Informe de la situación de DH de Enero a Agosto de 2001.
Los sucesos de Olancho, la primera desaparicion en ocho años y los desenterramientos del Aguacate marcan una situacion preocupante.
Por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Marco general.
Muchos acontecimientos y hechos han sucedido en nuestra sociedad a lo largo de estos meses, no es fácil recogerlos todos en este resumen, pero creemos que de los acontecimientos se destaca la creciente intolerancia, la inseguridad, la escasa capacidad del Gobierno para responder a las demandas sociales y de seguridad jurídica para las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales.
Este año altamente político también ha marcado el reingreso de los violadores de derechos humanos al escenario político y público, como es el caso de Roberto Suazo Córdova --Presidente de Honduras 1982-1986--, designado por el Partido Liberal como Candidato a Diputado por el Departamento de La Paz, quien también fue objeto de una condecoración en la Convención del Partido Liberal realizada en abril de este año.
El período también recoge la nominación del Capitán Retirado Billy Fernando Joya Améndola - ex-miembro del Escuadrón de la Muerte 3-16, sujeto de procesos criminales por violaciones graves a derechos humanos - como integrante del equipo de campaña del aspirante a alcalde por el Partido Nacional Miguel Pastor, en ambos casos significa la incorporación de violadores impunes al ámbito político partidario, una forma viable de reciclar la imagen e institucionalizar la impunidad en crímenes de lesa humanidad.
Por otro lado, en la primera mitad del año, Honduras fue arrastrada aceleradamente a la estrategia contra el narcotráfico por Estados Unidos, quien ha puesto a disposición de esta estrategia el uso de satélites, radares, frecuencias de comunicación de alto poder, espías, equipo militar de artillería, naval y otros equipos, situación que plantea el retorno a la inversión armamentista del Estado Hondureño y un reposicionamiento de las Fuerzas Armadas.
La Seguridad Ciudadana además de ser un tema controversial es muy complejo; Honduras no cuenta con una política institucional y coordinada que dé respuestas a la creciente criminalidad, la tasa de homicidios según cifras no oficiales creció el 23% entre 1996 y el año 2000, violencia que en su espiral ascendente se ha ido modificando y estrechando oscuros nexos con sectores de poder que animan y extienden el crimen organizado.
De acuerdo con un estudio denominado Delincuencia y Criminalidad, en las Estadísticas de Honduras señala que las tasas promedio de homicidios por cien mil habitantes pasó de 34.44% en 1996 a 46.31% en el año 2000 y se registraron 2,485 homicidios por año. El fenómeno no es nuevo ni exclusivo de la actual administración del país, desde la segunda mitad de los años noventa el tema es sujeto de análisis en los informes del COFADEH y otros organismos de derechos humanos, hoy cobra relevancia por circunstancias especiales, en primera instancia ha tocado a la clase dirigente y económicamente poderosa del país que se ve afectada por los secuestros, el robo de carros, chantajes y ejecuciones.
Está afectando en segundo lugar la inversión privada; así mismo las ejecuciones arbitrarias y sumarias en contra de menores y jóvenes alcanza cifras alarmantes que provocaron una investigación insitu de la Relatora Especial de la ONU, sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitriarias; en agosto del año en curso. Así mismo una delegación de Amnistía Internacional representada por Dina Coloma y Fiona Tasker, después de reunirse con las autoridades del gobierno, entre ellas el Ministerio de Seguridad, Ministerio Público, y Sociedad Civil concluyeron "que en Honduras queda mucho por hacer en el campo de protección de los derechos humanos, que la impunidad sigue prevaleciendo en cuanto a las desapariciones que se dieron en la década de los chenta, porque los procesos judiciales aún están pendietnes en los Juzgados y la Corte Suprema de Justicia; que los defensores de derechos humanos son objeto de una campaña de desprestigio y teme que las acusaciones contra los activistas sean motivadas por razones políticas. Que les preocupa periodístas despedidos, que hay un control de la libertad de expresión por el poder económico y el interés político por lo que se ve disminuído. También recibimos informes de violaciones a los derechos humanos de las minorias sexuales: grupos homosexuales, lésvicos y travesti sufren discriminaciones".
En tanto la relatora especial de la ONU Asma Jahangir, después de once días en el país encontró 66 casos de asesinato de menores sin esclarecer, así mismo confirmó que algunos de estos asesinatos han sido efectuados por las fuerzas de seguridad del Estado, también comprobó que muchos crimenes quedan sin denunciar y de un listado de 606 asesinatos durante el período 1998 a 2001, el 60% corresponde a menores; aseguró así mismo que la situación se produce por la indiferencia del Estado por negligencia culposa, por la responsabilidad que no ha asumido en la protección de su niñez y la falta de funcionamiento del Poder Judicial.
La alarmante situación de inseguridad, también refleja en sus manifestaciones más emblemáticas -los secuestros- algunas características particulares del modus operandi de los escuadrones de la muerte de los años ochenta. Un caso típico es el secuestro en mayo pasado de la empresaria Taiwanesa Lichin Huei, a quien sus captores le cortaron una oreja y la sometieron a la tortura de apagar cigarrillos en su piel, una de las torturas más usadas por los represores del Estado contra las víctimas políticas en la década supra descrita.
Ante la incapacidad demostrada por el Ministerio de Seguridad para enfrentar el incremento de la violencia, el gobierno central respondió reactivamente enviando al ejército a realizar patrullajes conjuntos con la policía y autorizó al Secretario de Seguridad para que procediera a una depuración inmediata de todos los oficiales considerados sospechosos de actos irregulares.
Mediante Decreto Legislativo -No.58-2001- han sido separados altos oficiales, clases y agentes de sus cargos operativos, un promedio de 125, pero ninguno fue sujeto de investigación criminal y los policías que enfrentaban procesos criminales no fueron puestos a la orden del Juzgado de competencia, por lo que la depuración no llenó las expectativas de la sociedad civil.
