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sep90

Boletín del Centro de Documentación de Honduras nº 113

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CONTENIDO


EN ESTE MES...

Septiembre ha sido un mes positivo para el balance anual del gobierno que preside Rafael Leonardo Callejas. Aunque su política de ajuste económico sigue enfrentando la oposición y el descontento internos, a nivel exterior los organismos financieros internacionales y los países acreedores se han mostrado más flexibles y dispuestos a echarle una mano al atribulado gabinete económico callejista.

El 14 de septiembre, reunidos con una docena de acreedores en el Club de París, los negociadores hondureños encabezados por el Ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, lograron renegociar buena parte (976 millones de US$) de la deuda externa hondureña, ampliando los plazos para pagar la misma y evitando un desembolso de casi 170 millones de US$ que por concepto de servicio de esa deuda Honduras debía pagar el próximo año.

Casi al mismo tiempo, el día 17, el Banco Mundial autorizó un crédito a favor de Honduras por valor de 90 millones de dólares, mismos que servirán para pagar el "préstamo - puente" recibido recientemente y gracias al cual Honduras pudo pagar los atrasos de su deuda con los organismos financieros internacionales y recuperar su condición de elegible para nuevos préstamos. Este préstamo, que será entregado en tres etapas hasta diciembre de 1991, servirá también para financiar el Plan de Ajuste Económico (PAE) del gobierno callejista.

El día 18 el presidente Callejas llegó a España en busca de más ayuda económica y nuevos créditos para la economía hondureña. Como resultado de este viaje, que es el primero que Callejas realiza a Europa en su condición presidencial, España concederá de inmediato préstamos y ayudas por valor de 54 millones de dólares con posibilidades de ampliar el programa de cooperación hasta la suma de 200 millones de dólares en los próximos tres años.

El día 26, prosiguiendo con sus visitas internacionales, Callejas arribó a Washington para solicitar ante la Administración Bush ayuda económica y militar por valor de 172.8 millones de dólares, misma que se desglosa de la siguiente manera: 80 millones para balanza de pagos, 38 millones para programas de desarrollo, 14.8 millones para ayuda alimentaria y 41 millones para ayuda militar. Al mismo tiempo, Callejas suscribió el Tratado de Intercambio de Información Tributaria con el gobierno norteamericano, mediante el cual ambos países se proponen combatir el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, controlar a los evasores de impuestos y evitar la fuga masiva de capitales. Durante su estancia en los Estados Unidos, el presidente hondureño participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

También en este mes, los diputados del Congreso Nacional aprobaron el día 18 la Ley de repatriación de capitales, un instrumento jurídico diseñado por el equipo callejista para obligar a los grandes exportadores a traer las divisas que ilegalmente retienen en los bancos extranjeros. La ley impone penas elevadas a los infractores y reduce los privilegios de un pequeño grupo de hondureños y extranjeros que resultaron ser los más beneficiados con las medidas económicas, especialmente la devaluación y el cambio monetario en el sistema interbancario, producto del Plan de Ajuste Económico (PAE).

Y, para concluir, en este mes se produjo la presentación oficial ante el Congreso Nacional del nuevo presupuesto gubernamental para el año 1991. Los diputados deberán discutirlo y aprobarlo en las próximas sesiones del poder legislativo. El proyecto callejista de presupuesto es menor en 110.9 millones de lempiras (3.2 %) con relación al presupuesto actualmente vigente. Aunque se producen algunas importantes disminuciones que afectarán a las obras públicas, la salud, recursos naturales y otras dependencias, la cuota asignada públicamente a los militares (247.5 millones de lempiras) se mantiene intacta y no sufre ningún recorte.

Como puede verse a la luz de este breve recuento de "éxitos" callejistas, las cosas no han ido tan mal para el gobernante y su equipo en el mes de septiembre. No se puede decir lo mismo con respecto a sus gobernados que han debido soportar el continuo ascenso de la espiral inflacionaria, el incremento del desempleo y un alarmante deterioro en sus niveles de vida.


DERECHOS HUMANOS

CORTE SUPREMA TOLERA VIOLACIONES AL HABEAS CORPUS

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Leo Valladares, aseguró que una investigación realizada por el Colegio de Abogados de Honduras, demuestra que la Corte Suprema de Justicia y los jueces ejecutores, durante 1987-1989, no actuaron con diligencia al desconocer la garantía procesal del Habeas Corpus o Recurso de Exhibición personal. (EH/01/09/90)

NO MAS TORTURAS EN LA DNI

El Coronel Noé Flores, al asumir la jefatura de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), aseguró que esa institución no seguirá trabajando con métodos arcaicos como "la tortura", a la vez que se pronunció a favor de la creación de la Policía Técnica Judicial. (T/11/09/90)

SE VENDEN NIÑOS: 6.000 DOLARES

La presidenta de la Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS), Norma Regina de Callejas, reveló que un grupo de abogados estaría traficando con adopción de niños hacia el exterior por los que - según las informaciones - estarían cobrando seis mil dólares por cada uno. "Aparentemente este es un negocio redondo. La adopción se ha comercializado y desnaturalizado", comentó la primera dama de la nación. (LP/12/09/90)

COFADEH EXIGE AL GOBIERNO INVESTIGAR DESAPARICIONES

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en una marcha de protesta realizada frente a la Casa Presidencial exigió al mandatario Rafael Leonardo Callejas que integre una comisión para el esclarecimiento de las desapariciones. El COFADEH exige que la comisión de investigación no esté integrada por miembros del ejército "ya que no se investigarán a si mismos, y ellos son los responsables". (T/13/09/90)

SALUD: 30 NIÑOS TIENEN SIDA

El último informe estatal señala que 30 niños tienen el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), de 838 personas que padecen la mortal enfermedad. De este total el 34% está muerto, el 27% viven, mientras se ignora el paradero de 226 contagiados que se encuentran fuera del control de las autoridades sanitarias. (LP/12/09/90)


RELACIONES HONDURAS - ESTADOS UNIDOS

JULIO - SEPTIEMBRE 1990

LLEGADAS/SALIDAS OBJETIVO / FECHA / FUENTE
Coronel John R. Walsh Asumir la comandancia de las tropas estadounidenses acantonadas en Honduras. (T/12/VII/90)
Thomas Pickering, Embajador de EEUU ante la ONU Reunirse con el presidente de Honduras. Oficialmente, realiza una gira por la región para hablar sobre la próxima Asamblea General de la ONU. (T/27/V1I/90)
Larry Burts, senador del Estado de Indiana; Edwin Simcox, presidente de la Compañía Eléctrica de Indiana. Realizar intercambio comercial y cultural con Honduras. (T/17/VIII/90)
Oswaldo Ramos Soto, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Viaja a Washington para participar en una reunión cumbre de Jueces de los más altos tribunales de Justicia de varios países. (LT/07/1X/90)
Rafael L. Callejas, Presidente de Honduras Viajó a Nueva Orleans para recibir homenaje del Alcalde de esa ciudad y promover el incremento de Jas inversiones de EEUU en Honduras. (LT/08/1X/90)
Luigi Eunaudi, representante permanente de EEUU ante la OEA. Se entrevistó con empresarios de la zona norte del país para conocer el índice de inversión existente y conocer el proceso de paz en Centroamérica. (EH/15/IX/90)
Rafael L. Callejas, Presidente de Honduras Viaja a Washington para reunirse con funcionarios gubernamentales y replantear el trato económico de EEUU hacia Honduras. También viajo para firmar el Convenio de Intercambio de Información Tributaria. (Resumen de Prensa)

TIMADORES DEL FISCO PODRÍAN IR A LA CÁRCEL

Varios empresarios vinculados a los delitos de defraudación fiscal, subvaluación de productos exportados o sobrevaloración de artículos importados y no repatriación de divisas por productos generados en el país, podrían ir a prisión, al contarse con un convenio de intercambio de información tributaria con Estados Unidos. Se espera que el convenio sea firmado en Washington por el presidente Rafael Leonardo Callejas, a fines de este mes. (EH/07/09/90)

DIARIAMENTE UNOS 300 HONDUREÑOS BUSCAN VISA PARA EEUU

El cónsul de Estados Unidos en Honduras, Fernando Sánchez, informó que más de 300 hondureños solicitan diariamente visa para viajar a los Estados Unidos, algunos para atender asuntos particulares y otros, en su mayoría, en busca de empleo que no encuentran en este país. Del total de las solicitudes sólo son resueltas favorablemente un 60%. (LP/08/09/90)

HONDUREÑOS DESPLAZADOS RECLAMAN INDEMNIZACIÓN

Una indemnización monetaria para reparar sus hogares destruidos, exigen al gobierno de Estados Unidos varias familias hondureñas que se convirtieron en desplazados de guerra desde 1983, cuando arreciaron los combates entre sandinistas y Contras nicaragüenses en la frontera oriental de éste país. La guerra librada entre nicaragüenses desde territorio hondureño, dejó una secuela de destrucción en la zona desde Trojes a lo largo de los poblados en dirección a la frontera, manifestaron los representantes de los desplazados. (LT/08/09/90)


UN CÓNCLAVE CENTROAMERICANO Y LA REDUCCIÓN DE LOS EJÉRCITOS

EI tema de la reducción de los ejércitos de América Central ha sido abordado por los ministros de Defensa y los vicecancilleres de la región esta semana en la capital salvadoreña, con la observación de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Como preludio de esta reunión, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Arnulfo Cantarero López, viajó por el istmo para cambiar impresiones con sus homólogos, culminando su gira en Managua, capital marginada por la política castrense hondureña durante los últimos diez años, en obediencia a los dictados de Washington en su guerra contra el sandinismo.

En esa oportunidad, sin embargo, el Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras sorprendió a la opinión pública nicaragüense y centroamericana con unas declaraciones a la prensa, según las cuales el ejército de nuestro país jamás consideró al Ejército Popular Sandinista como una amenaza, contradiciendo la tesis oficial sostenida a lo largo de la década.

En cierto modo, estas afirmaciones del jefe castrense hondureño constituyen la aceptación de una realidad, maliciosamente distorsionada en el pasado por motivos de asistencia económica y no por identificaciones ideológicas, que ahora van desapareciendo del activo militar por la decisión de los Estados Unidos de disminuir hasta la supresión ese tipo de ayudas en esta región.

Desaparecidas, o por lo menos minimizadas, las interferencias extranjeras en el tablero militar centroamericano, el estamento castrense regional tiende a unificarse en la defensa de sus propios intereses y en la reproducción de su poderío, a efecto de conservar un rol político en vías de terminación, de cara al nuevo alineamiento de las fuerzas económicas internacionales nada proclives al mantenimiento de militarismo.

Así se sobreponen a sus anteriores prejuicios y simulaciones ideológicas, intentando ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales para su supervivencia de clase, perfectamente diferenciada, como lo es el de decidir por sí mismos el nuevo tamaño de su fuerza tanto en elemento humano como en potencia de fuego, en vez de dejar el acceso a una racionalización del gasto militar a cargo del poder civil.

El problema de la disminución de los ejércitos centroamericanos y del desarme fue uno de los puntos insalvables en las negociaciones del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo, en las primeras etapas de búsqueda de solución a la guerra civil centroamericana. En aquella época, la incidencia de la política norteamericana afianzaba la terquedad militarista y alimentaba el armamentismo.

En el caso de Honduras, el alegato todavía mantenido de tener el ejército más pequeño, como justificación para no disminuirlo, parece ir obteniendo apoyos en los otros ejércitos, con la segunda intención de replantear la vieja tesis estadounidense del equilibrio de fuerzas militares en la región, con una distribución similar de poderío bélico para cada país.

Evidentemente, ninguna de estas posturas es válida para la realidad centroamericana de hoy día. La crisis económica afecta profundamente a todo el istmo, y el gasto militar resulta absurdo y cruel en tales circunstancias, porque es casi totalmente improductivo, políticamente innecesario e injustificable desde el punto muy explotado de la seguridad nacional.

Ciertamente es imposible una guerra entre nuestros países, y los problemas de la seguridad interna precisan de otro tratamiento, en vez del estrictamente militar. Pero, después de todo, la realidad se impone, y los ejércitos centroamericanos podrán sobrevivir, pero adecuándose a nuevas tareas más consecuentes con el interés y las necesidades reales de estos países.

El tamaño de estos ejércitos, por lo tanto, se deberá determinar no por un equilibrio en la capacidad de fuego, sino por la capacidad económica de cada país para sostenerlos sin poner en precario el bienestar de la colectividad.

Editorial tomado de Tiempo 14/IX/90


EL PODER ABSOLUTO Y LA BARBARIE EN LA UNAH

Se considera a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como la máxima casa de la cultura de nuestro país y, en consecuencia, como el semillero del liderazgo de la nación en todos los órdenes.

La UNAH, entonces, debería ser el ejemplo de organización, de excelencia académica, de pluralismo intelectual, de práctica democrática, porque una institución es, a final de cuentas, quienes la integran y actúan en función de sus principios fundamentales.

La universidad, como vanguardia del desarrollo de los países, tiene el principal puesto dentro de las instituciones enculturalizadoras. Bien podría considerarse a un país de acuerdo con el funcionamiento y el producto universitario, y de hecho esto ocurre cuando se trata de establecer el grado de cultura y civilización de una determinada nación.

Pensemos, por lo tanto, en la apreciación de Honduras teniendo como punto de relación nuestra universidad, frente a esos escándalos de violencia y corrupción política escenificados por el Frente Unido Universitario (FUUD), hoy día el movimiento político interno dueño casi absoluto del poder universitario.

Después de muchos años de predominio de los movimientos de izquierda en el tablero universitario, con el Frente Reforma Universitario (FRU) a la cabeza, ascendió al control de la UNAH el FUUD con la bandera de la "Nueva Universidad". El éxito electoral de este frente siempre proclive a la arbitrariedad y la violencia fue posible por el desorden y una ideologización estereotipada del FRU, causante de anarquía, divisionismo y frustración en la universidad.

Sin embargo, el FUUD para llegar al poder fue apoyado en aquel entonces por las Fuerzas Armadas con su jefe, el general Gustavo Álvarez Martínez, dentro de un proyecto de fascistización del país a través de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, muy en boga en el comienzo de la década anterior.

El control cada vez más férreo de la universidad por este movimiento, sin embargo, no condujo ni siquiera al establecimiento del orden, basado en una adecuada organización, sino a la represión interna y el afianzamiento de la injerencia de los organismos de seguridad del Estado al interior del Alma Máter, con graves consecuencias no solamente políticas, sino en lo relacionado con la libertad de cátedra y el pluralismo ideológico.

Estando sin contraparte el FUUD por la atomización del otrora monolítico FRU y por el agotamiento ideológico de las izquierdas universitarias en general, el poder se hizo omnímodo para las derechas nucleadas en el FUUD. Y, como corolario de todo esto, tenemos aquello de la corrupción absoluta cuando se tiene el poder absoluto.

Nos encontramos ahora con una grave situación en la UNAH, provocada por las división del FUUD, en la que hay ingredientes importantes de la lucha candidatural del partido en el poder del Estado, el Nacional.

Desatados los intereses y las pasiones políticas, el FUUD ha reeditado su vieja práctica violenta, pero con mayor salvajismo y procedimientos antidemocráticos, al punto de hacer imposibles no solamente los torneos electorales del propio movimiento sino los generales, haciendo uso del terror.

El uso de armas de fuego, incluyendo medianas como metralletas y ametralladoras 50, han consternado a la nación e introducido el miedo en la comunidad universitaria. Dirigentes merecedores de la expulsión han amenazado al propio rector si las autoridades les decretan este castigo, razón suficiente para hacerlo, por los demás.

En atentados efectuados en San Pedro Sula y en La Ceiba han muerto por lo menos dos universitarios, y esta ola de violencia parece continuar y extenderse, razón por la cual el Consejo Universitario ha prohibido la tenencia de armas de todo tipo en el campus universitario, con la pena de expulsión por diez años para los contraventores.

La barbarie, antes ejercida por los partidos políticos, ahora se desarrolla en los predios universitarios, y esto no debe ser consentido ni disimulado por la sociedad, por cuanto su influencia desmoralizadora y antinacional puede ser capaz de entorpecer el desarrollo democrático de Honduras, en una coyuntura histórica que no debemos desperdiciar.

Editorial tomado de Tiempo 08/IX/90


LA OPINIÓN DEL COHEP

NOTA DE REDACCION

La actual política económica del gobierno ha generado una férrea oposición por parte de los más diversos sectores de la sociedad hondureña. Por diferentes razones y de acuerdo a sus particulares intereses, los grupos y sectores sociales que se oponen a esa política, exponen sus puntos de vista y manifiestan su desacuerdo con la misma. Los empresarios, agrupados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), también cuestionan muchos de los aspectos del proyecto callejista de ajuste estructural de la economía.

A fin de que nuestros lectores conozcan mejor los distintos puntos de vista de los críticos del proyecto, reproducimos en esta edición el texto del más reciente pronunciamiento público del COHEP en torno a las últimas medidas de política económica adoptadas por el gobierno:

La junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en consulta con todas sus organizaciones afiliadas y en relación a las medidas de reciente promulgación, tomadas por el Gobierno, se pronuncia en la forma siguiente:

    1) El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, insiste en que el proceso de concertación social, organizado formalmente y con la auténtica representación de las fuerzas productivas, es la vía que en estos momentos reclama la nación hondureña, para que a través de este instrumento se mantenga una consulta permanente entre gobernantes y gobernados, evitándose el riesgo que conlleva la toma de decisiones sorpresivas, inoportunas o inconvenientes que resultan en perjuicio real de todos los sectores.

    2) El modelo de desarrollo que ha determinado el Gobierno de la República, para alcanzar una economía social de mercado, es vital para el bienestar y superación de todos los hondureños.

En tal propósito, la libre empresa de Honduras lo apoya decididamente, en el entendido que este no debe de experimentar desviaciones de su cuerpo doctrinario básico que lo puedan debilitar en el mejor de los casos o finalmente, hacerlo fracasar.

Por tal razón, las acciones de reducción del tamaño del gobierno, desgravación arancelaria gradual, eliminación de privilegios, cese de la intervención estatal en la actividad privada y fomento de la libertad de empresa, deben constituir directrices permanentes que no deben abandonarse en ningún momento.

El mayor desafío que enfrenta el Gobierno es imponer la honestidad y la eficiencia, contra la corrupción y la improvisación.

    3) En cuanto al establecimiento de un cambio libre para transacciones menores, dentro del sistema financiero nacional, es una medida que apunta hacia un funcionamiento transparente del mercado cambiario. Esta medida debe ser temporal y para que funcione eficientemente, es necesario que se propicie la eliminación del exceso de trámites y requisitos en las operaciones bancarias con divisas.

    4) La actual existencia de tipos de cambio diferenciados penaliza las exportaciones, frente a la divisa generada por otras actividades, por lo cual, a la brevedad posible, deberán tomarse las medidas adecuadas para la unificación y estabilización del precio de la divisa.

    5) El mayor obstáculo para lograr la estabilización cambiaria continúa siendo el problema fiscal y la reducción del ingreso de divisas provenientes de la comunidad internacional.

El Gobierno de la República necesita efectuar los esfuerzos fiscales necesarios, para lograr la reducción gradual del porcentaje de retención de las divisas generadas por los exportadores, que actualmente son transferidas al Banco Central para atender las necesidades del Gobierno. En la medida en que esto se logre, la oferta de divisas se normalizará.

    6) Debe adoptarse un programa concreto, disciplinado y organizado, de reducción del gasto público y del tamaño del Gobierno. Los aumentos de ingresos vía creación de impuestos no bastarán para cubrir el déficit fiscal. En consecuencia, los impuestos selectivos al consumo no constituyen una solución viable.

    7) La situación de los pagos atrasados con depósitos pendientes debe resolverse a corto plazo, para no acrecentar el problema de las importaciones de medicamentos y normalizar el abastecimiento interno.

    8) Este consejo expresa su preocupación por la actividad de algunos funcionarios del Gobierno, pretendiendo responsabilizar del deterioro económico a los empresarios del país, sabiendo que tanto la inflación circunstancial como la escasez de divisas, son resultado de las medidas implantadas y del desorden fiscal.

    9) La transformación del país consumidor a país productor, implica que los productores y exportadores reciban incentivos adecuados y claridad permanente en las reglas del juego. Por otra parte, la industria nacional necesita la organización de un proceso de reconversión que facilite la transición económica, mediante planos de financiamiento adecuados a tal propósito.

