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05oct12
Ejército y empresarios, responsables de la masacre en la cumbre de alaska
Las organizaciones de la Marcha Indígena, Campesina y Popular expresamos nuestra indignación y repudio a la masacre cometida, este 4 de octubre, por el ejército de Guatemala en la Cumbre de Alaska, al reprimir una manifestación convocada por las autoridades ancestrales indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán que protestaban por el alto precio de la energía eléctrica, contra la eliminación de la carrera del magisterio y las reformas constitucionales.
Rechazamos que se quiera ocultar lo que sucedió en la Cumbre de Alaska, manipulando la información, cambiando las versiones y nombrando los trágicos acontecimientos de diferente forma. Lo que sucedió fue una masacre realizada por el ejército; no puede ser calificada de otra forma.
Manifestamos nuestra solidaridad a las comunidades y familias que conforman los 48 Cantones y 5 Parcialidades de Chuimekena ante la agresión que fueron objeto por parte del gobierno militar de Pérez Molina y que, hasta ahora, tuvo como resultado el asesinato de 8 manifestantes y alrededor de 40 heridos de bala. Animamos a nuestros hermanos y hermanas a mantener el ánimo combativo, siguiendo el ejemplo de Atansio Tzul y Lucas Aguilar.
De nuevo, como lo hicimos durante la Marcha, exigimos a Pérez Molina la no intervención del ejército en donde hay conflictividad social; los hechos en la Cumbre de Alaska lamentablemente nos dan la razón: donde actúa el ejército hay saldo de heridos y muertos. Reafirmamos que el ejército no tiene nada que hacer en los lugares donde se realizan protestas sociales. Seguir utilizando al ejército lleva un mensaje claro: a la protesta social se le responderá con medidas militares que pueden llegar incluso a las masacres. Por eso es que rechazamos la presencia del ejército en San Juan Sacatepéquez, en Santa Cruz Barillas, en San Rafael las Flores, en las protestas de Totonicapán y, como sucedió hace más de un año, en el Valle del Polochic.
Denunciamos que en Guatemala hay un proceso de militarización que está recorriendo caminos similares a los que llevaron a una época de terror y violación continuada de los derechos humanos, a pesar de las declaraciones de los gobernantes y funcionarios públicos intentando negar esta realidad. Por eso, las reformas constitucionales buscan consagrar la participación de los militares en la represión de las protestas sociales. Las operaciones conjuntas entre el ejército y la policía hasta llegar a una preeminencia delos militares que se intenta encubrir con medidas legales y formales; el despliegue de cuarteles y destacamentos militares en los lugares de conflictividad social; la presencia y patrullajes militares constantes para "acostumbrar" a la población a la presencia castrense; las acusaciones y persecuciones en contra de líderes sociales; la creación de un clima de rechazo a los defensores de los derechos humanos; el promover una mentalidad individualista y de rechazo a las manifestaciones, la defensa de los intereses empresariales por encima de la vida y la utilización de la represión ante la protesta social, so pretexto de "cumplir la ley" son rasgos que ya se dieron en el pasado.
Llamamos a todas los pueblos, comunidades, organizaciones y personas a defender el ejercicio pleno de los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de manifestación que no puede ser restringido, limitado o coartado; por lo tanto denunciamos y rechazamos las amenazas del ministro de gobernación que a su sabor y antojo pretende limitar el derecho a manifestación, diciendo cuánto tiempo y en qué lugares se puede manifestar. Cuando la policía o el ejército se hacen presente donde se realiza una protesta social, con el pretexto de "guardar el orden público", en realidad es porque están juzgando de antemano a quienes manifiestan y presuponen que será necesaria reprimirlos.
Denunciamos a los empresarios y sus distintas cámaras de ser los responsables ocultos detrás de los heridos y asesinatos de quienes han manifestado en diversas ocasiones. Para ellos lo que está por encima de todo, incluyendo por encima de la vida, es la defensa de sus negocios, muchos de ellos realizados corrompiendo, torciendo o pasando encima de las leyes. Son esos empresarios quienes utilizando a los medios de comunicación, presionando a funcionarios públicos y haciendo creer que la defensa de sus intereses es hacer prevalecer la ley, que se han opuesto siempre a la protesta y manifestación social y cuando personas y comunidades demandan sus derechos, consagrados en la Constitución y los tratados y convenios internacionales, para ellos esa ley no existe y acusan de querer polarizar cuando son ellos los que han pasado por encima de los derechos de la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas.
Los ministros de gobernación y de de la defensa, tal como lo establece el artículo 155 de la Constitución, tienen responsabilidad compartida por los asesinados y heridos en la Cumbre de Alaska, por lo tanto exigimos su renuncia o destitución inmediata y la deducción de las responsabilidades respectivas, así como el resto de funcionarios en la línea de mando. En cualquier país del mundo, con hechos de la magnitud de lo sucedido el jueves 4 de octubre, los responsables ministeriales son destituidos o renuncian. Demandamos del Procurador de los Derechos Humanos que cumpla su papel como defensor de los derechos de los más vulnerables, que no avale las versiones gubernamentales y no justifique la represión en contra de las y los manifestantes.
Además de la realización de una investigación pronta e imparcial, exigimos del gobierno de la república y demás funcionarios públicos, que se tomen las medidas necesarias para que NUNCA MÁS vuelvan a suceder hechos como los de la Masacre de la Cumbre de Alaska, entre ellas, el reconocimiento del papel de las autoridades comunitarias indígenas, la no presencia del ejército y policía en las manifestaciones pacíficas; que no se vulnere, restrinja, limite o coarte el derecho de manifestación; la existencia de protocolos de actuación de cualquier funcionario público, cuyo objetivo sea garantizar el respeto a la vida, la integridad física y los derechos humanos de las y los guatemaltecos y sobre todo, que se atiendan las causas que generan conflictividad social.
Ante las graves y continuadas violaciones a los derechos humanos en nuestro país y la falta de respuesta efectiva de los gobiernos a las recomendaciones de comisiones y relatores, solicitamos a la comunidad internacional y a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que se mantenga la observación de la situación de los derechos humanos y el nombramiento de un relator especial para Guatemala.
Guatemala, 5 de octubre de 2012
Marcha Indígena, Campesina y Popular
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