Equipo Nizkor - Boletín del Centro de Documentación de Honduras nº 98.

CONTENIDO:

Reelección en las FFAA
¿Fraude electoral?
Honduras - EEUU
Varios
Enfrentamiento con tropas salvadoreñas
Editorial: ¿Qué es Honduras?
Memorándum del FMI

Documento: situación económica y propuestas de solución

COHEP se pronuncia

La partida de Briggs

Derechos Humanos

Editorial: Ejecuciones extrajudiciales, un abono a la delincuencia

Quayle, el emisario de la confrontación

¿REELECCIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS?

El artículo 32 de la Ley Constitutiva de las FFAA de Honduras establece que "no podrá ser propuesto por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de Honduras en la terna para Comandante en Jefe de las mismas quien ya se hubiese desempeñado como tal, o hubiera ejercido el cargo por más de la mitad del período constitucional", sin embargo, el general Humberto Regalado Hernández hizo pública su aspiración a reelegirse para el cargo por tres años más a partir de enero de 1990.

Regalado Hernández asumió la jefatura militar en 1986 luego de consumar un golpe interno contra el general Walter López Reyes. Después, por decisión del Consejo Superior de las FFAA (COSUFFAA), inició en enero de 1987 un nuevo período por 3 años que está a punto de vencer.

Legalmente, de acuerdo a los dictados de la Ley Constitutiva, está inhabilitado para proseguir en el cargo, sin embargo la decisión ultima tendrá que adoptarla el COSUFFAA, el "parlamento" militar integrado por 60 altos oficiales, sin contar los puestos vacantes del Colegio Nacional de la Defensa (organismo que no existe en la práctica pero sí constitucionalmente) y la jefatura del Ejército, responsabilidad que ha concentrado Regalado Hernández.

La elección en el Consejo Superior tendrá que realizarse a fines de 1989, pero en realidad se sabrá con mucha anticipación puesto que de aprobarse el continuismo, las FFAA deberán solicitar al Congreso de la República que modifique el artículo 32 de la Ley Constitutiva. En los cabildeos reeleccionistas, Regalado Hernández parece contar con el favor de la mayoría de los diputados. Incluso el presidente del Poder Legislativo, el liberal Carlos Montoya declaró que limitar el período para el jefe de las FFAA a sólo 3 años "es un error histórico implementado dentro de las luchas generacionales que se han dado dentro de la institución".

Con la lógica de Montoya ha quedado claro en el país que el camino de la reelección de Regalado Hernández está abierto por el lado de las autoridades civiles, sin embargo la duda es si existe el mismo consenso en los cuarteles y en la Embajada de los Estados Unidos.

Regalado Hernández sostiene que algunos "analistas" recomiendan su reelección con el objetivo de mantener la "unidad granítica" de las Fuerzas Armadas y, además, que "dentro de la problemática centroamericana no sería oportuno renovar la jerarquía de las Fuerzas Armadas simultáneamente con el cambio de gobierno".

La clave de que la iniciativa continuista tenga éxito consiste en que el actual comandante obtenga el respaldo mayoritario de los oficiales que están al frente de las comandancias y puestos importantes. Poco ha trascendido al respecto y se desconoce si hay el acuerdo mayoritario para permitir que las aspiraciones de un nuevo caudillo sean razones suficientes para alterar una parte medular de las leyes militares.

¿FRAUDE ELECTORAL?

El vicepresidente del Partido Innovación y Unidad, Jorge Yllescas Oliva, aseguró en base a reportes del Registro Nacional de las Personas que 487 mil extranjeros poseen tarjetas de identidad emitidas en forma dolosa por gestión de políticos liberales, nacionalistas y profesionales del Derecho que son corruptos. Dijo que 170 mil tarjetas han sido emitidas sin respaldo de las partidas de nacimiento, se han registrado 11 mil tarjetas de identidad doble o sea que 22 mil personas portan una identificación con un número repetido, y que 5,600 extranjeros han sido naturalizados con documentos falsos. Yllescas añadió que "el hecho de que medio millón de extranjeros tengan tarjetas de identidad pone en peligro nuestra seguridad nacional porque los extranjeros tienen en sus manos el destino de la patria". En el transcurso de la denuncia del PINU se mencionó la posibilidad de que los Estados Unidos hayan contribuido a la manipulación y entrega de documentos a extranjeros para garantizar que los Contras se queden en Honduras. Finalmente, se subrayó que "hay un fraude electoral montado, las elecciones tipo Honduras no han pasado". (T/3/VI /89).

Sobre el tema, el presidente del Tribunal Nacional de Elecciones, Tomás Lozano, declaró que entre 1970 y 1989 han sido documentados como hondureños unas 80 mil personas y no los 487 mil que menciona el PINU. (EH/12/VI/89).

"En Honduras cualquier documento puede falsificar, e, desde partidas de nacimiento, fe de bautismos, tarjetas de identidad, testimonios públicos hasta pasaportes debidamente visados", confirmaron funcionarios de la Dirección General de Migración y Política Migratoria. La mayor irregularidad, se aseguró, se da en la entrega dolosa de tarjetas de identidad a través de las reposiciones de partidas de nacimiento, estimándose que en la actualidad hay unos 325 mil extranjeros "hondureñizados".(LT/l 2/VI/89).

HONDURAS - EEUU

WALTER LÓPEZ RESPONDE

El ex jefe de las FFAA (1984-1986), general (r) Walter López, envió la siguiente carta al ex embajador de EEUU en Honduras (1981-1985), John Negroponte, para refutar declaraciones de éste que lo involucran en las negociaciones de chantaje al gobierno de EEUU (administración de R. Reagan) a cambio del apoyo a los Contras. La carta contiene algunos juicios de valor histórico que califican la naturaleza del movimiento militar que derrocó al general Gustavo Álvarez y señalan la política intervencionista llevada a cabo por Negroponte en Honduras.

CARTA A NEGROPONTE

19 de junio de 1989
Señor
John Dimitri Negroponte
Embajador de los Estados Unidos de América
en la República de los Estados Unidos Mexicanos
México, D.F.

Señor Negroponte:

Cumplo con el deber moral, en mi condición de ciudadano hondureño y ex-comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, de desmentir, categóricamente las afirmaciones a usted atribuidas por el Washington Post, entrega del sábado 9 de junio de 1989, en el sentido de implicarme personalmente y a la institución armada de estar dispuestos "a continuar apoyando a los antisandinistas si ustedes (el gobierno de los Estados Unidos) nos compensaran de alguna manera con el incremento (económico-militar) de fondos".

Estas declaraciones, según el referido periódico, las habría formulado usted ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, con el motivo de la investigación a que son sometidos los embajadores de los Estados Unidos, previo a su nombramiento a un cargo como embajador en el extranjero.

Quiero recordarle, señor Negroponte, que la gesta histórica del movimiento reivindicador del 30 de marzo de 1984 se inspiró en revertir el proceso de desnacionalización de nuestras Fuerzas Armadas y a sustraer a Honduras del peligroso camino de confrontación a que estaba orientada en el contexto de los conflictos centroamericanos.

El cambio de mando militar de aquella época, tuvo como propósito restituir al gobierno de la República en el manejo pleno de las relaciones exteriores y evitar la injerencia indebida de sectores o gobiernos extranjeros que persiguieran fines ajenos a los intereses y metas nacionales, posición que quedó debidamente establecida.

Estas realidades que usted y otros altos funcionarios de los Estados Unidos de América pudieron comprobar, en su trato conmigo y con los demás miembros de la cúpula militar, son prueba irrefutable de que el instituto Armado no participó en supuestas negociaciones como la que le atribuye el periódico Washington Post.

A raíz del cambio militar ocurrido en Honduras en la fecha anteriormente indicada, su misión al servicio de procurar los Intereses de los Estados Unidos en Honduras, dentro o fuera de los cauces diplomáticos, quedó agotada, porque: el movimiento reivindicador de las Fuerzas Armadas definió, en el aspecto militar, una nueva línea política de dignidad y de independencia, de respeto a la Constitución de la República y demás leyes. Eso explica por qué su representación como embajador de los Estados Unidos de América en Honduras, se hizo concluir algunos meses después.

De usted, atentamente,

Walter López Reyes

cc: Diario LA TRIBUNA
Washington Post
Radio H.R.N.
Radio América

EL DANDO Y DANDO

El secretario de Estado Adjunto de los EEUU para Asuntos Interamericanos, Michael Kozak, cambió su versión al Congreso sobre un supuesto plan para recompensar a Honduras por ayudar a la Contra y abrió la posibilidad de que éste pudo efectuarse. El diario Washington Post destacó que Kozak declaró inicialmente el 24 de abril en el Congreso que eI plan en mención fue rechazado por la Casa Blanca debido a las objeciones del Departamento de Estado en el sentido de que era contrario a la política norteamericana. Sin embargo, menos de dos meses después Kozak envió una carta al representante demócrata David Obey indicándole que en su testimonio de abril se limitó a dar la posición del Departamento de Estado. El funcionarlo añadió que "no tiene conocimiento si el plan fue hecho o llevado a cabo". (LT/5 /VI/89)

El documento en el cual el ex presidente Roñald Reagan aprobó recompensar a Honduras por ayudar a los Contras de Nicaragua ha sido encontrado en los archivos de la biblioteca del ex mandatario, reveló el Washington Post. (LT /7/VI/89)

El ex jefe de las FFAA en 1985, general Walter López Reyes, se reunió el 27 de abril de ese año con el entonces embajador de los EEUU en Honduras, John Dimitri Negroponte, para decirle que los militares "estaban dispuestos a continuar apoyando a los antisandinistas si el gobierno de los EEUU les compensaba de alguna manera, como el incremento (económico o castrense) de fondos". La afirmación textual está sacada de la declaración que Negroponte entregó al Comité de Asuntos Exteriores del Senado durante las audiencias para su confirmación en el cargo de Jefe de la misión diplomática norteamericana en México. El Washington Post señaló que la declaración de Negroponte agrega otra pieza en el rompecabezas del asunto Irán-Contras. (LT/12/VI/89)

CONSTRUIRÁN UN NUEVO AEROPUERTO

Para octubre próximo está programado el inicio de los trabajos de construcción del aeropuerto de Choluteca, departamento fronterizo con Nicaragua, obrar que será ejecutada y financiada por el ejército de los Estados Unidos. En la actualidad el Pentágono está construyendo otra pista de aviación en el departamento del Valle, aledaño a Choluteca. (EH/8/VI/89)

ESTRATEGIA DE LA AID

En un documento que define su estrategia, la AID establece para el período 1985-92 que apoyará al gobierno de Honduras en las estabilización de la economía y en la disminución de las presiones sociales provenientes del creciente desempleo mediante el aumento progresivo de la inversión. El documento establece que "nuestros objetivos políticos son claros: fortalecer la democracia y las instituciones democráticas para atraer una completa cooperación contra las fuerzas antidemocráticas de la región; estimular la cooperación y solidaridad regional y obtener el apoyo posible de Honduras para nuestros objetivos dentro y fuera de la región...Nuestros objetivos económicos tienen que auxiliar y reforzar nuestros objetivos generales que pueden y serían socavados si no se logra el progreso político y social". El informe apunta que la AID está apoyando al gobierno de Honduras para alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1987-1990. Para llevar a cabo el plan el gobierno de Honduras ha propuesto una inversión pública total de 1,720 millones de dólares para un período de cuatro años. De esta suma los recursos externos requeridos alcanzarán un total de 1,100 millones. (LT/8/VI/89)

VARIOS

Iglesia Católica Versus AID

El arzobispo Héctor Enrique Santos acusó a la AID de "subyugar la independencia nacional invirtiendo sumas millonarias en el control de la natalidad". En la actualidad la Iglesia Católica mantiene un enfrentamiento con la AID debido a la participación de ese organismo en las actividades de la Asociación Hondureña de Planificación de la Familia (ASHONPLAFA) y en el proyecto de Ley de Población que está a punto de aprobarse en el Congreso. En 1989 la AID dispuso financiar con una donación de 8 millones de dólares las actividades de ASHONPLAFA a fin de continuar con una campaña comunitaria de distribución de anticonceptivos a través de voluntarios comunales y además intensificar la "educación" al respecto entre los hondureños. Monseñor Luis Santos, obispo de la Diócesis de Copán, comentó que después de Colombia y Brasil, Honduras es el país que tiene más oficinas de control natal. El religioso añadió que 20 mil mujeres hondureñas han sido esterilizadas en las oficinas de ASHONPLAFA. (EH/7/T/12/LP/14/VI/89)

ENFRENTAMIENTO ENTRE TROPAS SALVADOREÑAS Y HONDUREÑAS

Los días 27,28 y 29 de mayo las Fuerzas Armadas de El Salvador violaron la soberanía hondureña persiguiendo a tropas y unidades aéreas de este país por el sector de Los Llanitos, en la zona fronteriza. Los incidentes, que dejaron un saldo de bajas no precisado en fuentes oficiales, permanecieron ocultos hasta que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lo denunció a través de una emisora de Tegucigalpa. La primera reacción de las Fuerzas Armadas de Honduras, por medio de su vocero coronel Manuel Suárez Benavides, fue negar los hechos, atribuyéndolos a una campaña desinformativa de la subversión. Ese extremo lo mantuvo vigente pese a que medios periodísticos nacionales e internacionales confirmaron en Los Llanitos los incidentes. El contraste entre la verdad y la manipulación informativa sobre los hechos ocurridos quedó patente en dos editoriales, uno de Diario Tiempo y otro de las FFAA, que el CEDOH reproduce a continuación:

Editorial de "Proyecciones Militares", vocero de les Fuerzas Armadas de Honduras,
en su edición del domingo 4 de junio de 1989

Posiciones equivocadas del periodismo

El grado de cooperación de algunos medios de comunicación hondureños con varios movimientos guerrilleros centroamericanos, está llegando a niveles excepcionales al punto de que, sin más ni para qué, dan por ciertas las versiones que estos les proporcionan, aunque en el fondo el objetivo sea crear enfrentamientos entre dos gobiernos y sus Fuerzas Armadas.

Decimos que hay prensa escrita y radial, que sin investigar más, acogen como ciertas las noticias que estos grupos proporcionan para confundir a la opinión pública nacional e internacional, pero ponen una barrera de dudas sobre las aclaraciones que puedan hacer el gobierno de la República y las Fuerzas Armadas de Honduras.

El grado de irresponsabilidad de algunos directores de medios escritos y audiovisuales llega a niveles de promocionar a estos grupos subversivos de clara tendencia Marxista-Leninista financiados por Cuba y Nicaragua, hacia los que no ocultan abierta simpatía con sus posiciones diz que, profesionales, pero buscan encubrirlas con el cuento de que en esas radioemisoras y periódicos se ejerce una irrestricta libertad de expresión, previendo así, las reacciones de sus mismos lectores y radio oyentes.

Quieren negar que estos movimientos guerrilleros, coordinados entre si, están desinformando al pueblo, basándose en ello para continuar su campaña de desprestigio contra la institución armada.

No sabemos porqué razones que la respuesta a los incidentes fronterizos, comunes en nuestras tres fronteras calientes, terminarán en una guerra antes de agotar los procedimientos diplomáticos y civiles. Pero esa es su posición, cuando los gobiernos no son de su simpatía, pues otra es la actitud cuando se trata de los sandinistas, a los que se apoyan sin el menor recato.

Quienes avientan estas posiciones contrarias a los intereses hondureños, admiten sin reserva este tipo de llamadas telefónicas que pudiesen proceder de El Salvador y Nicaragua, aunque en la mayoría de las veces las hacen personas ligadas a la subversión de nuestro país, quienes se convierten en portavoces del Farabundo Martí y el Ejército

Revolucionario del Pueblo, entre muchos otros grupos guerrilleros y terroristas centroamericanos.

Esa coordinación entre los subversivos motiva que muchos crímenes políticos sigan sin resolverse, pues la coordinación y la ayuda mutua no sólo llega a los niveles de la propaganda y contrapropaganda, sino a los actos criminales y cometida la acción huyen a sus países de origen a través de puntos ciegos o con documentación falsa. Pero ese es el precio que tiene que pagarse por vivir en el sistema democrático, la libertad de expresión convertida en libertinaje sirve para destruir a las instituciones democráticas, soportes de aquél. Hay hasta libertad para conspirar, sin embargo, el buen juicio del pueblo permitirá hacerlo entender que muchos defensores del pueblo con acceso a los medios informativos están actuando más como agentes que como periodistas, lo que debe preocupar a quienes ejercen esa noble profesión con honradez y patriotismo.

Tomado de TIEMPO/9/VI/89

¿QUÉ ES HONDURAS? ¿QUÉ SOMOS LOS HONDUREÑOS?

Al preguntar en el Ministerio de Relaciones Exteriores por qué el gobierno de Honduras no ha protestado por los ataques de la fuerza armada salvadoreña a soldados y un helicóptero del ejército hondureño, que tuvieron lugar en Los Llanitos (Intibucá), la respuesta ha sido simplísima pero muy demostrativa de la importancia que se le da a la soberanía e integridad nacional: no nos ha informado nada al respecto las Fuerzas Armadas -dicen-, y lo que digan los medios de comunicación para nosotros no tiene validez.

Los periódicos TIEMPO y La Prensa presentaron sendos reportajes hechos sobre el terreno, con fotografías que confirman la agresión en cuanto al ametrallamiento y bombardeo de aldeas en nuestro territorio, con testimonios de testigos presenciales y de las autoridades municipales, pero eso no tiene ninguna credibilidad ni trascendencia.

Posteriormente han ido a esos lugares periodistas extranjeros que constataron lo mismo que TIEMPO y La Prensa, e incluso enriquecieron con otros datos el informe sobre los incidentes. Pero mientras las fuerzas armadas de Honduras y de El Salvador nieguen lo ocurrido, no obstante las evidencias, la verdad esta con ellas más allá de toda duda para los señores de la Cancillería.

De acuerdo con las declaraciones de los aldeanos victimas de la agresión salvadoreña, los militares hondureños los amenazaron para que guardaran silencio o mintieran respecto a lo ocurrido. Fue necesaria la intervención del alcalde de Santa Lucia para que éstos soltaran la lengua y contaran lo ocurrido a los periodistas. A los reporteros de La Prensa un comandante los mandó por una ruta equivocada, seguramente para hacerlos fracasar en su misión periodística.

Las armas del pueblo hondureño sirven, pues, para tapar las agresiones en vez de repelerlas, para amenazar a los aldeanos hondureños de la frontera, en vez de protegerlos, para darle respaldo a la fuerza armada enemiga - la que pisotea nuestro suelo y los humilla - en vez de combatirla. En fin, las armas que con tanto sacrificio compramos los hondureños y las fuerzas armadas que mantenemos quitándonos el pan de la boca y las medicinas, sirven para traicionar a Honduras y su pueblo.

Esta situación tiene que llevarnos a la reflexión profunda de hasta qué punto existen unas fuerzas armadas de Honduras Lo intuimos así cuando fue creado el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), exclusivamente para entrenar 10,000 soldados salvadoreños - del mismo ejército que nos invadió en 1969 - que ahora nos agreden nuevamente.

Nos ponemos a pensar si no se está llegando en Honduras a una mentalidad mercenaria, mediante la cual las armas del Estado están dispuestas al uso de quien mejor las pague, pues se van acoplando a las guerras de los vecinos sin mirar el interés nacional, y se manejan así en los últimos siete años, con la vista puesta en supuestos beneficios económicos, aunque disfrazados de ideológicos.

Así no funciona, realmente, una fuerza militar nacional en ningún lugar de la tierra. La ideología de un ejército es, en cualquier caso, una ideología nacionalista, aún en los de las potencias y superpotencias que inventan y utilizan las ideologías internacionalistas para sus luchas hegemónicas.

Aquí en Honduras para el oficialismo anda al revés. Para el mundo oficial y el estamento militar, quienes reclaman la defensa de la soberanía y la integridad territorial son subversivos y hacen causa común con los subversivos de los demás países. Una agresión contra Honduras hecha por un ejército extranjero que se proclama anticomunista debe ser escondida, aceptada como legitima por el pueblo agredido, y quienes informen y protesten son enemigos de la patria.

Así lo expresa un comentario editorial del programa "Proyecciones Militares", de las Fuerzas Armadas de Honduras, en relación con este suceso, después de decir que se dio la noticia "sin investigar" y nada más que acogidos "a las noticias que estos grupos proporcionan para confundir a la opinión pública nacional e internacional".

"El grado de irresponsabilidad de algunos directores de medios escritos y audiovisuales llega a niveles de promocionar a estos grupos subversivos de clara tendencia marxista leninista, financiados por Cuba y Nicaragua, hacia los que no ocultan abierta simpatía con sus posiciones diz que profesionales, pero buscan encubrirlas con el cuento de que en esas radioemisoras y periódicos se ejerce una irrestricta libertad de expresión, previendo asi las reacciones de los mismos lectores y oyentes".

Igual tesis sostiene la embajada de El Salvador en Tegucigalpa en un comunicado de prensa distribuido entre los medios, que lo publicaron, y también divulgado - ¡aunque parezca increíble! - por medio de los boletines oficiales de Casa Presidencial, vale decir que el gobierno de Honduras los hace suyos, como cómplice de un encubrimiento propagandístico a una agresión contra nuestro país.

Nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que queda de nuestras instituciones nacionales, qué es Honduras, qué somos los hondureños?.

Tomado de TIEMPO/9/VI/89

UN NUEVO ACUERDO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, FMI

Durante su reciente visita a los EEUU (primera semana de junio), el candidato presidencial del partido liberal Carlos Flores Facussé, acompañado del presidente del Congreso Nacional Carlos Montoya y del designado presidencial Jaime Rosenthal, sostuvo reuniones y llegó a compromisos con los representantes del Fondo Monetario Internacional para suscribir un nuevo Acuerdo que le permita a Honduras recibir otra vez recursos frescos de ese y otros organismos internacionales de crédito.

Asumiendo funciones que no le corresponden y en abierto desafío a la autoridad cada vez más precaria del presidente José Azcona, el candidato liberal se comprometió a que Honduras realice un programa de ajuste estructural, condición indispensable para que el FMI acceda a dar nuevos créditos. Las bases macroeconómicas del futuro acuerdo deberán quedar incorporadas en un documento que el gobierno hondureño habrá de firmar en breve con el FMI. El día 19 de junio llegó al país una delegación del Fondo presidida por Armando Linde, jefe de la División de Centro América del FMI, con el propósito de dar los toques finales al Acuerdo.

A continuación publicamos el texto completo del Memorándum del FMI, utilizado como Ayuda Memoria en la negociación con los dirigentes liberales:

Honduras: Ayuda memoria

En diferentes oportunidades, en los últimos meses, misiones del Fondo Monetario Internacional han sostenido conversaciones con las autoridades hondureñas, en las que ha habido un consenso en cuanto a la necesidad de implementar medidas que conduzcan a reducir las presiones inflacionarias existentes y a restablecer el equilibrio en la balanza de pagos para sentar las bases de un crecimiento económico más rápido y sostenido compatible con una reducción del desempleo.

Un diálogo de la misma naturaleza se llevó a cabo en la mañana del 7 de junio en la ciudad de Washington entre el Ing. Carlos Flores Facussé y su comitiva integrada por el Lic. Carlos Montoya, presidente del Congreso Nacional, el Ing. Jaime Rosenthal Oliva, designado a la Presidencia de la República, el Lic. Edgardo Dumas Rodríguez, oficial de enlace de la comisión y funcionario del FMI. Los representantes del FMI reiteraron la posición de la institución de brindar apoyo financiero a un programa efectivo de ajuste económico. El apoyo del Fondo a dicho programa de ajuste macroeconómico facilitaría desembolsos adiciona les provenientes de organismos multilaterales y bilaterales.

I. Principales metas macroeconómicas

Dada la coyuntura económica de Honduras, las principales metas macroeconómicas que perseguirla este programa deberían ser:

Crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.0 por ciento en términos reales en 1989, estableciéndose las bases para una expansión económica más vigorosa en el largo plazo.

Inflación no superior al 7.5 por ciento durante el año 1989.

Reducción del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, que fue de alrededor de 8.0 por ciento del PBI en 1987-88, a 6.75 por ciento en 1989, y un superávit global de balanza de pagos de US$ 57 millones en 1989, que permitiría la eliminación de atrasos en el servicio de la deuda externa así como un fortalecimiento de las reservas internacionales netas del Banco Central.

II. Principales instrumentos de política económica

Los instrumentos de política económica que permitirían alcanzar los objetivos antes precisados son:

Reducción del déficit del sector público no financiero de 6.25 por ciento el PBI en 1988 a 4.5 por ciento en 1989, como resultado de medidas tributarias que se describen a continuación y de contención del gasto total del gobierno central. Además, seria necesario mantener estricto control en las erogaciones de las empresas públicas y de los organismos descentralizados para reducir el déficit fiscal.

La contracción del déficit fiscal liberaría recursos del ahorro financiero privado, que se han estado desplazando al sector público, con la finalidad de canalizarlos al sector privado. El programa contemplarla una expansión de los activos internos netos del Banco Central congruentes con las metas de inflación y balanza de pagos y habría un sublímite al financiamiento doméstico del sector público no financiero que se fijaría en 1.80 millones en 1989.

Se buscarla incrementar la competitividad externa de la economía hondureña mediante el manejo de la política cambiaria y obtener mayor transparencia en el mercado de divisas. Esto se lograría ampliando el volumen de transacciones realizadas al tipo de cambio libre.

Se implementaría una política flexible de tasas de interés que refleje las fuerzas del mercado y fomente el ahorro interno.

