EQUIPO NIZKOR |
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10abr03
Omisión, tolerancia y negligencia sí son política del Estado contra la vida.
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) a la opinión pública comunica:
La masacre de jóvenes pandilleros en el Centro Penal de La Ceiba merece más que portadas de un día en los periódicos y lágrimas contenidas en los ojos del Obispo Rómulo Emiliani. Merece una condena sin vacilación de la sociedad, amerita la denuncia de la comunidad mundial y exige una investigación oficial, no una justificación gubernamental.
Los asesinatos sistemáticos e impunes de más de 1,600 jóvenes desde 1998 en todo el país, seguidos de la muerte sospechosa de siete reclusos en el penal de San Pedro Sula y la masacre de El Porvenir la semana pasada son, definitivamente, una política oficial de exterminio tolerada en el pasado y continuada en el presente por omisión y negligencia.
Para el COFADEH, una de las respuestas a este comportamiento oficial debe exigírsele al Poder Ejecutivo, porque abandonó absolutamente los intentos de ciudadanizar la seguridad pública, de depurar y castigar a los oficiales y agentes de vocación criminal y, en cambio, abrió paso a posiciones de mando a quienes se caracterizan por su vocación militarista de irrespeto a la vida e integridad de las personas.
Mantener al frente de la investigación criminal a un ex integrante del batallón de la muerte 3-16 y en la dirección de los centros penales a un oficial belicista de la antigua Fuerza de Seguridad Pública, es actuar con tolerancia y complicidad con el viejo sistema violador de los derechos humanos.
El gobierno debe entender de una vez que al delegar el control de la evidencia de los delitos cometidos en el país en individuos expertos en alterar escenas, ensuciar pruebas y manipular circunstancias, nos está poniendo en peligro a todos, además de condenar la acción judicial al ridículo.
Debe entender, además, que al confiar la prevención de los delitos y la custodia de los presos a oficiales convencidos que la única manera de proteger a la sociedad de los criminales es matándolos, eliminándolos físicamente, sin darles oportunidad a la rehabilitación, nos está condenando a muerte a todos aquellos que defendemos el derecho a la vida como el fin supremo.
El COFADEH considera que la propuesta gubernamental de la "guerra contra la delincuencia" no sólo ha propiciado un nuevo marco ideológico de actuación policial violenta con "daños colaterales", sino que ha inducido deliberadamente en la sociedad hondureña un sentimiento de indiferencia y apatía ante la muerte de personas como posible solución al problema de la inseguridad ciudadana.
Esa aberración abominable en una sociedad que se precia de ser cristiana debería interpelar seriamente a las iglesias del país, pues no se puede predicar a un Dios de la vida en el interior de los templos y guardar silencio ante la muerte egoísta en las calles o celebrar inclusive la matanza de los mareros por ser mareros, porque se lo merecían.
La aceptación de los asesinatos como hechos normales entre grupos rivales o acontecimientos necesarios a manos de las autoridades no sólo es la negación del Evangelio cristiano, sino la negación de nosotros mismos como seres humanos.
La utilización consciente de pandilleros en la estructura del narcotráfico y de otras formas del crimen organizado, así como su eliminación posiblemente deliberada en el interior de los penales, es una perversidad que debe llegar a su fin.
Como ocurrió antes con las desapariciones forzadas de personas, hoy los co-responsables de los asesinatos de jóvenes hostiles usan los mismos argumentos desde el poder.
El Gobierno debe escuchar la exigencia de Monseñor Emiliani en San Pedro Sula, sin burlarse del poder de sus cantos y oraciones; debe escuchar también a Casa Alianza y a Amnistía Internacional, sin dar justificaciones estúpidas y arrogantes, y debe escucharnos a todos los defensores de la vida.
Si continúa la matanza, nadie estará seguro en el país.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
COFADEH
Tegucigalpa, MDC., 10 de abril de 2003
Este documento ha sido publicado el 11abr03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights