 | Este documento ha sido publicado el 25nov05 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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18nov05
CODEH presenta una denuncia por violación de los deberes de los funcionarios públicos.
El día de hoy, 18 de noviembre de 2005, el Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Andrés Pavón Murillo, se presentó ante las oficinas del Ministerio Publico, a interponer denuncia por Violación de los Deberes de los Funcionarios Publicos, la denuncia se fundamenta en el Hecho concreto siguiente:- atribuible a funcionarios del Ministerio Publico, por dejar de hacer cumplir la ley, contemplados en los artículos 60 (igualdad de derechos ante la ley, en Honduras no hay clases privilegiadas) 62 (limitación de derechos por la seguridad de todos) de La Constitución de la Republica; 349 inc. 3 del Código Penal (omita rehúse retarde un ato que deba ejecutar) y 24 (sin discriminación, a igual protección de la ley); todo lo anterior en relación con el articulo 1 (obligación de respetar los derechos) de La Convención Americana de Derechos Humanos.
El hecho concreto denunciado se refiere a: El 23 de diciembre de 2004 fueron asesinadas 27 personas en el sector de Chamelecon, San Pedro Sula departamento de Cortés, todas las victimas se conducían en un bus urbano, algunos venían de sus trabajos y otros quizá de hacer compras u algunas otras diligencias personales; el imaginario colectivo aun percibe con preocupación, que pese a la frialdad con que actuaron los actores de este asesinato aun se encuentra en la impunidad, que el Estado de Honduras aún reconociendo que un alto porcentaje de la población observa con reserva que no se haya nombrado una unidad especial dedicada las veinticuatro horas del día para encontrar la responsabilidad material e intelectual de los actores, ha dedicado recursos para apoyar la investigación de otros casos en los que es evidente que el fondo es la búsqueda de protagonismo publico.
Sobre este horrendo crimen no había testigos públicos, hasta que el día miércoles 26 de octubre el Señor Mel Zelaya Rosales, por cierto, precandidato a la Presidencia de la Republica por el Parido Liberal, durante la presentación de su plan de gobierno ante miembros del Club Rotario, según el Señor Rosales la masacre de Chamalecon la realizo el narcotráfico con apoyo de la policía . Las pruebas que supuestamente tiene el Señor Rosales, subsumen que en Honduras se ha cometido un delito de lesa humanidad que de no ser atendido por el Estado en la jurisdicción interna, deberá ser conocido por la Corte Penal Internacional, según Estatuto de Roma, y de no ser ciertos los extremos apuntados por el Señor Rosales este estaría incurriendo en una de las ofensas más graves que podría registrar la historia de una campaña política al jugar con el dolor de las victimas y de todos y todas que tienen fe en la lucha contra la impunidad.
En la denuncia el Presidente del CODEH le dice al Señor Fiscal General de la Republica que con fecha del 28 de octubre del año en curso trascendió, por los medios de comunicación, que la fiscalia no seguirá el juego político y que esta fiscalia llamara a declarar al Señor Rosales y le exigirán pruebas, pero hasta después que terminen las elecciones . Según la denuncia es esta la razón que llevado al CODEH hasta las oficinas del Ministerio Público y a la vez se le presenta documentos que permite subsumir esta responsabilidad, CODEH cree firmemente que la posteridad juzgara a aquellos que tienen la obligación de hacer y no hacen a favor de la vida, que pasará mañana si el Señor Rosales llegara a ser Presidente de la Republica?, podrá ese Ministerio exigirle las pruebas? y proceder en contra de los responsables de este crimen elevado a la dimensión de lesa humanidad por el Señor Rosales?.
El Presidente del CODEH manifiesta en su petición que tiene la plena convicción que le asiste el derecho de petición en el artículo 80, y que se dirige a esas oficinas con fundamento en los artículos 60 y 62 de La Constitución de la Republica; 24 y 1 de La Convención Americana de Derechos Humanos y demás del Ministerio Publico, para que se proceda, de inmediato, a presentar, ante el tribunal que conoce la causa, al testigo Manuel Rosales, actual candidato a la Presidencia de la Republica por el Partido Liberal a fin que aporte las Pruebas pertinentes y se proceda a deducir responsabilidad, de ese horrendo crimen, a quien corresponda e igual a los fiscales que han antepuesto su deber a factores externos a su obligación y que esta acción es un medio para agotar la jurisdicción interna quedando enseguida la acción ante los tribunales de la republica denunciado la falta de cumplimiento de su obligación.
Tegucigalpa D. C 18 de noviembre de 2005
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