III. Medidas previas a la aprobación del Programa

Las misiones del FMI han expresado en las diferentes reuniones sostenidas con las autoridades hondureñas que debido al tamaño de los desequilibrios existentes sería necesario que se tomen las siguientes medidas económicas antes de la aprobación del programa por parte de la gerencia del FMI:

La aprobación de una lista de partidas arancelarias que especificaría las importaciones que se podrán ejecutar al tipo de cambio oficial. El valor de estas importaciones no deberá exceder del 28 por ciento del valor total.

Para evitar presiones en el tipo de cambio libre a causa del traslado de importaciones a ese mercado, deberá incrementarse del 40 por ciento vigente al 50 por ciento el porcentaje del ingreso de divisas por exportaciones que pueden transarse a través del mecanismo de los CETRAS. Asimismo, no deberá modificarse el sistema de autofinanciamiento vigente para las exportaciones mineras y bananeras. Esto implica que el porcentaje de exportaciones que se realizarían en el mercado libre sería similar al de las importaciones transadas en este mercado.

Para formalizar la compra/venta de divisas relacionadas con servicios, que ahora tiene lugar en mercados extraoficiales, se autorizará que los bancos comerciales canalicen transacciones de esta naturaleza.

Con el objetivo de mejorar la recaudación fiscal, las importaciones que no se realicen al tipo de cambio oficial (es decir, un valor no menor al 71 por ciento del total de importaciones) se valorizarían a la cotización del CETRA. El Banco Central ajustaría la cotización del CETRA mensualmente, conforme a los objetivos de la balanza de pagos fijados en el programa. Otra alternativa que se ha considerado en reuniones anteriores con las autoridades monetarias, es valorizar dichas importaciones al tipo de cambio oficial más un margen ajustable que tome en cuenta el diferencial entre el tipo de cambio oficial y la cotización del CETRA. Además, se derogaría del gravamen establecido en el Artículo primero del Decreto No. 59 del 28 de julio de 1982 reformado por el Decreto No. 109/88 del 28 de setiembre de 1988, así como los establecidos en el Artículo 2 del Decreto No. 69 del 5 de marzo de 1942, en el Articulo I inciso (a) del Decreto número 3 del 20 de febrero de 1958, para la importación de materias primas, productos semielaborados, envases, maquinaria y equipo, y sus accesorios y repuestos.

El gasto total del gobierno central en 1989 no excederá en más del 5.0 por ciento el monto del gasto efectuado en 1988.

IV. Financiamiento del Programa

El programa supone financiamiento externo excepcional para apoyo de balanza de pagos, que incluye desembolsos del Banco Mundial por US$ 70 millones, compuestos por US$ 25 millones del segundo tramo del SAL-1, US$ 25 millones que provendrían del primer tramo del SAL-2 y US$ 20 millones correspondientes a un préstamo sectorial con el objetivo de apoyar reformas en las empresas públicas. Adicionalmente, se supone un desembolso del cofinanciamiento de Japón en el SAL-1 por un monto de US$ 50 millones, y desembolsos bajo el programa ESF de los Estados Unidos que totalizarían US$ 80 millones para el año calendario de 1989. Es importante señalar que estos créditos y donaciones están sujetos a la conclusión de acuerdo con estas agencias y países y a las condiciones estipuladas por ellas en materia de política económica para efectuar los desembolsos.

Vale destacar que el financiamiento excepcional de la balanza de pagos además de permitir la liquidación de los atrasos con las agencias multilaterales a la fecha y los vencimientos en lo que resta del año, dejaría un financiamiento neto positivo para el país de US$ 70 millones, monto similar al esperado bajo el programa ESF de los Estados Unidos para 1989.

Armando S. Lindo
División de Centro América
Departamento del Hemisferio Occidental

Bases Macro para un Convenio entre la República de Honduras y el Fondo Monetario Internacional

Se incrementarán las divisas negociables por los exportadores (CETRAS) a 50 por ciento del valor de las exportaciones.

Los arreglos especiales cor. la Standard Fruit Co. y Tela Rail road Co. para la promoción de las exportaciones de banano y con American Pacific Mining Co. para la mina de El Mochito, así como otros arreglos concediendo el uso de divisas por más del 50 por ciento se mantendrán igual.

Se podrán otorgar divisas negociables (CETRAS) por más del 50 por ciento a las exportaciones no tradicionales incorporadas en la carta de intención del FMI.

Se reformará el arancel de aduana para valorar las mercaderías a importarse en dólares con el cambio vigente en ese momento en el CETRA para aplicación de los impuestos ad-valorem en lempiras sobre un precio base calculado a una tasa de cambio de mercado. Se exceptuaron de estas medidas una lista de productos básicos que pagarán los impuestos a la tasa de cambio oficial.

Al menos el 70 por ciento de las importaciones serán importadas con dólares adquiridos en divisas propias del importador.

Se eliminará la sobretasa de 20 por ciento ad-valorem existentes sobre todos los productos importados excepto sobre una lista, de artículos de lujo.

Se elaborará un flujo de divisas que asegure a la República de Honduras el uso de los desembolsos de los fondos ESF de la AID para el desarrollo económico y pago de importaciones inmediatas y no se permitirá el uso de estos fondos para el pago de obligaciones atrasadas.

El flujo de divisas se preparará de manera que la República de Honduras pague las obligaciones atrasadas con el FMI, Banco Mundial, Japón y BID con los desembolsos obtenidos de préstamos puentes y de préstamos de ellos mismos posteriormente.

EMPRESA PRIVADA:
SITUACIÓN ECONÓMICA Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

En la primera quincena de abril el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) organizó un foro denominado "Bases para un Nuevo Modelo Económico de Desarrollo en Honduras" al que invitó a economistas chilenos y un norteamericano, seguidores todos de la escuela monetarista de Chicago, para que expusieran frente a los principales dirigentes políticos, gremiales, empresariales, militares, gubernamentales y otras personalidades locales su visión de la crisis económica hondureña y cómo debe solucionar se. Pese a que las conferencias fueron convocadas bajo el propósito de establecer las bases de un nuevo modelo económico, en realidad lo que se hizo fue continuar sublimando la necesidad de liberalizar al máximo la economía, reduciendo el papel del Estado y todos sus programas de proyección social y productiva, entre ellos la Reforma Agraria. Al finalizar el evento, el COHEP definió su posición en el siguiente documento:

II -CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL
'BASES PARA UN NUEVO MODELO ECONÓMICO DE DESARROLLO EN HONDURAS'

Los grupos de trabajo, después de amplias deliberaciones sobre las exposiciones de los conferencistas y sobre los documentos de trabajo que fueron distribuidos en esta ocasión -"Política Económica y Crecimiento Económico" del Prof. Harberger y el Documento de Posición No. 2 del COHEP, "Política Macroeconómica e Inversión Privada en Honduras"-, llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA HONDUREÑA:

Desde 1970, Honduras ha experimentado dos fases de desarrollo. En la primera, que duró de 1970 a 1980, la economía creció rápidamente impulsada por la industrialización doméstica, las exportaciones a Centroamérica y el ingreso de capitales externos por concepto de ayuda, préstamos e inversión privada. El promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 5 a 6 por ciento. En 1980, la recesión mundial originada por el aumento en los precios del petróleo en 1979, las dificultades de pago en las otras economías centroamericanas y la situación en Nicaragua, condujeron a una disminución en la inversión extranjera y a una recesión local. El PIB disminuyó dos por ciento en 1983.

En los años posteriores, gracias al crecimiento experimentado en la economía mundial y a un sustancial aumento en la ayuda externa, se produjo una recuperación del 4 por ciento, por primera vez desde los últimos años de la década de los setenta. Pero las exportaciones no han crecido al ritmo del desarrollo ni de las necesidades de divisas de la economía; éstas, más la ayuda externa, no alcanza para satisfacer las necesidades de divisas para cubrir las importaciones y el servicio de la deuda. Las reservas de divisas se encuentran en un nivel mínimo y las moratorias en el pago de deuda se han incrementado cada año desde 1983. El problema es que tanto los préstamos externos como la ayuda externa y las exportaciones no fueron mayores en 1987 que lo que fueron en 1980, mientras las importaciones de la economía fueron casi un 15 por ciento del PIB en 1980 al 17 por ciento en 1987.

Una reforma agraria incompleta ha vuelto insegura la tenencia de la tierra y la inversión en la agricultura se ha hecho mucho más riesgosa.

La quinta política fue la expansión del sector público en áreas más afines al sector privado, y el peso que su mala administración ha puesto en la economía en general. La estrategia de inversión de CONADI resultó ser un completo fracaso, con la mayoría de su cartera en quiebra. La administración de los recursos forestales por la COHDEFOR no ha resultado en un mejoramiento del medie ambiente, sino que más bien ha conducido a una seria reducción en la producción y exportación de madera. El sector público está saturado de empleados y los consumidores de sus servicios están insatisfechos.

