26jun03

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Sutil campaña de amenazas pone en riesgo la seguridad de defensores de derechos humanos en Honduras.

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En Honduras se pretende silenciar a quienes hacen de su voz una barrera permanente de lucha contra la impunidad, para lograr su cometido utilizan con diligencia asombrosa las instituciones del Sistema Operador de Justicia, cuando la atención publica gira alrededor de intereses de los impunes la justicia mueve los tentáculos como un peligroso pulpo que se aproxima buscando devorar a los más débiles o a quienes por su condición no pueden o no saben defenderse.

En el vértice de esta estrategia para silenciar a quienes aún se atreven a elevar su voz, primero acusaron por desacato a 16 abogados, bajo el argumento que habían ofendido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al solicitar su destitución, para tal efecto hicieron uso de las libertades civiles que ya la Constitución de la República les garantiza, Honduras reconoce el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de petición, al debido proceso, y sobre todo reconoce que en caso de conflicto de una ley interna con un tratado o convención prevalece lo segundo. No obstante están siendo juzgado por desacato, pese a que vía Opinión Consultiva la Corte Interamericana definiera la condición de conflicto de esta figura jurídica con la Convención Americana de Derechos Humanos, se les esta juzgando bajo una figura que ya no forma parte del derecho positivo.

En el marco de esta complicidad, funcionarios del Ministerio Publico han manifestado, ante la amenaza de acudir al Sistema Interamericano, que se debe agotar los recursos internos por parte de los imputados, tal posición no es más que circo cuando la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, prejuzgo el nivel de imputación de los afectados.

En otra parte a raíz de las constantes denuncias al Poder Judicial, encadena de radio y TV, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia anuncia que este Poder del Estado no tolerara ofensas; la reacción de La Corte se da en el marco de las frecuentes denuncias de corrupción en el Poder Judicial y sobre todo de una confrontación con el Legislativo a fin de calificar quien tiene la responsabilidad de interpretar La Constitución de la República.

El anuncio de amenazas que hace La Corte Suprema de Justicia empata en el marco de una coyuntura donde sectores de Sociedad Civil respaldan la tendencia que a la Corte le compete interpretación constitucional, ante la laguna legal que actualmente tiene el Estado de Honduras para este efecto; es nuestra opinión que La Corte pretende aprovechar este respaldo para flotar en el océano de críticas de corrupción que parecen desencantar a una Sociedad Civil que lucho día y noche para la reforma del procedimiento de elección de los magistrados.

El turno toca ahora al Cardenal Óscar Andrés Rodríguez a quien llaman a comparecer ante el Ministerio Publico por preguntas que se formulara el prelado en torno a una supuesta componenda política para otorgar cartas de libertad a políticos supuestamente vinculados en corrupción y asesinato; el caso del Cardenal es preocupante, pues puede desencadenar en persecución sostenida, como política de Estado, para silenciar la crítica ante la creciente impunidad que abate a la sociedad hondureña en campos como: corrupción, homicidios, amenazas, violencia, complicidad policial en el crimen etc. En el actual contexto lo que se esta haciendo al Señor Cardenal debe preocupar a todos los sectores de la sociedad hondureña e internacional, pues pretende demostrar que si es posible hacerlo con el Cardenal por que no deberá hacerse con los que no tienen investidura clerical, de la posición que adopte el Cardenal en el seno de la anunciada audiencia podemos definir si esto es otro escándalo o responde a otra táctica de la estrategia subterránea para silenciar.

Antes el Presidente del CODEH, Andrés Pavón, le tocó escuchar a la honorable, en el marco de discusión del informe de la Masacre del Porvenir en la que murieron 68 personas, que el poder judicial no tolerara actos en los que se ponga en juego la credibilidad de los funcionarios e instituciones del Estado, en un mensaje claro frente a los que se atreven a denunciar la bochornosa y nefasta actitud de proteger, no los intereses del Estado sino de quienes gobiernan, creando las lagunas de impunidad que hacen perder la confianza en la institucionalidad.

Las amenazas del Padre Andrés Tamaño no son aisladas están articuladas a esta campaña de amenazas sistemáticas; al grado que el Presidente ordenó se le asignaran varios agentes de policía para protegerlo, lo que tiene un mensaje: las amenazas son tan serias que ya no respetan a un Ministro de Dios.

Hay que sumar las denuncias del Consejo de Organizaciones Indígenas de Honduras (COPINH), las que destacan persecución y complicidad de fiscales del Ministerio Público y policías en detenciones y torturas a miembros de la organización.

Cabe destacar que en este periodo de gobierno dos oficinas de organismos de derechos humanos han sido allanadas; la primera fue la del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) en Semana Santa del año 2002 y luego las oficinas del Centro Para la Prevención de la Tortura (CPTR), en los dos casos violentaron archivos y se llevaron equipo. Cabe destacar que la coyuntura en los dos casos es parecida ya que empatan en una sacudida de denuncias sobre participación de agentes de policía en las muertes extrajudiciales.

En estos últimos días hemos sido sacudidos por denuncias del Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad Lic. Óscar Álvarez, manifestando que existe una conspiración para asesinarlo, conspiración que también esta diseñada a sectores de la oposición y empresarios. Para reducir el efecto de estas amenazas se diseña una estrategia de protección denominada: "Jaula" ; lo anterior genera reacciones de diferentes sectores de la sociedad que no aceptan una protección selectiva, manifiestan que la estrategia deberá cubrir a todos los sectores de la sociedad ya que en Honduras todos somos, supuestamente, iguales ante la ley; reacción que demuestra el nivel de inseguridad sentida por toda la sociedad.

A esto se suma que en declaraciones publicas el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos expreso que en su caso ha sido objeto de tres atentados, no quedando claro que si en su historia como defensor de los derechos humanos o como Comisionado en el actual gobierno.

Lo anterior apunta al incremento de la violencia bajo estrategias que permitan la sostenibilidad de la misma, habría que preguntarse ¿a beneficio de quien?: de lo que se ha dado en denominar crimen organizado, políticos, empresarios, madereros, impunes, policías corruptos, trafico de armas etc.

Mientras esto sucede contamos con más de un millón de armas ilegales circulando en el país, una ley de armas que permite a un ciudadano registrar cinco pistolas hasta declararse coleccionista sin establecer el limite, pobreza galopante, alta taza de desempleo, creciente criminalización de la pobreza y sobre todo una declaración de guerra anunciada por el ejecutivo a un enemigo oculto que aún la sociedad hondureña no ha logrado identificar.

Tegucigalpa, 26 de junio de 2003.
Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH)

Este documento ha sido publicado el 27jun03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights