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25ago06
Tendencias en materia de seguridad:
La militarización y la creación de nuevos agentes de la muerte.
Índice
1. Introducción
2. La violencia en el posconflicto
3. Clasificación de la violencia
4. La situación de la violencia contra la mujer
5. Respuesta estatal ante los altos índices de violencia
ámbito legislativo
Policía Nacional Civil y Ministerio Público
Investigación criminal
CICIACS
6. Acciones urgentes frente a la situación de violencia1. Introducción
En Guatemala, las tendencias en materia de seguridad están asociadas a la militarización y a la ejecución de esquemas, prácticas, políticas y comportamientos que, en términos generales, se alejan del conjunto de principios propios de la seguridad democrática. Una variante importante en la actual coyuntura del país es el surgimiento de estructuras que desde ámbitos privados, algunas, y otras desde la clandestinidad, han ido sustituyendo paulatinamente la acción estatal.
Son tendencias que responden no sólo a códigos ideológicos que imponen los grupos de poder real que controlan este ámbito de la administración del Estado, sino también a códigos foráneos, sobre todo procedentes de Estados Unidos. Es una suerte de conjunción de intereses que se concreta exitosamente por la creciente y real amenaza del terrorismo, las pandillas juveniles, la delincuencia organizada y otras actividades criminales colaterales a las migraciones y las enraizadas redes de corrupción a escala local y mundial.
En el caso de Guatemala, la implementación de patrones que encajan con las pretensiones foráneas, tiene motivaciones propias. Por ejemplo, la preocupación central nuestra no es el terrorismo vinculado a los conflictos político-religiosos de gran envergadura mundial, y que tienen un reflejo concreto en la situación bélica en el Medio Oriente. Nuestras angustias nacen del terror ciudadano, la criminalidad y violencia que desatan las pandillas juveniles, los delincuentes comunes, las bandas del crimen organizado y las estructuras clandestinas que generan violencia política, con o sin la participación del Estado.
Las tendencias de militarización, la vigencia de conceptos contrarios a la seguridad democrática y la existencia de estructuras que sustituyen en la realidad cotidiana la función estatal en la materia, se evidencian en diferentes aspectos operativos, legislativos, administrativos e institucionales en general. Algunos de ellos son:
- La restauración del poder militar como supuesta solución a los problemas de seguridad ciudadana y por su presunta efectividad en el combate de la narcoactividad y otras formas de delincuencia organizada.
- La pérdida de espacio por parte de la Policía Nacional Civil como ente responsable de la seguridad ciudadana, la postergación o la ausencia de políticas orientadas a fortalecerla; su fracaso en el desempeño de las funciones legalmente asignadas y la exposición pública de las dimensiones de podredumbre, corrupción e incidencia criminal en su seno.
- La existencia de estructuras que, desde la clandestinidad, generan violencia que tiene impacto político y, algunas veces, también una motivación política. Su accionar afecta principalmente a autoridades de seguridad, judiciales, fiscales, legislativas, ejecutivas y de otros ámbitos oficiales que impulsan leyes, políticas públicas y otras disposiciones estatales orientadas a combatir los diversos focos de criminalidad, corrupción y violencia. Son estructuras que, por supuesto, también actúan contra dirigentes políticos y sociales, campesinos e indígenas, defensores de derechos humanos, etc., que denuncian su existencia y acciones que les son imputables; y que, a partir de sus demandas sociopolíticas y económicas, afectan intereses de grupos de poder económico.
- La proliferación de empresas que, desde el ámbito privado, prestan servicios de seguridad, de inteligencia y venta de armas y municiones, sin que existan controles realmente efectivos que prevengan y combatan la arbitrariedad con que se manejan estos servicios, ni las formas de ilegalidad y criminalidad que suelen brotar en este ámbito. Según datos de la empresa privada, hay 28 mil agentes de seguridad que operan con autorización oficial, pero como contrapartida hay más de 60 mil hombres armados que trabajan en ese ámbito sin control alguno. Esos datos pueden ser conservadores, si se analiza la cantidad de armas que están en poder de quienes, sin el cobijo de una empresa privada y sin pertenecer a las fuerzas estatales, brindan por cuenta propia servicios de custodia y vigilancia (por ejemplo, los que están al servicio de terratenientes en zonas remotas del país).
2. La violencia en el posconflicto
Tras una década de haber puesto fin al conflicto armado interno y haber iniciado el proceso de recuperación en todos los órdenes de la vida nacional (político, económico, social, institucional, etc.), el país se encuentra inmerso en una espiral de violencia que continúa causando la pérdida de vidas humanas a un ritmo tan acelerado, equivalente al periodo más cruento registrado durante las hostilidades.