Una segunda restricción es la falta de una estructura estable, a través de la cual se puedan realizar las decisiones de inversión. Frecuentemente ocurren cambios arbitrarios; la corrupción es generalizada y costosa para los negocios. La política en muchas áreas es incoherente, dando la sensación de que nadie está a cargo.

La tercera restricción es una serie de problemas sectoriales, tal como el politizado sistema judicial, los engorrosos procedimientos legales, las violaciones al Código de Trabajo y la falta de una ley de inversión extranjera. Finalmente, un crecimiento económico sostenido a largo plazo necesita un nivel de habilidades y educación, del cual Honduras carece, y que toma mucho tiempo en desarrollar.

POLÍTICA MACROECONÓMICA:

El mayor inconveniente para un crecimiento basado esencialmente en la inversión privada es la inflación actual y el prevaleciente sistema de cambio sobre valorado. Entre las medidas propuestas, uno de los documentos de trabajo discutidos en la Conferencia, planteaba la devaluación como una formar de sobrevivir, porque llevada a cabo con las apropiadas políticas de apoyo, abriría nuevas oportunidades, incrementaría el suministro de divisas para todas las actividades y haría una gran contribución en la reducción del déficit presupuestario. Sin embargo, los grupos de trabajo consideraron que una política de esta naturaleza no sería bien aplicada en este período de transición política entre dos administraciones presidenciales. En consecuencia, la Conferencia recomendó para el período intermedio que cubre 1989:

La reducción del déficit presupuestario, congelando nuevas contrataciones e incrementando los ingresos aduanales.

Que, a efectos de incrementar los ingresos fiscales del Estado, en vez de aplicar nuevas cargas tributarias, se establezca el mecanismo de valoración de las mercancías importadas con dólares del mercado libre, evaluándolas al precio de los CETRA. Con este mecanismo se podrían recaudar alrededor de Lps. 180.0 millones anuales. Sin embargo, para evitar nuevas distorsiones en el sistema de importación, se recomendaba que se eliminasen los sobrecargos y sobretasas arancelarias como punto clave para que dicha recomendación tuviese los efectos deseados.

Con el propósito de evitar que solamente grupos privilegiados tengan acceso a divisas al cambio oficial de dos por uno, se recomienda que se elaborase una lista lo más restringida posible, de las esencialidades, -tales como el petróleo, los insumos agrícolas y las medicinas genéricas, utilizadas por los grupos populares-, las cuales serían las únicas que deberían recibir divisas al cambio oficial.

El resto de los artículos importados deberían ser financiados con divisas del mercado libre, para lo cual el Banco Central de Honduras debería adoptar las medidas necesarias para incrementar la disponibilidad de CETRAS, y para legalizar las operaciones de las empresas que hayan comprado dólares en el mercado libre. En este mismo sentido, se recomendó que se explorase la posibilidad de crear una tasa de cambio para turistas, a efecto de retener todos los gastos efectuados en divisas por los turistas, para que el sistema bancario nacional los pueda utilizar para realizar las importaciones esenciales.

En vista de que estaba en procese de negociación un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, la Conferencia recomienda que la economía nacional se encamine por la ruta de la estabilización, pero bajo un compromiso serio de parte de los organismos financieros de que se obtendrán recursos financieros adicionales, para minimizar los costos sociales del ajuste. Asimismo, recomendaban que el programa de estabilización fuese objeto de las más amplias deliberaciones con todos los sectores nacionales, a efecto de llegar a un consenso que respalde las decisiones del Gobierno en está materia.

En materia de política monetaria, y con el fin de poder atraer recursos del exterior e incentivar el ahorro interno, se recomendaba la liberalización de las tasas de interés, pero prestando la prioridad necesaria al sector agrícola, sector al cual habría que asignarle tasas pref erenciales para casos seleccionados.

También en materia de política monetaria, se recomendaba que se le concediera su verdadera autonomía funcional y administrativa al Banco Central de Honduras, a efecto de eliminar el impacto negativo que el actual esquema de financiamiento del sector público y la influencia del Ministerio de Hacienda ejerce sobre las políticas del Banco Central.

En materia de política comercial, la Conferencia recomendó la unificación de los aranceles, con una disminución progresiva en las tasas de protección efectiva a mediano plazo, con el fin de crear las condiciones para volver la economía hondureña más competitiva con los mercados internacionales.

La Conferencia estuvo de acuerdo en que los controles de precios se justifican únicamente en condiciones monopólicas y sólo por razones estrictamente económicas. En particular, señalaron su acuerdo con el conferencista principal, Dr. Harberger de que los controles de precios y salarios tienden a viciar el decisivo papel de señalamiento que desempeñan los precios: la movilización de recursos de los usos menos valiosos o los más valiosos. En este sentido, la Conferencia estuvo de acuerdo en que los precios altos deben reflejar la escasez y atraer recursos hacia la actividad de que se trate; los precios bajos deben reflejar la abundancia y ayudar a mantener alejados los recursos adicionales.

La Conferencia también estuvo de acuerdo en que las consecuencias típicas de los controles de precios son las siguientes:

La producción, respondiendo a la señal de un precio bajo, controlado, no aumenta, e incluso puede declinar en presencia de escasez, y

Se estimula el contrabando o surgen mercados negros, lo que frustra los esfuerzos del Gobierno por mantener bajos los precios.

La Conferencia tomó nota de los resultados de las investigaciones que a nivel mundial ha hecho el Dr. Harberger de que "jamás han hecho mucho bien las aventuras gubernamentales en el pantano de los controles de precios y salarios"

La Conferencia recomendó igualmente que se eliminen las exoneraciones e incentivos fiscales de todo tipo, que lo único que hacen es crear grupos de privilegio y distorsionan la asignación de recursos. En general, las cuotas, los permisos, las exenciones y exoneraciones fiscales para grupos determinados, indican casi automáticamente que se está aplicando algún criterio distinto del precio para el racionamiento de la oferta limitada entre los demandantes. Esto crea un camino claro para el favoritismo, lo que en la práctica puede degenerar, y a menudo degenera fácilmente en la corrupción. Estos males se suman entonces al hecho de que los controles cuantitativos reducen casi invariablemente la eficiencia económica.

En materia de política cambiaría, la Conferencia estuvo de acuerdo en que, en la práctica, ya el valor oficial del lempira frente al dólar no es del dos por uno y que deberían tomarse las medidas necesarias para aceptar esta realidad y evitar la introducción de mayores distorsiones en el funcionamiento del mercado, provocadas por restricciones cuantitativas y accesos preferenciales a las divisas oficiales por paite de ciertos grupos. La Conferencia estuvo de acuerdo en que era preferible tener una tasa fija del lempira sobre el dólar, pero que ésta fuese determinada periódicamente, según las condiciones reales del mercado.

La Conferencia estuvo de acuerdo en que deben establecerse líneas divisorias muy claras y bien definidas entre las actividades del sector público y las del sector privado y de que, cuando ambas compiten en una esfera determinada, las mismas reglas deberán gobernar sus operaciones. En estos últimos casos, se estuvo de acuerdo en que el sector público y el sector privado, cuando estén involucrados en la misma actividad, deben competir libremente, según las mismas leyes fiscales, las mismas regulaciones y las mismas reglas, y que, en los casos peores, si una empresa del sector público no puede competir:

Que se retire del negocio.

Que las subsidie sólo lo suficiente para mantenerla en operación.

Que no compita con las empresas privadas legítimas simplemente con precios menores que los costos, mientras se financian las pérdidas con fondos fiscales.

A estos efectos, la Conferencia estuvo de acuerdo en proponer que se acelere la política de privatización iniciada por el Gobierno.

La Conferencia también analizó las políticas que Honduras debería proponer en el mediano plazo y llegó a la conclusión de que la posibilidad más alta es la de definir una estrategia de desarrollo que vuelva a Honduras más competitiva internacionalmente. Esto significa mover la política macroecono-mica a su conclusión lógica de definir una política que dé a las exportaciones la mayor prioridad. Las recomendaciones adicionales de la Conferencia son:

La Conferencia estimó, además, que deberían destinarse los recursos necesarios para fomentar la educación, sobre todo en los niveles pre-primario y primario y la salud, beneficiando sobre todo a las madres solteras y al cuidado materno infantil.

Que el déficit presupuestario sea reducido en base al incremento en los ingresos resultantes del aumento en los impuestos aduanales y al incremento en las exportaciones que genere la nueva política.