    10) Los recursos adicionales que obtendrá COHDEFOR de la comercialización de madera debería servir exclusivamente, para constituir un fondo de protección y conservación del bosque.

    11) Debe continuarse con el proceso de privatización de las empresas del Estado, cuyo estancamiento actual contribuye a la desvalorización de los activos y al deterioro de las oportunidades existentes para su comercialización.

Tegucigalpa, D.C., 12 de septiembre de 1990

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA


VARIOS

EN HONDURAS MUEREN 20 MIL NIÑOS AL AÑO

Según datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Honduras mueren unos 20 mil niños cada año. El 60% de éstos por desnutrición, el 37% por diarreas y el resto fallece por bajo peso al nacer y por gripes que alcanzan altos grados de complicación.

Alrededor de un millón de niños viven en extrema pobreza, de éstos 275 mil trabajan en las calles urbanas para contribuir económicamente con su familia. (EH/07/09/90)

DÉFICIT HABITACIONAL ES DE 550 MIL UNIDADES

Según el último censo de Población y Vivienda realizado en Honduras, de los 4.4 millones de habitantes, sólo cuatro millones cuentan con viviendas para cinco personas o menos. El resto carece de toda unidad habitacional registrada estadísticamente.

Mario Martín, gerente del estatal Instituto Nacional de la Vivienda (INVA), dijo que Honduras enfrenta un déficit habitacional de 550 mil unidades, y "ello muestra que aún hay mucha gente en este país que no tiene donde vivir".(LT/12/09/90)


LA "CONCERTACION AGRARIA"

NOTA DE REDACCION

Finalmente, después de muchos intentos y no menos fracasos, el gobierno logró firmar el tan llevado y traído documento de la "Concertación Agraria", especie de pacto social entre los grandes actores de la producción agrícola, es decir el gobierno mismo, a través del Instituto Nacional Agrario, las diferentes organizaciones campesinas y los terratenientes agrupados en la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras.

El documento, firmado el pasado 23 de agosto, fue presentado por la propaganda oficial como un "acontecimiento histórico". Sin embargo, al revisar la calidad de sus firmantes, se comprueba que están ausentes las más importantes y combativas organizaciones campesinas del país, especialmente la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras ( ANACH) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). Esta ausencia limita sustancialmente el alcance del "pacto social" y, de hecho, reduce su importancia a la de una especie de victoria pírrica por parte del sector oficial.

Los campesinos que se negaron a firmar la "Concertación Agraria" alegan que la misma no contempla demandas básicas del movimiento agrarista y, especialmente, no resuelve el grave problema de los centenares de campesinos que guardan prisión o están siendo acusados legalmente como "terroristas" por el simple hecho de luchar para recuperar la tierra que necesitan.

Una lectura cuidadosa del texto de este documento permite conocer mejor los alcances y las limitaciones de la política agraria del gobierno callejista. Por eso, el Boletín Informativo incluye en esta edición la versión completa,del documento de "Concertación Agraria".

CONVENIO

Nosotros, ROBERTO GALLARDO L., actuando como presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH); MARCIAL REYES CABALLERO, en representación de la Coordinadora Nacional Campesina de Desarrollo de Honduras (CONACADH); INES FUENTES, representante del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) y JUAN RAMÓN MARTÍNEZ, director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), todos debidamente autorizados y en la búsqueda de acciones para mantener la paz y tranquilidad social, promover la producción y productividad del sector agropecuario nacional y propiciar la seguridad de tenencia de la tierra como medio de reactivación de la inversión en el agro, convenimos en suscribir el presente documento de CONCERTACION AGRARIA contentivo de objetivos, estrategias y políticas, que a continuación detallamos así:

    OBJETIVOS:

    • Mejorar los niveles de producción y productividad, concediendo prioridad a la satisfacción de la demanda alimentaria nacional, sin descuido de los productos de exportación, considerando los factores de producción en función del desarrollo social, cultural y económico del pueblo hondureño.
    • Propiciar que los sectores involucrados en la presente concertación participen en las instancias de decisión al momento de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos que concreticen niveles aceptables de desarrollo, teniendo como objetivo final el mejoramiento integral de la familia, para el logro de la paz y tranquilidad nacionales.
    • Lograr que los programas y proyectos a desarrollarse tengan como sujeto y objeto al hombre. Consecuentemente deberá darse énfasis al fortalecimiento de las capacidades, tanto individuales como colectivas de los participantes del proceso agrario.

    ESTRATEGIAS

    • Convenida la anuencia de los concertantes en el logro de los objetivos propuestos, éstos al momento de los debates, deberán concurrir debidamente autorizados para tomar decisiones y con planteamientos viables y precisos sobre sus expectativas y compromisos a asumir en la consecución de aquéllos.
    • La presente concertación se establece por tiempo indefinido.

    Sin embargo, una comisión de seguimiento y evaluación integrada por cuatro (4) representantes propietarios y sus respectivos suplentes de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras y dos representantes propietarios e igual número de suplentes por cada Organización Campesina concertante (CONACADH y COCOCH), por consenso de sus miembros, proporcionará a las instancias decisorias, los informes contentivos de logros, desviaciones y medidas correctivas que se demanden.

    • Las instancias decisorias, constituidas por el plano de delegados de la Coordinadora Nacional Campesina de Desarrollo de Honduras (CONACADH), Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) e Instituto Nacional Agrario (INA), con la cooperación del Ministerio de Recursos Naturales, por el consenso de sus miembros, adoptarán las decisiones y recomendaciones que se estimen procedentes.
    • La Comisión de Seguimiento y Evaluación dentro de su programa de trabajo, orientará su labor evaluativa al cumplimiento de los objetivos concertados en particular y en general, en función de eficiencia y productividad del recurso tierra.
    • Los acuerdos convenidos deberán consignarse en actas elaboradas al efecto y constituirán un instrumento de cumplimiento obligatorio; su contenido se publicará por los medios de comunicación masiva, foros, seminarios, etc.
    • Los proyectos y programas concertados se cronogramarán atendiendo sus prioridades, necesidades financieras y requerimientos logísticos.
    • El Sector Público Agrícola deberá brindar, dentro de la esfera de su competencia, la asistencia de cada caso demande, para lo cual la Comisión de Seguimiento y Evaluación adoptará las medidas necesarias y acciones de coordinación que estime pertinentes.