El Decreto Legislativo viola el derecho al debido proceso y autoriza al Ministro no solo depurar a los malos elementos, también le permite deshacerse de aquellas personas que no le obedecen sus órdenes arbitrarias e ilegales como es el caso de Marcelo Ramón Aguilera, Director de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación (DGSEI). Este Decreto así aprobado viola el principio de la legalidad. Actualmente el Decreto es objeto de análisis por la Fiscalía de la Constitución del Ministerio Público.
El COFADEH ha sostenido que nada más peligroso para los derechos humanos que una policía represiva, sin control y con dirección autoritaria como la actual. En el mes de junio el Ministro Fonseca retiró de las postas policiales a los fiscales asignados para vigilar la actuación policial y a los agentes asignados a la Fiscalías especiales contra el crimen organizado. La decisión de Fonseca provocó un distanciamiento con el Ministerio Público y un retroceso en la participación de la ciudadanía en el control y vigilancia de los agentes del orden. Después de meses de enfrentamientos públicos; ambos Ministerios (Público y de Seguridad) lograron superar sus diferencias a instancias del Consejo Nacional de Seguridad Interior, organismo que había sido marginado por el Ministro Fonseca al asumir la dirección de esta Secretaría.
Entre los acuerdos más destacados figura: la restitución de los fiscales a las postas policiales, un programa de entrenamiento para fiscales y agentes policiales, la policía investigará, el Ministerio Público impulsará los juicios; así mismo se acordó la reactivación de las sesiones del CONASIN, presidida por el Ministro e integrada por sus miembros titulares. Mientras las autoridades se enfrentan y se ponen de acuerdo, la criminalidad sigue dándose.
En el período apuntado 320 jóvenes entre 13 y 27 años han muerto en forma violenta, sin que la autoría haya sido investigada; la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público señaló que existe un patrón común de ejecuciones, que al menos en 35 casos de muertes violentas ocurridas en el último año, presentan características comunes, como lesiones, armas y proyectiles empleados y el mismo disparo de gracia para todas las víctimas, prescedido de actos humillantes. Esta situación resulta altamente preocupante, porque el Estado se muestra tolerante ante hechos de tanta gravedad, especialmente en los cometidos por sus agentes de seguridad.
Derechos Civiles y Políticos.
El Gobierno tiene la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. No obstante al mandato, la situación del respeto a los derechos humanos en Honduras está en franco deterioro, la inseguridad pública supra descrita ha estallado en una escalada de graves violaciones, se han producido asesinatos sistemáticos de jóvenes presuntos delincuentes y una cadena de abusos de autoridad; la mayoría de estos abusos los continúan cometiendo los Agentes de Seguridad, que hacen uso excesivo de la fuerza de modo arbitrario.
Así las cosas, el COFADEH continuó recibiendo denuncias de violaciones a los derechos humanos en sus diferentes tipologías, especialmente de ejecuciones, lesiones, atentados, detenciones sin orden judicial, amenazas a muerte y violentación a la libertad de expresión que continúa bajo grave amenaza; la tortura y los malos tratos en los centros penales y postas policiales tampoco han desaparecido, así mismo el Estado continúa negándole a la ciudadanía el derecho a ser escuchada y utilizando la represión en lugar del diálogo con las masas descontentas.
Libertad de Expresion.
La libertad de expresión en Honduras enfrenta serias amenazas, sufre un retroceso a pesar a 20 años de democracia formal. Las amenazas, auto censura, censura previa y despidos de periodistas por el ejercicio de su trabajo constituyen el panorama actual que vive Honduras en materia de este derecho fundamental que además es sinónimo de democracia.
El pasado 26 de abril la Periodista Thelma Mejía, Jefa de Redacción de Diario El Heraldo fue obligada a renunciar a su trabajo presuntamente por presión del Presidente Flores, en represalia por haber denunciado junto a un grupo de Periodistas el irrespeto a la libertad de expresión, ante la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos; el Gobierno negó el extremo, pero su vinculación es evidente.
La Periodista testimonió que el dueño del Diario recibía presiones de altos ejecutivos del Gobierno para imponer determinados enfoques de la acción oficial, destacar algunas noticias o silenciar otras. La ética de la Periodista para no dejarse imponer este tipo de políticas fue el argumento que utilizó el dueño del medio para asegurar que la Jefa de Redacción no se acoplaba a la política editorial del medio.
Una semana más tarde, el Jefe de las páginas de opinión del mismo Diario Manuel Torres Calderón fue despedido. Torres sufrió durante varios meses la censura de sus trabajos y el de los columnistas bajo su coordinación. Torres se caracterizó por abrir las páginas del Diario a diversas opiniones. Roger Argueta miembro del staff de redacción del Diario El Heraldo fue despedido bajo el argumento de que había vertido opiniones de resentimiento en perjuicio de la empresa, a través de otros medios de comunicación, los ejecutivos hacían referencia a las muestras de solidaridad que Roger había demostrado a Thelma Mejía.
El COFADEH también conoció del despido bajo presión del Periodista César Omar Silva del Centro de Noticias del Canal 63, quien recibió el 30 de abril pasado su notificación de cesantía. Silva cubría Casa Presidencial y relató que su cancelación obedecía a presiones de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma Ana Belén Castillo, sobre los dueños del Canal quienes licitan obras de construcción para la ciudad universitaria y dirigen negocios de seguros con el Instituto de Previsión de los Trabajadores Universitarios.
En junio también fue despedido el Periodista Jorge López del Programa Más Noticias que se transmite por el Canal 13, en represalia por haber publicado el 9 de junio una nota sobre la quiebra del Banco Corporativo (BANCORP) en el Diario Tiempos del Mundo.
Al cierre de este resumen, el COFADEH recibió información que cuatro Periodistas del Centro de Noticias del Canal 63 habían recibido comunicación de su despido, mediante una nota de preaviso, en la cual no se les especifica las causas del rompimiento de la relación laboral; entre los despedidos figura Félix Molina quien compareció ante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la situación de la libertad de expresión en Honduras en el año 2000 - 2001.
El período también registra hostigamiento en contra de Vilma Gloria Rosales Jefa de Redacción de Diario Tiempo y Maribel Sánchez Directora del Programa Contra Punto de Radio América.