Que el déficit presupuestario sea de dimensión tal que pueda ser financiado mediante préstamos y donaciones externas.

Que el proceso completo de ajuste estructural sea implementado con la cooperación del Fondo Monetario internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, de manera que sea creíble y se disponga de la Cantidad suficiente de divisas para reprimir cualquier aumento en los precios de los artículos de primera necesidad que pudiesen originarse de la política de ajuste.

Que el aumento en los ingresos aduanales sea usado para reducir sustancialmente la protección arancelaria.

Que se evite un excesivo aumento de salarios.

Que se le asigne la máxima prioridad a resolver los problemas del sector agropecuario y que, a estos efectos se convoque a los grupos participantes a esta Conferencia para que a la brevedad posible se discutan los problemas del sector y se llegue a recomendaciones concretas para acelerar su desarrollo de manera equitativa; y

Que todas las medidas, tanto de ajuste estructural como de la política macroeconómica de largo plazo sea concertada en un gran diálogo nacional en donde todos los sectores participen de manera equitativa en los costos y beneficios del proceso.

La Conferencia finalizó felicitando al Consejo Hondureño de la Empresa Privada por la importante iniciativa que había tenido con la organización de este foro de alto nivel y lo instó a que continuaran con este esfuerzo, dándole continuidad a las ideas aquí generadas para asegurar que las mismas se conviertan en realidad durante el actual o el próximo gobierno.

Por su parte, el COHEP agradeció a todos los panelistas y participantes por su colaboración y ofreció tener listo, en un término no mayor de cinco semanas, un documento contentivo de todas las exposiciones de los participantes, el cual estarla disponible para todas las personas interesadas.

Tegucigalpa, D.C., 10 de abril, 1989.

COHEP FIJA POSICIÓN

El día 5 de junio, en cadena nacional de radio y televisión, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) dio a conocer un documento en el cual fija su posición ante la grave crisis económica por la que atraviesa actualmente Honduras. Por considerarlo de mucho interés para nuestros lectores y por constituir un documento clave para conocer el pensamiento de los empresarios hondureños, el CEDOH ha considerado útil incluir su texto completo en esta edición de nuestro Boletín informativo:

MENSAJE DEL COHEP AL PUEBLO HONDUREÑO

El problema económico se ha vuelto una cuestión política

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha venido observando con suma preocupación, como las medidas urgentes que demanda el país para crear la confianza y la estabilidad económica necesarias para incentivar la producción y las inversiones, se han venido convirtiendo en materia de discusión puramente política, dentro de la campaña electoral que ya se ha iniciado y sin qué se tomen las decisiones que el país requiere para encausar su economía por las vías de una sana, correcta y honesta administración de los recursos públicos.

Al pueblo hondureño no le interesa si la crisis tiene o no un culpable

El sector privado hondureño es el primero en lamentar que la situación económica y social haya llegado a los extremos en que hoy se encuentra, por la falta de una previsión adecuada y por falta de decisiones oportunas para hacer frente a la crisis, antes de que ésta desembocara a los niveles agudos que registra en la actualidad. Para todo el pueblo Hondureño carece de importancia, a estas alturas, si la crisis tiene o no un culpable; para el pueblo hondureño es irrelevante su aprovechamiento para fines electoreros; lo necesario ahora no es el determinar la cuota de culpa sino que tomar las decisiones positivas requeridas para evitar la profundización de los problemas económicos y sociales existentes.

Una economía sana requiere del sacrificio de todos

Entre más se retrase la adopción de una política correctiva y de ordenamiento económico nacional, las medidas que el Gobierno tendrá que adoptar, repercutirán en forma cada vez más negativa en la ya difícil situación del pueblo Hondureño.

A los empresarios, igual que al resto del pueblo hondureño, no nos entusiasman las medidas de ordenamiento económico que ahora son indispensables, pero reconocemos que, aunque impolíticas e impopulares, dichas medidas tendrán como efecto garantizar el correcto funcionamiento de la economía.

Por esta razón, y consciente de su responsabilidad, el sector empresarial está anuente a asumir la cuota de sacrificio que le corresponde en la toma de las susodichas medidas, porque está convencido que una economía sana es la más propicia para fomentar la actividad productiva, asegurar los empleos y los ingresos de la clase trabajadora e incentivar nuevas inversiones.

Demandamos una correcta orientación da parta del Gobierno

Las declaraciones contradictorias de los funcionarios públicas de más alto nivel sin embargo, no coadyuvan a crear el dima de confianza y de estabilidad que requiere la economía nacional. El pueblo hondureño debe ser orientado de manera correcta, sin ambigüedades y distorsiones, con claridad meridiana, a fin de evitar la confusión y el pánico que podría producirse ante informaciones contradictorias que presentan un futuro económico incierto para la Nación.

Destaquemos también las cosas buenas del país

Debemos destacar, por otro lado, las cosas buenas que día a día, miles de hondureños, tanto gobernantes como gobernados, hacemos en beneficio del país.

Dejemos a un lado el pesimismo y participemos todos, con entusiasmo y con energía, en mejorar nuestra Patria que merece de nosotros todo lo mejor que tengamos.

El Cohep considera, sin embargo, que, para que el empresario nacional vea el futuro con esperanza, debemos, en primer lugar, definir una clara política de ordenamiento económico nacional. Las crisis temporales siempre pueden ser superadas cuando Gobierno y Empresa Privada aunamos nuestros esfuerzos en pro del bien común.

Olvidemos por un momento nuestras rencillas electoreras

Por el bien de Honduras, el Cohep hace este urgente llamado: Olvidemos por un momento nuestras rencillas electoreras; hagamos a un lado las mutuas recriminaciones sobre responsabilidades pasadas y enfoquemos nuestras energías creadoras a buscar soluciones constructivas a nuestra difícil, pero no insuperable situación. Lo más conveniente a los intereses nacionales sería que los líderes políticos vean las soluciones con óptica de patriotas y estadistas, que comprendan los beneficios de largo plazo, en vez de interesarse, de manera egoísta, únicamente en los resultados electoreros del último domingo de noviembre.

Evitemos el alza injustificada de los precios

A los empresarios en general les solicitamos su concurso y su colaboración con el pueblo hondureño para evitar alzas injustificadas en los precios de sus productos, porque ello agravaría aun más la actual situación de crisis generalizada que vive el país. En cambio, le pedimos al Gobierno que elimine los controles innecesarios y que reconozca, con prontitud y eficiencia, las cambiantes situaciones del mundo económico de la actualidad.

Apoyamos los incentivos a la exportación

Por estas razones, el Cohep acoge con simpatía el reconocimiento que ha hecho el Señor Presidente de la República, respecto al beneficio que la economía hondureña deriva del mecanismo de los Cetra, como un verdadero, aunque incompleto, incentivo para promover las exportaciones.

Pongamos en orden nuestra casa

A los líderes empresariales, laborales, gubernamentales y políticos les solicitamos que se unan a nuestro esfuerzo para que pongamos en orden nuestra casa, como una simple y llana medida de sana administración, independientemente de lo que nos sugieren los organismos internacionales de financiamiento.

Constancia histórica de la posición del Cohep

Con este objetivo en mente, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada viene a dejar su constancia histórica ante la opinión pública nacional e internacional, sobre su firme posición para que se adopten de inmediato las medidas urgentes que conduzcan al saneamiento de la economía nacional, a la recuperación del crédito externo con los organismos internacionales de financiamiento a la obtención de recursos financieros adicionales y a crear las condiciones de estabilidad y de confianza necesarios para incentivar la producción, las inversiones y las exportaciones. El Cohep ofrece su concuno y su colaboración para que podamos lograr estos objetivos.

Reiteramos nuestra convicción de que, de no hacerlo, corremos el riesgo de paralizar la economía y llevarla irremediablemente a situaciones inmanejables y a un despretigio internacional que nadie desea.

¡Pueblo hondureño! ha llegado el momento de demostrar con hechos concretos, cuanto amamos nuestra Patria.

LA PARTIDA DE BRIGGS

En la década de los 80 han sido cuatro los embajadores que ha tenido Estados Unidos en Honduras. El primero, de paso efímero, fue Jack Binns, un diplomático atrapado en las arenas movedizas que significó la transición del gobierno Cárter a Reagan. Luego, en 1981 llegó el primer halcón, el pro-cónsul John Negroponte a quien le correspondió la tarea esencial de convertir a Honduras en una plataforma de la contrarrevolución en América Central. Con el propósito de garantizar el uso del territorio nacional para la Contra, Negroponte alentó en lo interno la formación de un poder militar represivo que tenía como mampara un gobierno civil tolerante. Negroponte abandonó su cargo poco después de que fuera derrocado el general Gustavo Alvarez Martínez en marzo de 1984 y de que fuese claro que la Contra era inservible para el sueño de derrocar a los sandinistas por la vía de las armas.

