INFORME SOMBRA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN GUATEMALA
I. INTRODUCCIÓN
La situación de los derechos humanos de las mujeres ha sido evaluada por la Organización de Naciones Unidas desde hace aproximadamente 25 años. Desde entonces, cuatro Conferencias Mundiales de la Mujer han marcado la pauta a los Estados, acerca de los avances que debe haber en materia de respeto a los derechos económicos, sociales, cívico-políticos y culturales de las mujeres, en todas las geografías donde éstas habiten.
Diferentes contextos, historias y niveles de desarrollo en la gran mayoría de países del globo, han evidenciado que cuando las mujeres elevan sus derechos democratizan sus sociedades. Siendo al contrario, que si aumentan sus niveles de pobreza, si se torna insoportable el aumento en la violencia e impunidad de género, si disminuyen los cargos de representación pública femenina, si se tolera la discriminación a las mujeres indígenas y no se avanza en legislaciones y políticas que normen sus derechos para favorecerlas, sin lugar a dudas, los países se alejan de los estándares mínimos deseables de desarrollo humano y de respeto a los derechos humanos. Observando el caso de Guatemala, vale la pena hacer tres consideraciones que contextualizan el marco de violaciones de los derechos humanos de las mujeres:
a. Como resultado de 36 años de conflicto armado, los efectos de la guerra ahondaron causas estructurales de pobreza, discriminación y violencia que afectaron de manera preponderante a las mujeres, a las niñas y niños y a los pueblos indígenas.
b. El proceso que finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz, permitió espacios de participación social y de propuesta política que tendrían posibilidades de profundizarse, si existiera mayor voluntad política por parte del Estado guatemalteco en el cumplimiento de los Acuerdos, Pactos y Convenciones que ha firmado y/o ratificado para hacer que se respeten los derechos humanos de las mujeres.
c. El retorno de políticas de seguridad nacional y de representantes del Estado -señalados de genocidio y delitos de lesa humanidad-, al espacio de los poderes ejecutivo y legislativo, cierran posibilidades y espacios reales construidos por las mujeres y el movimiento social en sus esfuerzos por crear democracias respetuosas de la dignidad humana.
Desde esa realidad, la restricción de los derechos civiles y políticos de las mujeres, ha limitado y restringido la obtención de otros derechos. De ahí, que el Informe de Desarrollo Humano más reciente ubique a Guatemala en el lugar 120(1) como parte de una clasificación de 170 países, siendo que su índice de desarrollo es de 0.54 para toda la población y solamente del 0.17(2) para las mujeres. A continuación, se representa una pequeña muestra de derechos consecutivamente violados a mujeres en temáticas vinculadas a violencia de género, participación y representación política, discriminación a mujeres indígenas, derechos sexuales y reproductivos, temáticas fundamentales que caracterizan la situación actual de las mujeres en Guatemala.
II. TEMÁTICA DESARROLLADA
2.1 LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Referirse a la violencia de género, es referirse a los niveles de tolerancia que existe en nuestros sistemas de justicia, respecto de las violaciones de derechos humanos que les suceden a las mujeres. De tal manera, que ante altos niveles de violencia conyugal, violación sexual, acoso, maltrato, incesto, violencia familiar, amenazas de muerte, desapariciones o secuestros de mujeres, lo que se suma son prácticas judiciales que no dan trámite a los casos, legislaciones y códigos que no tipifican delitos ni sancionan, operadores de justicia que desconocen Convenios internacionales sobre derechos de las mujeres, sistemas legales que condenan a las víctimas y no a los agresores. Es por ello, necesario destacar que a pesar de los esfuerzos realizados por el movimiento de mujeres (dirigidos especialmente a la articulación de mecanismos institucionales que contribuyan a prevenir, atender, sancionar y erradicar este tipo de violencia), aún existen altos niveles de despreocupación respecto del problema, por parte del Estado guatemalteco. Dan cuenta de ello, los siguientes datos:
En el año 2000, reiniciaron prácticas de desapariciones forzadas, allanamientos a sedes de organizaciones sociales -de derechos humanos y de mujeres-, violaciones a mujeres que trabajan en ellas, amenazas de muerte y asesinatos políticos, especialmente de mujeres. El primer caso del que se tuvo conocimiento fue el secuestro y desaparición de la catedrática universitaria Mayra Gutiérrez, integrante activa del movimiento de mujeres de Guatemala. El caso no ha sido esclarecido, Mayra sigue desaparecida y hasta el momento las instituciones del Estado encargadas de investigar califican el hecho como "crimen pasional". Desde entonces, se contabilizan amenazas de muerte a dos juezas encargadas de llevar el caso de Monseñor Gerardi, a una magistrada de la Corte de Constitucionalidad, a mujeres fiscales, periodistas, y defensoras de los derechos humanos, así como el reciente asesinato político de la Hermana norteamericana Barbara Ford quien desarrollaba programas de salud mental desde hace 23 años, para las poblaciones afectadas por la guerra.
Se han registrado asimismo, asesinatos en cadena de trabajadoras del sexo, asesinatos y violaciones de niñas, mujeres jóvenes y ancianas en una ola de violencia que se agudiza y se expresa cada vez más de manera permanente. En muchos de los casos que fueron conocidos por los medios de comunicación social, es claro que quienes perdieron la vida se resistieron a ser violadas sexualmente. En este sentido, el Organismo Judicial reconoció que los delitos sexuales alcanzaron el 11%(3) de los hechos delictivos de mayor ocurrencia, con un promedio de dos, cada tres días y que la prostitución infantil aumentó un 2%(4) en relación con años anteriores. Por otra parte, el ingreso violento de hombres armados y asaltos a sedes de grupos de mujeres y del movimiento social(5) como: Mujeres en Solidaridad, Mujer Vamos Adelante, Agrupación de Mujeres Tierra Viva, Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FAMDEGUA), Centro de Estudios, Información y Bases para la Acción Social (CEIBAS) y el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), constituye un fenómeno que recuerda los altos niveles de represión que tuvo -en tiempos de los gobiernos militares-, el movimiento social.
Es necesario señalar que diferentes mujeres han jugado papeles clave en la construcción de espacios democráticos y en la defensa de los derechos humanos en Guatemala, el movimiento de mujeres es una de las fuerzas que más ha expresado su voz y ha extendido sus propuestas a lo largo y ancho del país, sin embargo, la ola de violencia se ha agudizado en su contra en estos últimos dos años.
Por otra parte, puede decirse que debido a la implementación de mecanismos para la recepción de denuncias, es posible ahora contar -a pesar del subregistro-, con datos acerca de la incidencia de los tipos de agresión que denuncian las mujeres. Por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público(6) denunció que solamente en el año recién pasado se presentaron 5029 denuncias de violencia intrafamiliar a mujeres y niñas; 949 violaciones sexuales y otros tipos de agresión, estableciendo una relación de 8 a 1 según las denuncias presentadas en relación a mujeres y las presentadas, en relación a ancianos y niños. Por su parte la Defensoría de los Derechos de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió 5,000(7) denuncias de violencia contra la mujer, de las cuales 3,484 fueron de violencia intrafamiliar en el año 1999. Asimismo, informaciones de prensa dan cuenta de que un 60% de los homicidios de mujeres, son resultado de violencia doméstica.(8)
Es también importante señalar que a pesar de que existen los Informes de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) de la Iglesia Católica y el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de Naciones Unidas, en los que se registra los altos niveles de violencia sexual que sufrieron las mujeres durante el conflicto armado, solamente existe un precedente: en la Masacre de Plan de Sánchez (Rabinal,1982), en donde el Estado guatemalteco aceptó su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los delitos de genocidio, asesinato de la población y violación sexual(9) de las mujeres. Sin embargo, hasta la fecha, el Estado no ha iniciado ningún tipo de persecución penal contra los responsables, ni ha reconocido públicamente el derecho a resarcir estas violaciones de derechos humanos, a pesar de que existen suficientes pruebas acerca de mujeres, niñas y ancianas que fueron violadas individual y/o colectivamente, antes de ser asesinadas.
En temas como violación o acoso sexual, prevalece en tiempos de paz, la misma situación del sistema de justicia. En el primer caso, no se emiten órdenes de captura o se emiten tardíamente, se presenta la tentativa de violación como falta penal, se dan absolutorias o se cobran multas de trece dólares a los agresores. Un ejemplo, es el que detectó la misión de Naciones Unidas para Guatemala, en el que la orden de captura se emitió con dos años de retraso.(10) En cuanto al acoso sexual, no existe tipificación del delito.
En un estudio realizado en 15 municipios de Guatemala respecto del acceso de la mujer a la justicia, se detectó que las mujeres acuden en un 68% por violencia intrafamiliar, lesiones graves 16%, violación sexual 9%, y que de 256 mujeres entrevistadas el 72% lo hicieron en calidad de agraviadas y el 28% como sindicadas mayoritariamente de faltas y en menor proporción de delitos.(11) De tal manera que existe una proporción de una mujer detenida por cada siete hombres. En los casos de prisión preventiva, se ha logrado comprobar que la mayor parte de mujeres -detenidas por faltas- han superado los dos años (14%) y más de uno y menos de dos (el 6%),(12) sin ser sujetas de juicio o proceso judicial.
