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03mar16
Medidas cautelares de Berta Cáceres eran cumplidas, asegura el gobierno
El gobierno de Honduras condenó este jueves de forma enérgica del vil crimen de la dirigente del Consejo Coordinador de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres.
“Condénanos su muerte, ella fue atacada por desconocidos en su vivienda en la residencial Líbano de La Esperanza, Intibucá”, expresó, el ministro coordinador general del Gabinete del Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro.
Mencionó que ante las medidas cautelares que pidió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Policía Nacional de Honduras daba cumplimiento a las mismas.
“Es importante señalar que el domicilio que ella había reportado a la Policía Nacional era en el barrio El Calvario y no en residencial Libano en donde murió, esa información no estaba registrada en nuestros datos como parte de su domicilio”, expresó Hernández Alcerro.
“La seguridad que se le proporcionaba a Berta Cáceres era de un sistema de patrullaje en su residencia situada en El Calvario. A ella también se le había asignado una seguridad permanente, pero a su petición solo se le dejó el patrullaje, porque dijo que no requería de tanta seguridad”, comentó.
“Sin embargo, no estamos excusando este caso, pero queremos hacer ver ante la comunidad nacional e internacional que el gobierno de Honduras, Policía Nacional y Secretaría de Seguridad, estuvieron siempre pendientes de la seguridad de Berta Cáceres”, aseguró.
Alcerro indicó que el departamento de los Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad mantenía comunicación permanente con Cáceres y que la semana pasada tuvieron una reunión de coordinación, porque se pasaba monitoreando su seguridad.
“La patrulla de seguridad se desplazaba de forma constante al domicilio reportado en el barrio Calvario, la residencial Líbano no había sido reportada como su domicilio”, insistió el ministro.
Tras el hecho, un equipo policial se desplazó a la escena del crimen, personal especializado en investigación criminal e inteligencia para iniciar las investigaciones y dar con el paradero de los criminales.
Es importante mencionar que hay una persona detenida, quién es el vigilante de la residencial Líbano, donde fue asesinada Berta Cáceres.
La defensa de los Derechos Humanos está reconocida expresamente en la normativa legal vigente hondureña y por tanto, el Estado garantiza a sus ciudadanos este derecho inalienable, apuntó Alcerro.
[Fuente: La Tribuna, Tegucigalpa, 03mar16]
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