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14feb07
Una aproximación al uso de la violencia política contra la búsqueda de verdad y justicia
Con ocasión de las amenazas a CALDH, ECAP y MDH, y en razón del grave significado que tiene la violencia política que se abate sobre algunas actividades científicas, técnicas y profesionales.
Diversos hechos de agresión y violencia, perpetrados con evidentes matices políticos y a la usanza de los operativos que suelen tejerse en el seno de los aparatos de inteligencia, crearon recientemente un clima de incertidumbre, temor y peligro en el seno de varias organizaciones de la sociedad civil.
Ocurridos en las últimas semanas, estos hechos han pasado casi inadvertidos para la generalidad de la población, pero están afectando a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la promoción de justicia en casos de genocidio y otros crímenes cometidos durante conflicto armado interno, así como al acompañamiento psicosocial que requieren las víctimas involucradas en procesos de búsqueda de verdad y justicia.
Es el caso de la inestabilidad y fragilidad políticas que rodean en esta coyuntura el trabajo del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y del Movimiento de Derechos Humanos (MDH).
Sus equipos profesionales, especialmente los de CALDH y ECAP, han sido víctimas de acciones que ejercen presión emocional sobre sus integrantes: amenazas escritas y destrucción de propiedad privada que ocurren en lugares aparentemente seguros |1|, el misterioso robo y aparición de vehículos y pertenencias |2|, entre otros hechos intimidatorios que sin duda quiebran la tranquilidad de la persona y la llevan a sentir zozobra, pues el acoso constante es un indicador de peligro.
Como se sabe, CALDH asesora las demandas por genocidio planteadas por la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) ante los órganos de justicia local, por cuyo medio se busca esclarecer y sancionar las acciones criminales cometidas durante los gobiernos militares de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt. También es sabido que dichas organizaciones han estado gestionando ante los tribunales y el Ministerio Público un avance cualitativo en los procesos, pues estos se encuentran estancados. Por ello se colige que sus acciones, totalmente legítimas, legales y procedentes, han causado inquietud en grupos, estructuras y personas que intentan seguir, como hasta ahora, en la impunidad.
En el caso de ECAP, su trabajo es de carácter comunitario y de iniciativas académicas. Por más de diez años, los profesionales de ECAP han estudiado el problema del estrés postraumático en sociedades que han estado sometidas a períodos prolongados de dolor, sufrimiento, temor y violencia extrema, como los vividos durante el conflicto armado interno.
Principalmente, se trata de psicólogos que no sólo han acompañado a las víctimas en su proceso de recuperar la salud mental, sino también han ejercido el papel de peritos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente en el juicio celebrado contra el Estado de Guatemala por la masacre de Plan de Sánchez |3|. Asimismo, han gestionado ante el Estado la implementación de programas de salud mental por las consecuencias que traen consigo los desajustes en ese ámbito, debido a la proliferación de enfermedades de origen psicosocial como migraña, alergias, trastornos gastrointestinales, diabetes, depresión, alcoholismo, adicciones y diversas formas de escape de la realidad, y tantas otras que generan más violencia contra la misma víctima y su entorno.
La violencia política llega a ECAP en el marco del acompañamiento que realiza a las víctimas de la masacre de Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz, en la cual elementos militares y paramilitares asesinaron a unas 300 personas.
El trabajo profesional que se realiza alrededor de esta masacre es, evidentemente, un elemento común a las organizaciones afectadas por los más recientes hechos de violencia. Si bien el caso ha sido tratado ya por la justicia internacional, éste también forma parte de la demanda por genocidio que CALDH asesora en su curso ante la justicia guatemalteca, pues en el ámbito nacional no ha habido esclarecimiento ni sanción contra los autores intelectuales y materiales de esta masacre |4|.
Todo parece indicar que CALDH y ECAP sufren ahora persecución e intimidación por el trabajo técnico jurídico, científico y académico que realizan y que toca puntos sensibles de la historia reciente: la política sistemática de violación de derechos humanos que imperó durante el conflicto armado interno, el concepto del "enemigo interno" y las diversas formas de aniquilación utilizadas por el Estado a través del Ejército y otros cuerpos de seguridad, incluidos los paramilitares.