Guatemala fue uno de los primeros países en ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem do Pará- (1995). Como resultado de ello, el esfuerzo del movimiento de mujeres logró el establecimiento de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, el Reglamento que la operativiza y la Coordinadora para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVI). Todo ello, sin embargo, no cuenta con un marco jurídico coherente, lo cual hace que la discrecionalidad de los operadores de justicia sea lo que prive en el tratamiento de los casos de violencia contra mujeres y el Ejecutivo no incluye en su presupuesto, fondos para el funcionamiento de la CONAPREVI.
2.2 DISCRIMINACIÓN CONTRA MUJERES INDÍGENAS
Eje fundamental de todo análisis de género es el de la opresión étnico-cultural de las mujeres. Según datos de 1997,(13) Guatemala cuenta con 11.241,540 habitantes, de éstos el 49.52% son mujeres y de ellas el 51% son mujeres indígenas. No existe situación alguna de la realidad guatemalteca, en la cual las mujeres indígenas (como grupo social) no vivan los mayores niveles de discriminación, marginación y pobreza.
En algunas regiones del país, existe hasta un 87.5%(14) de mujeres indígenas analfabetas como es el caso de las mujeres Chuj, solamente el 43% de las mujeres indígenas logra culminar el nivel primario, el 5.8% la educación media y el 1% la educación superior. La mayoría de las mujeres indígenas son monolingües en un idioma maya y el Estado aún no implementa programas bilingües que respondan a sus necesidades culturales. La tasa de natalidad promedio es de 6.9(15) hijos por cada mujer rural, siendo ésta, la más alta de América Latina. Otros rubros como trabajo, salud, tierra, vivienda o participación política expresan de igual manera altos niveles de exclusión y discriminación hacia las mujeres indígenas. Existen pocos datos, presentamos algunos.
- El 55%(16) de las mujeres que realizan trabajo doméstico, son mujeres indígenas que emigran a las ciudades.
- Paulina Manuel, enfermera del Centro de Salud de Rabinal, Baja Verapaz, denunció en febrero del presente año que recibió una nota del Director de la Institución en la cual se le llamó severamente la atención por no usar uniforme blanco para atender a los pacientes, con el argumento de que al usar su traje ponía en riesgo la salud de los pacientes. La agraviada presentó denuncia como irrespeto a su identidad cultural.(17)
Como resultado de los Acuerdos de Paz, Guatemala se autodenominó como un país multilingüe, multiétnico y pluricultural. Esta definición para un país y para un Estado implica cambios en la legislación, en las políticas públicas, en los programas de gobierno y la cultura de una nación. Si bien se creó la Defensoría de la Mujer Indígena, ésta no abarca -aunque tenga voluntad-, toda la dimensión que implica la discriminación contra las mujeres indígenas en un país como Guatemala, cuestión que es tarea de toda la infraestructura del Estado y la voluntad política de los gobernantes.
Guatemala suscribió el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo sobre Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el enfrentamiento armado y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria como parte de los Acuerdos de Paz firmados en 1996, mismos que fueron reconocidos como Política de Estado por el actual mandatario en su discurso de toma de posesión. En tales Acuerdos, el gobierno se compromete a tipificar la discriminación étnica y el acoso sexual en contra de las mujeres como delitos y a eliminar toda forma de discriminación contra la mujeres.
Por otra parte, Guatemala ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1982, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en 1994 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en 1996. Asimismo, está en trámite la ratificación del Protocolo de la CEDAW.
Sin embargo, las diputadas Rosalina Tuyuc, Manuela Alvarado y Aura Marina Otzoy, de diferentes corrientes políticas en el Congreso de la República, presentaron en 1998 ante ese organismo un Proyecto de Ley contra Toda Forma de Discriminación en Guatemala. La propuesta de Ley pretende sancionar el hecho con mayor énfasis si se comete contra una persona indígena. Tal proyecto quedó estancado y no avanzó, pues de las comisiones legislativas que debieron haber emitido dictamen, sólo una respondió. El eslabón más débil de la cadena, respecto de la violación a los derechos humanos, se expresa en Guatemala en la discriminación y exclusión de las mujeres indígenas.
2.3 PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA
La construcción de sociedad civil desde grupos tradicionalmente excluidos y el fortalecimiento de espacios de representación política en la toma de decisiones desde el Estado, son temas que conciernen directamente al reto de la ciudadanía plena de las mujeres. Desde esta perspectiva, la participación política de un mayor número de mujeres, debiera ser coherente con la representación política que las mujeres asumieran en cargos de dirección del Estado, con las políticas, programas y presupuestos que el gobierno guatemalteco impulsara de manera prioritaria en la gestión de su período desde las necesidades e intereses de las mujeres.
Así pues, la Plataforma de Acción Mundial (Beijing, 95) plantea que la participación política deberá verse como un mecanismo para ganar control de las situaciones que afectan a las mujeres, pero también como una demanda de voluntad política a los gobiernos, interacción sin la cual no pueden conseguirse objetivos como igualdad, desarrollo y paz.
De hecho, el contexto de postguerra guatemalteco que pretende construir una sociedad participativa y de respeto a los derechos humanos, no puede alejarse de la premisa de democratizar los espacios personales, domésticos, familiares, político-partidarios, laborales, sindicales, estatales, medios de comunicación, de justicia, derechos humanos, sociales y sectoriales, pues en la mayoría de ocasiones, constituyen en sí, obstáculos que dificultan la participación y toma de decisiones de las mujeres.
Por ello, el último Informe de Verificación de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala coincide en señalar los múltiples esfuerzos de las organizaciones de mujeres en la apertura de espacios de participación -para un movimiento social que apenas iniciaba hace 12 años-, y que en la actualidad se constituye como generador de nuevas identidades, con capacidad de propuesta ante el Estado. Pero que a pesar de ello, no logra mayores niveles de incidencia política en los planes y estrategias de desarrollo, en la toma de decisiones y en el monitoreo de la gestión pública.
Es a partir de la Consulta Popular realizada en mayo de 1999, que se inicia el registro de votantes diferenciados por sexo, razón por la cual se logró determinar que en las elecciones presidenciales de ese año, solamente voto el 47% de las mujeres empadronadas, es decir el 33% de las mujeres en edad de elegir. En otras palabras el 67% del total de mujeres no votó.(18) Se eligieron un total de 3,328 personas integrantes de las corporaciones municipales de ellas, solamente 148, o sea el 4.45% son mujeres y para el total de 330 municipios en el país fueron electas únicamente 3 alcaldesas lo que representa un 0.9%.
En cuanto a los niveles de representación política a nivel nacional, de los 20 Ministerios de Estado solamente una mujer es ministra, lo que constituye un 5%; sólo una mujer ocupa el cargo de Secretaria Presidencial, ocho diputadas de 113 curules lo que hace un 7%, y siete de los 22 cargos para gobernadores los ocupan mujeres.(19) Si a ello agregamos la pertenencia étnica de las mujeres indígenas que participan en puestos de decisión, nos encontremos con una ministra, una gobernadora, dos diputadas, una subsecretaria y una embajadora indígenas. Una vez más, los niveles de participación femenina, no reflejan significativamente cargos de dirección ocupados por mujeres en la sociedad.
Los Acuerdos de Paz (Anexo I) dieron paso a la conformación de instancias organizadas de mujeres que desde su identificación de género lograron espacios de violencia en contra de las mujeres, cambios en normas jurídicas que la discriminan, organizaciones de mujeres indígenas que se organizaron para hacer que se respetara su adscripción lingüística y étnica, mujeres rurales luchando por la copropiedad de la tierra, mujeres diversas trabajando por las cuotas de participación política, por el cumplimiento de los compromisos de los candidatos respecto de las mujeres, por la reforma educativa sin estereotipos sexistas, por el Instituto rector de las Políticas Públicas para las mujeres, por el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas y el resarcimiento de las mujeres víctimas del conflicto armado. Asimismo, mujeres indígenas de diversas corrientes políticas organizaron espacios de participación local, regional y nacional para hacerse políticamente visibles desde sus identidades. Nunca como ahora, las mujeres en Guatemala habían alcanzado la voz que ahora tienen en espacios de participación social y política. A pesar de ello, los niveles de incidencia política no corresponden con los esfuerzos realizados. La responsabilidad del Estado respecto de incluir Políticas Públicas y normativa jurídica desde una perspectiva que incluya integralmente a las mujeres, es una alta carencia.
El gobierno de Guatemala no ha aprobado: el Proyecto de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se establecen las cuotas de participación para las mujeres; la Ley contra el Acoso Sexual; los cambios en los códigos Penal y Procesal Penal, que contemplan actualmente, entre otras cosas, la exención de la responsabilidad penal del agresor si contrae matrimonio con la agredida después de una violación, o si resuelve bajo el pago de cantidades ínfimas su responsabilidad legal; la Ley de Consejos de Desarrollo, que constituye un ámbito de gran importancia para que participen las mujeres en el poder local.
Por otra parte, a pesar de que las organizaciones de mujeres contribuyeron a la elaboración de la "Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las mujeres guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006", hasta ahora no queda claro cuáles serán los mecanismos de aplicación a nivel de los organismos del Estado, ni el presupuesto que se le asignará. Finalmente, aunque es positiva la existencia de una Secretaría Presidencial de la Mujer, como primer paso en los mecanismos institucionales para coordinar instancias del Estado relacionadas con la situación y condición de la mujer, es necesario aclarar que ésta deberá constituirse en una instancia de transición hacia la creación del Instituto rector de las Políticas Públicas para la Mujer.
2.4 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
La falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, está íntimamente vinculada con temas como violencia y discriminación. De esa cuenta, el estado de la salud sexual y reproductiva de la población femenina de un país, es claramente uno de los indicadores que muestra las condiciones socioeconómicas, justas o inequitativas que establecen el bienestar o el empobrecimiento de una población. En ese sentido, en Guatemala, la actividad sexual con demasiada frecuencia implica violencia.
La Encuesta Nacional de Salud Infantil de 1995(20) determinó que el 13.3% de las mujeres encuestadas tuvieron su primera relación antes de los 15 años, el 62% antes de los 20. Que una de c/cuatro adolescentes de 19 años o menores ya son madres o están embarazadas y el 18% de las adolescentes tiene 2 o más hijos, el 32.9% procrea 4 o más hijos y el 12.5% más de siete. La mortalidad materna (190 por cada 100,000 nacidos vivos) ocupó el segundo lugar de muertes a nivel nacional en mujeres de entre 15 y 49 años, siendo el 40% por hemorragias y el 20% por complicaciones en el aborto.
Por otra parte, datos de 1999(21) señalan que el 54% de las mujeres no indígenas recibieron información sobre planificación familiar en contraste con solamente el 14.7% de mujeres indígenas. Lo que implica que el 46% de mujeres no indígenas y el 85.3% de mujeres indígenas no han tenido acceso a información de ninguna naturaleza sobre este tema. Finalmente, la tasa de analfabetismo coincide en el área rural (80%(22)) con el nivel de fecundidad (7.1%) de las personas que no tienen ningún nivel de escolaridad. En cuanto a personas contagiadas de VIH/sida,(23) existe un subregistro de 10,512 personas, con una proporción de tres hombres por cada mujer contagiada.
El Ministerio de Salud ha diseñado el Programa Nacional de Salud Reproductiva, mismo que no considera a la mujer como persona integral con derechos sexuales y reproductivos, sino únicamente como madre, como ser reproductor. Diversas opiniones de lideresas han coincidido en señalar que el Programa fue realizado sin contar con el criterio organizaciones de mujeres y que tal parece centrar su propuesta en las opiniones devenidas de la iglesia católica y no del Estado laico. Ejemplo de ello, es el caso de la desaprobación -en el Programa-, de la anticoncepción de emergencia, cuestión que contradice las estadísticas que el propio Ministerio ha presentado en cuanto a mortalidad materna.
La situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Guatemala, reclaman la presión de la comunidad internacional para exigir voluntad política y políticas públicas claras, en relación con este tema que determina los niveles de violencia, discriminación y exclusión que éstas viven.
RECOMENDACIONES
1. Que el Estado guatemalteco dé cumplimiento cabal a lo ratificado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención de Belem do Pará, el Convenio 169 de OIT y que ratifique con prontitud el Protocolo de la CEDAW.
2. Que el Procurador de los Derechos Humanos reconozca institucionalmente la violencia contra las mujeres como una violación a los Derechos Humanos, como está establecido en el Programa de Acción de VIENA (1993).
3. El gobierno actual debe situar el espacio adecuado y los recursos necesarios para el cumplimiento efectivo de las funciones de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CONAPREVI).
4. El reconocimiento de las responsabilidades de Estado respecto de los daños ocasionados a las víctimas del conflicto armado, implica el resarcimiento integral urgente en cada caso presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
5. El Instituto Nacional de la Mujer (INAM), como el ente rector autónomo para las Políticas Públicas de la Mujeres, es un compromiso adquirido por el Estado ante el movimiento de mujeres. Debe de cumplirse con la mayor premura.
6. El gobierno actual deberá asignar el presupuesto necesario al impulso del Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006 para el efectivo cumplimiento de sus metas a favor de las mujeres guatemaltecas.
7. En cumplimiento de lo asumido por los Acuerdos de Paz y la Plataforma de Beijing, es urgente que el Estado de Guatemala aplique medidas positivas en todos los organismos e instituciones de la administración pública para "aumentar sustancialmente" el número de mujeres en puestos gubernamentales y en cargos de toma de decisiones. Debe aprobarse con carácter apremiante el Proyecto de Ley Electoral y de Partidos Políticos, con cuotas de Participación de mujeres.
8. Se recomienda impulsar Políticas de Salud Integral para las Mujeres, que no la consideren únicamente como ser reproductor, como el actual Programa de Salud Reproductiva.
9. Deberán aprobarse por el Legislativo las leyes contra la Discriminación impulsadas por las diputadas indígenas, las leyes contra el Acoso Sexual, los cambios al Código Penal, Ley de Trabajadoras de Casa Particular, Ley de Consejos de Desarrollo y otras que se encuentran en el Congreso de la República a favor de las mujeres.
10. Es de suma importancia que Naciones Unidas designe para Guatemala la visita de la Relatora en materia de Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres. La situación cada vez más grave de violación a esos derechos, lo amerita.
Notas bibliográficas
1. Informe sobre Desarrollo Humano 2000. Organización de las Naciones Unidas, 2000. Mundi-Prensa., Pp. 159-160.
2. Indice de Desarrollo Humano e Indice de Desarrollo de la Mujer en Guatemala, 1998. La Dimensión Económica de Género a finales del siglo XX. Cuadernos de Desarrollo Humano. Slowing Umaña, Karin. ONU, 2000.
3. Informe de la Situación de Derechos Humanos en Guatemala durante el año 2000. Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-. Guatemala, 2001.
4. Op. Cit. GAM, 2001.
5. Comunicados de las Organizaciones e informaciones de prensa.
6. Fiscalía de la Mujer. Informe Estadístico del Departamento de Guatemala sobre Violencia Intrafamiliar. Ministerio Público. Guatemala, 2000.
7. Centro de Estudios, Información y Bases para la Acción Social (CEIBAS). Módulo Instruccional. Introducción contextual a la problemática de la violencia intrafamiliar. Análisis integral de la violencia en la familia. Procesos educativos para Operadoras y Operadores de Justicia. Ministerio Público. Julio, 2000.
8. Diario Siglo XXI, 4 de febrero del 2001. Guatemala.
9. Informes Centro de Acción Legal de Derechos Humanos -CALDH. Guatemala, mayo 2001.
10. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). Suplemento al décimo Informe sobre Derechos Humanos. Funcionamiento de Justicia. Guatemala, enero 2000.
11. Programa de Justicia USAID. Diagnóstico sobre Impedimentos para el acceso de la Mujer a la Justicia en 15 municipios de la República de Guatemala. Diciembre, 2000.
12. Entrevistas a Directora del Centro Preventivo de Mujeres. Mayo, 2000.
13. CALDH. Informe Nacional sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Guatemaltecas. Actualización del informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita en loco a Guatemala del 6 al 11 de agosto de 1998. Guatemala, 2000.
14. MINUGUA. Informe de Verificación. Los desafíos para la participación de las mujeres guatemaltecas.2001.
15. Op. cit. CALDH, 2000.
16. PNUD. Informe de Desarrollo Humano. Guatemala: la fuerza incluyente del desarrollo humano. Guatemala, 2000.
17. Defensoría de la Mujer Indígena. Entrevistas.
18. Op. cit. MINUGUA, 2001.
19. Asturias, Mercedes. Estudios sobre Participación Socio-Política de las Mujeres Rurales en el Poder. Asociación Mujer Vamos Adelante. Guatemala, 2001.
20. Asociación de Mujeres Médicas. Proyecto Abordaje Integral de la Sexualidad Humana
21. Encuesta Nacional Materno Infantil 98-99.
22. Prensa Libre 19-3-01. Guatemala
23. Grupo de Acción Cairo. Cairo-Beijing. Puntos clave y desafíos en Guatemala. Guatemala, julio 2000.
ANEXO 1
Algunas de las instancias organizadas de mujeres creadas
a partir de los Acuerdos de Paz1. El Sector de Mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil. Se creó en 1994 para participar en el proceso de negociación de la paz. Es un espacio de coordinación de varias organizaciones de mujeres de todo el país. Sus actividades se han centrado básicamente en fortalecer los procesos de participación política de las mujeres y para incidir en el cumplimiento de los compromisos respecto de las mujeres adquiridos en los Acuerdos de Paz.
2. El Foro Nacional de la Mujer. Fue creado en 1998, como resultado de los Acuerdos de Paz. Fue establecido a partir de un acuerdo gubernamental con carácter extraordinario y temporal. El trabajo realizado a nivel nacional por miles de mujeres desarrolló un reconocimiento del Foro como la organización que a nivel nacional contó con mayores niveles de participación de mujeres con reivindicaciones de género.
