Alfredo Landaverde, a manos de sicarios que se conducían en una motocicleta.
En el documento se señala, que días previos a su muerte, Landaverde hizo fuertes declaraciones públicas reclamando por la impunidad de los asesinos del general Julián Arístides González, hecho ocurrido el 08 de diciembre de 2009. En ambos casos, se sospecha la participación, en su ejecución, de agentes de seguridad del Estado.
Estos casos, según Custodio son paradigmáticos en cuanto a que en Honduras hay ejecuciones extrajudiciales, "quizás no como una política del Estado, pero si como actos arbitrarios de agentes del Estado investidos de autoridad".
Honduras: del terrorismo de Estado al terrorismo policial
Previo al nombramiento del actual director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, en mayo de 2012, el defensor de los derechos humanos había denunciado que el país estaba "secuestrado" por un nuevo grupo de poder corrupto, vinculado al crimen organizado: la policía nacional.
Recordó que en los años ochenta, las violaciones a los derechos humanos se debían a una represión política, "entonces se podía hablar de un terrorismo de Estado con motivación política.
"Ahora, en cambio, lo que hay en Honduras es un terrorismo implantado por cierta autoridad, particularmente la autoridad policial y que prácticamente son los nuevos dueños del poder en este país, son ellos (la Policía) los que tienen aterrorizada y secuestrada a la población, sentenció en aquel momento", señaló.
Depuración de la policía no la detiene nadie
Con el nombramiento, a finales de mayo de 2012 de Juan Carlos Bonilla como titular de la Policía Nacional, Custodio declaró que mejor mensaje no le podía haber dado el presidente Porfirio Lobo a la hondureñidad, en materia de seguridad, en su aspiración de iniciar la depuración de la institución policial.
Pese a los tropiezos que se puedan encontrar en el camino, Custodio considera que la depuración de la Policía es un acto de soberanía y que no habrá poder del mundo que lo detenga.
A su criterio, la depuración de la Policía es vital para empezar a reducir el alto índice de violencia y de impunidad que hay en el país.
Para llegar a este proceso de depuración policial no fue fácil, admitió Custodio y señaló que, al final, fue tanta la corrupción y los escándalos en la Policía, que el gobierno, a nivel del Poder Ejecutivo, hizo las consultas del caso y al final tomó la decisión.
"Se removió una primera cúpula policial, luego la segunda y ahora estamos con una tercera cúpula policial, que es la que ha marcado la diferencia porque es la que está produciendo resultados", declaró.
[Fuente: Proceso Digital, Tegucigalpa, 23ago12]
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