Todos los casos aquí expuestos tienen un elemento común; previo a ser separados de sus cargos fueron progresivamente censurados sus trabajos. Por otro lado el despido se da en momentos altamente políticos. El período apuntado también recoge un nuevo elemento que irrespeta la libertad de expresión, la censura de la fuente informativa, probando así la intolerancia al pensamiento independiente extremo que no garantiza una democracia saludable.
Ante este sombrío panorama, también han surgido hechos significativos para defender el derecho a la Libertad de Expresión y el ejercicio periodístico. Una crítica opinión pública liderada por influyentes ciudadanos, suscribieron en abril pasado una carta dirigida a los dueños de los medios, expresando su preocupación por la situación de la libertad de expresión y por la función social de los medios en la reafirmación de valores democráticos; no obstante que la carta de los ciudadanos fue seria y respetuosa, la respuesta de los dueños de medios reafirmó la intolerancia que predomina en nuestra sociedad hacia los que opinan y piensan distinto a la clase dirigente.
El tipo de respuesta y las reacciones posteriores dieron origen a un gran foro de la sociedad para analizar lo que estaba pasando en relación a este importante derecho, considerado la piedra angular en la existencia misma de la sociedad democrática e indispensable para la formación de la opinión pública. El foro fue denominado "Primer Diálogo Nacional por el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión en Honduras".
Previo a este evento que ha comprometido a una diversidad de sectores sociales, se había dado otro foro patrocinado por el PNUD, en este escenario, el Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos en Honduras, se comprometió públicamente abrir una oficina para monitorear y garantizar el respeto a la libertad de expresión.
Al cierre de este informe, el COFADEH conoció que el despacho del Comisionado nombró -a partir de septiembre- a la periodista Lucila Fúnez, como relatora nacional para la libertad de expresión; entre sus funciones estará la de darle seguimiento al informe sobre violaciones a la libertad de expresión en Honduras, emitido en marzo por la relatoria especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Lucila Fúnez goza de mucho respeto y credibilidad, no solo en el gremio periodístico hondureño, sino en todos los sectores profesionales organizados del país. En 1983 escribió el libro "Los Derechos Humanos en Honduras", en una época muy dificil para la denuncia y el monitoreo de los derechos humanos. Era la década de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Ejecuciones Arbitrarias o Sumarias.
En la mayor parte de las ejecuciones registradas, no existe claridad sobre la identidad de los responsables tanto material como intelectual, sin embargo, por la forma y los mecanismos empleados, el COFADEH considera que este tipo de delitos tiene que realizarse con el respaldo y apoyo de los integrantes de los Cuerpos de Seguridad. En gran parte de los casos las víctimas fueron personas desconocidas y los responsables actuaron clandestinamente.
La responsabilidad de este tipo de violaciones a los derechos humanos se da por acción y por omisión; el Estado tiene responsabilidad, al abstenerse de investigar a fondo las violaciones de los derechos humanos y al proteger a los responsables, en los últimos 10 años las ejecuciones contra supuestos delincuentes ha sido empleado como mecanismos de profilaxis social, generalmente tolerada por las instituciones encargadas de administrar justicia y hacer cumplir la ley. En otros casos - la minoría - la autoridad está plenamente identificada. En el período un promedio de 94 jóvenes perdieron la vida en las circunstancias anteriormente descritas.
Homicidios por Abuso de Autoridad.
En los homicidios por abuso de autoridad, uno de los casos emblemáticos es de Trinidad Sánchez, sobre quien presuntamente había una orden de captura. La Señora Lidia Aidé Rodríguez Izaguirre, denunció ante el COFADEH - 19 de julio del 2001 -, que su esposo Trinidad Sánchez fue asesinado el 28 de junio, por elementos de la Policía Preventiva al mando del Teniente de Policía Esaú Cortés Padilla, en la Aldea Los Placeres, Municipio de Trojes, El Paraíso. El 28 de
junio a las 5:30 de la mañana, un grupo de policías y soldados del ejército asignados al Noveno Batallón de Infantería, rodearon la casa de la familia Sánchez Rodríguez; llevaban una orden de captura contra el Señor Sánchez y sus hijos; los efectivos policiales y militares se hacían acompañar de los civiles Luis, German, Edgar, Edin y Alex, todos de apellido Lagos y Enrique Lagos, miembro activo de la policía. La familia Lagos sostiene enemistades personales con la Familia Sánchez a raíz de asesinatos entre ambas familias.
La policía que se cubría el rostro con pasamontañas; ordenó que la familia abriera la puerta, porque Trinidad Sánchez estaba procesado. Sánchez se negó a la petición argumentando que ahí estaban sus enemigos y lo que querían era matarlo. El teniente les gritó que tenía orden de llevarlos vivos o muertos e inmediatamente abrieron fuego contra la casa y comenzaron a romper puertas y ventanas; lograron abrir una ventana, por lo que el Señor Sánchez y su esposa les pidieron a los agentes que pasaran, pero ningún policía aceptó.
El Señor Sánchez salió por una ventana y fue acribillado en el acto. La pistola que la víctima portaba (3.57) cayó al suelo sin haber sido usada, la policía le ordenó a Carlos Andrés Rodríguez - cuñado de la víctima - a quien andaban secuestrado desde hacía media hora, que recogiera la pistola. Rodríguez la levantó y le sacó los seis proyectiles, en ese momento el Teniente Cortés Padilla se la arrebató usando un pañuelo y una bolsa plástica. Luego le ordenó que levantara el cadáver y lo colocara en la paila de la patrulla para trasladarlo a Trojes y mostrárselo a la Juez de Paz, Ilsi Geraldina Álvarez Flores, quien había librado la orden de captura y de allanamiento.
La viuda les suplicó que no movieran el cuerpo de la escena del crimen, pero no atendieron la petición. En el trayecto hacia Trojes, los policías dispararon cuatro veces el arma del occiso, con la intención de demostrar que Sánchez había disparado por lo que tuvieron que repeler el ataque. Algunos policías permanecieron en el lugar de los hechos y continuaron hostigando a la esposa de la víctima, exigiendo entregara a su hijo Nélson Sánchez, que era a quien querían y volvieron a disparar.
