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Se exige al gobierno cumplir con seriedad medidas cautelares aprobadas por la CIDH

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Con carácter de urgencia máxima, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) informa:

• 1. Los asesinatos a tiros ocurridos anoche en Manto, Olancho, contra los ambientalistas Heraldo Zúñiga y Róger Iván Murillo, comprometen severamente la reputación del Estado de Honduras, pues la primera de las víctimas tramitaba medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la segunda había testificado amenazas.

• 2. Las víctimas, además de Víctor Ochoa, Efraín Pagoada, Pedro Amado, Elvin Lanza, René Gradis y Macario Zelaya habían testificado en mayo pasado ante el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), por amenazas públicas vertidas por representantes de empresas madereras en la comunidad de El Rosario, quienes luego se tomaron por la fuerza la carretera principal exigiendo reanudación de los permisos de operación y culpando a los defensores del bosque por sus supuestas dificultades económicas.

• 3. Ante lo ocurrido, exigimos seriedad al gobierno del Presidente Manuel Zelaya al otorgar protección a la integridad física y a la vida de los periodistas y ejecutivos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, otorgó anoche medidas cautelares por las amenazas recibidas de sicarios vinculados a empresas privadas de seguridad.

• 4. Agregamos a este pedido urgente la protección del periodista José Peraza y el sacerdote jesuita Ismael Moreno, reportero y director de Radio Progreso, respectivamente, por las advertencias y amenazas vertidas en su contra en las últimas semanas por ejecutivos y regidores de la Municipalidad de El Progreso, Yoro, quienes forman parte del cacicazgo político del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti.

• 5. Ante los hechos violentos concretados contra la humanidad de los amenazados Dionisio Díaz, Heraldo Zúñiga y Róger Murillo, exigimos a las autoridades actuar de inmediato para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y restituir los derechos violados a las víctimas.

• 6. La acumulación de impunidad arrastra a la sociedad y al Estado hacia una crisis de confianza y legitimidad, que inclusive pone en riesgo la gobernabilidad política.

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.

Tegucigalpa, 21 diciembre de 2006
COFADEH

DDHH en Honduras

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