 | Este documento ha sido publicado el 21nov04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
EQUIPO NIZKOR |
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05nov04
La Justicia produce reconciliación y tolerancia.
Este primer viernes de Noviembre es para el COFADEH un día importante: de reparación moral y de victoria cívica.
Anoche el Presidente Ricardo Maduro, en representación del Estado, pidió perdón a dos familias sometidas al dolor y a la indefensión judicial, en 1992 y 1995.
Lo hizo en cumplimiento de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, en el caso de Juan Humberto Sánchez, asesinado en julio de 1992.
También lo hizo acatando la solución amistosa convenida con la familia de Dixie Urbina, el Cofadeh y Cejil en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, en Abril del 2004.
En ambos casos, la sentencia condenatoria y la solución amistosa, obligan al Estado a pedir perdón, a investigar totalmente los hechos, a castigar a los responsables (soldados del ejército y agentes de la policía), a reparar económica y moralmente a las familias afectadas y a difundir las resoluciones finales de la Corte y la Comisión.
De este modo, lentamente, el Estado de Honduras va cumpliendo con la enorme mora de impunidad que arrastra desde 1979, con más de 200 casos de desapariciones forzadas y asesinatos cometidos por funcionarios o agentes investidos de autoridad.
Anoche el Presidente Maduro reconoció la responsabilidad del Estado en dos casos específicos, cometidos durante el gobierno de Rafael Callejas y de Carlos Roberto Reina, y pidió nuestra contribución a la tolerancia y la reconciliación en el país.
Se mostró sinceramente respetuoso ante el dolor de doña María Dominga Sánchez, madre de Juan Humberto y don Miguel Urbina, padre de Dixie.
Nosotros le enfatizamos que la clave es la justicia, sin investigación de los hechos y sin castigo penal a los responsables de cometer las violaciones, no habrá reparación moral que produzca paz y reconciliación en Honduras.
Ministerio Público.
Es fundamental para la solución de la crisis provocada por los corruptos en el Ministerio Público que, además de destituir a los señores Ovidio Navarro y Jaime Banegas, se apliquen las sanciones penales por los ilícitos en que ambos han incurrido por delegación de los primeros.
Exigimos el cese de la persecución visual y electrónica de los fiscales por parte del Centro de Informaciones Conjuntas (CEINCO) controlado por personal de inteligencia, así como el fin de las amenazas a muerte contra quienes ejercen la acción penal pública contra sus propios jefes.
Ante el peligro evidente, esta misma mañana hemos acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares a favor de los fiscales Julio Núñez y Milson Salgado, y lo haremos a favor de todos los que sea necesario proteger.
Rechazamos la verborrea atorrante y cuartelaria de ese hombre que carece de la estampa de Fiscal General y que exhibe su miedo al verse solo y abandonado por quienes lo sentaron en una silla en la que no cabe.
Pedimos al poder judicial que resuelva los requerimientos fiscales contra el dúo Navarro-Banegas, y al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo que tomen en serio la Democracia y el Estado de Derecho.
La sociedad organizada de Honduras sí será capaz de lanzarse contra la ilegitimidad de los partidos que encubren y protegen a los corruptos, y contra las autoridades que incumplen la ley.
La acumulación de indignación es cada vez una represa que cubrirá a todas las partes.
De los hechos, los hechores, ¡ni olvido ni perdón!.
Tegucigalpa, MDC., 5 de Noviembre de 2004
COFADEH
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