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12oct12
Detienen a 9 militares en Guatemala por matanza
La respuesta de la justicia guatemalteca a la sangrienta represión de una manifestación de campesinos indígenas por parte del ejército la semana pasada revela que algo está cambiando en el país centroamericano.
La mañana del jueves, nueve militares, incluyendo un coronel del ejército, fueron detenidos y acusados de ejecución extrajudicial por la muerte de ocho personas en la protesta pacífica de cientos de manifestantes indígenas de la semana pasada, marcando un hito en la historia del país, informó el ministerio público.
"Es la primera vez que se procesa a militares por delitos ocurridos en manifestaciones desde el acuerdo de la paz" de 1996, dijo la fiscal general Claudia Paz y Paz en una conferencia de prensa.
La sala estaba llena de periodistas que desde hace una semana buscaban por todo el país una explicación de los hechos. Imágenes que recorrieron el mundo mostraron como soldados armados con fusiles le dispararon a civiles a menos de 50 metros de distancia.
Era la segunda vez en 10 meses que sucedía algo así, con una intensidad no vista desde la guerra civil que azotó al país durante 36 años. La comunidad internacional cuestionó el rol del primer general retirado en liderar la nación centroamericana en tiempos de paz.
La suave voz de Paz y Paz no dejó lugar a dudas: "Frente a estos hechos, consideramos al coronel Juan Chiroy Sal como el principal responsable", afirmó. "En primer lugar, el coronel Chiroy ignoró a las fuerzas civiles, las cuales le dijeron que no recomendaban que llegaran las fuerzas militares".
Paz y Paz agregó que los ocho militares que utilizaron armas de fuego también serían procesados.
Durante la conferencia, la funcionaria presentó los resultados preliminares de la investigación sobre los hechos del 4 de octubre, según la cual fuerzas de la policía pidieron asistencia a las fuerzas antimotines a tempranas horas de la mañana. Sin embargo, al momento de arribar a la carretera, las fuerzas policiales le indicaron al coronel Chiroy que no "era conveniente" que acercarse a la población, recomendación que fue obviada por los militares.
"Fuerzas de la policía hicieron el alto al convoy militar, lo cual fue ignorado y continuo su ruta", explicó Paz y Paz.
También dijo que en los peritajes realizados por el ministerio público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, habían encontrado 104 casquillos calibre 5.56, 12 fusiles Galil pertenecientes al ejército, muestras de sangre y más de 50 imágenes y videos de los hechos.
La fiscal general rectificó que en la investigación sólo cuentan seis víctimas en total porque fueron los cuerpos a los cuales se le hicieron autopsias e informó que aún había 18 personas desaparecidas.
Anita Isaacs, politóloga de la Universidad de Haverford, dijo que el hecho señalaba un cambio la historia de Guatemala.
"Es la primera vez que esto ocurre y es posible que esto tenga el potencial de despertar algo que ya se ha demorado mucho", dijo Isaacs. "Pero podremos evaluar su verdadero significado si es la última vez que sucede y si esto termina en condenas".
En mayo, Pérez Molina obtuvo la aprobación política y decretó un estado de sitio en una región norteña de Guatemala después de que más de 200 personas encapuchadas tomasen un destacamento militar portando machetes y palos para exigir justicia por la muerte de un campesino que había sido presuntamente asesinado por guardias de una hidroeléctrica.
Sin embargo el episodio de violencia que ocurrió entre soldados y campesinos indígenas que protestaban pacíficamente en contra de tarifas de electricidad y reformas constitucionales, suscitó fuertes reacciones a lo largo de Guatemala y dejó a hospitales rurales sin insumos. Además, llevó al congreso a llamar a una interpelación de varios ministros y a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala a abrir una investigación independiente.
Alberto Brunori, representante en Guatemala de OACNUDH, dijo que la investigación independiente hecha por su oficina coincidía con los resultados ofrecidos hoy por Paz y Paz.
"La información recabada por esta oficina, la cual coincide con la versión presentada por el ministerio público, existen elementos relevantes para coincidir que las muertes de estas personas podrían comprometer al estado guatemalteco", afirmó Brunori en una entrevista con The Associated Press.
También reiteró su preocupación por la utilización de las fuerzas militares en casos que derivan de la conflictividad social.
"Durante su visita la alta comisionada hizo un llamado a que fuerzas militares se use en situaciones excepcionales", recalcó Brunori.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, se unió y acusó al ejército de haber violado los derechos humanos y de vida de los manifestantes.
El presidente Otto Pérez Molina, quien no hizo declaraciones en la jornada, explicó la semana pasada que los agentes de seguridad escoltaban las camionetas con los soldados a bordo. Dijo que siete efectivos del ejército, heridos en el altercado, testificaron que hicieron disparos al aire para defenderse de la turba que "amenazaba en lincharlos, específicamente contra una mujer soldado".
Anteriormente, el presidente y otras autoridades habían afirmado que los agentes estaban desarmados. También culpó a los campesinos de haber provocado el enfrentamiento.
Según Helen Mack, abogada pro derechos humanos y directora de la Fundación Myrna Mack, la herencia de un conflicto armado sumado al hecho que el presidente sea militar explica en parte las reacciones de Pérez Molina.
"En Guatemala, por la cultura militarista que tenemos existe este tipo de respuestas. Lo que sucede es que Otto Pérez al haber sido general defiende su casta militar", dijo Mack. ""En el pasado han ocurrido actos (de intimidación) pero otros presidentes han sido más cautelosos...se están abordando los temas desde un punto de vista militarista y autoritario".
Para el Coronel Erick Escobedo, vocero del Ministerio de Defensa, el ejército ha apoyado en múltiples ocasiones a fuerzas civiles desde que se firmó un acuerdo gobernativo. Explicó que la mayoría de los casos soldados apoyan en "operaciones contra el crimen organizado o cuando las fuerzas civiles son muy reducidas dado los kilómetros cuadrados del país".
Dijo desconocer si soldados habían sido utilizados para ayudar a la policía a contener manifestaciones en el pasado pero afirmó que lo que tenía entendido no es la primera línea de reacción.
"Cuando existe una manifestación no es la primera línea de reacción. Esto fue un caso fortuito en la que la unidad estaba replegándose y fue agredida al momento en el que regresaba", recalcó Escobedo.
Pérez Molina se comprometió el miércoles a no utilizar efectivos del ejército para patrullar manifestaciones ni efectuar desalojos.
Según la versión oficial ofrecida por el presidente, dos vehículos del ejército que llevaban un contingente de apoyo a la policía, se toparon con un retén de campesinos que protestaba contra el costo de la energía eléctrica y reformas constitucionales en una carretera del oeste del país.
Cuando un agente de seguridad privado le disparó a un manifestante, se desató un enfrentamiento de éstos contra efectivos del ejército y la policía que dejó a ocho indígenas muertos y más de 30 personas heridas.
[Fuente: Por Romina Ruiz Goiriena, AP, Guatemala, 12oct12]
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