3. La Defensoría de la Mujer Indígena. Diversas mujeres y organizaciones de mujeres indígenas asumieron la responsabilidad de diseñar el anteproyecto de ley consensuado. Dos años después se creó la Defensoría adscrita a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, cuestión que no le da suficiente autonomía. Actualmente fortalece sus estructuras y programas.
4. Secretaría Presidencial de la Mujer. Después de que el gobierno actual se comprometió con el movimiento de mujeres a la creación del Instituto Nacional de la Mujer -INAM- como política de Estado a favor de las mujeres, solamente aprobó una Secretaría Presidencial que depende del Ejecutivo. El movimiento de mujeres, aún espera y demanda la creación del ente rector de políticas públicas para las mujeres.
Algunos cambios a las normas jurídicas posteriores a los Acuerdos de Paz
a. Aprobación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Decreto 96-97)
b. Modificaciones al Código Civil (Decreto 80-98)
c. Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 7-99)
d. Incorporación del concepto de copropiedad en la Ley del Fondo de Tierras (art. 20)
e. Aprobación del Reglamento para operativizar la Ley para prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (Acuerdos Gubernativos 831 y 868-2000)
f. Creación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer (CONAPREVI)
g. Formulación consensuada de la "Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006"
RESPUESTAS DEL GOBIERNO DE GUATEMALA
SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
1. CLADEM-GUATEMALA coordinó la elaboración de un informe alternativo sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres, a fin de presentarlo a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su 72° período de sesiones, en el que conocería el segundo informe oficial del Gobierno de Guatemala relativo al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
2. La reunión se llevó a cabo los días 17 y 18 de julio del 2001.
3. Asistentes gubernamentales. Como representante del Gobierno de Guatemala compareció el Lic. Ricardo Alvarado Ortigoza, a la sazón Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) acompañado por la Viceministra de Relaciones Exteriores, Carla Rodríguez Maza, y el Embajador de la Misión de Guatemala ante las Naciones Unidas, Lic. Antonio Arenales Forno.
4. Desarrollo de la Reunión
4.1 El delegado gubernamental Lic. Alvarado Ortigoza, a petición del Comité hizo una introducción del informe oficial con relación a medidas que ha tomado el Estado de Guatemala para el cumplimiento del Pacto, en términos generales y en particular relativo a reparación a familiares de personas desaparecidas en la Comunidad de Dos Erres, las actividades del Ministerio de Cultura in memoriam de la Periodista Irma Flaquer, desaparecida en los años del conflicto armado interno y acciones de reparación a los deudos de los trabajadores de la Finca La Exacta. No hizo ninguna referencia a los Derechos Humanos de las Mujeres en específico.
4.2 El Presidente del Comité de Derechos Humanos hizo hincapié en que el Gobierno de Guatemala orientara el proceso de democratización, ya que el país tiene una historia muy dolorosa ante el predominio de grupos poderosos y la exclusión de las mayorías. El Gobierno, debe recordar los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz, con relación a la seguridad y la justicia, fortaleciendo los mecanismos de justicia, coordinando acciones con las organizaciones de Derechos Humanos, por medio de mecanismos viables, como la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala -CDHG- presente en la reunión. También se refirió a que debe cumplirse con abolir la pena de muerte y deploró la abolición del Derecho de Gracia ejercido por el Presidente de la República.
4.3 El Presidente del Comité dirigió al representante del Gobierno de Guatemala, 24 preguntas, de las cuales únicamente dos se refirieron concretamente a la situación de las mujeres relativas a la Igualdad de los Sexos. Sin embargo, algunas/os integrantes del Comité, hicieron comentarios y recomendaciones con relación a las mujeres, los cuales se transcriben a continuación:
4.3.1. Comentarios
"...es preocupante cómo el Estado no se ha preocupado por la salud de las mujeres, y lamentables las estadísticas que reportan que, de cada cien mujeres, 40 fallezcan por aborto... en lugar de penalizarlo como delito con prisión de tres años, se deberían tomar medidas para reducir tales estadísticas pues el Estado es responsable de velar por la salud, seguridad, educación y bienestar de la mujer". (Hipólito Solari Irigoyen, de Argentina)
"…los índices de analfabetismo principalmente en las mujeres, no se han reducido, preocupan los reportes estadísticos sobre las mujeres que mueren por mala práctica de un aborto o por un aborto". (David Kretzmer, de Israel)
"Qué ha hecho el gobierno sobre la información que deben tener las mujeres y principalmente las mujeres indígenas, sobre la salud y métodos de planificación familiar, ya que la tasa de fecundidad sigue elevada principalmente en las mujeres indígenas, así como los índices de las mujeres que mueren por aborto..." (Martin Scheinin, de Finlandia)
"En el caso de la desaparición de la universitaria Mayra Gutiérrez qué ha hecho el gobierno de Guatemala, qué investigaciones ha realizado..." (Louis Henkin, de Estados Unidos de América)
4.3.2. Preguntas y respuestas. Capítulo Igualdad de los Sexos
Pregunta: ¿Qué medidas ha adoptado el Estado para lograr la igualdad de la mujer en la educación superior, la vida política y la administración pública y qué resultados positivos se han alcanzado en esa esfera?