Con el vuelo de retorno de Negroponte, llegó a Tegucigalpa John Ferch, un diplomático con ideas propias y que no encajó en los planes aventureros de los "vaqueros" de Reagan. Ferch advirtió desde un comienzo el perfil amenazante de la crisis interna hondureña y la necesidad de jugar a la contrarrevolución en Nicaragua pero con otras cartas. Por sus discrepancias, apenas duró un año hasta que, en el olor del escándalo, fue sustituido por Everett Briggs quien llegó en 1986 luego de haberse desempeñado como embajador en Panamá.

El panorama y la misión de Briggs fue más compleja que la de sus antecesores en la medida en que la herencia de la inestabilidad, insolvencia, dependencia y corrupción dejada por Negroponte remataba una década perdida para el progreso en Honduras.

Briggs no llegó ya para ser el comandante de la victoria antisandinista, sino el estratega del repliegue de la derrota. Su meta fue mantener a la Contra viva como elemento de presión y garantizar que el territorio hondureño continuara siendo la base del ejército irregular. En ese aspecto se puede considerar que cumplió con lo programado, pero con un "quid pro quo"(dando y dando) más complicado.

En realidad, a Briggs los tiros no se los hicieron en la frontera con Nicaragua sino dentro del país. En su currículo quedó grabado para la historia el motín popular del 7 de abril de 1988 cuando el consulado de los Estados Unidos fue parcialmente destruido por enardecidos manifestantes que dieron rienda suelta a un sentimiento antinorteamericano acumulado, que tuvo en el secuestro y extradición del narcotraficante Ramón Matta la chispa necesaria para el incendio.

Posiblemente Briggs tuvo el 7 de abril "la noche triste" de su carrera. Asistió impotente a un acto inédito en la historia de las relaciones norteamericanas con América Latina y gran parte del mundo. Briggs, en las dos horas y media más álgidas quedó solo, no hubo un sólo soldado o funcionario hondureño que lo asistiera, hasta el momento en que se consideró oficialmente que la "lección" estaba dada.

Con ese suceso quedó palpable que la dominación estadounidense no era absoluta, que nuevas fuerzas habían en el ruedo, algunas tan poderosas como el narcotráfico. A partir de ese momento el diplomático vió deteriorse sus vínculos oficiales con importantes figuras locales. Sus roces con el canciller Carlos López Contreras fueron casi de dominio público.

El enfriamiento se ha extendido también a funcionarios subalternos enfrentados con la burocracia de Azcona Hoyo en materias de seguridad y economía. Por esa razón no fue de extrañar que en la ceremonia de despedida ofrecida a Briggs, el ministro López Contreras dijo que pese a que "los dos países mantienen estrechas relaciones de amistad, cooperación y seguridad, es necesario destacar que esa amistad se base en el respeto mutuo, en la promoción de intereses comunes, en la relación de igualdad; en que el poderío de uno se conjuga con la fortaleza democrática y la importancia geopolítica del otro".

Como a la vieja usanza inglesa, "muerto el Rey, viva el Rey" y la vacante de Briggs será llenada, muy posiblemente, por Crescencio Arcos, quien fue el segundo en importancia en la misión diplomática que encabezó Negroponte. Arcos, de origen latino, quien fungió antes de llegar a Honduras en 1981, en la URSS, Portugal, Brasil, etc.,tiene asegurado el beneplácito del gobierno hondureño, a cuyos principales dirigentes conoce en la profundidad de sus cargos y también de sus ambiciones.

DERECHOS HUMANOS

EJECUCIÓN DE DELINCUENTES

La Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) admitió haber dado muerte a los delincuentes Juan Pablo Velásquez, alias "el chino", y Santos Nicolás Sierra Maradiaga, alias "Lico", cuyos cadáveres fueron encontrados, junto a un tercer desconocido, el 13 de junio a la altura del kilómetro 15 de la carretera del sur. En un primer momento la policía declaró no saber nada del hecho, pero en la morgue fue encontrado un papel en el ruedo del pantalón de Velásquez en el cual había escrito que estaba en poder de la DNI y que temía por su vida. Ante la evidencia, el vocero de la FUSEP, teniente Gustavo Domínguez, admitió que habían sido ejecutados por agentes policiales cuando intentaban escapar. Las víctimas tenían un impresionante historial delictivo, pero en Honduras legalmente no existe la pena de muerte. (T/14/VI/89).

INDIGNACIÓN POR TORTURAS

Indignación provocó en la ciudadanía de Campamento, Olancho, el proceder de la FUSEP en contra de José Humberto Flores, de 41 años, quien fue capturado bajo sospecha de abigeato y torturado en el recinto policial de la localidad. "Me doblaron las rodillas como iguana, me agarraron la cabeza y me pusieron una capucha. No podía respirar y me preguntaban quienes eran mis acompañantes en el robo de ganado, pero no podía contestarles porque soy inocente", relató. Flores también fue golpeado y resultó fracturado de las costillas. La primera atención médica la recibió en el piso de la celda y después en un hospital al que fue trasladado. La víctima no reveló el nombre de sus torturadores "por temor a que me maten". El suceso causó un profundo malestar en Campamento donde Flores es una persona muy conocida. Los agentes policiales del lugar rechazaron las acusaciones de torturas y argumentaron que Flores se golpeó él mismo cuando intentó fugarse. (EH/2/VT/89). Ante las evidencias, el jefe de la FUSEP en Olancho, teniente coronel Manuel Antonio Urbina, admitió que hubo "abuso de autoridad"en contra de Flores y que los responsables serían sometidos a una investigación. (T/3/VI/89).

ASESINATO

El agente de la FUSEP Wilfredo Cabrera López asesinó al joven Jesús Elmer Neal Barahona en la ciudad de El Progreso, Yoro. El policía confundió a Neal Barahona con un ladrón y en plena calle le disparó "pese a que la víctima le explicó que no era delincuente y que lo llevara preso para averiguarlo, incluso se le hincó y le rogó que no lo matara, pero Cabrera López, riéndose y con sarcasmo disparó su pistola, luego le pegó una patada, le tapó la boca y la nariz, creyéndolo muerto se marchó y dejó el cuerpo tirado en la calle", según relatos de los testigos. El joven sobrevivió hasta ser trasladado a un hospital donde murió en la sala de operaciones. (LP/6/VI/89).

SOLDADOS MATAN DOS JOVENES

Los campesinos Virgilio Israel Galeano, 22, y Reino de Jesús Rodríguez, 18, fueron ultimados por soldados de la base militar de El Aguacate, en Olancho. Ambos habían sido capturados cuando salían de una fiesta cercana a la base militar. La señora Francisca Castro, madre de Rodríguez, dijo que los soldados le confirmaron la detención de los jóvenes, "pero después nos informaron que les habían disparado porque no se detuvieron cuando les hicieron el alto respectivo". Tanto Galeano como Rodríguez habían prestado su servicio militar en El Aguacate. (EH/5/VI/89) Debido a que el suceso forma parte de una serie de actos represivos ejecutados por militares de esa base, los pobladores de las aldeas vecinas anunciaron qué solicitarán a las autoridades correspondientes la reubicación de la unidad castrense para evitar nuevos problemas. (T/7/VI/89).

MATAN UN ESTUDIANTE

El estudiante Erick Reynaldo León murió en Cofradía, Cortés, al ser víctima de un operativo militar en busca de desertores del ejército. León creyó que se trataba de un reclutamiento y cuando trató de evadirlo fue blanco de los disparos de un cabo. Un alto oficial, el teniente coronel Daniel Tábora Talbott, comentó que el incidente fue sin intención y lo atribuyó a la inexperiencia del agente pues dijo que a los desertores no se les tira a matar, sino que se les asusta con tiros al aire para que se detengan. (T/2/VI /89).

HOSTIGAN A CAMPESINOS

El Comité del Socorro Jurídico de la Vicaría de Yoro denunció los hostigamientos y capturas ilegales de que están siendo víctimas por parte de la FUSEP los miembros de un grupo campesino que han recuperado un predio conocido como "La Atacosa"y que es reclamado por un terrateniente de apellido Oviedo. (T/10/VI/89).

POLICÍA INFUNDE TEMOR

El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) sostiene en un comunicado que "en Honduras ha sido proverbial el temor que la policía infunde a la población civil. De todos es sabido que la FUSEP, rama de las Fuerzas Armadas, ha subvertido su papel constitucional y se ha convertido en un elemento de intranquilidad para la ciudadanía... la reacción colectiva de reclamos en estos acontecimientos es una respuesta fiel ante el irrespeto hacia la ciudadanía por quienes se dicen defensores de nuestra nacionalidad". (T/6/VI /89).

