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16ene13
Amplían decreto de emergencia carcelaria por un año en Honduras
Hace más dos años que dio inicio la "emergencia carcelaria" decretada por el gobierno hondureño, quien por tercera vez determinó este martes en Consejo de Ministros ampliar la medida , pese a que lejos de mostrar resultados tangibles, hasta la fecha muestra un grave detrimento de las condiciones de hacinamiento, violencia y nulas condiciones de rehabilitación.
Inicialmente, el Gobierno decretó estado de emergencia en nueve de estas cárceles, pero no abarcó Comayagua, donde ocurrió la tragedia penitenciaria más grande del mundo en la última década, donde 361 prisioneros perdieron la vida calcinados, tras desatarse un feroz incendio, bajo circunstancias que aún permanecen bajo investigación.
Dos meses después la tragedia, -esta vez en San Pedro Sula-, trece reclusos fallecieron en medio de un motín protagonizado por los denominados "paisas" quienes se revelaron en contra de su coordinador a quien decapitaron.
Más acciones más violentas siguieron este año en este penal, considerado el más mortífero del país, nuevamente en el mes de diciembre otros cinco presos perdieron la vida y cuatro más resultaron heridos en medio una refriega.
El más reciente incidente registrado ocurrió apenas hace unos días en el penal de Juticalpa, Olancho, donde un motín terminó con el incendio de colchonetas y papel, así como saqueos y destrucción de camas , en represalia por el retiro de la única distracción, tres mesas de billar.
Honduras cuenta en la actualidad con 24 establecimientos penitenciarios, trece de los cuales tienen categoría penitenciaria y los once restantes como centros penales, los que según el Centro de Auditoria Penitenciaria, a marzo del 2012 albergaban alrededor de 11,718 privados de libertad.
Se estima que la capacidad de los 24 centros es de 8,340 personas, no obstante, a marzo del 2012 la sobrepoblación era de 3,428 que representa un porcentaje de hacinamiento del 41.10%.
"Emergencia" de tres años
El decreto fue presentado por el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, quien argumentó que con el propósito de atender la problemática de los centros penitenciarios, la emergencia se prorroga, hasta por un plazo de 12 meses, a todos los centros penitenciarios del país.
El estado de emergencia fue declarado mediante los decretos ejecutivos PCM-032-2010 del 13 de junio de 2010) y el PCM-006-2012 del 21 de marzo de 2012.
Esa emergencia fue declarada en los presidios de San Pedro Sula, Santa Bárbara, Puerto Cortés, La Esperanza, El Progreso, Trujillo, Yoro, La Ceiba y Puerto Lempira debido a una serie de requerimientos nacionales e internacionales de hábeas corpus contra el Estado de Honduras.
Según el informe "Panorama nacional de los centros penales" del estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos de esos 24 centros penales, solo cuentan con servicios médicos y odontológicos la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, la de San Pedro Sula y el Cefas, con un presupuesto anual raquítico para comprar medicamentos, a escala nacional, de 150,000, equivalentes a $7,883.00.
En los demás centros penales, los privados de libertad que se enferman son atendidos en los hospitales públicos o centros de salud más cercanos.
El documento añade que se tienen presupuestados once lempiras al día, unos 0.58 centavos de dólar diarios por recluso, insuficientes para proporcionarles una alimentación digna.
¿Rehabilitación?
Los centros penales de Honduras son considerados como "escuelas" en donde los propios internos entrenan a los recién llegados en nuevas "metodologías" del crimen, de tal forma que una vez procesados un buen porcentaje está propenso a retornar a las celdas por delitos cada vez mayores.
De acuerdo con la Ley de Rehabilitación del Delincuente, en su artículo 29 que toda persona en una penitenciaría o cárcel desde el momento de su ingreso deberá ser examinada por un médico para conocer su estado físico y mental y se deberán adoptar, en su caso, las medidas pertinentes, no obstante las granjas penales no cuentan con un psiquiatra.
Además de los 24 centros penales del país, solo los de San Pedro Sula, La Ceiba y Cefas tienen lugares acondicionados para la visita conyugal. En los demás presidios, para gozar de este derecho, los privados de libertad se organizan turnándose en sus habitaciones colectivas. En cuanto al régimen de visitas, este derecho es plenamente gozado por todos los reclusos en todos los centros del país, dice el informe.
[Fuente: Conexihion, El Portillo, Manto, Olancho, 16ene13]
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