Tal es así que del 2000 al 2005 se registraron alrededor de 23 mil muertes violentas y la tendencia sigue en aumento, pues en lo que va del 2006 han sido asesinadas 417 mujeres, 430 niños y niñas y alrededor de 3 mil hombres[1], con lo que éste se perfila ya como uno de los años con mayor tasa de asesinatos.
Si bien el número de muertes violentas es comparable con los momentos más sangrientos del conflicto, resulta difícil equiparar el tipo de violencia del pasado con la que ocurre en la actualidad. Los perfiles de la agresión y la criminalidad han cambiado, al igual que sus motivaciones y manifestaciones.
El fenómeno de la violencia se presenta ahora como un problema polifacético, en la que intervienen condiciones históricas, dinámicas políticas y alteraciones en la esfera sociológica, relacionadas, de manera directa e indirecta, con el posconflicto y los cambios que ha experimentado el país en las últimas dos décadas.
Esta naturaleza multicausal de la violencia condiciona los esfuerzos institucionales orientados a atender la crítica situación, en tanto demanda acciones desde diversos enfoques, con una perspectiva integral, que fortalezcan el carácter preventivo y no sólo el reactivo ante la intensa ola de criminalidad.
3. Clasificación de la violencia
Al observar la problemática en su conjunto, poniendo énfasis en las víctimas, en el impacto que ocasionan los hechos de violencia y sus posibles motivaciones, así como en las hipótesis sobre responsables, es factible identificar varios tipos de violencia, que merecen un tratamiento y un abordaje distinto. Entre ellos podemos ubicar:
Delincuencia común: es la que más resalta en el panorama de las estadísticas y es la que más de cerca afecta a la población en general, por cuanto se expresa de manera cotidiana en áreas residenciales, zonas de comercio, calles, transporte público e, incluso, en los centros de trabajo.
Pandillas juveniles o maras: es un tipo especial de delincuencia común que en la última década se ha desbordado, en especial porque algunos grupos han establecido relaciones permanentes o eventuales con el crimen organizado. No obstante, tienen vida y función propia como expresiones juveniles sociales que han desarrollado una capacidad impresionante para infundir terror entre la ciudadanía.
Crimen organizado: su impacto en la violencia general es significativo, pero su verdadera incidencia radica en la enorme capacidad que han desarrollado para penetrar instituciones, partidos políticos, gobiernos locales, gobiernos departamentales y otras expresiones del ámbito público en las que participan agentes sociales y estatales. Ésta es una agresión de tipo político que no está exenta de la agresión física si es considerada necesaria e inevitable, en la medida en que sus cabecillas juzgan imprescindible eliminar enemigos, rivales y toda persona que represente un obstáculo o una amenaza a sus intereses.
Violencia con motivaciones o con impacto de orden político: su propósito ha sido el de perpetuar actividades de control social, en áreas urbanas y rurales, con el fin de impedir el desarrollo de procesos sociales, políticos y judiciales que busquen esclarecer la violencia política del pasado, resarcir a las víctimas, reparar la memoria de los muertos y sancionar a los responsables.
Este tipo de expresiones constituye la fuente de un patrón sistemático de amenazas, ataques y asesinato que puede afectar, indistintamente, a opositores políticos, operadores de justicia, defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, líderes indígenas y campesinos, científicos y toda persona que en determinado momento puede representar una riesgo para grupos de poder. Su acción busca obstruir la verdad y la justicia, así como mantener bajo control la conducción de determinadas estructuras estatales.
La violencia con motivaciones o con impacto de orden político suele ser ejecutada por estructuras que, obviamente, funcionan en la clandestinidad y cuentan con poder económico suficiente para tener capacidad armada, servicios de inteligencia e influencias política que garantizan impunidad y encubrimiento. Son estructuras que funcionan fuera del Estado, pero sin duda tienen vinculaciones directas e indirectas con algunos agentes y aparatos del Estado.
La clasificación antes descrita permitiría visualizar, con mayor precisión, medidas más concretas para disuadir la actividad criminal, con un enfoque preventivo. Además, iniciar procesos de investigación criminal orientados a desarticular, en la medida de lo posible, todas aquellas estructuras que actualmente se dedican a cometer hechos de violencia desde su ámbito de acción, y a establecer las motivaciones detrás de tantos asesinatos.
Linchamientos, "limpieza social" y ejecuciones: existen hechos de violencia que pueden ser catalogados como manifestaciones de intolerancia social o crímenes de odio.
En este tipo de violencia se incluirían todos aquellos actos orientados a dañar la integridad de personas pertenecientes a grupos que sufren algún tipo de marginación o que son catalogados como indeseables en el entorno social, tales como homosexuales y travestis, prostitutas, niños y jóvenes de la calle, delincuentes comunes o presuntos delincuentes y algunos casos de mujeres (por cuestión de sexo).
La acción violenta proviene de diversas fuentes: aparatos clandestinos vinculados al Estado, grupos de vecinos que se organizan para afrontar por vías violentas la inseguridad ante la falta de respuesta estatal, masas violentas que responden a una determinada coyuntura o momento, como en el caso de los linchamientos; sicarios al servicio de quienes puedan y deseen pagar sus servicios, etc.
El hecho concreto es que los sospechosos de ser delincuentes comunes, pandilleros, miembros de bandas del crimen organizado, ladrones a diversa escala, etc., suelen ser víctimas de la acción de ciudadanos o de aparatos organizados con anuencia de autoridades de seguridad o que pueden operar por la indiferencia de aquéllas.
4. La situación de la violencia contra la mujer
La violencia específica contra las mujeres, fenómeno que en los últimos años ha venido en constante aumento, no puede ubicarse con exclusividad en sólo uno de los fenómenos antes descritos. Según hipótesis de la Policía Nacional Civil -PNC- y el Ministerio Público -MP-, más del 70% de mujeres víctimas de muertes violentas se vincula a las maras. No obstante, ello no ha sido comprobado, por las deficiencias en materia de investigación que afrontan las instituciones encargadas de la seguridad y justicia.[2] Además, las estructuras del MP y de la PNC, responsables de la investigación criminal en este tipo de casos, no han tenido la capacidad de construir hipótesis susceptibles de comprobación en el ámbito judicial, por lo que constantemente incurren en apreciaciones generalizadas sin fundamento.
El desconocimiento y la falta de información confiable sobre la muerte de mujeres han creado corrientes de opinión disímiles en diversos sectores nacionales: unas, apuntan a la existencia de un patrón sistemático de eliminación de mujeres, por su condición de género; otras, consideran que no existe tal cosa, sino que tanta muerte violenta es producto de la participación directa de mujeres en actividades como el crimen organizado, narcotráfico o pandillas juveniles. Aunque también hay quienes piensan que las mujeres son víctimas de la violencia, por motivos comunes, como todos los habitantes del país.
Tanto en lo que respecta a la muerte de mujeres como a los decesos violentos en general, lo cierto es que existen muchas deficiencias en materia de investigación y persecución criminal, que dificultan establecer la motivación detrás de los asesinatos.
Las cifras de muertes van en aumento[3] y el aparato estatal sigue propiciando altos índices de impunidad.[4] En las condiciones actuales sólo se puede presuponer que del cúmulo de muertes violentas, un número corresponde a ejecuciones arbitrarias, dadas las características de algunos asesinatos publicadas en los medios de comunicación.[5] Por el momento no se ha establecido, a través de procesos judiciales, si en la comisión de algunos de estos asesinatos están involucrados directamente agentes estatales, con lo cual podría hablarse de ejecuciones extrajudiciales, aunque los señalamientos de la participación de agentes en la comisión de hechos delictivos no son pocos.[6]
5. Respuesta estatal ante los altos índices de violencia
A continuación se señalan algunos aspectos que causan especial preocupación y que su abordaje debe ser prioritario para revertir la creciente ola violenta que persiste.
ámbito legislativo
Pocos han sido los esfuerzos orientados a la creación de marcos legales que coadyuven a contrarrestar los índices de violencia y criminalidad. Si bien recientemente fue aprobada la Ley contra la delincuencia organizada y meses atrás se creó la Dirección General de Inteligencia Civil -DIGICI- adscrita al Ministerio de Gobernación, aún queda pendiente toda una agenda legislativa necesaria para hacer más efectivo el combate de la violencia.
Esta incluye: ley de armas y municiones, ley de empresas de servicios de seguridad privada, ley del sistema penitenciario, ley que crea el sistema nacional de inteligencia, ley de creación del Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses -INACIF- y el proyecto de reformas a la Ley de Amparo.
Varios de estos proyectos, previamente consensuados entre diversos sectores sociales, se han estancado en el proceso legislativo y han sufrido modificaciones y alteraciones, que no se apegan a los parámetros de la seguridad democrática. Por lo que el riesgo de que se aprueben normativas débiles, sin mecanismos adecuados de control, es latente y causa mucha preocupación.