Antes del asesinato allanaron cuatro casas de los parientes de Trinidad Sánchez, entre ellas la de Carlos Andrés Rodríguez en donde trataron de manosear a su menor hija Diana Elizabeth Rodríguez (14). Rodríguez, además de ser secuestrado, fue golpeado en el rostro y amenazado de muerte. También capturaron a su empleado sólo identificado como Joel.
En una visita sobre el terreno, el COFADEH verificó que en un árbol de guayaba negra que se encuentra en el patio de la casa, habían trece perforaciones de bala, en una pared de la vivienda tres impactos de bala; puertas y ventanas dañadas; y la parte frontal de la casa presentaba 9 disparos.
La Juez Ilsi Geraldina Álvarez cuestionó mientras entregaba el cadáver a Carlos Andrés Rodríguez, que porqué razón no se habían entregado los otros delincuentes. Rodríguez le respondió que era bien claro, que talvez si los policías no hubieran andado orden de matar, lo hubieran hecho. La Juez respondió: "De este hecho nadie tiene que culpar a la policía, porque la orden que ellos andaban era romper las puertas y ventanas a balazos y traer a los delincuentes vivos o muertos". "Esa era la orden que se había dado y tenían que cumplirla".
En la línea de otras ejecuciones el 30 de junio en El Ocotal Gualaco, Olancho fue asesinado por Guardias de la Seguridad Privada de ENERGISA, empresa que pretende instalar un proyecto de generación de energía en la zona protegida del Valle de Agalta, a Carlos Roberto Flores de 28 años, un destacado activista ambiental que se oponía a la instalación del Proyecto Hidroeléctrico Babilonia en Los Chorros del mismo nombre. Flores se había negado en varias oportunidades a que se instalaran en sus propiedades los postes del tendido eléctrico del proyecto, también se negaba a vender sus tierras.
El 25 de junio sobrevivió a un atentado, constantemente era víctima de amenazas y persecuciones por agentes uniformados de esa empresa. Flores y 15 personas más emprendieron una lucha por salvar su medio ambiente y la belleza escénica de la zona representada por Los Chorros de Babilonia. El día 30 de junio a las 12:30 Meridiano, el joven activista fue acribillado a balazos en el solar de su casa cuando se disponía a bañar, cinco agentes han sido identificados como responsables del asesinato.
La policía que se hizo presente a la escena del crimen se negó a capturar en forma infraganti a los responsables, no obstante que la familia informó el sitio en que se encontraban; tampoco cumplió con el registro de ley trasladando el cuerpo al Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público para que se le practicara la autopsia respectiva, y no recogió de la escena del crimen todas las evidencias, como los casquillos de bala que quedaron en el sitio del crimen.
Desde el mes de abril los pobladores de Gualaco habían denunciado al Ministro de Seguridad Gautama Fonseca el contubernio que existía entre policía uniformada y los guardias de la empresa en los allanamientos, amenazas y persecución de los pobladores de la zona que se oponen al proyecto.
Los abusos de la policía contribuyen a intensificar el espiral de violencia en un ambiente de impunidad que se ha hecho extensiva en los últimos años a los Comités de Defensa Civil, grupos armados que apoyan a la Policía Preventiva en algunos municipios; muchos de estos comités han sido acusados de asesinar a civiles desarmados.
Las detenciones ilegales y reclusiones arbitrarias son también una práctica constante de la Fuerza de Seguridad. En la primera semana de agosto allanaron ilegalmente 67 domicilios en el norte del país y capturaron sin orden judicial a un promedio de 40 personas, unos 75 policías especiales empleando tácticas de guerra, realizaron redadas en busca de drogas, muchos de los detenidos fueron sometidos a registros corporales.
En la línea del Derecho a la Integridad. El COFADEH recibió la denuncia del Señor Visitación del Carmen Cruz Velásquez, Maestro de Educación Primaria, víctima de lesiones graves, golpes y detención ilegal en el Municipio de Marale, Francisco Morazán. El 1 de abril los Policías Preventivos asignados a la Delegación de Marale se presentaron a las 10:30 de la noche, a la orilla del Río Maralito a donde un grupo de personas tocaban guitarra; los agentes sin mediar palabra procedieron violentamente a decomisar la guitarra de uno de los presentes.
El Profesor Visitación del Carmen Cruz, cuestionó la actitud policial y en respuesta recibió un fuerte golpe de tolete en la parte posterior de la cabeza que le hizo perder el conocimiento. Luego le propinaron patadas y lo arrastraron tomándole de los brazos lesionándole la mano derecha, después lo arrastraron por los pies, provocándole escoriaciones en toda la espalda y la parte externa del tobillo derecho; posteriormente fue conducido a las celdas policiales y permaneció detenido por 18 horas. Fue puesto en libertad al pagar una fianza de cien lempiras (L.100.00), después de ser falsamente acusado de escándalo público y desacato. El 2 de abril empezó a expulsar sangre por la saliva.
En este mismo hecho también fue detenido el Señor Eliseo Rosales a quien los agentes golpearon brutalmente, los golpes se los propinaron cerca de sus órganos genitales. También fue víctima de golpes el Señor Gerardo Villalobos Montes, otro de los integrantes del grupo. Uno de los agentes ha sido identificado por el apellido Contreras.
El 30 de marzo del 2001, cuatro agentes de la Policía Preventiva, al mando del clase Juan González, basados en la Sub-Delegación de Santa Elena, La Paz hirieron al menor Alfredo Pérez en la Aldea de Quiscamote. Los agentes allanaron sin orden judicial la casa de Catalina Pérez, abuela del menor, y procedieron a capturar a Alfredo Pérez; en su primera reacción el menor corrió, pero luego se rindió en la propiedad del Señor Timoteo Pérez al escuchar cuatro disparos. Uno de los agentes le disparó a quemarropa, hiriéndole en ambos pies, luego lo esposaron y lo golpearon brutalmente con sus toletes, le quitaron la camisa y lo llevaron detenido a la Sub Delegación Policial de Santa Elena, posteriormente fue remitido a la Delegación de Marcala, La Paz. Los abusivos policías, aún en presencia del padre del menor lo continuaron maltratando. Dos días después fue entregado a su madre María Mercedes Pérez sin ninguna explicación.