Es también un patrón similar al utilizado en otras ocasiones contra miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), cuyos peritajes y estudios científicos sobre las osamentas exhumadas en cementerios clandestinos pueden constituir prueba científica en procesos judiciales. Son patrones que afectan por igual a quienes promueven las exhumaciones, acompañan a los familiares de las víctimas y a toda persona o agrupación que realiza un trabajo conexo con la búsqueda y exhumación en cementerios clandestinos. Así lo han sufrido en fechas no muy lejanas algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la asociación Familiares de Detenidos - desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA).
Estas acciones recuerdan también que el Estado Mayor Presidencial asesinó a la antropóloga social Myrna Mack. Con su trabajo académico, Myrna puso al descubierto la política contrainsurgente del Estado contra la población desarraigada, de tal manera que el Ejército la consideró una "enemiga interna" y esto dio paso a un plan que concluyó con su ejecución el 11 de septiembre de 1990. Y también recuerdan las amenazas y la persecución que sufrió, en 2001, la historiadora Matilde González, entonces investigadora de AVANCSO, quien reconstruyó la historia de una comunidad del departamento de Quiché, víctima por años de diversas formas de violencia e injusticia social.
Los anteriores son ejemplos de la existencia de un tipo de violencia muy específico y que ahora, en el marco de este controvertido posconflicto guatemalteco, está afectando con especial énfasis a CALDH y ECAP. Es un tipo de violencia política que atenta contra toda forma de trabajo académico, técnico, científico y social que, eventualmente, contribuiría a:
- 1) Esclarecer algunos de los hechos de violencia más crueles del conflicto armado;
- 2) Exponer públicamente, pero también ante los órganos de justicia, a los autores intelectuales y materiales y a sus cómplices; y
- 3) Abrir grietas en la impunidad que prima hasta ahora, entre otros.
Está demostrado que hay grupos, estructuras y expresiones políticas que pretenden mantener incólume la denegación de justicia a las víctimas del conflicto armado interno; y que se valen de los mecanismos de impunidad y de la violencia para lograrlo. En este escenario, los aspectos que causan mayor son que la sociedad en general permanece indiferente y que las instituciones del Estado siguen un comportamiento similar, en la medida que actúan con ineficiencia, sin compromiso y sin voluntad de ofrecer resultados concretos. Sólo así se explica que nada ocurra en materia de investigación criminal y de persecución penal tras la perpetración de los hechos violentos mencionados, pese a que han sido denunciados formalmente ante los órganos competentes.
Pero, más allá de lo relacionado directamente con la defensa y promoción de los derechos humanos o la búsqueda de justicia, hay en todo esto una probable conclusión: los académicos, técnicos y científicos guatemaltecos que se adentran en las entrañas de nuestro pasado pisan terreno frágil, inestable e incierto.
Esta situación es realmente peligrosa, porque está quedando evidente que hay condiciones de riesgo para la vida y la integridad física de los profesionales y técnicos guatemaltecos. Lo más grave y deplorable es la inacción del Estado, pues con ella alienta los comportamientos criminales que atentan contra el uso de la ciencia para adquirir certezas sobre el pasado y el presente, y para incidir en el futuro. No hay nada más lamentable que una sociedad donde los sociólogos, psicólogos, antropólogos, médicos, abogados e historiadores, entre otros profesionales, son amenazados y ven coartada su oportunidad de estudiar los problemas del país y hacer aportes a la búsqueda de soluciones.
Está confirmado que el cese de los combates, la inserción de la guerrilla en la vida política y legal del país, el cumplimiento de algunos acuerdos de paz operativos y el desarrollo de nuevas estructuras institucionales, no constituyen avances suficientes para garantizar una paz sólida y un ambiente adecuado para restañar las heridas e intentar una nueva convivencia. Por eso, es válido decir que vivimos un período de no-guerra y que, en el fondo, nos siguen enfrentando los mismos problemas que acuciaron la lucha insurgente; además de que aún tienen vigencia los modelos contrainsurgentes, mismos que son utilizados para "analizar" actividades que algunos todavía ven como "subversivas".