Policía Nacional Civil y Ministerio Público
Ambas instituciones afrontan una serie de problemas que impide una acción efectiva frente a la ola de violencia. Descrédito, incapacidad, falta de profesionalismo, operativos policiales infructuosos y de corto alcance, débiles políticas en materia de prevención del delito, etc., son algunos de los problemas por los que atraviesa la PNC.
Además, no son pocos los señalamientos que se dan en torno a la participación directa de agentes policíacos en la comisión de hechos delictivos, entre ellos, asesinatos de mujeres y de jóvenes vinculados a pandillas juveniles. La estructura policial responsable del combate de la narcoactividad ha sido la más penetrada, prueba de ello son los robos perpetrados a los almacenes donde se guarda la droga incautada y el juicio al que están sometidos, en Estados Unidos, desde el año pasado cuando fueron capturados, los que entonces fungían como sus más altos dirigentes.
En los tribunales se ventilan procesos contra agentes y oficiales que han sido capturados por cometer delitos comunes, como allanar residencias para robar; y por participar en hechos como el robo de combustible, secuestros, redes de prostitución y de corrupción, venta de armas y comercio de droga.
Si bien es importante reconocer los esfuerzos de las autoridades por depurar las filas policiales, existen aún muchas trabas de carácter burocrático y administrativo que impiden remover de sus cargos a agentes vinculados a hechos delictivos. Por aparte, los casos judiciales que se ha logrado construir no avanzan en los tribunales.
Por su parte, el Ministerio Público es quizás la institución más inoperante del sistema de justicia. A pesar del impulso de algunos procesos técnicos dentro del MP, orientados a fortalecer la institución y mejorar el desempeño de sus funciones en materia de investigación y persecución penal, sigue mostrando falencias de tipo estructural, que derivan en el alto índice de impunidad.
Manejo inadecuado de la escena del crimen y carencia de pruebas científicas; falta de capacitación del personal encargado de las investigaciones, tratamiento aislado de casos, falta de coordinación con la PNC, entre otros, son algunos de los problemas más acuciantes que afronta el MP, particularmente la Fiscalía de delitos contra la vida e integridad personal, que se encarga de llevar los casos de asesinatos.
Los procesos internos orientados a mejorar el desempeño de los fiscales, mediante la capacitación, el monitoreo informático y la implementación de protocolos e instrucciones generales, han fracasado o muestran graves retrasos. Esta situación de escaso o nulo avance tiene, entre otros, los siguientes puntos de origen: la indiferencia y desinterés de los fiscales, la impunidad que reina en el interior ante faltas graves y gravísimas o incluso delitos que cometen algunos funcionarios del MP, la inexistencia de un régimen disciplinario y de la carrera fiscal; la acción de funcionarios que manipulan la investigación criminal.
Investigación criminal
Los problemas que afronta la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP, que por ahora es la encargada de realizar los peritajes solicitados por los fiscales que atienden los delitos contra las mujeres, impiden llevar a cabo una efectiva persecución penal sobre la muerte violenta de personas.
Falta de personal capacitado y especializado, carencia de equipo y de presupuesto adecuado y falta de coordinación con la División de Investigación Criminal -DINC- de la PNC, son algunos de los problemas que afronta dicho ente.
Por su parte, la DINC enfrenta dificultades similares, que impiden el desarrollo de investigaciones criminales sólidas para el impulso de procesos judiciales contra los autores de los hechos de violencia.
Ambas estructuras son fundamentales para desarrollar una adecuada investigación y persecución sobre los hechos de violencia. Por ello es indispensable que se fortalezcan para que puedan aportar insumos en el marco de los procesos penales.
CICIACS
El acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para la creación de la Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad -CICACS- está en negociación en la organización internacional. Al quedar aprobado el texto definitivo, este deberá ser remitido al Congreso de la República para su ratificación.
Este proyecto constituye el segundo intento por crear una comisión de esta naturaleza, luego de que la propuesta inicial fuera considerada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad, en el 2004. La creación de la CICIACS es considerada fundamental para investigar y propiciar el desmantelamiento de todas aquellas estructuras criminales dedicadas a generar violencia política, así como promover el impulso de procesos judiciales contra sus agentes y cabecillas.