Un caso similar pero con motivaciones políticas se registró en El Zamorano, Francisco Morazán. El 14 de marzo, representantes del Sindicato de Trabajadores de la Escuela Agrícola El Zamorano y el Señor Roberto Neptalí Martínez Izaguirre, denunciaron ante el COFADEH que el 4 de marzo, el Teniente de Policía Edgardo Mejía de la patrulla vial M-012 detuvo y golpeó al Señor Neptalí Martínez Izaguirre a las 11:00 de la mañana en el desvío Zamorano - Guinope. El Señor Martínez bajaba de un bus de ruta interurbana cuando el Teniente Mejía dijo a un subalterno "aquí viene uno de aquellos" y ordenó que lo esposaran, ya esposado lo lanzaron a la paila de una patrulla haciendo que en el impacto se golpeara fuertemente la cadera. Martínez le solicitó al Oficial que le aflojara las esposas porque estaban muy socadas y que él tenía derechos humanos, el Oficial le respondió "cuales derechos humanos", luego le estrelló el rostro contra el piso del carro; del impacto se le quebró la prótesis dental. Fue llevado en calidad de detenido a la Posta Policial de El Jicarito y puesto en libertad el lunes 5 de marzo, a raíz de la denuncia pública que hizo el Sindicato por Radio América. El Teniente Mejía inició una búsqueda de testigos falsos para que declararan que él había entregado al detenido en buenas condiciones físicas.
Las agresiones fueron motivadas por la manifestación que el Sindicato realizó el 1 de marzo en los predios de la Escuela Agrícola protestando por el nuevo sistema de seguridad que la Escuela ha instalado y que viola el derecho a la intimidad de los empleados. La Empresa Privada de Seguridad SAS-CTV propiedad del ex agente del 3-16 Billy Joya Améndola, ha instalado cámaras de circuito cerrado hasta en los baños.
El Derecho de Asociación Reunión y Manifestación.
El Estado de Honduras no respeta el Derecho de Asociación, Reunión y Manifestación, las fuerzas del orden han provocado desalojos violentos que han dejado heridos, lesionados graves y detenidos.
El 18 de julio los pobladores de Gualaco, Olancho que protestaban en el Palacio Legislativo por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Babilonia en Gualaco, Olancho, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Agalta (Corredor Biológico Mesoamericano), apoyados por el Comité de Organizaciones Populares e Indígenas (COPÍN) y Organizaciones Sociales de Tegucigalpa, fueron reprimidos y desalojados por 300 policías del Cuerpo Especial COBRAS, con un saldo de más de 30 heridos y 13 personas detenidas.
El fondo del caso es la defensa del medio ambiente, tema que está generando muchas víctimas mortales, por lo menos cuatro personas han perdido la vida: Janeth Kawas en Tela, Carlos Escaleras en Tocoa, Carlos Luna en Catacamas y Carlos Roberto Flores en El Ocotal; todos vinculados al compromiso por la defensa del ambiente, en diferentes momentos y conflictos. En el caso apuntado, 16 personas se encuentran en inminente peligro de muerte en Gualaco y once comunidades seriamente afectadas por la Compañía ENERGISA que les impide entrar a sus labranzas desde hace 7 meses, por lo que sus cultivos de café, maíz, frijoles y plátanos entre otros, se han perdido.
El 23 de julio, Daniel Graham, Geográfo estadounidense vinculado al conflicto de Gualaco, se vió obligado a abandonar el país, al ser objeto de persecución y hostigamiento por parte de desconocidos que la noche del 21 de julio le persiguieron en vehículos alternos a todo lo largo de la carretera que de Olancho conduce a Tegucigalpa. Más tarde esa misma noche vehículos no identificados estuvieron dando vueltas en la cuadra donde se ubican las oficinas del COFADEH, en donde Graham se hospedaba. La mañana del 23 de julio, el Alcalde de Gualaco Rafael de Jesús Ulloa, el Sacerdote Carmelita Fredy Benítez y el Fraile Luis David Pérez, fueron víctimas de un atentado criminal a la altura de la comunidad de Campamento Olancho, cuando viajaban hacia Tegucigalpa, un individuo desconocido les disparó desde un auto en marcha.
Este conflicto que lleva implícito grandes intereses económicos que alcanza por su magnitud a los sectores oficiales que otorgaron licencias ambientales sin el respaldo debido de estudios de impacto ambiental serio, ha llevado a polarizar a los involucrados, mientras el gobierno guarda el más absoluto silencio y los medios de comunicación denigran y tratan de deslegitimar el trabajo de los activistas de derechos humanos y cooperantes internacionales, como es el caso de Sally O'neil de origen irlandés, quien trabaja con la organización no gubernamental Trocaire; en julio fue acusada por el Diario La Tribuna, propiedad del Presidente de la República, de haber agitado a los manifestantes de Gualaco y de COPÍN, junto a otros líderes sociales entre ellos la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva de Nativí.
La señora O'neil además fue acusada de tener vinculaciones con el ejército republicano Irlandés (IRA) y de evadir a las autoridades del país porque su pasaporte no tiene fecha de entrada. TROCAIRE aclaró que la cooperante se encontraba de vacaciones en su país desde el 07 de julio, once días antes de los hechos. Sin embargo fue objeto de una denuncia criminal en el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, junto a 20 líderes más, incoada por la Secretaría de Seguridad.
Sally O'neil reside en el país desde 1973, está casada con un ciudadano hondureño y desde 1994 coordina para Centro América la Oficina de Trocaire, agencia que después del Huracán Mitch apoyó al país con más de seis millones de dólares en diferentes proyectos de reconstrucción; este hecho ha sido objeto de lectura entre los analistas políticos del país, la cooperación internacional y la sociedad, quienes lo han calificado como un acto intimidatorio para la cooperación internacional; un mensaje para que no apoyen los movimientos que defienden el medio ambiente; advertencia que se extiende hasta la sociedad civil para que no apoye a los pobladores que se enfrentan a grandes estructuras económicas, nacionales o extranjeras que destruyen el medio ambiente.