Guatemala vive las tensiones propias de una sociedad caracterizada por un posconflicto lleno de confrontación, violencia, desconfianza y añoranzas por los viejos modelos autoritarios. Es un terreno fértil para la ingobernabilidad y el desarrollo de nuevos comportamientos criminales, de tal manera que la agenda proclive a la consolidación democrática, la vigencia del Estado de Derecho y la construcción de una convivencia pacífica afronta cotidianamente obstáculos, momentos de regresión y estancamiento.
El desarrollo institucional, legislativo, administrativo y político logrado en los últimos 21 años, en el contexto de las dinámicas que surgieron con la nueva Constitución Política, la apertura democrática y las negociaciones que pusieron fin al conflicto armado interno, han creado procesos, decisiones y políticas públicas que deben ser valoradas en su justa dimensión. No obstante, es preciso admitir que el carácter positivo de estos aspectos tiende a diluirse en la medida que la sociedad se ve cada vez más presionada por la pobreza, la falta de bienestar social y la ineficiencia institucional.
Los logros que podemos contabilizar en estas dos décadas son importantes, pero es imposible negar que siguen siendo insuficientes, sobre todo cuando son analizados a la luz de una realidad ineludible: la situación de precariedad social y económica que viven amplios sectores de población, apabullados por la pobreza extrema, las condiciones indignas de vida, la falta de acceso a los servicios esenciales y las múltiples formas de injusticia social.
Los derechos económicos y sociales no están siendo respetados y las instituciones incumplen con las obligaciones establecidas por el orden constitucional del país y los instrumentos internacionales en la materia. Hay una impunidad muy extendida que protege especialmente a quienes continúan abusando de la población más vulnerable, de igual manera que por tantos años ha protegido a los violadores de derechos civiles y políticos.
A pesar de lo anterior, vale enfatizar que, por lo menos en lo que respecta a los derechos civiles y políticos, ya no existe como antes una política sistemática del Estado para eliminar a quienes realizan funciones de oposición, demanda social o participación ciudadana en diferentes temáticas.
El problema radica en que cualquier avance positivo es difícil de apreciar, pues todo queda sepultado por la falta de operatividad y funcionalidad del Estado en materia de proteger la vida, la integridad física y la libertad de las personas. El Estado ya no usa la violencia como práctica sistemática contra la población, pero tampoco previene ni sanciona los hechos que otros cometen; ni actúa con firmeza contra los agentes del Estado que, en su delicada función estatal, optan por atentar contra la población en lugar de protegerla |5|.
La ausencia de un aparato estatal eficiente en materia de justicia y seguridad permite que resurjan grupos y estructuras que, siguiendo casi siempre la vieja usanza contrainsurgente, tratan de eliminar toda "supuesta amenaza". Van tras la eliminación de todo aquello que amenaza su estatus de impunidad por crímenes de lesa humanidad, pero algunos también están al servicio de quienes desean tener control sobre las instituciones y las estructuras de poder local para favorecer sus negocios en el mundo de la delincuencia organizada, la corrupción a gran escala y la narcoactividad.
Asimismo, la proliferación de las armas y de empresas que prestan servicios de seguridad, particularmente aquéllas que operan sin controles y en la clandestinidad, son factores que contribuyen a que los grupos actúen libremente y cometan hechos que tienen motivación e impacto de carácter político. Las víctimas suelen ser personas, organizaciones y hasta instituciones que en determinado momento se convierten en una "amenaza" para los grupos de poder. Entre los sujetos pasivos de esta violencia se cuentan opositores políticos, dirigentes de organizaciones sociales, gente del sector académico, operadores de justicia independientes, incluso funcionarios comprometidos con las formas correctas de proceder, entre otros.
Por la situación antes descrita, la Fundación Myrna Mack se pronuncia condenando la violencia política que se ejerce sobre las organizaciones citadas y otras de naturaleza similar; y demanda del Estado la ejecución de medidas que eviten la ocurrencia de nuevas manifestaciones violentas y aseguren la debida investigación criminal y persecución penal de los responsables.