    POLÍTICAS

    1. Se procederá al levantamiento del censo agrario de los beneficiarios de la ley de reforma agraria, como también de productores independientes en general. Su ejecución se realizará con la participación del Instituto Nacional Agrario (INA) y los concertantes, a fin de que tal instrumento permita una mejor planificación en el agro y el uso racional y eficiente de los recursos naturales, financieros y humanos. Permitirá asimismo completar el número de beneficiarios por grupos campesinos en función de la tierra adjudicada (relación tierra - hombre), actividad que se ejecutará con participación INA-CONCERTANTES.
    2. Evaluar el recurso suelo en función de eficiencia y productividad con el propósito de establecer metas que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria nacional.
    3. Las nuevas demandas de tierras como las adjudicaciones a efectuarse, se enmarcarán en prioridades regionales y al desarrollo de proyectos de cultivos calificados, como esenciales, asumiendo los participantes y en un plazo perentorio, la obligación de uso y explotación racional de las áreas adjudicadas.
    4. Evacuar la demanda efectiva de tierras planteadas por las organizaciones campesinas dentro de los términos de la Ley, con las prioridades que se establezcan en un esquema de dotación rápida de tierras programas con la participación de las jefaturas de afectación y adjudicación de tierras, planificación y organizaciones campesinas.
    5. Con los grupos beneficiarios con adjudicaciones de tierras ya efectuadas, así como los pequeños, medianos y grandes productores, proceder mediante compromiso formal a dedicarlas a su explotación eficiente, intensificando en porcentajes racionales su área de explotación principalmente en granos básicos, sin descuidar otros cultivos y explotaciones que garanticen el desarrollo de las empresas.
    6. Tanto los sectores concertantes como el Instituto Nacional Agrario, se comprometen al irrestricto cumplimiento de la Ley de Reforma Agraria, obligándose el INA al trámite y solución, a corto plazo, de los expedientes y conflictos pendientes, debiéndose para tal efecto, aplicar los procedimientos viables derivados del Derecho Agrario e incorporados en la Ley.
    7. Los beneficiarios de la Reforma Agraria y los propietarios de la pequeña explotación agropecuaria y forestal, deberán ser atendidos en forma prioritaria en lo que guarde relación con aspectos tales como legalización de tenencia, transferencia tecnológica, apoyo crediticio a la producción y comercialización, infraestructura y programas sociales.
    8. El INA agilizará la solución definitiva de aquellos expedientes y acciones sustentadas en el Decreto Ley No. 8 de 1972, procediendo a las indemnizaciones correspondientes cuando fuera factible y en caso de que el predio esté abandonado, el INA lo recuperará a fin de destinarlo al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Reforma Agraria.
    9. Las partes concertantes reconocen la existencia de normas legales de naturaleza civil, administrativa, penal, etc. que dificultan y contradicen los fines y objetivos de la Ley de Reforma Agraria, razón por la cual asumen el compromiso de instar su revisión.
    10. Las propuestas de revisión y adecuación de las leyes y disposiciones limitantes referidas anteriormente, como también de algunas regulaciones contenidas en la Ley de Reforma Agraria, se implementarán en los términos y criterios convenidos por los concertantes.
    11. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la afectación de predios eficientemente explotados en los términos de la Ley de Reforma Agraria y el INA, a solicitud de parte, expedirá los certificados de inafectabilidad . En caso de posterior explotación deficiente, procederá su cancelación.
    12. El sector público agrícola realizará esfuerzos coordinados para que mediante un mejor aprovechamiento de las aguas, se incremente la producción en predios susceptibles de riego.
    13. El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) garantizará precios mínimos de sustentación a la producción de granos básicos; comprará y almacenará los granos para evitar la especulación de precios en tiempo de crisis, asistiendo a los productores en acciones de comercialización de su producción.
    14. A efecto de mejorar la oferta de alimentos para la población, los productores dedicarán un esfuerzo mayor a la satisfacción de aquéllos. A este efecto, se instarán acciones orientadas a la sustentación de precios que respondan al beneficio de consumidores y productores mediante mecanismos reguladores a considerarse en la concertación nacional.
    15. Tanto el INA como Recursos Naturales, BANADESA e INDECOOP, deberán coordinar y ejecutar acciones orientadas a la asistencia, supervisión y financiamiento de proyectos principalmente de granos básicos, y sugiriéndose considerar la creación de un seguro agrícola y el estudio y solución de la deuda de Reforma Agraria.
    16. Con el propósito de abaratar costos, se deberán diseñar mecanismos que permitan al sector productivo la adquisición interna o externa de insumos e implementos agrícolas.
    17. Es convenido que los concertantes agrarios participarán en el diálogo de la concertación nacional con criterios unificados y como representantes del sector productivo.
    18. Las funciones que por mandato de Ley corresponden al consejo nacional agrario, serán dirigidas hacia el logro y realización de este programa de concertación, fundamentándose en los principios generales del Derecho Agrario y los fines y objetivos de la Reforma Agraria.
    19. El Instituto Nacional Agrario (INA), se compromete a no intervenir en la autodeterminación de las organizaciones campesinas como también respetar, asistir y proteger a beneficiarios del proceso en posesión de la tierra adjudicada legalmente al inicio de esta concertación.
    20. Para atender situaciones no previstas en este documento de concertación pero relacionadas con él, las comisiones respectivas plantearán al pleno las posibles soluciones a los problemas detectados tanto entre los suscriptores como frente a terceros.

En fe de lo cual y con aval del Excelentísimo señor Presidente de la República, firmamos en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto de mil novecientos noventa.

Roberto Gallardo L.
Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH)

Marcial Reyes Caballero
Coordinadora Nacional Campesina de Honduras (CONACADH)

Inés Fuentes
Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH)

Juan Ramón Martínez
Director Ejecutivo Instituto Nacional Agrario (INA)

Rafael Leonardo Callejas
Presidente Constitucional de la República de Honduras


ECONOMÍA

FUGA DE DIVISAS

"Hay más de mil millones de dólares de ciudadanos hondureños ahorrados en el exterior", aseguró el banquero Jorge Bueso Arias, quien además manifestó que el nuevo mecanismo creado por el Banco Central de Honduras, denominado "Mercado Interbancario de Divisa Libre de Negociación", le dará a los bancos comerciales la oportunidad de ganar un poco más de dinero, "pero el mercado negro de dólares siempre continuará operando".(T/10/09/90)

DIARIAMENTE TRES BARCOS CON BANANOS RUMBO A EUROPA

Un total de tres embarcaciones diarias se cargan de bananos en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria, llegando a la cifra de un millón de cajas de la fruta que semanalmente se colocan en el mercado internacional europeo, según el encargado de embarques de la Tela Railroad Company, Roberto Crespo. (T/17/09/90)


LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE HONDURAS EN SÍNTESIS

Hay que distinguir nítidamente dos factores a los cuales debe adjudicárseles la causa de la inflación de precios que padece actualmente la economía de Honduras.

  1. Uno, a la salida que se le dió con la devaluación a la represión de precios acumulada en la administración del presidente Azcona, por lo cual se le puede atribuir cierta responsabilidad al régimen anterior. Según nuestras estimaciones, el 40% del incremento de precios es atribuible a éste factor.
  2. Dos, a la devaluación en exceso que se produjo como consecuencia del Decreto 18-90 (Ley de Reordenamiento Estructural de la Economía). Esta responsabilidad es adjudicable al régimen actual en una proporción equivalente al 60% de la inflación de precios sufrida por la economía.

