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12ene05
Agrupaciones indígenas condenan la agresión policial contra pobladores sololatecos.
Agrupaciones indígenas condenaron la fuerza con que los elementos de seguridad actuaron el martes último, para dispersar a pobladores de Sololá, quienes en manifestación de su oposición a la actividad minera en el occidente del país, obstruían el paso de equipo que sería utilizado para esa actividad en San Marcos, se conoció aquí.
Tras solidarizarse con las comunidades de Sololá, que este martes 11 de enero se enfrentaron con la fuerza pública para evitar el paso de un cilindro de la empresa minera, Montana Exploradora, S.A., en la aldea Los Encuentros, en esa jurisdicción, las agrupaciones étnicas externaron su indignación por la represión utilizada por la Policía durante los hechos, que cobró la vida de una personas y provocaron varios heridos.
En conferencia de prensa, Carlos Iboy, de la Defensoría Maya, indicó que la movilización de contingentes especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército, así como el empleo excesivo de la fuerza por parte de éstos durante la dispersión de los manifestantes, son una muestra clara de la política represiva del gobierno de Óscar Berger, contra los pueblos indígenas, que exigen el respeto y ejercicio de sus derechos.
Iboy consideró que con los sucesos del martes, las garantías fundamentales de las comunidades indígenas han sido vulnerados una vez más, por parte del gobierno, que en su afán de apoyar los intereses empresariales extranjeros y transnacionales, antes que garantizar el bien común de los y las guatemaltecas, no le ha importado los medios para conseguir sus objetivos.
"Preocupa la forma solapada y sistemática con que el gobierno de Berger viola los derechos de los pueblos indígenas", enfatizó el dirigente, en referencia a las intenciones de Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, de procesar a 16 líderes comunitarios, entre ellos a la alcaldesa indígena de Sololá, Dominga Vásquez y por la negativa de las autoridades de aceptar que la violencia empleada durante el desalojo, provocó la muerte de un campesino.
A través de un comunicado de prensa, la Defensoría Indígena "Wajxaqib' No'j", el Consejo de Autoridades Indígenas Comunales y la comuna Indígena de Sololá, se unieron a la Defensoría Maya, cuya principal demanda es el cese de la represión contra las comunidades étnicas y sus dirigentes, ya que consideraron que su oposición a los proyectos industriales es legítima.
Las entidades exigieron al presidente Berger el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que manda a los gobiernos de los estados miembros, consultar a los pueblos indígenas sobre asuntos que les afecten directamente y en este caso, las explotaciones mineras se llevarían a cabo en tierras habitadas por estas comunidades.
[Fuente: Agencia Cerigua, Guatemala, 12ene05]
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