EQUIPO NIZKOR |
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16mar04
El COFADEH, victorioso en el derecho y la moral.
No ha sido fácil sobrevivir con dignidad e independencia ante seis gobiernos liberales y nacionalistas, cuyos dirigentes comparten responsabilidad oficial en la autoría de las más de 184 desapariciones forzadas y asesinatos por razones políticas.
No ha sido fácil padecer esta estructura de sociedad bipartidista enquistada en todas las instituciones del Estado, que condena a las víctimas y deja bajo el amparo de la impunidad a los victimarios.
De ellos hemos tenido que padecer ataques de todo tipo durante 22 años, desde portazos en los edificios públicos donde reclamábamos con vida a nuestros seres queridos, hasta discursos burlescos en los medios de comunicación donde exigimos respeto a la libertad de expresión.
Pero ¡qué casualidad! Los mismos que diseñaron y ejecutaron la Doctrina de Seguridad Nacional por 15 años, son los mismos que hoy ejecutan la Política de Cero Tolerancia. Contra ellos chocamos durante el siglo pasado por torturar y asesinar, y hoy por ejecutar en forma sumaria, con saña y desprecio, a miles de niños y jóvenes a nivel nacional.
Pero nuestra historia no es de indefensión frente a los violadores de derechos humanos.
Este grupo de mujeres, niños y jóvenes, nacidos a la vida por la verdad y la justicia el 30 de Agosto de 1982, posee victorias jurídicas, conquistas políticas y capital moral.
Además de una sigla promotora de la Constitución de la República y leyes internacionales, el COFADEH es un movimiento que fortalece la institucionalidad democrática y es un refugio de los perseguidos y perseguidas de la democracia. ¿Irónico, no?
Hemos dejado de gritar ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!, pero nuestras mantas repiten ¡de los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón!
Es simple: no se puede olvidar la barbarie que nos marcó la vida para siempre entre 1979 y 1993, ni se puede perdonar sin saber a quién ni por qué delito.
Al tiempo que hemos exigido la verdad a los retenedores de ella, hemos trabajado por la justicia en los tribunales locales y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado ha sido condenado por violar la vida y la libertad de sus propios ciudadanos.
Aunque aparentemente al Estado no le ha servido la vergüenza del banquillo y las condenas ejemplarizantes en el sistema interamericano, hoy nadie puede cometer una violación sin que sea visto, oído y denunciado por sus semejantes.
Aunque en el tiempo hayan cambiado en parte los nombres de los protagonistas de las violaciones, sus métodos siguen siendo previsibles. Sujetos de registro.
Aunque frente a estos criminales, la defensa y promoción de los derechos humanos seguirá siendo una labor incomprendida, temida y combatida, además de un mal negocio para la seguridad personal, la reputación familiar y el éxito económico, también es cierto que frente a la opinión pública local e internacional es una tarea impostergable; ocupación de siempre.
Aquella reclamación inicial de la libertad de los secuestrados que irritaba ferozmente a los militares, tanto como hoy enfurece al equipo de “Rambos” del Poder Ejecutivo la reclamación del derecho a la vida y la exigencia de la justicia, siguen siendo parte de nuestras prioridades estratégicas. éramos en el principio una coincidencia de mujeres madres, esposas e hijas en las plazas, plazoletas y parques, reclamando con gritos y llantos la devolución con vida de sus seres queridos.
Fuimos después del principio una institución de hombres y mujeres, niños y jóvenes, exigiendo verdad en cementerios clandestinos, instituciones públicas, salas de redacción y foros internacionales.
Hoy somos, y mañana también, una organización de resistencia moral, defensora y promotora de los derechos humanos universales e indivisibles; sin fines de lucro, con proyección nacional, independiente de los poderes públicos y de organismos afines, nacionales o extranjeros.
Ciertamente, también hemos pasado tiempos difíciles, de renunciación, a veces de distante recuerdo colectivo, a veces como realidad próxima que quema; pero nuestros seres queridos, los mejores hijos e hijas de Honduras, nos animan a continuar vivas en la conciencia histórica.
Los atentados terroristas, secuestros, torturas, desapariciones, amenazas a muerte, exilios y división de organizaciones populares fueron los métodos violentos del Estado para eliminar toda forma de oposición al régimen. Pero no pudo eliminar al COFADEH.