Los dos factores anteriores nos merecen los siguientes comentarios. Al término del régimen del presidente Azcona, la economía del país requería de un ajuste cambiarlo del orden del 40%, el tipo de cambio debía de ser de L. 2.80 por un dólar en lugar del dos por uno tradicional. Pero ésta era una conclusión desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político debemos recordar que el Gobierno Azcona era muy débil para tomar una decisión de ésta envergadura. Y las determinaciones trascendentes surgen de una conjunción político - económica. Objetivamente, el régimen liberal no podía tomar una decisión de semejante contundencia. Por ello se acogió a una posición política de no devaluación más sesgada a su doctrina de defensa de las mayorías, postergando la solución económica. En cambio, el triunfo del presidente Callejas con un respaldo político contundente creaba objetivamente las condiciones propicias para la solución económica vía la devaluación. Y el presidente Callejas lo hizo, lo cual es un mérito indiscutible que debe reconocérsele. Sin embargo, se le pasó la mano en la devaluación. Quizá por presión de las instituciones financieras internacionales (que no son Honduras), el presidente Callejas devaluó no a L. 2.80 como convenía a Honduras, sino a 4 lempiras por un dólar como convenía a un grupo pequeño de exportadores. Aquí es pertinente un detalle técnico para devaluar se consulta un indicador técnico que se llama tipo de cambio efectivo real, el cual en esa época aconsejaba una devaluación de L. 2.80; pero en las discusiones y comparecencias públicas éste indicador nunca se mencionó, cuando era lo primero que se tenía que consultar para devaluar. Aparentemente, se consultó el indicador del mercado negro para devaluar a 4 por uno; pero ya se sabe que éste indicador sólo es la punta especulativa y distorsionante del iceberg cambiarlo, por lo cual no es representativo. Por ello, se usa el tipo de cambio efectivo - real como representativo del total del mercado cambiario.

En ésta forma vemos como la economía tenía que sufrir una inflación necesaria provocada por una devaluación de 2 a 2.80; pero de hecho la economía sufre adicionalmente una inflación innecesaria, gratuita, producto de un error de la política económica del régimen actual cuando devaluó a 4 por uno en lugar de 2.80. La inflación innecesaria es provocada por el segmento de devaluación que va de 2.80 a 4.00 por un dólar.

La devaluación en exceso además de provocar el impulso original a la inflación total de la economía ha producido un desequilibrio cambiario con los países limítrofes de Centroamérica. La devaluación excesiva ha hecho que los productos hondureños sean más baratos para guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses agregando una demanda adicional centroamericana a la demanda hondureña, demanda incrementada que enfrentada a una oferta estancada provoca aumento de precios, es decir inflación adicional.

Al error de la devaluación en exceso se agrega un error estructural. El control de las divisas pasa del Banco Central al sector privado al crearse el mercado interbancario. Los economistas sabemos que en esencia la razón de ser del Banco Central en un país como Honduras es el control de las divisas. Las demás funciones son derivadas y secundarias. Suprimid éste núcleo esencial y estaréis desnaturalizando el Banco Central de Honduras y la razón es sencilla. Entre la oferta de divisas (pocos exportadores) y la demanda de divisas (la mayoría del pueblo hondureño) debe interponerse una institución (Banco Central) para equilibrar la posición fuerte de los exportadores (cuasimonopólica) con la posición débil de los demandantes de divisas (competencia perfecta). Si se dejara librado el mercado de divisas a la oferta y la demanda, la parte del león se le llevaría la oferta (los exportadores). Es por ello, que en éstos países y cuanto más aguda es la crisis más se justifica la intermediación del Banco Central. Es por ello también que en el mercado de divisas no cabe la receta tan de moda del mercado libre. Probablemente, a ésta receta sucumbió el Gobierno al crear el mercado interbancario de divisas. Los resultados son deprimentes. La devaluación excesiva en vez de crear un excedente de ahorro, inversión, exportación y producción como se esperaba en teoría, ha resultado un mecanismo de expoliación que el Estado ha puesto en práctica para reducir el ingreso real de los grupos bajos y medios a través de la inflación, transferirlo a los grupos altos para que éstos a su vez lo trasladen al exterior, achicando la economía nacional en la magnitud de esas fugas de capital. Este error estructural abrió la válvula para que se produjeran éstos resultados en la economía.

¿Cuál sería una salida a la situación económica vigente? Sobre el primer error o sea sobre la devaluación en exceso es muy poco lo que se puede hacer. Los efectos están dados y ya no se puede volver atrás; sin embargo para contrarrestar éstos efectos se debe tratar de corregir el segundo error. En primer lugar, que el Banco Central recupere inmediatamente su función esencial en el control de las divisas. No puede aplicarse al mercado de divisas de Honduras la ideología del mercado libre. No cabe. Debe restituirse al Banco Central su naturaleza de intermediario equilibrador entre la oferta y demanda de divisas.

Edmundo Valladares

Tegucigalpa,. 2 septiembre 1990 Tomado de Tiempo S/IX/90


SOLIDARIDAD CON LOS CAMPESINOS

NOTA DE REDACCION

En pocos lugares del territorio nacional como en la zona del Aguán y áreas geográficas vecinas, en la costa norte del país, se dan niveles tan altos de conflictividad social. Las constantes denuncias que aparecen en los medios de comunicación sobre violaciones a los derechos humanos y medidas represivas aplicadas por los militares en esa región, son apenas una muestra de la difícil situación que prevalece en el área.

La Iglesia Católica de la zona, comprometida en el apoyo y la defensa de los campesinos y demás grupos desprotegidos de esa parte del país, a menudo denuncia ante la opinión pública nacional y extranjera la gravedad de la situación que ahí prevalece. En esta ocasión, reproducimos el pronunciamiento de solidaridad y denuncia con los campesinos del Aguán, aprobado por la IV Asamblea Diocesana de Trujillo.

Nosotros, delegados miembros de la Asamblea Diocesana de Trujillo, reunidos con su Obispo y representando a las parroquias de Puerto Lempira, Barra de Patuca, Sangrelaya, Trujillo, Tocoa, Sona-guera y Olanchito, animados por nuestra misión al servicio del Reino de Dios y por nuestra opción preferencial por los pobres, a nuestros hermanos de la Diócesis de Trujillo y a los hondureños de buena voluntad, respecto a la amenaza de los campesinos de un importante sector del Valle del Aguán de perder sus tierras, bajo la presión económica y de poder de la transnacional Standard Fruit Co., queremos expresar públicamente nuestras valoraciones, reflexiones y oración como Iglesia diocesana:

  • Los hechos:
    • Hemos sido testigos de la compra, un par de meses atrás de la Empresa Asociativa Isletas (EACI) por parte de la Standard Fruit Co. como culminación trágica de un prolongado proceso de intervenciones externas, sobornos, abusos de poder y engaños que acabó para siempre con una experiencia que pudo ser modelo de producción autogestionaria alternativo para los campesinos hondureños.
    • También somos testigos del acelerado proceso de expansión que busca la Standard Fruit Co. en el Valle del Aguán. Comenzó con estudios de suelos en el sector de Sabá a Olanchito, ha decidido el inicio del cultivo del banano en unas primeras mil hectáreas, ha realizado las primeras compras de tierras y pretende quedarse con las tierras que trabajan unas 2500 familias que conforman "las treinta cooperativas productoras de granos básicos". También conocemos del interés de la transnacional en tierras del sector de Sonaguera y de Sabá-Tocoa.
    • En este proceso ha estado presente el INA - Gobierno, autorizando a la transnacional la realización de los estudios de suelos y, tras un supuesto papel de mediador, ha buscado ablandar la mente y el corazón de los campesinos para que se decidan a la venta de su tierra.
    • A la par de los pasos expansivos en la zona de cooperativas, la Standard Fruit Co. realiza una enorme campaña publicitaria con el fin de presentar su expansión bananera como de gran beneficio para los campesinos y para el desarrollo de todos los hondureños y para que los campesinos acepten la oferta convencidos que lo hacen por el bien de la patria.
  • Nuestra valoración de los hechos:
    • Nosotros, miembros delegados de la Asamblea Diocesana, no creemos que la expansión bananera de la Standard Fruit Co. en el Valle del Aguán, a costa de las tierras de los campesinos productores de granos básicos, sea de mayor beneficio para los campesinos y para los hondureños en general. No creemos en las promesas de una transnacional que llegó diciendo que iba a realizar un servicio al INA y a los campesinos para después buscar apropiarse de las tierras, que alaba las migajas que deja en el país, pero oculta los grandes capitales que son trasladados a cuentas bancarias en la metrópoli imperial.
    • Las cooperativas amenazadas son pobres y abandonadas por el Estado y por los organismos paraestatales y privados. No obstante la falta de asistencia, producen millones de quintales de frijoles y de maíz al año que traen un beneficio directo a sus 2500 familias. Con el cultivo del banano se incrementa ia exportación y permite el ingreso de dólares al país, pero son dólares a costa del empobrecimiento y hambre de los campesinos. Una exportación que no garantice la seguridad alimentaria de la mayoría que produce, es irracional, injusta e inhumana.
    • También creemos que el INA - Gobierno ha sido irresponsable y mentiroso. Ha mantenido un discurso ambiguo y de supuesta mediación, pero en los hechos se ha convertido en instrumento oficial dócil para ablandar a los campesinos en favor de la venta a la transnacional bananera.
    • Creemos asimismo, que si las tierras de los campesinos son de alta calidad para el cultivo del banano, el INA debió involucrar desde el inicio a los campesinos en la búsqueda de alternativas ¿por qué tenía que ser sólo con la Standard? ¿Por qué no buscar alternativas que permitan al campesino el control de la tierra, participar como sujeto activo en la producción de banano, si se viese necesario su cultivo, impulsando a la vez una real política de seguridad alimentaria? ¿Por qué los campesinos se han de ver abocados a entregar sus tierras a una cínica e irresponsable transnacional con una importante responsabilidad en el empobrecimiento y dependencia de los hondureños?
    • Por todo lo expuesto, nosotros calificamos el actual proceso de expansión de la Standard Fruit Co. contrario a los intereses y necesidades de los campesinos, y lo denunciamos como injusto e inmoral. Denunciamos como cínicas e irresponsables las promesas de la transnacional, y al INA - Gobierno, como un instrumento que en vez de favorecer a los campesinos hondureños, traiciona su función para venderse a intereses extra nacionales. No creemos en palabras bonitas si éstas no van acompañadas de un mínimo compromiso con la realidad.
  • Nuestro compromiso y solidaridad:
    • Exigimos, como Asamblea Diocesana, que cese el engaño y manipulación de nuestros hermanos campesinos del Aguan por parte de la Standard Fruit Co.
    • Exigimos también al INA - Gobierno que no participe del cinismo y del proceso de transnacionalización de las tierras hondureñas. Que contribuya, antes bien, en la búsqueda de alternativas que no signifiquen una mayor dependencia y empobrecimiento de nuestros hermanos campesinos.
    • Nuestra solidaridad es con los pobres de la tierra y en su suerte ponemos nuestra misión. Por ello, renunciamos a cualquier ayuda que provenga de la Standard Fruit Co., porque ella estaría manchada con el engaño y el hambre de nuestros hermanos los pobres por los que nuestra Iglesia ha tomado una opción preferencial.
    • Llamamos a la reflexión y conversión de los hondureños católicos, administradores de la Standard Fruit Co. que mediten y piensen que detrás de sus altos sueldos y de la defensa de su empresa, hambrean miles de hondureños, hijos de Dios, en quienes descubrimos el rostro sufriente y clamoroso de Jesucristo. En la opción que tomemos por ellos está el camino para nuestra salvación.
  • Nuestra fe y esperanza:

    • Creemos en Jesucristo, nuestro Señor, que ha venido a nosotros como comunicador perpetuo de esperanza, paz y alegría para los pobres de este mundo. Creemos en que la verdad y la justicia, la misericordia y la paz que vienen del Dios que nos comunicó Jesucristo, han de reinar para siempre sobre ios males de la tierra.

ASAMBLEA DIOCESANA DE TRUJILLO, COLON,
1 DE SEPTIEMBRE 1990


ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA OFICIAL

NOTA DE REDACCION

El dia 29 de agosto recién pasado, en conferencia de prensa, el Colegio Hondureño de Economistas presentó ante la opinión pública un documento de análisis sobre la política económica del gobierno de Rafael Leonardo Callejas, los principios que alimentan esa política y,lo que es más importante, las consecuencias de la misma en Jos primeros seis meses del mandato gubernamental callejista.

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, hemos decidido incluir en la sección de Documentos de este Boletín Informativo el texto completo del análisis realizado por el Colegio de Economistas de Honduras.

EI COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS en su afán de contribuir a la discusión de los problemas nacionales se permite hacer las siguientes reflexiones sobre la política económica del gobierno que preside el Lic. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS. Lo que a continuación se expone está inspirado en nuestro amor a Honduras y en la búsqueda de mejores niveles de vida para la población hondureña. En base a lo anterior nos permitimos hacer las siguientes consideraciones:

    1. La evolución de la política económica gubernamental presenta como principales características la improvisación y su falta de adecuación con la realidad hondureña. El programa de ajuste estructural presupone una sociedad homogénea desde el punto de vista de los agentes económicos y de las estructuras productivas, cuando el principal rasgo es su heterogeneidad.

    2. Tal y como expresamos en nuestro documento del 7 de marzo del presente año, la aplicación de la Ley de Ordenamiento Estructural ha provocado un proceso inflacionario que hasta julio del presente año ascendía a más de un 20%, con una clara tendencia a incrementarse. Este proceso inflacionario se ha convertido en el mecanismos de transferencia de ingresos de la masa asalariada al sector exportador y financiero del país. A ésto habría que agregar la terrible especulación de algunos comerciantes inescrupulosos que han obtenido ganancias extraordinarias a expensas del hambre del pueblo. Lo anterior ha producido un deterioro sustancial del salario mínimo real, que en los últimos 7 años se ha visto reducido en más de un 40%.