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, UN ABONO A LA DELINCUENCIA

En nuestro país no hay pena de muerte, pero ésta se aplica extrajudicialmente a criterio de la policía, que de esta manera se erige en tribunal supremo e inapelable y sin derecho a juicio para los condenados.

Las ejecuciones extrajudiciales son calificadas en el mundo civilizado como una grave violación de los derechos humanos, y son característica no de los regímenes democráticos sino de los totalitarios.

Mientras el gobierno de Honduras, por ejemplo, protesta por la ola de terror desatada por el régimen de China, que ahora persigue implacablemente a los dirigentes de las protestas en la plaza de Tienan-men (Beijing), sus organismos de seguridad del Estado asesinan a presuntos delincuentes y lo reconocen públicamente sin asomo de rubor.

En todo el país se está aplicando este método expedito, diz que para combatir la delincuencia, que solamente demuestra la incapacidad de la policía para combatir el crimen civilizadamente y, al mismo tiempo, sembrando la semilla de una criminalidad más profunda y letal.

También esta actuación policial pone de manifiesto la inoperancia de los tribunales de justicia, puesto que son éstos los encargados de aplicar la ley pero se dejan suplantar por la fuerza bruta, por la barbarie, sin siquiera chistar.

Los medios de comunicación abundan en informaciones sobre este tipo de atentados contra la vida de las personas realizados por la policía, y es evidente la aceleración que se está dando a esta práctica. Lo vemos en los casos de Tizatillo, y en uno de Choloma en que los asentes del "orden" balearon a un individuo para después reconocer: "Ya nos planchamos uno, pero éste lo planchamos por error".

Errores insignificantes para la policía, matar por equivocación a una persona, y asesinar a otras por el hecho de considerarlas subversivas, aunque sin probarlo ante los tribunales de justicia que, de todas formas, no conducirían al patíbulo a un delincuente político o no, por no existir la pena capital en nuestras leyes. Estamos conscientes de que en los últimos tiempos se ha exacerbado la criminalidad, con un tipo e delincuentes desalmados que cometen las más viles vejaciones a sus victimas de todas las edades, hasta llegar al asesinato.

Muchas personas honestas, justamente indignadas por estos crímenes, desean la muerte para esos monstruos y, a veces, caen en la tentación de justificar los procedimientos criminales igualmente de la policía, o, en el menos malo de los casos, claman porque en Honduras se imponga la pena de muerte, abolida precisamente porque no solo no reduce la criminalidad sino que abre las puertas al abuso del poder público, principalmente por razones políticas.

Pero ninguna sociedad puede prevalecer por encima de la ley, ni ninguna autoridad está facultada para colocarse por encima del ordenamiento legal. Para esto no hay excepción posible, por la sencillísima razón de que ello significaría el principio de la disolución social o el entronizamiento del régimen totalitario.

Cuando los organismos de seguridad del Estado se toman la atribución -más allá de la legalidad- de matar por razones que ellos juzgan de profilaxis social, se convierten en entidades criminales peores que la delincuencia supuestamente a combatir.

Esto es asi por múltiples motivos que no precisan ser explicados, y porque este abuso de poder conduce rápidamente al asesinato "institucional" por causas políticas, por rencillas personales, etcétera, y niegan por completo la función privativa de los tribunales competentes.

Se crea asi una situación en donde la única ley es la de la selva, en donde nadie -ni la misma policía - tiene seguridad, y el don más preciado, la vida, queda completamente a merced de los más viles y audaces.

Tomado de TIEMPO/17/VI/89

QUAYLE, EL EMISARIO DE LA CONFRONTACIÓN

Como parte de una gira por América Central, excluyendo a Nicaragua llegó a Honduras el 12 de junio el vicepresidente de los Estados Unidos Dan Quayle para recabar un mayor compromiso de sus aliados en la cruzada anti Noriega y anti sandinista alentada por la Administración Bush. Quayle dialogó con el presidente José Azcona Hoyo, algunos ministros, los candidatos presidenciales de los partidos Liberal y Nacional, con empresarios e incluso con los Contras, pero curiosamente en la apretada agenda de contactos no tuvo un puesto el jefe de las FFAA, general Humberto Regalado Hernández y sus principales comandantes. La exclusión del poder real dió la tónica a los observadores que Quayle no traía en cartera alguna propuesta nueva o formal que discutir con Honduras, y, además, que algo enturbia sus relaciones.

Desde sus primeras palabras al llegar al aeropuerto hasta la breve declaración que hizo luego de su entrevista con Azcona Hoyo, el vicepresidente norteamericano dejó en claro la obsesión de la Casa Blanca por el derrocamiento del hombre fuerte de Panamá y garantizar que las elecciones que tendrán lugar en Nicaragua en febrero de 1990 representen una oportunidad real para que la oposición antisandinista acceda al poder.

Quayle encontró en Azcona Hoyo el eco esperado. "Hemos hablado con Quayle sobre los temas que es obligado hablar en estos momentos en Centro América... tenemos puntos de vista coincidentes sobre la necesidad de que en Panamá se respete la voluntad popular... y desde luego es necesario que el gobierno sandinista cumpla con los compromisos contraídos dando todos los pasos en el proceso electoral para que las elecciones que se celebrarán en febrero próximo sean limpias y que el pueblo nicaragüense ejerza también el derecho al voto", dijo Azcona Hoyo.

En respuesta, Quayle le manifestó al primer mandatario hondureño que "me ha impresionado el valor suyo y el entendimiento y entusiasmo del pueblo de Honduras; el compromiso suyo con la democracia es muy apreciado en nuestro país, su compromiso con la democracia y el entendimiento del pueblo es algo que creo que aquí también se conoce de sobra".

Dándole vueltas a los problemas panameño y nicaragüense, los dos altos funcionarios no tuvieron tiempo de discutir sobre los asuntos de interés bilateral, entre ellos el futuro de la Contra, los desembolsos pendientes de la AID, el apoyo norteamericano en las negociaciones con el FMI y otros aspectos importantes. Ante las críticas por ese vacío, Azcona Hoyo se limitó a contestar que "los temas económicos se tratan todos los días con la gente de la Embajada de los Estados Unidos, los temas económicos siempre son obligados, lo que pasa es que aquí estamos un poco obsesionados por ese tema, entonces todo lo llevamos a ese lado".

Quayle sólo dedicó media hora a su encuentro con Azcona Hoyo, menos del tiempo que ofreció, por ejemplo, para conversar con el candidato nacionalista Rafael Leonardo Callejas o con los dirigentes de la contrarrevolución nicaragüense. Su desayuno con los antisandinistas motivó la protesta de Managua, ante la cual el canciller Carlos López Contreras replicó que "la reunión la sostuvieron dentro de la misión norteamericana, así como se reúnen en Washington; nosotros no tenemos ningún problema y no veo porqué hubiera objeción alguna".

En las antípodas con respecto a la visión oficial, el Comité Coordinador de Organizaciones Populares (CCOP) comentó que la atención dispensada a la Contra "hace notar de nuevo el irrespeto a la Constitución de la República al estimar a Honduras como epicentro político y militar de los rebeldes". La CCOP agregó, en una carta pública, que "en Honduras la militarización extranjera ha operado en todos los aspectos de la vida nacional, con un programa de antidesarrollo, anticultura y de muerte que ha impuesto el gobierno estadounidense al pueblo hondureño que se refleja en la violación a los derechos humanos, en los desaparecidos, torturados y asesinados".

Al margen del CCOP, la llegada de Quayle generó otra carta pública firmada por las industrias NOVATEC en la que plantean que "desde los tiempos de la Alianza para el Progreso hemos venido observando a la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) haciendo actividades que nos corresponden por obligación y derecho a los hondureños... En el ánimo de ayudar a este país, la AID ha llegado a ser inconsistente en los planteamientos con su forma de actuar, como si todo el derecho girara alrededor de la paridad de la moneda aunque en el caso de una devaluación sólo se beneficiarían principalmente las bananeras exportadoras, que ya de por sí han venido haciendo excesivas ganancias cuando lo que debería interesar primero es fortalecer la producción y el consumo de bienes esenciales". Las industrias NOVATEC enfatizaron en que los fondos que regala la AID están provocando efectos negativos para el desarrollo nacional puesto que llegan cargados de imposiciones y condiciones, entre ellas la importación de materiales que bien pueden producirse a nivel nacional para no caer así en la dependencia extrema. (Resumen de prensa).

jun89

Boletín del Centro de Documentación de Honduras nº 98

[Fuente: Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Boletín Informativo Nº 98, pp. 1-15, Tegucigalpa, D.C., Honduras, junio 1989]

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