En la coyuntura actual existen por lo menos cinco conflictos similares en diferentes puntos geográficos del país. En Copán los ciudadanos se han organizado para luchar contra una empresa minera de capital canadiense que de acuerdo con las denuncias de los afectados está contaminando fuentes de agua. Pobladores de Puerto Cortés realizan denuncias del peligro que representa para el Puerto la Compañía AES., de capital estadounidense que generará energía a base de gas licuado. En el Valle de Siria, los municipios de San Ignacio, Cedros y El Porvenir, luchan contra la Empresa Minera Entre Mares, este movimiento respaldado solidariamente por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Y en La Ceiba, activistas ambientales rechazan el Proyecto Hidroeléctrico Cangrejal, porque no cumple los requisitos de la Ley del Ambiente.
Otro caso relacionado con el ambiente es el de la Periodista Dolores Valenzuela de VICA Televisión quien denunció que recibió amenazas a muerte después de que realizó un reportaje sobre la depredación del bosque en La Aldea El Rodeo Grande, jurisdicción de Guaymaca, Olancho. Una compañía de capital EE.UU ha depredado 3,000 hectáreas de bosques. Según denuncia de la Asociación Nacional de Campesinos (ANACH), la compañía tiene el respaldo de la Embajada de los EE.UU en Honduras, y cuenta con un grupo armado para enfrentar a los campesinos que se oponen a la depredación del bosque.
El 16 de agosto la Policía Preventiva lanzó gases lacrimógenos y dispararon sus armas en contra de unos mil garífunas, que se habían tomado un predio de ochenta manzanas de tierra, los garífunas también fueron golpeados y sus improvisadas champas destruidas.
El 27 de junio, más de 300 campesinos, miembros de la coalición INTERFOROS del Aguán, que se habían tomado la carretera que conduce a Trujillo, demandando apoyo para la Reforma Agraria y seguridad ciudadana en la zona, así como el otorgamiento de títulos de propiedad a las 40 empresas asociativas campesinas del Aguán, asentadas en las tierras donde en la década de los ochenta funcionó el Centro Regional de Entrenamiento Militar CREM, fueron desalojados brutalmente por efectivos de la Policía Nacional Preventiva, usando en forma excesiva bombas lacrimógenas y disparando sus armas de reglamento con proyectiles convencionales. Once campesinos resultaron gravemente heridos y dos fueron capturados.
Desaparicion Forzada e Impunidad.
Luego de ocho años de no registrarse un solo caso de desaparición forzada, una persona ha sido denunciada ante el COFADEH como desaparecida; Rigoberto Martínez Lagos de 39 años, sobreviviente de la columna guerrillera de 1983, dirigida por el Médico José María Reyes Mata, desapareció desde el 09 de junio del corriente año cuando salió de su casa en Tegucigalpa, para reunirse con el agente de la Dirección General de Investigación Criminal (D.G.I.C), en El Paraíso, Marvin García, presuntamente para brindarle información sobre un carro robado. Desde ese día se ignora el destino de Martínez Lagos. El COFADEH interpuso un recurso de Habeas Corpus, una denuncia criminal e inició un proceso de investigación sin resultado. Al cierre de este informe la víctima continúa desaparecida.
En los casos de las desapariciones de los años ochenta, los familiares de las víctimas llevan veinte años luchando por saber el destino final de sus parientes, el enjuiciamiento y sanción para los responsables; sin embargo los logros son mínimos en relación a la magnitud de los hechos y el porcentaje de casos que permanecen en el olvido.
Caso Madisson:
Hans Albert Madisson, desapareció el 08 de julio de 1982, cuando efectivos del 3-16 allanaron la vivienda del periodista Oscar Reyes Bacca en la colonia Florencia Sur de Tegucigalpa. Billy Joya Améndola es uno de los acusados por este caso en el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, luego de que sus restos fueron exhumados en el sitio conocido como La Pirámide. El pasado 16 de mayo la Corte Suprema de Justicia confirmó la resolución del Juzgado de Primera Instancia, que dejó en libertad a Billy Joya por falta de méritos, la defensa del ex miembro del 3-16 argumenta que los retos exhumados no pertenecen a Madisson, basándose en el dictámen antropològico forense que solo confirma el 99 por ciento de probabilidades.
El COFADEH considera que el Juzgado ha actuado con negligencia inexcusable en su resolución, porque no agilizó el traslado de los resultados de la prueba de A.D.N. mitocondrial que se analizaron en la República de Chipre, desde 1999, en la que confirma la identidad de la víctima
Caso Seis Estudiantes:
El 26 de abril de 1982 tres parejas de hermanos fueron detenidos y desaparecidos temporalmente por elementos del Batallón de Inteligencia 3-16, en un operativo combinado con las Fuerzas Antisubversivas de la Policía. El Coronel Alexander Hernández Santos ha sido acusado por este caso y permanece en prisión desde el mes de diciembre del 2000, después de seis años prófugo.
El 5 de septiembre del corriente año la Corte de Apelaciones dejó firme la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que reformó el auto de prisión a únicamente el delito de detención ilegal, no obstante que el Oficial había sido acusado además de detención ilegal por asesinato en su grado de tentativa.
La nueva tipificación le permite al encausado recuperar la libertad bajo fianza; pero el Coronel continuá en prisión por que enfrenta acusaciones por los Casos MACKEY - CARIAS y AVILES FUNEZ - ESPINOZA PAZ. Entre tanto la Jueza Elvira Meza Fiallos aplicó el auto acordado de 1996 al Teniente Coronel Juan Blas Salazar Meza y le remitió al Primer Batallón de Infanteria, tambien acusado por el caso seis estudiantes.