Dada la complejidad del problema, es indispensable un abordaje integral. La búsqueda de soluciones no radica solamente en el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Se requiere que las autoridades, en general, intervengan de manera adecuada. En ese sentido, hacemos algunas recomendaciones:
- 1.- Al Gabinete de Seguridad: Analizar y reflexionar sobre la existencia de la violencia política y sus manifestaciones, a efecto de definir planes integrales de combate; y valorar positivamente el trabajo que realizan organizaciones como ECAP, el MDH y CALDH, entre otras, para que las denuncias no queden archivadas. Al respecto cabe recordar que, en su informe sobre Guatemala presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en 2003, la señora Hina Jilani |6| recomendó al gobierno tomar medidas para desalentar la tendencia de los funcionarios públicos a considerar a los defensores de los derechos humanos como adversarios a combatir. Hasta resulta ocioso indicar que esta recomendación no ha sido cumplida |7|.
- 2.- Al Ministerio Público: Que el Fiscal General de la República instruya a la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, con el propósito de que sus diferentes unidades dirijan la investigación pertinente sobre los hechos denunciados; y, al mismo tiempo, se concreten avances en el tratamiento de las demandas que por crímenes de lesa humanidad permanecen en sus archivos desde hace muchos años. El Ministerio Público tiene una deuda ya histórica pendiente con las víctimas y sus familiares.
- 3.- Al Congreso de la República: Adoptar una ruta de análisis sobre la situación descrita, de manera que las diferentes bancadas puedan reflexionar al respecto y buscar el camino que su función legislativa permite, a efecto de concretar aportes sustantivos. Por ejemplo, no deben perder de vista la importancia de sacar adelante los proyectos que, en materia de justicia y seguridad, han sido sometidos a consideración del pleno y sus comisiones técnico-legislativas. Algunos de ellos son: la ratificación de la adhesión de Guatemala a la Corte Penal Internacional, la Ley de Armas y Municiones, el proyecto que regula los servicios de seguridad privada y las reformas a la Ley de Amparo; así como el acuerdo que crea la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) |8|, entre otras.
- 4.- A los partidos políticos y sectores organizados: La violencia política ya no afecta solamente a la gente que por mucho tiempo ha sido calificada como "enemigo interno". Cada día, este tipo de violencia extiende sus tentáculos para impedir que la toma de decisiones afecte los intereses de quienes los financian. De este embate no quedan a salvo los grupos ciudadanos con capacidad de incidencia y con influencia, los dirigentes políticos, funcionarios, dignatarios y dirigentes empresariales que eventualmente pueden abrirse en apoyo de transformaciones estructurales y otros cambios que mejoren la situación del Estado y sus instituciones.
- 5.- A las universidades, gremios profesionales y entidades académicas: La violencia política ataca a profesionales, técnicos y científicos con capacidad de producir estudios, investigaciones y propuestas para afrontar algunos de los flagelos más severos que afectan al país. Si bien hasta ahora sólo han sido notorios los hechos que atentan contra la vida y la integridad física de quienes trabajan temas relacionados con la injusticia social, las violaciones de derechos humanos y asuntos oscuros del Ejército, no se puede descartar que este problema se extienda a quienes hacen sus aportes formales en temas que tocan intereses de la delincuencia organizada, la narcoactividad y otros ámbitos donde cualquier supuesta amenaza se repele a sangre y fuego. Corresponde a los gremios, a las entidades académicas y a las casas de estudios superiores cobrar conciencia de esta situación y hacer sentir su voz.
- 6.- A la comunidad internacional: Hacer una reflexión sobre que el fin del conflicto armado interno no acabó con los problemas que lo acuciaron y que, en ese sentido, los rasgos que caracterizan la democracia guatemalteca son insuficientes. Si bien Guatemala tiene ahora mejores cartas de presentación ante el concierto de naciones, en su seno aún existen grandes problemas irresueltos. De esa cuenta, es preciso insistir en la necesidad de concretar avances más profundos y significativos que combatan eficazmente la impunidad, la criminalidad, la violencia y la desigualdad; y que estos se conviertan en puntos de referencia para evaluar las relaciones bilaterales y multilaterales, así como los programas de cooperación técnica y financiera. Los países amigos, los organismos internacionales, los diferentes órganos de la OEA y la ONU no pueden seguir contemplativamente invirtiendo dinero y apoyo político en procesos que sólo se cumplen a medias.
