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23may11
Los Derechos Humanos no son objeto de negociación política
El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH) saluda con alegría la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias, que permite el retorno del ex Presidente Constitucional Manuel Zelaya Rosales a nuestro país.
Al mismo tiempo reprocha el lenguaje acuñado por la oligarquía golpista en el texto del Acuerdo referido a los derechos humanos como instrumento político de “reconciliación”, evidencia de su vieja práctica negociadora.
“Admitiendo que durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se compromete a atender sus denuncias, y así coadyuvar a la reconciliación de la sociedad hondureña en un marco de garantías verificables (…) y a la espera del apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unida”, dice el texto oficial firmado ayer.
Los términos utilizados reflejan dudas, ironías, intenciones y evasiones propias de la misma élite político-militar que intentó sepultar en el olvido las desapariciones forzadas en los años ochenta y vender un discurso utilitario de los derechos violados a la comunidad internacional.
Al comenzar la década de los años 90́s los mismos ex presidentes - Rafael Callejas, Ricardo Maduro y Carlos Flores, que auditaron el texto del Acuerdo de Cartagena – repetían la necesidad de dejar atrás el pasado y ponerle fin a la “noche oscura de las desapariciones”.
Era la forma suigéneris de escapar a sus propias responsabilidades, algunos de ellos, como integrantes de la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), que inspiró y financió la represión contra la disidencia política e ideológica de entonces, que nos mantiene en luto.
No tenemos dudas que el ex presidente Zelaya acuñó con absoluta buena fe en el Acuerdo de Cartagena la urgencia de investigar las violaciones a los derechos humanos derivadas del golpe de Estado hasta nuestros días, reparar los daños causados a las víctimas y sancionar a los responsables.
Pero dudamos absolutamente del golpismo que controla las fuerzas represivas que, a su vez, sostienen un Estado frágil, que falla en derrotar con legalidad y justicia el enorme monstruo de la impunidad.
La duda es aún más auténtica cuando, mediante el Acuerdo, el régimen impone el reconocimiento de la “Secretaria de Justicia y Derechos Humanos como entidad que permita fortalecer las capacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras”.
Este Comité no observa hábitos, prácticas ni políticas que hagan suponer que la institución referida marque una diferencia siquiera mínima al interior del Estado respecto al estatal Comisionado de Derechos Humanos, deslegitimado a sí mismo por su parcialidad con la violencia institucional en contra de la población.
Cerca de nosotros permanecen aún la huelga de hambre indefinida de cinco educadores por violación a sus derechos sociales y económicos; centenares de familias campesinas en la zona del Aguán asechadas por fuerzas legales y clandestinas en contra de su vida y la tierra. Y un promedio de más de 16 personas muertas en forma violenta, cada día en todo el país, en total impunidad.
Por tanto, exhortamos a la población a continuar utilizando los servicios de acceso a justicia en cualquier dimensión local e internacional que merezca su confianza y respeto, mientras el pueblo hondureño reconstruye la institucionalidad perdida del Estado de Derecho
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEHTegucigalpa, Honduras, 23 de mayo de 2011
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