Nacido en Tegucigalpa, con 69 familias, el Comité sumó y unió esfuerzos en una estrategia grupal planificada para denunciar, documentar y buscar por aire, mar y tierra.
éramos un grupo de viejitas, jóvenes y niños a quienes siempre temieron los gobiernos.
A pesar de la persecución policial y militar, el ambiente de impunidad, la corrupción y las campañas de odio en contra nuestra, el Comité atravesó dos décadas, siempre con la certeza que triunfará la verdad y la justicia.
Aunque el paso del tiempo dinamita la proximidad, aunque las familiares de las víctimas de la desaparición forzada abandonen a veces la búsqueda, la lucha sigue contra las diferentes formas de impunidad que prevalecen en Honduras.
Es tarea prioritaria la reivindicación de la memoria de las víctimas; promover, proteger y defender los derechos humanos de los ciudadanos hondureños y extranjeros, residentes en el país.
Los objetivos seguirán siendo los mismos: mantener la lucha por la verdad histórica; desterrar con el Derecho la práctica forzosa de la Desaparición de personas por razones políticas o ideológicas, y promover la adopción de mecanismos institucionales que la impidan; velar por el respeto de los derechos humanos en todas sus generaciones y educar a la población hondureña para su defensa.
Aunque se imponga una política instrumental, falsamente moralista, de los derechos humanos por parte del Gobierno actual, que los ha dividido en derechos de “minorías” y “mayorías”, la lucha sigue por su defensa y promoción como un todo indivisible.
Ese discurso oficial contra el terrorismo, el narcotráfico y las maras supone, paradójicamente, una nueva justificación oficial para violar los derechos humanos en Honduras, como en los viejos tiempos.
Se trata de un proyecto ideológico del equipo capitalismo transnacional que encabeza el Presidente Maduro, sumiso a la política exterior del gobierno de los Estados Unidos y violento contra el derecho a la vida de más de 2, 300 jóvenes tatuados asesinados.
La lucha contra la delincuencia supone el uso de leyes, métodos y prácticas contrarias al derecho internacional, vulnerando los principios del Estado de Derecho, de la separación de poderes y de la legalidad.
Bajo la orientación militarista de viejos oficiales de las estructuras de muerte del Estado, la Policía Nacional es el principal instrumento represivo contra los pandilleros, menores en situación social vulnerable y grupos críticos al Gobierno. Es, desgraciadamente, la reedición de la vieja FUSEP en plena democracia.
El Gobierno utiliza el terrorismo mediático, con altas sumas de dinero de todos nosotros, para atacar con furia y desproporción a sus críticos que protestan contra su fascismo disfrazado. El Gobierno incita el ataque a los contrarios, intimida a dueños de medios y a periodistas, viola el derecho a asociarse y a participar en la vida pública y política al “controlar” legalmente a las organizaciones sociales constituidas.
Bajo el modelo de “seguridad democrática”, el Gobierno revivió el antiguo Consejo de Seguridad, las unidades de inteligencia y análisis, las casas de seguridad, la intervención telefónica, el seguimiento de personas e impulsa leyes inconstitucionales, para meter bajo la denominación de enemigos a todo disidente de oposición o crítico popular.
Al poner nosotros al frente de esa política demencial el paradigma de la defensa de los derechos humanos, el Gobierno intimida al estilo de Bush: o están conmigo o en contra mía.
Es claro que los avances en esta materia son maquillados por "comisiones ad hoc”, que encubren hechos graves como la matanza en el penal de La Ceiba o las ejecuciones de menores, y dejan expuestas a las víctimas a la venganza y el sicariato privado afín a las autoridades.
El desgaste y el descrédito de la institucionalidad jurídica local, manipulada por los intereses de los grupos que dominan a los partidos políticos, nos obligan a replantear el trabajo político nacional de defensa de los derechos humanos, abordando correctamente, y más allá, las nuevas coyunturas, pensando en el mediano y largo plazo, no soslayando la conformación de nuevos bloques emergentes y el surgimiento de nuevas propuestas. En eso trabajamos, en la ciudad y en el campo.
Bertha Oliva de Nativí, Coordinadora General del COFADEH.
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