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08ene16
Procuran dar giro político a juicio contra exmilitares en Guatemala
El Ministerio Público de Guatemala denunció hoy la intención de dar un giro político al proceso abierto contra los exmilitares detenidos en prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad en el contexto de la guerra interna (1960-1996).
Los abogados querellantes coincidieron en que la Ley de Reconciliación Nacional (1996) es aplicable a los delitos de desaparición forzada de personas y contra derechos de la humanidad imputados a los exjerarcas del Ejército en previsión preventiva desde el 6 de enero.
En la primera audiencia del caso Creompaz el equipo de la Fiscalía destacó que el abogado Moisés Eduardo Galindo y el resto de los integrantes de la defensa esgrimen de manera errónea ese cuerpo jurídico para tratar de salvar de un juicio a los implicados en unas 18 masacres de 1981 a 1988.
Rechazó, además, que hubiera violación a los derechos legales o coacción en el procedimiento de detención de los vinculados a los crímenes y torturas en la Zona Militar No. 21 de Cobán, cabecera departamental de Alta Verapaz, en cuya jurisdicción aparecieron restos de 558 personas, entre ellos 90 niños, con señales de amordazamiento y otros.
Recordó las reiteradas ocasiones en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Guatemala, por procesos abiertos ante casos similares, y ordenó remover los obstáculos para la aplicación efectiva de la ley contra quienes incurrieron en crímenes durante la guerra interna (1960-1996).
"Se trata de tergiversar una situación y transformar en hechos políticos crímenes de lesa humanidad", declaró el abogado de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Fandegua), Edgar Pérez, y aseguró que ese proceder es un hecho reiterativo en este tipo de casos.
El jurista puso de ejemplo el retardo nueve años de la sentencia por la matanza en Dos Erres, comunidad del norteño departamento de Petén, donde murieron 231 personas el 7 de diciembre de 1982, y sugirió que como entonces se esgrime el contexto político como justificante para suspender el proceso.
"Por la gravedad de los actos crueles y degradantes cometidos por los imputados es inaplicable cualquier tipo de amnistía", enfatizó y pidió analizar los antecedentes del caso, bajo la presunción de que se pretende tratar el asunto como delitos políticos.
Frente a estos pronunciamientos, lo defensores insistieron en su petición de declarar la incompetencia del juzgado y suspender la audiencia, así como dictar la libertad inmediata de los tachados de genocidas, presuntamente en apego a la Ley de Ordenamiento Jurídico y a la de Reconciliación Nacional.
Pero la representante del Juzgado de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Claudet Domínguez, desestimó los señalamientos de competitividad dudosa contra la judicatura con base en resoluciones de la CIDH, al mismo tiempo que aludió a los Convenidos de Viena y otros tratados internacionales vinculantes firmados por Guatemala acorde con los cuales procede dar continuidad al juicio.
[Fuente: Prensa Latina, Guatemala, 08ene16]
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