Respuesta: Fueron creadas varias instancias y emitidas leyes a favor de las mujeres, a partir de la firma de la paz y se han coordinado actividades con la Oficina Nacional de la Mujer. Entre las entidades creadas y leyes emitidas se encuentran: la Secretaría Presidencial de la Mujer, el Foro de la Mujer, la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, la instalación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer (CONAPREVI), la Boleta Única para registro de denuncias de violencia intrafamiliar, Programas de Información Sobre Violencia y para la sistematización de estadísticas sobre violencia; Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, Ley de clases pasivas, Ley de Fondo de Tierras.
En cuanto a la participación política y ciudadana de las mujeres, mencionó lo siguiente: fueron postuladas dos mujeres para la Presidencia de la República y dos para la Vicepresidencia, hubo 70 candidatas a concejales municipales, 94 candidatas suplentes, 28 candidatas para diputadas al Congreso de la República, 29 candidatas como diputadas titulares y 35 candidatas como suplentes, al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), 50 candidatas para alcaldesas, 150 candidatas a Síndicos municipales.
Riposta de Cecilia Medina Quiroga (Chile). No estuvo de acuerdo con las respuestas dadas por el representante gubernamental de Guatemala y explicó sus motivos. En lo referente a las mujeres, hizo mención a que el caso de la muerte de Myrna Mack Chang ha habido un retroceso al anular parte del juicio lo cual implica pérdida de tiempo. Para Cecilia Medina, el Estado de Guatemala no da explicaciones satisfactorias sobre el 40% de mujeres fallecidas por mala práctica de aborto o por aborto ni sobre las medidas que haya tomado para hacer descender las estadísticas al respecto, así como sobre la ubicación de Guatemala en el lugar 120 en la clasificación de países sobre Desarrollo Humano, que el índice de desarrollo sea del 0.54 % en general y en cuanto a las mujeres el 0.17%. También cuestionó el hecho de que en el Código Penal se tome en cuenta la condición de mujer honesta en la calificación de los delitos sexuales, lo cual implica discriminación y violencia contra las mujeres. Mencionó también los esfuerzos de las agrupaciones de mujeres por más de cuatro años para implementar la CONAPREVI y que haya sido hasta el año 2000 en que se aprobó el Reglamento que la crea y que por ello hasta la fecha no haya podido iniciar acciones con los jueces, los médicos y la policía para emprender campañas de cultura anti-violencia. Considera inaudito e inaceptable que se deje sin responsabilidad al agresor si se casare con la mujer violada; que deberían reformarse las atrocidades que se encuentran todavía en el Código Penal.
Explicaciones del Gobierno de Guatemala. En el mes de septiembre de 1996, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 1356-96, se creó el Programa de Promoción de la Mujer Rural, con acciones en áreas de la salud, la educación, servicios básicos y generación de ingresos, con apoyo técnico y financiero para mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres, a través del patrocinio del Fondo de Naciones Unidas, instituciones gubernamentales y no gubernamentales. También se está promoviendo que las maquiladoras se sujeten al Código de Trabajo y demás leyes laborales.
El Embajador Arenales Forno indicó que las mujeres que llegan a los hospitales de Guatemala por haber tenido un aborto son atendidas y no se les detiene o encarcela, "aunque sabemos que el aborto es un delito y está penado por la ley".
Repregunta: ¿Qué hace el Estado de Guatemala para minimizar o para erradicar las cifras de muertes de mujeres por aborto?
Respuesta: No hubo respuesta.
Pregunta: ¿Cuántas causas se han iniciado en los tribunales en virtud de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar Decreto No.97/96 y qué resultados positivos se han alcanzado en esta esfera?
Respuesta: Se ha implementado la Oficina de Atención a la Víctima y la Oficina de Atención Permanente en el Ministerio Público. A partir del año 98 se han recibido las siguientes denuncias: año 1998: 452 denuncias; año 1999: 578 denuncias; año 2000: 568 denuncias. En la Policía Nacional se han recibido 1186 denuncias.
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