- 7.- A la sociedad en general: Corresponde hacer un llamado a toda la población, para que no vea con indiferencia las manifestaciones de violencia política; para que cobre conciencia de que las acciones de búsqueda de justicia y otras conexas con el esclarecimiento histórico y el análisis técnico-profesional de los asuntos nacionales, constituyen una ventana que se abre hacia la construcción de un mejor futuro; y, por lo tanto, las aprecie y valore en su justa dimensión.
Cada vez que se analiza la situación actual de Guatemala se hace énfasis en la crisis de gobernabilidad y sus tendencias de violencia, criminalidad, la cuestión precaria en lo económico y lo social, la confrontación política y los conflictos sociales. Siempre se remarca lo malo, lo pendiente y lo irresuelto. Es difícil rescatar los aspectos positivos en medio de tantas expectativas frustradas, demandas desatendidas y necesidades insatisfechas. No obstante, es preciso tener apertura y hacer el esfuerzo de valorar lo que el país y la sociedad han vivido en las dos últimas décadas. Sin lugar a dudas, la Guatemala de hoy no es la misma, es distinta y aún en medio de tantos problemas las puertas hacia un mejor futuro no están cerradas.
Guatemala, febrero de 2007
Fundación Myrna Mack
Notas finales.
1. Una abogada de CALDH encontró en su vehículo una amenaza escrita, justo cuando estaba de visita en COPREDEH, la Comisión Presidencial asesora en materia de Derechos Humanos. Otro abogado, de la misma institución, se encontró con la desagradable sorpresa de que las llantas de su vehículo fueron deliberadamente destruidas, cuando el automotor permanecía en un estacionamiento privado que cuenta con servicio privado de seguridad. [Volver]
2. Otro integrante de CALDH sufrió lo que en principio parecía un robo de vehículo, con todas las pertenencias que llevaba en su interior, pero la sorpresa surgió cuando el vehículo y las pertenencias aparecieron sin daño alguno en las cercanías de una instalación militar. En esos mismos días, un grupo de hombres, a bordo de un vehículo que portaba placas antiguas y que presuntamente se encontraba averiado, montó vigilancia frente a las oficinas de CALDH. Tras hacer las averiguaciones del caso, las autoridades reportaron que el referido vehículo pertenece a una estructura policial. [Volver]
3. El peritaje de ECAP fue fundamental para que la Corte Interamericana tomara en cuenta el factor de la salud mental, y ordenara al Estado de Guatemala ejecutar un programa a favor de los sobrevivientes de la masacre. ECAP participa en este proceso de recuperación de salud mental de la población sobreviviente y en ese marco han estado sometidos a un patrón intrincado de amenazas. [Volver]
4. En 2004, la Corte Interamericana emitió sentencia en la demanda planteada contra el Estado de Guatemala por la masacre de Plan de Sánchez. El caso no ha sido abordado por la justicia guatemalteca. [Volver]
5. Los medios de comunicación, citando hechos públicos incontestables, han informado sobre la implicación de agentes policiales, fiscales, guardias y autoridades penitenciarias, miembros del Ejército, diputados y funcionarios de diverso rango en hechos criminales, los cuales cometen abusando de su posición como servidores públicos y dignatarios. Esto ha sido admitido por las diversas autoridades del Estado, pero los procesos de investigación, sanción y depuración institucional han fracasado o están deliberadamente retrasados. [Volver]
6. Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos. [Volver]
7. En 2006, el entonces ministro de la Defensa Nacional, Francisco Bermúdez, acusó a la Fundación Myrna Mack de "enemiga del Ejército"; y en junio de ese mismo año el general José Luis Quilo, presidente de los veteranos militares, amenazó públicamente a todas las organizaciones que promueven justicia en casos vinculados al conflicto armado interno. El general Bermúdez comentó que las declaraciones de Quilo merecían respeto. [Volver]
8. La iniciativa que aprueba el acuerdo suscrito por el Gobierno y la ONU aún no ha sido presentada oficialmente al Organismo Legislativo, pero el Vicepresidente de la República está presentando su contenido a las diferentes bancadas. [Volver]
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