Caso Roger Gonzáles Zelaya:
Roger Samuel González Zelaya, desapareció el 19 de abril de 1988, por su caso fueron acusados altos Oficiales de las Fuerzas Armadas, sin embargo el caso no ha tenido ningún movimiento después de que el Juzgado Primero de Letras de lo Criminal dejó en libertad bajo fianza al Agente Carlos Roberto Velásquez Ilovares en 1999. Al cierre de este informe el Tribunal giró una segunda comunicación al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que remita al Tribunal la hoja de vida de los encausados.
Exhumaciones en Cementerios Clandestinos.
El pasado 27 de agosto, la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos del Ministerio Público, con el apoyo de Antropólogos Forenses guatemaltecos y Médicos Forenses del Ministerio Público iniciaron un proceso de exhumación en la antigua base militar del Aguacate en Catacamas, Olancho; los especialistas recuperaron 28 osamentas.
Aunque aún no se tiene el informe oficial de los expertos, ha trascendido que en la inhumación prevaleció un patrón funerario, los restos fueron sepultados con mucho respeto respondiendo a una cultura, los restos exhumados mostraban evidencias de haber estado hospitalizados previo a la muerte. Esta conclusión descarta cualquier posibilidad para los familiares de los desaparecidos de encontrar en esta base los restos de algunos de sus parientes.
La base del Aguacate fue utilizada en la década de los ochentas, para entrenamiento y apoyo logístico de la contrarevolución nicaraguense; la vieja base fue alquilada por el Ejército de Honduras a la CÍA en 1983. Los Estados Unidos instalaron también un hospital y rehabilitaron la pista de aterrizaje; pero la base también se utilizó para torturar e interrogar presos políticos y fue el principal centro de apoyo durante la Operación Patuca en la cual fue exterminada la columna guerrillera que ingresó al país con más de 90 hombres comandada por el Médico José María Reyes Mata.
De acuerdo con el testimonio de sobrevivientes, a los guerrilleros detenidos se les trasladó de las montañas a las instalaciones de la base en donde fueron sometidos a crueles torturas e intenso interrogatorio.
Entre las víctimas recluidas en esta base se menciona al Padre Guadalupe Carney y a José María Reyes Mata. Pero con los resultados obtenidos en el proceso de exhumación se descarta encontrar -al menos en este sitio- los restos de ambos y los de 16 personas más. Se presume que las osamentas corresponden a combatientes de la contra que recibían tratamiento médico en el hospital.
Administración de Justicia.
El proceso de administración de justicia continúa adoleciendo de los mismos problemas: lentitud y retardo injustificado, tráfico de influencia y corrupción, lo que termina convirtiéndose en impunidad para los responsables y denegación de justicia para las víctimas. Los escandalosos niveles de impunidad amenaza con dejar en impunes numerosos crímenes y se está convirtiendo en una situación que impacta en la vida de las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos y en la sociedad en general.
Si bien es cierto que es necesario observar el debido proceso, también es cierto que las autoridades judiciales deben hacer cuanto este a su alcance para garantizar que los procedimientos judiciales continúan y que se desarrollan con la mayor agilidad posible; no podemos asegurar que en Honduras esto último es garantizado, todos los casos con visos políticas sufren retardo de justicia y cuando comienzan a tener progreso los Abogados, los Fiscales y testigos son amenazados.
Este extremo se observa en el juicio por el asesinato de Carlos Antonio Luna López, activista ambiental asesinado el 18 de mayo de 1998 en Catacamas. El caso permanecía inactivo a pesar de las declaraciones del único detenido Oscar Rodríguez que involucra a Jorge Adolfo Chávez Hernández, yerno del Presidente del Poder Legislativo Rafael Pineda Ponce.
En abril, el COFADEH, los familiares de la víctima y el Abogado acusador, solicitaron al Fiscal General de la República nombrar un Fiscal Adhoc para este caso. La Fiscalía nombró al Licenciado Omar Menjivar, quien promovió nuevas diligencias: entre ellas solicitó orden de captura contra Chávez; pero pocas semanas después el Fiscal denunció estar siendo amenazado de muerte; similar denuncia realizó el Abogado acusador Marcos Ramiro Lobo, quien aseguró que hombres desconocidos vigilaban constantemente la casa de su familia.
El implicado se presentó al Juzgado el 5 de mayo del 2001, fue indagado por el Juez Julio Adán Posadas, quien tres horas más tarde le hizo entrega de su carta de libertad a pesar de los elementos probatorios que obran en el expediente. La parte acusadora interpuso un recurso de apelación ante la Corte Tercera de Apelaciones, el 9 de agosto la Corte revocó la carta de libertad por considerar que existen suficientes indicios en contra del acusado, sin embargo el Juez de Instrucción Posadas es de la opinión que la Corte se equivocó.
Otro ejemplo de retardo injustificado y decisión negligente lo constituye el caso de Omar Madrid Reyes, víctima de tentativa de asesinato y detención ilegal. El 26 de enero de 1998 cuando un comando del cuerpo elite de la Policía "Los COBRAS" disolvieron una manifestación en Tegucigalpa, Madrid Reyes sufrió graves lesiones por lo que fue intervenido quirúrgicamente de emergencia. El Juez de Instrucción ignoró dos dictámenes médicos sobre la gravedad de las lesiones y les otorgó a los Oficiales implicados libertad bajo fianza.
Asimismo muchos Abogados han denunciado que el recurso de amparo en materia penal está siendo utilizado para retrasar la aplicación de justicia y no para amparar a las víctimas.
Al cierre de este informe dos hechos nuevos se han producido: la cuestionada Jueza Rita Ondina Núñez, Rectora del Juzgado Primero de Letras de lo Criminal ha retornado a esa importante judicatura después de permanecer ausente por un año. La Jueza Núñez ha sido denunciada reiteradamente por escándalos de corrupción, tráfico de influencia y coacción a los Jueces Supernumerarios para que fallen conforme a intereses particulares y no conforme a derecho.