Existe una tendencia a tratar de confundir a la población de que el proceso inflacionario es únicamente responsabilidad de los comerciantes especuladores; aunque tal acusación oficial no deje de tener fundamento, la realidad es que la devaluación del Lempira es uno de los factores principales del desproporciona! índice inflacionario que experimentamos; junto con los nuevos impuestos y los déficit fiscales anteriores. En consecuencia, las irracionales prácticas especulativas de los comerciantes son un efecto subsecuente de las devaluaciones implantadas por el Gobierno a través de la modificación del factor de valoración aduanera.

    3. La política monetaria y cambiaría actual también ha contribuido a la inflación. Por un lado el aumento de la tasa de interés del 17 al 19% se convierte en mayores costos que son trasladados a los consumidores finales, al mismo tiempo que excluye algunos proyectos de inversión ligados generalmente a pequeñas y medianas empresas. De continuar el ritmo de inflación actual, su nivel podría alcanzar un 40% a finales del año, con lo que sería predeclble un nuevo aumento en la tasa de interés, a un nivel superior.

Por otro lado, los servicios financieros constituyen uno de los principales costos de las empresas productivas. Imaginémonos lo que sucedería si la tasa de interés por préstamos se nivelara a la tasa de inflación anual del 40%, con la finalidad de mantener tasas de interés reales positivas, pero como los funcionarios del FMI exigen esta condición para la firma del acuerdo, la tendencia se orienta en este sentido.

Por otra parte, la nueva devaluación que se realizó en mayo sólo contribuyó a alimentar la especulación de los exportadores, quienes no entregaron buena parte de sus dólares al sistema bancario nacional. En este sentido compartimos la posición del COHEP de que tal devaluación fue un error. En consecuencia, nuestra posición al respecto es que se congele el actual tipo de cambio interbancario (actualmente L 4.20 = Dólar 1.00).

La política restrictiva del crédito en momentos de inflación profundiza la recesión económica al reducir la disponibilidad de préstamos, tanto para el sector público como privado. La caída de la demanda en una economía con estructuras oligopólicas y monopólicas se ve compensada con incrementos de precios que permiten obtener los mismos niveles de ganancias, lo que conlleva a una situación de recesión con inflación. Como consecuencia de lo anterior la tasa de crecimiento económico del país para el presente año será negativa.

En resumen, el mecanismo de ajuste vía precios decidido por el gobierno, solo puede lograrse a niveles altos de los precios de los bienes de consumo, de la tasa de cambio y de la tasa de interés, lo que representa enormes sacrificios para la mayoría de la población.

    4. El plan de incremento de las tarifas de los servicios públicos; (agua, luz y teléfono) exigido por los organismos financieros internacionales, recaerá en forma agobiante en los estratos medios y bajos de la sociedad hondureña, dado que los sectores productivos transferirán su costo en forma subsecuente al pueblo consumidor. EL COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS considera que el Gobierno debería agotar todas las opciones orientadas a reducir los desequilibrios financieros de tales empresas (recuperación de saldos morosos, eliminación de subsidios, política de uso racional y readecuación de la administración de las empresas).

    5. Reiteramos nuestra posición que las políticas económicas tienen que surgir del conocimiento de nuestra propia realidad y de la discusión con los sectores afectados por las mismas. Las grandes concesiones hechas a los exportadores y su decisión de no repatriar las divisas, lo mismo que la fuerte especulación desatada a partir de la liberalización de algunos precios de productos de consumo básico, muestran al gobierno las limitaciones propias de su política económica en el marco de estructuras oligopólicas y monopólicas de mercado.

En tal sentido, apoyamos la decisión del gobierno de buscar la aprobación de la Ley de Repatriación de Divisas por Exportación, y denunciamos las fuertes presiones que algunos exportadores, principalmente las Compañías transnacionales, han desatado a fin de evitar su aprobación. También apoyamos el aumento de las multas a los comerciantes especualadores, pero consideramos que deben realizarse las reformas legales correspondientes, a fin de evitar que dichas multas no sean evadidas por recursos de apelación y amparo interpuestos ante los organismos jurídicos competentes.

    6. Hacemos un llamado de reflexión a las autoridades civiles y militares para que le den un significado cabal a las huelgas de los trabajadores en el contexto actual de la crisis. Cuando el productor y el comerciante exigen que se les aumenten los precios de sus productos para mantener sus márgenes de ganancia, así como cuando los banqueros exigen aumentos de las tasas de interés para mantener su nivel de utilidades, están haciendo lo mismo que los trabajadores al buscar recuperar la capacidad adquisitiva de su salario. El calificativo de "político - ideológicas" a huelgas recientes, pueden esconder la intención de coartar los derechos que en toda democracia le corresponden a los trabajadores. Por lo tanto, el COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS apoya las demandas de incremento salarial de la clase trabajadora.

    7. Solicitamos que el gobierno actual busque los mecanismos que le permitan una mayor independencia para la elaboración de la política económica. No es ningún secreto la fuerte influencia de los organismos financieros internacionales en la determinación de las líneas económicas del gobierno. En este sentido, es necesario que exista "transparencia" en las negociaciones con dichos organismos, dando a conocer con anticipación los términos de tales negociaciones. Un buen comienzo deberá ser la publicación de la carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional sobre el recién aprobado préstamo de contingencia (stand-By), lo mismo que los términos de negociación con el Banco Mundial.

    8. El COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS ante la grave crisis del Golfo Pérsico, excita al Gobierno de la República a la creación de un Plan de Emergencia Económico Nacional. Este plan deberá surgir de la consulta con la mayoría de todos los sectores organizados del país y buscar como objetivo central que los efectos de un alza inmoderada en los precios de los derivados del petróleo, sean menores para los grupos de bajos ingresos; al mismo tiempo el plan deberá revertir algunas de las medidas del ajuste estructural que más impacto negativo hayan tenido sobre la población.

    9. Reiteramos nuestra convicción, expuesta en nuestro documento del 15 de febrero del presente año, de que la superación de la crisis sólo puede darse dentro del marco de un Proyecto Histórico Nacional capaz de crear condiciones para el bienestar general y generar un proceso de identidad nacional. La consecusión de dicho Proyecto sólo es posible mediante el efectivo ejercicio de nuestra soberanía nacional, el rescate de nuestros valores históricos y la participación pluralista y masiva de la población en la toma de decisiones. El COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS expresa su más firme apoyo para el desarrollo de tal Proyecto y vigilará porque la política económica contribuya a su realización.

[Fuente: Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Boletín Informativo Nº 113, Tegucigalpa, D.C., Honduras, septiembre 1990]
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