6. Acciones urgentes frente a la situación de violencia
Para revertir los índices de violencia que afectan al país, especialmente de asesinatos, se requiere de acciones concretas, de decisiones llenas de voluntad y convicción por parte de las autoridades políticas, en el orden de:
1. Impulsar esfuerzos institucionales conjuntos, que incluyan un fuerte componente en materia de prevención del delito.
2. Agilizar el proceso de aprobación de la agenda legislativa de seguridad y justicia que está en discusión. Esta incluye los proyectos relativos al control de armas y municiones, empresas de servicios de seguridad privada, sistema penitenciario, sistema nacional de inteligencia (iniciativa 3314), INACIF, y el proyecto de reformas a la Ley de Amparo, a fin de cerrar espacios de arbitrariedad en el uso de esta garantía procesal.
3. Crear el Sistema Nacional de Seguridad, que permita armonizar y coordinar a las instituciones que velan por la seguridad e impulsar políticas públicas más efectivas e integrales en la materia. Para que exista complementariedad, el esfuerzo debe ir acompañado de la creación del Sistema Nacional de Inteligencia.
4. Poner en funcionamiento la DIGICI, para ayudar a contrarrestar de manera eficiente las actividades del crimen organizado y la delincuencia común.
5. Fortalecer, a través de recursos materiales y humanos, de capacitación especializada y de equipo, la Fiscalía de delitos contra la vida e integridad personal del MP. Asimismo, definir una política de persecución penal efectiva dirigida a los responsables de las muertes violentas en el país.
6. Dotar de recursos humanos, materiales y de equipo, así como de capacitación y especialización, a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP, y la División de Investigación Criminal de la PNC, para mejorar los peritajes y fortalecer los procesos de investigación criminal en torno a los hechos de violencia. Simultáneamente, esto debe ir acompañado de la creación del Instituto nacional Autónomo de Ciencias Forenses (INACIF), cuya implementación debe estar garantizada tanto en lo operativo como en lo financiero.
7. Encaminar un proceso sostenido de depuración de la Policía Nacional Civil y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para establecer la responsabilidad directa de agentes policiales en la comisión de delitos y abusos, especialmente asesinatos de mujeres y jóvenes.
8. Crear la CICIACS con miras a contribuir a la investigación y desmantelamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que generan violencia con motivaciones políticas.
Guatemala, 25 de agosto de 2006
Fundación Myrna Mack
Notas:
[1] Es importante anotar que en el país no existen estadísticas unificadas sobre el índice de violencia y en muchos casos no están desglosadas por sexo o por edad. La Policía Nacional Civil tiene sus cifras, pero también el Ministerio Público, los medios de comunicación y algunas organizaciones sociales que dan seguimiento a la situación.[Back]
[2] Según información de prensa, en lo que va del año tan sólo se han realizado 12 capturas de posibles responsables de asesinatos de mujeres. Esto demuestra la debilidad en materia de investigación y persecución criminal y la inoperancia del sistema de justicia en el esclarecimiento de los hechos de violencia.[Back]
[3] Según el monitoreo diario realizado por los medios de comunicación, cada día fallecen de manera violenta al menos 12 personas.[Back]
[4] En un informe de Amnistía Internacional se afirma que "las estadísticas oficiales siguen enmascarando el bajo índice de enjuiciamientos. Aunque en el informe anual del MP se cataloga como resueltos casi el 42% de los casos de muertes de mujeres en los que intervino la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad Personal durante el 2005, sólo en el 3.8% de estos casos se presentó una acusación formal y sólo en el 1% tuvo lugar una vista judicial. La mayoría de los casos catalogados como resueltos (23.8%) se archivó (casos en los que el MP desistió de interponer acciones judiciales por una presunta falta de colaboración de los testigos o de los familiares, a petición de los familiares de las víctimas, o por falta de pruebas), el 8.4% se desestimó, el 2.6% terminó con la absolución de los presuntos autores y el 2% se cerró de forma provisional. Guatemala, ni protección, ni justicia. Homicidios de mujeres (actualización) julio 2006.[Back]
[5] Acorde con investigadores de la Sección de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la PNC, 40% de las muertes es atribuida a peleas entre pandilleros, 30% es vinculado al crimen organizado y narcotráfico, 5% a crímenes pasionales y el 25% no está determinado. Prensa Libre, julio 11, 2006.[Back]
[6] Según informe presentado por la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública -IMASP-, de enero a mayo de este año fueron presentadas a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC 40 denuncias por agresión, 52 por amenazas, 31 por detenciones ilegales, 19 por allanamientos ilegales y 18 por desapariciones forzadas. Prensa Libre, julio 13, 2006.[Back]
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