La Jueza Ana Pineda que sustituyó a Núñez durante ese año logró elevar el perfil del cuestionado Tribunal, hoy asume su puesto de Supernumeraria y deja un vacío preocupante. Muchos sectores de la población consideraron inmoral el retorno de la Jueza Núñez a tan importante Tribunal, ya que durante su administración era usual el extravío de pruebas y expedientes así como el retardo injustificado de resoluciones en casos altamente sensitivos.
El segundo hecho lo constituye el retraso que sufre la aprobación de la Ley de la Junta Nominadora para nombrar los 15 Magistrados como lo establece las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, aprobadas en diciembre del año 2000. De acuerdo con la Ley, la Junta Nominadora deberá estar nombrada e instalada el 31 de octubre del corriente año. La coalición para el fortalecimiento de la justicia y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma han urgido al Congreso aprobar la Ley.
Los Defensores de Derechos Humanos.
Conforme se agudiza la crisis de la inseguridad pública y el descontento social, el trabajo de los defensores de derechos humanos es mas que urgente, pero al mismo tiempo se dificulta por la falta de garantías para el ejercicio del mismo.
Las amenazas, el hostigamiento, los procesos judiciales, vigilancia, intervención de líneas telefónicas, son algunas de las acciones para acosar a quienes activan e investigan las violaciones a los derechos humanos del presente y del pasado. En los últimos años la práctica se ha extendido hasta los activistas ecológicos; en los últimos cinco años, cuatro personas han muerto asesinadas y un promedio de 14 han sido amenazados a muerte o sufrido atentados.
La preocupación actual en relación a la situación de los defensores de derechos humanos, son los abusos del gobierno que utiliza el estado de derecho para intimidarlos, incluso hace uso del sistema de administración de justicia para neutralizar sus denuncias; tambien ha recurrido a la censura en los medios de comunicación y a la denigración para deslegitimar sus actuaciones en defensa de las víctimas.
La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva de Nativí, ha sido acusada por dos veces de cargos falsos debido a su trabajo y las denucias que formula a favor de los ofendidos. El 19 de julio de este año fue denunciada por la Secretaría de Seguridad, de los siguientes delitos: "lesiones, desacato, desobediencia, atentado y delitos cometidos por particulares excediéndose en el ejercicio de los derechos que le garantiza la constitución".
La intimidación judicial se basa en los hechos ocurridos el 18 de julio, cuando la policía preventiva desalojó violentamente de los bajos del Congreso Nacional a los pobladores del Municipio de Gualaco e indígenas del COPIN, que se manifestaban exigiendo la derogación de los decretos que autorizan a la Empresa ENERGISA para que instale una represa hidroeléctrica en una zona protegida. La Coordinadora del COFADEH se hizo presente al lugar del incidente para recabar información y proceder a realizar acciones a favor de los pobladores e indígenas, entre los que se encontraban heridos, detenidos y golpeados; una de las primeras diligencias era evacuar a los menores en peligro, conformar una comisión para lograr la liberación de las personas detenidas, solicitar la devolución de los víveres que les habían sido decomisados, gestionar atención médica emergente para los heridos y la respectiva evaluación forense.
A pesar de que esta actividad le constaba al Ministro de Seguridad, debido a que la Señora Nativí se comunicó con él para exigir la libertad de los detenidos, fue acusada pública y criminalmente de los hechos supra descritos. La prensa oficialista la acusó de azuzar a los manifestantes y luego esconderse; un suplemento propiedad de dos periodistas cuestionados y cuyos anunciantes mayoritarios son instituciones del Estado, afirmó que la Coordinadora del COFADEH, junto a dos dirigentes más ponía en peligro los derechos de los niños de Gualaco, "para obtener beneficios. Para satisfacer intereses personales o de grupo. Para poner en peligro los derechos de los niños. Para hacer perder el año lectivo a 63 escolares que trajeron a Tegucigalpa como escudos para protestar en los bajos del Congreso. Ustedes creen que si Bertha Oliva, Andrés Pavón y el Doctor Almendárez tuvieran hijos en Gualaco los hubiesen traído a la capital a exponerles a los problemas de salud y lo que es peor hacerles perder el año lectivo?" La participación de nuestra Coordinadora nunca estuvo reñida con actitudes contrarias al rol que garantiza la Constitución de la República, la Declaración de Defensores de Derechos Hdumanos de la ONU de 1998 y la resolución de la OEA de 1999.
En mayo también fue cuestionada por un dueño de medios de comunicación, quien llegó a afirmar que sus aseveraciones lindaban con el delito, a raíz de la campaña por la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo independiente que el COFADEH desarrolla desde que asumió el poder el actual Presidente Carlos Roberto Flores, período en el que se ha marcado un estricto control sobre la prensa, limitaciones graves a las diferentes opiniones e intensificada en el mes de abril, como consecuencia de una serie de despidos que se produjeron en represalias por la publicación del informe de la OEA, sobre la libertad de expresión en Honduras.
Otro hecho preocupante para garantizar la defensa de los derechos humanos son las amenazas que los activistas del Valle de Aguán están sufriendo; el sacerdote Jesuita Pedro Marchetti quien además de ser amenazado de muerte, ha sido acusado en el juzgado seccional de Trujillo, por el delito de usurpación de tierras. El Padre Marchetti apoyó a los garifunas en la recuperación de las tierras que el Estado otorgó a esa comunidad en 1902, y que la familia Castillo argumenta le pertenecen.
El Padre también ha estado apoyando el proceso investigativo sobre el asesinato del activista ecológico Carlos Escaleras, acribillado por desconocidos en 1997, cuya muerte se le atribuye responsabilidad intelectual al poderoso empresario Miguel Facussé Barjum, tío del actual Presidente de la República.
Santos Figueroa, viejo activista por los Derechos Humanos en Tocoa, también ha sido hostigado y amenazado a muerte; Figueroa ha estado a cargo de la investigación de los asesinatos de Medardo Varela, activista pro defensa de los derechos de los trabajadores bananeros afectados por el Nemagón y el asesinato de Carlos Escaleras, también apoyó a los campesinos del sector de Silin que reclaman las tierras donde operó en la década de los ochenta el Centro Regional de Entrenamiento Militar CREM.
Tegucigalpa, Enero a Agosto de 2001
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